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Capitulo
I
CAUSAS
HISTORICAS
1. Aludir a las causas históricas de la más trágica época que atravesó la Nación guatemalteca durante su historia implica abordar situaciones que fueron formándose a lo largo del tiempo y cuyos efectos influyen de una forma acumulativa en la conducta humana y en la práctica social de esta sociedad. Dichas causas se tradujeron a lo largo del tiempo en diversas manifestaciones de violencia: estructural, política, social. La historia guatemalteca registra, por tales motivos, diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de población. Esta violencia tiene reflejos claros en la vida política, en las relaciones sociales y en los ámbitos del trabajo; y sus orígenes son de carácter económico, político, ideológico, religioso y étnico. 2. Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales ha sido extremadamente jerárquica, sostenida por una enraizada herencia colonial. Esto determinó que el carácter del Estado que produjo la incipiente República de Guatemala fuese "excluyente",1 y manifestase una clara orientación racista. De esa forma, histórica y políticamente la violencia en el país se ha dirigido desde el Estado sobre todo en contra de los pobres, los excluidos y los indígenas. 3. La formación de un Estado democrático se ha visto limitada permanentemente por esos condicionamientos de la historia. Su función ha consistido en mantener y conservar las estructuras de poder basadas en la explotación y la exclusión de los indígenas y de los mestizos empobrecidos. Fue necesario esperar los Acuerdos de Paz, concluidos en 1996, ciento setenta y cinco años después de la Independencia, para que el Estado guatemalteco pudiera perfilarse como un "Estado multiétnico, pluricultural y multilinge" y, con ello, responder a una concepción de nación integradora, respetando la diversidad de sus ciudadanos. 4. Es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso donde el radio de exclusión y la noción de "enemigo interno" se volvieron cada vez más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente a la ciudadanía y sus derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que se convirtió en Guatemala en razón de ser del Ejército y en política de Estado. 5. El enfrentamiento armado sólo puede explicarse por una combinación de factores internos y externos cuyo peso específico es difícil precisar cuantitativamente. No obstante, es evidente también que la suma de todas estas causas de carácter histórico no hubiera sido suficiente por sí misma para producir la insurgencia ni la violencia que llegó a alcanzar el enfrentamiento armado. Nuevos fenómenos sociales y políticos que se produjeron hacia fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, en una coyuntura especial, que hizo pensar a parte de los sectores excluidos de la sociedad en la vía armada como la mejor opción política a su alcance, si no la única. A continuación se analizan los antecedentes históricos, para en un siguiente acápite tratar los que se llamará los antecedentes inmediatos.
La estructura agraria y la exclusión económica 6. La pobreza ha sido una constante en la sociedad guatemalteca, derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como del muy limitado acceso a la educación. La marginación económica, base o complemento de la exclusión política, afecta a amplios segmentos de población rural y urbana. La histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes unidades económicas, agrícolas y no agrícolas, ha producido un patrón distributivo profundamente desigual de los beneficios del crecimiento económico, y ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios sectores de la población. 7. La inequitativa distribución de la tierra, en una sociedad eminentemente agrícola como la guatemalteca, es una de las principales causas de pobreza. Además, ésta condiciona la estratificación social y provoca a su vez diversas modalidades de exclusión social, que por lo regular van asociados a la práctica de la violencia. Ese tipo de control sobre la tierra ha originado de hecho un sistema de dominio y control sobre las personas, para cuyo mantenimiento se ha recurrido al uso de la fuerza. Por este conjunto de condicionantes el Estado, desde la expansión del café en el siglo XIX, se constituyó en el garante de la oferta y orden laborales para las fincas, lo cual a su vez contribuyó a la militarización institucionalizada, ya no sólo del Estado sino de la sociedad. 8. Algunas cifras estadísticas muestran formas de exclusión que tienen orígenes remotos pero expresiones recientes. Según el Censo Agropecuario de 1950, el primero que se considera fiable dentro de las estadísticas modernas del país, 516 latifundios concentraban más del 40% de la propiedad de la tierra, mientras que el 88% de unidades agrícolas (menores de 7 hectáreas) apenas cubrían el 14% de la superficie agrícola.2 Esto generaba y consagraba formas anticuadas de tenencia y posesión distintas a la propiedad, el arrendamiento, la aparcería y el colonaje.3
Tamaño de Fincas: 1950, 1964, 1979 (expresado en porcentajes)4
9. Años más tarde, al frustrarse la Reforma Agraria, se recreó el sistema lati-minifundista, en el que el pequeño campesino dependería parcialmente para su subsistencia de un terrateniente que le permitía acceso a un terreno mediante diversos mecanismos o del trabajo temporal migratorio en las grandes fincas de la costa o boca costa. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2,1% de los propietarios; el 87% de los campesinos carecían de tierra suficiente que les permitiera sobrevivir.5 La CEPAL calculó que en 1980 sólo el 28.9% de los guatemaltecos eran "no pobres", es decir, que podían satisfacer sus necesidades básicas. En el área rural la situación era mucho más alarmante, donde sólo el 16.3% eran no pobres y de los restantes el 51.5% era extremadamente pobre (no podían cubrir sus necesidades de alimentos).6 10. El porcentaje de calificación de la Población Económicamente Activa (PEA) en 1950, correspondía apenas al 4.9%, mientras que para 1970 dicho indicador había alcanzado el 7%. La tasa de alfabetización de 1950 fue del 29.7%. Cuatro décadas más tarde alcanzaba al 44.9%, pero seguía siendo la más baja de Centroamérica (véase Cuadro 2). Asimismo, era aún menor entre la población indígena guatemalteca. La concentración del ingreso antes de 1950 era tal, que la mitad de la población sólo recibía el 22% del ingreso total, proporción que en los años ochenta se redujo al 19%. En el otro extremo, el 25% de la población percibía el 61% del ingreso. La dinámica marginadora del mercado se reflejaba también en el sector informal: en 1950 el 61% de la PEA se situaba en este sector y en 1980 correspondía aún al 51% del total.7
Fuente: CEPAL 1997, "Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe". 11. La ausencia de una política social por parte del Estado acentuó la dinámica histórica excluyente. Por ejemplo, entre 1960 y 1980, durante el mayor período de crecimiento económico experimentado en Guatemala, el gasto social del Estado fue el más bajo de Centroamérica y la carga tributaria fue a su vez la más baja. Ello pone de manifiesto que la labor del Estado guatemalteco se ha orientado en especial al servicio de los intereses de reducidos sectores de la población, antes que en beneficio del colectivo de sus miembros. En los años más recientes esta política no ha cambiado. Esa debilidad estructural dificultó al Estado conseguir una legitimidad social más amplia, llevándolo a recurrir cada vez más a la fuerza coactiva de la violencia para mantener el orden. 12. La pobreza debe considerarse como un antecedente estructural del enfrentamiento armado. La miseria por sí misma no produce revoluciones, pero sí las puede potenciar. Al quedar excluidas de la oferta del mercado y no existir canales de participación y expresión, la privación que las mayorías experimentan puede convertirse en fuente de descontento colectivo. En Guatemala el Estado renunció por muchos años a su papel de mediador entre intereses sociales y económicos diferentes, abriendo así un vacío que permitió el enfrentamiento directo entre quienes recibían los beneficios, defensores de ese orden establecido, y quienes estaban obligados a reivindicar sus aspiraciones. 13. En este contexto, los programas de las organizaciones guerrilleras incluyeron siempre la defensa de los excluidos. Fue en nombre de los pobres que se planteó el discurso revolucionario. Pero la lucha por los excluidos y por el mejoramiento de sus condiciones de vida no sólo formó parte del discurso, sino que convenció y movilizó efectivamente a muchos de ellos
El racismo, la subordinación y la exclusión del indígena 14. El racismo, como expresión ideológica de colonización y de subordinación, tiene sus orígenes en la invasión hispana. En esa época se trató de justificar la opresión y explotación del pueblo maya con base en conceptos raciales y presentar aquel acto de despojo territorial y político como "una empresa redentora y civilizadora".8 Aquel momento marcó profundamente la historia guatemalteca, porque si en un principio los españoles se consideraron superiores biológica y culturalmente, esa pauta fue seguida por los criollos y, luego, por los ladinos. 15. La historia del país muestra que formas de subordinación y exclusiones que se originaron con la invasión española, se han mantenido hasta la fecha. El Estado colonial primero y el Estado republicano después -controlado por criollos y, luego, una élite ladina-, se instituyeron sobre una sociedad en la que el pueblo maya9 ha ocupado siempre el último peldaño. 16. Como parte de un modelo de segregación, el régimen colonial estableció una separación no sólo social sino geográfica entre peninsulares y criollos por una parte y los pueblos de indios por otra: cada grupo social debía residir en lugares distintos. Esta separación, se conocía en el derecho indiano bajo los términos de "la república de los indios y la república de los españoles". Para mantener esta segregación, a los peninsulares y criollos se les prohibió habitar en las reducciones o pueblos de indios, aunque dicha prohibición fue vulnerada posteriormente. 17. Desde los inicios de la colonización se definió el estatuto jurídico de los indígenas. Se les consideró "vasallos libres de la corona",10 figura que le permitía al Rey afirmar su poder sobre esta población, beneficiarse del pago del tributo y neutralizar en parte la voracidad de los colonizadores, siempre ávidos de beneficiarse del trabajo obligatorio de los indios en las minas y haciendas. Sin embargo, a pesar que se les consideró "vasallos libres", fueron equiparados a una situación de minoría de edad, para "garantizar su protección".11 18. La ideología de la "inferioridad de los indios" se construyó con base en las teorías aristotélicas de la desigualdad natural, para justificar, a posteriori, el régimen de subordinación y explotación de los indígenas, así como los límites que pusieron a sus atribuciones. Bajo esta ideología se decía que los indios no tenían capacidad de entendimiento suficiente, no podían gobernarse, ni podían inteligir el derecho natural. Eran los españoles quienes, como hermanos mayores, debían enseñarles las leyes y poner límite a las costumbres "bárbaras" de los indios.12 Así, los indígenas fueron "encomendados" a los españoles, para su evangelización a cambio de su trabajo. La "herencia del encomendero" es un símil que recuerda que los rasgos de arbitrariedad y violencia han estado presentes en las más diversas relaciones sociales respecto de la población indígena. 19. A los pueblos de indios, la autoridad colonial reconoció autoridades indígenas y la vigencia de sus "usos y costumbres", mientras no violaran la "ley divina y humana", no perjudicaran los intereses de la corona, no alterasen el orden colonial ni atacaran la religión católica. Los alcaldes de indios tenían funciones jurisdiccionales y de control del orden dentro de los pueblos de indios y para dirimir litigios entre indios, pero sólo respecto de casos menores, por la ideología de la inferioridad natural. No podían enjuiciar casos en los que se estipulaban penas altas, que debían transferirse al corregidor español.13 20. La participación indígena en cabildos y cofradías y el mantenimiento del linaje y la nobleza en el interior de las reducciones o pueblos de indios, facilitó la recuperación de ciertos espacios de organización y de una autonomía política relativa, lo que permitió recrear las bases para la reafirmación cultural y el sincretismo a partir de la vida comunitaria.14 Por otra parte, como los indígenas siguieron utilizando sus mecanismos propios de administración de justicia, ello les ayudó a mantener su identidad cultural y contar con una justicia propia más legítima, menos violenta y mucho más orientada a la reparación y la reconstrucción de la cohesión social. 21. Conforme se estructuraban las nuevas formas de sujeción al poder colonial, las comunidades forjaban las principales expresiones de resistencia al mismo, que fueron: legales, violentas o de resistencia pasiva. Los indígenas aprovecharon las opciones y recursos legales que el sistema colonial les brindaba para oponerse a los abusos de colonizadores y autoridades (quejas ante funcionarios, misivas al Rey, solicitudes de tierras y de la aplicación de las prohibiciones a los ladinos de residir en pueblos de indios, etc.).15 22. Otra forma de resistencia frente al orden colonial se realizó a través de formas violentas como los motines (conflictos de carácter local) y los levantamientos (de mayor amplitud temporal y geográfica que los motines, y que implicaban algunas veces, el intento de sustituir a las autoridades coloniales por indígenas).16 Paralelamente a estas expresiones abiertas de rechazo al orden colonial, existieron otras más sutiles en contra de la imposición religiosa y la castellanización obligatoria, como el rescate de parte de la cultura prohibida, la insistencia en el uso de los idiomas propios y la práctica de diversas formas de sincretismo (aceptación negociada de deidades y ritos). 23. A finales del siglo XVIII17 empezó a crecer el número de "gentes de ascendencia mixta ... conocidos como castas", que ya desde finales del siglo XVII empezaron a ser identificados también como "ladinos".18 En un inicio, se trató de uniones consideradas ilegítimas, de "hombres y mujeres de filiación ambigua, frutos del amor asimétrico"19 , discriminados y despreciados por el orden colonial. Con el tiempo, la población ladina fue creciendo hasta constituir un grupo social y numéricamente importante. Paralelamente también, aumentó la estratificación social entre los ladinos. Unos se fueron incorporando dentro de las esferas del poder económico, mientras que otros quedaron marginados de dicho poder. 24. Durante el proceso de la Independencia se importó la ideología liberal, por lo que las Constituciones establecieron el derecho a la igualdad ante la ley, eliminaron la diferencia de los regímenes jurídicos y borraron la palabra "indio" de sus textos. Con la desaparición de regímenes jurídicos, también se eliminaron los derechos protectores del derecho social indiano, como el derecho a la inalienabilidad de las tierras comunales. Ello posibilitó la expansión de las fincas en perjuicio de las comunidades indígenas, que quedaron en las tierras más pobres. Se inauguró un modelo de asimilación, por el cual se buscaba asimilar o desaparecer a los indígenas dentro de la naciente nación mestiza. 25. También se importó el modelo de "Estado-Nación", entendiéndose a la Nación como un solo pueblo, con una sola cultura, un solo idioma, una sola religión y un solo sistema jurídico. Un decreto del Congreso Constituyente de 1824 ilustra esta aspiración. Decreta que se premiará con los mejores curatos a los curas que, de acuerdo con las municipalidades, logren la extinción de los idiomas indígenas.20 La institucionalidad jurídica que nació con la Independencia era excluyente del mundo indígena. 26. En el plano político, los inicios del período independiente se caracterizaron por los conflictos que opusieron a conservadores y liberales. Estos dos paradigmas del pensamiento político de la época no representaron para los pueblos mayas un horizonte esperanzador en lo concerniente al mejoramiento de sus condiciones reales de existencia.21 Esto se puso en evidencia en los distintos momentos históricos en los que funcionaron administraciones liberales y conservadoras en el país.22 27. Durante el siglo XIX -especialmente con la Revolución de 1871- se experimentó un "paulatino asalto" ladino al poder político local-municipal, respaldado por la legislación y la fuerza militar del Estado.23 En ese proceso, un sector de ladinos llegó a controlar no sólo la tierra, sino muchas veces el comercio y el poder municipal. Ello los convirtió en una fuerza social y política importante que presionó en búsqueda del protagonismo que los peninsulares y criollos les habían negado durante la colonia.24 Esto acentuó el proceso de estratificación social de los ladinos, creando un grupo con privilegios y otro formado por campesinos pobres ya habitantes marginales de las ciudades. 28. Con la Revolución de 1871 se dio mayor fuerza al proyecto de un Estado nacional, unitario y centralista, y se pusieron en práctica los cambios requeridos para adaptar la economía y la sociedad a las necesidades de la producción cafetalera.25 La "reforma agraria liberal" y los mecanismos para garantizar la oferta de mano de obra en las plantaciones de café afectaron sensiblemente a la población indígena, lo que incrementó su subordinación económica. A la vez provocó la desestructuración de sus comunidades, con el resultado de nuevas formas de resistencia, migraciones y rebeliones.26 En su defecto, se impuso la dominación del proyecto de los ladinos con poder. Quedaron igualmente marginados los indígenas y los ladinos pobres. 29. El proyecto de los liberales consistía en consolidar una cultura nacional, que se inspiraba en los principios positivistas del desarrollo material y del progreso científico y era tributaria de la "cultura occidental", a la cual, supuestamente, pertenecían los criollos y los ladinos. Tal proyecto requería de un Estado centralista y unitario que debía, en principio, homogeneizar a toda la población en torno al modelo de dicha cultura. El principal instrumento para lograrlo debía ser la educación "obligatoria y gratuita para todos", según la divisa liberal, cosa que en la práctica no pasó de ser una mera declaración.27 En su defecto, impuso la dominación del proyecto ladino. 30. Es decir, el Estado liberal se caracterizó por sus contradicciones. Si bien en las políticas públicas como en los discursos de los funcionarios de la época pueden identificarse elementos que impulsaban la asimilación de los indígenas dentro de una cultura única, siempre triunfaron las políticas destinadas a mantenerlo como un grupo distinto en el país.28 Del mismo modo, la Constitución declaraba a los indígenas iguales ante la ley, pero normas de menor rango les atribuían menos derechos y más obligaciones que al resto de los ciudadanos. Esto permitía utilizarlos como mano de obra estacional para las plantaciones de café y para la construcción de la infraestructura del país. Se decretó, como política pública, la obligatoriedad del trabajo indígena en las fincas, entre 100 y 150 días al año, bajo control de los jefes políticos departamentales.29 Se emitieron leyes para sancionar a los jornaleros que huían de las fincas y obligarlos a trabajar en los caminos y obras públicas, como la ley contra la vagancia y la ley de vialidad. 31. Fue con la Constitución de 1945, en el marco la Revolución de octubre de 1944, que se abolieron las normas que establecían el trabajo obligatorio de los indígenas en las fincas, y normas afines. Esta Constitución, por primera vez en la vida republicana, reconoció derechos específicos a los grupos o comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la inalienabilidad de tierras comunales. Señaló como de interés nacional la elaboración de políticas para su mejoramiento socioeconómico y cultural. Adicionalmente, la reforma agraria y otras políticas sociales diseñadas durante la llamada Primavera Democrática, buscaban el cambio de la situación de exclusión socio-económica de los indígenas y ladinos pobres. Se inauguró un modelo de integración de los indígenas en la sociedad nacional que fue seguido formalmente por las Constituciones posteriores. 32. El movimiento de octubre de 1944 fue un proceso de cambio y de ampliación de oportunidades, como se analiza más adelante. El golpe de 1954 frustró tempranamente la reforma agraria y otras reformas sociales que podrían haber cambiado, en gran medida, las bases materiales e ideológicas de la exclusión, abriendo espacios sociales para indígenas y ladinos pobres. Por ello, tal movimiento no logró superar todos los obstáculos para ensanchar las oportunidades, accesibles por igual, ofrecidas a la población maya y no maya en Guatemala. El peso de una tradición histórica de subordinación del indígena y el corto período en que las reformas sociales tuvieron vigencia, limitaron estas expectativas. También frustraron las expectativas de los ladinos pobres, que podían ver en las nuevas políticas sociales una puerta para cambios. 33. Con el fin de la Revolución del 44 se reforzaron en la práctica algunas formas de explotación, de trabajo forzoso y despojo de tierras, en contra de indígenas y a favor de grandes propietarios de tierra, quienes eran ladinos. La devolución de tierras y la represión de los comités agrarios también afectaron a campesinos ladinos pobres que se habían beneficiado con la Reforma Agraria.30 Se reforzaron el modelo de exclusión y la ideología racista, justificatoria de la opresión. En los testimonios recogidos por la CEH se documentó que durante los sesenta, en ciertos lugares, continuaba instituido el trabajo gratuito prestado por el pueblo indígena.31 Esta obligación consistía en que cada alcalde auxiliar enviaba de 10 a 15 personas a trabajar a la cabecera municipal, quienes estaban a disposición también de los propietarios y autoridades que necesitaran de sus servicios.
" ... Tal vez fue en el año sesenta y cuatro, algo así. Habían pues, esos trabajos en la municipalidad. [Los] que le dicen regidores, traían a los jóvenes en el pueblo, [y decían:] "van a cuidar aquí (el pueblo), barrer la plaza, la calle y todo", porque eran toda la gente ladina las autoridades locales, y los aprovechaban a la gente a mandarlos en hacer leña o hacer zacates para el ganado, para el caballo, todo eso. Una vez, un compañero de Acción Católica no quería hacer y lo agarraron para meterlo preso ...".32 34. Las exclusiones sociales, económicas, políticas y culturales en contra del pueblo maya que se mencionan en este Informe han acarreado más violencia. Han sido igualmente expresiones de una relación de poder que ha manejado un grupo hegemónico de forma despótica y arbitraria, sustentada originalmente en la dominación colonial, y justificada por la ideología de la inferioridad cultural y biológica de los indígenas. La desconfianza y el desprecio hacia los indígenas se han extendido a los grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad. Los ladinos pobres también sufren la marginación de un modelo social excluyente. Sin embargo, la ideología racista ha funcionado usualmente como una barrera entre ladinos pobres e indígenas 35. Debe recordarse que las pautas de violencia en una sociedad tienden a generalizarse. Se copian o se imitan, se difunden por todo el cuerpo social y se reproducen de una a otra generación. El racismo, consciente o inconsciente, es un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. En la mentalidad racista, cualquier movilización indígena trae a la mente la imagen atávica del levantamiento. En este sentido, puede considerarse que el racismo también estuvo presente en los momentos más sangrientos del enfrentamiento armado, cuando se castigó a la población indígena como si fuese un enemigo a vencer. 36. La presencia de esa cultura racista ayuda a explicar, por ejemplo, la matanza de Patzicía en manos de ladinos en los albores de la revolución de 1944; la persecución antiagrarista por parte de los terratenientes en los inicios del poder anticomunista en 1954; la matanza de Panzós cuando comenzó la ofensiva contrainsurgente en 1978 y las masacres cometidas en el Altiplano occidental durante la década de los ochenta. En las ocasiones mencionadas, fue en el seno del pueblo maya donde se registró el mayor número de víctimas de la violencia política. La ideología racista hace más fácil ignorar estos hechos o no condenarlos con la suficiente indignación, pues aún persiste en la mentalidad de algunos guatemaltecos la idea de que la vida del indígena vale menos. Esta noción puede explicar por qué el número de víctimas mayas en algunos períodos del enfrentamiento armado fue mayor y el porqué de los actos de extrema crueldad y los delitos de lesa humanidad cometidos en sus comunidades. 37. Los ladinos pobres también han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Pobres e indígenas han sufrido la marginación de modelos sociales construidos desde la matriz de la exclusión y la discriminación. La violencia política producida durante el enfrentamiento armado, ha tendido a reproducir y retroalimentar dichos modelos.
La dictadura y el autoritarismo 38. En Guatemala ha existido una larga tradición de dictadura, entendida como el poder total concentrado en un hombre o un pequeño grupo y que se ejerce sin controles legales o institucionales. Todas las constituciones formalmente han establecido un modelo republicano de Gobierno, con un sistema democrático de elecciones, alternancia en el poder, control de poderes. Sin embargo, la experiencia nacional ha estado marcada por formas autoritarias de Gobierno ejercidas fundamentalmente por militares, mediante dictaduras, juntas militares, etc. Guatemala es uno de los países latinoamericanos que más Gobiernos militares y dictaduras ha tenido durante su vida republicana. 39. La tradición dictatorial ha impreso una huella muy fuerte en la cultura política nacional y ha significado el cierre continuo de espacios de expresión y participación política por parte de la ciudadanía. La forma dictatorial de Gobierno, también ha significado el ejercicio indiscriminado e incontrolado de la violencia por parte del poder. Las demandas o reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales no han tenido como reacción la respuesta a necesidades sino, usualmente, la represión. La dictadura y las formas autoritarias de Gobierno por lo general, han estado en función de los intereses de minorías. 40. Este patrón se asentó desde el mismo acto independentista que tuvo como objetivo instalar en el poder a la oligarquía criolla que a principios del siglo XIX se sentía limitada en sus intereses económicos por la Corona Española, si bien se había formado bajo su sombra. Dicho acto no pretendía responder a las reivindicaciones indígenas que se expresaron en las rebeliones del siglo XIX, ni a demandas sociales de otros sectores. El punto primero del Acta de la Independencia así lo expresa: "1. Que siendo la independencia del Gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que sobre ella determine el Congreso que debe formarse, el Señor Jefe Político lo manda publicar, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo". 41. Después de la Independencia, durante cincuenta años, desde 1821 hasta 1871, se produjo la alternancia entre liberales y conservadores, correspondiendo a estos últimos la gestión de Gobierno desde 1839 a 1871. A partir de este último año, los liberales retomaron el poder y lo retuvieron, con un breve interregno, hasta 1944. Ambos sectores políticos representaban a las clases dominantes, aunque con matices. "Los conservadores, aliados de la Iglesia Católica, representaban a la oligarquía más tradicional, oscurantista y sin ambiciones de modernización. Los liberales eran un sector en ascenso, más ilustrado y modernista, que propugnaba por una modernización laicista de aquella sociedad".33 42. La tradición autoritaria fue iniciada por el caudillo conservador, general Rafael Carrera (1839-1871), quien acumuló un gran descontento popular. La Reforma Liberal se dio en ese contexto, con apoyo popular, dirigida por el general Justo Rufino Barrios (1872-1885). Este caudillo organizó el Ejército y buscó modernizar la economía, pero no respondió a las demandas populares sino a los intereses del sector más dinámico de las clases dominantes. El liberalismo fundó tanto su ideario como su práctica política alrededor del giro de una economía monoexportadora basada en la cochinilla, a una economía basada especialmente en el café. El Estado se puso al servicio de esta economía, no sólo a través de los subsidios sino sobre todo mediante la movilización forzosa de trabajadores para satisfacer las necesidades de mano de obra barata para los caficultores y obras públicas. 43. Las demandas financieras de la economía cafetalera fueron el marco para la presencia de capitales extranjeros, primero alemanes y luego norteamericanos. Las necesidades de consolidación de la oligarquía cafetalera y de las compañías bananeras estadounidenses para "asegurarse el 'clima adecuado para la inversión', dieron como resultado Gobiernos liberales totalitarios que llenaron la primera mitad del siglo XX en Guatemala".34 Manuel Estrada Cabrera tomó el poder en 1898 y permaneció en él hasta 1920, estableciendo un verdadero Gobierno de terror, reprimiendo todo tipo de oposición y dictando leyes para garantizar el trabajo forzoso en las plantaciones de café. Igualmente, durante su período se consolidó la presencia extranjera en el país. El descontento popular por el empobrecimiento, la represión y la entrega de recursos a manos extranjeras generó un movimiento que logró su dimisión y encarcelamiento. Le siguieron diez años de inestabilidad política, hasta que en 1931 se instaló en el poder el general Jorge Ubico, quien gobernó con "mano de hierro" hasta 1944. Su crueldad y autoritarismo superaron los de Estrada Cabrera. En vez de políticas sociales, dio respuestas represivas, así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo fue convertido en 1934 en un departamento adjunto de la Policía Nacional, y el Código Penal de 1936 otorgó funciones de control policial a los dueños de fincas. 44. La herencia autoritaria conformó un cuadro de modelos políticos que ha marcado la conducta de los guatemaltecos. Para los que gobiernan ha significado ejercer el poder como un atributo personal o de grupo, que se materializa en un rechazo a las críticas y una continua práctica de intolerancia respecto a la oposición. Respecto de los gobernados, el modelo autoritario de Gobierno, ha tratado de imponer la aceptación pasiva de lo arbitrario, el servilismo, el silencio cómplice. La tradición de exclusión política, es la separación forzosa del ciudadano interesado por los asuntos públicos. 45. El autoritarismo y las dictaduras fueron la característica central de la herencia política. En el plano del control social, la población sufrió mecanismos de control arbitrario por manos del Ejército35 y de los sectores dominantes. Se dio una suerte de alianza entre una burocracia capitalina y los finqueros, delegando el Estado en ella el control social de las grandes masas rurales. El Código Penal de 1936 reconocía funciones policiales a los dueños de fincas hasta 1973. Asimismo, hasta antes de 1985 las Constituciones reconocían a los alcaldes funciones de administración de justicia para casos menores. Ello, si bien permitió que en las comunidades indígenas los alcaldes auxiliares mantuviesen su propio sistema de control, en las cabeceras municipales, los alcaldes, con base en tal potestad actuaban en función de las demandas de control de los poderosos. De su parte, el modelo judicial configurado en tiempos de la Colonia se había mantenido casi intacto. Esto ha significado la continuidad de una práctica efectiva del poder donde el sistema jurídico encubriría la sociedad de privilegios y un orden violento que garantizaba la explotación y la sumisión de los ciudadanos. Este modelo de control social, ha sido parte del modelo autoritario de sociedad al que se ha sometido a la ciudadanía. 46. En el marco de esta tradición autoritaria y dictatorial, los diez años de la denominada Primavera Democrática (1944-1954) representaron la posibilidad de vías legales para hacer cambios y la apertura de espacios de participación social. Respuestas sociales a demandas sociales, como los derechos otorgados por la Constitución de 1945 a la ciudadanía en general y a los grupos indígenas por primera vez en la República, el Código de Trabajo de 1947, la Reforma Agraria de 1952, y otras reformas sociales, posibilitaron la formación de organizaciones y movimientos sociales en el campo (como los comités agrarios) y en la ciudad (sindicatos, organizaciones profesionales, estudiantiles, partidos políticos, etc.) así como canales políticos para la participación. 47. Luego de la experiencia democrática, frustrada por el golpe de 1954, el grado de violencia que se alcanzó posteriormente, superó incluso el de los largos años de exclusiones. El bloqueo sistemático de la participación política se agigantó con el miedo al comunismo a partir de 1954, y con las consiguientes amenazas de la lucha armada, que sirvieron para justificar las peores formas de represión y de terrorismo de Estado. Aparecieron entonces nuevos planteamientos de autoritarismo de un orden que utilizó la violencia ilimitada contra la oposición. En nombre del anticomunismo se violaron los derechos humanos de modo sistemático, masivo y prolongado. 48. En síntesis, el carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca es resultado de una concentración de relaciones sociales violentas, los efectos de la estructura económica de la hacienda -base de exclusiones múltiples-, la persistencia de valores que giran en torno al racismo y la falta de espacios de participación social y política. A ello se suma la existencia de un sistema judicial débil y parcial, que no garantiza el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos, lo que propicia los conflictos.
1 Se entiende por exclusión el proceso histórico de rezago o marginación en la prestación de servicios del Estado, desarrollo del capital humano, acceso a los beneficios sociales como crédito y empleo, así como la presencia de actitudes de discriminación cultural o sexual, consideradas en relación a los distintos sectores o estratos que integran la sociedad guatemalteca. En el caso del pueblo maya este proceso histórico se inició en Guatemala con la conquista. Regrese al Texto 2 Dirección General de Estadísticas, Censo Agropecuario, Agricultura, Vol. I, Guatemala, 1950. Regrese al Texto 3 Guillermo Paz Cárcamo, Guatemala: Reforma Agraria, 3¦ Edición, FLACSO, Guatemala, 1997, pg. 138. Regrese al Texto 4 Leopoldo Sandoval, Estructura agraria y nuevo régimen constitucional, ASIES, Guatemala, Cuadro No. 3, pg. 20 Regrese al Texto 6 Comisión Económica para América Latina CEPAL, Satisfacción de Necesidades en el Istmo Centroamericano, 1982. Regrese al Texto 8 Guillermo Bonfil Batalla, Utopía y Revolución, Compilación de documentos sobre el pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina, Nueva Imagen México, 1981, pg.19. Regrese al Texto 9 La reivindicación de denominarse "pueblo maya", tomó fuerza hacia mediados de los años ochenta. A lo largo de este Informe, se utiliza una terminología que corresponde a la época histórica a la que se está refiriendo. Así la mayor parte de las referencias históricas se harán con respecto a "los indios" o "los pueblos indígenas". Para el período más reciente se utiliza pueblo maya. Regrese al Texto 10 Lesley Bird Simpson, Los conquistadores y el indio americano, Ediciones Península, Barcelona, 1970, pg. 17. Regrese al Texto 11 Como consecuencia de ello, estaban exentos del pago de los impuestos conocidos como "diezmos y alcabalas" y del servicio militar. Por otra parte, no podían portar armas de fuego ni montar a caballo ni ausentarse de sus poblados (salvo para el trabajo en minas o haciendas a través de los "repartimientos"), y debían pagar tributo al Rey. Véase: Pilar Sánchez Ochoa, Españoles y pueblo maya: estructura social del Valle de Guatemala en el siglo XVI, Guatemala, 1989. Regrese al Texto 12 Juan Ginés de Sepúlveda en su tratado sobre "Las causas de la justa guerra contra los indios" aplica la teoría aristotélica de la "servidumbre natural" de algunos hombres a los indios, concluyendo que son inferiores: "como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos. Compara ahora estos dotes de ingenio, magnanimidad, templanza, humanidad y religión con las que tienen esos hombrecillos en los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no sólo no poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen letras, ... y tampoco tienen leyes escritas sino instituciones y costumbres bárbaras ...". A ello Bartolomé de las Casas responde con la Apologética Historia diciendo: "la causa final de escribirla fue conocer todas y tan infinitas naciones de este vastísimo orbe, infamadas por algunos ..., publicando que no eran gentes de buena razón para gobernarse, carecientes de humana policía y ordenadas repúblicas". Véase Manuel Marzal, Historia de la Antropología Indigenista: México y Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1986, pg. 190-193. Regrese al Texto 13 ob. cit., pg. 141. Regrese al Texto 14 Flavio Rojas Lima, La cofradía indígena, reducto cultural de los mayas de Guatemala, Guatemala, 1988. Regrese al Texto 15 En el memorial enviado al Rey de España en el año de 1572, suscrito por los alcaldes, regidores y alguaciles del barrio de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros de Guatemala, se expresaba: "Los alcaldes, regidores y alguaciles, que somos los cobradores de tributo, todos pagamos tributo. Ninguno de nosotros recibe salario. Bien vivimos así como esclavos. Si no recogimos el tributo rápidamente, luego nos meten en la cárcel ... nos hacen trabajar en barrer el Camino Real y las calles de los barrios españoles. Si no lo hacemos nos meten en la cárcel". Christoper Lutz y Carol Dakin, Nuestro pesar Nuestra aflicción, Universidad Autónoma de México, México, 1996, pg.17 Regrese al Texto 16 Algunos historiadores, como Severo Martínez Peláez, se refieren a 60 motines y una sublevación indígena desde finales del siglo XVII hasta el siglo actual, la mayoría de los cuales ocurrieron a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XX. Olga María Aguja identifica 12 motines y rebeliones entre 1679 y 1820 y Claudia Dary, 16, entre 1553 y 1921. Severo Martínez Peláez, Motines de indios, Guatemala, 1991. Olga María Aguja, Rebeliones del pueblo maya en Guatemala, Guatemala, 1976, pg. 147. Claudia Dary, El derecho internacional humanitario y el orden jurídico maya, Guatemala, 1997, pg. 87-88. Regrese al Texto 17 A pesar de la prohibición de vivir en pueblos de indios, desde finales del siglo XVIII, muchos pueblos se vieron sumidos en un intenso proceso de mestizaje. La penetración ladina generó tensiones porque esos ... "intrusos se comportan como verdaderos usurpadores territoriales que a través del procedimiento de las composiciones, arrebatan las tierras comunales del pueblo maya". Jean Piel, Sajcabajá, muerte y resurrección de un pueblo de Guatemala, México, 1989, pg. 269-270. Regrese al Texto 18 Wendy Kramer, George Lovell y Christopher Lutz, La conquista española de Centroamérica, Madrid, 1993, pg.85. Regrese al Texto 19 Miguel Alberto Bartolomé, La dinámica social de los mayas de Yucatán, México, 1992, pg. 123. Regrese al Texto 20 Decreto del Congreso Constituyente de 29 de octubre de 1824. "El Congreso Constituyente del estado de Guatemala, considerando que debe ser uno el idioma nacional, y que mientras sean tan diversos cuanto escasos é imperfectos los que aun conservan los primeros indígenas, no son iguales ni comunes los medios de ilustrar á los pueblos, ni de perfeccionar la civilización en aquella apreciable porción del estado, ha tenido á bien decretar y decreta: 1. Los párrocos, de acuerdo con las municipalidades de los pueblos, procurarán por los medios más análogos, prudentes y eficaces, extinguir el idioma de los primeros indígenas. 2. Probando los mismos párrocos haber puesto en uso con buen éxito, en todo ó en parte, cuanto estuvo en sus facultades para el cumplimiento del anterior artículo, se tendrá por el mérito más relevante en la provisión de curatos". Tomado de: Jorge Skinner-Kleé, "Legislación Indigenista de Guatemala", 2a. edición, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1995, pg. 20. Regrese al Texto 21 Así, en 1825, un decreto estableció que las tierras baldías (con excepción de ejidos y pastizales) deberían ser distribuidas ... "con el fin de aumentar el número de propietarios". Jean Piel, ob. cit., 1989, pg.295. De esta forma se prefiguraban las medidas que la reforma agraria liberal reimplantaría a partir de 1871. Regrese al Texto 22 Julio Pinto Soria, Nación, caudillismo y conflicto étnico en Guatemala, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencias Políticas, USAC, Guatemala, 1996, pg. 6. Regrese al Texto 23 Arturo Taracena, Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, CIRMA, Guatemala, 1997. Regrese al Texto 24 A principios del siglo XIX, los ladinos representaban cerca del 37.5% de la población de Centroamérica. Kramer, Lovell y Lutz, ob. cit., pg. 87. Regrese al Texto 25 Se distribuyeron tierras baldías del Estado y tierras incautadas a la Iglesia, que se vendían en pública subasta. Muchas de las extensiones que habían sido adjudicadas a los pueblos de indios durante la colonia, también fueron objeto de despojo. Regrese al Texto 26 Arturo Taracena, Liberalismo y política en Centroamérica 1870-1929, Madrid, 1995, pg. 168. Regrese al Texto 27 Dos elementos pueden identificarse en las políticas públicas y la visión de pensadores, escritores, políticos y periodistas guatemaltecos entre 1870 y 1920 en torno a la construcción de esta cultura nacional: el unionismo o nacionalismo centroamericano y la exaltación del mestizaje que no excluía la discriminación racista. Steven Palmer, "Racismo intelectual en Costa Rica y Guatemala (1870-1920)", Mesoamérica (31) CIRMA, Guatemala, 1996, pg.107. Regrese al Texto 28 Ello explicaría por qué no se liquidó totalmente la propiedad comunal sobre la tierra y se convirtió a los campesinos indígenas en asalariados agrícolas e incluso se concedieron ejidos a algunas poblaciones rurales y tierras comunales a otras, durante la época liberal. Regrese al Texto 29 Los pueblos de indígenas debían proporcionar a los dueños de las fincas el número de mozos que ellos solicitasen. Mediante Circular del 3 de noviembre de 1876 se ordena a los Jefes Políticos departamentales, en nombre del General Presidente, que los pueblos indígenas proporcionen entre 50 y 100 mozos a las fincas, bajo el argumento de que "la agricultura es el ramo principal de riqueza" y que "dejando a los agricultores abandonados a sus propios recursos, sin que cuenten con la más eficaz cooperación de parte de los agentes de Gobierno, inútiles serán sus esfuerzos por llevar a cabo empresas que siempre fracasarán ante la negligencia de la clase indígena, que por otra parte es tan propensa al engaño". Igualmente la circular indica que "el único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles necesidades que adquirirán por medio del contacto continuo con la clase ladina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarlas convirtiendo así en útil y productiva para la industria del país, esa inmensa mayoría de los habitantes de la república, para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la civilización". Por el Decreto Gubernativo 177 del 3 de abril de 1877 se reglamentó el trabajo de los jornaleros de las fincas. Véase Jorge Skinner-Kleé, Legislación indigenista de Guatemala, México, 1995, pg. 34. Regrese al Texto 30 CI 47. Masacre de Cajón del Río. Febrero de 1967. Chiquimula. CI 74. Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula. Junio de 1980. Escuintla. CI 99. Torturas, desapariciones y ejecuciones en San Vicente Pacaya, Escuintla. Enero de 1971. Regrese al Texto 31 Esto pervive en la memoria colectiva del pueblo maya y se recuerda como trabajo forzoso (como en el caso de las PAC, cuyos miembros fueron forzados a ejecutar tareas similares, entre otras acciones). Regrese al Texto 32 Testimonio colectivo CEH. Zacualpa, Quiché. Regrese al Texto 33 Luis Eduardo Martínez de León (Coordinador), Guatemala: entre el dolor y la esperanza, Centro de Estudios de Guatemala y Universidad de Valencia, Valencia, 1995, pg. 28-29. Regrese al Texto 34 Ibid., pg. 30. Regrese al Texto 35 "El liberalismo sometió a los indígenas a la violencia institucionalizada de un Estado policíaco y demostró ser más eficiente que los Gobiernos anteriores en la represión de las periódicas rebeliones de los pueblos del Altiplano. Como consecuencia, según señala un historiador, el Ejército guatemalteco, que se constituyó bajo el Estado liberal, llegó a considerar a Guatemala rural como su propiedad privada y se complacía de su posición dominante allí ... (y consideraba una amenaza) cualquier intento de alterar esa posición y la organización de campesinos o trabajadores rurales en asociaciones independientes" (Jim Handy, "Resurgent Democracy and the Guatemalan Military", en Journal of Latin American Studies, Vol. 18, noviembre pg. 383-408, en Susanne Jonas, La Batalla por Guatemala, FLACSO, Editorial Nueva Sociedad, Guatemala, 1994, pg. 44. Regrese al Texto
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