CASO ILUSTRATIVO
No. 67
EL SINDICATO DE LA COCA COLA
"El mando del
Ejército Secreto Anticomunista [ESA] por medio de este
boletín presenta un "ultimátum" a los siguientes
sindicalistas, profesionales, obreros y estudiantes: (...) advierte
a todos que ya los tiene localizados y sabe muy bien donde se
encuentran estos nefastos dirigentes comunistas, quienes desde
ya están condenados a MUERTE por lo que serán
ejecutados despiadadamente (...)".1
I.
Antecedentes
El sindicato
de la Coca Cola surge en 1948, con la apertura democrática
propiciada por la revolución de Octubre de 1944. En 1954,
cuando es derrocado el Gobierno del presidente Jacobo Arbenz,
como consecuencia de la represión al movimiento sindical,
el sindicato es disuelto.
En diciembre
de 1974 se produce el resurgimiento del sindicato. La empresa
"indemnizó a la casi totalidad de los obreros de la planta
y posteriormente recontrata a la mayoría, con lo cual
automáticamente los trabajadores perdían su antigüedad
en la empresa. Fue ese el detonante para la reorganización
del sindicato".2
Se condicionó la recontratación de los trabajadores
al hecho de que aceptaran sólo el 75% de sus prestaciones.
Para recuperar el restante 25% y mejorar las condiciones de
salubridad y de trato, los asalariados buscaron la asesoría
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Entre sus primeras
acciones destacó la presentación de un pliego
de peticiones a un juzgado de trabajo3
y convocaron a una asamblea general para constituir el sindicato.
El 24 de enero
de 1976 los trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A.
(EGSA - Coca Cola) ocuparon la fábrica, después
que fueran despedidos 154 de ellos. Ese día la patronal
solicitó la intervención de la fuerza pública,
que desalojó con violencia a los obreros, hiriendo a
12 personas y deteniendo a otras 14. Varios sindicatos iniciaron
acciones de solidaridad con el de Coca Cola, lo que originó
un amplio movimiento que se materializó en la formación
del Comité Nacional de Unidad Sindical-CNUS.4
El CNUS logró encabezar una serie de
campañas de movilización y denuncia que permitieron
el reconocimiento legal del Sindicato de Trabajadores de la
Embotelladora Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstalación
de los despedidos y la aceptación por parte de la empresa
para discutir el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Miembros del
sindicato llegaron a tener contactos con la Federación
Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), el Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT) e incluso con las Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR). Según un declarante, "el movimiento sindical
era alérgico a los partidos políticos, aunque
algunos dirigentes sí tenían vínculos establecidos
e incluso pertenecían a movimientos políticos";5
y hubo algunos sindicalistas de base que pertenecían
a las organizaciones insurgentes.
Para ejercer
un control directo sobre los trabajadores, existía una
estrecha relación entre los administradores de la empresa
y los agentes de seguridad del Estado. Las Fuerzas de Seguridad
sostenían reuniones con los propietarios de la empresa.6
Se conoce que participaban en los encuentros, por parte de la
empresa, John C. Trotter,7
propietario de la franquicia de Coca Cola, Alfonso Riege y otros
empleados de la empresa; por parte del Estado, intervenía
el coronel Germán Chupina Barahona.8
Tuvieron lugar
también, algunas acciones legales por parte de la empresa
que los dirigentes consideraban atentados contra la unidad sindical.
Una de esas acciones consistió en fraccionar la empresa
en 12 razones sociales diferentes.
II.
Acciones contra trabajadores y personas
ligadas al sindicato
El control del
personal de la empresa se ejercía a través de
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que laboraban
en puestos administrativos, tales como el jefe de personal,
el jefe de almacén y el jefe de seguridad.9
Incluso llegaron a la contratación de ex militares, como
en el caso del ex teniente Francisco Javier Rodas Flores,10
quien llegó a la empresa acompañado de tres guardaespaldas.
Pero, además, la empresa contrató a la Policía
Militar Ambulante (PMA) para que se encargara de la seguridad.11
En este contexto,
se produjeron varios atentados contra trabajadores. El 10 de
febrero de 1977, Angel Villegas y Oscar Humberto Sarti fueron
ametrallados en la calzada Aguilar Batres, pero ambos sobrevivieron
al atentado.12
Días antes los dos trabajadores habían acusado
ante los tribunales a uno de los jefes de la empresa, quien
los había amenazado de muerte. El 2 de marzo los asesores
del sindicato, Marta Gloria de la Vega y Enrique Torres, sufrieron
un atentado contra su vida, resultando heridos.13
El 16 de octubre
de 1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general del
sindicato, fue atacado a balazos cuando estacionaba su vehículo
frente a su casa en la zona 11. Del atentado salió ileso.14
Sin embargo, Márquez Pivaral continuó siendo víctima
de actos intimidatorios y amenazas que lo obligaron a abandonar
el país en febrero de 1979.15
Otros sindicalistas
recibieron también amenazas de muerte, suscritas por
el denominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA).16
De acuerdo con
un declarante que trabajaba en la embotelladora: "(...) En
esos días, la empresa era una especie de cuartel y el
ambiente era muy tenso (...). En el lugar donde se marcaba la
tarjeta había una ametralladora calibre 50, a manera
de intimidación, apuntando a la entrada de los trabajadores".17
A pesar de las amenazas y de que los administradores de la compañía
no querían tratar con los sindicalistas, a quienes consideraban
de extrema izquierda,18
el sindicato logró que en febrero de 1978 se suscribiera
el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
No obstante,
entre 1978 y 1980, siete miembros y líderes del sindicato
de la Coca Cola fueron asesinados y dos más fueron desaparecidos
forzadamente. De conformidad con documentación desclasificada,
la empresa embotelladora estaba decidida a acabar con el sindicato:
"(...) Un funcionario norteamericano de la compañía
reconoció, entre otras cosas, que la compañía
estaba decidida a poner fin al sindicato (...)".19
III.
Las ejecuciones arbitrarias de los sindicalistas
El 12 de diciembre
de 1978 fue asesinado Pedro Quevedo y Quevedo, primer secretario
general del STEGSA. El hecho ocurrió a medio día
en la 11¦ avenida y 9¦ calle, zona 19, colonia La Florida, en
el momento que esperaba en la cabina del camión de reparto
placa C-175850. Fue baleado por dos sujetos que se conducían
en motocicleta. Los sujetos se acercaron a la puerta izquierda
del camión y por la ventanilla hicieron varios disparos
que le causaron tres heridas en la cara (en la frente, cerca
de la boca y en el cuello). En total recibió 12 impactos
de bala. Con anterioridad, la víctima había recibido
amenazas de muerte y un conocido suyo, que trabajaba en la Policía
Judicial, le había aconsejado que era mejor que se fuera
del país.20
Al mes siguiente,
el 24 de enero de 1979, fue asesinado Manuel Moscoso Zaldaña.
En el atentado, su esposa, Gladys Castillo de Moscoso, sufrió
heridas graves. Los esposos Moscoso viajaban en un vehículo
Honda Civic P-48639 por la 3¦ calle de la zona 11, colonia Molino
de las Flores, donde fueron atacados a balazos. Se presume que
los autores pensaron que en el vehículo iba Israel Márquez,
secretario general del sindicato, quien días antes había
rentado a las víctimas la casa de su propiedad. Por ello,
la pareja fue víctima de la represión contra el
sindicato de la Coca Cola, a pesar de no tener ningún
vínculo ni relación con esa organización.
Cuando Israel
Márquez salió al exilio, ocupó su puesto
Manuel Francisco López Balam, quien ya había sufrido
antes varios atentados que no fueron denunciados, porque se
valoró que era inconveniente. Incluso, tuvo que irse
a vivir con su familia a la sede de la CNT.
No obstante las
medidas de seguridad que tomó, López Balam fue
asesinado el 5 de abril de 1979 en la 17 avenida y 2¦ calle
de la zona 6, en la tienda El Valle. Igual que en el caso de
Quevedo, López Balam se encontraba realizando su tarea
de distribución del producto de la empresa y fue asesinado
por dos sujetos, quienes lo golpearon con un tubo de hierro
y luego lo degollaron. Cuando otro trabajador acudió
en su auxilio, uno de los asesinos le dijo: "Yo no quiero matarte,
es a él a quien quiero",21
señalando a López Balam. Como en el caso de la
muerte de Quevedo, los dos asesinos, según se reportó,
siguieron en motocicletas al camión de la compañía.
El cuerpo de López Balam mostraba 17 heridas.22
Se afirma que sus agresores intentaron cubrir este crimen como
un acto de delincuencia común (intento de robo).23
Un declarante recuerda que para el entierro de Manuel López
Balam había agentes de la G-2 amedrentándolos
y, a la salida del cementerio, los persiguieron.24
Un declarante
sostiene: "Fue con este hecho que se agudizó la relación
trabajadores-empresa. La confrontación fue muy fuerte.
El número de agentes de seguridad se había redoblado
y hasta tenían perros".25
En los meses
siguientes, la Unión Internacional de Trabajadores de
la Alimentación y Afines (UITA), con sede en Ginebra,
Suiza, al conocer las ejecuciones arbitrarias que se sucedían
contra los trabajadores de la EGSA, iniciaron campañas
internacionales con la finalidad de presionar a los empresarios
de la Coca Cola y a las autoridades guatemaltecas, y detener
la ola de violencia.26
En enero de 1980,
"(...) se hablaba ya más concretamente de boicot a la
producción y al consumo (...) a nivel local; Trotter
[propietario de la franquicia Coca Cola] continuaba empecinado
en mantener sus posiciones. El 2 de febrero había vencido
el convenio colectivo y Trotter se había negado a discutir
uno nuevo (...)".27
El 13 de abril,
ante la negativa de la empresa de discutir el pacto colectivo
que había vencido el 2 de febrero anterior, los trabajadores
recurrieron a los tribunales de trabajo. Ese mismo día,
por la tarde, fueron despedidos 31 trabajadores, entre ellos
tres miembros del comité ejecutivo del sindicato: Marlon
Mendizábal, Florentino Gómez e Ismael Vásquez,
que gozaban de inamovilidad. Estos tres directivos fueron reinstalados
por orden del tribunal.
El 1 de mayo
de 1980, luego de la marcha por el Día del Trabajo, fueron
detenidos Ricardo de Jesús García Ayfan y Arnulfo
Gómez Segura, miembros del sindicato de Coca Cola. Ricardo
de Jesús fue torturado, le quebraron los dedos de los
pies y las manos, y todo su cuerpo presentaba evidencias de
los numerosos golpes recibidos. Su cadáver apareció
en Chiquimulilla, Santa Rosa, cerca de la frontera con El Salvador.28
Arnulfo Gómez Segura, de 22 años de edad, fue
también torturado, con una hoja de afeitar le cercenaron
los labios y la lengua, colocándoselos en los bolsillos
de la camisa, le rompieron los dientes y todo su cuerpo mostraba
señales de golpes. Su cadáver apareció
con tiro de gracia29
en el puerto de Iztapa, kilómetro 119 de la carretera
al Pacífico.
René Reyes,
miembro de base del sindicato, también fue secuestrado
y torturado en mayo de 1980. Su cadáver apareció
en el departamento de Jutiapa.30
Marlon Randolfo
Mendizábal asumió el cargo de secretario general
después de la ejecución de Manuel Francisco López
Balam. Un declarante refiere que en el sindicato de la Coca
Cola la elección del secretario general se hacía
en el mismo velorio del anterior y que la elección era
un compromiso de muerte.31
Marlon Randolfo fue asesinado el 27 de mayo de 1980, cuando
salía de la empresa, poco antes de las cinco de la tarde,
a esperar un bus para ir a su casa. El hecho ocurrió
en la calzada Raúl Aguilar Batres y 23 de la calle zona
11. Marlon Randolfo fue víctima de una ráfaga
de ametralladora disparada por la espalda, a menos de dos metros;
recibió 45 impactos de bala.32
Antes de su muerte, Mendizábal fue sujeto de encarcelamiento
y habían intentado detenerle en julio de 1979. Había
recibido también amenazas de muerte.
Luego del asesinato
de Marlon Randolfo Mendizábal, Mercedes Gómez
fue electo secretario general del sindicato. El 21 de junio
de 1980, hacia las cuatro de la mañana, se produjo el
cambio de turno de trabajo entre Mercedes Gómez y Edgar
René Aldana, afiliado de base del sindicato, dándole
el primero su sombrero33
a Aldana. Momentos después, irrumpieron en la fábrica
varios guardaespaldas de los empresarios y seis policías
militares ambulantes que formaban parte del equipo de seguridad
de la compañía. Fue allí donde capturaron,
torturaron y dieron muerte a Aldana, quizá pensando que
se trataba de Mercedes Gómez.
El mismo día
sábado 21 de junio de 1980, en torno las 11 de la mañana,
se convocó a una reunión en la CNT, en parte para
tratar el caso del asesinato de Edgar Aldana. Sin embargo, por
cuestiones de seguridad, se decidió suspenderla. Debido
a la dificultad de notificar a todas las personas citadas acerca
de la cancelación, varios se presentaron. Esa misma tarde,
27 miembros de la CNT fueron secuestrados, entre ellos Ismael
Vásquez y Florentino Gómez, miembros del Comité
Ejecutivo del sindicato de Coca Cola.34
Nunca más se volvió a saber de ellos.
IV.
Otros hechos de violencia
El 20 de junio
de 1980, sobre las dos de la tarde, en la 13¦ calle y 9¦ avenida
de la zona 11, el jefe de personal de la Coca Cola, teniente
(retirado) del Ejército, Francisco Javier Rodas Flores,
quien se dirigía de su casa a la empresa a bordo de un
carro, fue interceptado por otros tres vehículos. Le
hicieron varios disparos con metralletas. Francisco Rodas perdió
el control del automóvil, estrellándose contra
una pared.35
Luego del hecho, dos de los sujetos bajaron del automóvil
y le dieron el tiro de gracia.36
En este caso, las FAR reconocieron públicamente que lo
habían "ajusticiado".37
El 10 de julio
de 1980, en la madrugada, Justiniano Vargas Casasola, trabajador
de la Coca Cola, fue muerto a cuchilladas, golpes y tiros. Su
cadáver fue arrojado al campo de fútbol Las Ilusiones,
ubicado en la punta de un cerro en la zona 18. La víctima
tenía en su bolsillo un carnet que lo identificaba como
miembro del servicio de Inteligencia militar.38
V.
Conclusiones
La CEH, analizando los antecedentes del caso,
ha llegado a la convicción que entre 1978 y 1980 fueron
ejecutados arbitraria y sistemáticamente siete sindicalistas
pertenecientes a la empresa Coca Cola y una persona particular;
que dos más fueron desaparecidos forzadamente y que los
asesores jurídicos y varios miembros del sindicato sufrieron
amenazas e intimidaciones, violándose de esta manera
el derecho a la libertad, integridad personal y a la vida de
las víctimas, así como el pleno ejercicio del
derecho de asociación.
La CEH, tomando en cuenta numerosos antecedentes
unívocos y concordantes, entre los que se incluyen la
capacidad de acción necesaria para realizar dichas acciones,
el modus operandi de los perpetradores y el control que las
fuerzas de seguridad ejercían sobre la ciudad capital,
presume que los sindicalistas fueron víctimas de operativos
en los que participaron agentes del Estado o personas que actuaron
bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
La CEH concluye, asimismo, que la ejecución
de un funcionario de la empresa por parte de miembros de las
FAR, y la tortura y ejecución de un trabajador, presunto
agente de la inteligencia militar, por desconocidos, constituye
una grave violación al derecho a la integridad personal
y a la vida de estas víctimas.
Por otro lado, la CEH considera que este caso
ilustra la represión selectiva contra uno de los sindicatos
protagonistas del movimiento sindical en Guatemala entre 1970
y 1980, la cual consistió en la eliminación sistemática
de los secretarios generales y miembros del Comité Ejecutivo,
el control de los trabajadores y la inflitración de agentes
de seguridad en la empresa.
Finalmente, la CEH estima que, en el presente
caso, se aprecia no sólo la abierta colaboración
y estrecha relación que existió entre los patrones
de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado, sino también
el ejercicio de una política abiertamente antisindical
y contrainsurgente por parte del Estado.
LISTADO DE LAS VICTIMAS
Ejecución arbitraria
Edgar Rene Aldana Ruano
Manuel Francisco Lopez Balam
Manuel Moscoso Zaldaña
Marlon Randolfo Mendizabal Garcia
Pedro Quevedo y Quevedo
Ricardo de Jesús García Ayfan
Arnulfo Gomez Segura
Rene Reyes
Desaparición forzada
Ismael Vásquez
Florentino Gómez
Herido en Atentado
Angel Villegas
Enrique Torres
Gladys Castillo de Moscoso
Oscar Humberto Sarti
Silverio Vásquez
Marta Gloria de la Vega
Ejecución arbitraria (FAR)
Francisco Javier Rodas Flores
Ejecución arbitraria (desconcocidos)
Justiniano Vargas Casasola
Víctimas Colectivas/Desconocidas:
1
1 Boletín
No. 6, 3 de enero de 1979, ESA. Regrese al Texto
2 Miguel Angel Albizures,
"Tiempo de Sudor y Lucha", Edición Local, pg.
19. Regrese al Texto
3 La petición
fue presentada el 11 de agosto de 1975. Regrese al Texto
4 El CNUS logra constituirse
el 31 de marzo de 1976. Regrese al Texto
5 Testigo directo
CEH. (T.C. 420). Regrese al Texto
6 Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Nro. 38/81,
caso 4425 (Guatemala) 25 junio 1981. Regrese al Texto
7 Embajada de EE
UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado. Junio, 1979.
Pq.1-29. "Trotter, miembro del MLN, tenía antecedentes
de ser un radical antisindicalista, defensor del Gobierno de
Lucas García, y sostenía que las condiciones en
Guatemala habían mejorado desde que su Gobierno estaba
en el poder". Regrese al Texto
8 Testigo directo
CEH. C 777. Testigo de referencia CEH (T.C. 81). Sostiene que
hubo reuniones entre los empresarios y altos agentes del Estado,
éstos decían a los primeros: "(...) Miren,
si ustedes quieren que desaparezca el movimiento sindical, y
nosotros lo hacemos, sólo tiene que hacer dos cosas,
darnos la lista de la gente y darnos equis cantidad de plata
y nosotros le hacemos el trabajo, y ellos lo hicieron". Regrese
al Texto
9 Testigo directo
CEH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compilación
de Informes Publicados Sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Guatemala 1980-1995, Resolución No. 38/81,
caso 4425 (Guatemala), 25 de junio de 1981, pg. 96. En este
informe se sostiene que estas personas fueron Juan Francisco
Rodas, Edgar Gudiel Castro y Julio García. Regrese
al Texto
10 En la empresa
ocupó los cargos de asistente de personal, jefe de personal,
asistente ejecutivo y jefe de relaciones industriales. Regrese
al Texto
11 Testigo directo
(miembro del sindicato de la época) CEH. Regrese al
Texto
12 Frundt, Henry,
Refreshing Pauses, Coca Cola and Human rights in Guatemala,
Praeger, Estados Unidos, 1987, pg. 25-26. Regrese al Texto
13 Finalmente ambos
salieron al exilio en 1978, luego que las amenazas y los secuestros
contra sindicalistas se incrementaran. Regrese al Texto
14 Miguel Angel
Albizures, Ob.cit., pg. 43. Regrese al Texto
15 Embajada de EE
UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, abril, 1979,
Pq. 3-41. Regrese al Texto
16 Testigo directo
CEH. (T.C. 81). Regrese al Texto
17 Testigo directo
CEH. (T.C. 49). Regrese al Texto
18 Embajada de EE
UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, mayo, 1980,
Pq. 3-56. Regrese al Texto
19 Embajada de EE
UU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, abril, 1979,
Pq. 3-41. Regrese al Texto
20 Testigo directo
CEH. C 222. Regrese al Texto
21 Nuevo Diario,
6 de abril de 1979. Regrese al Texto
22 Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 38/81
caso 4425 (Guatemala), de 25 de junio de 1981, Ob.cit., pg.
86. Regrese al Texto
23 Miguel Angel
Albizures, Ob.cit., pg. 55. Regrese al Texto
24 Testigo directo
CEH. (T.C. 419). Regrese al Texto
25 Testigo directo
CEH. (T.C. 49). Regrese al Texto
26 Miguel Angel
Albizures, Ob.cit., pg. 76-77. Regrese al Texto
27 Ibidem. pg. 79.
Regrese al Texto
28 Ibidem. pg. 48.
Regrese al Texto
29 Prensa Libre,
3 de mayo de 1980, pg.3. Regrese al Texto
30 Miguel Angel
Albizures, Ob.cit., pg. 48. Regrese al Texto
31 Testigo directo
CEH. (T.C. 419). Regrese al Texto
32 Testigo de referencia
CEH. Prensa Libre, 28 de mayo de 1980, pg. 4. Regrese
al Texto
33 Mercedes Gómez
solía usar un sombrero por el que le identificaban. Regrese
al Texto
34 CI 51. Junio,
1980. Guatemala. Regrese al Texto
35 Impacto,
21 de junio de 1980. Regrese al Texto
36 Prensa Libre,
21 de junio de 1980. Regrese al Texto
37 Comunicado FAR
, Dirección Nacional Guatemala, 20 de junio de 1980.
Regrese al Texto
38 Prensa Libre,
11 de julio de 1980. 1 68