Anexo I

• Volumen 1
  Casos ilustrativos
  
  
• Volumen 2
  Casos ilustrativos

      CASO ILUSTRATIVO No. 44

MASACRE EN LA ALDEA LA LLORONA

EL ESTOR, IZABAL

     "Quedaron manchadas por ser las viudas de los hombres que trajeron esta tristeza a la aldea. Todavía existe este odio entre nosotras. Siempre dicen que somos mujeres de guerrilleros".1 

I.

Antecedentes

     La Llorona, ubicada a unos 18 kilómetros de El Estor, en el departamento de Izabal, es una aldea pequeña, con no más de veinte casas. La mayor parte de sus primeros pobladores llegó de las áreas de Senahú y Panzós, Alta Verapaz. En 1981 la población total era de unas 130 personas, todas pertenecientes a la etnia maya q'eqchi'. Pocos habitantes dominaban el castellano y la mayoría trabaja en su propia milpa; prestaban esporádicos servicios a los finqueros locales. En los alrededores se encuentran las aldeas El Bongo, Socela, Benque, Río Pita, Santa María, Plan Grande y Nueva Esperanza.

En los años setenta y ochenta las comunidades de todas las aldeas, a excepción de Nueva Esperanza, profesaban la religión católica.

En el pasado, las tierras de la región habían sido utilizadas para producir chicle, pero en esos años ya predominaba la actividad ganadera.

Los conflictos en la zona se relacionaban con la tenencia de la tierra, destacando la incertidumbre sobre los límites territoriales entre fincas y comunidades, y la ausencia de títulos de propiedad.

     El poder real era ejercido por algunos finqueros. La figura dominante era "Beto" Ponce, miembro de la familia más poderosa del municipio y dueño de la finca Secacou.

     Como en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) no existía registrado un legítimo propietario del terreno que ocupaba La Llorona, la comunidad permanecía en la creencia de que la tierra pertenecía al Estado, por lo que, en los años setenta, inició los trámites para obtener el título de propiedad. Sin embargo, según testimonios aportados a la CEH, otro finquero que ejercía gran influencia en la zona ocupó parte del terreno, generándose una situación conflictiva entre él y la comunidad.

Los hombres de la aldea, por iniciativa propia, trazaron un nuevo límite entre los terrenos comunitarios y los del finquero, pero el problema se mantuvo latente.

     En las comunidades aledañas a La Llorona no existía opinión uniforme sobre este conflicto. Un testigo afirma: "(...) La gente de la aldea Benque estaba en favor de los finqueros".2  Los pobladores de Benque movieron el mojón que señalaba el límite fijado por los hombres de La Llorona, lo cual desencadenó a su vez una situación de antagonismo entre ambas comunidades.

     En la segunda mitad de los años setenta aparecieron las primeras noticias sobre la presencia de la guerrilla en las aldeas. "(...) Hace 23 años entró Ramón, hablando con la gente. Pasaron a las aldeas, pidiendo comida, al principio dijeron que eran vendedores y compradores de coches. Su líder era un hombre de nombre Don Ramón; él dijo que era del Ejército de los Pobres [EGP]".3  Pasó por muchas aldeas preguntando qué problemas tenía la gente y brindándose a solucionarlos. Decía a los campesinos que la tierra pertenecía a los pobres y que no debían confiar en los finqueros.

     Ya en 1977, Ramón visitaba con asiduidad la aldea La Llorona y, al constatar que el asunto del terreno estaba causando muchos problemas en la comunidad, reunió a la gente para practicar nuevas mediciones, lo cual hizo que cundiera el temor entre los propietarios agrícolas. "Los de las fincas pensaron que él iba a matar a ellos".4 

     El temor de los finqueros no era infundado. En 1977 el grupo al mando de Ramón ejecutó arbitrariamente al finquero español José Hernández, cerca de la finca El Recreo, de su propiedad.5 

     A raíz de este hecho, se formó un grupo clandestino, apodado como "Guerrilleros de los Ricos", para proteger los intereses de los finqueros.6  Los hombres que trabajaron para este grupo, en el pueblo y en el campo, recibían una paga. Según un declarante: "Los finqueros hicieron un sueldo de 20 quetzales diarios para ir a hacer daño a la gente, pero eran 100 quetzales por matar a la víctima".7  De acuerdo con lo que señalan múltiples testimonios, fue una alta autoridad pública de El Estor quien organizó el grupo y pagó a sus integrantes por los desafueros cometidos en las aldeas contra los "enemigos de los finqueros", proviniendo la financiación de un importante propietario agrícola. El grupo, irregular, tuvo relación con los comisionados militares de la región y, según múltiples declarantes, fue aquella alta autoridad de El Estor la que actuó como intermediaria, a efectos de información, entre el grupo y los mandos del Ejército,8  aunque también se produjeron rivalidades mutuas. La asociación clandestina asesinó a varias personas, incluyendo víctimas que no tenían vinculación alguna con grupos insurgentes.

En diciembre de 1978 el líder del grupo del EGP, Ramón, fue capturado por soldados del destacamento militar de El Estor y trasladado a la zona militar de Puerto Barrios.

Al cabo de dos años regresó a El Estor; pero esta vez como oficial de la G2 del Ejército de Guatemala.

     A mediados de septiembre de 1981, Ramón, luciendo uniforme militar, formó parte del grupo de soldados que llegó a la aldea. Esta visita anticipó los hechos que se narran a continuación. "Vino el Ejército, subieron la bandera de Guatemala al lado de la escuela. El teniente vino a hablar y con él anduvo el jefe de los comisionados militares de una aldea vecina, quien nos dijo que 'hay 5 espinas entre ustedes, luego llegarán a saber quiénes son'. Nos dieron órdenes de subir y bajar la bandera. Lo hicimos por casi un mes".9 

II.

Los hechos

     Al atardecer del 28 de septiembre de 1981 un oficial del Ejército, acompañado de cuatro soldados y un comisionado militar, se reunieron con cerca de treinta civiles en una casa de la finca El Murciélago, para intercambiar informaciones sobre la operación que se realizaría al día siguiente. El encuentro se prolongó hasta la madrugada.

     El 29 de septiembre de 1981 a las siete de la mañana, más de treinta civiles, la mayoría de Nueva Esperanza, entre los cuales se contaban varios conocidos "informantes" de la Inteligencia militar, acompañados de algunos comisionados militares y de un pequeño grupo de soldados y oficiales del Ejército, se apostaron en los alrededores de La Llorona. Luego, entraron en la aldea. Los civiles y los comisionados ingresaron a doce casas y, de cada una de ellas, fueron sacando a los hombres. "Los mataron a todos con plomo. Cada uno en frente de su casa. No tenían tiempo para defenderse".10  Los que intentaron huir también fueron muertos. A las mujeres que trataban de proteger a sus esposos las arrojaban al suelo y allí les pegaban.

     Uno de los hombres, al que acribillaron mientras huía, simuló estar muerto. Fue el único sobreviviente entre los varones que habitaban esas doce casas.

Mientras los comisionados militares y los civiles ejecutaban a los hombres, los soldados sustraían desde las casas las pertenencias de las víctimas.

     En menos de media hora, los autores del asalto salieron de la aldea. Los cuerpos de las víctimas, catorce en total, quedaron frente a las casas.

     Las mujeres, pese a haber sido amenazadas de muerte en caso de contar lo sucedido, corrieron hasta la aldea más cercana, el Bongo, para pedir auxilio. Después de unas horas, llegaron con personas que las ayudaron a sepultar los cadáveres. Días más tarde, las viudas, con sus casi 60 niños huérfanos de padre fueron acogidas por la parroquia de El Estor, donde les proporcionaron habitación y alimentos por varios días, hasta que regresaron los soldados y las obligaron a volver a su aldea.

     De regreso a La Llorona, las mujeres continuaron siendo víctimas de abusos cometidos por los comisionados militares de la vecina aldea El Bongo. Varias fuentes señalan que las golpeaban, al tiempo de acusarlas de ser esposas de comunistas y guerrilleros.

     A la vez, dos viudas de sendos ejecutados el 29 de septiembre establecieron relaciones íntimas con los comisionados militares de El Bongo. "Ellas atendieron bien a los hombres, no sabemos si fue por miedo o qué".11  Más tarde, una de estas mujeres contrajo matrimonio con uno de los comisionados. Esta situación originó divisiones que aún persisten en la comunidad.

     Después de la masacre, los huérfanos, de modo particular los varones mayores de doce años, fueron también víctimas de abusos físicos por los comisionados de El Bongo y Nueva Esperanza. Señala una fuente que, en una ocasión, el jefe de los comisionados de una de las aldeas se apoderó de un huérfano y "le llevó y le amarró en una hormiguera. Dijo que era ladrón como su papá".12 

     Por otra parte, en esos mismos días, comisionados de Nueva Esperanza, cuya población pertenecía en su mayoría a la Iglesia Evangélica "Príncipe de Paz", ingresaron al templo católico de La Llorona y, luego de destruir uno de los relicarios, se apropiaron de algunos objetos de especial significación religiosa, como crucifijos. Acto seguido, calificando a los católicos de comunistas, exhortaron a la gente a abandonar su religión e ingresar a la nueva iglesia, a cuyo culto sería destinado el templo. Sin embargo, desde ese día ningún miembro de la aldea La Llorona volvió entrar en aquel recinto, hasta un mes después, cuando recobró su condición de templo católico.13 

     La actividad económica y social se trastocó en la aldea. Las viudas tuvieron que asumir los trabajos que realizaban sus esposos. Debido a su falta de conocimiento en el cultivo de la tierra, cosecharon muy poco maíz y frijol. "A veces no comían, cuando se terminó tenían que comprar su maíz; de la milpa sacaban muy poco porque no lo hicieron bien (....), hubo enfermedades, especialmente entre los niños y los ancianos, no había comida ni ropa. El maestro de la aldea salió, en parte por miedo, pero tampoco valió la pena que se quedara porque los jóvenes tenían que trabajar. Tampoco podían gastar dinero en útiles. La aldea no tuvo maestro en los siguientes cuatro años".14 

     Los hechos generaron, finalmente, la desintegración de la comunidad. Algunas mujeres de la aldea sostienen, hasta el día de hoy, que sus esposos fueron asesinados por culpa de otros tres que estaban vinculados con la guerrilla y estaban involucrados en el conflicto de tierras. Las esposas de estos últimos "quedaron manchadas por ser las viudas de los hombres que trajeron esta tristeza a la aldea. Todavía existe este odio entre nosotras. Siempre dicen que somos mujeres de guerrilleros".15 

     Según algunos declarantes, el finquero con quien los aldeanos disputaban la tierra, aprovechó la situación para apropiarse de otras doce manzanas de terreno. Las mujeres, según indican las fuentes, tuvieron temor de denunciar el hecho a las autoridades.

     El temor persiste hasta hoy.16 

III.

Conclusiones

     La CEH llegó a la convicción de que, en los hechos investigados, pobladores inermes de la aldea La Llorona fueron ejecutados por civiles y por comisionados militares. La participación de estos últimos elementos, colaboradores institucionales del Ejército de Guatemala, así como la presencia, aquiescencia y protección que los soldados prestaron a los autores de las ejecuciones, permite concluir que los hechos constituyeron una violación del derecho a la vida.

Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que mujeres y huérfanos de esa finca sufrieron violaciones de su derecho a la integridad física y moral, cometidas por los mismos civiles y colaboradores del Ejército, bajo la tolerancia de los responsables de esta institución del Estado.

     La CEH considera que este caso es ilustrativo de la influencia que ejercieron conflictos no resueltos sobre tenencia de la tierra, tanto en la estrategia de penetración de la guerrilla en población civil ajena al enfrentamiento armado, cuanto en la utilización del aparato del Estado contra campesinos pobres y en beneficio de propietarios de fincas agrícolas. A la vez, ilustra la estrecha vinculación que, a través de comisionados militares y otros colaboradores del Ejército, se estableció entre esta institución y aquellos propietarios.

El caso ilustra, también, los efectos negativos que el inevitable involucramiento de la población civil en el enfrentamiento armado interno acarreó para la convivencia social, incluso entre las propias víctimas.

Finalmente, los hechos revelan el carácter instrumental que, para los objetivos de la lucha contrainsurgente, revistió la aparición de algunas agrupaciones religiosas que se levantaron como alternativa a la labor pastoral de la Iglesia Católica en el campo.

LISTADO DE LAS VICTIMAS

Ejecución arbitraria

Agustin Tiul Tiul

David Mucu Chiquin

Domingo Chub Choc

Domingo Ico Caal

Francisco Coc

Hermelindo Pop Asiq

Manuel Chub Tiul

Manuel Ico Caal

Mateo Ico Caal

Ricardo Tzuy

Santiago Chub Sub

Santiago Coc Chub

Valeriano Mucu

Victor Ical

Torturas y otras violaciones

Angelina Choc

Luciana Sub

Manuela Chub

Marta Tiul Tacaj

Matilde Caal Rax

Natalia Choc

Paulina Chun

Rosario Chub Coc

Tecla Choc

Víctimas Colectivas/Desconocidas: 7

1  Testigo directo (viuda) CEH. Regrese al Texto

2  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

3  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

4  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

5  C 1102.1977. Regrese al Texto

6  Testigo directo (ex catequista) CEH. Regrese al Texto

7  Testigo directo (ex comisionado) CEH. Regrese al Texto

8  Testigo directo (ex soldado del Ejército de Guatemala) CEH. Regrese al Texto

9  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

10  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

11  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

12  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

13  En esos días, alrededor de trescientas personas armadas, encabezadas por un comisionado militar, rodearon la vecina aldea de El Bongo, amenazando de muerte a quienes no se integraran en la nueva iglesia. Regrese al Texto

14  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

15  Testigo directo CEH. Regrese al Texto

16  Luego de que la CEH visitara por primera vez la aldea, algunos habitantes se acercaron al catequista local, con quien tienen mucha confianza, transmitiéndole su temor por la circunstancia de prestar testimonio sobre hechos que "podrían volver a ocurrir". 1 8