AGUDIZACION DE LA VIOLENCIA Y MILITARIZACION DEL ESTADO (1979-1985)

359.

     Durante el período comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los Gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya.

360.

     En el Gobierno de Lucas García (1978-82), la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente durante los años previos, así como combatir a la guerrilla. Posteriormente, Efraín Ríos Montt (1982-83) le dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil que habitaba las áreas de conflicto. Paralelamente el Ejército implantó estructuras militarizadas como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para consolidar su control sobre la población, buscando contrarrestar la influencia de la insurgencia y reducir las causas que generaban malestar entre la población organizando, los denominados polos de desarrollo.261 

361.

El Gobierno del general Humberto Mejía Víctores (1983-85) continuó con esta estrategia, fortaleciendo la militarización con la expansión e institucionalización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), y dándole un fuerte empuje a los polos de desarrollo y aldeas modelo.

El Gobierno de Lucas García

362.

     En 1978 los militares continuaron con el modelo electoral de los años anteriores. La tercera elección militar fue la del ex ministro de la Defensa, general Romeo Lucas García como presidente y la del civil Francisco Villagrán Kramer como vicepresidente. La elección se dio en medio de una crisis política. Se rompió la alianza anticomunista PID-MLN. El primero pasó a aliarse con el PR y otros pequeños partidos, con los cuales formó un Frente Amplio. Los resultados de los comicios del 5 de marzo de ese año originaron una vez más protestas, violencia y denuncias de fraude. El Congreso practicó la elección de segundo grado el día 13 de aquel mes, desestimando las pruebas de la victoria del coronel Enrique Peralta Azurdia (candidato del MLN). La tendencia a la abstención electoral se acentuó con un 63.5% de no votantes.262  Fue este el binomio electoral menos votado en la historia del país, prueba de la poca legitimidad del modelo militar y del régimen político.

363.

     El terror que se desató durante este Gobierno desestructuró todas las organizaciones sociales, políticas y profesionales existentes. La administración de la justicia también se vio fuertemente afectada por ello. Jueces y abogados fueron asesinados con el objeto de paralizar completamente a la justicia y toda acción de protección de los derechos humanos. En ningún otro período se ejecutaron tantos jueces y abogados,263  especialmente, aquellos que habían dado trámite a recursos de exhibición personal o que habían dictado resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. Ante esta represión otros jueces y abogados optaron por plegarse a las imposiciones del Ejecutivo para la aplicación de la justicia. Las constantes violaciones a los derechos humanos llevaron al Vicepresidente de la República a su renuncia en 1981, siendo sustituido por el coronel Oscar Mendoza Azurdia.

364.

     El Gobierno de Lucas García aunque también impulsó proyectos de infraestructura y desarrollo y continuó la estrategia militar de modernizar la economía, tuvo menos éxito en relación con los cambios económicos que los dos anteriores. El presupuesto del Estado pasó de 355.6 millones de dólares en 1974 a 942.6 en 1978, aumentó la burocracia y se crearon nuevas entidades estatales en contra de la voluntad del CACIF. La inestabilidad política tanto en el país como regional que se vivía ahuyentó las inversiones nacionales y motivó la fuga de capitales que se estima alcanzó entre 800 millones a 1.5 millones de dólares durante los primeros años de la década de los ochenta.264 

365.

     Dentro de las políticas económicas emprendidas por este Gobierno se encuentran el plan de desarrollo de la Franja Transversal del Norte, la construcción del nuevo puerto del pacífico y de varios edificios públicos, la creación de la Secretaría de Minería, Hidrocarburos y Energía Nuclear, dependencia de la Presidencia de la República y destinada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos minerales y aprovechamiento de la energía nuclear. En los años posteriores la adjudicación de licencias para la exploración y explotación de estos recursos dependió del Ejecutivo y de las fuerzas económicas ligadas al Gobierno.265 

366.

     Otros factores fueron negativos a la administración de Lucas García, entre ellos el aumento desmedido de la corrupción que en Gobiernos anteriores se había convertido en un mal crónico. Los proyectos de desarrollo fueron respondiendo a demandas personales más que a una lógica de progreso económico. Así el trabajo del FYDEP266 , o la colonización de la Franja Transversal del Norte, que convirtieron en grandes terratenientes a un grupo de generales, empresarios y profesionales afines al Gobierno; o en "el periférico nacional" un proyecto de red vial que debía vincular todo el territorio, para el cual se hicieron pagos cuantiosos aunque ni siquiera se empezó.

367.

     Durante 1978 se dio un alza inmoderada en los precios de los productos de primera necesidad, que provocó a lo largo de todo el año una fuerte presión del sector laboral, que demandaba de los patronos un incremento de los salarios. Aunque se logró un reajuste a la tabla de salarios, pronto el aumento fue sobrepasado por el alza de precios de la energía eléctrica y teléfonos. Estos incrementos aumentaron el descontento popular y fueron rechazados por todos los sectores de la población, que se pronunciaron públicamente.267 

368.

     Paralelamente a los intentos de reactivación económica, el Gobierno emprendió una brutal campaña represiva contra el movimiento social, tanto en el área rural como en la urbana. El asesinato y la desaparición sistemática de líderes renombrados, así como las masacres de campesinos en el interior del país tuvo fuerte repercusiones en el ámbito internacional. Guatemala se convirtió en un objeto de frecuentes sanciones y del aislamiento internacional por la intensidad de la represión estatal.

369.

     Las restricciones sobre la ayuda militar de Estados Unidos, iniciada en 1977, se mantuvieron frente a este deterioro en la situación de los derechos humanos. Sin embargo como ya se mencionó, en efecto, la ayuda militar directa asignada a Guatemala mediante el Military Assistance Program (MAP) antes de la suspensión, no fue afectada por la nueva legislación. Tampoco se detuvieron las ventas comerciales ni el Foreign Military Sales (FMS), que continuó concediendo créditos para compras de armamentos.

370.

     En 1978 se recibieron US$ 2.4 millones, US$ 3.3 millones en 1979 y US$ 2.2 millones en 1980.268  Así se estimó que las entregas a través del FMS y las ventas comerciales fueron:

     "La vía primaria que usó Guatemala durante el período 1978-1982 para obtener equipo y tecnología militar y de uso dual (para fines militares y no militares) de Estados Unidos".269 

371.

     Desde 1974 Guatemala había suscrito un convenio con el Estado de Israel para recibir ayuda militar. Entre 1975 y 1982 el Ejército adquirió 11 aviones y 10 carros de combate proporcionados por Israel y fue totalmente equipado con fusiles Galil a un costo de US$6 millones. En 1980 el Gobierno israelí ayudó a instalar la fábrica de industria militar guatemalteca en Alta Verapaz para producir municiones para los fusiles de asalto Galil y las ametralladoras Uzi. En 1979 técnicos del Tadiran Israel Electronics Industries, instalaron un centro de cómputo en la capital del país, que principió a trabajar en 1980. Al año siguiente, el Ejército inauguró la Escuela de Transmisiones y Electrónica, construida y equipada con el apoyo de técnicos israelitas para actividades de inteligencia.

372.

     La corrupción, el desvío de recursos destinados al mantenimiento de las unidades en combate y el deterioro de la imagen internacional fueron algunos de los factores que acrecentaron el descontento y las críticas de algunos sectores de la oficialidad del Ejército, principalmente de los que se encontraban en el frente de operaciones. Estas críticas también eran compartidas por otros sectores vinculados con la empresa privada, quienes señalaban la poca eficiencia que el alto mando del Ejército exhibía para derrotar a la guerrilla, cuyas acciones de sabotaje, tomas de pueblos, cierre de carreteras, así como ejecuciones arbitrarias, se hicieron más frecuentes en territorios cada vez más amplios.

373.

     El Gobierno de Lucas García se fue desgastando rápidamente. La proyectada alianza entre políticos, militares y empresarios para promover el desarrollo económico con estabilidad política se descompuso como resultado de los altos niveles de corrupción y del saqueo del erario público, así como por rivalidades políticas. La situación se agudizó con el shock petrolero y otros factores originados en la economía internacional.

La destrucción del movimiento social

374.

     El movimiento social que había alcanzado un gran desarrollo en los primeros dos años del Gobierno de Laugerud García había sufrido importantes golpes por las acciones represivas que se endurecieron después del terremoto de 1976. Esto derivó en una politización y radicalización de las organizaciones sociales, tanto urbanas como rurales al compás de su gradual movilización. Este proceso de radicalización fue resultado de un cúmulo de factores donde influyeron además de la violencia represiva, la continuación de las exclusiones sociales y políticas, el trabajo ideológico de la guerrilla y la influencia externa de los éxitos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.

375.

Ya desde 1976 el movimiento social y especialmente la denominada alianza obrero campesina que aglutinaba a sindicatos de las empresas de la capital con los trabajadores migrantes a la Costa Sur y ligas campesinas, había dejado de ser un movimiento que buscaba sólo logros económicos para involucrase en luchas más política, impulsando de manera creciente las medidas de hecho para lograr sus reivindicaciones.

376.

     Este nuevo carácter del movimiento social afectó la relativa tolerancia que los Gobiernos militares de inicio de la década le habían dado. Se arreció entonces una estrategia de represión selectiva que afectó a sus principales líderes, entre ellos a Mario Mujía Córdoba principal asesor de los mineros de Ixtahuacán, quien fue asesinado el 20 de julio de 1978.270  A pesar de la intimidación que provocaba esta represión selectiva se siguió promoviendo la unidad y articulación del movimiento social e indígena en el país, así como se potenció la capacidad de movilización.

377.

      Esto se vio reflejado en las jornadas de octubre de 1978, en las que a raíz del aumento del pasaje del transporte público se desencadenaron continuas protestas y manifestaciones durante seis semanas. La amplitud de la movilización nacional y de la protesta pública con ocasión de una causa tan particular fue el examen esperado sobre el recién establecido Gobierno de Lucas García. También la prueba de cuánto se había avanzado en la organización social en estos años. Sin proponérselo, fue una medición de fuerzas entre la oposición y el Gobierno y definió claramente la naturaleza del régimen contrainsurgente. Los enfrentamientos provocaron 40 muertos, 300 heridos y más de 1500 detenidos según una fuente.271  Poco después, uno de los principales dirigentes de las jornadas, el Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, fue asesinado tras su participación en la celebración del aniversario de la Revolución de Octubre de 1944.272 

378.

     El impulso del movimiento social también se reflejó con ocasión de los entierros de connotados dirigentes sociales asesinados en esta década, produciéndose movilizaciones masivas de protesta273  y de denuncia nacional e internacional. El duelo condujo a marchas de decenas de miles de personas, a veces en silencio y con un clavel rojo en la mano izquierda. Las acciones policíacas cometidas, aun en el momento mismo del entierro, provocaron nuevas víctimas y evidenciaron aún más la naturaleza represiva del Estado contrainsurgente. 379.

     Las circunstancias en que sucedieron estos asesinatos no dejaron dudas acerca de quiénes eran los autores materiales e intelectuales. Junto con las muertes de los dirigentes, también se cometieron cientos de ejecuciones y desapariciones entre los miembros de base del movimiento social, tanto en el área urbana como en la rural. El movimiento indígena y campesino organizado, las cooperativas y otras asociaciones fueron duramente golpeadas en este período mostrándose así la voluntad del Estado de destruir las organizaciones políticas y sociales.

380.

      Al mismo tiempo la insurgencia fue creando vínculos con el movimiento social de tal manera que durante todo este período organizaciones como el CUC, el Frente Estudiantil "Robin García" (FERG), los Cristianos Revolucionarios (CR) la Coordinadora de Pobladores (CDP) y los Núcleos de Obreros Revolucionarios (NOR) fueron influenciadas por el EGP. La represión generalizada motivó también que las organizaciones del movimiento social realizaran diferentes intentos de unificación: en 1976, con el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS); en 1979, luego de una amplia represión gubernamental, mediante el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR); y en 1981, con el Frente Popular 31 de Enero (FP 31).

381.

     Cada uno de estos intentos de unidad tuvo dinámicas distintas. El FDCR buscó la denuncia tanto nacional como internacional de los hechos de violencia que se vivían. En el ámbito internacional realizó una importante campaña de solidaridad y denuncia que contribuyó al aislamiento del régimen de Lucas García. La influencia de la insurgencia dentro del FDCR hizo que sus logros constituyeran también una victoria política para la guerrilla.

382.

     Mientras el clima de violencia seguía golpeando tanto a las organizaciones sociales como políticas. El asesinato del dirigente social demócrata, Alberto Fuentes Mohr el 22 de enero de 1979 fue el anuncio de más asesinatos de esta naturaleza.274  Al mismo tiempo, con estos hechos se cerraron los espacios de participación política que según el discurso gubernamental se estaban abriendo al invitar a la inscripción de partidos, especialmente a los social demócratas.

383.

     En marzo Manuel Colom Argueta, dirigente del recién inscrito Frente Unido de la Revolución (FUR), también fue asesinado tras una persecución de varias cuadras por parte de los hechores.275  Entre 1978 y 1981, diecinueve líderes más del FUR, y otros quince del PSD fueron asesinados. La comunidad universitaria también experimentó los embates de una creciente violencia. A partir de 1977, más de cien estudiantes y profesores de la USAC fueron asesinados según la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).276 

384.

     La represión iniciada a finales del Gobierno de Laugerud llegó a su punto máximo para el movimiento social en 1980. El régimen de Lucas emprendió una campaña represiva tanto en la ciudad como en el interior del país. Una de las acciones represivas de mayor impacto nacional e internacional fue la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero.277 

385.

     Debido a los numerosos hechos de violencia que sacudían el departamento de Quiché y que ya no discriminaba entre insurgentes armados, miembros del movimiento social y el resto de la población civil, varios dirigentes campesinos, entre ellos varios miembros del CUC, viajaron a la capital para denunciar nacional e internacionalmente la represión. En la capital se reunieron con estudiantes, sindicalistas y pobladores y posteriormente acudieron a los medios de comunicación. Ante la negativa de estos últimos de publicar noticias acerca de la represión, los campesinos decidieron ocupar la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Poco después, a pesar de los intentos del embajador de impedir la actuación indiscriminada de las fuerzas de seguridad, éstas la incendiaron, muriendo en su interior 37 de sus ocupantes. Los únicos sobrevivientes fueron el embajador y un campesino; este último fue secuestrado del hospital donde se recuperaba y luego torturado y ejecutado.278 

386.

     Poco después de los sucesos de la Embajada de España, en febrero de 1980 a iniciativa del CUC se convocó una masiva reunión en Iximché (Tecpán, Chimaltenango), para analizar la situación del país. En ella participaron numerosas organizaciones, entre ellas: la Coordinadora Nacional Indígena, la Federación de Trabajadores de Guatemala, el Frente Robin García y el Comité Pro Justicia y Paz De esa reunión salió el documento "Los pueblos indígenas de Guatemala ante el Mundo". En esta declaración política, se planteaban reivindicaciones étnicas junto con otras de carácter político, de denuncia de la represión, la exclusión económica, la igualdad y el respeto cultural.

387.

     El activismo indígena tuvo en este período su mayor expresión en grupos como el CUC, organización que puso a prueba su capacidad organizativa en la huelga de los cortadores de caña, entre febrero y marzo de 1980, en la que participaron más de 70 mil trabajadores. Fue la primera vez en que se unieron trabajadores permanentes de la costa con trabajadores migratorios del altiplano. La patronal cedió al aumento del jornal diario, a Q3.20. El poder de convocatoria mostrado por el CUC fue percibido como una grave amenaza de parte del Ejército y el sector empresarial, no sólo por el número de personas que movilizaba sino porque representaba una peligrosa alianza entre ladinos y mayas, con participación de religiosos y con influencia y asesoría de grupos insurgentes. El ambiente insurreccional aumentó los efectos alarmantes de este movimiento sin precedentes, constituyéndose en un objetivo de las acciones represivas dirigidas contra el sector social rural. 279 

388.

     Tanto la toma de la Embajada de España como la huelga de los cañeros de la Costa Sur, ambas promovidas por activistas del CUC, marcaron la cúspide del clima de agitación política y social de la época. Además, mostraron la línea convergente hacia la que se encaminaban tanto el movimiento social como la insurgencia. Esto se hizo aún más evidente, cuando el 1 de mayo de 1980 el CNUS, que se había convertido en el eje de dicho movimiento, llamó a "instaurar un Gobierno revolucionario, democrático, y popular" y a "derrocar al régimen luquista", consignas que fueron secundadas por los grupos insurgentes.280  En esta ocasión fueron secuestrados 32 participantes cerca del Parque Centenario. Los cadáveres de 28 de ellos aparecieron torturados días después.

389.

     Luego de estos acontecimientos, en el mes de junio, sucedió la desaparición forzada de 27 miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). En agosto también fueron secuestradas de la finca de retiro Emaús 17 personas entre sindicalistas y estudiantes universitarios miembros de la Escuela de Orientación Sindical. Estos hechos de represión marcaron el punto álgido de la represión contra el sindicalismo, que finalmente quedó desestructurado.281 

390.

     En este contexto, a principios de 1981 algunas de las organizaciones sociales que fueron influenciadas por la guerrilla, ya radicalizadas, como el NOR, el CDP, el CR, FERG y el CUC fundaron el Frente Popular 31 de Enero, que se autodefinía como "frente de organizaciones revolucionarias de masas". Este movimiento no logró tener un espacio ni temporal ni político de acción representativo.

     "El FP-31 [fue] la coordinación de varias organizaciones de masas, pero ya no [eran] de masas, ya eran células guerrilleras. Ahí se cometió un gravísimo error porque se dio una ruptura con las bases al hacer guerrilleros a los dirigentes de masas, porque de ese modo se les desvinculó de sus bases de apoyo".282 

391.

     Los esfuerzos de las organizaciones por mantener en activo el movimiento social fueron sistemáticamente reprimidos durante todo 1981. A partir de ahí el movimiento social entró en una fase de reflujo que se prolongó hasta 1984, durante el Gobierno del general Humberto Mejía Víctores cuando la represión, aunque persistió, descendió tras las altas cuotas alcanzadas durante los Gobiernos de Lucas García y Ríos Montt.

La ofensiva guerrillera

392.

     Desde 1980 la insurgencia se lanzó a una nueva etapa de sus acciones militares, la que llamaba a la generalización de la guerra de guerrillas. Fue impulsada en una amplia extensión del país, con la idea de forzar la dispersión de las unidades militares gubernamentales para evitar golpes de consideración, debido a su desventaja en fuerza militar, así como en capacidad logística y económica. Como resultado de la misma decisión, se incrementaron sus acciones militares en la capital y las zonas periféricas, con sabotajes, operaciones en contra de puestos de Policía y "ajusticiamientos". Al mismo tiempo comenzaban a concentrarse fuerzas de combate en áreas boscosas para realizar maniobras medianas y dar golpes de mayor magnitud, unido a los factores políticos internos e internacionales acumulados.283 

393.

     Aunque, con diferencias en la percepción de la posibilidad de alcanzar el triunfo militar y la desconfianza mutua, debido a la desigualdad de fuerzas de cada una de las organizaciones guerrilleras, todas se plantearon como objetivo la cercana toma del poder. Consideraban que el Gobierno de Lucas García se había quedado aislado en el plano internacional y sin bases internas al romper las alianzas que habían sostenido los Gobiernos militares anteriores. También calculaban que varias fuerzas sociales y políticas, que iban desde el centro hasta la izquierda, eran susceptibles de formar alianzas con el movimiento guerrillero en función de un programa con objetivos amplios.284 

394.

     En este período marcado tanto por la agitación política como la represión, también se dio una importante incorporación de población rural a la guerrilla en algunos departamentos, lo que produjo efectos contradictorios. Por parte de la guerrilla hubo un exceso de confianza que hizo creer que el triunfo sería rápido. Algunas veces esto obedeció a las demandas de la población para incorporarse y alistarse, cuando no existía capacidad para absorberla y encuadrarla militarmente. Esto determinó que el Ejército percibiera una tendencia a la insurrección que unida a los factores que la guerrilla iba acumulando, podían convertirla en un proceso irreversible.285 

395.

     Como elemento militar de decisión resultó importante la apreciación del Ejército de que la guerrilla había cometido un error al dispersar demasiado sus fuerzas militares en una extensa área, por ello su objetivo militar básico se centró en neutralizar el apoyo de la población antes que en perseguir las unidades militares insurgentes.286  El alto mando consideraba que las organizaciones guerrilleras tenían el control de múltiples municipios de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y Sololá, y ejercían influencia en otros municipios de esos mismos departamentos, así como algunos más en San Marcos, Baja y Alta Verapaz, Totonicapán y Quetzaltenango. Calculaba que alrededor de 270 mil habitantes287  estaban organizados por la guerrilla, proporcionándole apoyos diversos. A ello le añadían una percepción de peligro eminente al suponer que el departamento de Chimaltenango se había convertido en el centro de gravedad estratégico para la guerrilla, punto esencial para presionar la capital y donde era posible declarar un territorio libre por el apoyo masivo obtenido y complicar el panorama con una mayor incidencia internacional.288 

El Gobierno Ríos Montt: tierra arrasada y segunda derrota de la guerrilla

396.

     El fraude electoral que se venía practicando desde 1974 se repitió nuevamente en 1982, con la elección en marzo del general Angel Aníbal Guevara, ministro de Defensa de Lucas. La corrupción, el aislamiento internacional, el nuevo fraude electoral, así como la creciente beligerancia de la insurgencia combinaron para terminar con cualquier fuente de legitimidad que pudiera haber tenido el régimen en algún momento. La empresa privada también se dio cuenta de la dificultad de mantener la coherencia del discurso desarrollista gubernamental, en medio de la creciente ilegitimidad y exacerbada por las masivas violaciones de los derechos humanos. El descontento militar, la crítica empresarial y el rechazo de los partidos políticos que eran excluidos del juego electoral por la manipulación de los resultados de las urnas, funcionaron como un catalizador que precipitó la crisis final del modelo electoral de los generales.

397.

     El 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales jóvenes del Ejército puso fin al modelo político a través de un golpe de Estado, con el objetivo de continuar la lucha contrainsurgente en mejores condiciones técnicas y operativas. Los oficiales nombraron un triunvirato integrado por los generales Horacio Egberto Maldonado Schaad y Efraín Ríos Montt, quien lo presidía, y el coronel Francisco Luis Gordillo. El triunvirato derogó inmediatamente la Constitución y promulgó el Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto ley 24-82). El 9 de junio Ríos Montt disolvió el triunvirato y se proclamó Presidente de la República comprometiéndose a cumplir una serie de objetivos contradictorios, dentro de ellos la reforma del Estado para volverlo más eficiente. Dichos objetivos aparecen en los 14 lineamientos de la Junta Militar de Gobierno del 6 de abril de 1982.289 

398.

     Durante su gestión, Ríos Montt adoptó varias decisiones para la liberalización del régimen y el retorno a la constitucionalidad: organizó un Consejo de Estado con integración corporativa, incluyendo por vez primera diez representantes mayas. El 23 de marzo de 1983 promulgó las esperadas leyes políticas: la Ley del Tribunal Supremo Electoral,290  la Ley del Registro de Ciudadanos,291  la Ley de Organizaciones Políticas292  y la ley complementaria del Registro General de Población. Es importante señalar que la Ley de Organizaciones Políticas sustituyó a la Ley Electoral y las normas constitucionales de 1965, eliminando la tradicional prohibición para la organización y funcionamiento de las organizaciones comunistas vigente desde 1954.

399.

     En la perspectiva de salir victorioso del enfrentamiento armado y al mismo tiempo restablecer las formalidades legales, Ríos Montt, que había condenado los crímenes realizados por los regímenes anteriores, dispuso la creación de los Tribunales de Fuero Especial como un medio para juzgar y castigar supuestos subversivos. A pesar de decretar un marco legal para dichos tribunales, sus características (secretividad del proceso, secretividad de la identidad de los jueces, etc.) violaban múltiples principios del debido proceso.293  El Jefe de Gobierno nombró a la Corte Suprema de Justicia, con Ricardo Sagastume Vidaurre como presidente, la cual aceptó los Tribunales de Fuero Especial, según se deduce de algunas sentencias emitidas por la misma Corte.294  De este modo, el poder militar intervino directamente en el sistema judicial, adoptando alguna de sus formalidades, pero no perdió el control ni modificó sus finalidades y objetivos.

400.

     Tal militarización de la justicia se demostró en el hecho de que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia consultaban los expedientes en el despacho del Ministro de la Defensa.295  Fue tal el grado de militarización que el Presidente de la CSJ, Sagastume Vidaurre, en su discurso de renuncia manifestó que el siempre estuvo en contra de que los jueces y auxiliares judiciales tuvieran que realizar los turnos de las patrullas de autodefensa civil.296 

401.

     En principio las relaciones con las asociaciones del poder económico se establecieron aunque no uniformemente. Con algunas, como la Cámara de Comercio, se llegó a cierta unidad tal como lo expresó un representante de esta gremial:

     "Y continuamos todos... pidiéndole a Dios que nos ayude y nos ilumine para mantener una granítica unidad entre nosotros los comerciantes, los industriales, los financistas y los dedicados al agro con nuestro Gobierno y con nuestro Ejército".297 

402.

Poco después, las relaciones con los grupos económicos se deterioraron especialmente cuando Ríos Montt intentaba implantar una reforma fiscal, que incluía un impuesto especial para costear la lucha contrainsurgente.

Las iglesias

403.

     La Iglesia Católica y las organizaciones sociales rechazaron la actitud fundamentalista de Ríos Montt, quien era miembro de la iglesia evangélica "El Verbo", que depende de una organización pentecostal con sede en California que se llama "Gospel Outreach" (Extensión del Evangelio). Después de asumir el mando nombró a dos miembros de su iglesia como consejeros personales en los cargos de Secretario de Asuntos Privados de la Presidencia y Secretario de la Presidencia.298  Ríos Montt dirigía todos los domingos mensajes cargados de contenido moralizante por radio y televisión nacional en los que hablaba de conducta personal, familiar y ciudadana. En su discurso a los trabajadores, el 1 de Mayo de 1982, Ríos Montt dijo:

     "Si son nuestras armas los valores morales, ¨por qué tantas queridas tienen los hombres? Ah, ahí si no hay respuesta. ¨Por qué tantas amantes, por qué tantas estacas metidas en la espalda de la patria? (...) Si son los valores morales nuestras armas, cambiemos, hagámonos dignos de ser hombres y no mantenernos como chuchos [perros], seamos trabajadores, seamos honestos, seamos guatemaltecos".299 

404.

     Durante su Gobierno le dio un trato preferencial al trabajo de las iglesias protestantes en las áreas de conflicto. Frente a la pastoral social de la Iglesia Católica, la aparente apoliticidad y la actitud pasiva de las iglesias evangélicas resultaba más segura en la estrategia contrainsurgente para ejercer control en las comunidades. El anticomunismo, el espiritualismo y el sometimiento a la autoridad que predicaban estos grupos, eran factores favorables para ejercer control en las comunidades. Así, mientras se reprimía y perseguía a los católicos, se promovió y apoyó el crecimiento de las iglesias y sectas evangélicas como alternativa religiosa que "desviaba la atención de los creyentes de los asuntos sociales hacia la salvación personal".300 

     "En los años de mayor violencia la Iglesia Católica pierde protagonismo, no tiene ninguna participación, todos los párrocos se retiraron... La iglesia evangélica al contrario se multiplicó; en los años setenta eran 2 las congregaciones en Nebaj, ahora son 27 ó 28. Aparentemente el Ejército era tolerante con la iglesia evangélica. Sobre todo Ríos Montt a través de sus programas dominicales, donde hablaba de la Palabra de Dios, contribuyó mucho a la difusión de las iglesias evangélicas. La gente decía: si nuestro presidente es evangélico, ¨por qué nosotros no?".301 

405.

     En muchos lugares el Ejército intencionalmente involucró a evangélicos en tareas contrainsurgentes. Como indica un analista evangélico:

     "Algunos participaron abiertamente en patrullas civiles, incluso muchos pastores no solamente fueron patrulleros sino jefes de ellas, también hubo comisionados militares, orejas... pastores que daban nombres al Ejército de quienes ellos sospechaban, aun cuando fueran evangélicos. Ellos tenían que entregar nombres porque tenían la tarea de ser orejas e informantes del Ejército".302 

406.

En muchos lugares se distribuyó a la población una tarjeta de identificación en donde se hacía constar su religión:

     "Si eras evangélico podías ir más tranquilo. Los católicos siempre corríamos más peligro, por eso mucha gente se hizo evangélico". 303 

420.

Este mecanismo de control fue utilizado como especie de salvoconducto, que permitía a los evangélicos transitar con mayor libertad y no ser sujetos de revisión en los puestos de registro del Ejército en las carreteras y caminos, al mismo tiempo servía de estímulo para que las personas se hicieran evangélicos.

421.

Sin embargo, no todos los evangélicos colaboraron con el Ejército ni fueron inmunes a la violencia, en muchos lugares la represión fue indiscriminada y alcanzó a pastores y practicantes evangélicos, varios de ellos desaparecieron, fueron perseguidos, torturados o asesinados:

     "El era un líder evangélico (...), a pesar de haber participado en patrulla, fue secuestrado por el Ejército en septiembre de 1982".304 

422.

Cuando la represión fue masiva varios grupos de evangélicos fueron masacrados, incluso, mientras realizaban sus celebraciones litúrgicas:

     "Un grupo de personas del Ejército se encontraba rodeando el templo evangélico y los que querían escapar los mataban adentro del mencionado templo".305 

     "Toda la gente estaba agrupada haciendo oración a Dios, pidiendo que se fuera la maldad, eran evangélicos, entonces llegaron Los Pacheco y mataron como a diez personas".306 

Las estrategias contrainsurgentes

423.

     La ofensiva contrainsurgente, concebida e iniciada durante la administración de Lucas García, fue ampliada y profundizada. Efectivamente los Planes de Campaña, Ceniza 81, Victoria 82 y Firmeza 83, representaron el punto máximo de las operaciones del Ejército. Sus objetivos fueron definidos por los propios militares con metáforas tales como la necesidad de "quitarle el agua al pez", que se refería al factor de seguridad o la afirmación "ganar los corazones de la población", referido al factor de desarrollo socioeconómico.307 

424.

     El Ejército buscó aislar a la guerrilla para obligarla a concentrarse en determinadas áreas de refugio, delimitarla en un territorio específico considerado "área de conflicto", donde se pudiera controlar a la población y formalizar un cerco estratégico que evitara o dificultara la movilidad guerrillera, así como liberara de actividades militares insurgentes a la ciudad Capital y zonas lejanas al conflicto. En definitiva se buscaba mantener el enfrentamiento lo más lejos posible de los principales factores económicos, políticos y sociales.

425.

     Para finales de 1982 las fuerzas guerrilleras habían perdido gran parte de la iniciativa militar que habían mostrado con anterioridad. El Ejército, por su parte, desde 1981 venía realizando una evaluación interna, que lo llevó a la conclusión de que, según el general Héctor Alejandro Gramajo:

     "La insurgencia tuvo apoyo social no por ser la población innatamente subversiva, sino por existir problemas que tienen raíces muy largas y profundas en el sistema social.308 

426.

     La concepción político-militar generada por ese proceso de auto-crítica se concretó en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) de abril de 1982, cuyos objetivos eran integrales, tal como se desprende de las directrices del documento "Objetivos Nacionales Actuales de 1982."309  El PNSD contemplaba cuatro áreas problemáticas que debían resolverse y proponía como acciones de aplicación en los diferentes campos lo siguiente:

     "1. Campo Político: Crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo anti subversivo, que conforme las políticas nacionales correspondientes, imparta las instrucciones y directivas generales, integre las medidas acordadas en cada campo y coordine eficazmente su realización.

     2. Campo Económico: Establecer las áreas económicas y/o geográficas con situaciones económicas deficientes donde haya alta probabilidad de surgimiento de situaciones contribuyentes a la subversión ... Velar por el establecimiento y eficaz cumplimiento de medidas, procedimientos y mecanismos de seguridad física de las fuentes de producción, instalaciones y actividades económicas.

     3. Campo Psicosocial: Estructurar y determinar el Nacionalismo, promoverlo y fomentarlo en todos los organismos del estado e irradiarlo al área rural; asegurándose que forme parte del proceso de formación y educación de la población, como doctrina opuesta al Comunismo Internacional. Asegurar que se conduzcan los programas destinados a reducir el analfabetismo para hacer más permeable a la población las nuevas ideas.

     4. Campo Militar: Mantener y mejorar de acuerdo a la situación, la organización del Ejército y de los cuerpos de seguridad interna, para enfrentar con éxito a los movimientos y grupos subversivos y perfeccionar los organismos y sistemas de entrenamiento en esta área".310 

427.

     El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo impulsó la reorganización estatal a partir de una visión estratégica, con base en una proyección del Poder Nacional, considerado como la unión del poder militar, político, económico y social. Un concepto surgido de la teoría de la Seguridad Nacional al que se añadió un planteamiento desarrollista, entendido como el ejercicio de una gestión gubernativa para enmendar las vulnerabilidades del país con el objeto de mantener el fin último de la seguridad. Un alto oficial del Ejército lo expresó así:

     "El terrorismo se alimenta principalmente del subdesarrollo, de la miseria, de la pobreza...".311 

428.

     En este marco, el Ejército percibía la participación indígena ya sea en el movimiento social o insurgente como producto de su falta de integración al Estado y de un débil sentido nacionalista. A su vez, en buena medida alimentados por preceptos racistas, argumentaban que por inmadurez los indígenas eran fácilmente manipulables por la acción política de la guerrilla. El Ejército consideraba que la participación indígena y campesina estaba determinada por la presión y amenaza guerrillera, así como por el resentimiento y el abandono en que se encontraban. En consecuencia, definían su conexión con los insurgentes como potencialmente peligrosa.312  Según explicó Francisco Bianchi, portavoz de Ríos Montt en 1982, en una controvertida entrevista:

     "Los guerrilleros conquistaron muchos colaboradores indígenas, entonces los indígenas eran subversivos, no? ¨Y, como se lucha en contra de la insurgencia? Netamente, tendría que matar a los indígenas porque ellos estaban colaborando con la subversión".313 

429.

     El enemigo fue definido por su potencial amenaza y ésta última se concretaba en la posibilidad de masificarse con la participación social urbana y rural. Todo ello explica entonces, el interés de los militares en los siguientes años por darle a la política contrainsurgente un carácter de esfuerzo estatal y por institucionalizar muchos de sus procedimientos. Como indicó el mismo Ríos Montt:

     "Naturalmente, si una operación subversiva existe donde los indígenas están involucrados con la guerrilla, los indígenas morirán. Sin embargo no es la filosofía del Ejército matar indígenas, sino reconquistarlos y ayudarlos".314 

430.

     Esta definición de la población como potencial amenaza fundamentada en la Doctrina de Seguridad Nacional, fue el punto de partida para la aniquilación de las organizaciones sociales así como para las masacres y el arrasamiento de centenares de comunidades a lo largo y ancho del país. Asimismo se buscó controlar o neutralizar a la población civil mediante su incorporación a las Patrullas de Autodefensa Civil, estructuras cuya organización fue iniciada en 1981.

431.

     Las PAC correspondían a la organización de la población masculina en una estructura de defensa de territorio local en apoyo a las acciones militares. Estas cumplían funciones de vigilancia interna y externa de las poblaciones con capacidad punitiva, de apoyo al patrullaje militar, de involucramiento en las acciones militares o hasta represivas, según se señalara en muchas denuncias. A su vez, sus tareas abarcaban la realización de trabajos infraestructurales y productivos. Así se constituyeron en una nueva estructura de poder local militarizada que destruyó el tejido y las relaciones sociales tradicionales al interior de las comunidades. Respecto a las PAC un ex Presidente declaraba:

     "Es la primera vez en la historia de Guatemala que el indígena se siente útil, es primera vez en la historia de Guatemala que el indígena se siente usado, utilizado necesariamente por el Ejército, por el Gobierno, por el Presidente y por el sector económico. Es la primera vez que el indígena se siente indispensable frente al patrón, porque él era el que frenaba el paso de la guerrilla y además con un rifle en la mano. Yo confieso que una vez un patrullero me dijo: ­Ah! Lo importante es llevar el rifle, no importa si es en el hombro derecho o en el izquierdo".315 

432.

     En 1981 "ya había 40 mil campesinos organizados. Hacia 1984 el Ejército señaló que sus integrantes eran 900 mil y llegaron a sumar un millón, según declaró el vocero militar, capitán Juan Fernando Cifuentes".316  Esto significaba que casi la mayor parte de los adultos hombres en el medio rural del país estaban involucrados en las Patrullas.

433.

El análisis de lo ocurrido y sus resultados permiten afirmar que la capacidad militar operativa del Ejército fue superior a la de los grupos guerrilleros, a partir de 1982 unificados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y que la estrategia ofensiva de esta última fracasó, sufriendo en conjunto, una derrota política y militar.

434.

     Es conocida la extrema dificultad que existe para aniquilar militarmente a un grupo guerrillero. Lo sucedido en Guatemala no significó la destrucción de las fuerzas de la URNG, pero su derrota evidente hacia 1983, la hizo retroceder militar y socialmente, todo lo cual significó que perdieron la iniciativa, la que pasó a manos del Ejército. Mantuvieron sin embargo, parte de su fuerza política, la que lograron desplegar en el plano diplomático. El cambio en el contexto internacional con el fin de la guerra fría y los avances en el componente electoral de la transición a la democracia, terminaron de convencer a la URNG de la dificultad y del peligro que representaba, mantener acciones armadas en contra del Ejército, en circunstancias cada vez más adversas.

El Gobierno de facto de Mejía Víctores

435.

     El 8 de agosto de 1983 miembros del alto mando del Ejército, comandantes de cuerpos y de zonas militares separaron al general Efraín Ríos Montt de la Jefatura de Estado. La medida no fue sorpresiva. Desde hacía unos meses la oposición al Gobierno riosmonttista era pública y estuvo acompañada de señales conspiradoras por parte de diversos sectores políticos y empresariales.317  Más allá de los enfrentamientos del Gobierno de Ríos Montt con varios sectores políticos y empresariales o la desconfianza de la Iglesia Católica y del movimiento social hacia su régimen, factores que en el fondo explican el golpe de Estado, también hay que sumar el descontento de los militares.

436.

     Los jefes operativos, mandos medios y oficiales de baja graduación destacaban la poca atención que los altos funcionarios de Gobierno ponían en solucionar las necesidades generadas por la reorganización del Ejército y los esfuerzos del enfrentamiento armado, mientras que los oficiales superiores resaltaban la ruptura de la jerarquía militar provocada por la influencia de los asesores militares de grados medios que rodeaban al presidente.318  Según los militares, entre otros señalamientos, el Gobierno de Ríos Montt había creado un alto grado de confusión en el proceso político al favorecer a un grupo de interés y debilitar la unidad de mando. Además, se criticaba la intromisión de la Iglesia El Verbo en los asuntos de Gobierno y la medida de postergar el proceso eleccionario, lo que aumentaba las presiones de los sectores políticos.319  Por eso, frente a los anuncios de próximos cambios al interior de la institución armada, percibidos por los militares como posibles represalias, el alto mando y los comandantes de las zonas militares llevaron a cabo el golpe de Estado y sustituyeron a Ríos Montt por el general Oscar Humberto Mejía Víctores, hasta ese entonces ministro de la Defensa.320 

437.

     El factor militar en el golpe no fue fortuito. Con esta acción el alto mando recuperó el principio de jerarquía y fortaleció al Consejo de Comandantes.321  Inmediatamente se dedicó a revisar la Ley Constitutiva del Ejército322  para fortalecer la autoridad jerárquica y la centralización del mando en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN),323  así como a priorizar los elementos reorganizativos y administrativos de la dislocación estratégica de las fuerzas militares a ser dispersadas en múltiples zonas militares.324  Se dispuso concentrar sus esfuerzos en el factor de inteligencia y ampliar su capacidad logística con una industria militar que redujera su dependencia de los recursos externos como de las solicitudes de ayuda militar a países extranjeros, y con todo ello racionalizar su esfuerzo de guerra.325  También se anunció la eliminación de los Tribunales de Fuero Especial.326 

438.

     Al considerar que sus planes operativos habían logrado la reducción de la presencia guerrillera y su situación defensiva, a partir de 1983 el Ejército buscó ampliar el control de la población desplazada intentando reubicarla en zonas bajo su dominio, promovió los polos de desarrollo y las coordinadoras interinstitucionales como estructuras militarizadas para garantizar su presencia en las áreas de conflicto.327 

Resurgimiento del movimiento social

  439.

Aunque en los primeros meses del Gobierno de Mejía Víctores se sometió al ya debilitado movimiento social a una represión que eliminó los pocos líderes experimentados que habían sobrevivido al período anterior, se inició en 1984 un proceso de recomposición amparado en las condiciones políticas del momento como la convocatoria y proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

440.

     A partir de estos factores se empezaron a notar expresiones de protestas en función de aumentos salariales, algunas invasiones de pobladores a terrenos privados en la capital, del mantenimiento del empleo. Especialmente importante fue la actualización del conflicto entre el sindicato y la gerencia de la Coca Cola en el mes de abril de 1984, debido a que los segundos buscaron declarar en quiebra a la empresa. Alrededor de la solidaridad que suscitó este conflicto se dio también un aumento de las actividades de reorganización del movimiento social puesto que la planta de la embotelladora se convirtió en el punto de reunión y coordinación de las agrupaciones.

441.

     También comenzaron a perfilarse las movilizaciones en búsqueda de tierra para los campesinos, especialmente las dirigidas por el sacerdote Andrés Girón de Tiquisate, Escuintla. En junio de 1984 encabezó una caminata en pro de la paz que partió de su parroquia hacia el santuario del Cristo de Esquipulas, Chiquimula en la que participaron cientos de familias campesinas.

442.

     En el mismo período surgió el Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento de Familiares Desaparecidos -GAM-,328  organización que jugó un importante papel en el marco de silencio que existía en el país sobre víctimas del enfrentamiento. De esta forma los planteamientos y demandas por las reivindicaciones laborales de corte tradicional y otras vinculadas a los efectos sociales del enfrentamiento pasaron a primer plano. En los primeros meses de 1985 se produjeron protestas de los universitarios, el GAM, el magisterio, sindicatos estatales y organizaciones de apoyo a los consumidores. En ese año los sindicatos volvieron a conmemorar el 1o de mayo, primera vez desde 1980 cuando se habían producido saldos fatales.

443.

     Sin embargo, los principales problemas para el Gobierno no vinieron del campo político, sino del económico. Los indicadores señalaban problemas de desempleo, baja de la producción industrial, fuga de capital, devaluación de la moneda, evasión fiscal e inflación monetaria. Las dificultades de los ingresos estatales se buscaron subsanar con medidas más austeras de ajuste económico recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tales como la reducción de los gastos estatales y el aumento de los ingresos tributarios, vía el Impuesto al Valor Agregado o del ingreso de divisas extranjeras con el mercado paralelo. Pero, los recursos financieros externos no arribaron cuando el FMI congeló el desembolso de los fondos, no satisfecho con los índices obtenidos y exigía más medidas fiscales y monetarias.329 

444.

     Las tensiones entre Gobierno y las cámaras empresariales, surgidas desde mediados de 1984 por varias medidas de política económica del Gobierno, se agudizaron con la discusión en la Constituyente sobre el papel de la propiedad y la injerencia estatal en la vida económica. Al año siguiente se empeoraron con la aprobación de una ley de apoyo al consumidor y por el intento de aprobar un conjunto de medidas que afectaban a la producción del café y a las casas de cambio, normaba el delito fiscal y añadían otros impuestos. Provocó un paro patronal y la marcha atrás de las medidas gubernamentales.330  Poco después hubo una crisis de combustibles que afectó a la industria. El Gobierno impulsó con poco éxito un Diálogo Nacional en función de las medidas económicas, no obstante fue el primer intento de la práctica de búsqueda de consensos a través de pactos multisectoriales frente a coyunturas difíciles.

445.

     Esta crisis económica fue básica para que se dieran las protestas de las resurgidas organizaciones sociales que entre 1984 y 1985 habían logrado cierta consolidación. Tanto los sindicatos de las empresas privadas como el Magisterio, especialmente el de educación media había logrado formar la Asociación de Educadores de Enseñanza Media, aunque en el camino habían perdido a uno de sus líderes más experimentados, el profesor Carlos Caxaj.331 

446.

     A finales de agosto de 1985 el aumento al pasaje de los buses urbanos hizo estallar una violenta protesta social, luego que estudiantes y representantes del magisterio solicitaron derogar la medida. Entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre se realizaron manifestaciones públicas que pronto terminaron en enfrentamientos directos con las Fuerzas de Seguridad con saldo de varios muertos, heridos y capturados. El 3 de septiembre el Ejército, pro primera vez, ocupó las instalaciones de la Universidad de San Carlos, aduciendo que las protestas se habían originado en ese lugar. No obstante, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con la medida y anunció una política de precios tope.

La nueva Constitución

447.

Durante el Gobierno de Mejía, seguro de haber controlado en lo principal al movimiento insurgente, el Ejército siguió avanzando en el proyecto contrainsurgente, en esta nueva etapa buscando sentar las bases de una nueva institucionalidad política.

448.

     El 19 de enero de 1984 el Gobierno anunció por Decretos Ley 3-84 y 4-84 la Ley Electoral y la convocatoria a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 1 de julio de ese mismo año. Los decretos reactivaron el debate político que había decaído desde el golpe de Estado contra Ríos Montt. Los partidos políticos vieron con beneplácito la convocatoria, aunque intentaron llevar la apertura a la formación de un Gobierno provisional. Sin embargo, el Gobierno se negó y les advirtió que los constituyentes no tendrían potestad soberana y no podían salirse de los márgenes establecidos por dichas leyes. Aún así, la convocatoria fue evaluada como un proceso de apertura y una oportunidad que debían aprovechar, pese a las restricciones que emanaban de la relación entre el poder formal institucionalizado y el militar politizado. Obviamente, hubo otro tipo de debates sobre ambig�edades en la ley de convocatoria que daban al Ejército capacidad de incidencia en las elecciones o que restringían el margen de maniobra de los partidos. También existía desconfianza sobre la posibilidad de la manipulación electoral de los patrulleros civiles.332 

449.

     Hubo una proliferación de partidos, tendencia que ya se había manifestado desde la época de Ríos Montt, llegándose a inscribir un total de 15 partidos de un poco más de 30 que lo pretendieron. Las elecciones para los 88 representantes en la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron sin incidentes y fueron consideradas legítimas. El abstencionismo, el rasgo más notorio como tendencia desde 1974 se redujo, aunque hubo una fuerte cantidad de votos nulos. Los resultados produjeron una asamblea con mayoría de la coalición MLN-CAN, la DC y la UCN y demostró un castigo al PID y del PR, partidos vinculados al Gobierno de Lucas García.333 

450.

     El juego político se abrió y la nueva Constitución fue el producto de una relación de estira y afloja entre los partidos políticos, los militares y los empresarios. Estos últimos porque miraban sus intereses afectados por la forma como se formuló el artículo 39 referente a la propiedad privada.334  Las organizaciones empresariales se opusieron a tal artículo argumentando entre otras cosas que vulneraba los derechos humanos "porque permite que el Estado juzgue la eficiencia y utilidad con que se usa y dispone la propiedad privada".335  El sector privado logró que se desechara el proyecto de artículo y que se aprobara el derecho a la propiedad privada sin calificativos.336 

451.

     El 31 de mayo de 1985 se aprobó la Constitución y un poco más tarde se convocó a elecciones presidenciales para realizarse en noviembre de ese mismo año.337  No obstante, por condición del Gobierno militar, la Constitución entró en vigencia hasta el 14 de enero de 1986, cuando asumió el gobernante electo. Durante esos seis meses, el Gobierno continuó legislando a través de decretos-leyes.

452.

     La nueva Constitución Política de Guatemala, constituye el andamiaje jurídico sobre le cual descansa la institucionalidad del país. Aunque tiene su origen en los objetivos de readecuación de la estrategia de la institución armada, representa en la actualidad el más importante instrumento legal para la consolidación del proceso democrático en Guatemala. Tan es así que en respuesta a una temprana consulta para introducir modificaciones a dicho instrumento, el Colegio de Abogados opinó:

     "Si bien es cierto que el texto constitucional adolece de un conjunto de defectos y misiones de carácter formal, técnico y conceptual, en las actuales circunstancias es un instrumento jurídico suficiente para que, a partir de sus normas, los guatemaltecos podamos construir y ordenar sobre sus bases un Régimen de Legalidad adecuado a nuestra idiosincrasia y necesidades, que nos conduzca a la paz y al bienestar social en democracia".338 

453.

     La opinión expresada por el Colegio de Abogados se sustenta en los cambios más importantes que el instrumento constitucional introdujo con relación a las anteriores normativas, sucesivamente derogadas por golpes de Estado en 1954, 1963 y 1982. Precisamente, uno de los artículos que más polémica ha causado lo constituye el 186, que veta para la aspiración a la presidencia al caudillo de un golpe de Estado o a los partícipes en juntas de Gobierno derivadas de éste. Penaliza de esa cuenta todo intento por romper el orden legal vigente y expresa además una fuerza moral de defensa del mismo, mediante condena a quienes busquen socavarlo.

454.

     El impacto más profundo de los cambios que representa la Constitución vigente lo expresa la filosofía de protección y respeto a los derechos humanos y demás garantías que el mismo cuerpo promueve. La preocupación central por garantizar el respeto a los derechos humanos aparece desde el preámbulo que los constituyentes presentaron con la Carta Magna. Según un conocido constitucionalista, este enfoque "hace modificar la estructura general de la tradición constitucional anterior, ya que se puso, como contenido de sus primeros dos títulos, los de 'La persona humana, fines y deberes del Estado' y 'Derechos Humanos'." 339 

455.

     Asimismo el Capítulo V, dedicado a "Garantías y Defensa del Orden Constitucional" también refleja la centralidad de esta visión. Entre otras, norma por primera vez en América Latina la figura del ombudsman, con la atribución suprema de procurar la vigencia de los derechos humanos. El Procurador de los Derechos Humanos, concebido como un comisionado del Congreso de la República, tiene entre otras las atribuciones de agilizar la función administrativa del Gobierno relativa a los derechos humanos, investigar y denunciar aquellos actos o procedimientos administrativos que lesionen los intereses de las personas, investigar todas aquellas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, que le sean presentadas, así como recomendar cambios en actitudes de funcionarios para corregir actuaciones contrarias a los derecho humanos y emitir censura pública por actuaciones contra tales derechos. En ese ámbito es igualmente loable el reconocimiento de la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos.

456.

     En otros aspectos la nueva Constitución abrió posibilidades a un sistema menos excluyente en el reconocimiento social y en la vida política. Por ejemplo, la consideración de Guatemala como un país multiétnico, multicultural y multiling�e era una novedad, aunque tal propuesta estaba limitada a algunos artículos secundarios y se evitaba tomarla como una definición de principio; aún así, permitía cierto reconocimiento de las identidades étnicas y culturales.340 

457.

     En materia de participación electoral y política, la creación del Tribunal Supremo Electoral y la promulgación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la complementó la Constitución con el reconocimiento del derecho de libre organización política. En ese sentido, a diferencia de los cuerpos jurídicos desde 1956, la Carta Magna del 85, no contiene prohibición expresa para la existencia de organizaciones de filiación ideológica comunista.

458.

     Asimismo, regula la realización de una segunda vuelta electoral en caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia obtenga mayoría absoluta de votos (la mitad más uno) durante los sufragios. La Constitución derogada en 1982 y vigente desde 1966, permitía que en caso de no haber mayoría absoluta de votos fuese el Congreso instalado producto de dichas elecciones, el que seleccionaría al Presidente de entre los dos candidatos con mayor números de votos. De esa manera, el partido que obtenía la mayoría en la primera vuelta generalmente obtenía también el mayor número de diputaciones en el Congreso y así de una vez aseguraba la confirmación de su candidato en la presidencia. Con la nueva Constitución esta situación se corrigió y una vez concluida la primera ronda, si no hay mayoría absoluta se procede a una segunda vuelta electoral que es definida por los mismos ciudadanos empadronados. 459.

     En lo que respecta a la participación social, los cambios que introdujo la Constitución de 1985 reconocieron a los trabajadores del Estado el derecho de sindicalización. En los preceptos constitucionales previos, tal derecho estaba expresamente prohibido. Los trabajadores del Estado que en períodos precedentes intentaron organizarse se habían aglutinado en Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE), entidad asociativa que fue reprimida y desarticulada entre 1978 y 1982, quedando prácticamente desaparecida. Al entrar en vigor la Carta Magna de 1985, todos los trabajadores del Estado gozan del derecho de asociación gremial y han podido afiliarse en sindicatos en las distintas dependencias del Estado.

460.

     En el campo social, la Constitución vigente también garantiza el derecho de asociación y manifestación. En períodos precedentes, toda manifestación pública requería de autorización previa, misma que solo podían obtener agrupaciones o entidades con personalidad jurídica. Dicho estatus era casi imposible de alcanzar por federaciones de trabajadores o agrupaciones sociales cívicas, surgidas con posterioridad a los años cincuenta. Por ejemplo, para que el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), nacido en 1976, pudiese convocar a una marcha pública, era indispensable que alguna de las centrales que lo integraban y que tenían personalidad jurídica presentara la solicitud expresa signada por sus representantes que a su vez se hacían responsables de las mismas. Aún así, muchas manifestaciones debidamente autorizadas fueron reprimidas. En tal sentido, la garantía brindada por la nueva Constitución garantiza y protege el derecho ciudadano a manifestarse públicamente y también a asociarse con libertad y sin más limitación que se propio albedrío.

461.