ANTECEDENTES
INMEDIATOS (1944-1961)
49.
Los antecedentes más próximos del enfrentamiento
documentan la forma en que se acumularon las tensiones políticas
e ideológicas desde la década de los cuarenta
y principios de los años cincuenta, incluyendo la eclosión
renovadora de 1944 y su rápida radicalización.
50.
El enfrentamiento armado se
desencadenó en Guatemala debido a una suma de fenómenos
internos como la caída del arbencismo, el feroz anticomunismo
de importantes sectores de la población y de la Iglesia
Católica, y la alianza defensiva de militares, empresarios
y otros segmentos de la población temerosos del cambio
social. Asimismo, intervinieron factores externos como la
guerra fría y la influencia de la triunfante revolución
cubana al alentar en todo Latinoamérica el naciente
movimiento guerrillero. Este capítulo está dedicado
a un recuento breve de los procesos mencionados.
La revolución de
1944
51.
La larga tradición autoritaria
que ha caracterizado a la historia política de Guatemala
se interrumpió el 25 de junio de 1944 con grandes manifestaciones
pacíficas que condujeron a la caída del general
Jorge Ubico, el último dictador "liberal" que se había
mantenido en el poder desde 1933. El triunfo del movimiento
cívico y militar del 20 de octubre abrió una
nueva opción democrática. La conducción
política de este movimiento correspondió a sectores
profesionales e intelectuales ladinos, y como tal, de la clase
media urbana. Estos sectores, que habían ido cobrando
fuerza durante la época de la dictadura, tuvieron oportunidad
de expresarse con los nuevos idearios antifascistas y democráticos
provenientes del contexto internacional. Procesos similares
se produjeron en otros países de América Latina.
52.
A inicios de 1944 los revolucionarios
constituían un conglomerado social heterogéneo
y numeroso. Los grupos más influyentes de la sociedad,
incluyendo importantes sectores del empresariado, se manifestaron
contra la dictadura, compartiendo todos ellos una postura
crítica frente al liberalismo, que se había
convertido en la ideología oficial de gobierno los
últimos setenta años. La vocación democrática
y antidictatorial de los diferentes sectores no fue suficiente:
pronto surgieron diferencias políticas e ideológicas
que al desarrollarse dividieron a la sociedad. Al igual que
en el resto de Centroamérica el nacionalismo democrático
tuvo en Guatemala un carácter plural, pero de por sí
ambiguo.
53.
Entre 1944 y 1954 se produjeron
reformas intensas, que crearon oportunidades de desarrollo
social y de participación política. En 1945
se formuló una nueva Constitución, se amplió
el régimen de partidos y se emitió una nueva
ley electoral. La educación pública recibió
un fuerte impulso, especialmente en el interior del país,
y la Universidad de San Carlos de Guatemala obtuvo su autonomía.
Se estableció el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social y se emitió el Código de Trabajo. Al
mismo tiempo se promovió una reforma agraria que buscaba
la modernización y diversificación del sector
agropecuario así como la inclusión del sector
campesino como un actor fundamental del desarrollo, estimulándose
al mismo tiempo el desarrollo industrial y la ampliación
numérica y orgánica de los asalariados urbanos.
54.
Muy pronto, el libre juego
electoral, la representación proporcional y el autogobierno
escolar constituyeron un nuevo aprendizaje para toda una generación
de guatemaltecos. Fue el inicio de una verdadera renovación
de la vida social, política y cultural de la sociedad,
y una negación crítica frente a las herencias
del pasado liberal. La creación del Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT) en 1949 y su posterior legalización
significó profundizar en la ampliación del espectro
político al incluir un partido comunista.
55.
Entre las reformas que se pusieron
en marcha y se trataron de consolidar con la nueva Constitución,
la reestructuración del Ejército tuvo gran trascendencia.
La suspensión del generalato, decretada desde los primeros
momentos del triunfo del movimiento revolucionario, simbolizó
esta transformación, que se completó con una
inquietud por modernizar, profesionalizar e institucionalizar
el Ejército.36
Por primera vez en la historia del país una Constitución
concedió todo un capítulo y 13 artículos
al tema del Ejército, asentando un modelo que sería
retomado en las Constituciones posteriores.
56.
La norma constitucional estableció
una reorganización del Ejército que resultó
compleja y no siempre operativa: buscaba confirmar la autonomía
funcional que por primera vez se le confería. Creó
el Consejo Superior de la Defensa Nacional, órgano
de consulta y colegiado, constituido por 15 miembros, algunos
por elección y dentro de los cuales no se incluía
al presidente de la República, a pesar de considerársele
comandante en jefe del Ejército.
57.
Los cargos superiores y operativos
del Ejército eran: jefe del Estado Mayor del Ejército
(designado por el Congreso de la República a propuesta
del Consejo Superior de la Defensa Nacional) y ministro de
la Defensa Nacional. Entre ambos se generaron no pocas rivalidades
durante los diez años de vigencia de la Constitución
de 1945, como las que opusieron al mayor Francisco Javier
Arana, jefe del Ejército y líder de la derecha
hasta su asesinato en 1949, al coronel Jacobo Arbenz Guzmán,
ministro de la Defensa en ese tiempo.
58.
Algunas interpretaciones han
insistido en que fueron precisamente el status jurídico
y la estructura organizativa que la Constitución de
1945 reconoció al Ejército los factores que
determinaron que la oficialidad entrara de lleno en el juego
político. En este sentido, las votaciones para integrar
el Consejo Superior de la Defensa Nacional y el propio carácter
de este órgano, impulsaban la discusión para
la toma de decisiones sobre la política militar que
debía adoptar el Ejército de Guatemala y lo
convertían en un estamento deliberativo.37
59.
Aun cuando la nueva regulación
pudo haber contribuido al incremento del peso político
del Ejército en el país, los cambios que se
produjeron en la sociedad guatemalteca y en el contexto internacional
durante aquellos años generaron entre muchos oficiales
la sensación de su peso político frente a la
debilidad del Estado y del resto de organizaciones partidistas
y sociales. Las prerrogativas y beneficios económicos
que recibieron los mandos militares por parte de los Gobiernos
revolucionarios, así como las lisonjas y el interés
de ciertos dirigentes políticos por acercarlos a sus
posiciones, acrecentaron las ambiciones de algunos para acercarse
al poder político o al poder económico, lo que
produjo divisiones y conflictos al interior del Ejército.
60.
Las tensiones políticas
y la polarización ideológica se tradujeron a
lo largo del decenio democrático en varios intentos
de derrocamientos contra el Gobierno. Durante los seis años
de la administración de Juan José Arévalo
se registraron 32 complots para derribarlo, de los cuales
el de mayor impacto fue el de julio de 1949 que terminó
con la muerte del mayor Arana.38
Posteriormente, con la toma de posesión del coronel
Arbenz Guzmán en 1951, se exacerbaron estas tensiones.
61.
Las reformas que estos Gobiernos
llevaron a cabo, destacadamente la agraria, acrecentaron la
polarización ideológica y la lucha política
interna, en un marco internacional cada vez más cargado
por las tensiones del enfrentamiento Este-Oeste. En este contexto
también se incrementó la división y la
radicalización de los revolucionarios, estimulada por
su heterogeneidad político-social. Algunas de las transformaciones
impulsadas por la revolución de octubre del 44 no tuvieron
ocasión de consolidarse y producir efectos perdurables.
62.
Una de ellas correspondió
a los intentos de cambiar las estructuras judiciales arcaicas,
consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas
de manipulación, sumisión y formalismo. La rápida
incorporación de nuevos derechos, la aparición
de un Parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria
generaron tensión en un sistema judicial, quizás
dispuesto a acompañar el proceso pero que se encontraba
atrapado en los vicios de su estructura colonial. La creación
del Código de Trabajo fue un logro evidente, pero también
mostró que el sistema judicial tenía problemas
para ajustarse a la rapidez del cambio. Esta dificultad se
hizo más evidente y más grave a raíz
de los conflictos generados por la reforma agraria, que implicaba
afectar intereses económicos, sociales y políticos
de envergadura.
La reforma agraria
63.
La política agraria
buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra,
considerado como la columna vertebral del poder oligárquico,
sostén de las sucesivas dictaduras y un factor de atraso
nacional. Cuando se realizaron los censos estadísticos
panamericanos de 1950 y se conocieron sus resultados, las
presunciones sobre el grado de concentración de la
propiedad de la tierra y las abismales desigualdades en el
campo se convirtieron en certezas. En ese año el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) elaboró
un estudio en el que criticaba acerbamente las desigualdades
de la vida guatemalteca y recomendaba adoptar una serie de
políticas; entre ellas, un cambio en la tenencia de
la tierra para estimular la agricultura campesina y ampliar
el mercado interno. 64.
En 1953 en su discurso ante
el Congreso de la República, el presidente Arbenz Guzmán
se refirió a la Ley de Reforma Agraria como el comienzo
de la transformación económica de Guatemala.
"Es" -dijo- "la fruta más preciosa de la Revolución
y la base fundamental de la nación como un país
nuevo". La Ley de Reforma Agraria promovía la modernización
del agro y la disolución de las formas de trabajo arcaicas
prevalecientes en el campo guatemalteco:
| Decreto
900 Artículo 1: La Reforma Agraria ... tiene
por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo
... para desarrollar la forma de explotación
y métodos capitalistas de producción en
la agricultura, y preparar el camino para la industrialización
de Guatemala. Artículo 2: Quedan abolidas todas
las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente
prohibidas las prestaciones personales gratuitas de
los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas,
el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y
los repartimientos indígenas, cualquiera sea
la forma en que subsistan.
|
65.
Las fincas menores de 90 hectáreas
no estaban afectadas por la ley, ni las de menos de 200 hectáreas
que estuviesen cultivadas, al menos en sus dos terceras partes.
Tampoco las grandes propiedades en producción, cualquiera
fuera su tamaño; pero al prohibirse el colonato y la
aparcería, se intentaba obligar a los terratenientes
a invertir en salarios.
66.
Durante los 18 meses de aplicación
de la reforma agraria, se repartieron entre 603 y 615 hectáreas
de tierras particulares (10% del total de dichas propiedades);
280 mil hectáreas de tierras nacionales; y se concedieron
créditos para apoyar la producción. A la compañía
bananera United Fruit Company (UFCO), que mantenía
sin cultivar el 85% de sus 220 mil hectáreas, se le
expropiaron 156 mil hectáreas; es decir el 64% de su
superficie.39
Los terratenientes afectados recibieron un pago en bonos del
Estado, según el valor fiscal de la propiedad reportado
durante los tres años anteriores (en general cifras
drásticamente subvaluadas) con una tasa anual de interés
del 3%.
67.
Para 1954 se habían
beneficiado más de 138 mil familias campesinas, de
las cuales la inmensa mayoría eran indígenas.40
Esto podía traducirse en un estimado de medio millón
de personas, para un país que contaba con tres millones
de habitantes. Más de la mitad de los beneficiarios
obtuvieron también créditos agrícolas.
Así se explica en parte el impacto del programa de
reforma agraria entre los campesinos.
68.
La aplicación del referido
programa representó un fuerte desafío a la estructura
de poder tradicional en el campo, no sólo por la reestructuración
de la tenencia de la tierra, sino porque la Ley de Reforma
Agraria impulsó la organización de Comités
Agrarios Locales en cada finca, favoreciendo que se crearan
estructuras de poder local alternativo. La reforma se canalizó
a través de dichos comités, cuyo número
hasta diciembre de 1953 era de 1,496.41
Muchos estuvieron influidos por el Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT), aunque adquirieron dinámicas propias
en los ámbitos locales. Algunos se constituyeron en
foros activos de participación democrática en
una época caracterizada por una gran efervescencia
política; otros se derivaron en espacios de conflicto
y corrupción.
69.
A pesar de que la intención
de los promotores de la Ley de Reforma Agraria fue la de enajenar
únicamente las tierras ociosas de las grandes fincas,
en muchas regiones las comunidades intentaron resolver viejos
conflictos locales a través de ella, como los problemas
que planteaban las tierras comunales. Uno de esos problemas
tuvo lugar en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, donde
se solicitó la devolución de tierras adjudicadas
por Justo Rufino Barrios en 1877 a una comunidad ladina y
que los indígenas reclamaban como propias. La resolución
de la Comisión Agraria Departamental en 1953 favoreció
a estos últimos.42
Asimismo, en otras ocasiones se produjeron denuncias y ocupaciones
de tierras no afectables, así como casos de irregularidades
en la distribución de las parcelas.
70.
Episodios de esta índole
fueron consecuencia, entre otras razones, de la deficiente
información que existía sobre la ley, de su
errónea comprensión o interpretación
por parte del campesinado, de la falta de experiencia de la
incipiente organización campesina y de la politización
del proceso en su conjunto. Ello contribuyó a "crear
tensiones entre los mismos revolucionarios, en la medida en
que las acciones del Gobierno no satisfacían las expectativas
de las organizaciones comunitarias".43
71.
A las tensiones que desató
la Reforma Agraria deben sumarse los problemas provenientes
de un sistema judicial incapaz de aplicar la ley y de resolver
los conflictos derivados de su aplicación. Esa ineficacia
ayudó, en gran medida, a crear más tensiones
entre los sectores que impulsaban la reforma y las comunidades
donde ésta se aplicaba. Los conflictos entre los diferentes
sectores llegaron a su punto culminante en un enfrentamiento
entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. La confrontación
se produjo debido a un recurso de amparo que finalmente aceptó
la Corte Suprema de Justicia y que llevó a la destitución
de ésta por parte del Congreso. Este incidente aumentó
las dudas sobre la legitimidad de la Reforma Agraria.
72.
Las transformaciones y conflictos en el agro
generaron importantes temores entre los grandes propietarios,
así como en determinados sectores medios urbanos y
rurales, pues al sentir amenazados sus intereses se unieron
a la campaña que identificaba los cambios sociales
con una orientación político-ideológica
del régimen hacia el comunismo.
La campaña anticomunista
73.
El anticomunismo tuvo un origen
externo, pero en Guatemala asumió características
particulares. Ya durante el régimen del general Ubico,
como respuesta a la insurrección campesina encabezada
por los comunistas de 1932, los débiles grupos de ideología
marxista y anarquista fueron reprimidos y sus dirigentes encarcelados
durante trece años. Sin embargo, estas corrientes adquirieron
más fuerza durante los diez años de Gobiernos
revolucionarios (1944-1954), identificadas por la oposición
y los Estados Unidos como de inspiración soviética.
Dicha política se asoció, en un primer momento,
con los programas de alfabetización, con la organización
sindical y con las huelgas obreras, hasta entonces desconocidas
en el país por los efectos del orden ubiquista. Posteriormente,
se le asoció a la reforma agraria y, sobre todo, a
la movilización campesina. A la vez, el profundo temor
manifestado en el anticomunismo estuvo claramente estimulado
por los excesos de la retórica izquierdista de la época.
74.
El anticomunismo ya no funcionó
sólo como una ideología para enfrentar al Gobierno,
sino como el instrumento movilizador para oponerse a toda
política de cambio impulsada por éste. De esa
forma, se convirtió en la justificación utilizada
por sectores militares, políticos, civiles, la jerarquía
de la Iglesia Católica, los medios de comunicación,
las organizaciones del sector privado y numerosos grupos ciudadanos,
para alterar el orden constitucional. A estas contradicciones
se unió la legalización del PGT, la relación
de amistad de Arbenz con varios miembros de la comisión
política de este partido y la participación
de algunos de sus miembros en el Gobierno. Esto agregó
nuevos elementos de denuncia para la oposición de derecha
y la Iglesia Católica quienes esgrimían cada
vez más abiertamente su postura anticomunista.
75.
La reestructuración
del papel del Ejército contenida en la Constitución
del 45 significó, como ya se vio, un incremento de
su participación directa en la vida política
del país. De ser un estamento subordinado por tradición
a las dictaduras se convirtió en un núcleo de
poder. Las medidas de profesionalización, modernización
e institucionalización puestas en practica en aquellos
años contribuyeron a ese cambio. La relativa autonomía
de que gozó la Institución Armada determinó,
junto a la debilidad de las instituciones del país,
que se acrecentara su peso político antes y durante
la crisis de 1954.
76.
En ese clima de fuerte polarización
ideológica y política que vivió Guatemala,
la Iglesia Católica surgió como un actor de
primer orden, y su influencia fue aumentando hasta apoyar
clara y enérgicamente el complot anticomunista contra
Arbenz. La carta pastoral del 4 de abril de 1954, "Sobre
los avances del comunismo en Guatemala", es una abierta
apelación religiosa a la rebelión. Se aprobó
además que el Cristo de Esquipulas, muy venerado por
los católicos guatemaltecos, hiciera un recorrido por
el país en señal de alerta sobre el sentido
anticristiano del momento. La Iglesia Católica asumió
así el liderazgo nacional de la cruzada contra el comunismo.
"La gracia de Dios, que todo
lo puede, ha despertado en Guatemala, una cruzada sincera
contra el comunismo, que encabezan los mismos obreros y campesinos
... Todo católico debe luchar contra el comunismo por
su propia condición de católico ...".44
77.
Por otra parte, la profunda
influencia de la política norteamericana, enfrentada
desde 1948 al bloque soviético en el marco de la guerra
fría, resultó adversa a los cambios que había
impulsado el Gobierno arbencista, al que aisló y situó
como una amenaza para el "mundo libre". Para ese período
el Gobierno de Estados Unidos tenía la certidumbre
que Guatemala estaba sucumbiendo a la influencia comunista,
por lo que a partir de 1951 aumentó la presión
diplomática estadounidense contra el Gobierno de Arbenz
en el seno de la ONU, la OEA y la ODECA.
El derrocamiento de Arbenz y la intervención
militar de 1954
78.
El papel que Estados Unidos
jugó en todo el proceso ha sido descrito por numerosos
autores, entre ellos Nicholas Cullather, quien trabajó
para la Agencia Central de Inteligencia (CIA).45
Cullather describió en forma detallada cómo
Estados Unidos llevó a cabo su objetivo de derrocar
al Gobierno de Arbenz usando tácticas de desinformación,
operaciones psicológicas, y hasta la elaboración
de una lista de funcionarios que debían ser asesinados.46
Se emplearon acciones como las siguientes:
" ... Las técnicas más
comunes a utilizar son rumores, cartas anónimas, telegramas
y llamadas telefónicas, además de símbolos
visibles. Las llamadas telefónicas deberían
ser hechas preferiblemente temprano en la mañana, es
decir entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana, cuando
la resistencia psicológica de un hombre está
usualmente a su más bajo nivel. Los símbolos
visibles pueden incluir un ataúd o una soga de ahorcado,
al frente de la casa del amenazado, pintar textos amenazantes
sobre la pared, enviar una falsa bomba por correo ..."47
79.
A comienzos de 1953 se puso
en marcha un plan preparado por expertos norteamericanos para
expulsar a Arbenz del Gobierno. Durante la administración
del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, se fijó
el cuartel operativo en Opa Locka, Florida. En agosto de 1953,
J. C. King, jefe de la CIA para el hemisferio occidental,
informó al presidente estadounidense sobre el plan
PBSUCCESS (con un presupuesto inicial de 3 millones de dólares),
que consistía en desplegar una enorme operación
de propaganda anticomunista en la que también se llevaría
a cabo una invasión armada de Guatemala. El proyecto
contaba con el apoyo activo de los dictadores de la cuenca
del Caribe: Anastasio Somoza (Nicaragua), Marcos Pérez
Jiménez (Venezuela) y Rafael Leonidas Trujillo (República
Dominicana). De esa forma, la CIA fue la que organizó,
financió y dirigió una operación, encubierta
en la que incluso se autorizaron vuelos de los B-26 y de los
P-47 desde Nicaragua.48
80.
La decisión de quién
de los opositores encabezaría la invasión en
el plano político tomó más tiempo que
el operativo final, debido a que la oposición anticomunista
estaba fuertemente dividida. Finalmente fue escogido el coronel
Carlos Castillo Armas, un decidido rival en el ámbito
castrense del presidente Arbenz. El proyecto requirió
la creación de un organismo partidario para que la
acción militar tuviese una dimensión política.
Así fue como, bajo la supervisión de los Estados
Unidos, se creó el Movimiento de Liberación
Nacional, que salió a la luz pública el 23 de
diciembre de 1953 presentando el Plan de Tegucigalpa como
plataforma política.
81.
La invasión desde Honduras,
que se produjo el 18 de junio de 1954, no constituyó,
según expertos históricos, una seria amenaza
militar; sin embargo tuvo efectos psicológicos y propagandísticos
decisivos. Esta fue precedida por incursiones aéreas
y por la acción de una radio clandestina, La Voz de
la Liberación. El bombardeo de la capital y otras zonas
urbanas fue resistido inicialmente por el Ejército,
pero los efectos del ataque reventaron su efectividad entre
los funcionarios y los políticos -tanto civiles como
militares- y en distintos sectores de la población
guatemalteca. El ruido de los aviones y la propaganda radial
contagiaron el descontento y, sobre todo, ablandaron la voluntad
del régimen arbencista.
82.
La intervención militar
de 1954 provocó reacciones diversas entre la oficialidad
guatemalteca. El alto mando del Ejército decidió
no entregar las armas a las organizaciones populares para
la defensa, no enfrentar al grupo invasor e inmovilizar a
la aviación. Las negociaciones entre el jefe del Estado
Mayor, coronel Carlos Enrique Díaz, y el embajador
norteamericano Peurifoy, los días 25 y 26 de junio,
revelan la magnitud de la intervención de los Estados
Unidos. El mismo día 25, Arbenz supo de los términos
de las exigencias del embajador norteamericano: el presidente
guatemalteco debía renunciar o el Ejército de
la nación llegaría a un acuerdo con los invasores.
El día 27 los colaboradores del presidente le informaron
que en el seno del Ejército se había decidido
presentarle un ultimátum. La conspiración militar
se completó cuando Arbenz aceptó renunciar,
con la condición que no se pactaría con los
invasores y que se mantendrían las conquistas sociales.
83.
La súbita renuncia de
Arbenz, leída el domingo 27 por la noche, dejó
inerme a sus numerosos partidarios organizados en todo el
país, e introdujo un elemento de parálisis en
el apoyo popular. El mismo día 27 se formó una
junta militar de Gobierno y luego sucesivos triunviratos,
hasta el 7 de julio de 1954, cuando Castillo Armas se alzó
como jefe de una nueva junta militar. Se trató de un
arreglo palaciego tramado a espaldas de los partidos democráticos
y de las organizaciones sociales.
84.
Los diez años de vida
democrática habían despertado energías
y esperanzas en importantes sectores de la nación guatemalteca,
luego del inmovilismo de los años de dictadura ubiquista.
Tal vez este efecto movilizador de voluntades fuera más
decisivo en el derrocamiento de Arbenz que los logros materiales
alcanzados en tan breve período con las reformas institucionales.
Con la Constitución de 1945 se había buscado
superar el atraso de la sociedad, que se manifestaba en todos
los órdenes de la vida en momentos en que el mundo
entraba a un nuevo período histórico con la
derrota del fascismo y el impulso del desarrollo económico
capitalista. Esa es la razón por la que varias generaciones
de guatemaltecos se frustraron dado el modo en que a mitad
del siglo XX fue derrotado este proyecto de modernización.
Por ello se habla del "trauma del 54" como un efecto político
colectivo, que partió la historia de Guatemala y de
sus ciudadanos. Tan drástico fue el cierre de canales
de participación y tan extendidos los recursos de violencia
empleados, que se consideran como factores que alimentaron
la insurgencia guerrillera a partir de 1960.
85.
A pesar del nuevo realineamiento
que la guerra fría y la administración de Castillo
Armas habrían de imponer al Ejército, en muchos
oficiales quedó grabada la percepción de que
no haberse opuesto a la invasión de 1954 supuso traicionar,
no a la revolución, sino a la patria misma. A su vez,
esa sensación habría de alimentar el malestar
que a lo largo de los nueve años, entre 1954 y 1963,
fundamentó una serie de levantamientos y actos de sedición
previos a la consumación del enfrentamiento armado.
En resumen, se acrecentó la politización del
Ejército haciéndole jugar un papel ideológico,
desviándolo de sus funciones inherentes, y aunque legitimado
por Constituciones no tardó en actuar en consonancia
con las exigencias de la guerra fría.
86.
Aunque el decenio democrático
transcurrió en medio de graves tensiones políticas
en ascenso y con manifestaciones extremas de polarización
ideológica, no hubo violencia gubernamental sino en
escasos momentos identificados con claridad, como en el asalto
a Salamá por un grupo político. Las cifras de
opositores asesinados durante este período son variables
y no existe registro fidedigno. Con fecha posterior a la caída
de Arbenz, la prensa nacional habló de 250 personas.49
Algunos textos publicados por organizaciones afines al Movimiento
de Liberación Nacional (MLN) indican una cifra de 500,
pero solamente proporcionan un listado de 108 nombres.50
Institucionalización del anticomunismo
87.
El anticomunismo sostuvo una
línea de la estrategia antisoviética emprendida
por Estados Unidos. Sin embargo, en su dimensión nacional
tuvo primero un sentido antirreformista, luego antidemocrático
y, por último, contrainsurgente. Adoptó una
actitud de defensa de la religión, la tradición
y los valores conservadores, supuestamente amenazados por
el comunismo ateo.51
Ello llevó a calificar de "comunista" todo lo que contradecía
su discurso o se les oponía, lo cual explica el carácter
excluyente y sectario de esta modalidad ideológica
que contribuyó a dividir, aun más, la sociedad
guatemalteca.
88.
Al propio tiempo, el anticomunismo
se difundió ampliamente en la conciencia colectiva
del país. Las acciones de persecución y venganza
frente a los partidarios del antiguo régimen fueron
realizadas por diferentes sectores después de la caída
de Arbenz. Hasta hoy, no hay datos confiables acerca del número
de detenidos y ejecutados, aunque se sabe que fue considerable.
Algunos analistas señalan, para estos años,
entre 9 mil y 14 mil detenciones y entre 2 mil y 5 mil ejecuciones
practicadas. Asimismo, los testimonios de parcelarios sobrevivientes
refieren a los excesos cometidos en el campo. El caso más
conocido es la ejecución del líder del sindicato
bananero, Alaric Bennet, diputado durante el Gobierno de Arbenz.52
89.
Para completar la depuración
y el control de los enemigos del régimen, el 19 de
julio de 1954 se creó el Comité Nacional de
Defensa Contra el Comunismo, dotado de facultades para ordenar
a las Fuerzas de Seguridad, la investigación de casos
y el arresto de personas. Adicionalmente se establecieron
las figuras legales del estado de peligrosidad y de actividad
comunista, en relación con las cuales el Comité
podía aplicar como medidas de control, la privación
de libertad hasta por treinta días, libertad vigilada,
residencia forzada e incluso la expulsión de extranjeros.53
90.
La Ley Preventiva Penal contra
el Comunismo facultó al Comité para establecer
un registro "organizado técnicamente, de todas las
personas que en cualquier forma hayan participado en actividades
comunistas" (Decreto 59 de la Junta de Gobierno, 26 de agosto
de 1954), y más tarde se estableció la pena
de muerte por actividades de resistencia susceptibles de ser
consideradas como comunistas.54
Según la prensa nacional, entre julio y noviembre de
1954 eran 72 mil personas las que habían sido listadas
en el registro de comunistas.55
91.
La decisión de dotar
a los miembros del Comité de Defensa, de facultades
acusatorias y punitivas al mismo tiempo, sin prueba suficiente
o posterior defensa efectiva, dejó inerme al ciudadano
y abrió las puertas a la más amplia discrecionalidad
represiva. Por su parte, el poder judicial aceptó la
apropiación de prerrogativas judiciales por parte del
Ejecutivo. Es decir, el Comité de Defensa asumió
atribuciones propias de la justicia de instrucción
y las ejerció ilegalmente. Estas resoluciones pueden
ser consideradas como el inicio de violaciones institucionalizadas
de los derechos humanos, que se supone el Estado debería
proteger. Fue el antecedente de lo que sucedería después.
92.
El rasgo característico
de este momento no siempre fue la muerte del opositor, sino
la creación de un clima social de inseguridad generalizada.
El efecto fue el miedo: miedo a ser denunciado, a perder el
empleo, a no poder retornar al país, a participar en
política, a organizarse para exigir derechos. En fin,
a funcionar fuera del marco de una sociedad democrática
de derecho, por la existencia de un régimen de excepción
permanente.56
93.
El régimen de Castillo
Armas nombró una nueva Corte Suprema de Justicia e
inició un período de intensa persecución
política en contra de dirigentes, intelectuales y sospechosos
en general. Se anularon los derechos adquiridos durante la
revolución de 1944, en especial los concedidos por
la Reforma Agraria. El cuerpo de leyes anticomunistas se completó
más adelante, cuando el artículo 6 transitorio
de la Constitución de 1956, facultó al jefe
del Ejecutivo para expatriar o impedir el ingreso al país,
por cinco años, a los comunistas que se habían
asilado o exiliado de Guatemala por razones políticas.
94.
A partir del 19 de julio de
1954, el Estado recuperó las tierras de las fincas
nacionales que habían sido repartidas y el 26 del mismo
mes anuló la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900),
substituyéndola por un nuevo Estatuto Agrario; asimismo,
se revocó la entrega en propiedad del 78% de los parcelamientos,57
que fueron devueltos a sus antiguos propietarios. En los departamentos
más afectados, como Alta Verapaz, Escuintla, Izabal,
Baja Verapaz, Chimaltenango, San Marcos y parte de Quiché,
se registraron sistemáticos actos de violencia.
95.
Durante este período
se produjeron numerosos desalojos y casos de persecución
de campesinos agraristas. Se calificaba así a los campesinos
que en los años anteriores se habían organizado
y que habían accedido a la tierra. En la concepción
del nuevo régimen el agrarismo era sinónimo
de comunismo, y los beneficiarios de la ley eran asumidos
como comunistas.
" ... Al poco tiempo habíamos
sembrado con mi papá, cuando comenzó a ponerse
las cosas un poco feo ... decían que Arbenz no iba
a dilatar, y ciertamente pues, la milpa estaba en elote cuando
él cayó. La gente que estaba con el patrón
nos acusaba que nosotros éramos unos comunistas ...
entonces yo tuve que huir".58
" ... En la finca Caobanal
en 1954, cuando entró Castillo Armas ... todos los
que habían apoyado antes a Arbenz tuvieron que irse
inmediatamente, porque mandaron a quemar las casas donde vivían
con todo y los animales adentro ... con buena suerte se salvó
mi familia".59
96.
Los campesinos también recuerdan que
fue a partir de este momento cuando se reactivó el
antiguo modelo de colonato:
" ... Cuando murió
Jacobo [se refiere al derrocamiento( ... nos vinieron
a traer. El alcalde nos mandó a llamar y nos dijo que
ya no trabajáramos como antes y que no hiciéramos
caso a nadie. Allí terminó nuestro trabajo en
los comités y comenzó nuestro trabajo en las
haciendas".60
97.
En las regiones donde se dieron
las más intensas luchas agrarias, las personas que
presentaron testimonio ante la CEH hicieron referencia a la
época de Arbenz como un antecedente importante a su
incorporación a otras formas de organización
que surgieron en las siguientes décadas (ligas campesinas,
comités pro mejoramiento, movimientos cooperativistas
y otros). En muchos casos, los conflictos de tierras de ese
período se mantuvieron vigentes hasta los años
más álgidos del enfrentamiento armado.
98.
Otros sectores también
fueron perseguidos. Diversas fueron las medidas del nuevo
Gobierno en contra de los simpatizantes y colaboradores del
Gobierno anterior: el Decreto 5,61
que confiscó los bienes y congeló las cuentas
y depósitos bancarios, que fueron adjudicados al Estado.
Con el Decreto 4862
acabaron de suprimir las organizaciones políticas,
sindicales y culturales acusadas de relación con el
comunismo, después de que el PGT fuese ilegalizado
el 28 de junio de ese año. Asimismo, se suspendió
el escalafón magisterial por medio del Decreto 2763
y se facultó a los gobernadores departamentales, de
acuerdo con los vecinos leales al Movimiento de Liberación
Nacional, para que nombrasen y destituyesen maestros. Los
despidos no se hicieron esperar: entre agosto de 1954 y abril
de 1955 fueron destituidos 2,236 docentes.64
99.
La depuración se extendió
a otras dependencias estatales. A finales de 1954 unos 15
mil trabajadores de la Dirección de Obras Públicas
y de la Dirección General de Caminos habían
corrido la misma suerte por pertenecer al sindicato.65
Se ha estimado que 533 organizaciones sindicales fueron clausuradas
y el número de afiliados, que había llegado
a sobrepasar los 100 mil antes de 1954, se redujo a 27 mil
personas.66
100.
Tras emitir el marco legal
provisional, conocido como Estatuto Político de la
República de Guatemala, el 10 de octubre de 1954, la
junta militar convocó un plebiscito, en el que Castillo
Armas obtuvo el 99.9% del voto favorable. El resultado casi
unánime refleja la ausencia de alternativas, pues en
el plebiscito se preguntó a la población si
lo aceptaba o no como presidente de la República. El
voto fue público y obligatorio, mientras que el escrutinio
fue secreto. Y el acto se produjo en un clima de terror que
afectó a los partidarios de Arbenz y los sectores de
la oposición de izquierda en general. De esta manera
Castillo Armas se convirtió en presidente de la República
para el período que habría de concluir el 15
de marzo de 1960, según lo fijó la Asamblea
Nacional Constituyente, que fue elegida al mismo tiempo.67
101.
La actividad política,
suspendida desde agosto de 195468 ,
fue autorizada parcialmente para permitir la elección
de los constituyentes. En esta convocatoria sólo participaron
agrupaciones afines unidas en el Frente Anticomunista Nacional
(FAN). No sería hasta noviembre de 1955 cuando se permitió
la formación de partidos políticos, con la prohibición
expresa de los que profesaran la ideología comunista
o mantuvieran relaciones con organizaciones de este tipo.69
Una disposición similar fue recogida por la Constitución
de 1956, corpus jurídico a la medida de las necesidades
del anticomunismo victorioso, que sancionaba un régimen
de exclusiones políticas y sociales. Entre 1955 y 1957
se constituyeron las organizaciones partidistas que dominarían
la escena política de aquellos años, algunas
de las cuales se han mantenido vigentes hasta la década
de los noventa. Estos grupos fueron:
*
El Movimiento Democrático Nacionalista
(MDN), la formación oficial fundada por el coronel
Castillo Armas, que en 1958 se escindiría al formarse
el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
*
El Partido Democracia Cristiana
(DC), buscó fundamentar una opción con raíces
católicas dentro del anticomunismo. Durante los regímenes
de Arévalo y Arbenz sus fundadores habían peleado
contra el impedimento constitucional de formar un partido
de confesión católica, obstáculo que
existía por ley desde la Constitución liberal
de 1876.
*
El Partido Revolucionario (PR)
se fundó en 1957, después de la muerte de Castillo
Armas. Su lista de 5,000 afiliados fue rechazada por sospechas
de incluir a antiguos comunistas. En el inicio reagrupó
al heterogéneo conjunto de fuerzas revolucionarias
y logró participar en las elecciones generales de 1958.
*
El Partido de Reconciliación Democrática
Nacional (PRDN), dirigido por el general Miguel Ydígoras
Fuentes, rival anticomunista de Castillo Armas en las filas
castrenses.
102.
En enero de 1958, tras el asesinato
palaciego de Castillo Armas y el triunfo electoral de Ydígoras
Fuentes, se abrió una pugna por el liderazgo político
que llevó a la escisión del MDN. Con este nombre,
el ala encabezada por el coronel José Luis Cruz Salazar
se unió al partido gobernante, el PRDN, mientras Mario
Sandoval Alarcón fundó el Movimiento de Liberación
Nacional (MLN).
103.
Durante el Gobierno de Ydígoras
Fuentes es posible reconocer dos momentos distintos. Inició
su gestión con un llamado a la reconciliación
nacional e intentó desarrollar una política
democrática con el lema "Borrón y cuenta nueva".
Ydígoras inició varias acciones, consideradas
como gestos importantes, hacia la oposición de izquierda,
pues permitió la organización social y el regreso
de numerosos exilados, entre ellos varios dirigentes comunistas.
En sus dos primeros años de Gobierno la represión
disminuyó considerablemente. La respuesta del clandestino
PGT fue el lanzamiento, en febrero de 1958, de una plataforma
política de "Conciliación Nacional", buscando
abrirse espacios políticos y la legalización
de las actividades de sus miembros.70
104.
A lo largo de 1959, el Gobierno
del general Ydígoras Fuentes fue desarrollando una
política cada vez más anticomunista, por razones
de orden interno y externo.71
Por un lado, para luchar contra el liderazgo político
anticomunista encabezado por el MLN y la DC; y por otro, por
los efectos que produjo la victoria de la guerrilla cubana
en enero de 1959. El triunfo de Fidel Castro y la radicalización
del proceso revolucionario en aquel país tuvieron efectos
directos en la política guatemalteca, pues Cuba influyó
como punto de referencia histórico y político
para la izquierda ilegal.
105.
Paradójicamente, la
mayor oposición al régimen de Ydígoras
vino de los partidos de derecha y centro, el MLN, el PR y
la DC, que participaron con poco éxito en la competencia
electoral contra el régimen. Considerando que el ydigorismo
no era suficiente garantía del nuevo orden político
y que el país era una víctima fácil del
comunismo, estos tres partidos pactaron una alianza estratégica
en noviembre de 1960, que se definió como la mejor
expresión del anticomunismo nacional, pues incluía
dentro de los acuerdos suscritos: " ... la lucha ideológica
y material en forma categórica y permanente contra
el comunismo, hasta erradicarlo definitivamente de Guatemala,
a través de una política social y económica
justa".72
Este pacto tuvo un papel relevante en los años siguientes
cuando se inicia de hecho el enfrentamiento armado.
Inestabilidad política
106.
La institucionalización
en 1954 del nuevo régimen anticomunista atravesó
por un período de gran inestabilidad provocada por
las pugnas en el interior de la alianza anticomunista. A lo
largo de nueve años (1954-1963) se registraron acontecimientos
determinantes para que el país evolucionara hacia una
dictadura militar y no hacia la consolidación de un
régimen democrático. Tal evolución no
fue un resultado fatal de la historia nacional sino también
fue influida de la dinámica de la política anticomunista
inspirada y fomentada por Estados Unidos, con un decidido
apoyo de los partidos políticos y los sectores de poder
guatemaltecos, dispuestos a brindar su respaldo a regímenes
militares fuertes en el traspatio estratégico norteamericano.
107.
En el seno del Ejército
también se manifestaron diversas formas de descontento,
que se iniciaron con el levantamiento de los cadetes de la
Escuela Politécnica,73
el 2 de agosto de 1954, el que se resolvió tras la
mediación del arzobispo y el embajador estadounidense.
Este descontento continuó durante todo este período,
registrándose seis alzamientos dirigidos por oficiales
disconformes entre octubre de 1954 y julio de 1961. Paralelamente
se registraron al menos once oficiales muertos y un número
importante de detenidos y expulsados del país.74
108.
El 21 de octubre de 1954 fue
develada una sublevación de sargentos en la Guardia
de Honor y en otras bases militares. El 20 de enero de 1955
se produjo un alzamiento en la Fuerza Aérea dirigido
por el coronel Francisco Cosenza. La prensa mencionó
10 militares muertos y el encarcelamiento de 100 más,
entre ellos varios civiles, cifra que ascendió a 417
a finales de enero. La gravedad de los hechos motivó
la declaratoria del estado de sitio.75
109.
En los primeros meses de 1955
se registró la muerte de algunos oficiales, entre ellos
el coronel aviador Humberto Fernández Izaguirre y el
teniente Guillermo Moncada. La prensa recoge, asimismo, el
asilo en la embajada de El Salvador del coronel Cosenza y
del cadete Rodrigo Hernández Salguero. Este último
regresó a Guatemala seis meses después, siendo
asesinado inmediatamente después. El 5 de diciembre
de 1955 se produjo un levantamiento encabezado por los coroneles
Arturo Niederheitmann, ex oficial del Ejército de Liberación
y ex jefe de la Fuerza Aérea, y Oscar Domingo Valle.
Estos datos muestran que el descontento era mayor en la aviación
que en las armas restantes .
110.
El 1 de enero de 1956 también
se registró otro acto similar, aparentemente comandado
por los coroneles Carlos Paz Tejada y Francisco Cosenza, así
como por el teniente coronel Adolfo García Montenegro,
en unión de elementos perregistas descontentos con
el régimen. En mayo de 1956 fueron asesinados el mayor
de aviación Pedro Granados, el teniente José
Luis Rubio y los mecánicos Roberto García y
Carlos Archila.
111.
En junio de 1957 aparecieron
los cadáveres del coronel Carlos Sarti Morales y de
Francisco Méndez Montenegro (hermano de Mario y Julio
César Méndez).76
Fueron capturados, ejecutados, sus cuerpos aparecieron en
la base militar de San José. En enero de 1958 el coronel
Paz Tejada fue detenido y expulsado a Nicaragua.77
En julio de 1960 el teniente José Guillermo Lavagnino
y un grupo de jóvenes intentó tomar la base
militar de Cobán, obtener armamento e iniciar en la
Sierra de Las Minas la lucha contra el Gobierno.78
En junio de 1961 fueron detenidos los coroneles Ernesto Paiz
Novales y Oscar Domingo Valle Campos, quienes denunciaron
haber sido torturados. Otro complot fue develado el 13 de
julio de 1961. 112.
Las tensiones en el interior
del Ejército denotaron la inconformidad de parte de
la oficialidad arbencista y democrática ante el cariz
que estaban tomando los acontecimientos nacionales dirigidos
por militares de orientación anticomunista y pro norteamericana.
Debido a esto, la nueva cúpula del Ejército
inició una profunda depuración interna que se
prolongó hasta 1963, cuando se logró una cierta
consolidación institucional.
113.
A lo largo de los primeros
gabinetes anticomunistas, diferentes sectores civiles que
se opusieron al gobierno fueron reprimidos violentamente.
El 25 de junio de 1956 fue disuelta una marcha, encabezada
por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU),
en la ciudad capital, para denunciar la represión realizada
con motivo de la festividad del Día del Maestro. Las
Fuerzas de Seguridad atacaron la marcha frente al Cine Lux,
con el resultado de cinco estudiantes asesinados y 34 heridos.
La prensa nacional reportó 137 personas detenidas y
34 estudiantes expatriados. Asimismo, la represión
alcanzó a los medios periodísticos, pues varias
publicaciones fueron clausuradas, entre las que se encontraban
El Estudiante, Nuestro Diario, el semanario Lunes
y los radioperiódicos Voz y Antena, La
Voz de la Actualidad y Audio Prensa.
114.
Uno de los mayores obstáculos
que el régimen encontró para su consolidación
institucional fue el asesinato, nunca esclarecido, del presidente
Carlos Castillo Armas, el 26 de julio de 1957.79
Su muerte desencadenó una agitada pugna entre las fuerzas
anticomunistas. Para resolver la sucesión presidencial
se convocó a elecciones el 20 de octubre de 1957, en
las que el MDN propuso a Miguel Ortíz Pasarelli, antiguo
ministro de Gobernación de Castillo Armas, y el PRDN
al general Ydígoras. Los seguidores de este último
repudiaron los resultados por fraudulentos, generándose
una protesta masiva en las calles de la capital, que provocó
la intervención del Ejército, instalándose
en el término de una semana una junta militar de Gobierno.80
Luego se convocó nuevamente a elecciones en enero de
1958, en las que por mayoría relativa resultó
ganador el general Ydígoras. El veredicto electoral
fue rechazado por el Movimiento Democrático Nacionalista
(MDN), que tenía mayoría en el Congreso. La
crisis hizo necesario un difícil pacto político,
tras el cual se eligió finalmente, en elección
de segundo grado, al general Ydígoras, que el 12 de
febrero fue reconocido como triunfador por el Congreso.81
115.
El Gobierno del general Ydígoras
fue deteriorándose paulatinamente. La corrupción
de los altos funcionarios y la ineficacia administrativa,
así como el aumento de la represión contra los
opositores de derecha e izquierda, a partir de 1959, lo volvieron
impopular. La represión se acentuó con la recién
decretada Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas,82
que reafirmaba la ilegalidad del comunismo y decretaba penas
de cárcel para sus miembros, las cuales se endurecían
si se verificaba que los acusados atentaban contra el Ejército
o se comprobaba que mantenían relaciones con partidos
comunistas extranjeros.
116.
Tales medidas anticomunistas
repercutieron de inmediato sobre los sindicatos y la Universidad
de San Carlos, siendo los primeros acusados de estar permeados
por la "infiltración comunista". Paralelamente, el
Gobierno enfrentaba una notable agudización de problemas
económicos y laborales, por lo que decidió impulsar
en el Congreso dos proyectos: una reforma tributaria y un
préstamo por valor de 18 millones de dólares.
Ambas iniciativas provocaron protestas en todos los sectores
de la sociedad, especialmente en el sector empresarial y el
agro exportador, que acababa de reintegrarse en el Comité
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales
y Financieras (CACIF), el cual se opuso rotundamente al proyecto
de reforma fiscal.83
117.
Otro hecho que generó
mayor división y tensión en la sociedad fue
la abierta participación del Gobierno en el adiestramiento
del contingente anticastrista que desembarcaría en
Playa Girón, Cuba. En estas circunstancias, se llevaron
a cabo las elecciones legislativas del 3 de diciembre de 1961,
en las que se enfrentaron dos coaliciones de partidos, obteniéndose
resultados electorales poco claros. Las mismas fueron señaladas
como fraudulentas por la alianza entre el Movimiento de Liberación
Nacional, el Partido Revolucionario y la Democracia Cristiana
Guatemalteca y al mismo tiempo motivaron protestas cada vez
más numerosas por parte de la oposición de izquierda,
que no había podido participar por mandato constitucional.
118.
Los primeros gobiernos anticomunistas
estuvieron marcados por la inestabilidad política que
todas estas tensiones despertaron. Entre el 27 de junio de
1954, que señala la caída del presidente Arbenz,
y el 30 de marzo de 1963, cuando Ydígoras fue derrocado,
se produjeron dos golpes de Estado; se instalaron cuatro juntas
provisionales de Gobierno; fue asesinado un presidente; se
dio una elección presidencial fraudulenta, además
de diversos complots militares y múltiples protestas
sociales contra los fraudes en las elecciones legislativas,
entre ellas las más importantes, denominadas jornadas
de marzo y abril de 1962. Esto motivó un replanteamiento
en las políticas de un Estado cada vez más militarizado,
siguiendo las tendencias del nuevo contexto internacional.
119.
A lo largo de este período, y en especial
durante el Gobierno de Ydígoras, no sólo se
llevó a cabo una depuración profunda al interior
del Ejército, sino que se empezaron a introducir y
aplicar elementos teóricos y doctrinarios elaborados
en el marco de la guerra fría, dirigidos a contrarrestar
cualquier amenaza comunista en el hemisferio, así como
a neutralizar cualquier tipo de oposición ya fuera
social, política o militar.
Implementación de
la Doctrina de Seguridad Nacional
120.
El factor clave en la introducción
de estos nuevos elementos fue la influencia de los Estados
Unidos en la depuración y reforma del Ejército
guatemalteco. Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica
y el Caribe tras la revolución cubana, se habían
convertido en enclaves geopolíticos estratégicos.
En este contexto se introdujeron en el país nuevos
postulados, englobados en la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN),84 que
más que un cuerpo sistematizado y recogido en un documento
único, fueron una forma práctica de enfrentar
interna y externamente la posible o real amenaza comunista
en el marco de la guerra fría y de las nuevas relaciones
entre Estados Unidos y América Latina. En este sentido
contribuyó, quizás más que ningún
otro elemento, a unificar el perfil ideológico de los
Ejércitos latinoamericanos, dentro de concepciones
claramente anticomunistas.
121.
Las principales tesis de la
DSN se elaboraron en diversos centros de pensamiento politico-militar
estadounidense, principalmente en el National War College
de Washington. Fueron secundadas por profesores universitarios
civiles, que coincidían en el grado de importancia
que debía otorgarse al control militar sobre la vida
política y social en los países subdesarrollados,
debido a la función estabilizadora que ejercerían
los militares frente a la debilidad de otras instituciones
(partidos políticos, elecciones, competencia económica,
organizaciones sociales, etc.). Luego pasaron a formar parte
de los planes de estudio de las escuelas militares latinoamericanas.
Resultaba obvio que la DSN era una estrategia de acción
para la defensa de una ideología y no un cuerpo doctrinario,
como lo haría presumir su nombre.
122.
Conforme al enfoque de la DSN, se instruyó
a muchos oficiales de los ejércitos latinoamericanos,
a través de cursos; primero en la Escuela de las Américas,
en Panamá, donde funcionaba desde 1946, y posteriormente
en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos.
123.
Eliminado del contexto geopolítico
latinoamericano el peligro de una invasión militar
extra continental, surgió una nueva amenaza: la presencia
en la propia sociedad de un "enemigo interno".85
Este nuevo adversario estaba representado por cualquier persona,
grupo social, reivindicación o idea susceptible de
desempeñarse, en el presente o en el futuro, como "punta
de lanza", aliado o apoyo eventual del "comunismo internacional".86
124.
Durante la administración
Kennedy (1961-1963) se promulgó la Política
de Defensa Interna de Ultramar, United States Overseas Internal
Defense Policy (OIDP), que proponía como puntos clave:
"Asistir en la inmunización de sociedades vulnerables
que aún no son amenazadas por la subversión
comunista. Apoyar a los países donde la subversión
está latente o es incipiente, para derrotar la amenaza,
removiendo las causas antes que el estadio de insurgencia
haya sido alcanzado. Ayudar en el establecimiento o fortalecimiento
de las organizaciones de inteligencia y seguridad interna,
de tal manera que sean capaces de enfrentar la amenaza de
la subversión".87
125.
Por otro lado, la política
estadounidense para América Latina incorporó
nuevos elementos. Al mismo tiempo que continuó poniendo
énfasis en la DSN y la lucha contra el enemigo interno,
se propuso combatir la pobreza y la exclusión política,
por considerar que éstas favorecían la propagación
del comunismo. Es decir, éste podía ser derrotado
mostrando las ventajas del capitalismo y de la libre empresa.
La asistencia para el desarrollo se convirtió así
en un pilar de las nuevas relaciones con el continente. La
Alianza para el Progreso (ALPRO), aprobada en la Reunión
Interamericana de Montevideo de 1961, fue el instrumento para
lograrlo y una de las formas de contrarrestar los efectos
de la revolución cubana.
126.
La izquierda latinoamericana
rechazó la ALPRO como expresión de reformismo
y de injerencia extranjera. Las dificultades para lograr cambios
estructurales reales por la vía democrática
llevaron a diferentes grupos de izquierda a considerar la
opción de la lucha armada. En este contexto, Cuba apoyó
a los grupos insurgentes del continente, entre ellos al guatemalteco.
Este apoyo, que también favorecía la posición
cubana, contribuyó a hacer más tensas las relaciones
con Estados Unidos. Frente al desafío de la insurgencia,
las administraciones estadounidenses recurrieron a sus aliados
más seguros: los regímenes militares, herederos
de la tradición dictatorial del pasado y ya influidos
por los postulados de la DSN.
127.
En este contexto internacional,
la adopción y adaptación de la DSN en Guatemala
anticiparon las de otros países de América Latina.
Se inició con los Gobiernos anticomunistas a partir
de 1954. Según Héctor Alejandro Gramajo: "El
nuevo orden político que se implantó en Guatemala,
era el producto de la interpretación guatemalteca de
la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que
identificaba al comunismo como su primera y más peligrosa
amenaza".88
128.
Dentro de este proceso, algunos
de los puntos de la DSN fueron desarrollándose en las
décadas siguientes y se hicieron explícitos
y hasta llegaron a ser de conocimiento público, en
los años ochenta.89
La DSN consideraba que el poder nacional estaba conformado
por cuatro elementos: el poder económico, el social,
el político y el militar. Cada uno de los factores
indicados requirió de estrategias particulares para
su implantación, pasando posteriormente a convertirse
en una estrategia nacional: 90
"La estrategia nacional monta
y conduce maniobras estratégicas combinando los instrumentos
y los medios a su disposición, como acciones diplomáticas,
sanciones económicas y ayuda financiera, en el campo
económico-financiero, acciones psicológicas
en el campo psicosocial y si fuera necesario acciones bélicas.
La aplicación del poder se hace parcialmente a través
de maniobras estratégicas diversificadas, de naturaleza
política, económica o psicológica, que
excluya el empleo masivo del poder militar. La guerra así
conducida toma un aspecto peculiar no convencional y se denomina
guerra fría. Su objetivo es desgastar el prestigio
internacional del adversario, llevándolo mediante un
juego apropiado de regateo a hacer concesiones parciales".
91
129.
Las estrategias particulares
están relacionadas entre sí, para la consecución
de los objetivos nacionales. "[Los cuales] ... podemos dividirlos
a su vez en permanentes o temporales. Estos a su vez podrán
ser los objetivos nacionales actuales y los mismos se desprenden
de la política de Gobierno definida en última
instancia por el presidente de la República".92
130.
Tomando en cuenta los cuatro
componentes del "poder nacional" ya señalados y de
acuerdo a una planificación estratégica de seguridad
nacional, los Gobiernos fueron acrecentando la intervención
del poder militar para hacer realidad el objetivo de enfrentar
y eliminar a la "subversión", concepto que incluía
a toda aquella persona u organización que representase
cualquier forma de oposición al Gobierno de turno o
al Estado, con lo cual dicha noción se equiparaba a
la de "enemigo interno". Este paso constituyó uno de
los efectos más peligrosos para la democracia, pues
por una parte se aplicó el término de "subversivo"
indiscriminadamente a cualquier opositor o crítico,
en el campo y la ciudad; y por la otra, de una forma premeditada
se confundió la lucha armada con la oposición
democrática, con resultados nefastos para la participación
política no insurgente.93
131.
Una vez iniciadas las operaciones
militares y en aplicación del enfoque de seguridad
nacional, los restantes elementos del poder nacional, el económico,
el político y el social, debían actuar para
fortalecer la hegemonía militar dentro de una concepción
de "guerra total". "Desde el punto de vista de los insurgentes
la guerra revolucionaria es una guerra total. Todas las armas
disponibles pueden usarse contra cualquier blanco. No hay
lugar, como dijo Mao, para "escrúpulos estúpidos"
acerca de la benevolencia, la corrección y la moral
en la guerra".94
132.
Esta concepción significó
que todas las estructuras del Estado guatemalteco y todos
los recursos del poder debían ponerse a disposición
del Ejército, para combatir y derrotar a la guerrilla.
En este contexto, el poder político era el responsable
de brindar las decisiones apropiadas y los instrumentos legislativos
y jurídicos para impulsar la guerra antisubversiva.
Al poder económico le correspondía apoyar, con
los medios financieros necesarios, la modernización
y tecnificación del Ejército.
133.
El poder social debía
respaldar al poder militar, a través de campañas
de información, desinformación, adoctrinamiento
y preparación ideológica, para conseguir que
la población aceptara al Gobierno. Bajo un enfoque
como el indicado, resultaba explicable que el proceso de militarización
de la sociedad avanzara conforme la contrainsurgencia se convertía
en un objetivo nacional fundamental.
134.
Por otra parte, es necesario
considerar que dentro de este enfoque, la defensa de los intereses
nacionales no se sujetaba a las regulaciones legales ni a
las restricciones que imponía la observancia de los
derechos humanos. Los métodos para combatir al adversario
interno tendieron a ser clandestinos e irregulares a fin de
conseguir resultados garantizados, rápidos y contundentes
frente a las operaciones convencionales que caracterizaban
las guerras convencionales. 95
135.
Al identificar a todos los
oponentes como adversarios, la DSN contribuyó a ensanchar
la concepción de la contrainsurgencia y generalizar
las técnicas de persecución. Las opciones para
la población se limitaron a expresar adhesión
al régimen o a silenciar las críticas, como
una de las únicas formas de garantizar una precaria
sobrevivencia, dentro de una atmósfera creciente de
terror de Estado. La DSN fue utilizada para dar cuerpo a la
defensa de privilegios adquiridos y fundamentadas en la tradición
excluyente del propio Estado.
136.
En estas circunstancias, a
partir de la década de los sesenta, la inestabilidad
aumentó hasta alcanzar una condición peligrosa
de ingobernabilidad permanente. Primero tuvo lugar el alzamiento
militar del 13 de noviembre de 1960. Un año después
se sucederían las manifestaciones contra el fraude
electoral, seguidas de las protestas masivas, en los meses
de marzo y abril de 1962, que adquirieron un tono preinsurreccional,
hasta llegar al golpe de Estado de marzo de 1963. Todos estos
acontecimientos guardan una estrecha relación causal
con el estallido del enfrentamiento armado.
El levantamiento militar del 13 de noviembre
de 1960
137.
Para comprender la aparición
de la guerrilla guatemalteca es necesario hacer referencia
al levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960. Este
fue el movimiento de mayor envergadura de la cadena de actos
protagonizados por oficiales del Ejército desde 1954.
En sus preparativos se involucraron por lo menos un 30% de
los cuadros del Ejército, principalmente oficiales
subalternos.96
Fue también la rebelión en la que se expresaron
intereses divergentes en el seno del Ejército, que
luego fueron unificados por el golpe de Estado del 30 de marzo
de 1963.
138.
Aun cuando contó con
el apoyo de algunos civiles, el levantamiento tenía
motivaciones básicamente militares. Perseguía
la destitución del ministro de la Defensa (considerado
responsable de actos de corrupción), la depuración
de la oficialidad, la profesionalización del Ejército
y el retorno a los valores morales impartidos en la Escuela
Politécnica. Sin embargo, lo más importante
fue cuestionar la decisión presidencial de permitir
que expedicionarios cubanos que iban a participar en la invasión
de Playa Girón se entrenaran secretamente en Guatemala
y, por consiguiente, que funcionaran fuerzas irregulares en
el territorio nacional.97
139.
Una filtración obligó
a adelantar los planes de levantamiento, provocando la desorganización
de los participantes y luego el fracaso de la intentona. Los
alzados del antiguo cuartel Matamoros, única base importante
que secundó el movimiento, se dirigieron al oriente
del país para retornar a la capital con el apoyo de
las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. A solicitud
del presidente Ydígoras, aviones norteamericanos que
se encontraban en la finca Helvetia (Retalhuleu), campo de
entrenamiento de los cubanos anticomunistas, apoyaron el bombardeo
de objetivos militares, y la rebelión fue controlada.
Algunos oficiales fueron detenidos, procesados y, posteriormente,
amnistiados. Otros más (aproximadamente 70) optaron
por el exilio en México, El Salvador y Honduras.
140.
Como reacción al levantamiento
militar, el Gobierno arrestó ese mismo día -13
de Noviembre- a miembros del PGT, del Partido Revolucionario
(PR) y del Partido de Unidad Revolucionaria (PUR) a quienes
se les acusaba de estar involucrados en la conspiración
militar.98
Ocho días después, el 21 de noviembre, se decretó
un estado de sitio en los departamentos de Escuintla, Guatemala,
El Progreso, Zacapa e Izabal, lugares donde el PGT contaba
con un considerable número de simpatizantes.99
36 La modernización
comprende las acciones destinadas a actualizar y poner en
condiciones de funcionamiento óptimo al Ejército,
tomando en cuenta el contexto nacional, regional y mundial
en el que las mismas se desempeñan. La profesionalización
se refiere a las necesidades de desarrollo académico
de los recursos humanos de la Institución Armada, para
que corresponda a los fines de su modernización. En
algunos enfoques, la modernización incluye también
la profesionalización. No obstante, es importante considerar
que un ejército altamente profesionalizado debe estar
en capacidad de comprender sus objetivos y funciones en el
conjunto de instituciones del Estado, en relación con
los intereses nacionales y el poder civil. Puede resistir
mejor los intentos para involucrarlo en actividades políticas
distintas a sus objetivos institucionales (como sucedió
durante la época de la guerra fría y del enfrentamiento
armado en Guatemala). Por su parte, los fines de institucionalización
del Ejército completan los objetivos de permanencia,
estabilidad, reconocimiento y especialización que éstas
requieren a través de bases legales que definan sus
funciones, estructura, régimen interno, escalafón,
responsabilidades, etc., y minimicen la intromisión
ajena a su condición como tal (según ocurrió
con el Ejército de Guatemala durante las "dictaduras
liberales" ya indicadas, cuando estuvo sujeto a los caprichos
de los gobernantes). Regrese al Texto
37 José
Luis Cruz Salazar, "El Ejército como una fuerza social",
en Democracia, Gobernabilidad y Sociedad Política
3-4, ASIES, Guatemala, 1993, pg. 135-142. Héctor
Alejandro Gramajo, De la guerra ... a la guerra: La difícil
transición política en Guatemala, Fondo
de Cultura Editorial, Guatemala, 1995, pg. 78 y Alfonso Yurrita,
El Ejército, Documento mimeografiado, sin fecha,
pg. 109. Regrese al Texto
38 Tomás
Sierra Roldán, Diálogos con el coronel Monzón,
Editorial San Antonio, Guatemala, 1958, pg.43. Guillermo Flores
Avendaño, Memorias I, Editorial del Ejército,
Guatemala, 1974, pg.337. Regrese al Texto
39 Guillermo Paz
Cárcamo, Guatemala: Reforma Agraria,
3¦. Edición, FLACSO, Guatemala, 1997; Jim Handy, Revolution
in the Countryside: rural conflict and agrarian reform in
Guatemala, 1944-1954, University of North Carolina Press,
1994, pg.171. Regrese al Texto
40 José
Luis Paredes Moreira, Reforma Agraria: Una experiencia
en Guatemala, Editorial Universitaria, Guatemala, 1963,
pg.57. Regrese al Texto
41 Los comités
estaban conformados por cinco miembros: uno nombrado por la
Gobernación Departamental, otro por la Municipalidad
y miembros nombrados por la Confederación Nacional
de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Confederación
Nacional de Campesinos (CNC) o por elección popular.
Guillermo Paz Cárcamo, ob. cit., pg.148-149. Regrese
al Texto
42 La resolución
fue revocada durante el Gobierno de Carlos Castillo Armas.
Regrese al Texto
43 Guillermo Paz
Cárcamo, ob. cit., pg. 147-149. Regrese al Texto
44 Monseñor
Mariano Rosell y Arellano, "Carta Pastoral del 4 de
abril de 1954", en El calvario de Guatemala: páginas
de horror y crimen, Tipografía Nacional, CEUA,
Guatemala, 1955, pg. 319-324. Regrese al Texto
45 Nichollas Cullather,
Operation PBSUCCES: The United States and Guatemala: 1952-1954,
History Staff Center for the Study of Intelligence, Central
Intelligence Agency, Washington D.C., 1994. Regrese al
Texto
46 CIA, Informe
A Guatemalan Communist Personel to be Disposed of During
Military Operations, 1954, Pq. HD/1.8. Regrese
al Texto
47 CIA, Informe
Instruction "Never War Against Individuals", 9 de junio
de 1954, Pq. HD/1.10. Regrese al Texto
48 Dwight D. Eisenhower,
Conferencia en la American Booksellers Association, Memorias,
1963. Regrese al Texto
49 El Imparcial,
Guatemala, 7 de julio de 1954. Regrese al Texto
50 Comité
de Estudiantes Universitarios Anticomunistas (CEUA), El
calvario de Guatemala: páginas de horror y crimen Tipografía
Nacional, Guatemala, 1955, pg. 153-154. Regrese al Texto
51 Un ejemplo,
de los muchos, lo desarrolla un texto de Monseñor Rosell
y Arellano, " ...el partido comunista se había infiltrado
en todos los órdenes de la vida política y social
de Guatemala, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los
puestos mínimos de las alcaldías municipales".
Carta Pastoral del Arzobispo de Guatemala, Guatemala, 1954,
Publicación de Acción Católica de Guatemala.
Regrese al Texto
52 Piero Gleijeses,
Shattered Hope. The Guatemalan Revolution and the United States,
1944-1954, Princeton, 1991; Edelberto Torres-Rivas y Gregorio
Selser. El Guatemalazo. La primera guerra sucia, Colección
Documentos No. 3, Editorial Iguazú, Buenos Aires, 1961.
En octubre de 1954, el Sindicato General de Marinos de los
Países Bajos presentó una queja ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre 45 dirigentes sindicales
de la United Fruit Company (UFCO), detenidos ilegalmente y
fusilados, Oficina Internacional del Trabajo-OIT, Boletín
Oficial, Vol. XXXVIII, No.1,OIT, Ginebra, 1955, pg. 51.
Regrese al Texto
53 Decretos 23
y 39 de la Junta de Gobierno, 18 y 19 de julio de 1954. Regrese
al Texto
54 Después
de 18 meses de funcionamiento, el Comité Nacional de
Defensa contra el Comunismo fue disuelto el 22 de noviembre
de 1956 y se convirtió en la Dirección General
de Seguridad (Decreto 553). Dicho Comité y las "listas
negras" que elaboró constituyeron el primer antecedente
del "Archivo" que la Inteligencia militar organizó
años después. Regrese al Texto
55 El Imparcial,
Guatemala, 20 de noviembre de 1954. Regrese al Texto
56 Véase
documentos históricos, Apéndice 7, al final
de este capítulo. Regrese al Texto
57 Jim Handy,
ob. cit., pg. 197. Regrese al Texto
58 Testigo CEH
(T.C. 306). Regrese al Texto
59 C 13203, Escuintla,
1998. Regrese al Texto
60 Testigo CEH.
Alta Verapaz. Regrese al Texto
61 Decreto 5,
5 de julio de 1954. Regrese al Texto
62 Decreto 48,
10 de agosto de 1957. Regrese al Texto
63 Decreto 27,
16 de julio de 1954. Regrese al Texto
64 Periódico
El Estudiante, 3 y 5 de mayo de 1955. Regrese al
Texto
65 Nuestro
Diario, 11 de agosto de 1954. Regrese al Texto
66 Víctor
Bulmer-Thomas, La Economía Política de Centroamérica
desde 1920, BCIE, Tegucigalpa, Honduras, 1989, pg.187.
Regrese al Texto
67 Decretos del
Presidente de la República 86 y 89, 21 de septiembre
de 1954, Tomo 73. Recopilación de Leyes. Regrese
al Texto
68 Decreto 48
de la Junta de Gobierno, agosto de 1954. Regrese al Texto
69 Decreto 469,
año 1955, presidente de la República. Regrese
al Texto
70 PGT, Carta
de Guatemala, 26, México, febrero de 1958. Regrese
al Texto
71 Véase
documentos históricos, Apéndice 13, al final
de este capítulo. Regrese al Texto
72 Francisco Villagrán
Kramer, Biografía política de Guatemala,
los pactos políticos de 1954 a 1970, FLACSO, Guatemala,
1993, pg. 357. Regrese al Texto
73 Los cadetes
que se alzaron el 2 de agosto contaron con el apoyo de los
militares de otras bases y sitiaron a las fuerzas de la liberación
acantonadas en el edificio del hospital Roosevelt. Tras media
hora de hostilidades y gracias a la mediación indicada,
la tropa irregular abandonó dicho hospital y fue desarmada,
desfiló por la capital rumbo a la estación del
ferrocarril, fue licenciada y retornó a sus lugares
de origen. Con esa medida se consideró que fue derrotada
por los cadetes alzados. Regrese al Texto
74 El Imparcial,
21 y 22 de octubre de 1954; 20, 22, 27 y 29 de enero de 1955;
2, 4 y 18 de enero de 1956; periódico El Estudiante
de mayo, junio y septiembre de 1955, abril de 1956 y Prensa
Libre 14, 16, 22, 24 y 26 de julio y 18 de agosto de 1961.
Regrese al Texto
75 Decreto 204
del Presidente de la República, enero de 1955. Regrese
al Texto
76 Ricardo Ramírez,
"Comment est née la lutte armée", Lettres
du front guatémaltŠque, Masperó, París,
1970, pg. 20. Regrese al Texto
77 El Estudiante,
febrero de 1958. Regrese al Texto
78 Decreto 204
del presidente de la República, enero de 1955. Regrese
al Texto
79 Existen diferentes
versiones de la muerte de Castillo Armas. Mario Efraín
Nájera Farfán, Cuando el sol cae ... un presidente
que murió para vivir, Guatemala, 1958, pg. 232.
Francisco Villagrán Kramer, Biografía política
de Guatemala, los pactos políticos de 1954 a 1970,
FLACSO, Guatemala, 1993, pg. 300-308. Regrese al Texto
80 Francisco Villagrán
Kramer, ob. cit., pg.317-325. Regrese al Texto
81 Prensa Libre,
18 de enero y 24 de febrero de 1962. Regrese al Texto
82 Decreto 1424,
21 de febrero de 1961. Regrese al Texto
83 Asociación
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Más
de cien años del movimiento obrero urbano en Guatemala,
Tomo III, Guatemala, sin fecha. Regrese al Texto
84 Es posible
identificar los inicios de la DSN durante el proceso de descolonización
en los años cincuenta. Algunos de sus supuestos básicos
derivaron de las operaciones político militares efectuadas
por el Gobierno francés en la campaña de Indochina
y, más tarde, en la guerra de Argelia. Los procedimientos
y técnicas militares desarrollados por el cuerpo expedicionario
francés en aquellas latitudes, fueron retomados más
tarde en las operaciones militares contrainsurgentes de los
ejércitos latinoamericanos. Regrese al Texto
85 Este concepto
ha sido utilizado indistintamente bajo los términos
de comunista, subversivo, insurgente, delincuente terrorista,
guerrillero, entre otros. Regrese al Texto
86 Augusto Varas,
La política de las armas en América Latina,
FLACSO, Santiago de Chile, 1988, pg. 244-248. Jorge Tapia
Valdés, "La Doctrina de la Seguridad Nacional y el
rol político de las Fuerzas Armadas", en Nueva Sociedad
47, Caracas, 1980, pg. 23-24. Regrese al Texto
87 Embajada de
Estados Unidos en Guatemala, Telegrama al Departamento de
Estado, Internal defense plan - Guatemala, 15 de septiembre
de 1962, Pq. HD/5.13. Regrese al Texto
88 Héctor
Alejandro Gramajo, Evaluación del pensamiento sobre
seguridad en el seno del Ejército de Guatemala, Cuaderno
II, FLACSO, Guatemala, 1994, pg.21. Regrese al Texto
89 Así
por ejemplo, en el foro nacional organizado por la Cámara
de la Libre Empresa el 12 de agosto de 1987 con el título
de "27 años de lucha por la libertad", miembros del
Ejército de Guatemala presentaron algunos de estos
temas. Por primera vez, en forma exhaustiva y pública,
expusieron su interpretación de puntos importantes
como el papel de las Ejército en la historia reciente
del país, su concepción estratégica y
su visión sobre el destino de la nación. Ciertos
elementos de la DSN incluidos en esta sección, fueron
tomados de los resúmenes de dicho foro. General Juan
L. Bolaños Chávez, Foro Nacional "27 años
de lucha por la libertad", en Compendio del Proceso de
Paz: Análisis, Cronologías, Documentos, Acuerdos,
Guatemala 1986-1994, Tomo I, Inforpress Centroamericana,
Guatemala, 1995, pg. 323. Regrese al Texto
90 General Juan
L. Bolaños Chávez, Foro Nacional "27 años
de lucha por la libertad", en Compendio del Proceso de
Paz: Análisis, Cronologías, Documentos, Acuerdos,
Guatemala 1986-1994, Tomo I, Inforpress Centroamericana,
Guatemala, 1995, pg. 323. Regrese al Texto
91 Ibid. Regrese
al Texto
92 Ibid. Regrese
al Texto
93 CI 28. Ejecución
de Mario López Larrave. Junio de 1977. Guatemala. CI
65. Ejecuciones arbitrarias de Alberto Fuentes Mohr y Manuel
Colom Argueta. Enero, marzo de 1979. Ciudad de Guatemala.
CI 100. Ejecución arbitraria de Oscar Adolfo Mijangos
López, diputado del Congreso de la República.
Enero de 1971. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto
94 General Jaime
Rabanales Reyes, "El rol del Ejército en tiempos de
paz", en Compendio del Proceso de Paz: Análisis,
Cronologías, Documentos, Acuerdos, Guatemala 1986-1994,
Tomo I, Inforpress Centroamericana, Guatemala, 1995, pg. 335.
Regrese al Texto
95 Las operaciones
militares produjeron frecuentes, generalizadas y profundas
violaciones de los derechos humanos en el país, las
que serán tratadas en otros capítulos de este
Informe. Regrese al Texto
96 Según
algunas estimaciones, la conjura era apoyada por 120 oficiales.
Revista Revolución Socialista, 1967. De la lista
de 91 nombres incluida en reportajes recientes de prensa,
el 56% de los conjurados estaba formado por oficiales subalternos:
18 capitanes, 8 tenientes y 25 subtenientes, El Periódico,
16 de noviembre de 1997. Regrese al Texto
97 Testigo CEH
(T.C. 41). Regrese al Texto
98 Decreto 603,
noviembre 1960. Regrese al Texto
99 Decreto 604,
noviembre 1960. Regrese al Texto