Capitulo II
Las Violaciones de los Derechos Humanos y Los Hechos de Violencia

Volumen 1
Estrategia y Mecanismos de las Partes

Volumen 2
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 3
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 4
Los Hechos de Violencia

113.

     El derecho a la vida fue el más afectado según ha podido concluir la CEH en su análisis de los diferentes testimonios recogidos durante su trabajo de campo. En este apartado mostraremos cuáles fueron las regiones donde se produjo esta violación, así como los años en que con mayor frecuencia se cometió. De igual modo se hará un detallado análisis de los grados de autoría según puede deducirse gracias a los mismos testimonios que se recabaron.

114.

     Igualmente, en este apartado se detallará una tipología de las víctimas, los diferentes procedimientos utilizados para cometer las ejecuciones, así como los numerosos mecanismos que fueron empleados para impedir las investigaciones judiciales. Estos van desde el encubrimiento de los autores hasta la eliminación de sobrevivientes y testigos, pasando por el cruel y dramático ocultamiento de cadáveres en cementerios clandestinos que privó a multitud de familias guatemaltecas de la posibilidad de rendir culto a sus muertos.

Marco Jurídico

115.

El derecho internacional de los derechos humanos, tanto convencional como consuetudinario, el derecho internacional humanitario, y todas las Constituciones, garantizan el derecho a la vida y otros derechos que se tratan en este apartado.

116.

     El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, establece que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia; por esta razón la comunidad internacional considera que su respeto y observancia debe cumplirse con carácter general, sin renuncia y sin restricción, constituyendo derecho consuetudinario internacional.

117.

     Las normas internacionales en materia de derechos humanos consagran el derecho a la vida y prohiben su privación arbitraria. Así, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del año 1966, dispone en su artículo 6 que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. (...) Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". En su artículo 2 estipula que cada uno de los Estados parte "se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto".

118.

     Asimismo, el derecho a la vida se encuentra consagrado en el ámbito regional, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969. Este Pacto fue ratificado por Guatemala en 1978, fecha desde la cual tiene fuerza vinculante como derecho convencional.

119.

     En el ámbito del derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos armados, los Convenios de Ginebra de 1949, en su artículo 3 común, prohiben, en cualquier tiempo y lugar, "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios", en contra de las personas que no participen directamente en las hostilidades, esto es, en contra de la población civil. Similares prohibiciones se extienden a "los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa".

120.

En el ámbito del derecho interno, las diversas constituciones guatemaltecas contienen y han recogido disposiciones que corroboran la protección de los derechos humanos básicos, entre los que figura el derecho a la vida.

121.

La Constitución de 1956, vigente hasta el golpe de 1963, consagraba el derecho a la vida en su artículo 40, con el siguiente texto: "El Estado protege la vida, la integridad corporal y la seguridad de la persona humana".

122.

     La Carta Fundamental de Gobierno de abril de 1963, dada mediante Decreto Ley 8 por el Gobierno Militar, estuvo vigente hasta 1966. En su artículo 22 señalaba: "Se reconocen las siguientes garantías: 1) Se protegen de manera preferente la existencia e integridad corporal del hombre y su personalidad moral e intelectual".

123.

     La Constitución de 1965, que rigió desde mayo de 1966 hasta 1982, incluía un capítulo titulado Garantías y Derechos Individuales. En el artículo 43 del Título II, establecía: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes. (...) Se prohibe cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social u opiniones políticas".

124.

     El Estatuto Fundamental de Gobierno de abril de 1982, con categoría de Ley Superior determinó que el Estado guatemalteco, como integrante de la comunidad internacional cumpliría fielmente sus obligaciones internacionales, ajustándose en sus relaciones con los demás Estados a las normas del Estatuto, a los Tratados Internacionales y a las normas de derecho internacional suscritas por Guatemala. Este Estatuto estuvo vigente hasta 1985, cuando se emitió una nueva Constitución.

125.

     La Constitución de 1985, vigente desde enero de 1986 hasta la actualidad, consagra en su artículo 46 el siguiente principio: "En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". En su artículo 3, esta Constitución establece: "Derecho a la vida. El Estado garantiza y protegerá la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona".

126.

     Para los efectos del presente Informe se distinguen las ejecuciones arbitrarias individuales, las ejecuciones arbitrarias colectivas y las ejecuciones arbitrarias masivas. Las primeras se producen cuando la víctima fue solo una persona; las segundas, tienen lugar cuando el número de víctimas en un hecho fue de dos o más personas; las terceras, en el supuesto de que en un mismo hecho el número de víctimas fuera superior a cinco o más personas; en este caso la CEH las califica como masacre.

127.

     Deben distinguirse, además, las ejecuciones arbitrarias selectivas de las ejecuciones arbitrarias indiscriminadas. Las selectivas ocurrieron cuando la víctima era definida o elegida de forma clara y concreta. La víctima podía ser una persona, una comunidad o un sector. Las indiscriminadas se verificaban cuando el hecho violatorio de los derechos humanos se dirigía contra cualquier persona, sin diferenciar su sexo, edad, etnia, ocupación, opiniones políticas o sin estimar que influyera o fuese relevante cualquier distinción de otra índole. Las ejecuciones arbitrarias individuales, colectivas o masivas, fueron selectivas o indiscriminadas.

128.

     En el apartado que sigue, se expondrán los casos de ejecuciones arbitrarias cometidos por el Estado, tanto de carácter individual como colectivo, ya fueran ejecuciones selectivas o indiscriminadas, con excepción de las masacres. Estas últimas, debido a su gravedad serán analizadas en un apartado independiente.

Cronología y regionalización de las ejecuciones arbitrarias

129.

     A partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y con la llegada al poder de Carlos Castillo Armas, comenzó una persecución contra los colaboradores reales o supuestos del Gobierno de Arbenz. Circularon listados de sospechosos de ser comunistas que, según algunas fuentes de la época, constaban de 72.000 nombres.1  Estos listados se usaron inicialmente para impedir a dichos sospechosos el acceso a empleos públicos,2  pero poco después los escuadrones de la muerte también se sirvieron de los mismos para cometer ejecuciones arbitrarias selectivas.3 

130.

     Aunque como se afirma en la síntesis estadística (Véase Gráfica 2), las violaciones se concentran en los años de 1981 a 1983, se puede observar que en los períodos anterior y posterior al mencionado, existen años en que la práctica de esta violación se hizo más frecuente y pudo coincidir con hechos políticos concretos. (Véase Gráfica 1).

131.

      De acuerdo con los datos registrados por la CEH, durante la primera década del período que cubre el enfrentamiento armado, la violencia política se ejerció principalmente en la capital y la zona oriental del país.

     "Durante el régimen del general Ydígoras Fuentes (marzo 1958-marzo 1963), las manifestaciones de marzo y abril de 1962 organizadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), fueron reprimidas duramente por los agentes del Estado. Uno de los testimonios recibidos por la CEH sobre los hechos ocurridos durante estas jornadas, aludía a César Armando Funes Velásquez, estudiante de Derecho, quien durante el desarrollo de una protesta pública fue uno de los tres estudiantes asesinados por miembros de la policía judicial el 12 de abril de 1962, al frente de las instalaciones del Congreso, en la zona 1 de la ciudad capital".4 

132.

A partir de la constitución de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), y la instalación de sus campamentos en la Sierra de las Minas -Zacapa-, Izabal y Chiquimula, el Estado procedió a realizar ejecuciones arbitrarias en esa región.

     "[En 1964 los] ...confidenciales mataron a Pedro Picón en un lugar que se llama El Socolo [comunidad del municipio de Gualán, departamento de Zacapa]. Él estaba cortando café. Mataron también al muchachito. Ellos decían que mataron a un guerrillero".5  Según el declarante, el hijo de Pedro Picón, Herlindo Picón fue testigo de la muerte de su papá, trató de huir y fue asesinado.

133.

     Izabal fue uno de los departamentos del Oriente del país más afectados por la lucha contrainsurgente desarrollada por el Ejército. El 19 de marzo de 1965, Leonardo Salazar y Carlos Humberto Salazar fueron detenidos por un grupo de comisionados militares y miembros del Ejército. Sus cadáveres aparecieron en el hospital de Puerto Barrios, presentando signos de tortura.6 

134.

     Con la llegada al poder de Julio César Méndez Montenegro, se esperaba una cierta apertura política. Durante su campaña electoral se había presentado como líder del "tercer gobierno de la revolución". Sin embargo, continuaron las ejecuciones arbitrarias como método para imponer el terror. Grupos armados clandestinos, bajo el control del Estado o con su tolerancia, empezaron a actuar, preferentemente en la Capital.

135.

     Durante el régimen de Méndez Montenegro operaron también los escuadrones de la muerte en la Capital. En 1968, Gonzalo Acevedo vivía en Zacapa. Militaba en el Partido Revolucionario y fue acusado de guerrillero. La Mano Blanca lo comenzó a perseguir, entonces se trasladó con toda su familia a Ciudad de Guatemala. La Mano Blanca lo continuó persiguiendo y finalmente acabó con su vida en la 8¦ calle y 1¦ avenida de la zona 1, frente al Santuario de Guadalupe en la Capital.7 

     "Bajo la Presidencia del abogado Julio César Méndez, fue donde se organizaron realmente los escuadrones de la muerte como se les conoce y éstos comenzaron a operar entre finales de 66-67 y entonces pasó un tiempo antes de que se conociera el modus operandi, ni siquiera se sabía lo que estaba pasando...".8 

136.

En numerosos casos, una vez efectuadas las ejecuciones arbitrarias, los cuerpos de las víctimas eran utilizados para llevar un mensaje de terror a la población, pues se les abandonaba con señales de tortura, mutilados, con perforaciones de bala, arrojados a las carreteras, ríos y en general en sitios donde podían ser encontrados fácilmente por la población .

     "En Zacapa, en aguas del Río Motagua, en jurisdicción de San Pablo se levantó el cadáver de un hombre acribillado a tiros, con señales de haber sido torturado y con las manos atadas hacia atrás".9  "El cadáver de Faustino Moscoso Ruiz, secuestrado en Chiquimula, fue localizado flotando en las aguas del Río Motagua".10 

137.

     En los casos recogidos por la CEH se observa que las ejecuciones arbitrarias fueron más selectivas entre los años 1960 y 1965. Sin embargo, a partir de 1966, con la intensificación de la lucha contrainsurgente durante el régimen de Méndez Montenegro, las acciones resultaron más indiscriminadas, y afectaron no sólo a miembros, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla sino a la población civil en general. Otras fuentes a las que la CEH tuvo acceso, coinciden en señalar que durante el Gobierno de Méndez Montenegro, las ejecuciones arbitrarias alcanzaron un nivel muy alto, pues arrojó un saldo de miles de víctimas entre 1966 y 1968.11 

138.

     La violencia política que afectó a los habitantes de la capital y algunas cabeceras departamentales, fue diferente a la vivida en el resto del país. La mayoría de las víctimas tenían una filiación política de izquierda que los convirtió en blanco de esta violencia. Por ejemplo, en mayo de 1967, Roberto Alfonso Valle Peña, miembro del PGT fue capturado por miembros del Ejército en la Colonia Landívar de la zona 7 de la ciudad capital. Fue ejecutado y su cadáver fue arrojado en un pozo.12 

139.

     A diferencia de lo que sucedía en el ámbito urbano, en las áreas rurales del oriente del país, la mayor parte de las víctimas no pertenecía a partidos políticos de la izquierda; pero el mero hecho de vivir en una región donde existía presencia guerrillera, atrajo hacia ellos una violencia indiscriminada por parte del Ejército. En 1965 Juan Santiago Agustín Ramos y Leoncio Agustín fueron ejecutados por el Ejército en la aldea Seminola, municipio Los Amates, Izabal, bajo la acusación de ser guerrilleros. "Porque en ese tiempo se buscó la forma fácil de decir que es guerrillero".13 

140.

     En Chiquimula, los comisionados militares fueron señalados como autores de muchos casos de ejecuciones arbitrarias. La actuación de los comisionados militares en el campo se desarrolló de forma autónoma o en combinación con el Ejército. Por numerosos testimonios es posible percatarse de que las víctimas habían sido previamente seleccionadas.

     "En enero de 1967, en la aldea Paternito, Marcos Vásquez Ramos y Gregorio Vásquez Ramos y otra persona fueron capturados, cada uno en su respectiva casa, a las seis de la mañana. La acción fue dirigida por los comisionados militares de la comunidad, quienes estuvieron acompañados por aproximadamente veinticinco soldados. Los hermanos Vásquez Ramos fueron acusados de ser guerrilleros, pero un testigo aseguró que tal aseveración era falsa y que los mataron por celo hacia su tierra o por venganza personal, ya que uno de los hermanos tenía una deuda de diez quetzales con uno de los comisionados militares. Las víctimas fueron llevadas a un lugar cerca de la aldea Cerrón y fueron ejecutadas con tiros en la cabeza".14 

141.

     A partir de los años setenta, el Ejército adquirió mayor protagonismo en la práctica de las ejecuciones arbitrarias. Algunos meses después de asumir el poder, el coronel Carlos Arana Osorio señaló: "...El Gobierno que ustedes eligieron va a cumplir, cueste lo que cueste y pese a quien le pese, aún cuando tenga que recurrir a medidas muy drásticas para salvar al país".15  Efectivamente, durante su Gobierno se consolidó el poder del Ejército en el Oriente a través de la figura de los comisionados militares. Los abundantes testimonios recogidos para la composición de este Informe, permiten asegurar que los comisionados militares fueron los autores de la mayor parte de las ejecuciones arbitrarias que afectaron a la región Ch'orti', destacando entre estos grupos: los Interiano, los Pacheco y los Portillo.

     "En 1973, en la aldea la Cumbre, los comisionados militares acompañados por miembros del Ejército del destacamento de Shalaguá, del municipio de Camotán, capturaron a Esteban Pérez Ramírez. Su cadáver fue comido por los animales".16 

     "En 1974, en la aldea Piedra Amolar, los comisionados militares de dicha aldea y miembros del Ejército capturaron a Jesús Pérez quien fue ejecutado en la aldea El Chupte".17 

142.

     En la capital, una de las primeras olas de violencia de los años setenta -1970 a 1972-, se concentró en las personas de destacados profesionales; entre otros, a los abogados Julio Camey Herrera el 26 de noviembre de 1970 y Adolfo Mijangos López el 13 de enero de 1971.18 

143.

     Bajo el régimen del general Kjell Eugenio Laugerud García (julio 1974- junio 1978) descendió el número de ejecuciones arbitrarias respecto al del régimen anterior, aunque hubo una serie de ejecuciones selectivas en contra de líderes sindicalistas, estudiantiles y políticos. En 1975 un escuadrón de la muerte había advertido: "Si no ayudan al gobierno a resolver los problemas del país, cállense la boca o nosotros se las callaremos para siempre".19  Entre ellas destaca la que tuvo lugar el 11 de abril de 1975, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Felipe Aurelio Zarán Arango, miembro del PGT, se encontraba en su casa, cuando en horas de la noche un carro se parqueó al frente de su residencia. Al salir, fue abatido de forma arbitraria por un grupo de hombres armados.20 

144.

      En el período comprendido entre 1979 y 1985, la ejecuciones arbitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz. (Véase Gráfica 2).

145.

Durante el régimen del general Romeo Lucas García (julio 1978-marzo 1982), continuó en ascenso el número de ejecuciones arbitrarias individuales, principalmente en lo que afecta al derecho a la vida, a través de ejecuciones arbitrarias practicadas tanto selectiva como indiscriminadamente.

     "El Gobierno de Lucas García fue más contra los sectores populares que contra el movimiento insurgente, de hecho ... los ataques de Lucas fueron muy selectivos contra figuras públicas ... a los 23 días de haber entrado el régimen de Lucas entra ya como una avalancha de represión".21 

146.

     En cuanto a las ejecuciones arbitrarias selectivas se encuentran, entre otras, la de Alberto Fuentes Mohr, dirigente del PSD, ejecutado el 25 de enero de 1979;22  Manuel Andrade Roca, abogado y catedrático universitario, asesinado el 14 de febrero de 1979; Manuel Colom Argueta, dirigente del FUR, asesinado el 22 de marzo de 1979.23  Otra víctima fue Manuel Francisco López Balam, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca S.A. STEGSA, ejecutado en abril de 1979.24 

147.

     El 28 de mayo de 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres apareció a la luz pública con la ejecución del Comisionado militar Guillermo Monzón.25  Un mes más tarde, la misma organización guerrillera ajustició a José Luis Arenas conocido como el Tigre de Ixcán en la finca de su propiedad "La Perla" ubicada en el municipio de Chajul, Quiché.26  Tras estos hechos el Ejército desató en la zona de fuerte represión mediante la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de varias personas sospechosas de colaborar con la guerrilla o que se encontraban socialmente organizadas.

148.

     Las ejecuciones arbitrarias en el departamento de San Marcos fueron selectivas y afectaron a la población organizada. El día 22 de febrero de 1979 el PGT tenía prevista una reunión en la aldea El Sitio. Al finalizar, en torno a las 8 de la noche y mientras se retiraban caminando del lugar, llegó un grupo de hombres armados identificados como miembros de la G-2, y se llevaron a Luis Rojas Vera y Bernardo Ramos Barrios. Al día siguiente, sus cadáveres fueron encontrados presentando señales de tortura, en la entrada a la Hacienda el Silencio.

     "En ese tiempo no se podía hacer nada en toda la costa porque los de la G-2 siempre andaban detrás de la gente que estaba organizada con el PGT".27 

149.

     Con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 y la llegada al poder del general Efraín Ríos Montt (marzo 1982-junio 1983), la lucha contrainsurgente se intensificó. La implementación del plan de campaña "Victoria 82" y el desarrollo de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) tuvieron como consecuencia inmediata el número más elevado de ejecuciones arbitrarias individuales y masacres registradas en el área rural desde el inicio del enfrentamiento armado interno.

150.

     Durante 1982 la población del departamento de Quiché, fue objeto de una violencia indiscriminada por parte del Ejército y las PAC. En febrero de 1982, en la comunidad Carrizal del municipio de Chiché, los soldados y las PAC de Chinique capturaron a Tomás Tzoc Tzoc, "...no estaba organizado en el CUC ni en nada, lo encontraron y por eso lo mataron, mataban a todos los que encontraban, ya no importaba quienes fueran". Tomás se hallaba en su casa, lo ahorcaron y en ese estado abandonaron el cadáver en el interior.28 

151.

     Las ejecuciones selectivas se continuaron realizando durante el período y afectaron principalmente a líderes comunitarios, colaboradores, simpatizantes y miembros de organizaciones guerrilleras. En un día de julio de 1982, en la aldea Chejbal del municipio de Jacaltenango, Huehuetenango, Pedro Ros Alonso, quien estaba organizado en el EGP, se encontraba de paso por el camino de vereda de la aldea Q'om cuando fue capturado por miembros de la PAC del lugar. Lo golpearon y cuando vieron que ya no respiraba, lo amarraron de las manos y los pies y lo colgaron de un palo. En cada extremo se pusieron dos patrulleros y lo llevaron así suspendido hacia el destacamento militar de Jacaltenango. En el destacamento, cuando los soldados notaron que había recuperado la respiración lo trasladaron al hospital local donde le dieron tratamiento médico. Una vez recobró el conocimiento se le trasladó al destacamento; allí fue torturado durante dos días hasta que falleció.29 

152.

     Bajo el régimen del general Oscar Mejía Víctores (agosto 1983-enero 1986), el número de ejecuciones arbitrarias disminuyó en comparación con el período 1982-1983. En septiembre de 1984, en la comunidad de Salac I, municipio de Cahabón, Alta Verapaz, el menor Crisanto Bolom, de 15 años de edad, al ver llegar a varios miembros del Ejército, se asustó e intentó huir. Fue abatido por los soldados y durante cuatro días su cadáver permaneció expuesto en el escenario de los hechos hasta que el Ejército autorizó su entierro.30 

153.

     En el período comprendido entre 1986 y 1996, la ejecuciones arbitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché, Petén, Sololá, San Marcos y Chimaltenango. (Véase Gráfica 3).

154.

     En 1986, el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo fue declarado presidente electo de la República (enero 1986-enero 1991). Durante su Gobierno, la práctica de ejecuciones arbitrarias continuó, aunque su número decreció.

     "Humberto González Gamarra, Secretario General del Partido Unión Revolucionaria Democrática, fue asesinado el 15 de octubre 1990, en la ciudad de Guatemala. Ese día, había salido de su casa en compañía de su hijo y un compañero de éste. Al llegar a la 23 Avenida y Calzada Roosevelt, en la zona 11, un hombre se le acercó y por la ventana le disparó a quemarropa huyendo luego junto con otro hombre en una motocicleta Yamaha color rojo. González Gamarra recibió el impacto de seis proyectiles, por lo que su hijo pidió ayuda a las personas que se encontraban en el lugar quienes solicitaron los servicios de los bomberos. Estos lo recogieron aún con vida pero en camino al hospital Roosevelt falleció".31 

155.

     En el período que corre entre 1990 y 1996, se mantuvo la tendencia apuntada al final de los años 1980, es decir, la realización de ejecuciones arbitrarias selectivas. Las víctimas de este período pertenecían en la mayoría de los casos a organizaciones sociales y partidos políticos.

156.

El 30 de abril de 1991, en la ciudad de Guatemala, fue ejecutada Dinorah Pérez, dirigente del Movimiento Guatemala Unida y activista de derechos humanos.

     "Por la noche nos enteramos de que había sido asesinada frente a la entrada de su casa, al volver del trabajo, por dos hombres en motocicleta que después de acribillarla a tiros, agregando el tiro de gracia, se dieron a la fuga...".32 

157.

     Germán Alfredo de León Pacajá, miembro del PGT y miembro fundador de la Unión de Trabajadores de Quetzatenango, fue capturado alrededor de las 7:30 de la mañana del 1 de junio de 1994, cuando regresaba de haber dejado a su niña en la escuela, en la aldea Patzutzún, municipio de Concepción, Sololá. Tres hombres vestidos con uniformes del Ejército lo golpearon y subieron a un Trooper. A las cinco de la tarde, los habitantes de la aldea Las Trampas, Sololá, oyeron un ruido muy fuerte y llamaron a los bomberos de Sololá, porque se dieron cuenta que un carro había caído en un barranco. En el vehículo fue encontrado el cuerpo de Germán de León, quien según el acta de defunción falleció a causa de asfixia por estrangulamiento y varias fracturas en la tráquea.33 

158.

     Román Ramos Esteban fue ejecutado por hombres enmascarados y vestidos de civil el 22 de abril de 1995, en el camino de San Ignacio, Mundo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos. La víctima, que fue apresada y expulsada por la fuerza de la camionetilla de ruta donde viajaba, junto con otras personas desde Malacatán, venía de regreso de una reunión de la asociación comunitaria Adim de Carisoa, de Quetzaltenango, de la cual era el representante en dicha aldea.34 

159.

     En noviembre de 1996, en el departamento de San Marcos, una patrulla de soldados llegó a la finca donde trabajaba Marcos Ortiz Hernández. Los soldados le pidieron sus documentos y en vista que no los tenía, lo capturaron y acusaron de ser miembro de la guerrilla, para posteriormente ejecutarlo.35

Los autores de las ejecuciones arbitrarias

160.

Durante este período, según los datos registrados por la CEH, el responsable del mayor número de ejecuciones arbitrarias fue el Ejército de Guatemala, seguido de las PAC.

161.

     Según los datos recogidos por la CEH, durante el enfrentamiento armado interno, el Ejército fue responsable del 86% del total de ejecuciones arbitrarias. Las PAC fueron responsables del 21%, los comisionados militares del 11%. Otras Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de Hacienda y otros), del 4%.

Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de Ejecuciones Arbitrarias, sin considerar si su actuación fue individual o en colaboración con otro.

162.

Aunque en un buen porcentaje de los casos el Ejército actuó como único responsable de los hechos, la colaboración de las PAC y los Comisionados con el Ejército fue muy frecuente en la realización de las ejecuciones.

163.

     Las ejecuciones arbitrarias realizadas de manera selectiva siguieron un procedimiento que tenía dos etapas: la primera era la designación del objetivo de la ejecución; la segunda consistía en la planificación de la misma. Invariablemente, era la inteligencia militar, como ya se señala en el apartado correspondiente, la encargada de buscar, registrar y analizar la información sobre la eventual víctima.

     "Hay un expediente y un archivo computarizado sobre periodistas, estudiantes, líderes, gente de izquierda, políticos etc. ... El expediente mencionará donde nació la persona el partido político al cual pertenece, los más importantes sucesos de su vida".36 

164.

     En ciertos casos, los agentes del Estado perpetraron ejecuciones arbitrarias en cumplimiento de directrices generales y gozaron de una cierta autonomía para hacerlo;37  en otros, la ejecución de una persona estuvo claramente definida. Las decisión para ejecutar a determinada persona, podía tener dos orígenes.

165.

El primero, las unidades militares recibían las órdenes de una autoridad superior, ya fuera del comandante de la unidad o base militar que tenían un área de jurisdicción o del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

     "Un S-2 local ...puede recibir la orden de su comandante para matar a una gente y lo va a hacer, es decir, porque el S-2 local no va a pensar, no se va a poner a cuestionar si esa orden viene de arriba o está siendo tomada localmente".38 

166.

El segundo, las zonas, bases, fuerzas de tarea, y sus unidades militares desplegadas en el terreno, operaban conforme a las líneas generales programados por sus superiores; pero la decisión específica era tomada por los comandantes de estas unidades.

167.

     No obstante, la decisión de ejecutar a ciertas personas con reconocimiento nacional e incluso internacional, se adoptaba en las más altas instancias. Por ejemplo, un ex miembro de la inteligencia declaró que había participado en la investigación de la G-2 sobre Alberto Fuentes Mohr, pero añadió que la decisión fue tomada a un nivel todavía más alto.39 

168.

En ciertos casos, sectores ajenos al Ejército participaban también en la elección de la víctima para que fuera ejecutada:

     "Por un lado no debemos olvidar el sector más poderoso de este país, que es el sector del poder económico, que en esos aspectos y en esa época también tomaba decisiones y participaba, quizás no a nivel institucional pero sí a nivel de los grupitos que han manejado esa parte política. Al sector privado incluso se le atribuyen grandes decisiones de asesinatos ... el caso de Manuel Colom Argueta, por ejemplo.... Y no creo que haya habido esa interpelación tan estrecha, salvo en casos muy específicos. A nivel político el caso de Manuel Colom Argueta creo que fue una decisión de un grupo pequeño del sector privado utilizando un grupo del Ejército, por supuesto. Entonces la maquinaria ha funcionado así, entrelazada pero separada con compartimentos, porque inteligentemente para no dejar huellas para que no levanten litigio en un caso como este".40 

169.

El mismo declarante agregó:

     "Y sé de una reunión que hubo y yo tuve pruebas de eso, una reunión así como ésta, de la élite del sector privado, cuando Vinicio Cerezo se lanzó a la reforma fiscal hubo alguien que se pasó enojado y dijo, yo doy el dinero para que asesinen a Vinicio Cerezo, yo me encargo. Claro, ahí no se llevó a cabo, pero ese tipo de asesinatos políticos, de violaciones surgieron muchas veces, en ese caso no se llevó a cabo pero en otros, sí, sin dudas. Por ejemplo, para ellos el caso de Fito Mijangos era un enemigo tremendo y no sabían qué hacer con él hasta que lo mataron. ...".41 

170.

     Una vez se tomaba la decisión, procedía a organizarse el operativo para su ejecución. Las circunstancias en las cuales se produjeron muchas de las ejecuciones arbitrarias revelan un alto grado de preparación del operativo, pues los que llevaron a cabo la acción disponían de las informaciones necesarias sobre la víctima. El sargento mayor Noel de Jesús Beteta Alvarez, que fue sentenciado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack declaró: "... Desde temprano se montaba vigilancia ... todo el día ... en la mañana sí, la esperaba en la casa, ... cuando se iba acercando el día de ejecutar la orden ...".42 

Las ejecuciones arbitrarias perpetradas por miembros del Ejército

171.

      El alto porcentaje de ejecuciones arbitrarias atribuidas al Ejército se debe a que recurrió al uso sistemático de las ejecuciones arbitrarias para aniquilar a quienes consideraba enemigos, es decir "... todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido, ... " e incluyó también "... a aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido".43 

Ejecución de personas acusadas de tener vínculos con la guerrilla

172.

A lo largo del enfrentamiento armado interno, el Ejército realizó miles de ejecuciones arbitrarias, muchas de ellas cometidas contra personas que eran acusadas de tener vínculos con la guerrilla.

173.

     En muchos casos, las víctimas fueron ejecutadas por el Ejército sin que previamente se verificará si la acusación de ser activista o colaborador de la guerrilla tuviera fundamento. A partir de 1980, el Ejército instruyó que las aldeas del municipio de Cotzal debían tener una bandera de Guatemala, que proporcionaba el Ejército. La aldea Chisís fue una de las últimas aldeas en recoger su bandera en el destacamento de Cotzal. Al presentarse varios miembros de la comunidad a recoger la bandera, cuatro campesinos fueron acusados de pertenecer a la guerrilla, interrogados sobre sus lazos con los insurgentes y conminados a que devolvieran las armas, pues de lo contrario serían ejecutados. Al parecer, una de las víctimas colaboraba con la guerrilla. Las víctimas fueron conducidas al borde de una fosa, en el interior del destacamento, y ejecutadas de forma que cayeran en ella. La acción se llevó a cabo frente a la mirada de todas las personas de la aldea que habían llegado al destacamento. Al final de la ejecución, el oficial a cargo les dijo a la gente: "Ahora ya pueden llevar su bandera, ya vieron que ya quedaron libres de la guerrilla".44 

174.

     La participación de una persona en una PAC de su comunidad, no descartaba la posibilidad de ser acusado de colaborador de la guerrilla y en consecuencia, de morir ejecutado. Israel Alvarado regresó el 3 de agosto de 1982 después de residir en México. Al día siguiente salió en ronda de vigilancia con los demás patrulleros de Santa Ana. En el camino se encontraron con un grupo de soldados del destacamento de San Antonio o El Tablón que traían a un detenido, acusado de ser guerrillero. Al pasar frente a los patrulleros, el detenido señaló a Israel indicando que colaboraba con el EGP dándoles comida. Los soldados lo detuvieron en ese instante con intenciones de colgarlo. Sus compañeros de patrulla intercedieron por él, asegurando que no colaboraba con la guerrilla. Los soldados se lo llevaron al pueblo, amarrado. Una vez en Santa Ana, el padre de Israel pidió hablar con el oficial, y explicándole que su hijo no colaboraba con el EGP; pero no lo escucharon. Lo ataron a un palo en el parque sin darle comida ni agua durante 48 horas. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, lo llevaron hacia El Tablón, San Antonio, luego a Buxub, Jacaltenango y posteriormente a Nentón. Durante el trayecto la tropa iba reuniendo a la gente de los pueblos por los que pasaban, ordenando a Israel que señalara sus compañeros, a lo que éste se negaba alegando que no era guerrillero. En Nentón lo mantuvieron encerrado en el destacamento durante 15 días, y finalmente lo arrojaron al río Azul, en la frontera entre Nentón y Jacaltenango.45 

175.

     La acusación de colaborar o pertenecer a la guerrilla fue muchas veces la consecuencia de tener conflictos personales con miembros de la propia comunidad o de otras aldeas. Ante inculpación de esta naturaleza, el Ejército no comprobaba previamente la veracidad de los cargos y procedía a ejecutar sumariamente al acusado, aunque estuviera integrado en una PAC o en un comisionado militar.

176.

     Vicente Alvarez Contreras, comisionado militar de la aldea El Pitorreal, en Dolores, Petén, tuvo problemas con su homólogo de una localidad próxima que le acusó de ser guerrillero ante el destacamento de El Chal. Durante la noche del 22 de enero de 1982, soldados del destacamento de El Chal llegaron disparando sus armas contra la casa de Vicente Contreras, entraron en la vivienda y se lo llevaron junto con su esposa y su hija mayor a la morada del comisionado militar autor de la denuncia, a quien también apresaron. Cuatro días después se descubrió el cádaver de Vicente Alvarez Contreras; los cuerpos de su esposa y su hija nunca aparecieron. Días después de la captura, el comandante del destacamento de El Chal fue a la aldea El Pitorreal y dijo a algunas personas que lo ocurrido esa noche había sido un error del informante, no de ellos.46 

177.

     En otros casos, las ejecuciones fueron practicadas a raíz de la información que el propio Ejército poseía. En un día de diciembre de 1982 en la cabecera municipal del municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, miembros del Ejército convocaron a toda la población de la cabecera a una reunión frente al templo católico local. "El oficial me dijo, le espero en el centro ya que el día de hoy vamos a realizar un acto muy importante para el municipio". Cuando se encontraban todos reunidos, el oficial se dirigió a los vecinos y les dijo: "Sabemos que en ésta población hay muchas personas que están comprometidas con el EGP, hoy van a presenciar lo que les sucede a quienes los apoyan. Si insisten en seguir lo mismo, también ustedes correrán la misma suerte". Los soldados habían detenido ese día a Francisco Salucio y a Francisco Ramírez Vargas, dos jóvenes que residían en la cabecera y que por informaciones que obraban en poder de los miembros del Ejército, integraban el grupo guerrillero. "Francisco estaba organizado, pertenecía al EGP y el día que lo capturaron se encontraba en la cabecera con su familia." A los capturados, los amarraron al poste del tablero de la cancha de basquetbol y frente a la población un pelotón se preparó para realizar la ejecución ... "Eran las doce cuando cayeron los dos".47 

178.

     Para el Ejército, los residentes de una región donde era habitual la actividad de la guerrilla, se convertían en miembros o colaboradores de la insurgencia, incluso si se trataba de niños. Pasado algún tiempo desde la masacre de Cunén, en el departamento de Quiché, el 17 de enero de 1982, miembros del Ejército adscritos al destacamento de Chiúl y patrulleros de Cunén tuvieron conocimiento de que en la aldea San José, Cunén existía un campamento de suministro de la guerrilla. En la cabecera municipal de Cunén se formó una patrulla mixta -patrulleros y miembros del Ejército-, llegaron al campamento y aprehendieron a Leonardo Hernández López, a su esposa y sus dos hijos. Los condujeron al centro de la aldea San José donde se estaba celebrando el día del patrón de la localidad y, frente a todas las personas ahí reunidas, colgaron de un árbol a la esposa y los dos hijos de Leonardo. A su esposa e hijos, después de colgarlos, les dispararon y los enterraron en el mismo lugar.48 

Las ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones encubiertas

179.

     En las operaciones militares regulares del Ejército, fueron miembros uniformados de dicha institución quienes cometieron las ejecuciones arbitrarias. En las operaciones encubiertas, las ejecuciones fueron realizadas por soldados vestidos de civil o disfrazados de guerrilleros.

180.

     La utilización que el Ejército hizo de efectivos vestidos de civil tanto en la capital como en el resto del país, facilitó la ejecución arbitraria de muchas personas, sin que se pudieran señalar la autoría material de tales acciones. Entre las áreas del Ejército que frecuentemente actuaron vestidos de civil o disfrazados con indumentaria guerrillera, destaca la sección de inteligencia.

     En el cantón Hamaca, del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango, a media noche de un día de mayo de 1981, un grupo de hombres vestidos de civil, conocido como la G-2 de Huehuetenango, "...entraron a la vivienda de su hermano Marcos Domingo Díaz, a quien se llevaron a puros golpes, empujones y patadas que le propinaran estos hombres; a mitad del camino fueron dándole puñaladas en todo el cuerpo y le privaron la vida de un balazo...".49 

181.

     También se han recogido numerosos testimonios en que los miembros del Ejército actuaron disfrazados de insurgentes. Esto ocurrió sobre todo en las áreas rurales donde había presencia guerrillera. Uno de los objetivos perseguidos mediante esta forma de operar fue crear confusión en la población haciéndola creer que la guerrilla había sido en verdad la responsable de las ejecuciones.

     "Son esos que dicen llamarse escuadrones de la muerte, pero son los mismos del Ejército, son disfrazados de guerrilleros, ropa toda sucia, toda rota, se ponían botas de hule para despistar a que son de la guerrilla y son del Ejército".50 

182.

     Otros de los factores que inspiró esta forma de actuación fue la necesidad de detectar a las personas que pudieran tener simpatía por la guerrilla. Una vez localizadas, eran ejecutadas.

     "Hay ocasiones en que se hacen pasar de guerrilleros, llegaban de noche, usaban la ropa de verde olivo con botas de plástico y con las mochilas que encontraban, ...pues para pasar desapercibido de guerrillero. Entonces ahí la población se confunde, entonces cuando ellos ven que la población está colaborando con ellos la matan".51 

183.

     El 7 de septiembre de 1981, mientras se estaba celebrando la feria en honor a la Virgen del Rosario, en la comunidad El Limonar, del municipio Jacaltenango, Huehuetenango, llegaron unos hombres vestidos de particular gritando consignas a favor del EGP. Dos jóvenes respondieron al llamado de los hombres al igual que otro joven de la comunidad la Laguna. Los hombres montaron en varios carros y se dirigieron a esta localidad. Cuando los vehículos iban en marcha, dos individuos que venían por la carretera fueron forzados a subir a los coches. En su interior, las víctimas vieron a cinco desconocidos que portaban armas como las del Ejército y que no tardaron en identificarse como miembros de esa Institución Armada. Al llegar a la ruta principal, a un kilometro de la Laguna, uno de los vehículos se detuvo y los soldados bajaron a los capturados y comenzaron a golpearlos. Desenfundaron sus armas y empezaron a matarlos uno por uno. Pero uno de los prisioneros logró escapar. Los cadáveres de Antonio Camposeco, Jesús López y Edmundo Cruz fueron arrojados al río en territorio mexicano, y dos de las víctimas nunca aparecieron.52 

Ejecuciones arbitrarias realizadas en acciones de patrullaje

184.

     El patrullaje realizado por el Ejército era una acción táctica de rutina guiada por varios propósitos; a veces buscar información y localizar a la guerrilla, y otras a combatirla. Durante estas patrullas, miembros del Ejército efectuaron numerosas ejecuciones arbitrarias.

     "Salimos patrullando otra vez, verdad, destruyendo las casitas, y quemando las trampas y bueno esporádicamente encontrábamos uno o dos tipos por allí. El oficial ordenaba que los mataran y los dejaran por allí tirados y seguíamos avanzando."

     "Le dije, mi subteniente, le doy parte que encontramos a una señora [de unos 19 años con su bebé de unos 8 meses]. 'Tráiganla', dijo, verdad, en fin, qué está haciendo aquí, le dijo, verdad, usted es guerrillera, le dijo, verdad, no le dijo, bien mátenla, hijue'puta, dije yo, verdad, y el niño, también me dijo, verdad, entonces llamé a otro, a un soldado de primera, soldado, le dije, hágase cargo de la señora, le dije, y es un regalo del subteniente, le dije, enterado, mi cabo, me dijo, verdad. Llamó a los muchachos y dijo, hay carne muchá, dijo, verdad, entonces vinieron agarraron a la muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre todos, otra vez, verdad, la violación masiva. Luego les dije yo que mataran primero a la señora para que no sintiera mucho de que mataran primero al hijo, verdad, entonces, la mataron ... le zamparon tres balazos, y luego al niño...".53 

Ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones de tierra arrasada

185.

     Muchos civiles resultaron muertos a consecuencia de los ataques del Ejército dirigidos contra las comunidades. El 11 de septiembre de 1980, unos 150 soldados que avanzaban desde el destacamento de Uspantán hacia El Desengaño, quemaron en el camino más de noventa casas, destrozaron la cooperativa, robaron bienes y mataron animales. La población salió huyendo y se refugió en el monte. Emiliana Velásquez Zapeta probablemente "pensó que no le iban a hacer nada" y cuando vio llegar a los soldados se puso a barrer la entrada de su casa, llevaba un nene de unos meses a la espalda. Los soldados dispararon y mataron a Emiliana y a su nene. Cuando se retiró el Ejército los vecinos enterraron los cadáveres en el cementerio.54 

Represalias contra la población civil

186.

     El Ejército castigó con frecuencia a la población civil después que algún enfrentamiento con la guerrilla ocasionara bajas en sus filas. En 1980, después de un combate entre miembros del Ejército y del EGP, en el que murieron dos soldados, llegó un pequeño contingente militar a Sacalá, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Al descender de sus vehículos los ocho soldados que integraban el grupo empezaron a hacer preguntas a la gente y apresaron a varias personas. María Valeriana Jacobo Atz salió corriendo de su casa con sus dos nietos, a quienes estaba cuidando. Se escondieron en una casa abandonada, pero los soldados los descubrieron. Procedieron a detenerlos, sacándoles a la fuerza de la casa. A continuación les cortaron la cabeza a los tres. Murieron decapitados, por lo tanto: la abuela María Valeriana y sus dos nietos, Rolando Mutzut Jacobo de seis años y Hilda Mutzut Jacobo de seis años. En el curso de la misma operación de represalia, los soldados mataron también a Víctor Mutzut, de 60 años con un tiro de gracia.55 

Acciones crueles contra la población civil

187.

     También se registraron casos de ejecuciones arbitrarias cometidas con crueldad por el Ejército, donde no solamente se ejecutó a las víctimas sino que además se les hizo sufrir antes de su muerte. En horas de mañana del 26 de marzo de 1982 llegó el Ejército a la comunidad de Lacamá I, del municipio de Chichicastenango, Quiché. Los habitantes lograron huir, poniéndose a salvo entre los barrancos y la montaña. Los soldados quemaron las casas, los enseres domésticos y las cosechas. Cuando los soldados se retiraron, los habitantes volvieron a la aldea, pero la hermana de Pedro Algua Ramos no regresó. Pedro salió a buscarla en compañía de Manuel Méndez Calel, quienes fueron capturados por soldados que los condujeron a una casa desocupada donde los quemaron vivos. De los cuerpos de las dos víctimas sólo se encontraron los pies; el resto de los despojos estaban completamente carbonizados.56 

Ataques indiscriminados

188.

     De acuerdo con las normas del derecho humanitario el Ejército puede atacar legítimamente un campamento de la guerrilla o a sus combatientes. Sin embargo, al hacerlo el Ejército también tiene la obligación de confirmar la existencia de un objetivo militar, con el fin de evitar que los no combatientes sean afectados.

189.

     El 25 de diciembre de 1981, miembros de la comunidad de El Monajil, Santa Ana Huista, Huehuetenango, salieron en un camión a comprar maíz a la comunidad de la Laguna en el municipio de Jacaltenango. Al día siguiente, cuando venían de regreso, en la aldea El Tablón ubicada entre los municipios de Santa Ana Huista y San Antonio Huista, muy cerca de la comunidad de Monajil, el Ejército comenzó a dispararles con fusiles Galil. En ese ataque resultaron gravemente heridas tres personas que tuvieron que ser trasladas de emergencia al hospital de Jacaltenango. Virgilio Morales, Oscar Morales y Jesús Gaspar fallecieron antes que pudieran atenderlos en el hospital. Aparentemente, el ataque del Ejército fue motivado porque momentos antes, la guerrilla intentó emboscar a las tropas y cuando el camión de los militares iba pasando los insurgentes detonaron una bomba que ocasionó varias bajas.57 

Bombardeos indiscriminados

190.

     La Comisión recibió denuncias sobre casos de bombardeos efectuados por el Ejército contra aldeas o comunidades en las cuales murieron hombres, mujeres y niños. 58  En el año 1982, el Ejército bombardeó la aldea Tzalbal en Nebaj. Entre las víctimas del bombardeo murieron Diego Cobo, su madre Juana Cobo, y por lo menos otras dos personas, que fueron enterradas en el cementerio de la comunidad.59 

     "El día 19 de diciembre de 1989, un avión Cessna A-37 B, de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló la comunidad Santa Rosa Xeputul de la CPR de la Sierra ...a las 11 de la mañana la unidad aérea lanzó una bomba de 550 libras (...) murieron cuatro civiles, mujeres. Otros dos fallecieron ese mismo día en Chaxá, aldea cercana a Santa Rosa, a causa de otra bomba arrojada por el avión".60 

Uso de minas

191.

Durante el enfrentamiento armado, el Ejército utilizó minas antipersonales, así como las trampas explosivas conocidas como "cazabobos", que causaron la muerte de muchos civiles.

     "Antes del bombardeo, pero ya en 1993, el Ejército entró a la comunidad de San Francisco Los Angeles. Después del paso del Ejército volvimos al lugar y al levantar un paquete de jabón de un kilo de Doña Blanca que no había sido reventado por el Ejército estalló una bomba. La bomba botó la tapesca y arrojó a la víctima Domingo Pascual Sebastián como a cinco varas. Otro compañero que estaba a media cuerda, una esquirla le raspó el mentón".61 

Las ejecuciones arbitrarias cometidas por las Patrullas de Autodefensa Civil.

192.

     Las PAC, creadas bajo el régimen del general Romeo Lucas García y legalizadas por el régimen del general Ríos Montt, fueron utilizadas como instrumento de contrainsurgencia y de control de la población, cometiendo un alto número de ejecuciones arbitrarias, especialmente en los departamentos de Quiché62 , Alta Verapaz, Baja Verapaz y Huehuetenango.63 

Ejecución arbitraria de personas acusadas de ser guerrilleros

193.

     Los patrulleros también ejecutaron a miembros de su comunidad, sospechosos de ser guerrilleros. El 7 de diciembre de 1981, en la comunidad de Chicoxob, del municipio de San Andrés Sajcabajá, del departamento de Quiché, llegaron dos patrulleros a la casa de Andrés, a quien acusaron de pertenecer a la guerrilla, le preguntaron por los nombres de sus demás compañeros y el lugar donde se escondían. Andrés negó las acusaciones, respondió que él se dedicaba a sus labores agrícolas y que nada tenía que ver con los insurgentes. Los patrulleros insistieron en la acusación, la víctima al ver que se ponían cada vez más violentos en sus expresiones, se asustó y les rogó que lo dejaran porque él era inocente; pero los patrulleros lo ejecutaron en el acto.64 

Ejecución arbitraria de guerrilleros

194.

     La captura y posterior ejecución de miembros de la guerrilla fue una de las tareas asumidas por las PAC durante el enfrentamiento armado. Julia Aguaré Velásquez se enroló como combatiente del EGP en 1980 cuando el Ejército arrasó El Desengaño, incorporándose al frente Ho Chi Minh. Fue capturada en abril o mayo de 1982 por patrulleros de la Zona Reina, que la violaron y torturaron durante tres días; después la ejecutaron.65 

Ejecuciones arbitrarias realizadas durante acciones de patrullaje

195.

     Las PAC también realizaron acciones tácticas de patrullaje, en combinación con el Ejército o por orden del mando militar. Durante estas maniobras cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones arbitrarias. Andrés Chingo era destacado integrante de Acción Católica, "iba por las comunidades y platicaba de la justicia y de la verdad, porque así hacían los de Acción Católica", y fue acusado de colaborar con la guerrilla. En agosto de 1982 efectivos del Ejército y patrulleros de Joyabaj quemaron su casa y sus cultivos, ubicados cerca de la carretera de la comunidad. Tras este hecho, Andrés cesó sus actividades en la Acción Católica. El 30 de noviembre salió al monte a recoger leña, los patrulleros armados de Joyabaj lo capturaron y "le acusaron de ser guerrillero por andar por el monte, pero él no estaba metido en nada ... le dieron golpes con la culata de las armas, le machetearon la cara y la cabeza y le metieron un disparo".66 

Ejecuciones arbitrarias de personas que se negaron a patrullar

196.

     La actividad prioritaria de las PAC, como su nombre indica, era el patrullaje. Algunos patrulleros que se negaron a realizar dicha actividad fueron ejecutados de manera arbitraria.67  El 8 de febrero de 1981, en la comunidad de Chipaj, del municipio de Uspantán, departamento de Quiché, un grupo de patrulleros acudió a la casa de Juan Tum, quien se negaba a realizar el servicio. Le golpearon y dijeron que tenía que cumplir su turno y se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente, sus familiares fueron a la garita de las PAC para averiguar por qué no había regresado a su casa. A la par de la garita encontraron el cadáver de Juan Tum y otros dos cuerpos sin identificar. El patrullero muerto "no quería hacer turno solamente por la necesidad de sus hijos".68 

197.

     La obligación de patrullar afectó con frecuencia a los niños, pues a estos tampoco se les reconoció el derecho de oponerse; y también sufrieron las consecuencias de esta negativa a patrullar. Augusto de la Cruz Yat, de sólo 10 años, rehusaba patrullar cuando fue sacado de su casa por los patrulleros. Una vecina que se encontraba cerca vio cuando lo llevaron de su casa. Sus familiares escucharon que lo habían matado en un barranco, pero por miedo no se atrevieron a comprobarlo.69  198.

     El poder de las PAC queda ilustrado en el siguiente caso de ejecución arbitraria contra dos miembros de una familia. En el caserío El Chorro de Xemal, en el municipio de Colotenango, Huehuetenango, Juan Domingo Sánchez y Santiago Domingo Sánchez se negaron varias veces a patrullar, por lo que fueron amenazados de ser guerrilleros. El 5 de julio de 1992, los patrulleros de Xemal llegaron a la vivienda donde habitaban Juan y Santiago, los abatieron disparando sus armas de fuego, posteriormente les propinaron varios machetazos, dejaron los cadáveres cubiertos con unas chamarras y luego saquearon la casa. Aunque inicialmente impidieron enterrar los cuerpos en el caserío, los familiares los pudieron sepultar en Xemal.70 

Ejecuciones arbitrarias de patrulleros por faltas al reglamento disciplinario

199.

     Los patrulleros debían observar algunas reglas de conducta; en algunos casos la indisciplina fue castigada de forma drástica, llegando al extremo de ejecutar arbitrariamente a alguno de sus integrantes. En 1986 en la aldea la Niyá, San Pedro Necta, Huehuetenango, el patrullero Santos Ramírez bebía licor mientras cumplía su turno de patrulla. El jefe de la patrulla se enojó y ordenó un castigo. A Santos lo amarraron, para depositarlo a continuación en un pozo de agua donde permaneció colgado por un día y una noche. Sufrió mucho porque en esa época hacía mucho frío y hubo lluvia. Cuando lo sacaron del pozo, todavía mojado, lo ataron a un palo. Lo colocaron cerca de la escuela y lo abandonaron allí hasta que murió.71 

Acciones crueles realizadas por las PAC

200.

     En multitud casos, las ejecuciones realizadas por las PAC fueron perpetradas con especial crueldad.72  El 16 de junio de 1982, Pedro Ramírez Ajmac, su esposa e hijos y su hermano salieron de Chacag�ex hacia la aldea Chuahoj, municipio de Sacapulas, Quiché, cuando vieron que por el camino se acercaba un grupo de patrulleros de San Sebastián. Al verlos, Tomás huyó de inmediato, pero Pedro salió corriendo después y le dieron alcance, lo ataron de un pie al vehículo y se lo llevaron arrastrándolo aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a la sede de la patrulla de San Sebastián. Pedro llegó en un estado terrible; aparecía con graves heridas, en especial, en el rostro; su esposa e hijos corrían detrás de él gritando y llorando por lo que le estaban haciendo. Pedro pidió agua a los patrulleros y el jefe de las PAC le ofreció orina; y sin tener compasión de él dijo que iba a distribuir a su tres pequeños hijos entre gente de la aldea que los quisiera adoptar, porque él quería a los más grandes pero que a la pequeña no. A la esposa le dijo que la iba a asesinar. Después los demás patrulleros hicieron una hoguera, quemaron a Pedro, abrieron una fosa dentro del destacamento y lo enterraron.73 

201.

     Se observó también que la participación de las PAC en acciones combinadas con el Ejército se desarrolló con extrema crueldad. El 15 de enero de 1982, el Ejército incursionó en el caserío Xejuyub del municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de Quiché quemando casas y cosechas. Los soldados junto a los jefes de las patrullas que a su vez eran comisionados militares, reunieron en el centro de la comunidad a todos los vecinos, incluyendo niños, mujeres y ancianos; y seleccionaron a cuatro personas. Los jefes de patrulla se dirigieron a la población explicando que su trabajo era realizar una limpieza en la comunidad, y que por esa razón presentaban a esas cuatro personas como agentes contaminantes de las demás por sus ideas comunistas. En seguida los maniataron y ante la mirada de todos, los degollaron, obligando a otros patrulleros a abrir dos fosas en el mismo lugar de ejecución y depositar en cada hoyo dos cadáveres. Más tarde se dirigieron de nuevo al resto de vecinos asegurando que la misma suerte correría quien se involucrara con la guerrilla. Las personas decidieron como mecanismo de sobrevivencia desplazarse a las montañas y barrancos lejanos del caserío.74 

Ejecuciones arbitrarias por motivos personales

202.

     Las PAC eran un instrumento de poder para sus jefes, y en gran número de casos fueron unidades utilizadas para fines ajenos a la lucha contrainsurgente. El año 1983 llegó a la comunidad de Pabaj, del municipio de Jocopilas, departamento de Quiché, un jefe de patrulla evangélico, reunía a los de la comunidad y les decía:

     "Ya logramos sacar a aquellos directivos, catequistas de la Iglesia Católica. Ahora los que acepten el evangelio quedan vivos, aquellos que no quieren aceptar el evangelio quedarán muertos". También hablaba y decía: "al fin logramos destruir a ese demonio ahora destruiremos sus casas". Entonces empezó a destruir los oratorios y a romper a los santos, las ofrendas y los adornos del templo católico con la colaboración de los patrulleros. La comunidad "aceptó el evangelio", en los términos impuestos por aquel jefe de patrulla, a excepción Juan Ordóñez. Un día de mayo de 1983 fueron a capturarlo, él trató de huir, pero finalmente fue atrapado y muerto a machetazos. Su cadáver no fue enterrado y posiblemente se lo comieron los animales. Uno de los patrulleros recuerda que el jefe de la patrulla les daba la orden de pegarle palos en la cabeza y les decía: "Este es el compañero de ustedes, sólo miren lo que le pasó, ahora ustedes deben darle palos en la cabeza, este es su compañero de Cuba, si ustedes quieren que les hagan así entonces quédense en Cuba".75 

Los comisionados militares

203.

     Los Comisonados militares también tuvieron una importante participación en las ejecuciones arbitrarias realizadas durante el enfrentamiento armado. Cuando se creó la figura de comisionado militar en 1938, su tarea principal era la de proporcionar reclutas al Ejército. En la década de los sesenta, los comisionados militares tuvieron un papel importante en la lucha antiguerrillera que se desarrolló en el Oriente:

     "Para el 67 fue la violencia, murieron trece personas inocentes en Cajón del Río, acusados de ser guerrilleros. Fueron los comisionados militares, ellos eran pro-liberacionistas y nosotros no, para ellos había justicia sobre nosotros, para ellos eran gloriosos esos tiempos, ellos tenían el poder".76 

204.

     A lo largo del enfrentamiento armado interno, esta institución fue elemento clave dentro del dispositivo contrainsurgente concebido e impuesto por el Ejército. Sin embargo, los comisionados militares también aprovecharon el poder para cometer ejecuciones por razones privadas.

Ejecuciones arbitrarias de personas acusadas de tener vínculos con la guerrilla

205.

     Los comisionados militares ejecutaron a personas que por las tareas que desempeñaban fueron estigmatizadas como miembros de la guerrilla. Rodolfo Tiño Ramírez era miembro del Comité Pro Mejoramiento de Cucabaj, Santa Cruz del Quiché; en el año 1982, mientras estaba en una fiesta, cuatro hombres armados preguntaron por él. Uno de ellos dijo: "Allí está, éste es mero guerrillero". Seguidamente, los desconocidos abrieron fuego contra él, cuyo cadáver abandonaron en el escenario del tiroteo para subir en los vehículos en que habían llegado y desaparecer. El cuerpo de Tiño fue enterrado en la localidad. Dos vecinos reconocieron a uno de los hombres como comisionado militar de Chiché. También señalaron que los demás eran comisionados y en referencia a Tiño Ramírez: "El no era guerrillero sino que simplemente trabajaba en beneficio de su comunidad".77 

206.

     Fue habitual que los comisionados militares entregaran a los destacamentos del Ejército, listados con nombres de personas sospechosas de ser guerrilleros y por tanto, seleccionadas para que fueran ejecutadas. Un declarante informó a la CEH que entre 1980 y 1981, el comisionado militar le mostró "una lista de nombres de personas que iban a matar. Mi nombre estaba en la lista. Un soldado, cuate mío, estaba de alta en la Zona Militar 19. Era mensajero entre la G-2 y la G-5 y así vio la lista. Le salió mi nombre porque mi nombre es igual al de su padre, pero con el segundo apellido distinto. Me advirtió de irme de una vez. La lista tomaba cinco hojas de personas que iban a matar, todos de Aguacatán".78 

Ejecuciones arbitrarias de guerrilleros

207.

     Tampoco se respetaron las normas humanitarias mínimas a favor de los guerrilleros puestos fuera de combate por cualquier causa. Muchos de ellos, una vez capturados, fueron ejecutados. Un comandante de la guerrilla declaró acerca de la muerte de dos miembros de la ORPA:

     "Se me escapa la fecha correcta, pero fue en 1983, fueron brutalmente asesinados los compañeros, uno de ellos se llamaba Valerio Castro, de la aldea La Fraternidad; ellos iban con un equipo militar hacia Sipacapa, donde teníamos una escuadra de información. Ellos fueron interceptados por comisionados de San Luis Tuimuj y de la aldea Las Delicias. No hicieron uso del armamento sino que trataron de escapar, pero fueron copados por estos comisionados de esta otra aldea y fueron asesinados a golpes y enterrados en el mismo lugar".79 

208.

     Los comisionados militares podían reportar al Ejército la captura de un guerrillero o decidir por si mismos su ejecución. En la aldea del Bongo, municipio de El Estor, Izabal, Lucas Xol tenía fama de ser miembro del EGP. Después de la masacre de la Llorona, en septiembre 1981, los comisionados militares empezaron a visitar con mayor frecuencia la aldea del Bongo. Lucas sintió miedo y huyó al monte. El jefe de los comisionados militares contaba con numerosos informantes en la aldea y siguieron al padre de Lucas cuando iba a dejarle comida a su hijo. El jefe de los comisionados empezó a extorsionar al padre de Lucas, amenazándolo de matar al resto de la familia si su hijo no se entregaba. Entonces, el padre convenció a Lucas para que abandonara su refugio y se presentase a la autoridad, creyendo la palabra del comisionado, quien había prometido que Lucas, simplemente sería castigado. Cuando Lucas bajó, fue a la aldea de Nueva Esperanza para entregarse. El comisionado lo mató y arrojó su cadáver en el lago Izabal.80 

Ejecuciones por motivos personales

209.

     Algunos comisionados militares se aprovecharon de su posición privilegiada y de la impunidad que gozaban para enriquecerse por medio de actividades ilegales y ejecutando a aquellos que constituyeron un obstáculo para conseguir sus propósitos. En el municipio de San Benito, departamento de Petén, José Francisco Ovando Samos, era colaborador del SIPROCI, Sistema de Protección Civil, a cuyos expertos ayudó a detectar sembradíos de marihuana que eran propiedad de los comisionados militares e incluso de algunos militares de San Benito. Dos o tres meses después de haber colaborado con SIPROCI, en mayo 1989, unas personas lo sacaron del hospedaje en donde residía, lo introdujeron en un vehículo y horas después su cadáver es hallado en las afueras de uno de los bares de San Benito. Algunas personas que se encontraban en el lugar en que Ovando Samos fue apresado vieron que uno de los comisionados militares, permanecía escondido en el vehículo donde introdujeron a la víctima antes de ejecutarla.81 

210.

     La posición de comisionado militar otorgaba a su titular el poder de decidir la ejecución de una persona. La CEH recibió abundantes testimonios que informaron acerca de la práctica de comisionados militares que negociaban la vida de personas a cambio de sumas de dinero. El 28 de noviembre de 1982, durante la celebración de la cofradía, en la feria de la aldea Pueblo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos, Mario Ramírez López fue sacado a la fuerza por un comisionado militar que lo entregó al Ejército. Los soldados lo llevaron camino de Tojquián, donde lo ejecutaron el mismo día. El comisionado confeccionaba las listas de personas que habían de ser asesinadas por el Ejército. Para borrar a una persona de la lista cobraba entre Q.250,00 y Q.1000,00. "... mucho pisto ganó... todo lo hizo así para poder borrarlos de las listas...".82 

La Policía Nacional

211.

     La Policía Nacional también fue autora de ejecuciones arbitrarias durante el enfrentamiento armado. Las ejecuciones perpetradas por sus agentes fueron el resultado de acciones ilegales, clandestinas, y donde se hizo uso excesivo de la fuerza. Muchas de las ejecuciones que cometieron los agentes de la policía fueron realizadas a solicitud de la inteligencia militar.83 

212.

     El 22 de agosto de 1979, llegó a Tiquisate, Escuintla, un grupo de "judiciales" que colaboraban con la G-2 del Ejército y atraparon al guerrillero Savelio Melgar Gaytán. Su cadáver apareció tres días después en la finca El Limón y presentaba señales de tortura. Le habían arrancado un dedo de la mano, un dedo del pie y el cuello lo rodeaba el alambre de púas con el que había sido ahorcado.84 

213.

     La forma clandestina en que actuaron los agentes de la policía se caracterizó, especialmente, por el hecho de no identificarse como miembros de dicho cuerpo. El 17 de octubre de 1980, en la comunidad Tierra Linda, del municipio de Santa Lucía Cotzulmaguapa, Escuintla, Eulalio Guzmán Pérez y su familia se disponían a descansar cuando cinco hombre armados con pistolas, escopetas y fusiles irrumpieron en su vivienda y gritaron: "¨Dónde está Eulalio? Queremos hablar con vos ... No te escondás, sabemos que estas aquí". Después de una serie de forcejeos aquellos hombres lograron someter a Eulalio y a la fuerza lo sacaron de su residencia. A uno cinco metros de la casa, uno de los hombres le disparó a corta distancia, quitándole la vida. Se sabe que los autores del crimen fueron agentes policiales pues a consecuencia del forcejeo, uno de los hombres perdió en el lugar de los hechos un documento de identificación de la Policía Nacional.85 

La Guardia de Hacienda

214.

     La Guardia de Hacienda fue otro cuerpo armado estatal que cometió ejecuciones arbitrarias. El 13 de julio de 1981 miembros de la Guardia de Hacienda buscaban al profesor Alipio Bautista, quien se había manifestado en contra de la forma de operar del Ejército y de la Guardia de Hacienda. En su lugar encontraron a Sergio Napoleón Miranda Miranda, quien había sustituido al profesor Bautista. Al profesor Miranda le sacaron de su casa a las diez de la mañana y fue ejecutado en las montañas de la aldea de San Luis. Junto al profesor Miranda, también fue ejecutado arbitrariamente Marco Tulio López, quien trabajaba como maestro en el Municipio de Sibinal.86 

215.

     Las ejecuciones arbitrarias cometidas por los miembros de la Guardia de Hacienda se caracterizaron porque fueron realizadas vistiendo los uniformes de dicho cuerpo, lo que permitió su identificación como autores de numerosas operaciones. En Sayaxché, Petén, el 9 de septiembre de 1980, Miguel Angel Gallardo García se dirigía a su casa luego de haber entregado a su patrón el dinero producto de la venta de algunas mercaderías, cuando fue detenido por un guardia de hacienda al que se conocía como El Látigo del Sur. A los tres días de haber sido capturado, su cadáver fue encontrado en las aguas del Río la Pasión. El cuerpo tenía las marcas de un balazo en la boca y estaba maniatado.87 

216.

     Los miembros de la Guardia de Hacienda, al igual que los comisionados militares, también cometieron ejecuciones arbitrarias por motivos de lucro. El 1 de agosto de 1983 en el municipio de Tacaná, San Marcos, Lázaro Bartolón fue abordado por varios guardias de Hacienda que le exigieron dinero. Al negarse, los guardias le conminaron a que los acompañase, pretextando que su jefe quería hablar con él. Mientras bajaban por una calle, dirigiéndose a las oficinas de la Guardia de Hacienda, Lázaro Bartolón intentó refugiarse en una tienda y uno de los guardias le clavó un cuchillo en su espalda; lo sacaron a un campo abierto, una cuadra más abajo de la tienda, lo desnudaron, le cortaron los testículos, la cara y finalmente lo colgaron empleando su propio cinturón. El cadáver fue descubierto en el mismo lugar donde lo ejecutaron, tirado entre unos rastrojos. La víctima llevaba consigo seiscientos quetzales que poco antes de morir le había entregado su suegro, pero nunca se encontraron.88 

Los escuadrones de la muerte

217.

     Como quedó consignado,89  los escuadrones de la muerte fueron una fachada para las acciones encubiertas del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad. Una de las circunstancias que evidenció lo anterior, fue que los escuadrones pudieron ejecutar a sus víctimas sin temer la intervención de otros agentes del Estado que con harta frecuencia se encontraban presentes en el mismo lugar donde se producían los hechos.

218.

     En las primeras horas del 12 de mayo de 1980, cuatro individuos que portaban gran cantidad de armamento, se situaron simultáneamente frente a la parroquia y delante de la sede de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, con el próposito de secuestrar al padre Walter Voordeckers. Al fallar el intento, dispararon contra el sacerdote, al que alcanzaron varios impactos de bala.90 

219.

     Los escuadrones de la muerte ejecutaron a muchas de las personas que aparecieron en los listados de condenados a muerte distribuidos por organizaciones clandestinas. El 14 de julio de 1980, Francisco Monroy Paredes, director de la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), y su esposa Esperanza Montez de Monroy fueron ametrallados en Quetzaltenango después de que sus nombres aparecieran en la relación de personas amenazadas de muerte por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA).91 

220.

     En algunos casos los escuadrones de la muerte reivindicaron de forma pública las ejecuciones que habían cometido. "El 1 de abril de 1967, el escuadrón de la muerte Nueva Organización Anticomunista (NOA) anunció que había 'ajusticiado' a los 'guerrilleros' Ramón Méndez Linares, Elder Amílcar Minott y Jaime de Jesús Velázquez".92 

221.

     Otra modalidad utilizada para reivindicar el crimen, consistió en abandonar el cadáver de la víctima portando una nota explicativa: "En una ocasión llegó un cadáver asesinado por el grupo la Mano Blanca con la mano en el pecho y una leyenda que decía: "Ejecutado por la 'Mano Blanca'".93 

222.

      Según un matutino del 17 de abril de 1967, "en el kilómetro 36 de la Carretera al Atlántico, fue localizado el cadáver de Maximiliano Román Melgar García. El cadáver presentaba múltiples perforaciones y golpes. En uno de sus bolsillos se encontró un papel que decía MANO".94 

El mensaje de terror provocado por las ejecuciones arbitrarias

223.

Mediante la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, agentes del Estado eliminaron físicamente a sus opositores, buscando a la vez reprimir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a través del terror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

     "Víctima y blanco son ambos el objeto del terror, pero mientras la víctima perece, el blanco reacciona al espectáculo o noticias de la destrucción con diversas formas de acomodación y sumisión o sea en la mencionada reacción de deponer su resistencia o inhibir una potencial resistencia. Debe tomarse nota que cualquiera en el sistema puede ser un blanco, pero el proceso necesita una selección regular de víctimas, que son eliminadas de acuerdo a diversas escalas de destrucción. O sea el objetivo primario del terror no es la destrucción de un grupo social o individuos determinados, sino el control a través de la intimidación de un universo dado, a través de actos de destrucción".95 

En la ciudad capital y algunas cabeceras departamentales.

224.

     De un modo más acusado en Guatemala, y en algunas cabeceras departamentales, desde los años sesenta y a lo largo del enfrentamiento armado, se presentaron amenazas de muerte individuales y colectivas de distintas modalidades. Algunas eran directas como las llamadas telefónicas o las transmitidas con carácter personal; otras indirectas como las notas dejadas en el lugar de trabajo o estudio, los listados distribuidos por los escuadrones de la muerte donde se condenaba a muerte a determinadas personas por ser guerrilleros o comunistas, o los mensajes pintados en las paredes de casas u oficinas.

225.

Las amenazas también fueron complementadas por operativos de vigilancia clandestina o abierta, como ilustra el siguiente hecho:

     Desde noviembre de 1978, Ricardo Adolfo Juárez Gudiel empezó a sufrir hostigamientos y recibir amenazas. En esa fecha le enseñaron un volante que había llegado a la Escuela de Ciencias Políticas, en el cual le decían que había sido sentenciado a muerte por militar en el PGT. A partir de entonces, se percató de que algunos días había varias personas dentro de un vehículo vigilando su casa durante algunas horas. Cuando se dirigía a la Universidad, los desconocidos lo seguían de cerca y le daban pequeños golpes a su auto o se ubicaban con intención de tal forma que él pudiera verlos mientras se burlaban de él. Esta situación se prolongó hasta el año 1981. Tiempo después le llegó un segundo anónimo donde le indicaban que ahora llegaba el turno para su ejecución. El 4 de agosto de 1981 mientras transitaba por la calle se le acercó un desconocido que le disparó, causándole la muerte instantánea.96 

226.

     La aparición de estos listados e índices generó terror no sólo en las personas que allí aparecían mencionadas, sino también en sus familiares y en los grupos o instituciones a los que pertenecían. Aunque estas personas solían tener clara conciencia del peligro que corrían, la aparición de los listados de muerte, hizo el peligro más evidente y el terror más palpable.

227.

     Al cumplirse las amenazas con las primeras ejecuciones arbitrarias de algunas personas cuyos nombres figuraban en un listado que había trascendido públicamente, el sentido de terror se extremó y provocó que algunas probables víctimas tomaran medidas más drásticas, como el exilio, abandonar sus actividades corrientes.97  Otros optaron por la clandestinidad y hubo también casos de suicidios. La ejecución arbitraria como corolario de una amenaza de muerte cumplió la doble función de eliminar físicamente a algunos disidentes mientras disuadía a otros de continuar con las actividades criminalizadas. A veces, los que aparecían en los listados resistían arriesgar su vida por efecto de las amenazas. Luego, cuando fueron conocidas las primeras ejecuciones, comenzó el exilio de gran número de personas. A raíz de la muerte del profesor Mérida Escobar, caso ya glosado en este Informe, algunos catedráticos del Instituto Normal Mixto de Occidente (INMO) se vieron forzados a salir del país. Con el objeto de proteger su vida "pusieron tierra de por medio" porque se sabía que se estaba cumpliendo lo establecido en la lista distribuida por el ESA.98 

228.

     La ejecución arbitraria como un componente de la estrategia del terror tuvo como objetivo prioritario suprimir todo tipo de oposición política, aun pacífica, eliminando físicamente a los miembros de la oposición o provocando su "exilio voluntario".99  La salida al exilio de ciertas personas fue consecuencia de una práctica del terror selectivo que afectó a esos "individuos o pequeños conglomerados de personas considerados como objetivos específicos".100  Estas personas, por su afiliación a alguna organización social o por haber expresado abierta y libremente su crítica de la política del gobierno, temieron algún atentado en contra de su vida.

229.

El temor que causaba en la población la publicación de estos listados, obraba tanto por el hecho de aparecer allí mencionado, e igualmente si determinado nombre no aparecía.

     "Yo salí porque me sacaron en como cinco listas del Ejército Secreto Anticomunista, condenado a muerte, por comunista supuestamente, por estar metido en la organización sindical ...",101  "Yo sí debo afirmar que nunca vi una lista en la que estuviera mi nombre. No aparecí en lista (...). Iban a avisar sino que si ocurría algo, iba simplemente a ocurrir (...) no todos los que fueron atacados aparecieron en listas".102 

230.

     Saúl Osorio, Rector de la USAC, partió al exilio en abril de 1980 después de que su nombre apareciera en un listado del ESA. Según Amnistía Internacional, el Ministro del Interior avisó a los miembros del personal de la Universidad amenazados por el ESA, de que ellos habrían de tomar sus propias precauciones pues no se podría ofrecer ninguna garantía si dichas personas participaban en manifestaciones o reuniones públicas.103 

231.

     En algunos casos, se recurrió a la ejecución arbitraria después de que otros métodos no lograron el cese de actividades o el exilio de la víctima. El uso de listado fue uno de estos sistemas pues constituía un aviso a la víctima de que su vida estaba en peligro.104  También se perseguía a la víctima con: "...Llamadas anónimas, las amenazas de muerte, las cartas con insultos...".105  Cuando eso no era suficiente, se usaba un procedimiento más persuasivo:

     "En 1986 no recuerdo bien el mes vinieron hasta nuestra casa de noche un grupo de hombres armados que destruyeron muebles y golpearon a mi marido enfrente de nuestro hijo ... un coche con hombres armados seguía a mi marido a todas partes por meses, cada vez que los enfrentaba se burlaban de él, diciéndole que no sería por mucho tiempo...".106  232.

Después de las advertencias, si la víctima no había salido del país, llegaba el momento en que se adoptaba la decisión definitiva de eliminarla:

     "En marzo del año 1988, se presentaron a buscarlo a la oficina sindical, yo estaba sola y por la forma de aparecer y destruir todo comprendimos que eran los ejecutores. Para salvar la vida nos escondimos con nuestro hijo mientras arreglábamos la huida de Guatemala. Salimos al exilio en mayo del 88 ...".107 

233.

     Hubo varios casos de tentativa de ejecución arbitraria que provocaron el exilio de las víctimas. Así ocurrió para los asesores del sindicato Coca-Cola, Marta Gloria de la Vega Gil y Enrique Torres, quienes sufrieron un atentado en contra de su vida el 11 de febrero de 1977; no les quedó otro remedio que salir del país en noviembre de 1978. Israel Márquez, secretario del sindicato Coca-Cola, partió al exilio el 28 de enero de 1979, después de que por error fuera asesinada otra persona, siendo Márquez el auténtico objetivo.108 

234.

     Para las personas que marcharon al exilio, pesó la incertidumbre de saber cuándo dejaría de ser amenazada su vida. Así se expresó al respecto Carlos Figueroa Ibarra, quien salió del país en abril de 1980, después de haber sido perseguido y de que sus padres fueran asesinados: "Todos los que están regresando y todos los que están por regresar, tenemos que pensar que eventualmente se pueden correr riesgos, pero ya todos sabemos que Guatemala es una patria de riesgos".109 

235.

     En multitud de ocasiones cayeron asesinados los exiliados que regresaban sin averiguar si todavía seguían vigentes contra ellos las amenzas de muerte. José Luis Jacomé había sido dirigente sindical en la década de los setenta y secretario general de la Asociación de Estudiantes de la USAC. En 1980 se exilió en Costa Rica por los hostigamientos y amenazas a los que había sido sometido, pero decidió regresar a Guatemala, lo que hizo el 23 de diciembre de 1980, por cuestiones personales. El 28 de enero de 1981 a las 7:10 fue asesinado en la Calzada San Juan.110 

236.

     El terror generalizado, conseguido gracias a las amenazas y las posteriores ejecuciones fue patente merced a los continuos asesinatos de dirigentes ampliamente conocidos. Este sentido de desprotección y descoordinación resultó palpable después de la muerte del líder político Manuel Colóm Argueta, quien cayó asesinado en la ciudad capital el 22 de marzo de 1979 en una operación de gran envergadura y elevado poder de fuego.111  Esta ejecución pública y organizada provocó efectos graves en la población y en el partido político FUR que dirigía Colom Argueta. Su organización quedó acéfala y sin rumbo, y algunos de sus miembros y dirigente fueron también ejecutados o bien partieron al exilio.112 

     "Parecería ser que el terrorismo estatal ha tenido entre sus criterios más preciados, para liquidar a una persona, y que ésta sea ampliamente conocida, apreciada y que tenga una amplia gama de relaciones personales. Esto se ha hecho por la sencilla razón de que se genera más miedo en las personas que conocieron al asesinado, que en aquellas que no lo conocieron. Por otra parte, con el asesinato o desaparición de dirigentes, en alguna forma se puede generar la mayor sensación de desprotección, falta de dirección y por supuesto, desorganización".113 

237.

     Otra forma de amplificar el terror se desarrolló a través de las ejecuciones arbitrarias de quienes sin tener ninguna militancia política, eran populares por desempeñar otras labores profesionales. En 1980 en la Universidad de San Carlos fueron asesinados miembros de su personal que nunca participaron en política ni dentro ni fuera del ámbito académico. Un ejemplo es el del director de la Oficina de Registro, Luis Felipe Mendizábal.

     "Nadie se ha explicado por qué lo mataron. Pero hay un objetivo, el terror en sí como método contrainsurgente. Mucha gente diría, si matan a Felipe Mendizábal, ¨a quién no pueden matar? Y eso da lugar al terror que todavía existe en Guatemala".114 

     "Otro criterio para seleccionar a las víctimas es que éstas sean conocidas, pero que conocida sea también su falta de participación en actividades políticas o reivindicativas, con lo que el terror que se despierta en aquellos que sí tienen algún grado de participación, se potencializa. Esto último fue particularmente cierto en la época de Lucas García, en la cual el terrorismo de Estado, como ya hemos dicho, se incrementó de manera notable".115 

238.

     Estas modalidades de terror urbano, complementadas por la aparición de cadáveres que presentaban con mucha frecuencia señales de tortura o mutilación fueron ampliamente divulgados a través de los medios de prensa. La difusión de estas imágenes consolidó un recuerdo constante de la violencia aun para quienes no estuvieron directamente involucrados en la lucha política. En el área urbana, fue común que aparecieran cadáveres en barrancos, calles, carreteras, que descubrían los trabajadores o vecinos del lugar.

239.

     En abril de 1971 en la ciudad capital, cuatro hombres armados, vestidos de civil, ingresaron a la residencia de Alfredo Ramiro Sandoval Arroyo, registraron su casa y se lo llevaron detenido. Su cadáver fue encontrado en el camino al Colegio Austríaco, exhibía señales de tortura, le habían cortado los genitales y se los habían puesto en la boca. Tenía quemaduras de cigarros en todo el cuerpo. La víctima había apoyado activamente la candidatura de Manuel Colom Argueta para la alcaldía capitalina.116 

En el área rural

240.

     En el área rural fueron empleadas estas mismas técnicas del terror asociadas a las ejecuciones arbitrarias, aunque adaptadas a las condiciones del campo. En el interior del país, la eliminación sistemática de los líderes tradicionales, catequistas y cooperativistas, dejaron secuelas de desestructuración, desprotección y desorganización al interior de la comunidad.

     "El Alcalde Rezador, (...) es el máximo jefe de todos. (...) El Alcalde Rezador que había allí [en Huehuetenango] en 1980, era un viejito y a cuatro o cinco de sus [amigos], digamos, a todos, llegó el Ejército y los decapitó ahí junto al centro ceremonial, los decapitó, les voló la cabeza ahí frente a toda la gente, como un escarmiento de que la gente quedara descabezada".117 

241.

     El simbolismo puesto de manifiesto por la forma de matar a los líderes fue evidente también en el siguiente caso de ejecución arbitraria de Antonio Hernández, líder maya y dirigente del CUC y de la Acción Católica, en el cantón Xesic, de Santa Cruz del Quiché. Desde el año 1977, la víctima empezó a ser amenazada por las actividades en que participaba. El 17 de octubre de 1980, su esposa e hija fueron apresadas para interrogarlas sobre él.118  El 21 de enero de 1982 Antonio Hernández fue capturado en el Centro Xesic IV. Se escuchó un disparo, cuando lo capturaron, él gritó: "Muchá, muchá, cuídense", luego su cadáver apareció en un barranco; había sido torturado. "Lo encoronaron con la planta de mora, y le pusieron la corona de espinas, y le dejaron una Biblia, le bajaron el pantalón, lo clavaron como en la cruz". Los vecinos lo sacaron del barranco y fue velado en Xesic. A la hora del velorio, llegó el Ejército, los presentes huyeron y el cadáver se quedó solo y los familiares regresaron como a las tres de la mañana. El entierro fue el 22 de enero y asistieron cerca de cinco mil personas, de Chimaltenango, Chichicastenango, Totonicapán. Había alerta del Ejército que hacía la guardia. Después del entierro, entrada la noche, el Ejército fue a sacar el cuerpo de su tumba. Durante ocho días mantuvieron fuera de su sepultura. Luego de que los soldados retiraron la vigilancia, nuevamente la comunidad lo volvió a enterrar.119 

242.

     En el área rural también fue común la práctica de dejar cadáveres abandonados por los caminos para que los vecinos los descubrieran posteriormente. El 3 de diciembre de 1983 fue secuestrado Manuel de Jesús Martínez Román en la comunidad Benemérito de las Américas, del municipio de Ocosingo, en el Estado mexicano de Chiapas. Tres días después apareció su cadáver flotando en el río Usumacinta con las manos atadas por la espalda. Tenía hematomas en la cara y en la espalda y varios agujeros de bala en el pecho. La víctima era miembro de la cooperativa La Técnica, municipio La Libertad, departamento del Petén, y había huido a México a raíz de los constantes hostigamientos realizados por soldados del destacamento militar de la Aldea Pipiles, ubicado a escasos kilómetros del lugar donde le habían secuestrado.120 

243.

     Además de los cuerpos arrojados en los caminos, otra práctica recurrente fue la exposición pública de cadáveres en puntos estratégicos o dotados de una clara significación o simbolismo social, como las puertas de instituciones públicas, los parques, las iglesias, o las escuelas. Esta práctica aumentó el horror e incrementó la intimidación entre la gente, por ser una forma de tratar los despojos de un ser humano especialmente degradante.

     "Encontramos a José en el centro. Su cuerpo era muy golpeado. Pudimos verlo bien porque los soldados lo habían dejado desnudo y amarrado a un poste en el mero centro".121 

244.

     En algunos casos incluso se dejaban mensajes escritos en el cadáver, como aviso para quienes lo encontraran. Alfonso Simaj, de 25 años de edad, salió el domingo 22 de marzo de 1981 hacia el monte Paraxaj. Como no regresaba, su padre fue en su búsqueda después del mediodía y lo encontró colgado de un árbol, con la lengua arrancada y algo escrito con sangre en la piel, que no pudieron entender por no saber leer.122 

245.

     Abandonar los cadáveres expuestos en estacas, colocar las cabezas de las víctimas degolladas sobre postes o colgando de los arboles, cortar las lenguas o las manos, mutilar los senos o los genitales, fueron prácticas que llegaron a ser habituales y que se realizaban antes o después de la muerte de la víctima. Aquellos macabros hallazgos y estos usos contribuyeron en gran medida al ascenso del terror.

     "Esa noche encontramos cuatro mujeres y el oficial dijo que en un cerro dormiríamos con ellas. Luego de hacer uso de ellas el oficial nos dio la orden de hacer unas estacas y sembrarlas allí. Allí las sentaron y quedaron las figuras en fila en la montaña".123 

246.

     El 8 de febrero de 1989 en el municipio Río Bravo, Suchitepéquez, aparecieron los cadáveres de Melecio Darío de Léon Régil Gamboa y de su hijo Melecio Aarón de León Régil Rosales que previamente habían sido torturados. Los cuerpos estaban amarrados; habían sido estrangulados con alambres de púas que rodeaban sus cuellos, las muñecas y los tobillos. Sus caras habían sido quemadas con un líquido inflamable; presentaban perforaciones de bayoneta y de armas de fuego en sus piernas. Estaban sin ropa, solamente en calzoncillos, los dos juntos.

     "En los brazos de Melecio Darío estaban los pies de Melecito y en los brazos de Melecito estaban los pies de su padre".124 

247.

     Uno de los efectos de la frecuente exposición pública de cadáveres fue facilitar que los cuerpos fueran comidos por perros y otros animales, lo que contribuía a la deshumanización de los sacrificados y al sufrimiento de los familiares. En un caso la víctima fue atada a un palo y lo dejaron expuesto al sol del día y al frío de la noche, sin comida y sin agua. No lo apartaron de allí, ni siquiera después que hubo muerto, sino dejaron que los perros y los zopilotes lo devorasen.125 

248.

El aislamiento en que se encontraban muchas comunidades rurales permitió que el Ejército, comisionados militares y patrulleros civiles pudieran actuar a la vez abierta y clandestinamente, ejerciendo medidas de control sobre poblaciones enteras, convocando a reuniones forzadamente, obligando a los moradores a presenciar e incluso a participar en actos de violencia concebidos y destinados a imponer el terror en las comunidades.

     "En un helicóptero se movía ... [el Jefe de Estado Mayor del Ejército], llegaba a las comunidades y juntaba a la gente. En los oratorios decía aquí está la guerrilla y ustedes los están ayudando, entonces para que les quede ejemplo, sacaba alguien de la gente y lo fusilaban delante de todos, decía para que no sigan apoyando la guerrilla y por si ustedes todavía no están colaborando con ellos, para que de todas maneras no lo vayan a hacer".126 

249.

     Este concepto de ejecución ejemplar fue repetido con especial frecuencia en el área rural entre 1980 y 1983. En la comunidad de El Sabino, del municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, el 1 de noviembre de 1982 llegaron los soldados portando un listado que incluía los nombres de varios vecinos que supuestamente habían ingresado a la ORPA. La patrulla militar traía consigo a Marcos López Simón, que vivía en el camino entre la comunidad El Cajón y El Sabino. Reunieron a la población frente a la escuela y los obligaron a observar cómo torturaban y después fusilaban a López. Los soldados les dijeron: "Vengan a ver cómo se mueren los guerrilleros".127 

250.

     La obligación de presenciar la ejecución arbitraria de alguien, máxime si esta persona era un vecino y si sufría una muerte dolorosa, transmitía terror a los que observaban el acto. En algunas oportunidades, jefes de patrulla o comisionados militares de la misma comunidad participaron junto al Ejército en estos actos.

251.

     En junio de 1982, los hermanos Santos, Antonio y León Chivalán y otro vecino, Miguel Ichol, todos patrulleros civiles, fueron capturados por soldados en el cantón Santa Rosa Chujuyub, Santa Cruz del Quiché. Los trasladaron a Santa Cruz y allí los tuvieron encarcelados durante tres días. Posteriormente los regresaron a Santa Rosa Chujuyub, donde los soldados reunieron a la comunidad para exponer que los detenidos eran guerrilleros y que por esa causa había que pasarlos por las armas. Antes de ejecutarlos, pidieron a toda la comunidad que levantaran la mano quienes estaban de acuerdo con que murieran. La gente no quería que los mataran pero sentían que si no levantaban la mano, todos serían eliminados y por eso lo hicieron. Después de haber recibido el forzado consentimiento de la comunidad, los soldados procedieron a lanzar piedras a las cuatro personas y como no morían, los soldados tomaron a cada uno de ellos y los degollaron ante la mirada de todos, incluyendo mujeres y niños.128 

252.

Otra técnica aplicada consistió en obligar a participar a miembros de la misma comunidad en las ejecuciones, para romper la solidaridad existente entre los vecinos y como un elemento más de terror psicológico.

253.

     En febrero de 1983 en la comunidad Chorraxac del municipio de Joyabaj, Quiché, unos dos días antes de la fiesta de Candelaria, un colaborador de la guerrilla llegó a la casa de Josefa Larios, de 14 años, y dejó algunos papeles en su casa. Como había vigilancia de las PAC en la comunidad, el jefe de patrulla se enteró del hecho y dio aviso al destacamento militar, situado en la cabecera municipal. El oficial del destacamento mandó a aprender a Josefa. La capturaron, la amarraron, aunque en la noche logró soltarse y escapar. A la mañana siguiente, los padres y la niña se presentaron ante los jefes de patrulla de Chorraxac para aclarar el asunto y solicitar que le perdonaran la vida a la niña. El segundo jefe de las PAC se enfureció, golpeó al padre y ordenó reunir a todos los vecinos. Una vez se reunió la comunidad, el Jefe de las PAC les dijo: "Que la conozcan, ésa es la guerrillera." Intimidó a los presentes y preguntó que quién quería matar a la guerrillera. Tomó a la niña y le dijo que señalara entre toda la gente a la persona que dejó en su casa los pasquines de propaganda de la guerrilla. La niña señaló a un joven, quien negó firmemente la acusación. El Jefe de las PAC, llamó al joven, le dio un arma y le dijo que si no la mataba, él también moriría. El joven tomó el arma, disparó y mató a la niña. El jefe de las PAC le dijo finalmente a la población: "Ahora mata[mos] a la guerrillera, y así haremos con cualquiera que pensemos que es guerrillero".129 

254.

     En el área rural, muchas veces quienes fueron obligados a participar en las ejecuciones eran miembros de las PAC. El 10 de mayo de 1981, en el cantón Nebaj del mismo municipio del departamento del Quiché, Vicente, caporal de la finca Alta Vista, fue capturado y conducido al frente de la iglesia, donde se concentró a toda la gente del pueblo. El capitán que encabezaba el grupo de soldados, en su perorata, dijo que así iban a terminar los que ayudaban a la guerrilla. Después, pusieron a Vicente a la par de la iglesia, de espalda a un grupo de patrulleros civiles que el oficial había convocado. A cada uno de estos, unos veinte, les proporcionaron un Galil y el mismo capitán les dijo: "Para que aprendan a tener huevos". Después, dio la orden de disparar.130 

255.

     Como parte del objetivo de generalizar el terror, se pusieron en práctica modos extremadamente crueles de privar de la vida a las víctimas. Cuando un amigo o conocido sufre una muerte cruel, suscita en los demás no sólo el temor por sus vidas, sino el miedo a no saber cuál podría ser la modalidad de su ejecución.

     [El 11 de mayo de 1980, el Padre Voordeckers comentó( "Yo tengo un miedo tremendo porque ya recibí amenazas, me quieren matar y me van a matar, pero si me quieren matar o si me quieren arrastrar, yo voy a correr, no me voy a dejar secuestrar, mejor prefiero recibir un balazo y no ser secuestrado así".131 

256.

     En áreas rurales con predominio de población maya, la mayoría de ejecuciones incluyó elementos de crueldad y solían realizarse públicamente. Algunas de estas acciones fueron perpetradas tanto en masacres indiscriminadas como en ejecuciones individuales. Entre las formas más crueles de ejecutar la Comisión registró las siguientes, entre otras: quemar a las personas vivas, darles machetazos, decapitarlas, arrancar partes del cuerpo a personas vivas, matar a golpes, asfixiar, estrellar a los niños contra las paredes y piedras, abrir los vientres de las mujeres embarazadas.

257.

     En septiembre de 1982 el tercer jefe de la Patrulla de la cabecera de Zacualpa, llegó a la casa de Jerónimo Sinaj Toj, lo capturó delante de la familia, lo encerró en la vivienda y luego le prendió fuego a la misma. La persona murió quemada en su propio hogar.132 

258.

     Fue también usual que en lugar de ejecutar a una persona con arma de fuego se optara por darle machetazos a las víctimas o acabar con su vida a golpes para causarles más dolor antes que se produjera el fatal desenlace. En noviembre de 1982, en el municipio El Naranjo, Petén, Roberto Castillo Manzanero fue capturado en la noche. Lo torturaron cortándole los dedos de los pies y las manos, luego los pies y manos, y así prosiguieron poco a poco hasta que sólo quedó el torso y la cabeza y por lo tanto, murió desangrado.133 

259.

     La asfixia de la víctima fue una forma corriente de ejecutar a las víctimas. En algunos lugares este método fue denunciado con el nombre de "la tórtola".

     "Usaron un método que ellos le llaman la tórtola. Eso consistía en amarrarles un lazo en el cuello y con un palo enrollárselos hasta que murieran de asfixia".134 

260.

     En otras ocasiones las mujeres embarazadas fueron objeto de los más graves ultrajes. A muchas de ellas, mientras todavía se encontraban con vida, les abrieron los vientres y les sacaron el feto, arrebatándoles la vida a la mujer y negándole al feto la continuación de su desarrollo. El objetivo en estos casos era "arrancar la semilla" y no permitir la continuidad a la vida de los miembros del grupo.

261.

     En octubre del año 1981, el Ejército entró en la comunidad de las Guacamayas, del municipio de Uspantán, Quiché. Los soldados del destacamento capturaron a varias mujeres. A Dolores Mejía Reynoso, que estaba embarazada, la violaron sexualmente. Luego la degollaron, abrieron su vientre y le sacaron el feto que tenía ocho meses de gestación, y la intentaron quemar. Horas después, regresaron algunos vecinos que consiguieron enterrar su cadáver; no así al feto porque los perros se lo habían comido casi por completo.135 

262.

Cuando la víctima era enviada a algún destacamento o cárcel clandestina, los hechos que relatan los sobrevivientes u otros testigos describen el espanto de lo ocurrido.

     "Eso lo hacían, lo hicieron en el horno de pan que antiguamente estaba allí en esa casa vieja que yo le digo, cal gamezán, toques eléctricos de 110 voltios, hasta 220 voltios. ... Morían quemadas. ... Se incineraba todo, cenizas sí quedaban. Los mismos que barrían fueron los que iban a ser muertos. ... Los que fueron mandados a limpiar los hornos eran los que posteriormente fueron quemados".136 

     Un sobreviviente detenido en un destacamento relató: "De unos refugiados que llegaron algunos meses después, escuchamos lo que pasó con los cuatro refugiados secuestrados por el Ejército. Uno de ellos era patrullero y se encontraba en el destacamento durante el tiempo que trajeron las víctimas allá. Nos dijo que pusieron los cuatro hombres, dos de ellos muchachos, en una pila de agua durante ocho días. Durante esto días los cuatro no recibieron comida y fueron pateados y pegados duramente. Después de los ocho días, los pusieron en la secadora de café del dueño de la finca. Echaron fuego a la secadora y durante tres días calentaron a las cuatro personas, quienes poco a poco se murieron del calor y sed. Cuando habían muerto los cuatro los enterraron en un hoyo en el destacamento".137 

263.

     Además de las prácticas ya descritas, las tropas regulares también desplazaban de aldea en aldea a personas detenidas con arbitrariedad y así mismo torturadas para que la gente se diera cuenta del tratamiento que se le daba a los prisioneros.138  Se dieron casos, en los que luego de cortar las piernas o brazos de las víctimas, los soldados los trasladaban siguiendo itinerarios de este tipo, pueblo por pueblo, para evidenciar sus actividades y extender el terror por las comunidades.

     "El 19 de julio de 1981, los soldados del Ejército mataron a mi papá. Mi papá era rezador de costumbre maya. (...) Los soldados sacaron mi papá de la casa y le llevaron una veinte cuerdas de distancia de la casa. (...) Yo seguí los soldados hasta el lugar donde mataron a mi papá, y vi como lo mataron. (...) Empezaron a tirarlo piedras las cuales lo hirieron en su cabeza. Salió mucha sangre. Después empezaron a machetearlo hasta que murió. Le cortaron su brazo y los soldados llevaron el brazo para enseñarlo en todos las aldeas alrededores, para mostrar a la gente que es lo que pasa con subversivos".139 

Mecanismos que impidieron la investigación de las ejecuciones arbitrarias

264.

     La mayoría de las ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado se complementaron con otros actos y maniobras orientadas a evitar o entorpecer la investigación de los jueces, intensificando el clima de impunidad.140  El terror generalizado antes descrito, creó una situación de intimidación masiva tal que una investigación seria de las actuaciones de las fuerzas contrainsurgentes era poco probable.141  Familiares de las víctimas abrumadas por el miedo, no buscaron a las autoridades encargadas de investigar las ejecuciones arbitrarias; y éstas a su vez, en los pocos procesos que tenían asignados, no respondieron con investigaciones adecuadas. Actividades estrechamente asociadas a la práctica de ejecución arbitraria fueron implementadas para ocultar la identidad de los autores y de las víctimas, facilitando la virtual impunidad con que obraron los agentes del Estado.

265.

Los métodos a los que se recurrió para conseguir tal fin fueron varios, pero se pueden estructurar en intentos de encubrir la identidad de los autores, ocultar la identidad de las víctimas, eliminar a los sobrevivientes o los testigos, y buscar infundadamente pretextos legales en el supuesto de que el Estado presuntamente causara o consintiera la muerte de algunas personas.

El encubrimiento de la identidad de los autores

266.

Una de las formas en que los agentes del Estado intentaron eximirse de la responsabilidad de sus acciones, fue señalar como autores a otros grupos que en teoría no actuaban bajo su control, como los escuadrones de la muerte.

267.

      En 1981 Amnistía Internacional afirmó que "el Gobierno no niega que gente que se considera 'subversivos' o 'delincuentes' son capturados y asesinados diariamente en Guatemala, pero señala que los responsables son los escuadrones de la muerte independientes y anticomunistas".142  Sin embargo, como se señala en el apartado de Autores, los agentes del Estado fueron los que cometieron la mayor parte de las ejecuciones arbitrarias y dentro de éste grupo se encuentran incluidos los escuadrones de la muerte, toda vez que actuaron bajo el control del Ejército.

268.

     En el área rural el Estado también empleó esta técnica de atribuir con intención maliciosa la autoría del hecho a otro grupo, sobre todo a la guerrilla. Se procedió de diferentes formas, como disfrazarse de guerrillero dejando panfletos o pintadas en las paredes firmadas por la guerrilla. Los soldados dejaron una manta encima de una víctima donde figuraban todas las siglas de los grupos insurgentes: ORPA, FAR, EGP, PGT, CUC.143  En este caso, por ejemplo, el declarante sigue afirmando que esa era una señal de que a la víctima la habían asesinado los confidenciales del Ejército porque todos los que estaban organizados sabían que las organizaciones nunca firmaban así porque trabajaban separadas.144 

269.

     Hubo casos en los que vecinos de la comunidad descubrieron la verdadera identidad de los autores. En una de estas ocasiones, un soldado admitió su participación en los hechos.

     "Entonces, el oficial, para engañarlo dispuso disfrazarse de guerrillero, se pusieron aquella ropa verde olivo; pero fueron estúpidos porque no cambiaron de arma, estúpidos les llamo yo porque no cambiaron las armas, Galiles, y sólo el Ejército tenía Galiles, la guerrilla sólo escopetas viejas y rifles viejos".145 

270.

     Como método de confusión y obstrucción de una probable investigación, las acciones fueron exitosas porque aunque algunas personas de las comunidades se daban cuenta de que los autores pertenecían al Ejército y no a la guerrilla, otras resultaban engañadas, provocando así discrepancias en la comunidad. Esta situación logró aumentar el grado de polarización existente en las aldeas, o por lo menos, infiltrar versiones distintas incluso entre testigos directos de los hechos.

271.

     También el Ejército u otros agentes estatales ocultaron a menudo su identidad en el momento del hecho y llegaron a "ayudar" o "investigar" después de consumar. Eso ocurrió especialmente cuando el Ejército asesinó a sus propios colaboradores, es decir, jefes de las PAC y comisionados militares.

     "Mataron a un buen Comisionado, Caín Palma. El abogaba por la gente, defendía la gente honrada. La gente sabía que por eso lo iban a matar. El [sobornaba] mucho, daba fiestas para el destacamento y el teniente. No lo hacía por malo, sino para quedar bien y poder defender a su gente. Una noche el Teniente ... llegó a su casa y le dijo: "Vos estás jugando las dos cartas." Lo golpearon y lo amarraron, y se lo llevaron al río El Cabro, a un kilómetro de su casa y le dispararon. Ahí quedó su cadáver. La aldea lo recogió. Incluso el Teniente disimuló, dándole honores en el velorio, diciendo que "la guerrilla ha matado uno de los mejores hombres" y mandó a todas las aldeas cercanas a rastrear la guerrilla. Sabemos que fue el teniente [que lo mató a Caín] porque la esposa lo vio, y después ella desapareció de la aldea. También otro señor los vio por el río donde lo mataron. Al principio la gente dudaba que era el Ejército porque él parecía tan amigo de ellos, pero después la mujer lo contó".146 

El ocultamiento de la identidad de la víctima

272.

     Muchas personas fueron inhumadas en cementerios clandestinos inmediatamente después de ser ejecutadas, impidiendo así un reconocimiento de la víctima y la reconstrucción de los hechos. Cuando los soldados patrullaban por las montañas o intervenían en acciones clandestinas en las áreas urbanas, con frecuencia enterraban sus víctimas en el mismo lugar en que les habían dado muerte.

     "Luego de que los habían matado, pues los echaron en una fosa que habían cavado. ... El oficial ordenó que le echáramos tierra allí, verdad que le echaran aquellos tierra y le echaron tierra, taparon las fosas y quedó así".147 

     "En el destacamento de Ixchiguán hay un cementerio clandestino con gente enterrada de varios lugares del Altiplano marquense (Sibinal, Tejutla, Tacaná...) y también de la Costa".148 

273.

Cuando ciertos destacamentos militares se cerraron, y el terreno regresó a sus propietarios legítimos, las comunidades encontraron huellas de cementerios clandestinos en algunos de estos enclaves.

     "Después de que se fueron los del destacamento de la finca, encontré que en un carralito (matorral) dejaron un cementerio clandestino, actualmente allí tienen cafetales, pero está cerca de un palo de guayabo, como a veinte metros de donde estuvo el destacamento, abajito de la última galera que estaba en la finca (...) allí dejaron enterradas algunas osamentas de varios compatriotas, eso del cementerio fue en 1982. (...) Existen muchos más cadáveres en ese cementerio, pero yo no pude identificar a la gente que allí mataron. En ese destacamento hicieron unos hoyos, para sepultar y torturar a la gente, yo mismo los vi a inmediaciones de donde estuvo el destacamento, estoy seguro que al llegar a ese lugar, y buscar, se encuentran osamentas de mucha gente".149 

274.

     En otros casos, los declarantes señalaron que sospechaban de la existencia de cementerios clandestinos en los lugares donde antes se hallaba un destacamento del Ejército. En la casa privada donde antes estuvo el destacamento de Aguacatán, Huehuetenango, los declarantes comentan: "Allí en la casa de Don Chag�ito hay un cementerio clandestino. No lo hemos visto, pues, pero allí, tiene que estar. ¨Cómo vamos a estar seguros? Dios guarda que alguien vaya allí para preguntar si pueden entrar a ver si hay un cementerio clandestino".150 

275.

     Otra forma de intentar encubrir las acciones fue a través de medidas destinadas a impedir que se reconociera a la víctima o que los familiares la encontraran. Cuando se descubría un cadáver que no se podía identificar, o bien porque era arrojado en un lugar donde no era conocido o bien porque era irreconocible debido a ácidos u otro tipo de mutilación, el resultado probable era que se lo enterrara como "XX" (de identidad desconocida) y no se emprendiera ninguna investigación. A veces se abandonaban los despojos lejos del lugar donde la víctima fue capturada o vista por última vez. En otros casos, aunque se enteraban del hecho, por miedo rehuían identificar el cadáver.

276.

     En 1980, en el municipio de Aguacatán, los cadáveres aparecían abandonados en las comunidades y por las carreteras, y eran tanto de personas desconocidas como de vecinos del lugar.151  Los desconocidos fueron registrados con la clave XX en el libro de defunciones de la municipalidad.152  En la práctica, esto hacía nula la posibilidad de una investigación de los hechos en lo referente a quiénes fueron los responsables y en qué circunstancias murió la persona, y menor la posibilidad de abrir juicio en contra de los autores. Por lo menos, si la familia lograba identificar el cuerpo, podría abordarse la investigación de lo sucedido.

277.

     Ocurría también que sólo se lograba identificar unos cadáveres y otros no, lo que obligaba a enterrarlos como XX. "Habían secuestrado al compañero Julio Vásquez Recinos, quien apareció 15 días después en el río Selegua en El Tapón, sin testículos, sin uñas, y sin la mano derecha, atado con otro compañero que nunca se logró identificar su cadáver".153 

278.

Sin embargo, estos métodos de ocultamiento no siempre fueron efectivos, ya que varios familiares consiguieron identificar a sus víctimas, en particular cuando era muy conocida o cuando sus familiares vivían en un área urbana o tenían acceso a mayor información y una relativa facilidad para acudir a las autoridades.

279.

     En diciembre de 1974 en la ciudad capital, el dramaturgo Huberto Alvarado Orellana, de cuarenta y seis años de edad, miembro del Comité Central del PGT, y Miguel Angel Alvarado fueron capturados por miembros del Ejército y la Policía Judicial en la Colonia Reformita, Zona 12. Fueron salvajemente torturados y asesinados con disparos de armas de fuego. Los cadáveres fueron localizados en la morgue del hospital general y hubo intentos de enmascarar su verdadera identidad y enterrarlos como personas desconocidas.154  Sin embargo los familiares lograron entorpecer y neutralizar tales intentos y recuperar finalmente los cuerpos.

280.

     En otros casos, aunque los cadáveres aparecían abandonados, los vecinos hacían llegar mensajes a la familia de la víctima. En la madrugada del 20 de noviembre de 1983, un grupo de seis hombres de la G-2 fuertemente armados, asaltó la casa de Fausto Armando y Alberto Rubén Ochoa Ochoa, en San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos, a quienes metieron a la fuerza en dos carros y se los llevaron. El 25 de noviembre de 1983 Ochoa Ochoa apareció asesinado en Palestina de los Altos, Quetzaltenango. "Los ojos de Alberto estaban completamente deformados, parecía como le hubieran echado agua caliente y sus párpados estaban quemados". A las tres semanas de haber encontrado a Alberto, el 17 de diciembre de 1983, les avisaron a los familiares que Fausto había sido descubierto asesinado en el río Samalá, en Retalhuleu. "Se notaba que lo habían dejado sin alimentación, pues estaba completamente desnutrido y esquelético. Además le habían puesto descargas eléctricas y le habían cortado sus genitales".155 

281.

     Otro impedimento expeditivo para borrar las huellas de las ejecuciones arbitrarias, fue la quema de los cuerpos de las víctimas hasta que sólo quedaron cenizas o pedazos de cadáveres. El 21 de abril de 1980 en el cantón Choacamán IV, del municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché, Miguel Lux y Antonio Lux se encontraban preparando la tierra para la siembra de la milpa. A eso de las diez de la mañana pasó por ese lugar una columna de soldados y civiles, cuyos integrantes abrieron fuego contra ellos, abatiendo a ambos. Los soldados juntaron caña de milpa y zacate seco, colocándolos sobre los dos cadáveres y a renglón seguido les prendieron fuego. Los dos cuerpos se quemaron totalmente, quedando tan sólo los huesos calcinados. Ese mismo día se les enterró en el campo donde fueron sorprendidos trabajando.156 

La eliminación de los sobrevivientes o testigos

282.

     Otro sistema para impedir que se investigaran los hechos de violencia consistía en rematar a los sobrevivientes o matar a los testigos.157  En algunos casos, cuando una persona había sobrevivido a un atentado y era llevado a un hospital "se veían por la noche movimientos extraños".158  A través del parte que siempre redactaba el agente de la Policía Nacional de turno en el centro hospitalario, el Ejército conocía de la llegada del herido y se desplazaban para rematarlo. El personal sanitario procuraba no hablar con ellos porque se encontraban muy vigilados. Los soldados avanzaban directamente a la cama, preguntaban por el nombre del paciente y le daban el tiro de gracia o lo sacaban del hospital para no regresar nunca. Así ocurrió con unas diez o doce personas.159 

283.

     El 24 de septiembre de 1980, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, Lucila Rodas Hildalgo, viuda de Villagrán, fue tiroteada y a continuación trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde le internaron. La familia realizó gestiones para llevar a Lucila a otro centro; en ese lapso de tiempo, hombres armados entraron al hospital y la asesinaron.160 

284.

     En determinadas circunstancias los responsables volvieron para buscar y matar a los testigos de un acontecimiento. El 25 de junio de 1985, en el cantón Xechivoy, del municipio de Santiago de Atitlán, Sololá, Salvador Sisay Petzey atendía la farmacia de su propiedad cuando fue ejecutado por varios supuestos miembros de la G-2. Se dice que una de las razones del asesinato de Salvador estribaba en el hecho de reclamar al Ejército explicaciones por la desaparición de su yerno, de la cual él había sido testigo.161 

285.

Durante los servicios de patrulla, los miembros del Ejército ejecutaron a menudo a personas que se encontraban por casualidad durante su recorrido, con el fin de eliminar a los testigos.

     "Una vez encontramos a una viejecita como de 50 años con una mochila llena de masa de maíz y como no le entendíamos qué decía el oficial dijo que la mataran. Para esto ya había un grupo que lo hacía y que también hacía las estacas para dejar a la gente sentada allí. Los oficiales nunca dejaban a alguien que capturáramos con vida ya que después podían acusar; por eso ellos, aunque fuera mujer, había que matarla".162 

La búsqueda infundada de pretextos legales

286.

     En la mayoría de los casos, a través de las prácticas de terror y encubrimiento, el Estado no señala el motivo por el qué sus agentes asesinaban a una persona. Sin embargo, hubo situaciones en las que se pretendió ofrecer una explicación de la muerte de cierta persona, sobre todo cuando se trataba de una víctima muy conocida o suceso de gran resonancia pública. En estos casos, se intentó encubrir acciones, a través de la búsqueda infundada de pretextos legales que puede esgrimir un Estado cuando causa la muerte de un ser humano.

287.

     El combate representa una de las situaciones que puede justificar la muerte de los que luchan. Sin embargo, hubo varios testimonios que señalan que el Ejército, después de ejecutar de manera arbitraria a una persona, pretendió justificar la muerte como si hubiera ocurrido en el curso de una escaramuza y como si se tratara de un guerrillero. Algunas formas de camuflar incluyeron vestir a la víctima con el uniforme de la guerrilla y/o disponer junto al cadáver un arma de fuego.

288.

     En el caso de Juan Chanay Pablo, ejecutado por patrulleros de Colotenango, Huehuetenango, después de una manifestación donde se reclamaba que se disolviera la patrulla civil, un testigo directo declaró a la CEH que, "la G-5 le metió una granada y una pistola en su bolsa típica, después que murió, para hacer parecer que la víctima tuvo propósitos violentos y no pacíficos".163 

289.

     En Guatemala existe la pena de muerte, que permite al Estado privar de la vida a una persona después de celebrado un juicio que cumpla con los requisitos de debido proceso. El Estado de Guatemala, bajo el Gobierno de Ríos Montt, estableció los Tribunales de Fuero Especial con fin de juzgar a supuestos delincuentes para que fueran condenados a la pena de muerte. Ríos Montt dijo a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "Yo soy el que hace las leyes. Le garantizo al público un uso justo de la fuerza. En vez de cadáveres en las calles, voy a fusilar a los que cometan delitos".164 

290.

     Dada la falta de garantías procesales que suponen los juicios secretos, no se pueden justificar las condenas de los Tribunales de Fuero Especial como reflejo de una aplicación legítima de la pena de muerte. La CIDH condenó la aplicación de la pena de muerte en ese contexto y declaró "que la instauración de los Tribunales de Fuero Especial en Guatemala y de toda clase de tribunales secretos carentes de independencia, de autonomía y de sindéresis, son contrarios a las normas universalmente aceptadas para el debido proceso y violatorias de las disposiciones consagradas a este respecto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos....".165  Los fusilamientos realizados en cumplimiento de las sentencias impuestas por tales Tribunales fueron contrarios a la justicia y al derecho a la vida.166  En 1982 el Estado ejecutó a 16 personas instrumentando los fueros especiales y éstas fueron ejecuciones arbitrarias pese a los intentos de acreditarlas como aplicaciones legales de la pena de muerte.167 

291.

     También el XI Congreso Jurídico Guatemalteco recomendó la supresión de la Ley de Tribunales de Fuero Especial, en ponencia que trataba de los "Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y su incidencia en los Tribunales de Fuero Especial".168 

Las víctimas de las ejecuciones arbitrarias

292.

La CEH registró un total de 23671 víctimas de ejecución arbitraria, cometidas por agentes del Estado, de las cuales, el 81% fueron individuales y colectivas identificadas, y el 19% corresponden a víctimas sin identificar.

293.

     De las ejecuciones arbitrarias cometidas por el Estado, el grupo étnico más afectado a lo largo del enfrentamiento armado, fue la población maya con 86.5% del total de las víctimas identificadas. Ladinos fueron el 13.3%.169  Entre los mayas, el más afectado fueron los K'iche', seguido por los ixil, los kaqchikel, los q'eqchi' y los mam. Estas ejecuciones se dieron principalmente en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Nota: se incluyó sólo 97.73% de los datos, 2.27% no tienen información de pertenencia étnica.

Nota: porcentaje calculado en base al total de víctimas individuales identificadas con pertenencia étnica conocida, quienes sufrieron Ejecución Arbitraria.

294.

     Las ejecuciones arbitrarias afectaron tanto a hombres como a mujeres. Cerca de la quinta parte de las víctimas fueron mujeres. Un porcentaje significativo comparado con los porcentajes de mujeres comúnmente víctimas en este tipo de conflictos.

295.

     La descripción de la diversidad de víctimas de las ejecuciones arbitrarias que a continuación hace la CEH, se fundamenta en los diferentes testimonios recopilados en el campo y en los diferentes estudios técnicos patrocinados por esta Comisión a equipos de antropología forense que realizaron exhumaciones de cementerios clandestinos. Estos estudios demuestran de forma dramática como la violencia afectó de forma indiscriminada durante el enfrentamiento armado a hombres, mujeres, ancianos y niños.170 

296.

     Aunque los sectores de la sociedad más afectados por la práctica de ejecución arbitraria por agentes del Estado, fueron el movimiento sindical, las autoridades religiosas y locales, y los partidos políticos, las mujeres también fueron víctimas de ejecución arbitraria por una extensa gama de circunstancias y motivos. Algunas fueron ejecutadas por su participación en organizaciones como la Acción Católica, CUC, GAM, CONAVIGUA, o siendo maestras o estudiantes. Por su participación o liderazgo en estas y otras actividades, muchas mujeres fueron acusadas de tener vínculos con la guerrilla y fueron ejecutadas.

297.

     En septiembre de 1989, María Mejía pensó hacer algo contra la imposición de patrullar. En el Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ) le informaron que nadie estaba obligado a patrullar y en buena lógica, los menores de edad estaban exentos de cumplir este servicio. Al conocer la noticia, los familiares y dos vecinos, decidieron dejar de patrullar definitivamente. Desde entonces los comisionados militares así como la mayoría de patrulleros de Parraxtut, iniciaron una campaña de hostigamiento y de amenazas públicas contra la familia y varios vecinos acusados de guerrilleros. Según los comisionados militares, "la mera cabecilla es la señora María Mejía". El 17 de marzo de 1990 en la noche, María y su familia se encontraban cenando, cuando escucharon ladrar a los perros. María se negó a abandonar la casa, argumentando que si huía, la gente iba a pensar que en efecto era verdad lo que se decía de ella, que era guerrillera. De repente el comisionado disparó un tiro al aire, y luego otro directo al corazón de María Mejía. Le dispararon dos veces más en la cabeza. Los responsables dijeron: "Vamos muchá, vamos muchá, que ya se murieron".171 

298.

Otras mujeres fueron perseguidas por su colaboración con las organizaciones guerrilleras.

     "El diecisiete de diciembre de 1981, como a las siete de la noche, miembros del Ejército llegaron a la aldea la Ventana, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, éstos eran del destacamento de Rabinal, con las caras cubiertas con pañuelos y otros trapos, llegaron a la casa de mis padres, rodearon la casa y el comandante le decía a mi mamá, salíte vos que estás dando hartazón a los guerrilleros. ¨Verdá que sí vos?, le decía el comandante al delator, quien respondía, sí. Como mi mamá no salió, la sacaron a la fuerza el comandante de los militares y después de pegarle una patada en el estómago, la sacó al patio de la casa, y le decía: "Vas a decir quienes son tus compañeros.... ? ­Decíme que día pasan aquí!. Pero mi mamá, se aguantó y no le decía nada. Mi mamá me dijo un día antes, si me matan, que me maten, pero jamás delataré a mis compañeros. Porque en mi familia todos eran miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres. De allí, la llevó arrastrada, hacia un lugar cerca de la casa, donde estaban haciendo el hoyo para enterrarla. Después en el corredor de la casa, el mismo comandante la colgó con un lazo y ella murió ahorcada, al colgarla le arrancó casi todo el pelo. Estando colgada en el corredor de la casa, le dispararon todos los soldados para terminarla de matar. El delator iba con los soldados que asesinaron a mi madre. Lo anterior me lo contó un hermano menor de once años, que vio como hicieron eso y él huyó del lugar".172 

299.

     Muchas mujeres fueron víctimas de ejecución arbitraria por las actividades que realizaban sus esposos u otros familiares, o por efectos de la violencia indiscriminada. Cuando buscaban a determinada persona en su domicilio y no la encontraban, frecuentemente mataban a la esposa, madre o hija del perseguido, que también resultaba acusada de tener vínculos con la guerrilla o eran eliminadas para castigar a la persona cuyo rastro se había perdido.

     "Yo era representante de la comunidad agraria Pegearmado, de Taxisco, Santa Rosa, esa era mi participación social y la excusa para exterminar con mi esposa y bienes. (...) Me encontraba trabajando en el campo, solamente mi esposa y dos de mis hijitas, una de menos de un año y la otra mi niña andaba con la abuelita María de la Cruz haciendo algunos mandados, cuando como a las diez de la mañana del día 5 de agosto de 1981, más o menos, no estoy seguro de la fecha, llegaron soldados del destacamento militar de Taxisco, acompañados de hombres vestidos de particular, esos G-2, que dicen ser confidenciales del Ejército y empezaron a quemar la cosecha, cuando mi esposa salió a ver, le preguntaron de mí. Al decirle ella que yo no estaba y no sabía mi paradero, entraron a destruir todas las cositas que teníamos en el inmueble registrando, dice que armas y propaganda de la guerrilla, pero al no encontrar nada, el que supuestamente era el jefe ordenó colgar a mi esposa en una viga del corredor y allí la ahorcaron, después la ametrallaron estando colgada, con posterioridad ordenó incendiar la casa".173 

300.

Aunque el mayor porcentaje de víctimas corresponde a la categoría de adultos (Véase Gráfica 6), la quinta parte de las víctimas fueron niños y ancianos ejecutados en desarrollo de los ataques realizados contra la población civil por parte de agentes del Estado.

Nota: Incluye sólo el 39% de la muestra ya que para el 61% de las víctimas no se pudo constatar su edad y/o sexo.

Nota: Porcentaje calculado sobre las víctimas de Ejecución Arbitraria con edad y sexo conocido (91.52%). 301.

      Esto significa que una de cada cinco víctimas de ejecución arbitraria era niño, niña, anciano o anciana. Las circunstancias en las cuales fueron ejecutados se dieron tanto a través de la violencia selectiva como indiscriminada. Cuando la violencia fue dirigida selectivamente en contra de ancianos, fue por su calidad de líderes de las comunidades, por ser acusados de guerrilleros, o por ambas razones.

302.

     María Pérez Sánchez y Andrés Godínez, esposos ancianos, fueron muertos a machetazos por los patrulleros de la aldea Xemal, el 26 de septiembre de 1993. El crimen fue una venganza de los patrulleros, motivada por el asesinato de Efraín Domingo Morales, de 22 años, hijo del comandante de las PAC en esa comunidad. Ambas víctimas eran reconocidos militantes del EGP, miembros del CUC y CONAVIGUA en El Chorro, caserío de Xemal. Cuando Andrés Godínez se dirigía a su sembradío en las afueras del pueblo, fue macheteado por integrantes de la patrulla que dejaron abandonado el cadáver. A María Pérez Sánchez, su esposa, la mataron del mismo modo en su propia casa.174 

303.

     Menores de edad, pero sobre todo adolescentes, fueron también ejecutados por ser sospechosos de pertenecer a la guerrilla. El 7 de marzo de 1982 Baltazar García López, de 15 años, fue detenido por soldados y conducido al destacamento de Sacapulas. La víctima, junto con cuatro personas que también habían sido aprehendidas en Río Blanco, fue llevada amarrada de regreso a la aldea. El comandante de la unidad mandó a llamar a todos los habitantes de la aldea y ordenó que todos se reunieran frente a la iglesia. Una vez reunidos, los soldados pusieron a las víctimas boca abajo, frente a todas las personas ahí concentradas, aseguraron que las víctimas eran guerrilleros y seguidamente los mataron a tiros. Según los soldados, era necesario que todos los habitantes observaran el escarmiento que esperaba a los guerrilleros.175 

304.

     El amplio concepto de enemigo interno esgrimido por el Estado fue relanzado con especial violencia e intensidad en los años ochenta, e incluyó no solo a los que activamente trataban de cambiar el orden establecido, sino a todos los que potencialmente podían llegar a respaldar esa lucha. Tal principio logró borrar las distinciones entre los combatientes de la guerrilla y la población civil. La observación de una declarante, ilustra el tratamiento que se daba a la población civil, incluyendo los niños de temprana edad.

     "Un nene de seis meses, ¨cómo va a tener delito? ¨También van a decir que es guerrillero o que va a ser cuando sea mayor (...) no sabemos qué ideas tienen los militares en la cabeza".

305.

Los niños y ancianos, por razones de salud y de edad, no podían huir ante las operaciones militares del Ejército y fueron ejecutados.

306.

     En junio de 1982, en la comunidad Chupoj II de Quiché, la familia Morales Quino, al descubrir que se aproximaba un grupo de siete soldados, se escondió detrás de unos pinos; pero Manuel, que tenía cuatro años, soltó la mano de su madre. Ella vio luego como un soldado le dio un machetazo a su hijo y le cortó la cabeza. "Todos son gente inocente y siempre están los soldados solamente para matar. No respetan a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos".176 

307.

     Esta misma suerte acabo con la vida de muchos ancianos. En la madrugada del 5 de mayo de 1982, miembros del Ejército tomaron el caserío El Triunfo. Como de costumbre, la gente salió huyendo para ocultarse. Los hijos de Tomás Xoch Tuy huyeron de la casa, pero a su padre de 72 años le tomó tiempo vestirse y cuando salió no sabía en qué dirección venía el Ejército. Se dirigió hacia la milpa del occidente del caserío y el Ejército lo capturó. Luego el Ejército avanzó hasta el caserío El Progreso y la gente también escapó al monte. El anciano Cruz Cuc Xoch, de 88 años, por su avanzada edad no huyó, e igualmente fue capturado y conducido junto a Tomás. Cuando los soldados se retiraron, los nietos de Cruz buscaron en el bosque y allí encontraron muertos a los dos ancianos. Cruz Cuc fue colgado de un árbol con una soga alrededor del cuello. Mostraba un profundo tajo en el cuello y le habían cortado una oreja. Tomás Xoch fue hallado en tierra, también con una soga alrededor de su cuello, y con muestras de asfixia. Presentaban heridas en el cuello y las costillas. Los testigos estiman que ambos murieron asfixiados.177 

      Los sectores más afectados por las ejecuciones arbitrarias

308.

     El sector más afectado por las ejecuciones arbitrarias fue el compuesto por agricultores, jornaleros, mozos colonos, y demás pobladores de las comunidades rurales. El 42% del total de víctimas identificadas, registradas por la CEH corresponde a campesinos, jornaleros y trabajadores de fincas. Vale anotar que el 93% de las víctimas registradas por la CEH tienen información sobre su pertenencia a un sector social, organización o partido político. Un alto porcentaje de las víctimas de ejecuciones arbitrarias, pertenecía a organizaciones sociales, sindicales, religiosas, estudiantiles, o partidos políticos, razón por la cual se convirtieron en víctimas de la violencia (Véase Gráfica 7).

Nota: porcentaje calculado en base a total de víctimas individuales identificadas de Ejecución Arbitraria con por lo menos una pertenencia a los grupos mencionados.

309.

     En 1982 el Ejército de Guatemala se planteó como misión prioritaria "aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas".178  Entre esas organizaciones se incluyeron todas aquellas que el Estado consideraba opositoras al régimen, con independencia de que hubiera pruebas o no de una relación con la guerrilla. Por lo tanto, muchas de las víctimas pertenecieron a organizaciones sociales formalmente establecidas, ejerciendo en el respeto a la legalidad entonces en vigor, sus derechos de libre asociación, pensamiento, expresión y culto. Estas actividades fueron conceptuadas por el Estado como una amenaza, que reaccionó vetando y restringiendo los derechos de los trabajadores, campesinos, mayas y demás sectores de la población. La lista de víctimas comprende a sindicalistas, religiosos, estudiantes, profesores y miembros de los partidos políticos, entre otros colectivos. 310.

La violencia en el área rural durante las décadas de los sesenta y setenta fue selectiva; luego afectó progresivamente a un círculo más amplio de víctimas, hasta llegar a generalizarse en poblaciones completas, no sólo en su área geográfica peculiar sino también en sus itinerarios de desplazamiento y puntos de refugio y retorno.

El sector campesino

311.

     La violencia en el campo se incrementó a partir de la contrarrevolución de 1954 y promovió la ejecución arbitraria de antiguos agraristas y miembros de ligas campesinas. La CEH recogió testimonios de la década de los sesenta donde se evidencia que las ejecuciones arbitrarias en el oriente y en el nororiente del país tenían como objetivo la eliminación de los líderes locales. En este período las ejecuciones arbitrarias fueron realizadas mayoritariamente por los escuadrones de la muerte y los comisionados militares.

     "Dos comisionados militares llegaron a la casa de Hilario Ramos el 24 de diciembre de 1960 para pedirle que les hiciera el traslado de una lata de café seco hacia la aldea Horcones. Sin embargo, dicho viaje resultó un engaño. Hilario fue conducido a Esquipulas y presentado a los jefes de los comisionados militares del lugar, que a su vez lo entregaron al Ejército para que denunciara a los compañeros de la guerrilla. Durante dos meses la víctima fue vista en poder del Ejército amarrado con un lazo alrededor de la cintura. Posteriormente se supo que fue ejecutado arbitrariamente en un lugar denominado Llano Bonito, en la cabecera municipal de Olopa, en el departamento de Chiquimula".179 

312.

     Otras víctimas de esa época, en el caso del nororiente, eran campesinos de las zonas bananeras o campesinos cuyas tierras serían vendidas posteriormente a precios bajos. Angel López Hernández fue a transportar ocote a la loma conocida como el Mirador de Esquipulas, lugar donde fue detenido por una patrulla del Ejército y posteriormente asesinado. La muerte de la víctima fue producto de las denuncias de los comisionados militares, "que querían quitar las tierras". Angel era constantemente denunciado como guerrillero por los comisionados militares, de la aldea La Cumbre, municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula. El cadáver nadie lo "levantó porque todos los caminos estaban vigilados por el Ejército y los mismos comisionados".180 

313.

     El sector campesino continuó siendo golpeado en la década de los setenta. En la costa sur surgió una gran efervescencia a partir de las luchas de los trabajadores en defensa de sus demandas salariales. Para desarticular su organización, los finqueros o grandes terratenientes de la zona se apoyaron en el Ejército pero en muchos casos contrataron servicios de grupos mercenarios que llegaban a las casas de los líderes locales con el fin de ejecutarlos arbitrariamente.

314.

     El problema de la tierra estuvo presente en la comunidad de Marichaj, municipio de Cahabón, Alta Verapaz. La violencia se generó por envidia de la comunidad de Balanté, que pretendía despojar de la tierra a los propietarios de la aldea Marichaj, área baldía de la cual un coronel se decía dueño. La comunidad se organizó en un comité de tierra para buscar la titulación de la propiedad y empezaron a hacer gestiones ante el Instituto Nacional de Transportación Agraria (INTA). En 1980 las comunidades de Sactá y Balanté se aliaron con el coronel y los comisionados militares para matar a los líderes del comité de tierra, sospechosos de ser guerrilleros, y así apoderarse de la propiedad. Los dirigentes Tomás Cux Cholom, Tomás Cux Caal, Juan Cux Tiul y Paolo Cux Caal, fueron ejecutados: "Los desnudaron, los golpearon, los arrastraron con lazo ante la comunidad y por fin los mataron con balas y los echaron al río".181 

315.

En el altiplano occidental, inicialmente las ejecuciones arbitrarias se realizaron contra los líderes de agrupaciones como Acción Católica, de los comités de desarrollo, los cooperativistas, y los líderes de partidos políticos, especialmente la Democracia Cristiana.

     "El 19 de marzo de 1976 el Ejército secuestró en el mismo día al presidente de la Acción Católica de Nebaj, a todos los dirigentes de la Acción Católica de Cotzal y a los directivos juveniles y adultos de la Acción Católica de Chajul. De noviembre de 1976 a diciembre de 1977 el Ejército y grupos paramilitares llevaron a cabo el secuestro y asesinato de 143 dirigentes y catequistas de la Acción Católica en el área Ixil y del Ixcán".182 

316.

     Otros líderes comunitarios fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias en el altiplano entre 1980 y 1983. Factor López, quien pertenecía a la Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas Comalapenses (AEPIC), trabajaba en el caserío Pamumús, aldea Simajuleu, Comalapa. Ayudaba mucho a la gente, hablaba a la comunidad animando a sus vecinos para que se preocuparan por conseguir un trabajo propio y evitar los desplazamientos a las fincas de la costa del sur. Además había promovido la creación de un comité para mejorar la escuela y la carretera. La noche del 12 de diciembre de 1980, unos hombres que en el pueblo eran conocidos como judiciales, lo llevaron de su casa, lo introdujeron en un carro y lo trasladaron al destacamento. A los dos días de su desaparición, unos policías acudieron a avisar a los familiares de Factor, que habían visto un cadáver en la carretera. Cuando encontraron su cuerpo como a dos kilómetros del destacamento de Comalapa, estaba boca abajo y tenía varios impactos de bala en la espalda, en el corazón y la boca. En aquel tiempo se decía, "los que hablaban por la gente, así aparecían".183 

317.

     En la medida en que surgían en el altiplano organizaciones de raíz campesina tales como el CUC, las acciones de ejecución arbitraria estuvieron vinculadas al hecho de considerar a esta organización y otras similares como la base social del EGP. La CEH compulsó más de 310 casos de afiliados del CUC víctimas de ejecución arbitraria, la mayoría (91%) fue ejecutada en el departamento de Quiché entre 1976 y 1984.

     "Ya teníamos noticias de que había listas, Fidel Saquic Gutiérrez [presidente de la Cooperativa y miembro del CUC] estaba preocupado porque ya había recibido amenazas y porque era líder por su cargo en la cooperativa. El mismo día que llegó el Ejército, él ya se iba a refugiar y de salida se topó con el Ejército y se lo llevaron, lo mataron en El Boquerón [Joyabaj]".184 

318.

En muchas aldeas desde Chimaltenango hasta Huehuetenango, se realizaron ejecuciones a gran escala, tanto a consecuencia de las delaciones por parte de comisionados o patrulleros como por la propia información que el Ejército tenía sobre comunidades clasificadas como zonas rojas o de influidas por la guerrilla.

     "[la aldea de] Chimel era considerada comunista, base de la guerrilla por el Ejército y como tal, condenada a muerte, querían acabar con todos nosotros, casi lo logran, pero algunos vivimos para contarlo".185 

     Un grupo de comisionados militares llegó a Choacorral el 20 de enero de 1981 y capturó a Juan Calel, Cruz Ajmoj, Bartolomé Ajmoj, Pedro Ajmoj, quienes fueron muertos a machetazos. Los comisionados disponían de una lista de personas acusadas de convivencia con la guerrilla y uno de ellos acusaba a todos aquellos socios de la cooperativa de ser guerrilleros, y Juan era precisamente cooperativista.186 

319.

En la mayoría de los casos de ejecución de campesinos se recurrió a formas crueles o degradantes, que sólo se aplicaban a los acusados individualmente de ser guerrilleros, sino también a los ancianos, las mujeres y los niños.

     "En Valparaíso, que es una Aldea de la Democracia, estuve destacado allí, cada noche me sacaban a mí, porque yo era el único conductor destacado para tres vehículos en el destacamento, salía, iba a traer gente de Colotenango, de San Ildefonso Ixtahuacán. Una vez que me conmovió el alma, uno es humano, agarraron a una señora embarazada de Colotenango, la llevaron hasta el carro, como tipo tres de la mañana, me fueron a levantar a mí, llegué con el vehículo y la tropa, y llevaban a la señora allá. Ya la habían ido a entregar al destacamento de Valparaíso y esa señora como no hablaba, (...) no sabe tal vez [que] algún familiar, algún pariente se había metido con la guerrilla. No sé, pero la señora no sabía ni hablar español, hablaba en su dialecto y lo que ordenó el oficial que la desnudaron, la desnudaron a medio puente del (...), y el oficial mandó a traer una vara y preguntaba, comenzó hacerle punta, qué asesinato que hizo, y abrieron a la señora a medio puente entre cuatro soldados. Vino este sanguinario oficial, le clava la estaca en el vientre a la señora embarazada y la cruza de lado a lado, y de allí la levanta así, con la vara, ya cruzada de lado a lado, embarazada".187 

320.

Otros fueron ejecutados porque los encontraron en posesión de objetos que para los soldados implicaban vínculos con la guerrilla; por ejemplo, volantes o camisetas verdes de la guerrilla, o cosas menos comprometedoras pero que para el Ejército eran evidencia de un vínculo con las organizaciones insurgentes.

     "En una casa encontramos a una señora (...) con una niña de unos doce años (...), estaban sentadas allí en el suelo de la cocina (...) pero hubo algo que las comprometió realmente (...), a los ojos de todos las comprometió porque ellas tenían un canasto lleno de pocillos plásticos, así tazas y pocillos y vasos y tenían una olla grande de unas redondas que tienen la boca así pequeña arriba, llena de tamalitos de maíz envueltos en hoja de milpa. Entonces eso dio pauta a pensar de que habían más allí, que habían más personas (...), el sargento las agarró (...) y las llevó al monte".188  Las dejaron muertas.

321.

     Estas supuestas pruebas de apoyo a la guerrilla, eran absurdas en extremo; por ejemplo, cuando una persona llevaba consigo muchas tortillas y el hecho era descubierto por el Ejército: este hallazgo era suficiente para que un hombre fuera acusado de colaborar con la guerrilla y provocar su ejecución. A veces algo tan simple y cotidiano como dejar una candela encendida en la ventana era prueba bastante sólida para los militares de que la víctima hacia señales a la guerrilla.

     "No podíamos encender candelas ni salir de nuestras casas en la noche. Teníamos que comprar la comida al otro lado del río, cruzando por ferry. El Ejército racionó la cantidad de frijoles, sal, azúcar que comprábamos. Si comprábamos demasiado, tiraba el resto en el río y nos acusaba de dar comida a la guerrilla. (...) En septiembre de 1982, los soldados sacaron a Tomás Raymundo de su casa en la noche. Cuando amanecimos, encontramos su cadáver cinco metros de su casa. Creemos que lo mataron porque tenía un hijo enfermo y por eso encendía una candela en la noche".189 

Los religiosos y sus feligreses

322.

     Miembros de la Iglesia Católica fueron ejecutados de forma arbitraria en la década de los ochenta. La lucha contrainsurgente cargó con marcada intensidad contra los sacerdotes, los catequistas y los fieles integrados en las organizaciones de base. Para entender este fenómeno hay que estimar el cambio de orientación pastoral que se produjo en la Iglesia Católica, y en especial la de Latinoamérica, a raíz del Concilio Vaticano II, iniciado en 1962 y concluido en 1965. La opción preferencial por la defensa de los pobres, como subrayó en aquellos días la Conferencia de Medellín, define fenómenos importantes para asimilar el papel desempeñado por la Iglesia Católica en los movimientos sociales de la época.190 

323.

     Aunque el número de ejecuciones arbitrarias de sacerdotes católicos fue menor en comparación al de catequistas, el efecto sobre los feligreses se multiplicó por la relevante posición del sacerdote en la vida de la comunidad. Los sacerdotes se involucraban con la comunidad, no sólo en la esfera de lo estrictamente religioso, sino que trataban de aliviar materialmente la pobreza y el sufrimiento de la población, a la vez que alentaban a las personas a luchar por sus propios derechos. Al ejecutar al sacerdote, su congregación quedaba aterrorizada y desprotegida tanto en el orden material como en el espiritual.

324.

     El padre Eufenio Hermógenes López Coarchita, desde noviembre de 1966, tuvo a su cargo la parroquia de San José Pinula. Allí se integró en la comunidad, se preocupó por los asuntos que afectaban a sus feligreses y promovió proyectos y comités de ayuda. Se había opuesto al reclutamiento militar forzoso y desde hacía cuatro años recibía amenazas de muerte. Pocos días antes que lo mataron, había dicho:

     "Si mi misión es dar la vida, así lo haré, pero nunca me echaré atrás en la causa que estoy defendiendo y si es necesaria la sangre de uno de nosotros para que haya paz en Guatemala, yo estoy dispuesto a derramar la mía".191 

325.

     El sacerdote, en carta abierta fechada el 29 de junio de 1978, dirigida al presidente de la República, general Kjell Eugenio Laugerud García, solicitó la supresión del Ejército. Esta misiva fue publicada en varios periódicos. Al día siguiente, el viernes 30 de junio de 1978 (día del Ejército), el sacerdote fue ejecutado en un camino cuando se dirigía a hacer una visita a uno de sus feligreses.192 

326.

Entre 1980 y 1983 se produjo un aumento de los casos de ejecución arbitraria de sacerdotes, catequistas y miembros de las organizaciones sociales de la Iglesia Católica, sobre todo en el área rural.

327.

     El 1 de julio de 1981 fue asesinado de dos balazos el sacerdote franciscano Tulio Maruzzo Rappo junto con el cursillista Obdulio Arroyo Navarro en Campos Nuevos de Quiriguá, en el municipio Los Amates, Izabal. Posteriormente al asesinato, varios de los delegados de la palabra fueron asesinados y otros recibieron amenazas de muerte. Las religiosas de la casa de formación de Los Amates y otro sacerdote abandonaron el área, otras personas se refugiaron en Honduras o se desplazaron a otros lugares de Guatemala y se clausuraron algunos proyectos de formación y ayuda social. "Mataron al padre porque dijeron que los italianos andaban promoviendo el cristianismo".193 

328.

     En otras aldeas, los soldados, los comisionados o los patrulleros buscaban a los catequistas empleando listados de nombres, a los que imputaban su pertenencia a la guerrilla. Los perseguían en las iglesias, en sus puestos de trabajo o en sus casas, y muchas veces fueron torturados o ejecutados de forma muy cruel, frecuentemente delante de sus vecinos.

     [Los soldados llegaron a la cabecera municipal de Concepción Huista, Huehuetenango. Llevaban una lista con cuarenta nombres de personas de Concepción(. "Mi nombre, al ser igual que cuatro hermanos míos, aparecieron en la lista, por eso nos sacaron del templo. Nos amarraron con las manos hacia atrás de la espalda y nos empezaron a golpear. Nos llevaron a un plan en la orilla de Concepción, cerca de una casa grande. Estábamos llorando del miedo". El teniente dijo: "Ustedes quieren ver a su Dios. Aquí está su Dios" y levantó su arma. Los soldados reunieron a toda la comunidad, a las mujeres las encerraron en la casa y dice un testigo que "nos quedamos [los hombres] en el plan y nos comenzaron a interrogar. Nos tiraron al suelo, nos pasaban encima con sus botas pisándonos, nos golpeaban, tardaron buen rato golpeándonos, después siguió la interrogación. [El teniente] nos interrogó uno por uno, decía que por qué éramos disciplinados con la guerrilla" y preguntaba quién de la comunidad daba comida a la guerrilla. Después que terminó la interrogación dijo: "En tres días volvemos y si no estás en tu casa, te acabamos." Cuando los hombres regresaban a sus casas escucharon unos balazos y encontraron muerto a Copertino Francisco, catequista de la comunidad.194 

329.

     También hubo pastores y practicantes de la Iglesia Evangélica que fueron ejecutados arbitrariamente. Antonio pertenecía a la Iglesia Evangélica Bautista Getzemaní. Había prestado el servicio militar y los comisionados militares lo invitaban constantemente a que se uniera a ellos, propuesta que no aceptaba. Antonio fue capturado el 28 de febrero de 1981 por hombres enmascarados entre ellos los comisionados militares del municipio. Antonio empezó a orar y dijo a su esposa que no se preocupara ya que sólo podrían llevarse su cuerpo y no su espíritu. Al día siguiente escucharon en las noticias que habían encontrado a un hombre muerto entre los bosques de Patulul. La familia fue a buscarlo allí pero el cadáver había sido trasladado al hospital de Mazatenango donde efectivamente lo encontraron.195 

El movimiento sindical

330.

     Las ejecuciones arbitrarias contra los sindicalistas comenzaron antes del inicio del enfrentamiento armado interno. "En 1954, (...) el Gobierno del (sic) general Castillo Armas criminalizó los sindicatos más prominentes, encarceló líderes sindicales, y asesinó por lo menos 200 líderes sindicalistas en las semanas posteriores al golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, el cual despojó el Gobierno de Jacobo Arbenz".196 

331.

     A finales de los sesenta, agentes del Estado empezaron a ejecutar a líderes sindicales. Como lo sucedido a Cesár Montenegro Paniagua, asesinado el 4 de Abril de 1970, Mario López Larrave en 1977,197  al que seguiría la muerte de Mario Mujía Córdoba en 1978198 , como tentativas de frenar el movimiento de la clase obrera de Guatemala, considerada por el Estado y los poderes económicos como una amenaza.

332.

La ejecución arbitraria del líder sindical Mario Mujía,199  ocurrida el 23 de julio de 1978 en la cabecera departamental de Huehuetenango, al año después de la marcha de Ixtahuacán, de la que fue uno de los organizadores, incorporó a la estrategia del Estado un objetivo preferente: cerrar los espacios al movimiento obrero y a través de acciones ejemplificadoras, lograr la desorganización de otros sectores, particularmente el agrario.

333.

      Pedro Quevedo, Secretario General del sindicato de la Coca Cola200 , recibió varias amenazas de muerte antes de ser asesinado, como aviso para que cesarán sus actividades sindicalistas. El 12 de diciembre de 1978 fue ejecutado por dos hombres que montaban una motocicleta. En circunstancias similares había sido asesinado cinco meses antes Mario Mujía.201 

     "El compañero Pedro Quevedo, fue asesinado, ese era uno de los líderes más representativos, y además tenía una personalidad muy fuerte, verdad, él había sido miembro de la Policía Militar Ambulante, pero la misma situación de explotación hizo que cambiara su visión con respecto al sector empresarial, y él fue una de las primeras víctimas. (...) Apareció en una lista antes, una lista de gente amenazada, desde diferentes empresas, líderes, trabajadores de diferentes empresas, aparecieron listas del Ejército Anticomunista Secreto, (...) ESA, y Mano Blanca, y las listas aparecían así en las avenidas principales".202 

334.

Estas ejecuciones provocaron el repliegue y la práctica desarticulación en el movimiento sindical.

     "Creemos que (...) [con] el caso de Mario Mujía, con el que empiezan en ese período la represión del liderazgo sindical, que después lleva miles de muertos sindicales, y al allanamiento de la CNT después, la Central nuestra, ya en junio de 80, (...) cuando secuestran a treinta y siete dirigentes el 21 de junio".203 

El movimiento estudiantil y profesional de la Universidad y de la educación media

335.

     El sector educativo fue uno de los más afectados por la práctica de ejecución arbitraria. Entre sus víctimas se incluyen miembros de las organizaciones estudiantiles, profesores y catedráticos, académicos, estudiantes sin vinculación con las organizaciones políticas, otros empleados de la universidad, así como maestros y estudiantes de la educación media.

336.

     El académico y abogado laboralista Mario López Larrave fue asesinado el 8 de junio de 1977 y con su muerte, "se pone en práctica la represión selectiva de dirigentes sindicales, estudiantiles, profesionales y catedráticos de la Universidad de San Carlos, entre otros".204  La ejecución arbitraria de Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, el 19 de octubre de 1978 en la capital, significó un duro golpe para la asistencia del movimiento estudiantil.205 

337.

     Según subrayó la Comisión de la Verdad de la USAC, "el pico (sic) de la represión ejercida contra la USAC se dio en los años 1980 y 1981, cuando se produjo un verdadero descabezamiento. ...Por períodos cortos, esta represión selectiva (anunciada por medio de volantes, listas de amenazados y llamadas telefónicas) se convirtió en violencia masiva indiscriminada. Posteriormente la ola represiva bajó la intensidad, al haberse retirado de la universidad un número significativo de autoridades, docentes e investigadores, estudiantes y trabajadores".206 

338.

     Los casos recogidos por la CEH señalan que es entre 1980 y 1981 cuando se presenta uno de los más altos índices de violaciones de derechos humanos en contra del sector universitario. Muchas de las víctimas del sector, y en particular los estudiantes, fueron detenidos de forma arbitraria, ejecutados y luego sus cadáveres aparecieron con señales de tortura.

     "Marco Tulio Pereira Vásquez era estudiante de la USAC y ese año era miembro del Honorable Comité de Huelga de Dolores. Andaba en el centro de la ciudad e iba acompañado de otros dos universitarios, uno era Julio César del Valle que estudiaba economía y el otro Iván Alfonso Bravo que era médico infieri.207  Los tres iban en un carro VW en las calles del centro, pero en un semáforo los atraparon dos carros, uno se puso adelante y el otro atrás, se bajaron varios hombres que abrieron las puertas del VW y se metieron dentro del carro. Ese mismo día, a las pocas horas aparecieron los tres cadáveres, en la zona 16, camino a Santa Rosita, cerca del Colegio Austríaco, estaban horriblemente torturados, uno de los tres no tenía lengua, parece que era Alfonso, les habían arrancado las uñas, y no sé cuántas cosas más. Fuimos con la mamá a reconocerlo, y la mamá no derramó ni una sola lágrima, y lo enterramos en Escuintla".208 

339.

     Otra forma de actuar contra estas víctimas fue seguirlas y de un momento a otro ejecutarlas sin practicar una detención previa. El 24 de marzo de 1980 Fernando Cruz, piloto de la rectoría, pasó a recoger a su casa al licenciado Hugo Rolando Melgar y Melgar, asesor jurídico de la USAC y catedrático de la facultad de Derecho, para llevarlo a la Universidad. Como hacia las 8:10, hombres a bordo de otros vehículos los empezaron a seguir. Dispararon inicialmente al chofer Fernando Cruz y posteriormente se acercaron al automóvil y remataron a las víctimas. La acción iba dirigida contra el licenciado Melgar y Melgar, pues días antes un grupo anticomunista había publicado una lista de víctimas donde figuraba su nombre.209 

340.

     Los estudiantes y profesores de las universidades estatales del interior también sufrieron ejecuciones arbitrarias, lo que condicionó de modo significativo la asistencia regular de los estudiantes. El licenciado Jorge Everado Jiménez Cajas era profesor del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) y trabajaba con el Bufete Popular de la Universidad, en la Escuela Obrera Campesina; militaba asimismo en el Frente Unido de la Revolución. Por su labor en estas organizaciones, había sido amenazado en cartas personales y en listas que circulaban por el CUNOC. Una mañana de julio de 1980, cuando estaba trabajando en el despacho de su casa, situada por la salida de Quetzaltenango a Almolonga, llegaron unos hombres armados y lo ejecutaron. Se piensa que los responsables fueron miembros de la G-2 porque la inteligencia militar conducía la campaña de terror contra el CUNOC, en la cual murieron otros profesores, y además porque los vehículos que habían vigilado la casa de la víctima habían sido vistos estacionados en la Zona Militar.210 

341.

     El mundo universitario sufrió las consecuencias del llamado Agosto Negro de 1989. En menos de quince días diez líderes universitarios fueron desaparecidos; los restos de Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Silvia María Azurdia Utrera, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá Camey se encontraron el 10 de septiembre de 1989 en la colonia Villa Sol a unos doscientos metros de la USAC. Todos presentaban señales de tortura, marcas de agujas y heridas de arma blanca. Los dirigentes que no sufrieron secuestro o muerte tuvieron que partir al exilio. En diciembre de ese mismo año otro miembro de la coordinadora de AEU fue asesinado.211 

342.

     Los maestros de educación media, tanto urbana como rural, fueron objeto de ejecuciones arbitrarias por sus actividades y el liderazgo que ejercían de forma natural en las comunidades donde prestaban sus servicios. Algunos maestros fueron involucrados con otros sectores de la enseñanza y la política cuyas actividades también eran cuestionadas por el Estado a consecuencia de estas posturas de descalificación institucional; se les torturó y asesinó.

343.

     Rúben Mérida Escobar era maestro y Presidente del Comité de Padres de Familia del Instituto Normal Mixto de Occidente (INMO), de San Marcos, y como tal desplegó varias actividades en defensa de sus alumnos, que lo llevaron a ser acusado de comunista y guerrillero. Fue ejecutado en su puesto de trabajo, en la Escuela Carlos Castillo Armas, de San Marcos, el 20 de agosto de 1980, a las 7:35, por cinco hombres vestidos de paisanos y tocados con sombreros, armados con carabinas del modelo que utilizaba por entonces la policía; entraron en el establecimiento educativo y ante la mirada de algunos de sus alumnos, abrieron fuego contra el cuerpo y acto seguido le dispararon un tiro en la sien derecha.212 

344.

Maestros y promotores educativos biling�es en el área rural también fueron perseguidos por las actividades que desarrollaron, y aunque no participasen en un sector organizado, se les acusó de propagar el mensaje de la guerrilla a la sociedad.

345.

     Dos testigos claves recuerdan cómo en el año 1980 en Nebaj, se desencadenó una sistemática persecución en contra de los maestros y educadores sociales. El 28 de abril de 1980 "fueron torturados salvajemente y asesinados los maestros de la escuela de Tzalbal, Noé Cam Palacios López y Mario Enrique Herrera Cano".213  Poco después siguió una ola represiva contra otros maestros y preparadores biling�es, entre ellos Marco Antonio Garzona, Teodoro Brito, Domingo Raymundo, Miguel Reynoso, Juan Pérez Cobo, Domingo Sánchez Brito.214 

      Los miembros de partidos políticos

346.

     La eliminación física de los miembros de partidos políticos tuvo la misma finalidad que la de los sindicalistas, universitarios y profesores: desarticular los movimientos y organizaciones ejecutando a sus líderes y militantes de base. Las ejecuciones arbitrarias en contra de este sector se iniciaron con la captura de los 28 miembros del PGT en 1966.215  Aunque nunca aparecieron los cadáveres, algunos de los involucrados con las capturas confirmaron que las víctimas fueron ejecutadas. Desde entonces, se sucedieron numerosas ejecuciones arbitrarias de militantes de partidos políticos, particularmente, del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Revolucionario (PR), y el Frente Unido de la Revolución (FUR).

347.

     En los años sesenta, los miembros de los partidos políticos víctimas de ejecución arbitraria pertenecían en una primera fase al oriente del país y a la capital de Guatemala. En el oriente fue común en estas operaciones que los comisionados militares actuaran en combinación con el Ejército.

     Balbino Vásquez fue perseguido por los comisionados militares y el Ejército por pertenecer al Partido Revolucionario. El 18 de diciembre de 1966 lo capturaron en Carboneras y lo trasladaron a Carrizal; allí lo dejaron en el río atado junto a Pedro Pérez, alcalde auxiliar de Quebrada Piedra Amolar, también militante del Partido Revolucionario. Una vez apresados, se los llevaron al río donde permanecieron diez horas maniatados. "Pasaron ocho días y más días y ni razón de él ... Vásquez era delegado del PR por la aldea El Paternito; y los Pacheco216  eran del Partido Liberacionista y andaban con el Ejército". Un declarante aseguró a la CEH que el cadáver de Pérez fue visto por el camino de Shalaguá a El Carrizal.217 

348.

     En los años setenta continuaron las ejecuciones arbitrarias concentrados en miembros de partidos políticos en el oriente y en la capital y se empezó a incrementar el número de los asesinatos cometidos en la costa sur y el altiplano. Muchos militantes de partidos políticos perdieron la vida en sus propias casas.

349.

     El 9 de enero de 1975, en el caserío El Reparo del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, cuatro hombres armados vestidos de civil llegaron en la noche a la residencia de Roberto Barrios Ramírez, miembro del PGT. Al plantarse a la puerta de la casa, uno de los hombres gritó: "Levántate, hijo de puta, hoy te vas a morir". Mientras Roberto Barrios se vestía, su esposa Simona Audelia Rivera Chávez y su hija de once años, María Elena Barrios Rivera, se acercaron a la puerta para escuchar quiénes estaban afuera. De repente, los hombres rompieron la puerta y empujaron hacia el exterior a la esposa y a la hija, que fueron ejecutadas en el acto. Cuando el señor Barrios salió a la puerta, fue abatido de tres disparos. Otro hijo de 15 años logró fugarse y salvar su vida.218  350.

     Dirigentes de partidos de la izquierda como Alberto Fuentes Mohr, por el Partido Socialista Democrático (PSD), y Manuel Colóm Argueta (FUR) fueron atacados a pleno día y acribillados públicamente en febrero y marzo de 1979 en la ciudad capital.219 

Los alcaldes municipales

351.

     Entre las autoridades locales, numerosos alcaldes municipales fueron blanco de ejecuciones arbitrarias durante el enfrentamiento armado. La dignidad de representar los intereses públicos no supuso una garantía de seguridad para ellos. A modo ilustrativo se mencionan los siguientes casos.

352.

      En 1974 el partido de la Democracia Cristiana, en alianza con algunos movimientos sociales como la Acción Católica, logró ganar liderazgo en el ámbito local tras los comicios municipales donde la población eligió a sus alcaldes indígenas muchos de éstos. La llegada de alcaldes mayas al poder local y a veces departamental provocó miedo e inestabilidad entre los poderes políticos tradicionales, el MLN y sus aliados locales. Entre 1978 y 1981 se registró un aumento en las ejecuciones arbitrarias de alcaldes.

353.

     El primer alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, Avelino Zapeta, fue ejecutado el 24 de septiembre de 1980. El día de su muerte, cuando había concluido su jornada de trabajo, se dirigió hacia su residencia ubicada en el cantón Xatinap I, a tres kilómetros de la cabecera departamental del Quiché. Estaba por llegar a su destino cuando dio de cara con un jeep militar, en el que se encontraban varios civiles armados, quienes le dispararon y le ocasionaron la muerte.

354.

     En las elecciones de 1980 Marcos Zoc Cortés ganó la alcaldía de Patzité, Quiché, postulado por el partido de la Democracia Cristiana. El 5 de agosto de 1981 el alcalde se encontraba en su despacho donde se presentaron seis hombres que vestían uniformes similares a los que usaban los empleados del Instituto Nacional de Electrificación, con el pretexto de saludarlo. En el interior de su oficina, desenfundaron sus armas y descargaron cinco balazos al alcalde, dos en el pecho y tres en la cabeza, que le provocaron la muerte inmediata.220 

355.

     José Lino Xoyón Hernández, lider kaqchikel de 45 años de edad, fue asesinado el 14 de octubre de 1980, cuando desempeñaba su cargo como alcalde de la cabecera departamental de Chimaltenango. Fue ejecutado en una esquina cerca al cementerio central del municipio de Chimaltenango, mientras conducía una camioneta propiedad de la municipalidad. El había recibido varias amenazas en anónimos que le habían remitido a la alcaldía. "Xoyón fue un líder con arraigo comunitario, poseedor de mucho carisma para tratar los indígenas y ladinos, fue el primer alcalde indígena de la cabecera departamental de Chimaltenango".221 

Los funcionarios y profesionales vinculados al sector judicial

356.

     Las violaciones de derechos humanos causaron efectos profundos en el sistema judicial guatemalteco. Muchos de los principales actores del sistema judicial, jueces, abogados y empleados, fueron ejecutados arbitrariamente a lo largo del enfrentamiento armado. La violencia política se expresó con frecuencia a través de amenazas a diferentes figuras que intervienen en el proceso judicial y tuvieron lugar varios casos de asesinato. Esta violencia creó intimidación entre los que trabajaban en el sistema judicial lo que provocó un aumento en la inacción de los tribunales y la impunidad. En muchas ocasiones ante la falta de seguridad, familiares y compañeros de las víctimas tenían miedo a que se investigaran los hechos.

357.

     En los contados casos en que se iniciaba una investigación, muchos testigos y abogados se negaban a participar en procesos abiertos contra miembros del Ejército o de cualquier otra institución del Estado. Muchos jueces se vieron obligados a doblegar su independencia como primera medida para evitar ser asesinados. De igual forma, abogados asesores de proyectos con arraigo comunitario, magistrados y otros empleados que quisieron cumplir cabalmente con sus funciones sufrieron numerosas amenazas, y hasta fueron ejecutados.

358.

     A raíz de los procedimientos sobre las detenciones domiciliarias, el abogado Rafael de Jesús Martínez Pérez mantuvo un altercado con el jefe de la Policía Nacional de Escuintla, quien le dijo que ya sabía que "un tal Martínez andaba alborotando sobre esta situación". El licenciado Martínez le dijo: "Yo soy el tal Martínez y no ando alborotando, sino velando porque se cumpla la ley". Por esta razón, el jefe de la Policía hizo saber en el pueblo que "ese abogadito se las iba a pagar". El jurista empezó a sentirse atemorizado y a llevar una vida plagada de precauciones. Ante los abusos que se cometían en Escuintla, decidió plantear la denuncia ante el Organismo Judicial. En la mañana del 9 de junio de 1980, dos carros con hombres armados aguardaron a que él saliera de su domicilio. Los vecinos se percataron y fueron amenazados para que se encerraran en a sus casas. Así que cuando el abogado salió, lo ametrallaron matándolo en el acto.222 

359.

     La apertura a la democracia y el proceso de paz generaron el surgimiento de organizaciones de derechos humanos que tenían como propósito el vencer la impunidad. Las iniciativas emprendidas por estas organizaciones se tradujeron en ejecuciones arbitrarias en contra de los que intentaron que comparecieran ante la justicia miembros del Ejército u otros agentes del Estado. En la persecución de los responsables de la ejecución arbitraria de la investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO) Myrna Mack, cometida en 1990, el investigador policíaco que ratificó la teoría que el crimen había sido motivado por razones políticas, fue asesinado. La Policía Nacional presentó dos informes sobre la investigación del crimen: el primero, en el cual se concluía que el móvil había sido un robo, no fue ratificado judicialmente por los investigadores. El segundo, presentado por los policías a quienes se encomendaron las pesquisas, José Miguel Mérida Escobar y Julio César Pérez Ixcajop, concluyó en cambio, que el móvil era político y señalaba a Noel de Jesús Beteta Alvarez como sospechoso de ser el autor material del asesinato. Este informe fue ratificado judicialmente por Mérida Escobar, quien al realizar dicho acto mencionó que estaba firmando su pena de muerte. El 5 de agosto de 1991 Mérida Escobar fue muerto a balazos, a poco más de cien metros de la Dirección General de la Policía Nacional, después de haber ratificado judicialmente el contenido de su encuesta y haber expresado temor por su vida. Por su parte, Julio César Pérez Ixcajop salió del país en octubre de 1991.223 

360.

     El Licenciado Edgar Ramiro Elías Ogaldez, juez con diez años de experiencia en la judicatura, en Mixco y Chimaltenango, quien venía siendo amenazado desde tiempo atrás, fue ejecutado el 18 de agosto de 1994. El juez Ogaldez había llevado el proceso de varios casos donde se encontraban involucrados ex miembros del Ejército; en uno de estos casos había dictado auto de prisión contra un militar. A su vez, los investigadores del asesinato del juez sufrieron vigilancia y amenazas telefónicas.224 

Los desplazados, los refugiados y los retornados

361.

     A raíz de la violencia tanto selectiva como indiscriminada, miles de guatemaltecos dejaron sus lugares de residencia o sus puestos habituales de trabajo, para desplazarse a otros puntos del país donde creían que la violencia era menos aguda. Otros optaron por marchar e instalarse en otros países. Sin embargo, y en especial los desplazados, continuaron siendo víctimas de violaciones de los derechos humanos.225 

362.

     Después de las masacres de Santa Marta, el 27 de octubre de 1981, y de San Pedro, el 17 de mayo de 1982, los desplazados del norte de Nebaj vivían todavía en las montañas al occidente de Santa Marta, entre las comunidades de Las Pilas y Buena Vista. Una mañana, el 15 de noviembre de 1983, Lucía Guzaro Raymundo, Magdalena Lobo Raymundo y Elena Raymundo De Paz bajaron de su refugio para ir a un ranchito donde algunos desplazados tenían un poco de comida. En el camino se encontraron con patrulleros provenientes de la comunidad Buena Vista. Los patrulleros empezaron a disparar y mataron a las tres mujeres.226 

363.

     Los desplazados que se organizaron en las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) soportaron actos de violencia por parte del Ejército, los comisionados militares y los patrulleros.227  Las operaciones de rastreo y los bombardeos, realizados dos o tres veces por semana, arrojaban periódicamente saldos de decenas de muertos y heridos.228 

364.

     El 29 de mayo de 1990 los soldados ejecutaron a Sebastián Hermoso Brito, de 16 años y Jacinto Bernal Vera, quienes se encontraban refugiados en las montañas de Amajchel. En la mañana temprano, estas dos personas, junto con otras dos más, salieron de su refugio para buscar comida. Cuando llegaron a una vereda que se encontraba en un cañón formado por las montañas, cayeron en una emboscada. En el tiroteo murieron Sebastián y Jacinto mientras que las otras dos personas lograron huir. Fueron estos últimos quienes contaron a los familiares lo ocurrido. Algunos miembros de las CPR intentaron regresar al lugar, pero los soldados estaban allí acampados, de modo que no pudieron recuperar los cuerpos. Tres semanas después regresaron y hallaron los dos cuerpos en descomposición, que pudieron identificar por la ropa.229 

365.

     Aunque no con la misma frecuencia con que atacaron a los desplazados del interior, en algunas ocasiones el Ejército, con o sin la colaboración de patrulleros y comisionados de las regiones fronterizas, penetró en el territorio mexicano para perseguir a los refugiados. En algunos casos los militares acusaron a aquellas gentes de haber tenido relaciones con la guerrilla y de huir de Guatemala por esta razón. En otros, acusaron a los refugiados de haber mantenido comunicaciones desde el extranjero y delatar a los que se mantuvieron en sus comunidades de origen como colaboradores del Ejército. no faltaron ocasiones en que se presentó en público a personas a las que acusaban de pertenecer a la guerrilla después de haberles secuestrado en los campos de refugiados de la frontera, a quienes de vuelta en Guatemala, sometían a torturas y otros tratos crueles para obtener información antes de ejecutarlos.

     "Fuimos [para refugiarnos] a una colonia que se llama San Pedro. En esta colonia hubo muchos refugiados guatemaltecos. Un día, creo que era el 12 de septiembre de 1982, aquí también vino el Ejército guatemalteco buscándonos. Aterrizaron en dos helicópteros y preguntaron a los mexicanos dónde se encontraban los refugiados. Tenemos regalos para ellos, dijeron. Por eso los mexicanos vinieron a llamarnos. Pero al presentarnos, los soldados no nos dieron regalos, sino agarraron a cuatro refugiados y los llevaron a la fuerza al destacamento militar en Ixquisís. (...)".

366.

     Posteriormente se tuvo conocimiento que las cuatro personas fueron torturadas, ejecutadas y enterradas en el destacamento.230 

367.

     Incluso cuando la gente decidió regresar a su comunidad, desde el refugio o el desplazamiento, no siempre fueron bienvenidos por las autoridades. El Ejército sospechaba que los que se refugiaron o desplazaron, particularmente en las CPR, actuaron así por estar involucrados en la guerrilla. Esta presunción provocó que las autoridades acusaran de tener la intención de seguir colaborando con la guerrilla a los que retornaban a sus comunidades.

368.

     Después de siete meses de estar desplazados en la montaña, varias personas decidieron regresar a su comunidad de Sechaj al enterarse de la promulgación de una ley de amnistía. Cuando llegaron a la aldea fueron recibidos por un grupo de soldados dirigidos por un capitán quien después de darles la bienvenida, los interrogó por los motivos que tuvieron para esconderse en la montaña. Uno de sus dirigentes, Francisco Xi, le respondió que los soldados habían quemado sus viviendas y sus cosechas, y que había escapado de los soldados porque querían matarlo. En ese momento el capitán le arrebató el micrófono de las manos, y lo señaló como a uno de los responsables de que la comunidad tuviera problemas, pues personas como él querían que este país se convirtiera una Nicaragua o en una Cuba y que él era un comunista. Tres semanas después, patrulleros civiles de la aldea vecina, Chibulún, fueron a sacar a Francisco Xi de su casa, en Sechaj, Cahabón, Alta Verapaz, y se lo entregaron a los soldados acampados a orillas de aquella aldea. Desde Sechaj lo maniataron, lo patearon y le gritaron que él había comprometido a su pueblo por ser comunista, y que por culpa suya iba a morir mucha gente en su aldea. Los soldados lo desnudaron y así lo tuvieron durante una semana entre las montañas. Lo pisotearon cuantas veces quisieron, le arrancaron la lengua, y finalmente lo colgaron de los testículos en un lugar que se llama Tzubilpec. Su cuerpo nunca fue recuperado.231 

Los miembros de las fuerzas guerrilleras fuera de combate

369.

     Otro grupo víctima de ejecución arbitraria por parte del Estado lo constituyeron los denominados miembros de las fuerzas insurgentes fuera de combate. Según el derecho humanitario, durante la participación directa en las hostilidades, no se comete una ejecución arbitraria si se priva de la vida a un combatiente. Sin embargo, en toda circunstancia fuera del escenario de una operación militar, el matar a un combatiente supone una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho humanitario, conceptuada como ejecución arbitraria. A pesar de las obligaciones legales, el Estado ejecutó a muchos guerrilleros fuera de combate.232 

     "En todo caso cuando se le capturaba [a un combatiente] el procedimiento fue de hablar con él y sacarle información y dependiendo de los que supiera se quedaba con el Ejército. La mayoría, sí, es posible, que fuera ejecución arbitraria".233 

370.

     Los combatientes que cayeron heridos durante las hostilidades fueron rematados muy a menudo por los soldados al concluir el enfrentamiento. En otros casos, capturaban a un guerrillero después de las escaramuzas y los llevaban a una instalación militar para interrogarlo y posteriormente ejecutarlo. En octubre de 1988, José Ramírez, un combatiente del frente Ho Chi Minh del EGP, resultó herido en combate en Cunén y fue hecho prisionero por soldados en el curso de la retirada. Lo llevaron al destacamento de Nebaj donde fue torturado y posteriormente ejecutado.

     "Era recién alzado y no tenía mucho que contar".234 

371.

     En circunstancias distintas las fuerzas contrainsurgentes capturaron a combatientes y luego los llevaron como presos a otras comunidades demostrando a la población el control que ejercían sobre ellos. A veces incluso involucraron a los habitantes de las aldeas obligándoles a matarlos. Fue un proceso de deshumanización concebido para crear repudio y distancia entre los guerrilleros y la población.

372.

     Los patrulleros de Tzisbaj estaban haciendo un rastreo cuando encontraron a Gregorio Montejo, vecino de esta aldea, acompañado de Esteban Rojas, de Jacaltenango, armados y con el uniforme y las siglas de EGP. Los capturaron y condujeron al centro de la comunidad golpeándolos a lo largo del trayecto. De ahí los llevaron por dos días al destacamento de Jacaltenango, de donde los devolvieron a la comunidad de Tzisbaj. Pero en esta ocasión en compañía de un grupo de soldados además de los patrulleros; los expusieron ante todos los moradores de la aldea, mostrando los con signos de tortura de los prisioneros para que la población aprendiera lo que le iba a pasar si se unía a la guerrilla. Toda la aldea debía estar mirando o de lo contrario los mataban porque, si no querían mirar se debía a que también eran guerrilleros. Después, los soldados los arrodillaron y obligaron a los patrulleros a golpearlos con un garrote, hasta matarlos. Antes, les gritaron que fueran rezando porque iban a morir. Las víctimas iniciaron "el Padre nuestro" pero el oficial les interrumpía diciéndoles que no lo hacían correctamente y los comenzaban a insultar, "asesino, no tenéis perdón de Dios, se van a pudrir en el infierno." Los soldados llamaron a los patrulleros, los formaron en fila con un garrote cada uno en la mano. Y así fueron pasando uno por uno. Pasaron todos y como no morían, uno de los soldados los acuchilló y más tarde les dieron el tiro de gracia. Una vez muertos, los soldados encargaron a los patrulleros que tiraran los cadáveres por ahí y que no les enterraran en el camposanto porque eran gente de zopilote.235 

373.

     En casos no relacionados con la participación directa en las hostilidades, los agentes del Estado persiguieron a los guerrilleros hasta sus casas y otros lugares para asesinarlos. Un guerrillero que esté fuera de combate por cualquier motivo, debe ser capturado y puesto a disposición de una autoridad judicial competente. Aquí por el contrario, se aplicó el proverbio: "Guerrillero visto, guerrillero muerto".

     "Bueno, lo que tengo que contar es lo que le sucedió a mi esposo, aquí, en el Parcelamiento El Pilar, La Democracia Escuintla, (...) Mi esposo (...) estaba recién llegado, era combatiente internacionalista de las FAR, acababa de recibir entrenamiento, por casi un año, fuera del país, no sé dónde y estaba descansando con nosotros. (...) Estábamos ya durmiendo, los cuatro en la casa, desde hacía rato, cuando se escucharon unos ruidos alrededor de la casa. Entonces él me dijo: Ya me llevó la gran puta... Esos cerotes ya vienen a traerme. (...) Entraron a la casa, eran como doce, más o menos, sacaron a mi marido de la cama y se lo llevaron entre dos hasta la puerta, pero siempre él llevaba el machete, saliendo de la puerta, que se oye el grito de un soldado, ya mi marido le había dado el primer filazo; allí mismo en el patio quedó el triperío. Pero casi al mismo momento, oyó el grito de otro, mi esposo le había filiado el brazo y todavía alcanzó a otro, pero por detrás, lo golpeó el que venía de jefe. Allí mismo en el patio, con su mismo machete le quitaron a mi marido sus huevos, o sea lo caparon pues. Se lo llevaron amarrado y a golpazos. (...) El día 26 de enero de 1981, en horas de la madrugada, unos trabajadores (...) vieron que se estaba quemando una persona, que aún no estaba muerta e intentaron apagarla con ramas, pero otros les dijeron que no hicieran, porque a él lo había quemado la autoridad. De allí me dijeron que había un cadáver, frente a la entrada del Ingenio Magdalena y lo fui a ver, era él, solamente lo conocí por el dedo gordo del pie, que era bien cortito, porque estaba completamente quemado... Su cuerpo tenía señales de tortura, quemado completamente y maneado con alambre".236 

La ejecución arbitraria y su relación con la violación de otros derechos humanos

374.

     La secuencia de hechos que condujo a la muerte de una víctima variaba según las circunstancias y los objetivos de los autores. En ciertos casos, la víctima fue ejecutada instantáneamente y en otros fue capturada para luego ser asesinada. La privación arbitraria de la libertad de la víctima, a veces, dio lugar a que la víctima fuera torturada. Se constató también que muchas mujeres víctimas de ejecuciones arbitrarias fueron asimismo ultrajadas sexualmente.

La ejecución arbitraria y la desaparición forzada

375.

     Existe una relación estrecha entre la ejecución arbitraria y la desaparición forzada. Uno de los elementos que diferencia ambas violaciones es el ocultamiento del cuerpo de la víctima, que es caracteristica de la desaparición forzada e impide tener la certeza de que la víctima fue efectivamente privada de la vida, como acontece en el caso de la ejecución. En Guatemala son pocos los casos de desaparición forzada en los que, después de un cierto tiempo, la víctima reapareció con vida.

376.

     La desaparición forzada se distingue también de la ejecución arbitraria en la medida que en la primera, los responsables de la desaparición se ocultan el cuerpo de modo que se impida la comprobación de la muerte y en cambio, en la ejecución arbitraria no existe dicha incógnita. Una de las formas empleadas en Guatemala para ocultar los cuerpos de las víctimas fue a través de los cementerios clandestinos.

La ejecución arbitraria y la tortura

377.

     La CEH registró un 21% de los casos de ejecución arbitraria, en que la víctima fue también torturada. La tortura de la víctima antes de su ejecución pudo obedecer a la voluntad de obtener informaciones por parte de la víctima o simplemente fue un castigo.

378.

     En 1975 en la comunidad Los Llanitos, Jupiltepeque, Jutiapa, Anselmo Monzón Rodríguez fue acusado por un soldado de un delito que no cometió, debido a rencillas personales. Elementos del Ejército se presentaron en la casa de Anselmo donde mataron inmediatamente a su hijo, Jesús Monzón, y a Anselmo lo torturaron con golpes, flagelaciones y ahorcamiento ante el resto de su familia. Le cortaron las plantas de los pies y lo hicieron caminar varios kilómetros con el cadáver de su hijo a cuestas, hasta que finalmente lo ejecutaron de un disparo en la cabeza.237 

La ejecución arbitraria y la violación sexual

379.

Con frecuencia, las mujeres víctimas de ejecuciones arbitrarias fueron antes víctimas de violación sexual.

380.

     El 9 de noviembre de 1980, en la comunidad El Desengaño, del municipio de San Miguel Uspantán, Quiché, Emiliana Velásquez Zapeta; David, su niño de un año, y Justa Tunux Vicente, embarazada, se encontraban en la misma vivienda, cuando fueron sorprendidas por varios soldados. Las dos mujeres fueron violadas sexualmente y ejecutadas acto seguido, al igual que el menor. Ambas mujeres fueron abandonadas completamente desnudas, y sus cadáveres fueron encontrados aquella misma tarde.238 

La ejecución arbitraria y la privación de libertad

381.

La ejecución de la víctima ocurría, según la pauta general, algunas horas o algunos días después de practicarse la detención.

     "Apróximadamente el 15 de julio de 1981, el sacerdote maya Pablo García celebraba una ceremonia maya en Cruz de Canac, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, cuando llegaron unos 60 soldados y se lo llevaron. Las tropas condujeron a la víctima a la finca La Cerita, donde lo golpearon mientras lo acusaban de apoyar a la guerrilla con sus ceremonias mayas. Después de tres días en la finca, durante los cuales no fue alimentado, fue ejecutado".239 

382.

Ciertas víctimas quedaron a la merced de sus verdugos varias semanas antes de ser ejecutados.

383.

     En mayo de 1982 en la aldea Santa Rosa, del municipio de Nentón, Huehuetenango, miembros del Ejército vestidos de civil pero que insistían en ser militantes "de la organización ORPA", sacaron de sus viviendas en la noche a Miguel Matías, Juan Miguel Marcos, Sebastián Juan y Baltazar Domingo José. Los cuatro prisioneros fueron trasladados al destacamento de Nentón donde estuvieron privadas de alimentos. Un mes después los llevaron a la aldea Nueva Catarina de Jacaltenango, y ocho días más tarde los cuatro cadáveres con señales de tortura eran encontrados en Llano Grande.240

1  El Imparcial. 20 de noviembre de 1954. Regrese al Texto

2  Michael McClintock, The American connection, volume two: State terror and popular resistance in Guatemala, Zed Books (1985). Regrese al Texto

3  En junio de 1967, el escuadrón de la muerte autodenominado Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), difundió una relación con nombres de personas identificadas como comunistas. Este listado, al parecer, estaba basado en informaciones antiguas. Documento desclasificado de EE UU; p. 6.54, 10 de junio de 1967. También, Gabriel Aguilera Peralta, La Violencia en Guatemala como fenómeno político, Centro Intercultural de Documentación, cuaderno No.61, Capítulo 4, pg. 16-17. Regrese al Texto

4  C 7002. 1962. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

5  C 1085. 1964. Gualán, Zacapa. Regrese al Texto

6  C 1023. Marzo, 1965. Puertos Barrios, Izabal. Regrese al Texto

7  C 654. 1968. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

8  Testigo (alto cargo del Gobierno) CEH. (T.C. 17). Regrese al Texto

9  Diario Matutino, 29 de junio de 1967, citado por Comité de Defensa de Los Derechos Humanos, La Violencia en Guatemala, Fondo de Cultura Popular, México, 1969, pg. 91. Regrese al Texto

10  Diario Matutino, 30 de junio de 1967, citado por Comité de Defensa de Los Derechos Humanos, La Violencia en Guatemala, ob. cit., pg. 91. Regrese al Texto

11  Sobre el año 1966 se menciona una estimación de 500-600 muertos de la contrainsurgencia (Documento desclasificado de EE UU; pg.6.59, 23 de octubre de 1967) y según la organización de derechos humanos Amnesty International (AI), entre 3000 y 8000 guatemaltecos murieron durante la campaña de Zacapa-Izabal, de octubre 1966 a marzo de 1968 (AI Briefing, Guatemala, 1976). Se aportó también la cifra de 6000 muertos entre noviembre de 1966 y septiembre de 1968. Comité de Defensa de Los Derechos Humanos, La Violencia en Guatemala, Fondo de Cultura Popular, México, 1969, pg. 181. Regrese al Texto

12  C 752. Mayo, 1967. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

13  C 1028. Enero, 1965. Los Amates, Izabal. Regrese al Texto

14  C 1175. Diciembre, 1966. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

15  La Nación, mensaje del presidente Arana a su Pueblo, Ciudad de Guatemala, 21 de noviembre de 1970. Regrese al Texto

16  C 1206. 1973. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

17  C 1201. 1974. San Diego, Zacapa. Regrese al Texto

18  CI 100. Enero, 1971. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

19  Volante de un escuadrón de la muerte. Abril, 1975. Regrese al Texto

20  C 7303. Abril, 1975. Coatepeque, Quetzaltenango. Regrese al Texto

21  Testigo (líder de una ONG) CEH. (T.C. 12). Regrese al Texto

22  CI 65. Enero y marzo. 1979. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

23  Ibid. Regrese al Texto

24  CI 67. 1977-1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

25  CI 97. Mayo, 1975. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

26  CI 59. Junio, 1975. Quiché. Regrese al Texto

27  C 7302. Febrero, 1979. Pajapita, San Marcos. Regrese al Texto

28  C 2962. Febrero, 1982. Chiché, Quiché. Regrese al Texto

29  C 5391. Julio, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

30  C 9480. Abril, 1984. Cahabón, Alta Verapaz. Regrese al Texto

31  C 842. Octubre, 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

32  C 18051. Abril, 1991. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

33  C 8014. Junio, 1994. Quetzaltenango, Quetzaltenango. Regrese al Texto

34  C 7182. Abril, 1995. Tajamulco, San Marcos. Regrese al Texto

35  C 5263. Noviembre, 1996. San Marcos. Regrese al Texto

36  Allan Nairn y Jean-Marie Simon; Guatemala's civilian government faces the enemy within. Buraucracy of death, The New Republic, 30 de junio de 1986, pg.15. Regrese al Texto

37  Por ejemplo, "Aniquilar los Comités Clandestinos Locales...", fue parte del propósito general del Plan de Campaña "Victoria 82". Regrese al Texto

38  Testigo (alto cargo del Gobierno) CEH. (T.C. 13). Regrese al Texto

39  Allan Nairn y Jean-Marie Simon; Guatemala's civilian government faces the enemy within. Buraucracy of death, The New Republic, 30 de junio de 1986, pg. 15. Regrese al Texto

40  Testigo directo (alto cargo del gobierno) CEH. (T.C.21). Regrese al Texto

41  Ibid. Regrese al Texto

42  CI 85. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

43  Ejército de Guatemala, Manual de Guerra Contrasubversiva, Guatemala, Noviembre de 1983, pg. 2-3. Regrese al Texto

44  C 3705. Diciembre, 1981. San Juan Cotzal, Quiché. Regrese al Texto

45  C 5244. Agosto, 1982. Santa Ana Huista, Huehuetenango. Regrese al Texto

46  C 10196. Enero, 1982. Dolores, Petén. Regrese al Texto

47  C 5506. Diciembre, 1982. Concepción Huista, Huehuetenango. Regrese al Texto

48  C 16701. Marzo, 1982. Cunén, Quiché. Regrese al Texto

49  C 5087. Mayo, 1981. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Regrese al Texto

50  Testigo (ex soldado) CEH. (T.C. 85). Regrese al Texto

51  Testigo directo (ex mando del EGP )CEH. (T.C.80). Regrese al Texto

52  C 5207. Agosto, 1981. Jacaltenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

53 Testigo directo REMHI. (T. 53). Regrese al Texto

54  C 2403. Enero, 1981. Ssn Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

55  C 8032. 1980. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Regrese al Texto

56  C 16319. Marzo, 1982. Chichicastenango, Quiché. Regrese al Texto

57  C 5234. Diciembre, 1981. Santa Ana Huista, Huehuetenango. Regrese al Texto

58  CI 084. Julio. 1981. Huehuetenango. Regrese al Texto

59  C 15432. 1982. Nebaj, Quiché. Regrese al Texto

60  CI 058. Diciembre, 1989. Chajul, Quiché. Regrese al Texto

61  C 11190. 1993. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

62  CI 105. Junio. 1993. Chichicastenango. Quiché. Regrese al Texto

63  CI 005. Agosto. 1983. Regrese al Texto

64  C 2388. Diciembre, 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché. Regrese al Texto

65  C 2595. Abril, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

66  C 16098. Noviembre, 1982. Zacualpa, Quiché. Regrese al Texto

67  CI 105. Junio.1993. Chichicastenango. Quiché. Regrese al Texto

68  C 2784. Febrero, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

69  C 16677. 1982. Zacualpa, Quiché. Regrese al Texto

70  C 5572. Mayo, 1992. Colotenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

71  C 5135. 1986. San Pedro Necta, Huehuetenango. Regrese al Texto

72  CI 053. Junio. 1982. Quiché. Regrese al Texto

73  C 16016. Junio, 1982. Sacapulas, Quiché. Regrese al Texto

74  C 2479. Enero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché. Regrese al Texto

75  C 2199. Mayo, 1983. San Pedro Jocopilas, Quiché. Regrese al Texto

76  Testigo directo (ex miembro de un escuadrón de la muerte) CEH. (T.C.120). Regrese al Texto

77  C 16523. 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché. Regrese al Texto

78  Testigo directo (colaborador de la guerrilla) CEH. (T.C. 543). Regrese al Texto

79  C 13138. 1983. Tejutla, San Marcos. Regrese al Texto

80  C 1161. Diciembre, 1981. El Estor, Izabal. Regrese al Texto

81  C 10125. Mayo, 1989. San Benito, Petén. Regrese al Texto

82  C 7184. Noviembre, 1981. Tajamulco, San Marcos. Regrese al Texto

83  Véase apartado intitulado La Inteligencia. Regrese al Texto

84  C 13094. Agosto, 1979. Tiquisate, Escuintla. Regrese al Texto

85  C 13106. Octubre, 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Regrese al Texto

86  C 7047. Julio, 1981. Tacaná, San Marcos. Regrese al Texto

87  C 10056. Septiembre, 1980. Sayaxché, Petén. Regrese al Texto

88  C 7132. Enero, 1983. Tacaná, San Marcos. Regrese al Texto

89  Este tema de los escuadrones de la muerte se encuentra desarrollado con mayor amplitud en el apartado de Inteligencia correspondiente a este Capítulo. Regrese al Texto

90  CI 056. Mayo, 1980. Escuintla. Regrese al Texto

91  C 8009. Agosto, 1980. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Regrese al Texto

92  Nueva Organización Anticomunista, Al pueblo de Guatemala comunica, volante, 1 de abril de 1967. Regrese al Texto

93  Testigo directo (empleada del hospital) CEH. (T.C.32). Regrese al Texto

94  Fondo de Cultura Popular; La Violencia en Guatemala: Dramática y documentada. Denuncia sobre el tercer gobierno de la revolución, México, DF, 1969. Regrese al Texto

95  Gabriel Aguilera Peralta; La violencia en Guatemala como fenómeno político, Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, Cuaderno No. 61, 1971, pg. 7-2, Apéndice "El Proceso de Terror en Guatemala". Regrese al Texto

96  C 197. Agosto, 1981. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

97  C 1166. 1981. El Estor, Izabal. Regrese al Texto

98  C 7290. Agosto, 1980. San Marcos, San Marcos. Regrese al Texto

99  En los años sesenta, el escuadrón de la muerte autodenominado Organización de Asociaciones Contra el Comunismo (ODEACEG) ofreció a los líderes de sindicato escoger entre la salida del país o ser ejecutados. Lacharite, Norman A.; Political Violence in Guatemala, 1963-1967: Its social, economic, political, and historical, and historical origins, and its patterns and sequences. The American University, PH.D., 1973. Regrese al Texto

100  Carlos Figueroa Ibarra; El Recurso del Miedo: Ensayo sobre el Estado y el Terror en Guatemala, Educa: San José, 1991, pg. 38. Regrese al Texto

101  Testigo directo (abogado sindicalista) CEH. (T.C.81). Regrese al Texto

102  C 913. 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

103  Amnesty International; International Report, 1980, pg. 140. Regrese al Texto

104  "El mando del Ejército Secreto Anticomunista por medio de este boletín presenta un 'ultimátum' a los siguientes sindicalistas, profesionales, obreros y estudiantes ... advierte a todos que ya los tiene localizados y sabe muy bien donde se encuentran estos nefastos dirigentes comunistas, quienes desde ya están condenados a muerte por lo que serán ejecutados despiadadamente ...". ESA, Boletín No.6, 6 de enero de 1979. Regrese al Texto

105  C 18055. Enero, 1985. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

106  Ibid. Regrese al Texto

107  Ibid. Regrese al Texto

108  CI 067. Enero, 1978-1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

109  Carlos Enríquez; Guatemala: No más exilio. Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas para el Acompañamiento de la Población Damnificada por el Conflicto Armado Interno (CONGCOOP), Guatemala, octubre de 1995. Regrese al Texto

110  C 941. Enero, 1981. La organización de derechos humanos "Americas Watch" reportó el caso de, José Alvino Grijalva Esteves, quien fue ejecutado dos años después de haber Regreseado de su exilio en México. Americas Watch; Closing the Space, human rights in Guatemala, May 1987- October 1988, An Americas Watch report, noviembre de 1988. Regrese al Texto

111  CI 065. Enero y Marzo, 1979. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

112  Ibid. Regrese al Texto

113  Carlos Figueroa Ibarra; El Recurso del Miedo: Ensayo sobre el Estado y el Terror en Guatemala, Programa Centroamericano de Investigaciones, primera edición, San José, Costa Rica, 1991, pg. 38. Regrese al Texto

114  Testigo directo (autoridad de la Universidad) CEH. (T.C. 3). Regrese al Texto

115  Carlos Figueroa Ibarra; El Recurso del Miedo: Ensayo sobre el Estado y el Terror en Guatemala, Ob.cit., pg. 38. Regrese al Texto

116  C 13222. Abril, 1971. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

117  Testigo (alto mando del EGP) CEH. (T.C. 154). Regrese al Texto

118  C 16686. Octubre, 1981. Chiché, Quiché. Regrese al Texto

119  C 16685. 1974. Santa Cruz del Quiché, Quiché. Regrese al Texto

120  C 10315. Febrero, 1983. Sayaxché, Petén. Regrese al Texto

121  C 6097. 1981. San Miguel Acatán, Huehuetenango. Regrese al Texto

122  C 363. Marzo, 1981. San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Regrese al Texto

123  Testigo REMHI. Testimonio de victimarios. Regrese al Texto

124  C 4275. Febrero, 1989. Río Bravo, Suchitepéquez. Regrese al Texto

125  C 5383. Junio, 1985. Nentón, Huehuetenango. Regrese al Texto

126  Testigo (ex combatiente del EGP) CEH. (T.C. 8). Regrese al Texto

127  C 15407. Noviembre, 1982. Cuilco, Huehuetenango. Regrese al Texto

128  C 2066. Junio, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché. Regrese al Texto

129  C 2689. Febrero, 1983. Joyabaj, Quiché. Regrese al Texto

130  C 3799. Mayo, 1981. Nebaj, Quiché. Regrese al Texto

131  CI 056. Mayo, 1980. Escuintla. Regrese al Texto

132  C 16148. Agosto, 1987. Yepocapa, Chimaltenango. Regrese al Texto

133  C 10195. Noviembre, 1982. La Libertad, Petén. Regrese al Texto

134  Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 53). Regrese al Texto

135  C 2309. Octubre, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

136  Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 85). Regrese al Texto

137  C 6176. Agosto, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Regrese al Texto

138  El Cajón, Cuilco, Chacaj, Nentón y muchos otros ejemplos. Regrese al Texto

139  C 6069. Agosto, 1982. San Mateo Ixtantán, Huehuetenango. Regrese al Texto

140  C 085. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

141  Según los datos recibidos por la CEH, el 95 % de las ejecuciones arbitrarias no fueron denunciadas a las autoridades judiciales competentes. Regrese al Texto

142  Amnesty International, Guatemala: A government program of political murder, AMR 4 de febrero de 1981. Regrese al Texto

143  C 13369. Febrero, 1982. Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez. Regrese al Texto

144  Ibid. Regrese al Texto

145  Testigo directo (ex soldado). (T.C.85). Regrese al Texto

146  C 10307. 1985. Dolores, Petén. Regrese al Texto

147  Testigo directo (ex soldado) CEH. (T.C. 53). Regrese al Texto

148  C 7264. Abril, 1983. Ixchiguán, San Marcos. Regrese al Texto

149  C 13245. 1982. Santa Rosa, Santa Rosa. Regrese al Texto

150  C 15390. 1981. Ixtahuacán, Huehuetenango. Regrese al Texto

151  Testigo directo (autoridad) CEH. (T.C.542). Regrese al Texto

152  Libro de Defunciones de la Municipalidad. Regrese al Texto

153  Universidad San Carlos de Guatemala; Informe de la USAC, pg. 36. Regrese al Texto

154  C 12. Diciembre, 1974. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

155  C 7009. Agosto, 1983. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Regrese al Texto

156  C 16619. Abril, 1980. Santa Cruz del Quiché, Quiché. Regrese al Texto

157  CI 079.Enero, 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

158  Testigo directo (empleado del hospital ) CEH. (T.C. 32). Regrese al Texto

159  Ibid. Regrese al Texto

160  C 68. Agosto, 1980. Quetzaltenango, Quetzaltenango. Regrese al Texto

161  C 4061. Junio, 1985. Santiago Atlitlán, Sololá. Regrese al Texto

162  Testimonio REMHI. Regrese al Texto

163  CI 005. Agosto, 1993. Huehuetenango. Regrese al Texto

164  Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.61 Doc.47, 5 de octubre de 1983, pg. 47-48. Regrese al Texto

165  Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.66 Doc.10 rev.1, 1 de octubre de 1985, pg. 86-87. Regrese al Texto

166  Ibid. Regrese al Texto

167  Véase en este Capítulo el apartado sobre Denegación de Justicia. Regrese al Texto

168  Conrado Alonso, Fusilados al Alba. Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. El XI Congreso Jurídico Guatemalteco recomendó la supresión de la ley de Tribunales de Fuero Especial así: "I. RECONOCE: Que han existido graves violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a los demás Tratados y compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, especialmente en lo que se refiere a los artículos 4§., 5§ y 27 de la citada Convención al ponerse en vigor el estado de sitio y promulgarse la Ley de Tribunales de Fuero Especial. II. EXIGE: A las autoridades del Estado de Guatemala que en sus actuaciones se dé la adecuada aplicación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos ratificada por Guatemala y a todos los Tratados, Convenios y compromisos adquirido los Tribunales de Fuero Especial. Regrese al Texto

169  Del 22% de las demás víctimas de ejecución arbitraria no se tiene información sobre su pertenencia étnica. (Véase Gráfica 5 ). Regrese al Texto

170  La CEH en convenio con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizó exhumaciones durante su período de actividades en Acul, Belén, Chel y Panzós, cuyos resultados se encuentran en el informe de las investigaciones presentado por la Fundación. Regrese al Texto

171  CI 052. Marzo, 1990. Quiché. Regrese al Texto

172  C13248. Diciembre, 1981. Rabinal, Baja Verapaz. Regrese al Texto

173  C 13148. Agosto, 1981. Santa Rosa, Santa Rosa. Regrese al Texto

174  C 5606. Septiembre, 1993. Colotenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

175  C 16602. Marzo, 1982. Sacapulas, El Quiché. Regrese al Texto

176  C 2740. Junio, 1982. Chiché, Quiché. Regrese al Texto

177  C 4035. Mayo, 1982. Sololá, Sololá. Regrese al Texto

178  Ejército de Guatemala; Plan de Campaña "Victoria 82", pg. 19. Regrese al Texto

179  C 1214. Diciembre, 1960. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

180  C 1200. Agosto, 1967. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

181  C 9113. 1980. Cahabón, Alta Verapaz. Regrese al Texto

182  Diócesis del Quiché; El Quiché: El Pueblo y su Iglesia 1960-1980, Santa Cruz del Quiché, Guatemala, julio, 1994, pg.123-124. Regrese al Texto

183  C 556. Diciembre, 1980. Comalapa, Chimaltenango. Regrese al Texto

184  C 16201. Octubre, 1981. Zacualpa, Quiché. Regrese al Texto

185  C 2627. Junio, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

186  C 16030. Enero, 1981. San Bartolomé Jocotenango, Quiché. Regrese al Texto

187  Testigo directo (ex soldado ) CEH. (T.C. 85). Regrese al Texto

188  Testigo directo (ex soldado ) CEH. (T.C. 53). Regrese al Texto

189  C 11509. Septiembre,1981. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

190  Ver documento sobre el papel de la Iglesia Católica durante el enfrentamiento armado. Regrese al Texto

191  CI 101. Junio, 1978. San José Pinula. Guatemala. Regrese al Texto

192  Ibid Regrese al Texto

193  C 1031. Julio, 1981. Los Amates, Izabal. Regrese al Texto

194  C 5432. Agosto, 1982. Concepción Huista, Huehuetenango. Regrese al Texto

195  C 4175. Febrero, 1981. San Pedro la Laguna, Sololá. Regrese al Texto

196  Informe de Amnistía Internacional para la CEH, AI Index: AMR 34/02/98. Marzo, 1998, pg. 18. Regrese al Texto

197  CI 028. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

198  CI 016. Julio, 1978. Huehuetenango. Regrese al Texto

199  CI 016. Julio, 1978. Huehuetenango. Regrese al Texto

200  CI 067. 1977-1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

201  C 777. Diciembre, 1978. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

202  Testigo directo (líder sindical) CEH. (T.C. 49). Regrese al Texto

203  Testigo directo (líder de movimiento popular ) CEH. (T.C. 112). Regrese al Texto

204  Testigo directo (líder de movimiento popular ) CEH. (T.C. 392). Regrese al Texto

205  CI 045. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

206  Universidad San Carlos de Guatemala, Comisión de la Verdad de la USAC, pg. 11. Regrese al Texto

207  Que ha terminado estudios pero no se ha graduado. Regrese al Texto

208  C 13348. Marzo, 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

209  C 517. Marzo, 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

210  C 8010. Julio, 1980. Quetzaltenango, Quetzaltenango. Regrese al Texto

211  CI 30. Agosto-Septiembre, 1989. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

212  C 7290. Agosto, 1980. San Marcos, San Marcos. Regrese al Texto

213  Testigo directo. CEH. (T.C. 334). Regrese al Texto

214  Ibid. Regrese al Texto

215  CI 068.1966. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

216  Nombre de un escuadrón de la muerte que actuaba en la región. Regrese al Texto

217  C 1034. Diciembre,1966. Olopa, Chiquimula. Regrese al Texto

218  C 8353. Enero, 1975. Coatepeque, Quetzaltenango. Regrese al Texto

219  CI 65. Enero y Marzo, 1979. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

220  C 16477. Agosto, 1981. Patzité, Quiché. Regrese al Texto

221  C 870. Octubre,1980. Chimaltenango, Chimaltenango. Regrese al Texto

222  C 13057. Junio, 1980. Escuintla, Escuintla. Regrese al Texto

223  CI 085. Septiembre, 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

224  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, OEA/Ser.L/V/II.88 Doc.9 rev., 17de febrero de 1995, pg. 196. Regrese al Texto

225  CI 003.Octubre 1995. Alta Verapaz. Regrese al Texto

226  Testigos de referencias (mujeres ixil, desplazadas, campesinas) CEH. C 3404. Noviembre, 1983. Regrese al Texto

227  Para un estudio más completo sobre la vivencia de los desplazados y refugiados, véase la parte correspondiente en Capítulo II y en el Capítulo III. Regrese al Texto

228  C 3069. Mayo, 1990. Chajul, Quiché. Regrese al Texto

229  Ibid. Regrese al Texto

230  C 6176. Septiembre, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Regrese al Texto

231  C 10163. Agosto, 1982. Cahabón, Alta Verapaz. Regrese al Texto

232  CI 081. 1982, Retalhuleu, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, San Marcos. Regrese al Texto

233  Testigo directo (alto mando del Ejército ) CEH. (T.C. 92). Regrese al Texto

234  C 16754. Octubre, 1988. Cunén, Quiché. Regrese al Texto

235  C 5680. Septiembre, 1982. Jacaltenango, Huehuetenango. Regrese al Texto

236  C 13255. Enero, 1981. Escuintla, Escuintla. Regrese al Texto

237  C 10201. 1975. Yupiltepeque, Jutiapa. Regrese al Texto

238  C 2955. Septiembre, 1980. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto

239  C 8194. Julio, 1981. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Regrese al Texto

240  C 5778. Mayo, 1982. Nentón, Huehuetenango. 4 107