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Anexo
I: Volumen 1
CASO ILUSTRATIVO No. 32
SECUESTROS DE ROMEO AUGUSTO DE LEON, BALTASAR MORALES DE LA CRUZ Y HECTOR MENENDEZ DE LA RIVA POR LAS FUERZAS ARMADAS REBELDES (FAR)
I. Antecedentes
A finales de diciembre de 1962 nacen las Fuerzas Armadas Rebeldes1 (FAR) y al año siguiente inician los secuestros con fines económicos.2 Fueron los militantes del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) quienes habían planteado la posibilidad de realizar este tipo de secuestros, con la finalidad de financiar los gastos que la guerra implicaba. Al momento de recibir el pago exigido en calidad de rescate, los secuestrados eran liberados.
En esa década los miembros de la insurgencia eran detenidos y desaparecían. En marzo de 1966 varios miembros de los grupos guerrilleros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), de las FAR y el MR-13 fueron capturados y nunca fue posible conocer su paradero, a pesar de las gestiones efectuadas por sus familiares. Este caso concreto es conocido como el de "los 28 desaparecidos".3
En esa misma época, las FAR adoptaron una nueva modalidad en los secuestros: los secuestros políticos. Al realizarlos no buscaban conseguir beneficios económicos sino denunciar los actos represivos del Gobierno y la exhibición o consignación en los tribunales de sus militantes desaparecidos.
En 1966 hubo elecciones presidenciales y después de tres años de Gobierno militar, resultó electo presidente de la República un civil, el abogado Julio César Méndez Montenegro. Al mismo tiempo, los jefes de las FAR decidieron llevar a cabo varios secuestros de altos funcionarios representantes de cada uno de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
Según declaraciones formuladas ante la CEH, el propósito de la guerrilla era secuestrar a un miembro de cada uno de esos organismos, con la intención de obtener la liberación de los 28 desaparecidos, considerando la transición de un Gobierno militar a otro de carácter civil.4 El 5 de mayo de 1966 tomaría posesión "un nuevo Congreso y la idea era que en esa toma de posesión estuviesen ausentes los representantes de los tres poderes del Estado, como resultado de la existencia de 28 desaparecidos políticos".5
II. Los hechos
El 4 de mayo de 1966, a las siete y media de la noche, fue secuestrado el presidente de la Corte Suprema de Justicia,6 Romeo Augusto de León, cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurrió en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, a pocas cuadras de su residencia, y fue cometido por cinco miembros de la resistencia urbana de las FAR.
Los autores interceptaron y encañonaron a la víctima y a su chofer, Coronado Piedrasanta, obligando a este último a conducir el vehículo por la dirección que ellos le indicaron. A pocas cuadras dejaron libre al chofer y emprendieron la fuga en el vehículo del funcionario, seguidos por el automóvil en el que habían llegado al lugar de los hechos. Más tarde, el vehículo del Presidente de la Corte sería localizado en las inmediaciones del lugar donde se perpetró el secuestro.7 La víctima fue conducida a una casa de campo ubicada en San Pedro Sacatepéquez.
El secretario de Información del Gobierno de la República, periodista Baltasar Morales de la Cruz, había ocupado varios cargos en la administración pública. El día de los hechos, 4 de mayo de 1966, se desplazaba por una calle de la zona 1 en un vehículo conducido por su chofer, Isabel Canizales Poitán, y escoltado por el de su hijo, Luis Fernando Morales Martínez.
Después de estacionar los vehículos, ambos fueron interceptados por varios hombres de las FAR que bajaron de un Jeep color azul, sin capota, placa P-14249, quienes les dispararon ráfagas de metralleta. Luis Fernando Morales trató de impedir el secuestro de su padre, por lo que le dispararon y le dieron muerte, mientras que el chofer recibió tres impactos de bala y también falleció.8
Los secuestradores trataron de llevarse a la víctima en el mismo Jeep en que habían llegado al lugar, pero éste tuvo una súbita falla mecánica, por lo que lo abandonaron en las cercanías del lugar y emprendieron la huida montando en los propios vehículos del periodista.
Consumados estos dos secuestros, las FAR dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para que exhibiera a los presos políticos cuyo paradero se desconocía desde hacía dos meses, amenazando en caso contrario con ejecutar a los funcionarios plagiados.9
La presión que ejerció la guerrilla provocó la respuesta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes refiriéndose a los recursos de exhibición personal presentados a favor de los "28 desaparecidos", aseguraron que "si esos recursos no han obtenido el resultado deseado, no ha sido por su culpa, pues los detenidos no han sido presentados por las autoridades de policía".10
Las FAR también habían planeado secuestrar, el mismo día 4 de mayo, a Vicente Díaz Samayoa, presidente en funciones de la Asamblea Constituyente. Los guerrilleros esperaron a su víctima durante varias horas, pero no pudieron completar la operación y decidieron, en cambio, intentarlo con el vicepresidente del Congreso, Héctor Menéndez de la Riva, quien además era secretario general del Partido Institucional Democrático (PID). Este fue secuestrado, en efecto, la noche del 26 de mayo de 1966, en la zona 10 de ciudad de Guatemala y trasladado a una casa de campo.
Su cautiverio duró 15 días. El 9 de junio, en la noche y aprovechando que los encargados de vigilarle estaban extenuados, huyó,11 para presentarse al día siguiente ante las autoridades.
Al poco tiempo de su fuga y con la información que Menéndez proporcionó, las Fuerzas de Seguridad allanaron la casa que él identificó como su lugar de cautiverio, pero no encontraron ahí a los otros dos funcionarios secuestrados.12
Fue en estos días cuando se produjo la captura de José María Ortiz Vides, Chema, jefe de los comandos de resistencia urbana de las FAR, quien fue detenido en un retén instalado por las Fuerzas de Seguridad.
Esta circunstancia y la conciencia que, a esas alturas, tenía la dirección de las FAR sobre que los 28 desaparecidos estaban muertos, determinaron un cambio en las condiciones formuladas para la liberación de los funcionarios plagiados. "Por el deterioro de la operación provocado por la fuga de uno de los secuestrados y para salvarle la vida a Chema se acordó -por exigencias de las FAR- el intercambio de los funcionarios por el guerrillero secuestrado".13
Méndez Montenegro, quien tomó posesión de la Presidencia el 1 de julio de 1966, no estaba de acuerdo con dicho intercambio. Así lo manifestó a un colaborador cercano, encargado de las negociaciones con las FAR: el presidente "no podría, por razones políticas, estar de acuerdo con el intercambio propuesto por las FAR".14 Pero finalmente aceptó.
Para la negociación del canje de Romeo Augusto de León y Baltasar Morales por "Chema", se constituyó un grupo de mediadores, entre quienes estaba Armando Amado Chacón, representante de la Cruz Roja, y el arzobispo Casariego. Después de algunas pláticas, el presidente Méndez Montenegro admitió que la iniciativa fuera adelante.
El 31 de agosto de 1966 la Cruz Roja facilitó una ambulancia, que llegó al Primer Cuerpo de la Policía Nacional, desde donde sacaron a "Chema" con rumbo al lugar acordado. Una vez en el lugar, Chema salió de la ambulancia, mientras De León y Morales, libres, cruzaron la calle. Había terminado su cautiverio.
El proceso penal sobre los secuestros del presidente del Organismo Judicial y del secretario de Información del Gobierno, así como del asesinato del hijo y el chofer de éste último, estuvo a cargo del juez quinto de Primera Instancia de lo Criminal, con el número 1370. Las diligencias practicadas se limitaron a detener e indagar a un mecánico que, con anterioridad a los hechos, había reparado el vehículo en el que se movilizaban los secuestradores del señor Baltasar Morales y que dejaron abandonado.
Al constatar el juez que dicho vehículo había sido robado antes de producirse los hechos, devolvió el Jeep a su verdadera propietaria, siendo ésta la última diligencia practicada en dicho proceso.
III. Conclusiones
Con los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la plena convicción de que Romeo Augusto de León, Baltasar Morales de la Cruz y Héctor Menéndez de la Riva fueron secuestrados por miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes, en cumplimiento de una decisión de sus dirigentes.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción plena de que Isabel Canizales Poitán y Luis Fernando Morales Martínez fueron privados de sus vidas por miembros de las FAR, constituyendo dicho acto una ejecución arbitraria.
Ninguna circunstancia otorga justificación jurídica o ética a estos crímenes.
En el presente caso, la CEH estima que el reconocimiento de los hechos por parte de los actuales dirigentes de la URNG es un signo positivo, desde la perspectiva de la reconciliación nacional.
Finalmente, los hechos ilustran la estrategia desarrollada durante los años sesenta y setenta por las fuerzas guerrilleras, que contemplaba el secuestro de destacadas personalidades de Guatemala con fines políticos o económicos. LISTADO DE LAS VICTIMAS Ejecución arbitraria Isabel Canizales Poitán Luis Fernando Morales Martinez Secuestro Baltazar Morales De la Cruz Héctor Menéndez De la Riva Romeo Augusto De Leon Roldan
1 Las FAR son el resultado de la unión de tres grupos guerrilleros: Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, Movimiento 20 de Octubre y Movimiento 12 de Abril. Regrese al Texto 2 Regis Debray, Las pruebas de fuego. La crítica de las armas, Siglo XXI, (México 1975), pg. 312. "Guatemala fue el primer país de América Latina donde la guerrilla practicó el secuestro con fines económicos". Regrese al Texto 3 CI 68. Marzo, 1966. El caso es así conocido porque ese fue el número de víctimas que señaló la guerrilla. Regrese al Texto 4 Testigo directo CEH. Regrese al Texto 5 Testigo directo CEH. Regrese al Texto 6 El presidente de la Corte Suprema de Justicia también lo es del Organismo Judicial. Regrese al Texto 7 Testigo directo CEH. Regrese al Texto 8 Testigo de referencia CEH. Regrese al Texto 9 Prensa Libre, 6 de mayo de 1966, pg. 2. Regrese al Texto 10 Diario El Imparcial, 6 de mayo de 1966, pg. 1 y 4. Regrese al Texto 11 Julio César Macías, La Guerrilla fue mi Camino, Primera edición, Editorial Piedra Santa, S.A. (Guatemala, 1977), pg.127. Regrese al Texto 12 Testigo directo CEH. Regrese al Texto 13 Julio César Macías, La Guerrilla fue mi Camino, Primera edición, Editorial Piedra Santa, S.A. (Guatemala, 1977), pg.128 - 129. Regrese al Texto 14 Memorándum interno de la Embajada de EE UU, 19 de septiembre de 1966, Pq. 6-39.
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