Capitulo II
Las Violaciones de los Derechos Humanos y Los Hechos de Violencia

Volumen 1
Estrategia y Mecanismos de las Partes

Volumen 2
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 3
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 4
Los Hechos de Violencia

384.

     La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas,1  de 18 de diciembre de 1992, expresa en su articulo 2: "Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además, el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro".

385.

En los Considerandos de la citada Declaración, la Asamblea General expone:

"Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia, de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley".

386.

La jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayando que:

     "La desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura total de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado, de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención".2 

387.

Teniendo presente que la desaparición forzada implica la violación de varios derechos en forma simultánea o sucesiva, a continuación se hace referencia a los diversos instrumentos internacionales que aluden a esos mismos derechos.

388.

     En el ámbito del derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos armados, los Convenios de Ginebra de 1949, en su artículo 3 común, prohiben, en cualquier tiempo y lugar, "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios", aplicados contra las personas que no participen directamente en las hostilidades, esto es, contra de la población civil. Más aun, similares prohibiciones engloban a "los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa".

389.

Entre los instrumentos internacionales que protegen la amplia gama de derechos humanos que vulnera la desaparición forzada de personas, deben reseñarse:

     El derecho a la libertad y seguridad de la persona, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, sancionado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida, reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 1 de la Declaración Americana y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

390.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas, de 9 de junio de 1994, dispone: "La desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

391.

En lo relativo a la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno, la Constitución de 1985 establece el siguiente principio: "En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno".

392.

     La desaparición forzada en Guatemala constituyó una de las violaciones de los derechos humanos más graves y reiteradas durante el enfrentamiento armado interno. La CEH recibió información sobre 6,159 personas víctimas de desaparición forzada en Guatemala.

393.

Con el objeto de guiar al lector se presentarán las diferentes etapas que atraviesa el fenómeno de la desaparición forzada en Guatemala, el trabajo de seguimiento y selección de la víctima, la captura, el interrogatorio en el que se evidencia el papel de los organismos de Inteligencia militar del Ejército y las actuaciones, casi siempre omisivas, del Organismo Judicial, con las que se terminó de configurar esta violación.

Periodización y regionalización de la desaparición forzada en Guatemala

394.

     La CEH registró un total de 61648 violaciones de derechos humanos, de las cuales 6159 corresponden a casos de desapariciones forzadas cometidas durante el período que abarcó el enfrentamiento armado. La práctica de desapariciones forzadas alcanzó un significativo aumento entre 1979 y 1983, período que coincide con la mayor agudización del conflicto y con la práctica de desapariciones forzadas masivas en el área rural. (Véase Gráfica 1).

     En la gráfica 1, se observa que durante el período que corre entre los años 1979 y 1983, la curva de las desapariciones forzadas se encuentra siempre por debajo de las ejecuciones arbitrarias. El período aludido corresponde a la etapa de mayor agudización del enfrentamiento, en que los derechos humanos se violaron de manera abierta y masiva por parte del Estado, particularmente el derecho a la vida, a través de ejecuciones arbitrarias individuales y colectivas, masacres y desapariciones forzadas.

396.

      No obstante, si se observan otros períodos del enfrentamiento armado, particularmente los anteriores y posteriores al tiempo que corre entre los años 1979 y 1983, la muestra estadística indica que no siempre fue la ejecución arbitraria, la violación cometida con mayor frecuencia por los agentes del Estado (Véase Gráfica 2).

En efecto, podemos observar como durante los años 1971, 1975 y 1976 la desaparición forzada fue un método de violación a los derechos humanos aplicado con preferencia a la ejecución arbitraria.

398.

     La aplicación de un método con preferencia sobre otro, coincide con la mayor o menor agudización del enfrentamiento, en la medida que una guerra abierta favorece la comisión de ejecuciones arbitrarias con mayor descaro. La manera soterrada y siempre clandestina que conlleva la práctica de la desaparición forzada, se aviene mejor a una etapa de desarrollo de los grupos insurgentes y partidos políticos de oposición, previa a la agudización del enfrentamiento, en la medida que busca impedir su consolidación y fortalecimiento y ofrece mejores posibilidades de mantener oculta la autoría de la violación.

399.

En esa medida, durante la primera etapa del enfrentamiento armado, la desaparición forzada fue aplicada específicamente contra miembros de dirigencias de organizaciones políticas y sociales con el propósito de lograr un objetivo: impedir el fortalecimiento de las organizaciones.

     "El procedimiento directo, consiste en privar al elemento subversivo de toda posibilidad de fortalecer su movimiento. En esta etapa, el movimiento subversivo, por lo general, carece de vida propia, todo depende de sus jefes, que son en consecuencia, sus elementos claves".3 

400.

La mayor frecuencia en la comisión de desapariciones forzadas en la etapa previa a la mayor agudización del enfrentamiento, permite también demostrar que las tareas de Inteligencia fueron implementadas por el Estado a lo largo de todo el enfrentamiento armado.

401.

     Una vez iniciado el diálogo entre las partes, se observa una notable disminución en el número y frecuencia de violaciones de los derechos humanos, específicamente en lo relativo al derecho a la vida, en su forma de aparición más evidente: las ejecuciones arbitrarias; sin embargo, la práctica de la desaparición forzada decrece en menor proporción que aquella. (Véase Gráfica 3).

402.

     Retomando nuestro análisis preliminar, en el sentido que las ejecuciones arbitrarias y masacres, constituyen violaciones de los derechos humanos cuya notoriedad es imposible de ocultar y que la desaparición forzada, permite, dada su sofisticada forma de comisión, distraer y confundir, principalmente respecto de la identidad de los autores, ésta violación se ajusta en forma más cómoda el período de diálogo. La anterior afirmación encuentra su respaldo en la existencia de la violación durante todo el enfrentamiento armado, inclusive durante el año 1996.

403.

     En términos generales, no se observaron cambios o alteraciones sustantivas en su forma de ejecución a lo largo del tiempo, salvo la relación con la mayor frecuencia y cantidad de violaciones de esta naturaleza cometidas entre 1979 y 1983 y que guarda estrecha relación con la agudización del enfrentamiento. No obstante lo anterior, la diferencia más significativa en la práctica de ésta violación se encontró en las formas de operar que implementaron los responsables en el escenario rural de las aplicadas en las áreas urbanas.

404.

En las áreas rurales además de los rasgos de selectividad en la aplicación de la desaparición forzada contra víctimas individuales -líderes y dirigentes comunitarios-, se constató una mayor intensidad en los niveles de violencia empleados, mayor frecuencia de desapariciones forzadas que en la ciudad y una labor de Inteligencia implementada básicamente a través de la utilización de listados de nombres y de delatores que actuaban enmascarados o encapuchados.

     "Entre los soldados había una persona que se encontraba con la cabeza cubierta con un gorro pasamontañas y cubierto su cuerpo con una capa para lluvia color verde olivo, sin hablar, únicamente señalaba a la gente. Mientras el encapuchado señalaba los soldados le dijeron a la gente que se agachara".4 

405.

     Lo anterior trajo como primera consecuencia que la mayoría de las víctimas de desapariciones forzadas son indígenas. Una segunda consecuencia tuvo que ver con la menor dificultad que representó para la CEH establecer la autoría de las desapariciones forzadas practicadas en el campo. En efecto, la mayor indefensión en la que se encontraba la población rural facilitó que las violaciones de los derechos humanos fueran cometidas con mayor frecuencia, intensidad e impunidad.

406.

En las áreas urbanas en cambio, se observó un marcado interés en los agentes del Estado por mantener oculta la identidad de los autores, lo anterior se evidencia en la utilización de distractores-disfraces, rostros cubiertos, carros sin placas- así como también en la actuación a altas horas de la noche.

407.

      Las regiones del país que resultaron más golpeadas con la práctica de esta violación fueron, en primer término el departamento de Quiché con 36%. A continuación se ubican en los departamento de Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Petén y Sololá. (Véase Gráfica 4).

408.

     Reduciendo geográficamente nuestro enfoque, se ha podido detectar que algunos municipios de estos departamentos fueron duramente golpeados con la práctica de desapariciones forzadas, así, dentro del departamento de Quiché, las acciones del Estado se concentraron principalmente en los municipios de Ixcán, Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché y Chajul. En el departamento de Guatemala, en la capital. En el departamento de Chimaltenango, los municipios más afectados fueron San Martín Jilotepeque, y San José Poaquil. En Huehuetenango, los municipios de San Miguel Ixtahuacan, San Idelfonso Ixtahuacan, Huehuetenango y Aguacatan. En Petén, los municipios de Dolores y Santa Ana. En Alta Verapaz, los municipios de San Cristobal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, Chisec, Cobán, Cahabón, y Panzós. En Sololá, los municipios de Sololá y Santiago Atitlán.

Los autores de las desapariciones forzadas

409.

     La desaparición forzada fue el resultado de la puesta en práctica de la estrategia contrainsurgente implementada en Guatemala por el Estado a través del Ejército, las PAC, Comisionados Militares, Guardia de Hacienda, Policía Nacional, Judicial y Escuadrones de la Muerte. Las víctimas de este tipo de violación de los derechos humanos se encuentran a lo largo de todo el período que cubre el enfrentamiento armado.

Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de Desapariciones Forzadas, sin consideración si su actuación fue individual y en colaboración con otro.

410.

Del total de desapariciones forzadas registradas por la CEH; el 80% fueron perpetradas por el Ejército, 12% fueron cometidas por las Patrullas de Autodefensa Civil, el 8% fueron cometidas por otras fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional (Véase Gráfica 5).

411.

La participación individual del Ejército en la comisión de desapariciones forzadas se dio principalmente en el campo, donde se aplicó tanto en forma individual y masiva como selectiva e indiscriminada.

412.

     Vale anotar que a diferencia de las ejecuciones arbitrarias y las torturas, en un porcentaje significativo (8%), de las desapariciones forzadas, no se tuvo ninguna información que permitiera establecer los responsables de estas violaciones. Esta situación revela una característica importante de la desaparición forzada, en donde además del desaparecimiento de la víctima, se buscaba borrar las evidencias sobre las autorías de estos hechos.

413.

     La participación individual del Ejército en la comisión de desapariciones forzadas se dio principalmente en el campo, donde se aplicó tanto en forma individual y masiva como selectiva e indiscriminada. El 81% de las desapariciones forzadas cometidas por el Ejército fueron efectuadas por dicha fuerza responsable de manera individual.

414.

     Pero el Ejército también actuó de manera combinada con las Patrullas de Autodefensa Civil. El 11% de las desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, fueron efectuadas en conjunto con las PAC, y el 6% fueron efectuadas en conjunto con comisionados militares.

415.

     De acuerdo a lo anterior las acciones de los agentes del Estado en la comisión de las desapariciones forzadas durante el enfrentamiento armado constituyen graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, por lo tanto, el Estado es autor de crímenes de guerra. Dicha violación fue aplicada sistemáticamente en distintas regiones y afectó a una gran parte de la población, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Características de la desaparición forzada

416.

     Una de las técnicas de exterminio más utilizadas por los agentes del Estado y que arroja uno de los mayores números de víctimas, lo constituye precisamente la desaparición forzada de personas. Existen evidencias de esta violación desde 1954; sin embargo, durante el período del enfrentamiento armado, la primera detención seguida de desaparición forzada que se registra en Guatemala, ocurrió en 1966,5  siendo ésta la primera desaparición forzada masiva que se conoce en el continente a partir de la implementación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.

417.

     La desaparición forzada como método de exterminio de la estrategia contrainsurgente, tuvo varios propósitos. En su esencia, tuvo por objetivo desarticular o aniquilar organizaciones políticas, asociaciones gremiales y populares, capturando y haciendo desaparecer según criterios selectivos -individual o masivamente- a los cuadros o supuestos cuadros de dichas organizaciones;6  también persiguió desarrollar tareas de Inteligencia en las víctimas -a través de la tortura o la violación sexual-, para obtener información sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes y de la oposición; castigar a las víctimas -y por intermedio de éstas a la familia, a la comunidad y a la organización, y propagar el terror por medio del ocultamiento del detenido y las amenazas frente a cualquier intento por conocer su paradero. La violación sexual fue otra de las infracciones de los derechos humanos que coexistió con la práctica de la desaparición forzada:

     "La sacaron de la casa a las once de la noche (...) bajaron para abajo, dejaron tirados sus zapatos, a otra cuadra dejaron tirado su delantal, después dejaron su corte, después dejaron tirada su faja y el g�ipil el último más abajo donde está la gasolinera en la salida para Chicamán (...) fue violada por el capitán (...) ya no sabemos qué hicieron después con ella..".7 

     "Después de las seis de la tarde llegaron carros con vidrios polarizados y vehículos jeep con hombres armados en su interior, tocaron la puerta, entraron y luego se escuchó mucho ruido, como que estuvieran rompiendo cosas, [ la víctima] fue violada frente a sus familiares y luego la sacaron de su casa y se la llevaron en uno de los vehículos, ya no supimos de ella".8 

418.

     El fin último de la desaparición forzada es la destrucción de "algo" -una organización, la propagación de una idea-, a través de "alguien" -la víctima-. Como técnica de la guerra contrainsurgente, representó uno de los principales instrumentos de descabezamiento de las organizaciones sociales. Este objetivo, que constituye la esencia de la desaparición forzada, actúa de modo distinto en la ejecución arbitraria. Mientras en esta última los efectos se producen de forma inmediata sobre la sociedad y la organización a la que pertenecía la víctima, en la desaparición forzada los efectos persisten sin variar en el tiempo.

419.

     La ocultación del paradero de la víctima, de las condiciones físicas en que se encuentra, de si está aún con vida, si está siendo sometida a crueles torturas, si está entregando información sobre la organización o comunidad a las que pertenece, crea un entorno de incertidumbre que incide con carácter permanente sobre aquellos que no están capturados y que formaban parte del diario quehacer de la víctima: su familia, su partido político, su organización sindical, social, cultural o sobre los demás habitantes de la comunidad. El efecto de la desaparición forzada es precisamente que perduren en el tiempo la duda, el temor, la inseguridad a través de la incertidumbre que genera el ocultamiento del detenido desaparecido. El grupo al que la víctima pertenecía, ingresa en un estado mayor de vulnerabilidad y se autoprotege: paraliza sus actividades, sus miembros entran en la clandestinidad, la familia busca refugio, la comunidad huye o se dispersa.

420.

Mediante la práctica de la desaparición forzada, también se pretendió obtener información de las víctimas sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes, de la oposición y de cualquier forma de organización contraria a los intereses del régimen establecido; castigar a las víctimas -y por intermedio de éstas a la familia, a la comunidad y a la organización- mediante la aplicación de torturas y la propagación del terror recurriendo al ocultamiento del detenido y las amenazas contra sus familiares a fin de reprimir o paliar cualquier intento por conocer su paradero.

421.

Los testimonios recogidos por la CEH han permitido detectar que además de los objetivos mencionados, que concurren en la generalidad de los casos, la desaparición forzada también fue utilizada como arma de extorsión económica contra los familiares o como medio de presión para obtener la captura de algún militante o personas vinculadas a organizaciones políticas o sociales de oposición. 422.

El carácter más abierto y menos sofisticado en la práctica de las desapariciones forzadas que caracterizó la actuación del Ejército lo encarnaron los grupos paramilitares en las áreas rurales en especial la habitada por pueblos mayas a lo largo del enfrentamiento; su metodología brutal facilitó la aplicación de desapariciones forzadas como mecanismo para resolver problemas personales, apropiarse ilegalmente de tierras, por envidias, celos y revanchas.

     "Los delataron con el Ejército acusándolos de guerrilleros, pero en el fondo el problema era una disputa de tierras (...) llegaron veinticinco militares uniformados, circularon la casa y los sacaron, diciendo que se los llevaban para una declaración, hasta la fecha no han aparecido".9 

423.

Asimismo, la desaparición forzada afectó a personas que no tenían ninguna relación política ni participaban en organizaciones sociales y que fueron capturadas y desaparecidas por los agentes del Estado en circunstancias totalmente equívocas, como por ejemplo, haberse encontrado físicamente en el mismo lugar en el que se secuestró a un dirigente político o por existir coincidencia de nombre y apellido con otra persona que era buscada e incluso por, equivocación de los captores en la determinación del domicilio de la persona buscada.

     "Dos policías llegaron a decir a la familia que se lo habían llevado al grupo táctico de la zona militar No. 13 y que fue una equivocación que se les fue de las manos".10 

La captura y el ingreso de la víctima en un circuito de detención clandestina

424.

     La desaparición forzada de personas es una violación esencialmente selectiva; en consecuencia, en las áreas urbanas las fuerzas de seguridad desarrollaron labores de Inteligencia previas a la captura, que incluyeron la obtención de informaciones respecto a las actividades de la víctima, el seguimiento, la intervención de líneas telefónicas, la vigilancia en los lugares que frecuentaban, el control de los movimientos en su residencia, su lugar de trabajo, una sede sindical etc. En las áreas rurales, de los abundantes casos de desaparición forzada que fueron registrados por la CEH, resulta posible apreciar la utilización de informantes u "orejas", listados de nombres de las personas buscadas, empleo de encapuchados para señalarlas y el despliegue del Ejército para controlar las áreas en que habitualmente se desenvolvían.

425.

Los apresamientos que dieron origen a las desapariciones forzadas no se practicaron en forma legal, es decir, a través de mandamientos u órdenes de detención emanadas de una autoridad competente; en otras palabras, fueron detenciones ilegales y arbitrarias que se verificaron en las casas de las víctimas, mientras transitaban por la vía pública, en asambleas o reuniones, en sus centros de trabajo, en los puestos de registro y control que el Ejército instalaba en puentes, caminos rurales y carreteras, en días de plazas y mercado, así como en el interior de hospitales.

426.

     Los lugares utilizados por los agentes del Estado para efectuar las capturas, cambiaron durante el enfrentamiento armado. Así, es posible advertir que durante las décadas de los sesenta y setenta y en las área urbanas, las fuerzas de seguridad utilizaron indistintamente la vía pública, los domicilios de las víctimas o sus núcleos de trabajo para realizar las detenciones.

     "Estábamos parados ahí en la esquina de una de las calles de la colonia, esperando la camioneta, él para venirse al pueblo, verdad, a la escuela y los niños al colegio (...) y entonces en el momento que la camioneta iba a cruzar en la esquina, un carro rebasó a la camioneta y paró, pero, como uno tiene costumbre de despedirse primero de los hijos, cuando levanté la vista voy viendo que ya lo tenía agarrado de los brazos y él sólo dijo ¨qué es esto?, entonces ­Suba! dijo un hombre, entonces el otro dijo: ­esto se acabó! (...) entonces yo le dije al hombre Dios mío por qué se lo lleva, a dónde se lo llevan y él lo que hizo fue forzó así la mano y le disparó a él, yo digo que a la pierna, entonces él gritó, así, un grito de dolor y ya así en zopilotío11  lo tiraron al carro y se lo llevaron".12 

427.

En las comunidades rurales, las capturas se efectuaron durante operaciones militares que incluyeron el ingreso en las comunidades de camiones del Ejército cargados de decenas de soldados y en algunas ocasiones con el apoyo de helicópteros.

     "Fue el 82 cuando se empeoró, llegaba el Ejército y sacaba uno por uno de las casas, ellos tuvieron mucho miedo y sólo las mujeres se quedaban en las casas (...) la noche del 27 de junio de 1982 los soldados fueron a sacar de su casa a Alberto y nunca apareció. Lo que sucedía era que alguien se quejaba en el pueblo con el Ejército, ellos anotaban los nombres y después venían a traerlos a las casas".13 

     "Súbitamente tocaron a la puerta y la esposa de Luis abrió, de golpe entraron diez soldados al interior de la vivienda (...) Comprobó que toda la casa estaba rodeada de tropas del Ejército, calcula que serían unos trescientos los soldados que había en las cercanías. Al ingresar mostraron una lista de nombres que llevaba un hombre que aparecía con la cabeza cubierta por una capucha".14 

428.

     En la fase más aguda del enfrentamiento armado y dentro del escenario rural, en concreto desde finales del año 1979 hasta mediados de 1984, gran cantidad de capturas dieron origen a desapariciones forzadas y se efecturaron en puestos móviles de control del Ejército y de la Guardia de Hacienda. Estos puestos de control y registro generalmente se ubicaban en puentes o carreteras. De los relatos de las víctimas se desprende que estos puntos de reconocimiento llegaron a constituir una fuente de terror para la población, en tanto que eran los lugares donde por lo común los soldados detenían a transeúntes, buses de transporte público y privado, investigando cargas y personas a través de listados. La mayoría de las veces, las personas que figuraban en las listas o las que carecían de cédula de vecindad (aunque no tuvieran aún la edad suficiente para tenerla), eran apartados del resto de la gente, retenidos en el sitio y no se volvía a tener noticia de su paradero.

429.

Los testimonios recibidos en este sentido por la CEH permiten afirmar que la existencia de estos controles y el sistema de detenciones que en ellos se efectuaban, englobó todo el territorio nacional, tanto en las áreas rurales más remotas y apartadas como en la capital, obedeciendo a una política de control de la población, instrumentada por el Ejército y fuerzas paramilitares.

     "En julio llegó a Lacamá III a ver a su familia, al día siguiente emprendió el regreso hacia la capital y con el temor que existía en ese tiempo le aconsejaron que se fuera de madrugada porque todos los días los soldados del destacamento de Chupol instalaban un puesto de registro en la carretera y esto representaba un peligro para los hombres. Debido a eso decidió irse a las 6:00, creyendo que a esa hora todavía no estaba funcionando el puesto de registro. Salió de su casa y abordó el bus que lo llevaba a la capital, pero al llegar a un punto de la carretera cerca del destacamento de Chupol, ya estaba activo el puesto de registro, los soldados pararon la camioneta, bajaron a los pasajeros y allí lo aprehendieron; desde esa fecha se desconoce su paradero".15 

     "El era de la aldea La Cumbre, lo detuvo el Ejército en un puesto de registro en la carretera interamericana cuando regresaba de trabajar en la costa sur. El era un obrero agrícola que trabajaba estacionalmente en la época de la cosecha de los grandes latifundios de la costa. Tenía sólo 16 años cuando el Ejército detuvo el bus en que viajaba y por no tener cédula de vecindad se lo llevaron".16 

     "Un día viernes de 1983 por la tarde, la víctima se dirigía con su hijo de diez años a la costa sur a vender verduras. En San Andrés Semetabaj había un puesto de registro, por lo que el camión en que viajaba fue detenido y ordenaron a todos los hombres que bajasen. Andrés estaba entre un grupo de diez personas, y en ese momento un hombre enmascarado que estaba con los militares lo señaló. Andrés fue apartado del resto del grupo. Después, los soldados dejaron ir el camión con toda la gente que había bajado de él".17 

     "Iban a vender a Joyabaj pero en el camino que conduce de Choabaj Grande a Joyabaj, había un grupo de soldados que le hicieron un alto al camión donde ellos viajaban, los bajaron a todos y se quedaron allí nueve personas, los otros pudieron seguir porque los soldados le dijeron al chofer del camión que continuara su viaje, al día siguiente cuando el camión regresó, el chofer le entregó a ella el morral de su esposo y le contó lo sucedido".18 

     "Eran las nueve cuando los soldados del Ejército detuvieron el bus donde iba mucha gente y obligaron a todos a bajarse del mismo, los registraron por si llevaban armas, documentos secretos y sólo al señor lo capturaron. El día lunes su esposa fue a buscarlo al destacamento ubicado cerca del cementerio en la cabecera municipal de Patzún y fue cuando la gente le comentó que efectivamente el día domingo, los soldados habían llevado a cuatro hombres al destacamento, prisioneros que tenían las manos amarradas detrás de la espalda e iban a pie (...) desde entonces el señor ya nunca apareció".19 

430.

     Los hospitales también fueron utilizados por el Ejército para practicar capturas que culminaron en desapariciones forzadas o sirvieron para mantener ocultos a detenidos desaparecidos. Ejemplos de lo anterior se dieron en el Hospital Nacional de Coatepeque del Departamento de Quetzaltenango, en el de Mazatenango y en el "Hospitalito" del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional en la capital del país.20 

431.

     Para facilitar la actuación del Ejército, el Estado activó un ingente trabajo de Inteligencia en los centros sanitarios. A través de redes de informantes que permearon al personal médico y administrativo de las instituciones, de forma tal que pudieran ejercer un estrecho control sobre las personas y sus actividades.

     "En un principio el personal del Hospital hacia comentarios, pero, cuando la violencia se incrementó miraban los cadáveres sin hablar, sabían que en el Hospital habían orejas, eran de 8 a 10 personas, algunas tenían sueldo".21 

432.

La utilización de redes de informantes dentro de los centros hospitalarios, además del personal del hospital civiles u "orejas", contempló la intervención de la Policía Nacional y del Ejército.

     "A través del parte que siempre hacía el agente de la policía nacional de turno en el centro hospitalario, el Ejército conocía de la llegada del herido (...), llegaban, iban directo a la cama, preguntaban por el nombre del paciente y le daban el tiro de gracia o lo sacaban del hospital y nunca regresaba".22 

433.

El control del Ejército sobre el Hospital de Coatepeque, permitió a los soldados efectuar detenciones desde el interior del recinto sanitario, manteniendo amenazado al personal institucional.

     "En una ocasión el Ejército exigió que se firmara un parte de traslado al Hospital General de Guatemala de un guerrillero herido. La policía se lo llevó pero nunca llegó a Guatemala (...) en la Secretaría del Hospital el teniente dijo que nomás lo quería mantener con vida para que les dijera dónde estaban los demás y que después le iban a desaparecer".23 

434.

La CEH también tuvo acceso a algunos casos ocurridos en el Hospital de Mazatenango.

     "En una ocasión (entre 1981 y 1983), llegaron heridos dos hombres, uno anciano y otro joven. Los operaron, en un caso fue una operación prolongada, de cuatro horas y en el otro más corta, dos horas, salieron bien. El médico pasó en la noche y llegaron hombres armados con pasamontañas y botas del Ejército; el que iba al frente tenía un carácter diferente, no habló ni una sola palabra, simplemente entró y señaló con el dedo a los pacientes. La gente armada les sacó las sondas, los fueron a tirar a la palangana del Picop y se los llevaron".24 

435.

En la investigación realizada por la CEH respecto del caso de la desaparición forzada de Lucrecia Orellana Stormont,25  un testigo directo relató haber visto a la víctima ingresada enferma.

     "En el Hospitalito del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, el día 22 de octubre, que estaba grave, de muerte, muy desmejorada, por un gran ataque de asma".26 

436.

     Otro testigo informó que a la víctima le habían puesto "una capucha con gamezán y se había deteriorado mucho; que la habían hospitalizado durante tres días, del 22 al 25 de octubre y que, luego la regresan a Matamoros".27 

437.

     Las Fuerzas de Seguridad aplicaron desde los años sesenta un método de captura denominado Plan Zona Congelada -Frozen Area Plan-, que consistió en cercar un área física de varias cuadras -dentro de cuyo espacio se encontraba la o las víctimas- utilizando personal policial para evitar la entrada o salida de personas mientras se desarrollaba la redada. Las operaciones se efectuaban coordinadamente entre la policía nacional, judicial, militar y el Ejército;28  como ocurrió en la captura de los sindicalistas de la CNT.

     "En ese momento había unas treinta personas en el local de la CNT. En el momento que sonó el timbre, salí corriendo, detrás venía otra persona que también fugó de inmediato, vimos que estaba rodeada la novena y la décima avenida -en la que el tráfico había sido interrumpido- y estaban apuntando con sus armas de fuego hacia arriba. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de particular y enmascarados, pero habían tres o cuatro que eran militares, además de las insignias, por las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y la voz de mando que se escuchaba".29 

438.

     Otro aspecto que caracterizó las aprehensiones de las víctimas de modo especial en las áreas urbanas, fue el ocultamiento de la identidad de los autores en el momento de practicarlas. Son numerosos los testimonios recibidos por la CEH, donde se reiteraba que los responsables actuaban disfrazados, encapuchados o cubriéndose los rostros con pañuelos. Queda así descrita una forma de actuación, por parte de los agentes del Estado, realizada no sólo con el propósito de garantizar la impunidad del hecho, sino que además constituye uno de los primeros elementos que perseguían: borrar el rastro del detenido.

     "Entró un grupo de aproximadamente seis hombres, con pelucas muy mal hechas, de pita esa de maguey, otros tapada la cara con pañuelos, diciéndome que eran compañeros y que iban a rescatarme, pero de inmediato me di cuenta de que no se trataba de compañeros, y me sacaron de la sala en que estaba; al llevarme por los pasillos del hospital yo grité mi nombre verdadero y que estaba siendo secuestrado por la G-2".30 

439.

     Uno de los primeros efectos de la captura ilegal de las víctimas fue sustraerlas al sistema de protección legal, sumiéndolas en un circuito de prisión clandestina desprovisto de normas y control. Para evitar que los detenidos reconocieran la ubicación del centro de reclusión durante su cautiverio los mantenían con los ojos vendados o encapuchados además de someterles a numerosos y continuos traslados.

440.

     Esta última práctica del traslado del detenido por distintos campos de reclusión tuvo por una parte, el propósito de borrar el rastro de la víctima, imposibilitando la eventual acción sustrayendo al detenido a la justicia y de la esfera de cuidado de sus familiares; y por otra a conducirlo hasta centros de interrogatorios especializados. En el desarrollo de este proceso existió una perfecta coordinación entre los elementos que actuaban en la ciudad y los que operaron en las áreas rurales.

     "A los que capturaban dentro de la ciudad los llevaban a las cárceles de fuera, aledañas, y los que capturaban afuera venían acá, así era como ellos tenían la cosa. O en los cuerpos de policía de acá, lo tenían a uno cinco días en un lado, de ahí lo trasladaban (...) nosotros estuvimos en tres, nos tuvieron en los separos de la judicial, después nos llevaron a Santa Teresa y de ahí al anexo y en el anexo ellos mismos llegaban a gritar como que era un recurso de exhibición por el nombre verdadero de nosotros y alguien se encargaba de vernos fijamente a la cara a ver qué reacción teníamos nosotros, y ahí qué hacía uno".31 

441.

Cuando se trasladaba a las víctimas de un centro de detención a otro era para conducirlas hacia bases especializadas en interrogatorios, con el fin de obtener información.

     "Bámaca fue supuestamente mantenido cautivo en Santa Ana Berlín durante aproximadamente un mes, donde fue interrogado acerca de su conocimiento táctico de la ORPA y luego evacuado a la ciudad de Guatemala para más interrogación de naturaleza estratégica".32 

442.

     En este circuito, la clandestinidad se incorporó como factor habitual a la política contrainsurgente. A través del empleo de claves, códigos y contraseñas, los agentes del Estado estaban en condiciones de informar a los centros de detención -incluso prescindiendo del lenguaje institucional-, que se procedía a realizar una detención ilegal, un procedimiento irregular o que existía un prisionero de importancia para las labores de Inteligencia.

     "Ahí recuerdo que íbamos a un lugar, algo luces, pienso que era la ciudad, en el trayecto hubo un gorgoritazo de un policía que iba al lado mío en la ambulancia, donde va el que maneja, y el otro les dijo que sonaran la contraseña y hubo dos sirenazos de ambulancia cortos y no pararon pues, siguieron, como cuestión de método operativo también, cuando me sacaron recién salido del hospital, dijeron ya vamos a llegar a la garita y empezaron a cantar todos, la canción esa, la ley del monte, me dio la impresión que era contraseña para que no los pararan, porque en ese tiempo era prohibido, mayormente por la cuestión de la actividad guerrillera, que anduvieran personas en las palanganas de los picops y ahí en ese caso iban seis y no los pararon, pero pasaron cantando esta canción, la ley del monte, porque cantaron sólo un pedacito y siguieron".33 

443.

     Dentro de este circuito clandestino de detención, el destino de la víctima quedaba en manos de sus captores. Las condiciones de salud del detenido, las rutinas de aplicación de tortura o si sobrevenía la muerte del prisionero a consecuencia de los tormentos, eran circunstancias que dado el -secretismo del entorno- pudieron permanecer encubiertas aun dentro de la propia institución, perpetuándose en el tiempo la ignorancia acerca del paradero de muchas víctimas de las violaciones.

     "Si producto de mis operaciones, yo al mando de una patrulla, me topé con civiles o qué sé yo, eliminé 10, 20 o 30, los sepultaba, quizás ni los identificaba, ni sabía quién era".34 

444.

     Cuando la víctima de la detención ingresa a este circuito de clandestinidad controlado por los agentes del Estado y se niega a sus familiares información sobre su paradero, el centro de reclusión en el que se encuentra, si está aún con vida o el lugar donde fue enterrado su cadáver, comienzan a esbozarse los elementos que otorgan a la desaparición forzada el carácter de continua y que surten efectos permanentes. Para garantizar estos efectos permanentes y la impunidad de los hechos, los cadáveres de las víctimas eran arrojados a ríos, lagos, al mar, sepultados en cementerios clandestinos, o se les desfiguraba para impedir su identificación, mutilando sus partes, arrojándoles ácidos, quemando o enterrando los cuerpos o los despojos.

     "El Ejército echaba los cadáveres de madrugada al río Cabús [San Marcos]. El año 80, a dos parejas de nacionalidad salvadoreña que iban de viaje de novios a los EEUU les robaron la documentación y el dinero en la frontera con México y tuvieron que regresar a su país. Debido a lo avanzado de la hora los cuatro se vieron obligados a pasar la noche debajo de un puente sobre el río Cabús. A las dos de la madrugada vieron un jeep del Ejército que se detenía sobre sus cabezas y lanzaba dos cadáveres desde el puente".35 

     "A los seis días de ser desaparecidos, los familiares recibieron noticias de un aldeano de Cajtabí. Había encontrado cuatro cadáveres en Piedraparada y que podrían ser los jóvenes. El señor que les encontró avisó en la aldea Cajtabí y los patrulleros de allí llegaron a las familias de las víctimas para avisar. Mandaron a las autoridades de Nentón allí para investigar e identificar los cuerpos, pero cuando llegaron ya no estaban los cadáveres. Según el señor que los vio estaban quemados, torturados, pelados los pies. No sabe quién los movió o si realmente eran los cuatro jóvenes".36 

     "Durante 1979, en un puente cercano a la aldea Xeputul que cruza el río Cotzal, entre Xeputul I y Xeputul II, los soldados siempre llegaban a tirar a las personas. Lo hacían casi siempre de noche por lo que a la mañana siguiente el puente amanecía ensangrentado, como un rastro".37 

     "Hay un barranco cerca de Piña Flor, donde echaban los cadáveres, en un lugar donde hay ahora dos cruces que pusieron las comunidades (...) los iban a echar por la noche, a las diez o a las once (...); tiraban allí los cadáveres de otros cantones de Chicamán y de Uspantán".38 

La labor de Inteligencia

445.

     La desaparición forzada formó parte de las operaciones de Inteligencia y por lo tanto, en su implementación también se perseguía un objetivo de esta naturaleza. Este objetivo, que supone la obtención de informaciones sobre las actividades y planes del "enemigo", halló en la tortura sistemática su principal fuente de suministro. Sin embargo, antes de efectuar el apresamiento de la víctima, ya se había desplegado sobre ella, su familia, la comunidad o la organización a la que pertenecía, un control de las actividades y rutinas que podían facilitar y asegurar su detención. Esta labor de Inteligencia previa, quedó al descubierto en el manejo habitual de listados de nombres por parte de los agentes del Estado, en la intimidación de prisioneros para conseguir que denunciaran a otras personas y en las actuaciones de delatores encapuchados conducidos hasta aldeas y comunidades.39 

     "Cuando llegó el Ejército a la aldea Chiacach a las cuatro de la tarde y reunieron a toda la gente en el centro de la comunidad, los soldados llevaban a cuatro personas disfrazadas con ropas blancas y las caras tapadas y sólo con los ojos descubiertos. Estas personas fueron las que señalaron, dentro del grupo reunido [a las víctimas]; entonces los soldados los sacaron del grupo, les amarraron las manos y se los llevaron".40 

     "Se separó a hombres y mujeres en la escuela y de acuerdo a una lista. A los hombres les amarraron las manos hacia atrás, devolvieron a las mujeres a sus casas, a los hombres los llevaron en dirección a la Finca Las Tinajas, donde estaba el destacamento".41 

446.

     La labor de Inteligencia continuaba recayendo sobre la familia o la organización a las que pertenecía la víctima incluso una vez verificada la captura de ésta última. El control de los lugares habituales que frecuentaba el detenido desaparecido, junto a la información que se lograba extraer de la víctima mediante torturas, permitía que los agentes del Estado apresaran a otras víctimas. El resultado: nuevas ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

     "Al mes, un compañero de [la víctima] le contó que un día antes del cateo y desaparición, habían capturado a una joven perteneciente a las FAR (...), la habían torturado hasta hacerla confesar dónde y a qué hora se iban a reunir las siete personas que fueron secuestradas en la zona 5".42 

447.

La vigilancia y el control que se mantenía en los domicilios de los detenidos desaparecidos, tanto antes como después de la captura, con puntos fijos que se establecían en las inmediaciones procuraban la localización de otros miembros de organizaciones vinculadas a la víctima que ya había sido capturada.

     "Al momento del hecho se encontraban solamente las hijas, siendo capturadas y retenidas hasta que llegó el padre y se llevaron a los tres. Al parecer fueron llevados al 5to. Cuerpo de la Policía Nacional y a partir de ahí no se supo de ellos. A los ocho días llegó un familiar para averiguar lo sucedido, enterándose por unos vecinos que la casa estuvo controlada unos días antes por varias personas vestidas de civil. Después de la captura y desaparición también tuvieron vigilada la casa durante un mes, solamente se turnaban de carro y de gente".43 

448.

     La obtención de informaciones sobre los planes del "enemigo interno" no se dirigió únicamente contra las organizaciones insurgentes de Guatemala, asimismo abarcó a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremiales, populares, de derechos humanos, catequistas, cooperativistas, promotores de educación, de salud y a la población maya. Sin embargo, la captura de algún miembro de la guerrilla era valorada de forma distinta.

     "Cuando se capturaba gente de cierto nivel de incorporación en la guerrilla, era para la Inteligencia militar, por el nivel de conocimientos que ellos tenían y que el guerrillero podía tener de su organización".44 

449.

Un documento desclasificado de la CIA, titulado Comentarios sobre el proceso utilizado por el Ejército guatemalteco para explotar el valor de la Inteligencia de guerrilleros capturados, expresa textualmente:

     "Que el Ejército guatemalteco y la Inteligencia militar (G-2) han empleado un sistema para explotar la Inteligencia táctica de guerrilleros capturados, lo que fue adaptado de los métodos utilizados por los militares argentinos durante los años de la guerra civil argentina".45  450.

     En la aplicación de la tortura, algunas víctimas no soportaron el martirio que se les impuso y perdieron la vida a consecuencia de los tormentos. De los testimonios recibidos, se concluye que muchos de los detenidos desaparecidos corrieron esta suerte, al haber sido sometidos a crueles suplicios y prolongados interrogatorios.

     "Primero la interrogaron a ella, ellos la tenían con una música y al ponerle la capucha se empezó a oír que el hombre se quejaba fuertemente y se fueron quedando los quejidos, bajaron, bajaron, entonces dijo uno, quítensela y dice aquel silencio; sólo se oyó que jalaron sillas, movían (...) a mí me asustó yo dije será posible que se ahogó, que lo mataron, pero me quedé con todo aquello, pero cómo poderlo saber y ya después cuando nos sacaron los informes, entre uno de los que nos sacaron los informes (...) me dijo que se había quedado".46

Las victimas de la desaparición forzada

Nota: Solo se incluyo 75% de los datos; 25% no tienen edad y/o sexo.

Nota: Calculado en base a Desapariciones Forzadas a personas con sexo y edad conocida (3427).

451.

     La gráfica 16 ilustra la selectividad de la práctica de la desaparición forzada, en cuanto que el porcentaje de adultos hombres, constituye una cifra mucho mayor comparado con el que se presenta en el análisis de la práctica de las ejecuciones arbitrarias. El porcentaje de mujeres, niños y ancianos revela que las ejecuciones se realizaron de manera más indiscriminada y masiva, mientras que las desapariciones se orientaron principalmente acia miembros de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, religiosas y de partidos políticos, cuya composición era mayoritariamente de hombres adultos.

La extorsión y el terror a los familiares, la comunidad y la organización

452.

La desaparición forzada también se empleó por los agentes del Estado para aterrorizar a los familiares de los detenidos y extorsionarlos económicamente o para obtener que algún pariente de la víctima, que estaba siendo buscado, se entregara a las Fuerzas de Seguridad.

453.

El 3 de mayo de 1983 Rosa Estela Pérez Villaseñor caminaba hacia una cafetería de la zona 10 de la capital, cuando fue secuestrada por cuatro hombres armados.

     "Según testigos presentes, la víctima trató de defenderse pero la golpearon mucho. Durante el tiempo de cautiverio de Rosa Estela, la familia recibió llamadas de personas que, eso creen, eran los torturadores. Ellos explicaban que Rosa Estela se encontraba en Matamoros, y añadían que en determinado momento se le iban a aplicar ciertas torturas pero que si proporcionaban una cantidad de dinero, le podían evitar el dolor. Además describían a la familia cómo en ese preciso momento le aplicaban la capucha u otras torturas".47 

454.

Otro episodio que ilustra dramáticamente el provecho obtenido a costa de la desesperación de los familiares del detenido desaparecido, lo aporta el caso de Angela Ayala, secuestrada el 13 de junio del mismo año.

     "Angela fue detenida en la 9a. Calle A y 3ra. Avenida de la zona 1. Bajaron dos hombres de un vehículo de doble tracción y se la llevaron. Posteriormente al secuestro, la mamá de Angela recibió tres cartas con cheques para pagar la renta. Ella vio las cartas y en las mismas su hija le indicaba que estaba bien, que llegaría de regreso en quince días. Dos judiciales eran quienes llevaban las cartas. En una de las visitas, los judiciales indicaron a la señora que fuera a un banco a extraer un dinero guardado en una caja de seguridad parece ser que era una cantidad de dólares muy alta. La tercera vez que envió dinero a su hija, en el banco no quisieron hacer efectivo el cheque porque la firma era ilegible. Ella cree que se debía a las torturas".48 

455.

     A través de la extorsión se obtuvo también la entrega de algún familiar militante buscado por las fuerzas de seguridad. En estos casos, la captura y posterior desaparición fue aplicada a parientes directos, con el compromiso expreso de liberarlos si el familiar buscado se entregaba.

     "Entonces renunció a su trabajo y se incorporó a la vida revolucionaria, su esposa estaba embarazada de siete meses y no estaba participando, por lo cual le dijo que él se fuera y que ella iba a esperar que naciera el bebé; y él se fue el 19 de mayo de 1981 para la montaña. A ella la secuestraron el 5 de junio de 1981 (...) paró una camioneta Picop, ella se defendió con una sombrilla que llevaba y entró a una farmacia, pero entraron y se la llevaron en la palangana. Al padre de la víctima le hacían llamadas y le decían que si entregaba al esposo de la secuestrada, la soltaban".49 

El castigo de la víctima, la familia, la comunidad y la organización

456.

     Numerosos casos recogidos por la CEH dejan al descubierto que la práctica de la desaparición forzada cumplió también el propósito de castigar, no sólo a la víctima sino además a la organización política o social a la que pertenecía, a la comunidad y a su propia familia. La desaparición forzada fue entonces orientada a núcleos familiares completos, ya no con el objetivo de obligar a algún pariente que militase en un grupo sino precisamente con el propósito de castigar al colectivo al que la víctima pertenecía.

     "Mi papá fue un revolucionario desde los 17 años. Se dio cuenta que existía la necesidad de hacer algo, sintió que tenía una opción: unirse a una organización político militar. Yo vivía en el oriente y el 24 de julio vino mi hermano Carlos a verme y platicamos (...) recuerdo la ropa que vestía, al día siguiente vi por la televisión que hubo un gran enfrentamiento en Vista Hermosa. Yo no sabía que mi hermano vivía en esa casa, en uno de los periódicos vi la foto del cadáver de mi hermano. Dos meses después, el 11 de septiembre, la PMA y la Policía Judicial vinieron a la casa de mi padre en la Zona 11, secuestraron a mi padre, a mi madrastra, a mi cuñada, a mi hermana que tenía 18 meses de edad y a mis dos hijas de nueve y diez años. Nunca aparecieron".50 

457.

     El daño psicológico que esta acción produjo en la testigo revela el propósito de eliminar expeditivamente a su familia entera. Se trataba, por lo tanto, de una represalia contra los parientes de la víctima militante.

458.

     El castigo a la familia encontró también su implementación haciendo desaparecer al único miembro de ella que no tenía militancia conocida, con el claro propósito de castigar al grupo familiar. En el caso ilustrativo No 48, que investigó la desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, un testigo clave declaró a la CEH.

     "Ellos [los militares] sabían que el doctor Rosal -padre de la víctima-, estaba con la guerrilla, pero el doctor Rosal se fue del país. Cuando no podían hacer nada con el papá mataron al hijo. Vimos cuando se lo llevaron, fue una tarde, yo iba para Zacapa cuando a él lo entraron en la base militar (...) al rato fue la noticia que lo habían secuestrado".51 

459.

La desaparición forzada utilizada como castigo ejemplar, fue también dirigida contra las comunidades, golpeando a los líderes para propagar el terror provocando en ocasiones el desplazamiento de la comunidad a la que pertenecía la víctima.

     "Paulino Chuc Chiquitá fue elegido por la comunidad de Chuinimachicaj como alcalde auxiliar en el mes de enero de 1982. El 20 de febrero de ese mismo año, por la noche, llegaron a su casa tres hombres vestidos de soldados y la cara tapada. Lo amarraron, lo patearon, lo arrastraron hasta un picop y se lo llevaron. Dos de sus hijas salieron para ver porqué lo capturaban; Simona, de dieciocho años y Juanita, de once. También a ellas se las llevaron (...); al día siguiente llegaron unos veinticinco soldados comandados por un teniente. Reunieron a los hombres y les ordenaron que tomaran sus piochas y derribaran la casa de don Paulino (...), después pusieron fuego para que se quemara la madera, también quemaron como tres trojes de maíz. Este hecho atemorizó a la comunidad de tal forma que huyeron a las montañas o a la costa sur".52 

460.

     Casos de desplazamiento de la comunidad tras la desaparición forzada de sus líderes, existen en todo el país, fundamentalmente en los períodos de mayor intensidad del enfrentamiento. En el Ixcán, un testigo relató lo ocurrido tras la detención del vicepresidente de la cooperativa:

     "Por eso salimos de la aldea para el monte, salimos todas las familias juntas, el Ejército llegó a la aldea y destruyó todas las casas, la tienda de la cooperativa, mataron ganados y se llevaron el resto, destruyeron las siembras, los árboles frutales, mataron todos los animales".53 

461.

     El propósito de castigar a la víctima se distingue en aquellos casos en que las víctimas permanecieron cautivas durante largos períodos y en condiciones inhumanas. Un líder comalapense, Nehemías Cumes, fue detenido el 15 de marzo de 1980 por miembros de la G-2. En el momento de su captura, Nehemías ocupaba los puestos de Presidente del Comité de Reconstrucción Nacional, era también coordinador de una cooperativa y simpatizante del Frente Indígena Nacional (FIN).

Los sectores más afectados por la desaparición forzada

La desarticulación y aniquilamiento de organizaciones políticas, gremiales y populares

462.

     El objetivo final de las desapariciones forzadas de personas consistía en la destrucción de las organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas conceptuadas como opositoras al régimen establecido. En consecuencia, la estrategia contrainsurgente que inspiró la acción del Estado guatemalteco golpeó a través de la desaparición forzada a jefaturas y cúpulas completas de sindicatos, asociaciones estudiantiles, organizaciones políticas y populares. Mediante el "descabezamiento" individual o masivo de las organizaciones, resulta palmario que el fin último de la violación fue precisamente el de aniquilarlas o destruirlas.54  463.

     En una primera etapa del enfrentamiento armado, el Estado intentó desarticular organizaciones políticas tales como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), las FAR y el MR13. Sin embargo, a medida que el enfrentamiento se agudizó y prolongó, el Estado no sólo persiguió a estas organizaciones sino que hostigó a cualquier grupo organizado, aunque no tuviera un perfil político definido: en cualquier caso, a los ojos del Estado constituían una amenaza al orden establecido.

La desaparición forzada contra los militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, de otros partidos políticos y de organizaciones guerrilleras

464.

     La CEH ha registrado una numerosa cantidad de víctimas de desaparición forzada que pertenecían al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). La frecuencia y cantidad de violaciones contra este sector específico de la sociedad, indican que las acciones represivas contra sus miembros arrancan de los años sesenta y se mantienen durante todo el periodo que comprende el enfrentamiento armado. El carácter específico de la acción institucional dirigida contra los militantes del PGT fue también constatado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al expresar:

     "Las víctimas de secuestro en Guatemala son frecuentemente asesinadas y sus cuerpos pocas veces son encontrados (...) las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de la derecha son responsables por la mayoría de los secuestros (...) primero utilizados sistemáticamente por las fuerzas de seguridad contra el Partido Comunista y miembros de la izquierda moderada, empezando en 1966, la práctica del secuestro se institucionalizó sobre tiempo".55 

465.

     El año 1966 tuvo lugar en Ciudad de Guatemala una desaparición forzada masiva, que recayó sobre personas que tenían un claro perfil militante en el Partido Guatemalteco del Trabajo, en el Movimiento 13 de Noviembre y en las FAR, con el claro propósito de desarticular dichas organizaciones.56  El caso es conocido como el de los "28 desaparecidos". Sin embargo, la investigación de la CEH estableció que el número fue mayor, logrando identificar treinta y tres víctimas, y que las capturas no se efectuaron en forma simultánea, pues se sucedieron entre el 4 de diciembre de 1965 y el 6 de marzo de 1966. A partir de las treinta y tres personas desaparecidas fueron detenidas veintiun personas, posteriormente liberadas.

466.

     Los hechos ocurrieron durante el gobierno militar de Enrique Peralta Azurdia, quien había emprendido una campaña contrainsurgente donde se determinó ampliar las redes de comisionados militares en el área rural, crear la Policía Militar Ambulante e implantar el estado de excepción. Esta ofensiva se inició a finales de 1965 con la asesoría de la Public Safety Division USAID/Guatemala, se denominó "Operación limpieza" y fue comandada por el coronel Rafael Arriaga Bosque.

     "Víctor Manuel Gutiérrez, miembro del comité central del PGT fue capturado el 5 de marzo de 1966 a las 11:30 en la Colonia La Reformita de la zona 12 junto a Cándida Palacios, una hermana de la dueña de casa. En la captura participaron miembros de la policía judicial y del pelotón modelo, el Ejército había cerrado copó los alrededores de la casa. Los elementos de la policía judicial que participaron en su captura se conducían en el jeep que manejaba Víctor Manuel Palacios, capturado el 3 de marzo".57 

467.

     Los ataques contra los miembros del PGT no sólo se planificaron desde una perspectiva general, destinada a desestabilizar la organización; las desapariciones forzadas, se desarrollaron asimismo a escala individual haciendo estragos a militantes, cuadros y mandos medios comprendidos aisladamente. La práctica selectiva e individual de atacar la organización, haciendo desaparecer uno a uno a sus miembros, arroja finalmente el mayor número de víctimas. No obstante lo anterior, otro de los golpes masivos y dirigidos a la cabeza dirigente del PGT, tuvo lugar el año 1972, en que utilizando el sistema de "ratonera", se apresó y desapareció a ocho miembros del Buró Político.58 

468.

     El método de "ratonera" al que recurrieron las Fuerzas de Seguridad, fue aplicado también en países del cono sur y consistía básicamente en montar un operativo de vigilancia sobre un punto acerca del que previamente se tenía información, como por ejemplo una reunión de altos dirigentes. En este caso los agentes del Estado vigilan y controlan la casa de una militante del partido y aguardan hasta la llegada del último miembro, efectúan entonces el cerco y proceden de inmediato a la captura. En esta acción represiva fueron hechos desaparecer Bernardo Alvarado Monzón, Secretario General del PGT, Carlos René Valle Valle, Mario Silva Jonama, Hugo Barrios Kleé, Miguel Angel Hernández, Raúl Alvarado y Fantina María Pol Rodríguez.

469.

     Otra de las zonas del país que tuvo una fuerte influencia del PGT fue la Costa Sur. "Aquí en la costa, el Partido, el PGT, era el que tenía mucha gente, porque había sido favorecida por la revolución".59  El PGT en la Costa Sur orientó su que hacer hacia la formación política, la propaganda, la organización de los sectores campesinos, la alfabetización y el apoyo a los sindicatos.60 

     "Teníamos una escuela nocturna para que aprendieran a leer (...) habían más de treinta estudiantes entre vecinos y patojos, eso valió para que a las doce de la noche me entraran a sacar de mi casa los comisionados militares (...) me golpearon y me pusieron la capucha para que yo dijera quiénes eran los compañeros".61 

470.

     La estructura de organización que caracterizó a los campesinos de la Costa Sur, fueron las ligas campesinas. Estas se formaron con el propósito de continuar la demanda de tierras después de la caída de Jacobo Arbenz. Las ligas campesinas representaron la continuidad de los Comités Agrarios Locales o las Uniones Campesinas que se formaron bajo los postulados de la Ley Agraria. En el departamento de Escuintla, la mayoría de estas ligas estuvo bajo la influencia del PGT.

     "Pues la liga campesina era para tener a la gente organizada, siempre viendo los derechos del lugar, viendo que la gente despertara un poco para que nadie los viniera a engañar y a ellos [a las autoridades militares] no les pareció; entonces lo que ellos buscaron fue hacerle daño a los dirigentes (...) entonces ahí vino el terror (...) varios compañeros desaparecieron".62 

471.

     Esta labor desplegada por el PGT en la Costa Sur se orientó también hacia la actividad sindical, basada en la lucha legal y política para obtener sus reivindicaciones. Lo anterior desató sobre sus militantes y líderes una fuerte y prolongada persecución con el fin de lograr su desarticulación.

472.

En Quetzaltenango, el PGT también alcanzó altos niveles de organización y las víctimas de desaparición forzada que pertenecían a dicha organización se registran durante todo el período investigado.

     "Aproximadamente el primero de julio de 1979, un colaborador del PGT de Costa Cuca, Quetzaltenango, se fue a Chuba, Colomba, para vender en el mercado. Cuando pasaba por la finca El Pensamiento en su Picop, unos soldados del destacamento militar que estaban en la finca, lo detuvieron y nadie lo volvió a ver".63 

473.

     La acción represiva se dirigió también contra otras organizaciones políticas. La desaparición forzada afectó también a militantes del Frente Unido Revolucionario (FUR), del Partido Revolucionario (PR) y de la Democracia Cristiana (DC).

     "Se había organizado el FUR y él fue a varias juntas con algunos vecinos (...), un día se fue al río a bañar como de costumbre, pero un carro de color verde lo reconoció y lo empezó a seguir (...), se bajaron los ocho hombres de la palangana del Picop, a puras patadas lo agarraron, después le pegaron con un palo en la espalda y la cabeza y cuando estaba desmayado lo tiraron en la parte de atrás y se lo llevaron".64 

     "El hermano de la víctima estaba participando en el FUR, que era el que había formado Colom Argueta y lo habían acusado de guerrillero, por esto lo buscaban, Alvaro participaba en el PR, a ambos se los llevaron a Jacaltenango donde había un destacamento del Ejército".65 

474.

La mayor represión contra los militantes del Partido Revolucionario se registra en los años sesenta y setenta.

     "A Balbino lo persiguieron los comisionados militares y el Ejército por pertenecer al Partido Revolucionario, lo capturaron en Carboneras y lo trasladaron a Carrizal, allí lo dejaron en el río atado junto a la otra víctima que era el alcalde auxiliar, también el era del Partido Revolucionario, permanecieron diez horas atados de manos (...) pasaron ocho días más y ni razón de ellos".66 

475.

     También el Estado utilizó la práctica de la desaparición forzada contra los movimientos guerrilleros.67 

     "Si hablamos de los años setenta, compañeros u otras personas capturadas son gente desaparecida (...) porque eso pasó, ya no tenemos compañeros de aquellos que capturaron, no hablemos sólo del campo de la guerra, por ejemplo aquí en Ciudad de Guatemala, donde están esos, ninguno de ellos aparece".68 

476.

     La práctica de esta violación golpeó tanto a los miembros de FAR, ORPA y EGP, dado el claro propósito institucional de conseguir su desarticulación y aniquilamiento. En la práctica de la violación contra este sector específico se advierten mayores niveles de intensidad en la violencia ejercida, lo que puede explicarse por el conocimiento e información que supuestamente se arrancaban a las víctimas. Esta situación implicó un mayor esfuerzo en materia de Inteligencia sobre éstas. Dicha constatación surge también de otro hecho: las desapariciones forzadas de la mayor parte de los militantes de organizaciones guerrilleras incluyeron un largo período de cautiverio, plazo en el cual las víctimas fueron sometidas a crueles torturas.

477.

     Uno de los casos que refleja esta metodología lo encontramos en la desaparición forzada de Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez, conocido como Comandante Everardo de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).69 

     "La primera vez que yo vi al Comandante Everardo fue el 12 de marzo de 1992 en el Destacamento o Fuerza de Combate Santa Ana Berlín, (...), dejé de verlo el 15 de abril, por ahí el 16, 18 algo así, vuelvo a ver a Everardo que supuestamente estaba muerto y cuando yo entro así en el cuarto de él pues lo tenían engrilletado e hinchado todo el cuerpo, amarrado en la misma cama donde yo estuve engrilletado alrededor de cinco a seis meses. El 24 de julio de 1992 fue la última vez que vi al Comandante Everardo".70 

478.

Otro elemento que facilitó la práctica de la desaparición forzada contra este tipo de víctimas estriba en el hecho de que en la mayoría de los casos éstas se encontraban viviendo en la clandestinidad, desvinculadas de familiares, amigos, y alejados de sus hogares.

     "El pertenecía a ORPA desde 1979. Entre el 82 y el 83 se quedó en la clandestinidad por completo. El 9 de febrero de 1984 salió temprano de su casa, a eso de las ocho de la mañana. Hombres fuertemente armados, que viajaban en un vehículo tipo agrícola se lo llevaron junto a dos jóvenes más, sus seudónimos eran Ismael y Andrés, de éstos dos jóvenes nunca supe los nombre verdaderos".71  479.

Una de las organizaciones guerrilleras que registra un abundante número de militantes víctimas de desapariciones forzadas efectuadas por el Ejército, grupos paramilitares y otros agentes del Estado, es el EGP.

     "Ella estudió en el Colegio Belga, se formó como maestra de educación, a finales de 1974 y principios de los 75 era ferviente participante del EGP, donde era conocida como la Comandante Maya. Dejó a su familia y se trasladó a vivir con la guerrilla. Después de cinco años se comunicó con su hermana para comunicarle que estaba embarazada y pedirle ayuda económica, acordando encontrarse en un centro comercial de la Zona 4 de la capital. En ese encuentro, la víctima le presenta a su hermana al padre del niño que esperaba y le señala que tiene sospechas que el Ejército la busca y acuerdan una fecha antes del parto para encontrarse nuevamente. Días después del encuentro, el local comercial que tenía la familia de la víctima es allanado por hombres encapuchados. La víctima llamó una vez más a su hermana para verla, pero nunca llegó al encuentro. Después de cuatro años, la familia escuchó el rumor que hombres armados la secuestraron de un centro de salud de la Zona 1, junto a la comadrona que la atendía".72 

La desaparición forzada contra el movimiento sindical

480.

Los efectos de la masificación y la crudeza que alcanzaron las acciones del Estado contra el movimiento sindical en Guatemala para desarticularlo, con la utilización del método de la desaparición forzada y ejecución de sus líderes, han tenido a su vez secuelas perdurables.

     "Hasta 1965 había el presidente civil que tuvimos, pero era más militarizado que los militares, Julio César Méndez Montenegro (...); esta persona era totalmente vinculada, comprometida con el Ejército y que en el período de él se inició la práctica de la desaparición forzada como una forma de mermar la organización social y las familias y damos datos en los que se corroboraba que hasta en ese momento, entre el 65 y 1984 habían, más o menos, más de veinte mil personas detenidas desaparecidas, entre otras las personas que habían sido arrojadas al mar, los primeros sindicalistas desaparecidos".73 

481.

     La política estatal contra el derecho de asociación de los trabajadores, mediante la práctica de la desaparición forzada encontró siempre un sector laboral con gran capacidad de organización. En 1968 se fundó la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), que "desde sus orígenes, estuvo integrada por sindicatos urbanos, sindicatos industriales de reciente formación, ligas campesinas y cooperativas".74 

     "Era el año 1964 cuando mi compañero, promotor del sindicalismo en Escuintla, miembro activo del sindicato de la finca Torolita, miembro de FASGUA y promotor de bastantes luchas de los trabajadores en el campo y la industria escuintleca, fue sacado a altas horas de la noche por la policía judicial, se lo llevaron y nunca apareció".75 

482.

     En los años setenta y bajo el gobierno de Carlos Arana Osorio el movimiento obrero fue blanco de una severa persecución política, fundamentalmente a través de allanamientos a sedes sindicales y la ejecución y desaparición de algunos líderes destacados.76 

     "El Estado percibía al movimiento sindical (...) como un movimiento contestatario de izquierda y por lo tanto, un movimiento que debería ser atacado en diferentes formas, tanto legal como ilegalmente".77 

483.

El Estado distorsionó las luchas y reivindicaciones del movimiento sindical presentándolas ante la ciudadanía como un instrumento subordinado a las organizaciones opositoras o guerrilleras.

     "Es la acusación que ha tenido el movimiento siempre y que es una de las partes en que fundamentan la necesidad de reprimir al movimiento (...); creo que el Ejército siempre vio micos aparejados en diferentes partes y que la estrategia militar tendió no sólo a debilitar el movimiento sino a destruirlo".78 

484.

Esta identidad que para el Estado existía entre sindicalismo y comunismo activó amplias operaciones cuyos objetivos materiales fueron los sindicalistas.

     "La víctima fue detenida en un puesto de registro que había instalado el BROE en las inmediaciones del mercado de El Guarda en la zona 11; pasaba por allí con otro amigo y les pidieron identificación. El llevaba papeles del sindicato CAVISA y los soldados les dijeron que eran comunistas. Ellos intentaron escapar y les dispararon; a él lo hirieron en una pierna, al alcanzarlo lo golpearon y se lo llevaron".79 

485.

     A pesar de la represión de que fue objeto el movimiento sindical, hacia los años setenta se encontraba en un franco proceso de reagrupamiento. Entre los años 1977 y 1980 fueron asesinados ocho dirigentes del sindicato de la Coca-Cola en lo que fue un período de intensas luchas de los trabajadores para conseguir el cumplimiento de prestaciones que la empresa les adeudaba. En este contexto surgió el Comité Nacional de Unidad Sindical CNUS, como un comité de solidaridad hacia los trabajadores de la compañía Coca-Cola. En el comité se aglutinaron diferentes organizaciones sindicales y populares, inspiradas por la defensa de reivindicaciones comunes y el hecho de ser víctimas de una misma persecución por parte del Estado.

486.

     Uno de los acontecimientos que ejemplifican con mayor crudeza la acción del Estado para desarticular el movimiento sindical, ha sido recogido por la CEH como caso ilustrativo y se refiere a la desaparición forzada de al menos 27 sindicalistas que se encontraban reunidos en una asamblea en el interior de la sede de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT).80  La operación fue realizada por más de 60 hombres armados pertenecientes a la Policía Judicial, Nacional y al Ejército que con anterioridad realizaron el cierre de varias manzanas del centro de la ciudad, donde se encontraba la sede sindical. A continuación procedieron a la captura masiva de los sindicalistas. La directiva de la CNT había convocado una reunión de emergencia para el día 21 de junio de 1980 a las dos de la tarde.

      "Vi que habían unas personas armadas y no eran pistolas sino que eran metralletas; todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían (...) sentía que iban a allanar ahí. Llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar. Sólo terminando de decir estas palabras estaba, cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiera salir ".81 

487.

     En ese momento había unas treinta personas en el local. Los testigos relataron que desde fuera pudieron enterarse de lo que ocurría dentro de la sede sindical.

     "Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared".82 

     Otro testigo de los hechos gracias a que llegó tarde a la reunión, señaló: "La cuadra estaba vacía. No había portero del sindicato en la calle. Pensó: "Qué descuido". Empujó la puerta y entró. Eran aproximadamente las 15:40. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y la sacaron. No había pasado diez minutos del operativo. Dos compañeros sindicalistas lloraban. Al salir a la calle unas seis personas la rodearon y le contaron lo sucedido. Le dijeron que se llevaron a una sindicalista que iba sangrando y a dos o tres compañeros los asaltantes les habían disparado con armas de fuego (...) Un familiar de una de las víctimas que llegó luego a la sede con otros militantes, relató que lo que presenciaron fue horrible pues habían pozas de sangre por doquier y las instalaciones estaban hechas un desastre".83 

488.

En cuanto al número total de víctimas, la CEH logró identificar a veintisiete personas.

     "Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro".84 

489.

Dos meses más tarde de la detención que coincidió con la desaparición masiva de los dirigentes sindicales de la CNT, el 24 de agosto de 1980, otros 17 líderes obreros que se encontraban reunidos en un seminario taller organizado por la Escuela de Orientación Sindical en la finca Emaus Medio Monte, fueron secuestrados por agentes del Estado.

     "[Hombres armados ingresaron a la reunión donde se encontraban los sindicalistas] esposándolos, atándolos con cinchos y vendarles (sic) los ojos para luego introducirlos [a los sindicalistas] dentro de unos camiones y jeeps que habían dejado estacionados al frente del lugar y se marcharon con rumbo ignorado, desconociéndose hasta el momento sobre el paradero de los secuestrados".85 

490.

     La práctica de la desaparición forzada impuesta al movimiento sindical, también fue instrumentada por el Estado mediante acciones individualizadas contra sus dirigentes. La mayoría de los casos de sindicalistas desaparecidos registrados por la CEH corresponden a detenciones ilegales practicadas en forma individual. Uno de los casos más dramáticos fue elevado la Corte Interamericana de Derechos Humanos86  y lo protagoniza el líder sindicalista Alvaro René Sosa Ramos, quien logró escapar con vida de sus captores. La víctima relató las torturas e interrogatorios a que fue sometido, e informó sobre algunas personas que se encontraban detenidas, a las que pudo reconocer durante su cautiverio y que nunca aparecieron. Si bien el sindicalista logró huir con vida, su testimonio plantea un fiel reflejo del tratamiento que el Estado daba a los detenidos ilegalmente y de sus propósitos de obtener la máxima información sobre el movimiento sindical.

491.

     El 11 de marzo -del año 1985-, domingo, siendo las 9:00 de la mañana, fue capturado Alvaro René Sosa Ramos cuando caminaba cerca de la Avenida Roosevelt, en el campo de fútbol en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. En su testimonio expresa:

     "Cuando caminaba por allí, un hombre a mi lado me llamó y al voltearme a verlo me apuntó con una pistola. Pensé en correr, pero vi como a ocho hombres que se bajaban de tres vehículos; estos vehículos tenían ventanas polarizadas oscuras. Me capturaron y me pusieron una chaqueta en la cara y violentamente me empujaron dentro de una camioneta panel. Bajo estas condiciones me llevaron a una casa. Estos hombres me dejaron sentado por más de dos horas y durante ese tiempo pude oír los gritos de personas que venían de los otros cuartos. Con esposas en las manos me forzaron a que me quitara la ropa, después me ataron los pies y me colgaron hacia abajo. Momentos después, con el agarrador del machete me golpearon acusándome de ser un miembro de la Organización Revolucionaria Guatemalteca. Desde un comienzo, los torturadores se identificaron como kaibiles, las fuerzas especiales contrainsurgentes de la armada de Guatemala. Me dijeron que con el tratamiento que ellos me iban a dar yo les diría todo lo que sabía. Tomaron turnos para torturarme; cuando llegaban fumando terminaban sus cigarrillos en mi cuerpo, me dejaban solo por unos momentos y luego los próximos torturadores entraban. Recuerdo que un kaibil me golpeó la cara con la hebilla de su faja y como la hebilla era muy grande, en uno de esos golpes me abrió totalmente la ceja. Cuando no me estaban golpeando podía oír las palizas y gritos de las otras víctimas. Perdí toda noción del tiempo cuando estaba siendo torturado. Luego, me bajaron de donde estaba colgado y me tiraron al suelo. Unas pocas horas después me colgaban nuevamente de los pies y un kaibil llegaba únicamente para patearme la cara. Después de sufrir esos golpes, me bajaban para que pudiera ver a otro hombre que estaban colgando de la misma forma. Me preguntaron si conocía a ese hombre, quien estaba muy deformado debido a las torturas, pero pude reconocer a Silvio Matricardi Salam.87  Lo conocí cuando era presidente del Frente Nacional de Profesores y yo era un líder sindicalista de la fábrica de productos Diana".88 

     Gracias a una acción desesperada, el detenido logró darse a la fuga mientras era llevado por sus captores a la zona 9 de la capital, donde supuestamente debía identificar a algunas personas. Desde el interior de la camioneta Panel blanca en que era conducido, y que se detuvo a indicaciones de la víctima, logró abrir la puerta con ambas manos esposadas y correr hasta alcanzar la embajada de Bélgica, donde solicitó asilo. El testimonio suministrado por Alvaro Sosa a la CIDH añade: "En el centro de tortura donde yo estuve, vi por lo menos ocho personas y la mayoría de ellos estaban colgados de los pies. Aquellos que estaban sentados tenían capuchas en sus cabezas. No sé lo que podrían haber hecho con Samuel Villatoro89  en sus dos meses de captura. Fue allí donde nos reconocimos los unos a los otros".90 

La desaparición forzada contra la comunidad universitaria

492.

Otro de los sectores sociales afectado por la represión fue el universitario, que desempeñaba un importante rol en la vida social y política del país.

493.

A raíz del asesinato de Oliverio Castañeda, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos, y de la desaparición forzada de Antonio Ciani, vicepresidente de la misma organización durante el año 1978,91  los estudiantes de la USAC se vieron obligados a introducir en la clandestinidad la directiva de la AEU, como medida de protección para sus miembros.

494.

     En mayo de 1984, "cuando se iniciaba la rearticulación del movimiento estudiantil",92  cuatro miembros de la coordinadora: Carlos Ernesto Cuevas, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Carias y Héctor Interiano Ortiz, fueron desaparecidos.93 

495.

     La organización estudiantil hubo de recomponerse de nuevo, manteniendo a sus dirigentes en la clandestinidad, hasta 1989, cuando en una edición de la revista Estudiante se publicaron los nombres de toda la Junta Directiva de la Asociación. La decisión de dar a conocer éstos nombres, vino motivada por la apertura política que prometía la iniciación de las negociaciones de paz, así como también la necesidad de abrir espacios legales saliendo de la marginalidad virtual en que se encontraba el movimiento. 496.

     El año 1989, en un contexto político de intensa represión que llevó a denominarlo Agosto Negro, 10 líderes universitarios fueron detenidos arbitrariamente,94  cinco de los cuales se encuentran desaparecidos. El 21 de agosto de 1989 fue secuestrado Iván Ernesto González Fuentes; la última noticia que se tuvo de él fue que había asistido a una reunión en la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), en horas de la mañana. Al día siguiente fueron secuestrados Carlos Ernesto Contreras Conde y Hugo Leonel Gramajo. El primero se dirigió a media mañana a la zona 3, donde había de coincidir con su compañera para acudir juntos a registrar a su niña recién nacida; sin embargo, no llegó al encuentro. Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado al salir del Instituto Nacional de Administración Pública, prendido por cuatro hombres de particular, armados, que conducían dos vehículos, uno de ellos un Picop rojo con vidrios polarizados.

497.

     El 23 de agosto fueron secuestrados Aarón Ubaldo Ochoa, estudiante de Sociología, fué visto por última vez cuando salió de su casa rumbo a la USAC. Aarón era miembro de la Coordinadora de AEU y Vocal ante el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política y Mario Arturo de León quién había participado a las siete de la noche en una conferencia de prensa en la Universidad, para informar sobre los secuestros de sus compañeros. Al finalizarla salió en su Picop blanco Isuzu rumbo a su casa y no se volvió a saber de él.

498.

     Los otros cinco estudiantes universitarios detenidos arbitrariamente fueron Silvia María Azurdia Utrera y su esposo Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo. El día 8, Carlos Leonel Chutá Camey, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Eduardo Antonio López Palencia. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados días después de su detención, mostraban señales de tortura y algunos de ellos múltiples heridas de arma blanca.95 

499.

     Por lo menos nueve de los doce sobrevivientes de la Coordinadora de la AEU salieron del país. Nunca se conoció el paradero de los otros estudiantes secuestrados, que hasta hoy continúan desaparecidos. Informaciones obtenidas por la CEH en relación al caso dan cuenta de que estuvieron recluidos en el interior de la cárcel clandestina conocida como La Isla.96 

La desaparición forzada contra catequistas, delegados de la palabra y religiosos católicos

500.

     Después del terremoto que asoló el país en 1976 la Iglesia Católica dio a conocer el documento Unidos en la Esperanza.97  En este mensaje, la Iglesia abordó uno de los temas de mayor trascendencia política para el país, al pronunciarse abierta y claramente a favor de una mejor distribución de la tierra.

     "Es plenamente legítima por ejemplo, la expropiación de grandes extensiones de tierra mediocremente cultivadas o reservadas para especular con ellas manteniéndolas sin cultivo alguno, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee sólo parcelas irrisorias, precisamente cuando el desarrollo agrícola presenta caracteres de urgencia".98 

501.

     A partir de este pronunciamiento, se inició una intensa campaña de activación al interior de grupos de laicos, especialmente los de Acción Católica en el área rural. La labor pastoral que desplegaron sacerdotes, religiosas, catequistas y delegados de la palabra en favor de los campesinos, en concreto al organizar cooperativas, parcelamientos y regular títulos de propiedad sobre la tierra, motivó una fuerte persecución política en contra de este sector.

502.

La imagen subversiva que el Estado, y dentro de éste particularmente el Ejército, tuvo del trabajo pastoral desarrollado por la Iglesia Católica en las áreas rurales, se subrayó en un informe oficial en los siguientes términos:

     "Dentro de este espacio de tiempo se dio el involucramiento en el movimiento de algunas organizaciones, las que, a su vez, fueron instancias de socialización en otras esferas de la experiencia humana como, por ejemplo, la religiosa. A través de quienes se manifestaron proclives o simpatizantes de la teología de la liberación, en estos casos se dio la participación en la organización de base. Como se puede advertir, la influencia de estos sectores se dio, sobre todo, en las actividades de los grupos que basaban su trabajo en tratar de legitimar su proyecto y su tendencia marxista leninista por vía de la penetración ideológica de las masas para su posterior manipulación".99 

503.

     Dado el significado que la actividad de la Iglesia tuvo para el Estado, este, a través del Ejército, desarrolló un estricto y férreo control sobre las actividades religiosas y sociales en las comunidades.100 

     "Un año estuve en Xalbal, era catequista. Siempre el Ejército buscaba la comunidad y a los catequistas, qué estábamos haciendo. Nosotros, decían los soldados, venimos a averiguar cómo está la población actuando en sus reuniones, cómo actúa la cooperativa, porque aquí no queremos comunistas, dicen ellos, así dijo un oficial del Ejército en la cooperativa. En la práctica de la religión no queremos comunistas, en ese tiempo había mucho control sobre la Iglesia, los catequistas, los maestros, sobre todas las reuniones de la cooperativa; el trabajo del padre Woods es lo que nos animó, el Ejército ya estaba viendo el movimiento de la gente, de las comunidades en las cooperativas".101 

504.

     De los testimonios recibidos, se infiere que la desaparición forzada contra este sector no habría tenido el propósito de aniquilar la existencia de la Iglesia como institución organizada en sí, sino que persiguió suprimir la labor pastoral que realizaba. La CEH ha registrado numerosos casos de víctimas de desaparición forzada cuyas responsabilidades eran precisamente ser delegados de la palabra, catequistas y sacerdotes: la actuación se encontraba ligada a los trabajos de organización campesina.

     "En el departamento, ya después de dos o tres años empezaron a circular los rumores que son comunistas, que son guerrilleros (...) lo que estábamos haciendo era hacer conciencia cristiana para vivir como personas, en comunidad y en general, en procesos de religión social y de lucha por mejorar las condiciones de vida de la población".102 

505.

     En los años setenta la Iglesia Católica desarrolló una intensa labor en apoyo de las organizaciones campesinas y en el ámbito nacional un gran esfuerzo para la formación de delegados de la palabra y catequistas. En el departamento de Izabal, una de las primeras reacciones por parte del Estado fue la desaparición forzada de cuatro campesinos y delegados de la palabra. Las víctimas pertenecían a la cooperativa agrícola El Monolito.

506.

Los cooperativistas, apoyados por la Iglesia, habían adquirido un terreno que fue dividido en 25 parcelas para que sus miembros las trabajaran.

     "Fuimos asociados en una cooperativa, la cooperativa compró un terreno (...), los terratenientes decían que éramos comunistas. La cooperativa tenía cinco caballerías (...); bueno para el café: veinticinco parcelas para veinticinco familias, veinticinco escrituras registrado por el protocolo. Tuvimos una organización de comités. Estuvimos sacando herramientas de otro lugar y por eso los comisionados militares nos acusaron de ser comunistas. El seis de enero (...) dos meses antes del golpe, a las seis de la mañana, llegaron 150 personas, era el Ejército con comisionados militares y defensa civil, del Ejército de Puerto Barrios y destacamento militar de Los Amates, armados con escopetas, rifles, machetes y pistolas. Ellos querían hacerse dueños de este terreno. Reunieron toda la gente. A las mujeres las pusieron boca abajo en la escuelita. Torturaron a los hombres, les pusieron bolsas negras de cal (...) los golpearon. De las cinco víctimas cuatro fueron desaparecidas y una ejecutada".103 

507.

Donde quiera que existía una organización de cooperativas campesinas la Iglesia prestaba su apoyo y por consiguiente, se desató la represión de sus miembros.

     "Yo vivía en San Antonio Chiquito, que era una cooperativa que empezó en 1978; éramos como cuarenta familias (...), los problemas empezaron en 1981(...), el Ejército empezó a secuestrar personas que eran dirigentes de la cooperativa, el 10 de mayo de 1981 los soldados llamaron al presidente de la cooperativa al destacamento, el mismo día fue a presentarse, él no apareció, nunca llegó a su casa. Eramos casi todos católicos, el 12 de junio del mismo año estábamos en la capilla y llegó el Ejército, con ropa de civil, pretendían ser de la guerrilla, tenían un listado y cabal estaba el vicepresidente de la cooperativa (...) lo llevaron; al día siguiente ya no estaba el señor".104 

508.

     La labor de la Iglesia Católica durante el enfrentamiento armado no se circunscribió al ámbito de la población rural. También se pronunció contra los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidas. Por este motivo la persecución política de que fueron víctimas los miembros de la Iglesia Católica, alcanzó también a laicos que desarrollaban un trabajo de carácter pastoral.

     "El trabajaba con el padre Tulio Maruzzo en la parroquia de Quiriguá, los comisionados militares lo sacaron de la casa herido y golpeado, lo echaron en un carro y ya nunca más le vimos".105 

     "La víctima, conocido como don Rafita, era catequista y presidente de un comité de la Iglesia Católica en la comunidad. En el camino que conduce de la ruta del Atlántico a la comunidad seminola, fue capturado por un grupo de comisionados militares. Los comisionados le llevaron a la montaña, donde lo tuvieron toda la noche, allí le torturaron y en la madrugada siguiente se lo llevaron y desapareció".106 

509.

Un ejemplo de la voz de la Iglesia contra el uso de la violencia lo encontramos en un comunicado del año 1979 en el que los obispos se manifestaron colectivamente.

     "En nombre del evangelio de Cristo, nuevamente tenemos que condenar como anticristiana y antievangélica, esta ola de violencia. Asesinatos, desapariciones, actos de terrorismo, secuestros, torturas y otros hechos denigrantes no sólo demuestran un total irrespeto por la dignidad de la persona humana, sino también crean en los sobrevivientes un clima de inseguridad, dolor y temor".107 

La desaparición forzada dentro del Ejército y los grupos paramilitares

  510.

La desaparición forzada de personas implementada por el Estado y con tanta energía por el Ejército, no siempre se limitó a lograr el objetivo de desarticular una organización política o social, o de satisfacer una necesidad de información a través de las tareas de Inteligencia.

511.

     Los testimonios recibidos han permitido también esclarecer que la práctica de ésta violación de los derechos humanos también fue utilizada contra personas que pertenecían a las filas del Ejército, a otras fuerzas de seguridad del Estado o a grupos paramilitares. La desaparición forzada aplicada dentro de estos estamentos cumplió el objetivo de castigo ejemplar dentro del grupo o de esconder evidencias; y fue aplicada, en líneas generales, contra aquellos que se negaron a participar en violaciones a derechos humanos, por cuestionar alguna orden de sus superiores o no ser ideológicamente afines con la institución militar.

     "El trabajaba en las fincas para ganarse la vida, por ese motivo no se presentó a tres de sus turnos obligados con la patrulla. El comandante no le creyó y lo acusó de haber estado en la montaña con la guerrilla. El comandante ordenó un rastreo, nadie avisó a la víctima; como no sabía y vivía retirado del centro de la comunidad, no participó en el rastreo. Cuando el grupo llegó a su casa, el comandante ordenó que lo capturaran. Lo encerraron en la municipalidad. Cuando terminaron el rastreo, la víctima ya no estaba y no se supo más de él".108 

512.

El contexto en el que se verificaron este tipo de violaciones permite a la CEH establecer que ésta practica también tuvo como propósito destruir evidencias, en la medida que afectó a servidores del Estado que poseían abundante información sobre las prácticas de la política contrainsurgente.

     "La víctima ingresó en 1983 al Ejército como miembro de la S-3 de la zona militar No. 19 de Huehuetenango. Después de haber sido trasladado a la base militar de Sololá se le dio de baja en la institución armada a petición personal. La víctima regresó a vivir con sus padres en Huehuetenango. Durante los siguientes nueve meses mantuvo contactos con ex compañeros de armas de la zona militar 19 que lo visitaban constantemente, sobre todo, especialistas de la G-2. El 30 de mayo de 1984 sus familiares lo vieron por última vez cuando salió de su casa y ya nunca regresó; según los vecinos, la víctima fue detenida a la altura de la fábrica de bloques de Huehuetenango, por varios desconocidos fuertemente armados que lo introdujeron a la fuerza en un carro de vidrios polarizados. Algunos testigos lograron reconocer entre los captores a un conocido miembro de la G-2 en la ZM-19. Los familiares de la víctima lo buscaron en hospitales y preguntaron por él en todas las zonas militares del país, incluyendo la ZM-19 y Sololá. En 1985, un ex miembro de la G-2 que dijo haber sido amigo de la víctima, informó a los familiares que la víctima se encontraba detenido en la ZM-19, que se encontraba vivo pero encerrado en una fosa común e incomunicado en el interior de la zona. Otro testigo, destacado también en la ZM-19, informó en otra oportunidad al padre de la víctima que había visto el nombre de su hijo en la nómina de empleados de la base. Tres años después el Ejército seguía cobrando el cheque de pago de la víctima (...); los familiares jamás recibieron un centavo. En 1989 otro miembro de la G-2 informó al padre de la víctima que su hijo estaba detenido en el Cuartel General del Ejército, en la ciudad de Guatemala; igual información recibieron en 1991 de otro miembro de la G-2".109 

513.

En el seno del Ejército, el incumplimiento de alguna orden, el cuestionamiento de los superiores o la simple reserva sobre alguna directriz castrense, también dieron origen a la desaparición de elementos de tropa.

     "Cuando Francisco Santiago fue desaparecido por los soldados del Destacamento Militar de Nebaj, era directivo de la junta parroquial de la Iglesia Católica y traductor del padre. Francisco Santiago había sido reclutado por el destacamento militar junto con otro grupo de hombres del municipio, para realizar prácticas de patrullas de autodefensa civil, con la idea de participar en el desfile del 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala. El entrenamiento había empezado a realizarse varias semanas antes y cada domingo tenían que asistir al destacamento militar para recibir instrucción. Se sabe que el 13 de septiembre Francisco Santiago tuvo una conversación con el oficial que los entrenaba, acerca de un pasaje bíblico donde se alude a la diferencia entre pobres y ricos; lo cual, al parecer, fue interpretado como una duda de la competencia del oficial, o quizás como una actitud subversiva. El oficial sólo le respondió que más tarde le respondería. Al finalizar el entrenamiento de ese día se apartó del grupo a Francisco Santiago, Pedro Corio, Francisco Raymundo Brito y a otro señor y se les dijo que se quedarían en el destacamento militar por otro rato. Se sabe que después fueron metidos en el Salón Parroquial, a partir de lo cual no se supo más de ellos".110 

514.

     Las desapariciones forzosas también fueron aplicadas por las fuerzas paramilitares -PAC y comisionados militares-, en contra de sus miembros. Estas violaciones fueron inspiradas la mayoría de las veces, como forma de castigo por negarse a patrullar o resultaron el instrumento idóneo para consumar venganzas y ajustes de cuentas con total impunidad.

     "En la aldea la Barranca Chiquita entraron a mi casa violentamente y se llevaron a la víctima por parte de la zona militar No 19 ya que él no quería prestar servicios en las PAC por estar mal de salud; luego fue trasladado a la cárcel de la localidad, le dieron salida el 17 de septiembre de 1983 del juzgado de primera instancia de la localidad, nunca supe el motivo de su encarcelamiento. En 1982 recuerdo que la víctima fue comandante de las PAC obligadamente, puedo dar fe que el esposo nunca mató a ningún paisano y por su enfermedad no podía seguir patrullando de noche. El problema de dejar de patrullar era que el comandante de las PAC de ese entonces acusó a la víctima ante el Ejército de ser guerrillero (...) como una forma de hacerle daño, realmente él [comandante de las PAC] se aprovechaba de todos los vecinos, les exigía patrullar bajo los aguaceros, entre el monte los ponía a marchar, los humillaba diciéndoles que no sabían marchar, si faltaban un día de patrullar les pedía dinero a cambio; esa situación obligó a la víctima a hacerle una carta al presidente de la República denunciando los abusos que cometían las PAC con consentimiento de la Zona No 19. Esa carta llegó de regreso a la base militar de Huehuetenango sin ningún resultado. Luego, pasaron cuatro meses de haber salido de prisión el 13 de enero de 1984; como a las 22:50 entraron en la casa como diez hombres vestidos de negro, bajaron de un vehículo del comandante, este señor ordenó que se llevaran a la víctima lejos de Ixtahuacán (...); se lo llevaron a la zona militar".111 

La desaparición forzada como mecanismo de la política contrainsurgente en el área rural

515.

     La táctica del empleo del Ejército en el escenario rural tuvo una dinámica distinta a la de la ciudad. La mayor vulnerabilidad de los que poblaban las áreas rurales, generada principalmente por su pertenencia étnica, la pobreza y la ausencia de instituciones civiles de carácter público que garantizaran la protección de sus derechos, ofrecieron mayores posibilidades al Estado para ejecutar operaciones represivas abiertas y de masas.

     "Primero, muchos desaparecieron por los caminos (...), luego nos tocaron las masacres y sólo podemos ocuparnos por seguir viviendo y por los hijos (...); ya nadie andaba preguntando para saber qué hicieron con los que agarraron (...), de plano los mataron (...), así fue nuestra vida (...) siempre nos queda el dolor de nuestros muertos, también por no saber que hicieron con ellos, dónde los fueron a tirar".112 

516.

     A diferencia de las áreas urbanas, en las rurales el Ejército no recurrió, por ejemplo, a un Plan de Area Congelada, impidiendo el paso de transeúntes o cerrando varias cuadras; actuando a altas horas de la noche o de madrugada para garantizar el anonimato de los autores de desapariciones forzadas. Por el contrario, las operaciones militares que compaginaron tanto la práctica de ejecuciones como la de desapariciones forzadas, se llevaron a efecto a plena luz del día, en los días de mercado, en días de fiestas religiosas,113  en controles de registros apostados en los caminos rurales, ingresando abruptamente a las comunidades en camiones con decenas de soldados o con la cobertura de helicópteros.

     "Las personas fueron sacadas del destacamento en helicóptero, y se da como seguro que los dejaban tirados porque ya no los volvieron a ver. Los declarantes recuerdan que el helicóptero tardaba aproximadamente quince minutos en regresar. El helicóptero volvía y se iba nuevamente con más gente, estuvo sacando a la gente durante cinco días (...), fueron a lo menos setenta y cinco personas en total".114 

     "El 23 de junio de 1982, a las 9:30 de la mañana aterrizó un helicóptero del Ejército, bajaron unos diez soldados en la aldea Llano Coyote, primero llegaron a la casa del pastor evangélico. Lo sacaron de su casa, amarraron sus manos y lo forzaron a dar vueltas con ellos buscando a más personas, forzándolo a señalar quiénes en la comunidad eran guerrilleros; pasaron de casa en casa acusando a ciertas personas, así juntaron a ocho personas que metieron en el helicóptero y se las llevaron".115 

517.

     Con la orientación del enfrentamiento hacia el occidente del país, el mayor número de víctimas de desapariciones forzadas, se produce entre 1979 y 1984 y pertenecen a las etnias k'iche', kaqchikel, mam, q'eqchi' e ixil. En efecto el 74.6% del total de víctimas identificadas eran mayas, el 25% eran ladinos y el 0.2% correspondía a otros grupos (Véase Gráfica 7).

Nota: Se incluyo solo 96.53% de los datos, 3.47% no tienen información de pertenencia étnica.

Nota: Porcentaje calculado en base al total de víctimas individuales identificadas con pertenencia

étnica conocida, quienes sufrieron Desaparición Forzada.

518.

Los objetivos de desarticulación y aniquilamiento de las organizaciones o de la supuesta base social de la guerrilla pueden observarse en la práctica de las desapariciones forzadas en el área rural.

     "Antes del 80 la represión era selectiva, secuestraban a las personas en la noche (...) la represión se tornó masiva a finales del 80 (...) la represión iba en contra de cualquier forma de organización que creyeran que podía ser base de apoyo del EGP: cooperativistas, miembros de Acción Católica, también los miembros de la Democracia Cristiana eran tildados de guerrilleros".116 

519.

     Uno de los casos de desapariciones forzadas masivas ejecutados por el Ejército contra una comunidad quiché, se encuentra recogido por la CEH como caso ilustrativo. El hecho es recordado por la comunidad como "el caso de los camiones" en cuanto que los soldados entraron en varios camiones a la aldea a efectuar las capturas. Uno de los sobrevivientes relató a la CEH:

     "Un domingo de junio o julio de 1981, un grupo de varias decenas de soldados llegó en camiones al mercado de Chichicastenango. Allí detuvieron y subieron en dos camiones a decenas de hombres, mujeres y niños. Las víctimas eran seleccionadas por un hombre vestido de civil con su cabeza cubierta con un pasamontañas, que acompañaba a los soldados, y por patrulleros de Lemoa que vestían de pinto. Cuando llenaron totalmente los camiones, se retiraron del lugar. Las víctimas eran vecinos de las aldeas de Lemoa, Chicabracán, Cucabaj y otras de cantones de Santa Cruz del Quiché (...); se sabe que algunos niños fueron entregados a familias adoptantes, [las otras] víctimas fueron conducidas al destacamento militar de Chupol, Chichicastenango".117 

520.

     Algunos testigos de este hecho señalan que las víctimas -más de trescientas-fueron llevadas al destacamento militar, ejecutadas y luego tiradas a un hoyo de donde salía humo. En la investigación del caso la CEH logró establecer que la mayoría de los pobladores de la aldea Pachó Lemoa pertenecían al Comité de Unidad Campesina, (CUC).118 

521.

     Resulta evidente que para el Ejército la aldea constituía una base social y de apoyo a la guerrilla en el área. La presencia del CUC era para el Ejército sinónimo de presencia guerrillera. En este sentido la captura y desaparición masiva se enmarcan dentro de la política contrainsurgente implementada por el Estado en las áreas rurales. En el caso referido, el método aplicado se basaba en la detención y posterior desaparición masiva de mayas de la aldea Pachó Lemoa.

522.

La calificación militar de algunas comunidades como "guerrilleras", tuvo como consecuencia la estigmatización de todos sus habitantes, que fueron a convertirse en víctimas seguras de algún tipo de violación de los derechos humanos cometidas por el Ejército.

     "Fue interceptado por soldados del Ejército que controlaban los caminos (...) allí lo capturaron, seguramente el motivo fue solamente su lugar de origen, ya que la comunidad estaba acusada indiscriminadamente de colaborar con la guerrilla".119 

523.

     Otro ejemplo que ilustra la aplicación del método de desaparición forzada masiva en el ámbito rural, se verificó en la aldea Acal, municipio de San IIdefonso Ixtahuacán, donde junto a la aplicación del método de desaparición forzada concurrieron multiplicidad de violaciones tales como atropellos sexuales, torturas, ejecuciones arbitrarias, destrucción de bienes y desplazamiento de la comunidad. Lo expuesto también permite situar la práctica de la desaparición forzada en el conjunto de las operaciones prototípicas de tierra arrasada.

     "Llegaron del camino de la cabecera municipal de Ixtahuacán, con unos (dos o cuatro) camiones llenos de soldados, quienes rodearon la aldea, los soldados llevaban uniformes pinto y negro. Los soldados se dividieron así: un grupo se quedó en el centro de la aldea, rodeando a la iglesia donde había gente convocada para una actividad religiosa; el otro grupo se fue a las casas, convocando la gente para una reunión a la escuela. Los soldados esperaban a la puerta de la iglesia para que al salir las personas fueran llevadas obligadamente a la escuela donde estaban juntando a todos los hombres. A las mujeres las obligaron irse a sus casas (...). Una señora cuenta que volvió a la escuela llevando la cédula de su esposo esperando que la ayudaría. En el camino encontró a los soldados y se escondió. De allí vio cómo unos soldados violaban a una señorita, le dijeron a ella: Quítate la ropa, pero apúrate y ella empezó a llorar, después de violarla no la mataron, sino la dejaron libre (...). En la escuela, empezaron a interrogar a la gente reunida allí sobre dónde existía la guerrilla, acusando a todos de ser guerrilleros. Les acusaron de estar en la iglesia practicando la 'doctrina guerrillera' en lugar de algo religioso. Después de una hora o más de estarles interrogando y amenazando, un oficial pidió que se presentara un joven. Le acusaron de estar con la guerrilla. Empezaron a torturarlo allí, enfrente de sus vecinos, así obligando a todos a ver las torturas. Lo amarraron con un lazo y lo colgaron en el techo de la escuela. El joven no murió de una vez, sino durante casi una hora de estar vivo colgado, ellos le pegaron con un palo y un arma, golpeándole en el corazón y la cabeza. El lazo no aguantó y se reventó; el joven cayó en el suelo todavía con vida. Lo colgaron de nuevo y esta vez sí murió, a eso de las ocho de la noche (...). Entonces empezaron ellos a alumbrar (ya era tarde) a todas las más de cien personas que estaban reunidas en esa escuela. Sacaron a doce personas y los colocaron al centro de la escuela, diciendo que esos son los guerrilleros y que ahorita se iban a morir todos colgados igual como se murió ese muchacho, también dijeron que después de colgar a los doce escogidos iban a matar a todos los demás con estallar una bomba en la escuela; todos los que estaban, empezaron a llorar y a rezar a Dios que los perdonara. Eso les daba risa a los soldados y empezaron a ser aun más abusivos con su lenguaje contra los reunidos (...) Luego sacaron a las doce personas afuera y según se escuchó desde adentro, los torturaron. Se oía cuando gritaban. También escucharon cuando los amarraron y los metieron en un camión, como a las ocho y media de la noche y los llevaron con rumbo a Cuilco (...) Unos cuarenta efectivos quedaron cuidando las personas reunidas en la escuela, amenazándoles con matar a todos en la mañana (...); cuando los soldados se fueron, dejaron dicho que regresaban a terminar la aldea a los quince días. Toda la comunidad sufrió mucho, esperando el Ejército y temiendo que murieran todos y por eso muchos durmieron en la montaña durante la noche y muchos más se refugiaron en México, pero no se sabe cuántos son los que huyeron".120 

Las amenazas contra la familia para inhibir la búsqueda del detenido-desaparecido y la actuación de la administración de justicia frente a la desaparición forzada

524.

     La denegación de justicia y la ausencia de un debido proceso son otras de las violaciones de derechos humanos que se dan cita en la multiplicidad de las que integran la desaparición forzada. Ambas violaciones suponen la falta de actuación de las instituciones estatales responsables de administrar justicia.121 

525.

     Estas instituciones que son las llamadas a poner fin a la desaparición forzada de personas, intervinieron en forma activa en ella, a través de la desinformación y confusión que aportaron sobre la suerte de los detenidos y las amenazas proferidas a los familiares de las víctimas para inhibir la búsqueda. También actuaron por omisión, al abstenerse de recibir denuncias, al no iniciar de oficio la investigación de los hechos, al denegar la administración de justicia.

526.

     En este último aspecto cobra especial relevancia aludir a la presencia del Estado a través de sus instituciones en el territorio nacional. Como ya se indicó, en Guatemala es posible distinguir dos realidades: por un lado, la urbana: donde la presencia estatal está representada por instituciones como Gobernación, Policía Nacional, Zonas Militares, Juzgados, Ministerio Público; y por otro, la rural, en la que prácticamente no existe presencia civil del Estado. En efecto, a menudo la única autoridad estatal activa en el área rural fue específicamente la que ejecutó la violación y por lo tanto, la consiguiente inhibición por temor en los familiares actuó entonces de forma determinante al momento de solicitar información sobre el paradero de la víctima. "¨Cómo le iba a ir a preguntar a la Zona por él, si ellos mismos fueron los que se lo llevaron?".122 

527.

Sin embargo, tanto en las áreas rurales como urbanas el alto grado de control, amenazas y represión que se ejerció sobre la población, anuló en los familiares de las víctimas la voluntad de iniciar cualquier gestión tendente a reivindicar la aparición de éstas.

     "Las mujeres en esa época tenían que aceptar la muerte y la desaparición de sus seres queridos sin saber la causa (...), tenían que aguantar el dolor y no averiguar o preguntar demasiado porque esto podía traer problemas para ellas y los hijos".123 

     "Los familiares sufrieron hostigamientos y amenazas por parte del Ejército, muchas veces salieron huyendo entre las balas (...) las esposas de las víctimas [En una oportunidad] recibieron una citación del alcalde municipal y del jefe de patrullas para informarles sobre el paradero de sus familiares, ellas acudieron y al llegar al pueblo, los patrulleros y el alcalde las estaban esperando; al verlas, comenzaron a insultarlas y el alcalde les dijo: ¨Quieren que continúe la guerra reclamando a sus esposos? Si es así, la guerra seguirá y los bombardearemos".124 

528.

El elemento inhibidor que pesó con mayor fuerza en la voluntad de los familiares de las víctimas para iniciar acciones tendentes a dar con el paradero de éstas últimas, fue el temor.

     "Se lo llevaron al destacamento de Nebaj (...), la esposa los siguió y vio cuando lo entraron al destacamento (...), vio que muchas mujeres estaban enfrente del destacamento llorando y protestando porque se habían llevado a sus esposos; los soldados se reían y no hacían caso, después les dijeron que si querían entrar para ver, pero las mujeres no se animaron porque tenían miedo que las secuestraran".125 

529.

     El temor fue un denominador común, tanto en las áreas rurales como en la capital. De los numerosos testimonios recibidos en la CEH, se desprende de modo inequívoco, que este temor no surgió en forma espontánea, sino que fue el resultado de amenazas -directas o indirectas- y proferidas materialmente por agentes del Estado a los familiares de las víctimas en el momento de interponer una denuncia o de indagar acerca de la suerte del prisionero.

     "Señora, ¨usted vio que fue la policía? Sí, le dije yo, eran policías, sólo que vestidos de particular (...), entonces ellos se identificaron, me dijo, esos desgraciados no se identifican, le dije yo, ¨Le quedan hijos señora? me dijo; sí, le dije, me quedan tres; entonces no diga que fue la policía, me dijo".126 

530.

A pesar de la presión ejercida contra los familiares de los detenidos cuyo paradero se ignoraba, fueron muchos, los que superando el temor, iniciaron gestiones ante las instituciones estatales encontrando como respuesta acosos, hostigamientos y amenazas orientadas en perjuicio suyo.

     "Esa noche casi no dormimos, los buscamos en las calles, en otros pueblos, fuimos a hablar con las familias de las otras dos personas, para encontrar la manera de averiguar. Nos dirigimos a la zona y nos dijeron que no podían dar información y que tengamos cuidado porque podíamos irnos nosotros también. Como a los quince días volvimos a llegar a la zona militar de Cobán, estuvimos hablando con un comandante de ahí, precisamente ese día, casualidad, le identifiqué a las personas que le vino a llevar. Después nos persiguieron (...) Ayy Dios decíamos, acá nos vamos a ir nosotros también. Con esa pena salimos. Llegamos al campo de aviación, venían atrás de nosotros en una Picop. Después venían personas particulares y lo que hicimos fue escondernos. Pasaron unos ruleteros y llegamos al centro. En el centro nos dispersamos y regresé para acá. Esa tarde vinimos aquí y gracias a Dios no pasó nada. Así empezó el temor de nosotros".127 

531.

Frente a la iniciación de acciones de los familiares de las víctimas, los funcionarios del Estado optaron por desalentar y desincentivar los esfuerzos desplegados.

     "Cuando voy a la Corte Suprema de Justicia y voy a poner mi primer recurso de exhibición personal, me dicen: Y para qué señora, aquí hay golpe de Estado, no nos funciona, es inviable un recurso de exhibición personal, no sirve y, me dice, sabe qué pasa, me dice, que usted tiene que entender que aquí hay una guerra abierta, lo que tienen que hacer es callar y encerrarse en su casa y no salir".128 

532.

La actitud negativa de los funcionarios del Estado, la ineficacia de las acciones emprendidas y la ostensible impunidad de los autores como parte de una normalidad que debía ser asumida, contribuyeron en gran medida a que la conciencia colectiva del país se resignara a la inutilidad de iniciar cualquier acción ante el Estado, aun tratándose de atropellos a los derechos mas fundamentales.

     "La política de Guatemala fue no capturar a nadie y enjuiciarlo, nunca hubo proceso, algunos que otros, pero regularmente nadie fue consignado, sino que era capturado, posteriormente desaparecido, esa era la práctica, entonces ya la gente decía: no va a aparecer vivo, pero que aparezcan por lo menos los cadáveres".129 

533.

     Este último aspecto, que supone accionar el sistema de justicia para encontrar al detenido cuyo paradero se ignora, adquiere especial relevancia en el momento de acreditar los hechos, por la dificultad que representa probar una desaparición forzada. La definición que realiza la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada expresa: "La desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".130 

534.

     La segunda circunstancia que debe concurrir para considerar probada una desaparición forzada, en un contexto geográfico donde no existe presencia civil del Estado y donde el temor de la población inhibe cualquier intento de demanda ante la autoridad, pues resulta de difícil acreditación. En efecto, ¨cómo probar la desaparición forzada en Guatemala si hubo lugares donde no había dónde preguntar? ¨Cómo probarla si existía temor ante las amenazas y entonces no se denunció?.

535.

     Respecto a las circunstancias que caracterizan el contexto en el que se practicaron las desapariciones forzadas en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ha estimado posible que la desaparición de un determinado individuo sea demostrada mediante pruebas testimoniales indirectas y circunstanciales, sumadas a deducciones lógicas, así como también la vinculación a una práctica general de desapariciones.131  La propia CIDH se ha pronunciado acerca del fenómeno de la desaparición forzada de personas en Guatemala en la sentencia del caso de de Nicholas Blake y David Griffith,132  estimando lo siguiente:

     "Durante la época del secuestro de Nicholas Blake, la desaparición forzada constituía una práctica del Estado guatemalteco que era llevada a cabo principalmente por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (...) contra cualquier persona sospechosa de actuar en actividades subversivas".133 

A Modo de síntesis

536.

     La desaparición forzada constituyó una práctica sistemática que violó multiples derechos de las personas, entre otros, la libertad, la integridad física, el debido proceso y la vida. La característica central de la desaparición forzada consiste en la negación de la detención, la información sobre el lugar de la misma y el paradero final de la persona detenida por parte de las fuerzas de seguridad que efectuaron la captura, dejando a las personas al margen de toda protección legal.

537.

     Con base en los testimonios recogidos, la CEH ha llegado a la conclusión de que las personas desaparecidas forzadamente fueron detenidas por agentes del Estado, siendo responsabilidad de este último la violación del derecho a la vida, libertad, integridad física y debido proceso de las víctimas. La CEH también ha podido establecer que en la práctica de la desaparición forzada participaron la Inteligencia Militar, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y los grupos paramilitares, actuando independiente o coordinadamente. Lo que la CEH no logró esclarecer es si existió una sola cadena de mando o un sistema centralizado donde se originaron las instrucciones que ordenaron la desaparición forzada de las personas.

1  Resoluci¢n 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre, 1992. Return to Text

2  Caso Vel squez Rodr¡guez, Sentencia de 29 de Julio de 1988, parr. 155 y 158, Caso God¡nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, parr. 49, 163 y 166. Return to Text

3  Centro de Estudios Militares del Ejercito de Guatemala, 1967 Manual de Guerra Contrasubversiva, Escuela de Comando y Estado Mayor Figura 2. Relaci¢n entre los per¡odos de la subversi¢n y los de la guerra contrasubversiva. Secci¢n segunda: per¡odos de lucha, C: per¡odo de prevenci¢n Return to Text

4  C 3300. Octubre, 1982. Regrese al Texto

5  CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

6  El Proyecto de Convención sobre desapariciones forzadas adoptado en 1984 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos -Desaparecidos -FEDEFAM-, expresa en su artículo 2: "En la presente Convención se entiende por desaparición forzada de personas toda acción u omisión que tienda a ocultar el paradero de un opositor o disidente político cuya suerte sea desconocida por su familia, amigos, partidarios, llevada a efecto con la intención de reprimir, impedir o entorpecer la oposición o disidencia, por quienes desempeñen funciones gubernativas o por agentes públicos de cualquier clase o por grupos organizados de particulares que obran con apoyo o tolerancia de los anteriores". Regrese al Texto

7  C 16793. Abril, 1980. Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

8  C 19002. Octubre, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

9  C 10144. 1981. Melchor de Mencos, Petén. Regrese al Texto

10  C 625. Noviembre, 1987. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

11  Zopilotío: agarrado de pies y manos. Regrese al Texto

12  CI. Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló Martínez, Escuintla, Julio, 1967. Regrese al Texto

13  C 276. Junio, 82. San José Poaquil, Chimaltenango. Regrese al Texto

14  C 4221. Agosto, 1982. Pochuta, Chimaltenango. Regrese al Texto

15  C16126. Julio, 1982. Chichicastenango. Quiché. Regrese al Texto

16  C 5189. Octubre, 1987. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Regrese al Texto

17  C 4046. 1983. San Andrés Semetabaj, Sololá. Regrese al Texto

18  C 207. Junio, 1982. Joyabaj, Quiché. Regrese al Texto

19  C 284. Mayo, 1982. Patzún, Chimaltenango. Regrese al Texto

20  C 776. Junio, 1982. Ciudad de Guatemala. CI 22. Marzo-junio, 1983. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

21  Testigo CEH. (T.C. 32). Regrese al Texto

22  Ibid. Regrese al Texto

23  Ibid. Regrese al Texto

24  Testigo CEH. (T.C.210). Regrese al Texto

25  CI 22. Marzo-Junio, 1983. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

26  Ibid. Regrese al Texto

27  Ibid. Regrese al Texto

28  El Plan Area Congelada fue incorporado a Guatemala con la asesoría del norteamericano Logan. En la Argentina, la modalidad, idéntica en cuanto al modus operandi de la Zona Congelada fue denominada Luz verde o Area Liberada. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. NUNCA MAS. CONADEP, 1995, pg.19. Regrese al Texto

29  Cl 51. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

30  Testigo CEH. (T.C. 46). Regrese al Texto

31  Testigo CEH. (T.C. 45). Regrese al Texto

32  Documento Desclasificado de la CIA relativo a la captura con vida y en buenas condiciones de salud de Bámaca. HR/ 9.2 CIA Marzo 1992. CI 82. Marzo 1992. Retalhuleu, Santa Ana Berlín, Quetzaltenango, San Marcos y Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

33  Testigo CEH. (T.C. 46). Regrese al Texto

34  Testigo CEH. (T.C. 102). Regrese al Texto

35  Testigo CEH. (T.C. 32). Regrese al Texto

36  C 5711. Agosto,1983. Nentón, Huehuetenango. Regrese al Texto

37  C 3300. Octubre, 1982. Cotzal, Quiché. Regrese al Texto

38  C 16040. 1981. Chicamán, Quiché. Regrese al Texto

39  CI 74. Junio, 1980. Parcelamiento de Almolonga, Chiquimula. Regrese al Texto

40  C 10113. Mayo, 1980. Cahabón, Alta Verapaz. Regrese al Texto

41  C 9077. 1982. Panzós, Alta Verapaz. Regrese al Texto

42  C 849. Septiembre, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

43  C 812. Abril, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

44  Testigo CEH. (T.C. 102). Regrese al Texto

45  Documento desclasificado de la CIA, de fecha 10 de noviembre de 1984 en anexo del CI30, Estudiantes detenidos desaparecidos de la USAC. Regrese al Texto

46  CI 68. Marzo de 1966. Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Retalhuleu, Rio Hondo, Zacapa, El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso. "Los Veintiocho Desaparecidos de 1966". Regrese al Texto

47  CI 22. Marzo-Junio, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

48  Ibid. Regrese al Texto

49  C 13162. Mayo, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

50  CI 87. Septiembre, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

51  CI 48. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

52  C 416. Febrero, 1982. Patzún, Chimaltenango. Regrese al Texto

53  C 11448. Mayo, 1981. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

54  CI 109. Noviembre 1983. Costa Sur, Guatemala. Desaparición forzada de miembros del Sindicato Azucarero del Ingenio Pantaleón. CI 51. Junio 1980. Desaparición de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), en la Ciudad de Guatemala y en la finca "Emaús, Medio Monte". CI30. Ejecuciones arbitrarias y desaparición de estudiantes en 1989. CI 30. Agosto 1989. Ciudad de Guatemala. CI 74. Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula. CI 74. Junio, 1980. CI 54. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché. Desparición Forzada Masiva en Chichicastenango y Lemoa. "El caso de los camiones". CI 48. Febrero-Mayo 1984. Ciudad de Guatemala. Desapariciones Forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Gupo de Apoyo Mutuo (GAM). Regrese al Texto

55  Documento desclasificado del Departamento de Estado de EE UU titulado Los desaparecidos de Guatemala, 1977-86. Traducción no oficial. Regrese al Texto

56  CI 68. Marzo de 1966. Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Retalhuleu, Río Hondo, Zacapa, El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso. "Los Veintiocho Desaparecidos de 1966". Regrese al Texto

57  Ibid. Regrese al Texto

58  C 835. Septiembre, 1972. Regrese al Texto

59  C 13202. 1963 y 1964. Escuintla. Regrese al Texto

60  CI 74. Junio 1980. Desaparición Forzada Masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula. CI 41. Julio 1967. Escuintla. Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló Martínez. Regrese al Texto

61  C 13130. 1964. Escuintla. Regrese al Texto

62  Testigo CEH. (T.C.25). Regrese al Texto

63  C 8357. Julio, 1979. Colomba, Quetzaltenango. Regrese al Texto

64  C 13381. Diciembre, 1981. Suchitepeque, Mazatenango. Regrese al Texto

65  C 788. Febrero, 1981. San Antonio Huista, Huehuetenango. Regrese al Texto

66  C 1034. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

67  CI 22. Marzo-Junio 1983. Ciudad de Guatemala. Desaparición forzada de América Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor. CI 87. Septiembre de 1981. Ciudad de Guatemala. Detención y desaparición forzada de seis miembros de la familia Portillo, incluídas tres niñas. CI 81,. Marzo, 1992. Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Tortura y desaparición forzada de Efraín Bámaca Velasquez. (Comandante Everardo. Regrese al Texto

68  Testigo CEH. (T.C. 31). Regrese al Texto

69  CI 81. Marzo, 1992. Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Regrese al Texto

70  Ibid. Regrese al Texto

71  C 528. Febrero, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

72  C 103. Enero, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

73  Testigo CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto

74  CI 51. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

75  C 13129. 1964. Escuintla, Escuintla. Regrese al Texto

76  CI 109. 1983. Costa Sur de Guatemala. Desaparición Forzada de Miembros del Sindicato Azucarero del Ingenio Pantaleón. Regrese al Texto

77  Idem. Regrese al Texto

78  Testigo CEH. (T.C. 11). Regrese al Texto

79  CI 48. Febrero, mayo 1984. Ciudad de Guatemala. Desapariciones forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Regrese al Texto

80  CI 51. Junio-agosto, 1980. Ciudad de Guatemala, Escuintla. "Desaparición Forzada de Miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la Ciudad de Guatemala y en la finca "Emaús Medio Monte". Regrese al Texto

81  Ibid. Regrese al Texto

82  Ibid. Regrese al Texto

83  Ibid. Regrese al Texto

84  Ibid. Regrese al Texto

85  Ibid. Regrese al Texto

86  Caso CIDH 9303, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-1985. Regrese al Texto

87  Informe CIDH, Ob. cit. pg. 50. "Aquella persona que Sosa Ramos vio torturada en la prisión de clandestinidad, fue encontrada muerta el 14 de marzo en los límites de la ciudad de Escuintla, en la Costa Sur". Regrese al Texto

88  Caso CIDH 9303, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-1985. Regrese al Texto

89  Caso CIDH 9264, Samuel Villatoro, el ex secretario general del sindicato de la fabrica de Productos Adams. Regrese al Texto

90  Caso CIDH 9303, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1984-1985. Regrese al Texto

91  CI 45. Octubre 1978. Ciudad de Guatemala. Ejecución Arbitraria de Oliverio Castañeda de León. Regrese al Texto

92  Frente Estudiantil de Reforma Universitaria FERU, Breve cronología de los actos represivos en contra del Movimiento Estudiantil, Ob. cit., pg. 9. Regrese al Texto

93  CI 30. Agosto, septiembre y diciembre,1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto

94  Ibid. Regrese al Texto

95  Ibid. Regrese al Texto

96  Ver apartado de Cárceles clandestinas. Regrese al Texto

97  Mensaje del Episcopado de Guatemala, Unidos en la Esperanza. Presencia de la Iglesia en la Reconstrucción de Guatemala, 25 de julio de 1976. Regrese al Texto

98  Mensaje del Episcopado de Guatemala; Ob. cit. pg. 32. Regrese al Texto

99  Informe Oficial del Ejército de Guatemala a la CEH. Regrese al Texto

100  CI 12. Octubre, 1980. Santiago Atitlán. "Persecución de Católicos en Santiago Atitlán". CI13. Marzo de 1980. Escuintla. Persecución y desintegración de la familia Bautista Escobar, tortura de menores y embarazadas, violación de menores y desaparición forzada. Regrese al Texto

101  C 11493. Julio, 1975. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

102  Testigo CEH. (T.C. 100). Regrese al Texto

103  C 1022. Enero, 1982. Los Amates, Izabal. Regrese al Texto

104  C 11448. Mayo,1981. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

105  C 1032. Enero, 1982. Los Amates, Izabal. Regrese al Texto

106  C 1010. Enero, 1981. Los Amates, Izabal. Regrese al Texto

107  Conferencia Episcopal de Guatemala, Comunicado de 2 de marzo de 1979. Regrese al Texto

108  C 5299. 1983. Santiago Chimaltenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

109  C 5084. Mayo, 1984. Huehuetenango. Regrese al Texto

110  C 3814. Septiembre, 1981. Nebaj, Quiché. Regrese al Texto

111  C 5059. Mayo, 1983. Colotenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

112  C 16332. Marzo, 1982. Zacapulas, Quiché. Regrese al Texto

113  CI 54. Mayo, 1982. Quiché. "Desapariciones forzadas masivas en Chichicastenango y Lemoa. 'El caso de los camiones'". Regrese al Texto

114  C 3300. Octubre, 1982. Cotzal, Quiché. Regrese al Texto

115  C 5136. Junio, 1982. Aguacatán, Huehuetenango. Regrese al Texto

116  C 2610. Mayo, 1981. Chicamán, Quiché. Regrese al Texto

117  CI 54. Mayo, 1982. Quiché. "Desapariciones Forzadas Masivas en Chichicastenango y Lemoa. 'El caso de los camiones'". Regrese al Texto

118  Ibid. Regrese al Texto

119  C 16332. Marzo, 1982. Zacapulas, Quiché. Regrese al Texto

120  C 5110. Mayo, 1982. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Regrese al Texto

121  CI 8. Diciembre 1981-1997. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. "Denegación de Justicia: Don Vicente Morán y la búsqueda de sus hijos desaparecidos". Regrese al Texto

122  C 1112. Febrero, 1978. Olapa, Chiquimula. Regrese al Texto

123  C 3055. Septiembre, 1981. Nebaj, Quiché. Regrese al Texto

124  C 2185. Noviembre, 1982. Tuluché, Quiché. Regrese al Texto

125  C 3054. Diciembre, 1981. Nebaj, Quiché. Regrese al Texto

126  CI 41 Julio, 1967. Escuintla. "Desaparición forzada del locutor y maestro José Arnoldo Guilló Martínez". Regrese al Texto

127  CI 8. Diciembre, 1981-1997. Regrese al Texto

128  Testigo CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto

129  Testigo CEH. (TC. 49). Regrese al Texto

130  Art. 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Regrese al Texto

131  Caso Rodríguez Velásquez tomado por la CDIH, sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Godinez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, pg. 19, "la prueba indicaría o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas. Regrese al Texto

132  Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Blake, Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. San José de Costa Rica, CIDH. El caso se refiere a la desaparición forzada de los ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake y Griffith Davis. El 26 de marzo de 1985 los señores Nicholas Blake, periodista y Griffith Davis, fotógrafo, ambos estadounidenses, residentes en Guatemala, salieron de Huehuetenango hasta llegar a San Juan Ixcoy y de ahí caminaron hasta la aldea El Llano, sitio al que llegaron el 28 o 29 de marzo de 1985. Ahí fueron interrogados por Mario Cano, comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano, quien consultó a los oficiales de la guarnición militar de Las Majadas e instruyó a miembros de dicha patrulla civil para que los trasladaran a la frontera con Quiché y les dijo: "si ustedes quieren, mátenlos". Seguidamente los señores Nicholas Blake y Davis fueron llevados por los patrulleros citados a un sitio llamado Los Campamentos donde les dieron muerte y luego arrojaron los cadáveres en la maleza y los cubrieron con troncos de árboles. Los señores Blake y Griffith permanecieron desaparecidos desde el 28 o 29 de marzo de 1985 hasta las fechas en que se descubrieron sus restos, los del Sr. Griffith el 16 de marzo de 1992 y el del Sr. Blake el 14 de junio de 1992. De acuerdo con la Comisión, el efecto continuo de la desaparición se ilustra en el presente caso por "el ocultamiento de los restos del señor Blake, el encubrimiento de los autores y cómplices, la total indiferencia y falta de información sobre lo sucedido por parte de las autoridades, y las consecuencias permanentes que esa trágica situación ha producido en los familiares del señor Blake". Regrese al Texto

133  Alegato de la CIDH en el caso de Desaparición Forzada de Nicholas Blake. 3 95