Anexo I: Volumen 1

 

CASO ILUSTRATIVO No. 48

 

DESAPARICIONES FORZADAS DE EDGAR FERNANDO GARCIA,

SERGIO SAUL LINARES MORALES Y RUBEN AMILCAR FARFAN.

FUNDACION DEL GRUPO DE APOYO MUTUO (GAM)

 

 

 

     "De repente nos llaman a nosotras comunistas, subversivas, enemigas del Estado. Nosotras, mujeres que antes éramos trabajadoras, madres de familia y que estábamos sufriendo, que éramos víctimas de la violencia(...)".1 

 

 

I.

Antecedentes

 

     La política contrainsurgente activó la práctica criminal de la desaparición forzada. En 1966 fueron detenidos y desaparecidos de esta forma numerosos miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13). Fue conocido como el caso de "los veintiocho desaparecidos".2 

 

     Durante el enfrentamiento armado interno, el sector estudiantil, tanto de educación media como universitario, sufrió la desaparición forzada de sus líderes. El de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue uno de los más golpeados y reprimidos. Esa represión se extendió a todos los estamentos de la USAC y se materializó a través de la asfixia económica, las capturas, las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de gran cantidad de sus alumnos, docentes y trabajadores. Difundir listas que incluían los nombres de futuras víctimas fue una práctica común. Así sucedió en 1978 con Oliverio Castañeda de León3  y Antonio Estuardo Ciani García.4 

 

     La violencia política dirigida contra la USAC se incrementó después de los golpes de Estado del 23 de marzo de 1982 y del 8 de agosto de 1983. Durante los primeros ocho meses de Gobierno del general Oscar Humberto Mejía Víctores hubo un aumento de la represión selectiva en la ciudad de Guatemala y se registraron 635 casos de desapariciones forzadas. Es decir, cada mes desaparecía un promedio de ochenta personas.5 

 

     Entre marzo y mayo de 1984, siete miembros del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) fueron capturados y más tarde desaparecidos.6  La misma suerte corrieron Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán, todos ellos vinculados a la USAC y familiares de las primeras mujeres fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

 

II.

Los hechos

 

Edgar Fernando García

 

     Edgar Fernando García tenía 27 años de edad, era estudiante de la facultad de Ingeniería de la USAC y trabajador administrativo en Centroamericana de Vidrios, S.A. (CAVISA), donde se integró en el sindicato como secretario de actas y acuerdos. Estaba vinculado también a la Juventud Patriótica del Trabajo del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

 

     El sábado 18 de febrero de 1984, Edgar Fernando García salió a pie de su casa ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, rumbo a su trabajo, en la calzada Aguilar Batres, zona 12. Ese mismo día había quedado de almorzar con su esposa e hija en la casa de una hermana suya.

 

     En el camino, Fernando se encontró con Danilo Chinchilla. A la altura del mercado El Guarda, cerca del Trébol, estaba instalado un retén montado por la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía Nacional (PN). Allí obligaron a ambos a detenerse, pero ellos intentaron huir. Los agentes respondieron disparándoles, y los dos resultaron heridos: Fernando García fue trasladado al Quinto Cuerpo de la PN localizado en la calzada San Juan; Danilo Chinchilla fue conducido, por una fuerte escolta, al Hospital Roosevelt.7  La vigilancia no se interrumpió en ninguno de los dos establecimientos.8 

 

     Ese mismo sábado, hombres vestidos de civil que conducían vehículos sin placas de circulación, registraron la casa de Fernando García, llevándose sus pertenencias. Los hombres indicaron a la madre y a la esposa de la víctima, que Fernando regresaría el martes.9 

 

     

 

     Sergio Saúl Linares Morales tenía 33 años de edad, trabajaba como asesor de Informática del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y era catedrático de la facultad de Ingeniería de la USAC. En 1977 había sido representante estudiantil de la facultad de Ingeniería ante el Consejo Superior Universitario y dirigente de la asociación de estudiantes de esa facultad.

 

     El 23 de febrero de 1984, alrededor de la cinco de la tarde, Sergio Saúl Linares Morales desapareció después que saliera de su vehículo, placas particulares P-165196, desde el INFOM hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. No se volvió a saber de él.

 

A la siete de la noche de ese mismo día, hombres desconocidos allanaron su vivienda, golpearon a su madre, de 68 años de edad, y se llevaron diversos objetos personales de la víctima.

 

 

Rubén Amílcar Farfán

 

Rubén Amílcar Farfán tenía 40 años de edad, era estudiante de la facultad de Humanidades de la USAC, trabajaba en los talleres de la Editorial Universitaria y pertenecía al sindicato de esa misma casa de estudios.

 

     El 15 de mayo de 1984, a las seis de la mañana, Rubén Amílcar Farfán salió de su casa, ubicada en la colonia Primero de Julio, para dirigirse a su trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese día laboró hasta las tres y media de la tarde cuando se trasladó hacia la facultad de Humanidades. En el trayecto, hombres armados y vestidos de civil lo golpearon y lo introdujeron a un vehículo llevándoselo con rumbo desconocido. En la captura intervinieron dos autos: uno de color rojo y con placas de circulación P-237053 y otro de color blanco, con placas de circulación P-113509.10 

 

III.

Después de los hechos

 

     En cuanto recibieron noticias del apresamiento y la desaparición de las tres víctimas, sus familiares tramitaron diferentes diligencias, con el objetivo de conocer su paradero. Interpusieron recursos de exhibición personal, acudieron ante el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el jefe de Estado, el Estado Mayor de la Defensa, el arzobispo metropolitano y las autoridades civiles; visitaron morgues, hospitales y cárceles legales para determinar donde se encontraban, sin resultado positivo.

 

     La esposa de Fernando García lo fue a buscar al Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, centro al que supuestamente había sido trasladado después que lo capturaron herido.11  Más tarde rastreó su pista en el quinto piso del Palacio Nacional: "Era [un lugar] secreto, nadie podía subir".12  La recibió un hombre que estaba "con una máscara negra y con arma (...)"13  y le dijo:

 

     "Mire, señora, le voy a decir una cosa, aquí nosotros sí secuestramos, pero a los guerrilleros, a los comunistas, a la gente perversa de este país. Usted dice que su esposo es buen padre, que es un buen trabajador, que es honesto. ¨Cree usted que nosotros podemos tener a su esposo?".14 

 

     En los tres casos los familiares tuvieron conocimiento de que algunos meses después de su captura las víctimas aún se encontraban vivas. En el caso de Fernando García, según un testigo, además de él "habían [vivos] dos más (...) Me dijo que estaba vivo [también] Carlos Cuevas (...)".15  Por la descripción que hizo un sobreviviente del lugar donde permaneció detenido ilegalmente, un testigo sospecha que pudo haber sido tras el colegio Liceo Guatemala.16 

 

     De acuerdo con la versión de otro testigo, Fernando García pudo haber estado cautivo en una cárcel clandestina, por la Villa de Guadalupe, zona 10, ciudad de Guatemala. "Se encontraba muy mal, muy torturado y (...) lo tenían engrilletado (...)".17 

 

     Del mismo modo, a través de un testigo, los familiares de Sergio Linares llegaron a saber que él "se encontraba preso en uno de los cuarteles de la ciudad (...), que había oído cuando alguien llamaba por su nombre a la víctima y que lo había visto; que debido a las torturas estaba inválido".18 

 

Tres días después de la desaparición de Rubén Amílcar Farfán, el rector de la USAC manifestó a la hermana de éste:

 

     "(...) Tranquilícese, señora. Sí, a su hermano (...) lo capturó el Ejército, la G-2 y el DIT. Ellos lo tienen y no sólo los tienen a ellos sino también tienen a otros sindicalistas y están otros estudiantes (...) Estamos esperando que se recuperen de la golpiza que les dieron, para poderlos entregar; ya no siga haciendo nada señora, váyase a alistar la ropa, la valija, la maleta de él (...) Vamos a llamarle para decirle a dónde van, dónde se van a juntar (...)".19 

 

     Según varios testigos, el ex rector de la USAC tenía acceso a las autoridades del Gobierno, principalmente al ministro de Relaciones Exteriores, quien a su vez mantenía vínculos con los militares, todo lo cual proporcionaba información al rector en funciones20  y, por su mediación, a los familiares. El mismo ex rector de la Universidad expresó:

 

     "Yo le dije: [al ministro de Relaciones Exteriores] 'Ayúdame, devolveme a estos estudiantes, yo me encargo de sacarlos del país y de que no vuelvan' (...) Mirá, me dijo, está bueno, yo se lo voy a decir ahora al general, ahora que vamos de viaje a El Salvador; entonces, reparó, pero [únicamente] si nosotros lo tenemos [dijo]".21 

 

     Durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, los familiares de Rubén Amílcar Farfán interpusieron denuncia ante el procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien a su vez solicitó información a las autoridades militares y judiciales: las respuestas que recibió fueron negativas. El PDH dejó abierta la investigación, al efecto de dar con el paradero de la víctima.22 

 

 

Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)

 

El 4 de junio de 1984, en medio de un ambiente político dominado por el terror estatal, surgió el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) planteando una respuesta al drama que sufrían miles de guatemaltecos por la desaparición forzada de sus parientes y amigos.

 

     Durante los primeros años el GAM se desarrolló ante todo en las zonas urbanas y la gran mayoría de sus miembros eran mujeres: madres, esposas y hermanas de personas desaparecidas vinculadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala.23 

 

     Sin embargo, el Grupo aglutinó más tarde a familiares de campesinos mayas desaparecidos. Llegó a constituir una de las primeras expresiones organizadas para esclarecer los hechos y creció al tiempo que se multiplicaban los intentos de los familiares de las víctimas.24 

     Convencidos e inspirados por la necesidad humana de que sus parientes y amigos aparecieran con vida, o impulsados al menos por el derecho a saber de su paradero, los integrantes del GAM interpusieron multitud de recursos de exhibición personal y denuncias públicas en instancias nacionales e internacionales. En el interior del país denunciaron, a través de los medios de comunicación, las desapariciones forzadas y las amenazas de muerte contra muchos de sus dirigentes. Asimismo, llevaron a cabo las denominadas "paradas" de los viernes, manifestaciones que se celebraban en ese día y que se caracterizaban porque los asistentes tocaban pitos y golpeaban ollas delante de las oficinas estatales.

 

     El 30 de noviembre de 1984, después de una reunión que sostuvieron los dirigentes del GAM con el jefe de Estado, se creó la Comisión Tripartita, cuyo objetivo era investigar las violaciones de los derechos humanos. Esta Comisión quedó integrada por los titulares de Gobernación, de la Defensa y del Ministerio Público.25  Miembros del GAM llevaron a cabo manifestaciones significativas frente a las instalaciones del Ministerio Público para exigir que esta Comisión diera a conocer los resultados de la investigación que realizaban sobre las violaciones a los derechos humanos, y en particular sobre todo lo concerniente a las desapariciones forzadas.26 

 

     En enero de 1985 enviaron una carta pública al señor Colville de Culross, relator de las Naciones Unidas para Guatemala, a raíz del informe sobre los derechos humanos que éste presentó en la última Asamblea de la ONU.27  Manifestaron su indignación porque, según los miembros del GAM, había falseado la "cruda realidad" que vivían los guatemaltecos.28  Al mismo tiempo, el GAM continuó recibiendo apoyo y solidaridad a escala internacional. Llegaron a Guatemala representantes del Parlamento alemán y de los gobiernos de Canadá, Bélgica y España, cuyo propósito era solidarizarse de una forma pública con el país y solicitar al Gobierno de la nación el esclarecimiento de los hechos.

     El 12 de marzo de ese mismo año miembros del GAM se presentaron a la Asamblea Nacional Constituyente, para reclamar que la nueva Constitución Política de la República contemplara la figura jurídica del "preso político".29 

 

     Durante la segunda mitad del mes de marzo el Gobierno hizo pública su desaprobación respecto a las "tácticas escogidas por el GAM para sus objetivos".30  El jefe de Estado, general Oscar Humberto Mejía Víctores, acusó a los integrantes del GAM de estar manipulados por los insurgentes y cuestionó las fuentes de financiación del Grupo.31  El 14 de marzo de 1985, en un acto oficial realizado en la base militar de Jutiapa, el general Mejía Víctores, señaló: "Dentro de este contexto, gestionar la aparición con vida de los desaparecidos era un acto subversivo, que adoptarían las medidas para contrarrestarlo y que en adelante no se le toleraría más demostraciones".32 

 

     Con la misma firmeza, el ministro de Gobernación, Gustavo Adolfo López Sandoval, advirtió a los miembros del GAM, que "se abstengan de cometer desórdenes en la vía pública. [Porque] si alteran la paz social, estarán sobrepasando la paciencia de las autoridades [y] serán las autoridades del orden público quienes actúen (...)".33 

 

     El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán, expresó al personal de la embajada de Estados Unidos que aunque "el GAM fuera un frente organizado por la subversión, que él creía que era el caso, el Gobierno sería muy cauteloso de evitar confrontaciones con éste, y le he dicho a los militares de estar alertas de caer en la trampa de crear mártires".34 

 

     Sin embargo, el 30 de marzo y el 4 de abril de 1985 fueron ejecutados arbitrariamente dos dirigentes del GAM: Héctor Orlando Gómez Calito35  y María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, ésta última junto a su hermano Maynor René y su hijo Carlos Rafael, de dos años de edad.36 

 

     Por otra parte, del 3 al 5 de septiembre de 1985, el Ejército asaltó las instalaciones de la USAC, después de declarar a la opinión pública que era un centro del narcotráfico y de la "subversión".37 

 

En 1992 surgió la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), iniciada por madres y familiares de desaparecidos que habían estado ligadas al GAM.

 

A pesar de los múltiples esfuerzos para esclarecer la suerte de las víctimas que sufrieron la desaparición forzada, la mayoría de familiares vive, aun hoy, el calvario de desconocer el paradero de sus seres queridos.

 

 

     

 

La CEH, después de analizar todos los antecedentes de los casos expuestos, llegó a la convicción de que agentes del Estado capturaron e hicieron desaparecer a Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán, mediante acciones encubiertas previamente decididas por autoridades estatales, violando su derecho a la libertad y a la integridad física y psicológica.

 

En el caso de Edgar Fernando García, la CEH llegó a la convicción de que su captura fue practicada por efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía Nacional.

 

La CEH presume fundadamente que todas las víctimas de este crimen de lesa humanidad fueron, en definitiva, ejecutadas por agentes del Estado, por orden o con la aquiescencia de autoridades superiores.

 

     La CEH considera que estos casos corresponden a la aplicación de una política criminal destinada a la eliminación de dirigentes opositores vinculados a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La circunstancia de que todas las personas detenidas y posteriormente desaparecidas permanecieran durante determinado tiempo en lugares secretos, refuerza la convicción del carácter planificado de dicha política.

 

El caso es, también, ilustrativo de la creación de un sistema clandestino de justicia para-estatal, característico de una política de "guerra sucia" contra opositores políticos o sociales que no eran combatientes, lo cual debilitó en extremo el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y contribuyó a la aceptación de la violencia y la impunidad como fenómenos normales, con grave detrimento de la cultura cívica en Guatemala.

 

Finalmente, el caso es otro ejemplo de la intencional denegación de justicia en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos y, consecuentemente, de la responsabilidad estatal en el fomento de la impunidad.

 

 

     

 

Desaparición forzada, Tortura,

 

 

     Ruben Amilcar Farfan Sergio Saul Linares Morales

 

 

     Desaparición forzada, Tortura, Herido en Atentado Edgar Fernando Garcia

 

 

Herido en Atentado, Privación de Libertad

 

Danilo Chinchilla

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1  Testigo directo CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto

2  CI 68. Ciudad de Guatemala y otros departamentos de la República. Regrese al Texto

3  CI 45. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

4  C 728. Noviembre, 1978. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

5  Reporte de Human Rights Watch Americas, Washington, 1985, pg. 11. Regrese al Texto

6  Amnistía Internacional, Guatemala: Crónica de las Violaciones a los Derechos Humanos, España, 1985, pg. 96, Entre ellos, el estudiante de Sociología Carlos Ernesto Cuevas Molina, hijo del ex rector de la USAC, Dr. Rafael Cuevas Del Cid y esposo de María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, también fundadora del GAM. Testigos directos CEH. C 679. 1984. Ciudad de Guatemala. A principios de 1984, el 27 de enero, también hombres desconocidos vestidos de civil, que se conducían en una panel blanca, capturaron a Jorge Mauricio Gatica Paz. No se volvió a saber de él. El 14 de febrero de ese mismo año, capturaron a Jorge David Calvo Drago, a quien liberaron días después. Ambos eran estudiantes de la USAC. Regrese al Texto

7  Testigo de referencia CEH. (T.C. 330). Regrese al Texto

8  Días más tarde, Danilo Chinchilla, aún en recuperación, fue sacado del hospital por un grupo de amigos suyos, vestidos de médico. Probablemente en septiembre del mismo año, lo capturaron de nuevo, esta vez junto con su compañera, Marilin Sosa. No se volvió a saber de ellos. Regrese al Texto

9  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

10  AEU, Violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad universitaria durante el conflicto armado interno. Guatemala, 1998. Ese mismo día, desaparecieron Carlos Ernesto Cuevas Molina y Otto René Estrada Illescas. Una semana después, también desaparecieron Gustavo Adolfo Castañón, Irma Marilú Hicho Ramos y Héctor Alirio Interiano Ortíz, estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y miembros de la AEU. Regrese al Texto

11  Testigo de referencia CEH. Según el testigo, por otras informaciones se enteraron que él había estado en el 5§. Cuerpo de la Policía Nacional en la zona 7. Regrese al Texto

12  Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 84). Regrese al Texto

13  Ibidem. Regrese al Texto

14  Ibidem. Regrese al Texto

15  Testigo directo (ex rector de la USAC) CEH. (T.C. 329). Esta información le fue proporcionada al rector por una persona capturada el 14 de febrero de 1984 en su casa de habitación, en la 14 calle y 1¦ avenida, zona 1 y fue posteriormente fue liberado a principios de abril de ese mismo año. También dice haber visto en el lugar de su cautiverio un letrero en la pared donde decía: "Aquí estuvo Luz Haydeé Méndez de Santizo". Ella había sido capturada el 8 de marzo de 1984 y aún no se sabe de ella. Regrese al Texto

16  Ibidem. Regrese al Texto

17  Testigo de referencia CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 84). Esta información le fue proporcionada por un miembro del BROE. Regrese al Texto

18  Testigo de referencia CEH. C 37. Regrese al Texto

19  Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 328). Regrese al Texto

20  Testigo de referencia CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 328). Regrese al Texto

21  Testigo directo (ex rector de la USAC) CEH. (T.C. 329). Regrese al Texto

22  Resolución del procurador de los Derechos Humanos. 24 de febrero de 1988. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

23  Testigo directo (fundadora del GAM) CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto

24  CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala y otros departamentos de la República. Uno de los primeros intentos por exigir el aparecimiento de sus parientes, fue el de los familiares de los 28 desaparecidos en 1966. Testigo directo CEH. C 217. Enero, 1971. Ciudad de Guatemala. El Imparcial, 10 de Marzo de 1971, pg. 3. También la madre de Juan Luis Molina Loza llevó a cabo una huelga de hambre frente al Palacio Nacional con el propósito de exigir el aparecimiento de su hijo Juan Luis quien había sido capturado el 13 de enero de 1971, pero la Policía Nacional la detuvo conduciéndola al hospital neuropsiquiátrico, donde la sometieron a un examen médico solicitado por la Policía. Regrese al Texto

25  Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 84). Antes de ésta Comisión, a principios de 1984 se creó la Comisión para la Paz, integrada por la Iglesia Católica, la Prensa, el Ejército, la Universidad Nacional y la iniciativa privada. Posteriormente, durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, se formó otra comisión investigadora, que señaló: "que los desaparecidos todos estaban muertos y que mejor perdonáramos, olvidáramos y nos reconciliáramos de todo (...)". Regrese al Texto

26  La Palabra, 2 de marzo de 1985, pg. 2. Americas Watch, The Group for Mutual Support 1984-85, Washington, 1985, pg. 54. El 6 de junio de 1985, presentó su informe, el cual constaba de tres hojas de papel a doble espacio, donde recomendaba la creación de una nueva comisión, la cual debería excluir a las organizaciones gubernamentales y oficiales, siendo formada, en cambio, por profesionales, religiosos y organizaciones privadas, pues recibirían mayor cooperación por parte de los parientes de las víctimas. Regrese al Texto

27  ONU, Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guatemala, No.39/120. Diciembre, 1984. Sin embargo, las Naciones Unidas, pidieron al Gobierno guatemalteco que investigara y aclarara la suerte de los desaparecidos de forma involuntaria o forzada y cuyo paradero sigue sin conocerse, y que pusiera fin a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios en lugares secretos. Asimismo, pidieron al Gobierno guatemalteco que permitiera a las organizaciones humanitarias internacionales prestar asistencia en la investigación sobre la suerte de los desaparecidos, con el fin de informar de su paradero a los familiares. Regrese al Texto

28  La Palabra, 26 de enero de 1985, pg. 7. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán, manifestó después de la primera visita del relator de las Naciones Unidas para Guatemala "que el informe de Culross era positivo en un 90 por ciento". Regrese al Texto

29  La Palabra, 13 de febrero de 1985, pg. 1. Regrese al Texto

30  Embajada de EE UU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, Abril, 1985, pg. 5, Pq. 4.17. Regrese al Texto

31  Ibidem. La Palabra, 15 de marzo de 1985, pg. 4. Regrese al Texto

32  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compilación de informes publicados sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, 1980-1995. Washington, 1995. pg. 89. Regrese al Texto

33  La Palabra, 22 de marzo de 1985, pg. 4. Regrese al Texto

34  Embajada de EE UU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, 4 de marzo de 1985, pg. 2, Pq. 4.14. Regrese al Texto

35  C 243. Marzo, 1984. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

36  CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

37  CI 30. Agosto, 1989. Ciudad de Guatemala. 1 68