CASO ILUSTRATIVO
No. 51
DESAPARICION FORZADA DE MIEMBROS
DE LA CENTRAL
NACIONAL DE TRABAJADORES (CNT) EN LA CIUDAD
DE
GUATEMALA Y EN LA FINCA "EMAUS MEDIO MONTE"
"(...) agarraron
a patadas a los compañeros (...) fue cuestión
como de unos cuatro o cinco minutos que los llevaron a ellos,
se puede decir una operación relámpago (...)".1
"(...) en
el país cada quien puede actuar con amplia libertad,
desplazarse con facilidad hacia el lugar que lo desee sin necesidad
de pedir permiso a nadie (...)".2
I. Antecedentes
En 1968 se fundó
la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales:
la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG),3
la Federación Nacional de los Obreros del Transporte
(FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).4
La CNT nunca contó con personalidad jurídica,
pero se afilió a la Confederación Latinoamericana
de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana.
Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales,
ligas campesinas y cooperativas.
La CNT era el
núcleo de la actividad sindical y la organización
mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974
contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos.
Dado su importante rol en la organización social la CNT
se convirtió en un espacio de influencia no sólo
notable entre las distintas corrientes sindicales existentes
en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT),
que tenían influencia política en el sector. En
1978, después de mucho debate, la CNT rompió con
la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales.
En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes
secciones que a su vez se interrelacionaban: organización,
propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos
en sus reivindicaciones.
En su aplicación
de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba
al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista,
que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta
que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado
del CNT-FAR donde se identificaba a una organización
con la otra.5
Los agentes del
Estado y los empresarios tenían información sobre
las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones
de infiltración en la CNT realizados por los aparatos
de seguridad del Estado. Esta había sido la razón
por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a
varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los
porteros de la sede pertenecía a "la judicial".6
También las patronales, en varias empresas, dificultaron
la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos
de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento
sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo
con las bases de las fábricas.
Los miembros
de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento.
Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en
su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos:
en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los
archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes
fueron arrestados por la Policía Nacional.7
Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en
los baños, y hasta se difundió una lista de "condenados
a muerte" en la que se incluían a asesores y dirigentes
de la CNT.8 Los
seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda
los vehículos "Toyotas beiges" en que viajaban hasta
cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.9
Ante este acoso
creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron
retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael
Vásquez -que después fue desaparecido- sabía
que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás
había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar
su ruta de entrada y salida de la casa todos los días.
A pesar de todo los dirigentes de la CNT trataron de preservar
su espacio y el funcionamiento de la sede.
II. Los hechos
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula
dirigente había convocado a una reunión extraordinaria,
fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas
internos en la organización. En esa reunión se
quería resolver las divergencias ideológicas10
sobre la dirección del movimiento sindical,11
las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical,
el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT
y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa
represión.
En la madrugada
del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano,
miembro de este último sindicato.12
Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes
en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los
responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión
prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los
delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron
a llegar a partir de las dos de la tarde.13
En palabras de un sobreviviente: "A las tres menos diez yo
pasé a una tienda [cercana al local de la CNT]
y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas
sino que eran metralletas (...) todos tenían sus pañuelos
puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales
uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían".14
El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados,
pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía
Nacional y al Ejército.
El testigo "sentía
que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba
abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas
y les dije a los compañeros: 'Vámonos, vámonos
porque esto lo van a allanar'. Sólo terminado de decir
estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros
abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un
jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos
salir".15
En ese momento había unas 30 personas en el local.
La 9¦ y 10¦ avenidas
estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido
el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus
armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos
de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que
eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias,
las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las
voces de mando. También había un jeep Toyota color
gris.16 Fueron
tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba:
"(...) Oíamos los gritos de los compañeros
y sólo oía que los maltrataban y como que les
tiraban contra la pared".17
No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron
los militares y ellos lograron salvarse. La operación
duró entre tres y cinco minutos; fue una "operación
relámpago".
Otro testigo
recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión,
pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba
vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle.
Pensó: "Qué descuido". Empujó la
puerta y entró. No había nadie en el local. Había
manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos.
De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle,
unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras
dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí
cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos
judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas,
que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en
la misma situación, relató que lo que presenciaron
fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes
y las instalaciones estaban hechas un desastre.18
Hay dudas sobre
el número total de víctimas.19
Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas
se refiere al quórum que se había alcanzado
en el momento de la reunión: "Eran los que ya estaban
sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no
les dio tiempo de salir, porque estaban dentro (...)".20
La CEH logró identificar a 27 personas.
Desaparición forzada en la finca
"Emaús Medio Monte"21
Dos meses más tarde, dadas las condiciones
de inseguridad existentes y para evitar un desenlace como el
ocurrido en la CNT el 21 de junio, 17 personas entre líderes
sindicales e integrantes de la Escuela de Orientación
Sindical de la Universidad de San Carlos, organizaron un seminario-taller
fuera de la capital, en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla.
Sin embargo, en una operación que respondía
a las mismas características y objetivos del caso descrito,
el 24 de agosto de 1980, efectivos del Ejército y fuerzas
de la Policía Nacional bajo la dirección del subjefe
de la división de detectives22
detuvieron e hicieron desaparecer a 16 personas, entre ellos
sindicalistas y miembros de la Escuela de Orientación
Sindical de la USAC.
El 2 de septiembre
de 1980 el administrador de la finca, José Luis Peña,
fue capturado, torturado y ejecutado. La víctima había
sido testigo directo de la desaparición forzada y había
sido amenazado de muerte si proporcionaba alguna información.
El representante legal de la casa Emaús,
que fue acusado por el Ejército "de darle cabida a
los comunistas",23
afirmó que jeeps militares y un camión fueron
parte del operativo.
Según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los secuestrados
fueron conducidos a los garajes de la división de investigaciones
de la Policía Nacional, en la zona 6 de la ciudad, donde
fueron torturados bajo la dirección del nuevo jefe de
Investigaciones.24
III. Después
El Gobierno negó
su responsabilidad en la desaparición de los sindicalistas.
El ministro de Gobernación declaró que los dirigentes
desaparecidos podrían haber sido secuestrados por grupos
extremistas, con el propósito de causar problemas al
Gobierno.25
Más tarde, las autoridades presentaron a seis sindicalistas
que la CNT incluía en la lista de desaparecidos.26
Sin embargo,
el vicepresidente de la República, Francisco Villagrán
Kramer, aseguró a la embajada de Estados Unidos, el 24
de junio de 1980, que los desaparecidos se encontraban en el
destacamento militar Berlín, ubicado en Coatepeque;27
y reconoció que el Estado de Derecho atraviesa por una
situación compleja y difícil.28
Según
documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos, "la
policía niega tener conocimientos sobre el paradero de
los sindicalistas, pero la incursión, igual como la previa
(allanamiento de la sede el 29 de abril de 1980), tiene todos
los rasgos de una operación de elementos de seguridad.
Con aparente impunidad, el grupo atracador incluso desvió
el tráfico de las calles congestionadas del centro durante
la operación".29
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución
33/81, caso 7403 (Guatemala), de 25 de junio de 1981, resolvió
considerar verdaderos los hechos denunciados (el Gobierno no
respondió a las solicitudes de información) y
efectiva la detención arbitraria de los afiliados a la
CNT. Declaró que el Gobierno de Guatemala violó
los derechos a la libertad personal, a la vida, a las garantías
judiciales, a la protección judicial y el derecho de
reunión.
En el mismo año
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó
su "extrema preocupación (...) [por] los asesinatos y
ataques violentos contra la integridad física de un elevado
número de dirigentes sindicales, desapariciones vinculadas
al movimiento sindical, amenazas, atentados contra el derecho
de huelga, interferencias violentas en reuniones sindicales,
ocupación de locales sindicales, ataques a la propiedad
sindical y despidos por razones sindicales".30
Finalmente, recomendó que se investigara y sancionara
a los responsables y que los detenidos fueran liberados.
La Corte Suprema
de Justicia recibió, el 25 de junio de 1980, un recurso
de exhibición personal en favor de los desaparecidos.
El 1 de julio se decretó la exhibición por parte
de la Cámara Penal, señalándose audiencia
para el siguiente día. Se pidieron informes al Ministerio
de Gobernación, a los directores generales de la Policía
Nacional y de la Guardia de Hacienda y se comisionó a
todos los jueces de Primera Instancia para que los solicitaran
en sus territorios jurisdiccionales. El 7 de julio la Cámara
Penal declaró sin lugar el recurso, porque los funcionarios
de Gobierno informaron que los secuestrados no estaban detenidos
y se remitió el expediente al Juzgado Sexto de Primera
Instancia del ramo penal de la ciudad de Guatemala, para que
investigara el paradero de las personas secuestradas.
El Juzgado ordenó:
"Practíquese cuanta diligencia sea necesaria para el
mejor esclarecimiento del hecho que se investiga".31
Según informaciones proporcionadas por el Archivo General
de Tribunales, esta fue la última actuación judicial
en el caso.
En cuanto se
refiere a la información policial, las autoridades declararon
que la localización de las víctimas había
sido negativa,32
pero lo único que hicieron fue preguntar el paradero
de los desaparecidos en las empresas donde habían laborado.
Hasta hoy, "las investigaciones para la localización
de estas personas están quedando abiertas y su resultado
será informado oportunamente".33
Las acciones de protesta realizadas por los
sindicatos nunca obtuvieron resultados favorables.
Muchos familiares,
que formaron el "Comité de desaparecidos 21 de Junio"
buscaron durante varios años a las víctimas. "Con
el tiempo decidieron no seguir, pues estaban siendo amenazadas".34
La desaparición
de los sindicalistas, además, ocasionó daños
psicológicos en los familiares. Por ejemplo, un declarante
cuenta que la esposa de una de las víctimas "se empezó
a poner loca, no salía a realizar mandados porque no
podía atravesar calles, se fue a quitar los dientes pensando
que eso le quitaría los dolores de boca, no podía
comer, trató de olvidar todo lo que había pasado,
también estuvo en tratamiento psiquiátrico (...)".35
En un Informe
al Departamento de Estado norteamericano se afirma que, especialmente
desde el 21 de junio de 1980 la violencia se incrementó,
que existía un clima de terror en Guatemala y que los
trabajadores tenían miedo de reunirse abiertamente.36
La represión
contra los sindicalistas continuó.37
La mayoría de los dirigentes que sobrevivieron hubo de
marchar al exilio o pasar a la clandestinidad. La CNT quedó
muy debilitada y al año se encontró de hecho desarticulada.
IV. Conclusiones
La CEH, después de analizar los antecedentes
que obran en su poder, llegó a la convicción de
que los días 21 de junio y 24 de agosto de 1980 agentes
del Estado de Guatemala, pertenecientes al Ejército y
a la Policía Nacional y Judicial capturaron e hicieron
desaparecer forzadamente, a 43 personas, dirigentes sindicales
y miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la
USAC, en violación de su derecho a la libertad personal
y, en definitiva, de su derecho a la vida.
Los vínculos que pudieron existir entre
algunas de las víctimas y la guerrilla no constituyen
justificación para este crimen de lesa humanidad que
ha permanecido en la impunidad.
Por otra parte,
a la CEH le asiste la convicción de que, en este caso,
los responsables, en el Organismo Ejecutivo, de realizar las
investigaciones de los delitos premeditadamente incumplieron
su deber. Además, la inexistencia de una seria investigación
posterior por parte de los tribunales de justicia permite concluir
que las autoridades del Estado de Guatemala violaron el derecho
a la justicia, consumando la desaparición forzada de
las víctimas.
La CEH considera que este caso ilustra la decisión
política de las autoridades del Estado, en el año
1980, de desarticular al movimiento sindical, atacando a sus
organizaciones mediante la eliminación sistemática
de sus líderes más representativos, bajo la modalidad
de la desaparición forzada.
El caso ilustra, asimismo, la aplicación
de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que extendió
el concepto de enemigo desde el campo de batalla a las organizaciones
sociales críticas al régimen establecido.
LISTADO DE
LAS VICTIMAS Ejecución arbitraria Jaime Marroquín
Garrido Ejecución arbitraria, Torturas José
Luis Peña Desaparición forzada
Adalberto Juárez
Adolfo Obdulio Molina Mérida Agustin Chitay Chapetón
Alvaro Orlando Estrada, Augusto Yach Ciriaco Bernardo Marroquín
Salazar Crecencio Coronel Ordóñez Cristina Yolanda
Carrera Cabrera Edgar De la Cruz Erwin René Hernández
Paíz Florencia Xocop Chavez Gerónimo Alberto Moreno
Palencia Guillermo Turcios García Gustavo Adolfo Bejarano
Oscal Héctor Manuel Sánchez González Hilda
Carlota Pérez Menéndez Ileana del Carmen Minera
López Jordan Alberto Salazar Urizar Jorge Luis Serrano
José Victor Herrera Castillo José Ruiz Juan Guerra
Castro Julio Cesar Pérez Gálvez Manuel Antonio
Rodríguez Ramos Manuel René Polanco Salguero Mario
Campos Valladares Mario Martínez Neri Roblero Espinosa
Orlando Antonio García Rodríguez Oscar Armando
Salazar Oscar Augusto Pérez Pedro Ramos Micatu Rafael
Antonio Aguilar Pérez Rafael Enrique Giran Mérida
Rafael Estrada Roberto Poll Tomás Rosario Leal Sara Cabrera
Flores Selvin Arnoldo García López Sonia Elizabeth
Alecio
Desaparición forzada,
Torturas Irma Candelaria Pérez Osorio
1 Testigo directo CEH. Regrese
al Texto
2 Prensa Libre, 18 de julio
de 1980, pg. 4, ministro de Defensa Nacional, general Angel
Aníbal Guevara Rodríguez. Regrese al Texto
3 Conocida anteriormente como Frente
Cristiano de Trabajadores de Guatemala. Regrese al Texto
4 "El movimiento sindical en Guatemala",
en Ciencia y Tecnología para Guatemala A.C., enero
1989, sin editorial, pg.14. "La CNT surgió como una organización,
en principio ligada a la Democracia Cristiana; no tanto como
partido, sino como gente del Partido Demócrata Cristiano
y surgió también a partir de lo que se llamó
la juventud obrera cristiana (JOC), que surgió en Guatemala
más o menos en 1945". Regrese al Texto
5 Testigo directo (ex asesor sindical)
CEH. (T.C. 636). Regrese al Texto
6 Testigo directo (ex asesor sindical)
CEH. Regrese al Texto
7 Amnesty International, Guatemala:
Repression of Trade Unionists and Peasants, 12 de marzo
de 1981, pg. 2. Regrese al Texto
8 A finales de 1979 dejaron una lista
con amenazas en la que figuraban los nombres de algunos miembros
de la CNT, Israel Marquez, Miguel Angel Albizures, Frank La
Rue y Leonel Luna, entre otros. Regrese al Texto
9 Testigo directo CEH. Regrese
al Texto
10 José Antonio Ríos,
"A diez años del secuestro masivo en la CNT; 21 de junio,
solsticio de la razón", en Otra Guatemala, Año
3, No. 11, México, mayo 1990, pg. 47. "(...) no en función
de discutir planes de reorganización y crecimiento, sino
en razón de purgar las diferencias ideológicas".
Regrese al Texto
11 "El Movimiento Sindical en Guatemala
(1975-1985)", en Ciencia y Tecnología para Guatemala
A.C., enero de 1989 (no indica lugar de edición),
pg. 18-19. Se discutía si los abogados podían
asumir la dirección porque los dirigentes debían
ser trabajadores. Se consideraba que el abogado aparecía
como dirigente y que el espacio para la dirigencia se iba reduciendo,
y que imposibilitaba una serie de desarrollos de la propia dirigencia.
Regrese al Texto
12 CI 67. 1980. Regrese al Texto
13 Ubicada en la 9¦ avenida, entre
4¦ y 5¦ calle, zona 1. Regrese al Texto
14 Testigo directo CEH. Regrese
al Texto
15 Ibidem Regrese al Texto
16 Ibidem Regrese al Texto
17 Ibidem. Regrese al Texto
18 Testigo directo CEH. C 331. Junio,
1980. Regrese al Texto
19 Fueron 31 trabajadores (4 no
identificados) según el recurso de exhibición
personal; 29 sindicalistas según la CNT, pero, además,
manifestó que la dirigencia sindical no tenía
conocimiento exacto de quiénes allí se encontraban;
27 personas, según FAMDEGUA. Según la CIDH y Amnistía
Internacional, 25 personas. Regrese al Texto
20 Testigo directo CEH. Regrese
al Texto
21 C 220. Junio, Agosto, 1980. Regrese
al Texto
22 Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Resolución 35/81 caso 7490
(Guatemala) de 25 de junio de 1981. Regrese al Texto
23 Testigo directo CEH. (T.C. 36).
Regrese al Texto
24 Cf. Resolución 35/81 caso
7490 (Guatemala) de 25 de junio de 1981, antecedente No. 3.
Regrese al Texto
25 Prensa Libre, 26 de junio
de 1980, pg. 14 y 79. Regrese al Texto
26 Prensa Libre, 7 de julio
de 1980, pg. 12. Los dirigentes de la CNT aclararon que a la
fecha del allanamiento de la CNT no tenían conocimiento
exacto de quienes allí se encontraban, por lo que hubo
confusión en la lista de las personas desaparecidas que
inicialmente publicaron. Las personas dadas como aparecidas
por el jefe del Cuerpo de Detectives, nunca estuvieron en el
lugar en el momento de la reunión. Regrese al Texto
27 Embajada de EE UU en Guatemala,
Informe a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq.
3-60. Regrese al Texto
28 Prensa Libre, 26 de junio
de 1980, pg. 14. Regrese al Texto
29 Embajada de EE UU en Guatemala,
Informe a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq.
3-59. Embajada de EE.UU. en Guatemala, Informe a Departamento
de Estado, junio de 1982, Pq. 3-82. CIA, Informe
a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq. 12-37.
Regrese al Texto
30 OIT, Informe del Comité
de Libertad Sindical, Informe 211, Vol. LXIV, 1981, Serie B,
núm. 3, pg. 169. Regrese al Texto
31 Expediente No. 1445, Organismo
Judicial de la República de Guatemala, Ramo Penal, Juzgado
Sexto, Guatemala, 1989. Regrese al Texto
32 Inspectoría General del
Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, memorándum
a Ministerio de Relaciones Exteriores, 14 de octubre de 1980.
Regrese al Texto
33 Inspectoría del Cuerpo
de Detectives de la Policía Nacional, Informe, 14 de
octubre de 1980. Regrese al Texto
34 Testigo directo CEH (ex sindicalista).
Regrese al Texto
35 Testigo directo CEH (ex sindicalista).
C 331. Regrese al Texto
36 Embajada de EE UU en Guatemala,
Informe a Departamento de Estado, julio de 1980, Pq-3.64.
Regrese al Texto
37 Testigo directo CEH (ex sindicalista).
(T.C. 636). Oficina Internacional del Trabajo, Informes del
Comité de Libertad Sindical, Informe 211, vol. LXIV,
1981, Serie B, No. 3, Casos 954, 957, 975, 978 y 1026, pg. 169.
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