CASO ILUSTRATIVO No. 99

TORTURAS, DESAPARICIONES Y EJECUCIONES

EN SAN VICENTE PACAYA

     "(...) yo siento dolor por todos los que mataron injustamente, la gente sólo buscaba tierra (...); los parcelamientos se hicieron en tiempos de Arbenz (...) hicieron un montón de barrabasadas los señores de la liberación y el Ejército, pero lo más en tiempos de Arana Osorio; (...) daba lástima".1 

I.

Antecedentes

     Antes de la reforma agraria de 1953 los campesinos de San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla, arrendaban la finca El Barretal, propiedad del teniente coronel Manuel de Jesús Arana Mansilla. El sistema de arrendamiento consistía en entregar al dueño de la finca dos quintales del producto cosechado por cada manzana de tierra arrendada.

     En la época del presidente Arbenz se formó un Comité Agrario Local, el cual solicitó al Departamento Agrario Nacional la expropiación de cuatro caballerías con 53 manzanas de la finca El Barretal.2  Los que solicitaban la expropiación eran miembros de la Unión Campesina de San Vicente Pacaya, que se constituyó para arreglar los asuntos relacionados con la Ley de Reforma Agraria. El 5 de febrero de 1953 se expropió en favor de los solicitantes parte de la finca el Barretal.3 

El 19 de agosto de 1954, después del golpe de Estado contra Arbenz, el teniente coronel Arana Mansilla presentó un recurso extraordinario de revisión, solicitando que se le restituyera su propiedad, aceptando que le expropiasen menos de una caballería.

     Sin embargo, en octubre de 1954, antes de que se resolviera la petición de restitución de tierras presentada por el teniente coronel Arana, los campesinos parceleros fueron obligados por el inspector agrario y por el patrono a desalojar sus parcelas. Al respecto, un testigo afirma: "(...) Debíamos devolver las parcelas, o caso contrario se nos acusaría de comunistas y saldríamos en peores circunstancias, evitando esas represalias y con la confianza que cumplirían su oferta [pagar por las siembras que se perderían y arreglar las deudas con el Banco Agrario que los campesinos habían contraído], no tuvimos inconvenientes en dejar las parcelas ya que se nos obligaba a ello (...) pero torcidamente todos perdieron, no sólo sus siembras sino que también la parcela".4 

     En agosto de 1955 se inició la revisión legal de la expropiación de 1953. En una inspección ocular, se determinó que la finca estaba cultivada con café y que en ella funcionaba una empresa lechera que "aunque no tenga ganado, esto se debe a que en su mayor parte se vendió por la expropiación de que había sido objeto y siendo así, como está probado en autos, la misma Ley de Reforma Agraria, Decreto 900, declara su inafectibilidad".5 

     Finalmente, fue acogido el recurso y se procedió a "reintegrar al dominio de su propietario el exceso de tierras que resulta entre lo expropiado anteriormente y lo acordado en la presente resolución".6  De este modo, en 1956 se formalizó el desalojo realizado con anterioridad y la poca tierra que se repartió -menos de una caballería- benefició sólo a las personas que eran incondicionales del patrón en lo político y lo personal; o sea, simpatizantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

     La gran mayoría de campesinos perjudicados llevó a cabo gestiones para recuperar las tierras y lograr ser exonerados de pagar los créditos que el Banco Agrario les había otorgado anteriormente para sembrar las tierras.7  Todas las peticiones de revisión de las medidas de restitución de tierras al patrón interpuestas por parte de los campesinos fueron denegadas. Además, los campesinos fueron perseguidos y reprimidos. Según un declarante, "estuvieron presas como 500 personas (...), de los que tenían parcelas y de los que no tenían también, estuvieron allí detenidos que no cabían en las escuelas de San Vicente Pacaya (...). Muchos permanecieron hasta seis meses detenidos (...)".8  De igual forma, varios testigos afirman que muchas personas fueron asesinadas por los "liberacionistas".9  En consecuencia, mucha gente se desplazó hacia otros lugares.

     Los sucesos que ocurrieron posteriormente en San Vicente Pacaya tienen sus orígenes en ese enfrentamiento originado por la tenencia de la tierra. Desde esa época la población se dividió entre los que apoyaron a Arbenz, que se identificaban con el Partido Revolucionario (PR), y los que apoyaron a Castillo Armas, simpatizantes del MLN. Estos últimos contaron con el apoyo de las estructuras del Estado para reprimir a sus adversarios políticos y, en varias oportunidades, se llevaron presos a miembros del PR. Un ejemplo se encuentra en lo sucedido en 1963, cuando varios pobladores de San Vicente Pacaya fueron detenidos, entre ellos el presidente de la Unión Campesina. Asimismo, los miembros del MLN hacían listados de las personas que consideraban "revolucionarias".10  En 1963 la Policía detuvo a 20 y las privó de su libertad durante cuatro meses.11 

     En 1966, 1968 y 1970 la alcaldía de San Vicente Pacaya fue ganada sucesivamente por el Partido Revolucionario. El Ejército decía que había guerrilleros en la zona del volcán Pacaya; sin embargo, la mayoría de las víctimas estaba organizada en el PR y algunos pocos en el Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT). Un declarante confirma que "la gente estaba organizada, pero en partidos nada más del Partido Revolucionario, ese era su partido favorito de ellos, pero a todos nos culpaban de comunistas, nos trataban de guerrilleros, todo era injusto (...)".12  Los pocos simpatizantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) no fueron combatientes y tampoco tenían armas.

II.

Los hechos

     El 15 de enero de 1971,13  en horas de la mañana, un batallón del Ejército, miembros de la Policía Judicial y comisionados militares, ingresaron en el centro de San Vicente Pacaya portando una lista de nombres de personas consideradas como "revolucionarias". Catearon sus casas y practicaron varias detenciones. Algunos de los capturados, como el alcalde saliente y el ex alcalde durante el Gobierno de Arbenz, lograron huir.

     Luego, los militares se dirigieron a la aldea vecina El Patrocinio, ubicada a unos diez kilómetros de San Vicente. A El Patrocinio llegaron más soldados en helicópteros, capturaron a muchas personas y ejecutaron a otras más, cuyos cuerpos fueron arrojados a unas zanjas que habían cavado previamente. Tras estos hechos, los miembros del Ejército se establecieron en una parcela, propiedad de uno de los vecinos, y estuvieron en ella durante unos 22 días. Un declarante que logró escapar cuenta: "(...) El Ejército andaba para arriba y para abajo (...) los comisionados nos cuidaban (...) pero cuando vinieron los aviones se distrajeron y nos escapamos (...)".14 

     Después, se trasladaron a la aldea Calderas de Amatitlán, cercana a El Patrocinio y continuaron con la tarea de reprimir a los simpatizantes del PR, a los que habían participado en los reclamos de tierras durante el Gobierno de Arbenz y a quienes siguieron organizados. Algunas de las personas a las que no habían capturado en las aldeas, por haber huido del despliegue militar, cayeron prisioneras pocos meses después en otras zonas de la región.

     En el campamento militar ubicado en la aldea El Patrocinio, el Ejército montó un centro de tortura y ejecuciones. Luis Arriaga Martínez, de 20 años, fue torturado y ejecutado. Uno de los sobrevivientes recuerda haber recogido el que tal vez fuera su cadáver, que "tenía deshecha la cara a balazos".15  Las torturas consistían en meter a los detenidos en un tonel de agua y golpearlos constantemente. Un declarante cuenta que a "Francisco Díaz dicen que lo metieron dentro de un saco de yute, dentro de un costal y ahí lo ametrallaron".16  Otro testigo, que vivía cerca de donde se encontraban destacados los militares, afirma: "(...) Los traían de noche y los venían a enterrar, los traían en carros a los pobres hombres, eran de San Vicente Pacaya; a mí me pedían azadones y hachas para los malos usos que estaban haciendo, detenían a buenos y malos, venían en carros del Ejército, tenían como 60 presos amarrados a las estacas, se paraban sobre de ellos, los colgaban, los quebraban, les ponían las capuchas de gamezán (...)".17 

     De igual modo, miembros del Ejército llegaban a otras aldeas cercanas, cateaban las casas y tiraban las cosas afuera. Detenían a las personas que buscaban, las llevaban al destacamento ubicado en la aldea El Patrocinio y las torturaban. Un detenido que sobrevivió, cuenta: "(...) Me llevaron rumbo a la aldea El Patrocinio. A medio camino pararon y me ataron de pies y manos y me vendaron los ojos (...); así, todo doblado, los soldados se me subían encima y me golpearon, casi me quiebran. Un sargento daba las órdenes, me colgaron de un palo, cabeza abajo, me tuvieron cinco días sin comer y vendados los ojos, me pusieron la capucha de gamezán y me golpeaban, me preguntaban quiénes eran mis amigos de asaltar y me acusaban de guerrillero. Había un montón de gente tirados en el piso y amarrados, luego se me nublaba la vista y perdí la vista, estuve mucho tiempo con un gran dolor en el pecho por las costillas quebradas (...)".18 

     Las mujeres que iban a dejar comida a sus maridos, detenidos en el destacamento militar, eran violadas por los soldados. Un testigo confirma que "(...) entraban a servirse [violar] de las mujeres (...), a las mujeres que venían a traer comida a sus familiares presos las dejaban ir, pero primero se servían de ellas (...)".19  Algunos detenidos fueron trasladados a una aldea conocida como Cueva de la Llorona, donde se dice que ejecutaron a unas 30 personas.

Las víctimas eran campesinos pobladores del municipio San Vicente Pacaya, la mayoría miembros del Partido Revolucionario y varios habían tenido un destacado papel en la Unión Campesina y el Comité Agrario Local durante el Gobierno de Arbenz.

     No ha sido posible establecer con precisión la cantidad total de detenidos, torturados, desaparecidos forzadamente y ejecutados arbitrariamente entre enero y mayo de 1971. La CEH logró, mediante declaraciones, identificar solamente a 31 víctimas, pertenecientes todas ellas a varias aldeas del municipio de San Vicente Pacaya.

III.

Conclusiones

Analizados los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la convicción de que decenas de habitantes de las comunidades del municipio de San Vicente Pacaya, fueron arbitrariamente capturados, torturados, ejecutados o desaparecidos forzadamente por agentes del Estado, específicamente miembros del Ejército, de la Policía Judicial y comisionados militares, en violación de sus derechos humanos.

Además, asiste a la CEH la convicción fundada de que varias mujeres fueron violadas sexualmente por soldados, atentando gravemente contra su derecho a la integridad física y moral.

La CEH considera que la militancia o preferencias políticas de las víctimas no otorgan ningún tipo de justificación jurídica o ética para efectuar este tipo de acciones criminales.

Este caso demuestra el grado de intolerancia ideológica prevaleciente en la época y en que forma se utilizó la lucha contrainsurgente como pretexto para violar los derechos humanos y por la fuerza el sistema de la tenencia y propiedad de la tierra.

Finalmente, la CEH estima que los hechos a que se hace referencia en el presente caso, revelan la estrecha colaboración entre el Ejército y los miembros del MLN e ilustran la represión sistemática ejercida contra la oposición política y, particularmente, el propósito de aniquilar la organización social y política de las aldeas de San Vicente Pacaya.

      LISTADO DE LAS VICTIMAS

Ejecución arbitraria, Tortura

Francisco Diaz

Luis Arriaga Martinez

Desaparición forzada, Tortura, Privación de Libertad

Antonio Barillas Ibañez

Esteban Martinez Arriaga

Feliciano Peralta Chacon

Felipe Martinez Arriaga

Matilde Carrera Mujangos

Desaparición forzada

Alejandro Roque Carrera

Alfredo Gonzalez Peralta

Baltazar Carrera

Esteban Cachin

Catalino de Jesus Gonzalez

Eulalio Gonzalez

Felipe Cachin

Francisco Arias Velis

Ivan Cachin

Juan Roque Carrera

Justiciano Santizo Arias

Onofre Martinez Lopez

Tortura, Privación de Libertad

Boanergues Peralta

Cecilio de Jesus Contreras Bustamante

Cesar Carrera

Francisco Peralta

Juan Cruz

Manuel XXX

Pedro Jimenez

Vicente Osorio Jimenez

Vicente Quezada

Tortura

Demetrio Peralta

Privación de Libertad

Francisco Garrido

Santiago Gomez

Víctimas Colectivas/Desconocidas: 20

1  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

2  Folio 0026, expediente INTA, "Por cultivarla nosotros en su totalidad como arrendatarios y por existir en nuestro poder la escritura verídica donde consta que dicho terreno perteneció al pueblo de San Vicente Pacaya, quitada después por los gobiernos tiranos para repartírsela entre ellos mismos abusando de autoridad y de las leyes que ellos mismos elaboraron a su antojo". Regrese al Texto

3  Acuerdo gubernativo No. 29 del 19 de agosto de 1953. Regrese al Texto

4  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

5  Folio 00121, Expediente INTA, finca el Barretal. En la inspección ocular realizada previa a su expropiación se consigna que había 20 cabezas de ganado en toda la finca y un beneficio de café poco utilizable. Regrese al Texto

6  Folio 00121, Expediente INTA, finca El Barretal. Regrese al Texto

7  Petición al Banco Agrario Nacional, abril de 1955. "A raíz del cambio de gobierno con intervención del patrono y un Inspector Agrario se nos quitaron las parcelas indicándosenos que quedábamos exentos de todo pago. El Banco Agrario Nacional, con base en nuestra solicitud y exposición resolvió que debemos hacer nuevos contratos pagando los intereses respectivos y prorrogándonos por un año más, cosa que consideramos injusta porque nosotros solicitamos la exoneración por no haber aprovechado nada de las siembras y habérsenos quitado las parcelas, ahora estamos en buena disposición de cumplir con las obligaciones, previo solicitamos que nos entreguen las mismas". Regrese al Texto

8  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

9  Testigo directo CEH. Aurelio Rivera y Magdaleno Arraiga, ambos organizados en comités agrarios, fueron asesinados en 1954. Regrese al Texto

10  Aquí el concepto de revolucionario se utiliza para designar las personas que adherían a los postulados de la revolución del 20 de octubre de 1944. Regrese al Texto

11 Uno de los detenidos en esa ocasión fue Fruto González, secretario general de la Unión Campesina en 1953, los demás detenidos habían sido miembros de la Unión Campesina y beneficiarios de la Reforma Agraria. Regrese al Texto

12  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

13  Los hechos ocurrieron durante el Gobierno del general Arana Osorio, quien era sobrino del teniente coronel Arana Mansilla, propietario de la finca El Barretal. Regrese al Texto

14  Testigo directo CEH. C 13303 (Declarante No. 1). Regrese al Texto

15  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

16  Testigo de referencia CEH. Regrese al Texto

17  Testigo directo CEH. C 13303. Regrese al Texto

18  Ibidem. Regrese al Texto

19  Ibidem. 1 202