Capitulo II
Las Violaciones de los Derechos Humanos y Los Hechos de Violencia

Volumen 1
Estrategia y Mecanismos de las Partes

Volumen 2
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 3
Violaciones de los Derechos Humanos

Volumen 4
Los Hechos de Violencia

113.

     El derecho a la vida fue el más afectado según ha podido concluir la CEH en su análisis de los diferentes testimonios recogidos durante su trabajo de campo. En este apartado mostraremos cuáles fueron las regiones donde se produjo esta violación, así como los años en que con mayor frecuencia se cometió. De igual modo se hará un detallado análisis de los grados de autoría según puede deducirse gracias a los mismos testimonios que se recabaron.

114.

     Igualmente, en este apartado se detallará una tipología de las víctimas, los diferentes procedimientos utilizados para cometer las ejecuciones, así como los numerosos mecanismos que fueron empleados para impedir las investigaciones judiciales. Estos van desde el encubrimiento de los autores hasta la eliminación de sobrevivientes y testigos, pasando por el cruel y dramático ocultamiento de cadáveres en cementerios clandestinos que privó a multitud de familias guatemaltecas de la posibilidad de rendir culto a sus muertos.

Marco Jurídico

115.

El derecho internacional de los derechos humanos, tanto convencional como consuetudinario, el derecho internacional humanitario, y todas las Constituciones, garantizan el derecho a la vida y otros derechos que se tratan en este apartado.

116.

     El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, establece que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia; por esta razón la comunidad internacional considera que su respeto y observancia debe cumplirse con carácter general, sin renuncia y sin restricción, constituyendo derecho consuetudinario internacional.

117.

     Las normas internacionales en materia de derechos humanos consagran el derecho a la vida y prohiben su privación arbitraria. Así, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del año 1966, dispone en su artículo 6 que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. (...) Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". En su artículo 2 estipula que cada uno de los Estados parte "se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto".

118.

     Asimismo, el derecho a la vida se encuentra consagrado en el ámbito regional, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969. Este Pacto fue ratificado por Guatemala en 1978, fecha desde la cual tiene fuerza vinculante como derecho convencional.

119.

     En el ámbito del derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos armados, los Convenios de Ginebra de 1949, en su artículo 3 común, prohiben, en cualquier tiempo y lugar, "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios", en contra de las personas que no participen directamente en las hostilidades, esto es, en contra de la población civil. Similares prohibiciones se extienden a "los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa".

120.

En el ámbito del derecho interno, las diversas constituciones guatemaltecas contienen y han recogido disposiciones que corroboran la protección de los derechos humanos básicos, entre los que figura el derecho a la vida.

121.

La Constitución de 1956, vigente hasta el golpe de 1963, consagraba el derecho a la vida en su artículo 40, con el siguiente texto: "El Estado protege la vida, la integridad corporal y la seguridad de la persona humana".

122.

     La Carta Fundamental de Gobierno de abril de 1963, dada mediante Decreto Ley 8 por el Gobierno Militar, estuvo vigente hasta 1966. En su artículo 22 señalaba: "Se reconocen las siguientes garantías: 1) Se protegen de manera preferente la existencia e integridad corporal del hombre y su personalidad moral e intelectual".

123.

     La Constitución de 1965, que rigió desde mayo de 1966 hasta 1982, incluía un capítulo titulado Garantías y Derechos Individuales. En el artículo 43 del Título II, establecía: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes. (...) Se prohibe cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social u opiniones políticas".

124.

     El Estatuto Fundamental de Gobierno de abril de 1982, con categoría de Ley Superior determinó que el Estado guatemalteco, como integrante de la comunidad internacional cumpliría fielmente sus obligaciones internacionales, ajustándose en sus relaciones con los demás Estados a las normas del Estatuto, a los Tratados Internacionales y a las normas de derecho internacional suscritas por Guatemala. Este Estatuto estuvo vigente hasta 1985, cuando se emitió una nueva Constitución.

125.

     La Constitución de 1985, vigente desde enero de 1986 hasta la actualidad, consagra en su artículo 46 el siguiente principio: "En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". En su artículo 3, esta Constitución establece: "Derecho a la vida. El Estado garantiza y protegerá la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona".

126.

     Para los efectos del presente Informe se distinguen las ejecuciones arbitrarias individuales, las ejecuciones arbitrarias colectivas y las ejecuciones arbitrarias masivas. Las primeras se producen cuando la víctima fue solo una persona; las segundas, tienen lugar cuando el número de víctimas en un hecho fue de dos o más personas; las terceras, en el supuesto de que en un mismo hecho el número de víctimas fuera superior a cinco o más personas; en este caso la CEH las califica como masacre.

127.

     Deben distinguirse, además, las ejecuciones arbitrarias selectivas de las ejecuciones arbitrarias indiscriminadas. Las selectivas ocurrieron cuando la víctima era definida o elegida de forma clara y concreta. La víctima podía ser una persona, una comunidad o un sector. Las indiscriminadas se verificaban cuando el hecho violatorio de los derechos humanos se dirigía contra cualquier persona, sin diferenciar su sexo, edad, etnia, ocupación, opiniones políticas o sin estimar que influyera o fuese relevante cualquier distinción de otra índole. Las ejecuciones arbitrarias individuales, colectivas o masivas, fueron selectivas o indiscriminadas.

128.

     En el apartado que sigue, se expondrán los casos de ejecuciones arbitrarias cometidos por el Estado, tanto de carácter individual como colectivo, ya fueran ejecuciones selectivas o indiscriminadas, con excepción de las masacres. Estas últimas, debido a su gravedad serán analizadas en un apartado independiente.

Cronología y regionalización de las ejecuciones arbitrarias

129.

     A partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y con la llegada al poder de Carlos Castillo Armas, comenzó una persecución contra los colaboradores reales o supuestos del Gobierno de Arbenz. Circularon listados de sospechosos de ser comunistas que, según algunas fuentes de la época, constaban de 72.000 nombres.1  Estos listados se usaron inicialmente para impedir a dichos sospechosos el acceso a empleos públicos,2  pero poco después los escuadrones de la muerte también se sirvieron de los mismos para cometer ejecuciones arbitrarias selectivas.3 

130.

     Aunque como se afirma en la síntesis estadística (Véase Gráfica 2), las violaciones se concentran en los años de 1981 a 1983, se puede observar que en los períodos anterior y posterior al mencionado, existen años en que la práctica de esta violación se hizo más frecuente y pudo coincidir con hechos políticos concretos. (Véase Gráfica 1).

131.

      De acuerdo con los datos registrados por la CEH, durante la primera década del período que cubre el enfrentamiento armado, la violencia política se ejerció principalmente en la capital y la zona oriental del país.

     "Durante el régimen del general Ydígoras Fuentes (marzo 1958-marzo 1963), las manifestaciones de marzo y abril de 1962 organizadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), fueron reprimidas duramente por los agentes del Estado. Uno de los testimonios recibidos por la CEH sobre los hechos ocurridos durante estas jornadas, aludía a César Armando Funes Velásquez, estudiante de Derecho, quien durante el desarrollo de una protesta pública fue uno de los tres estudiantes asesinados por miembros de la policía judicial el 12 de abril de 1962, al frente de las instalaciones del Congreso, en la zona 1 de la ciudad capital".4 

132.

A partir de la constitución de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), y la instalación de sus campamentos en la Sierra de las Minas -Zacapa-, Izabal y Chiquimula, el Estado procedió a realizar ejecuciones arbitrarias en esa región.

     "[En 1964 los] ...confidenciales mataron a Pedro Picón en un lugar que se llama El Socolo [comunidad del municipio de Gualán, departamento de Zacapa]. Él estaba cortando café. Mataron también al muchachito. Ellos decían que mataron a un guerrillero".5  Según el declarante, el hijo de Pedro Picón, Herlindo Picón fue testigo de la muerte de su papá, trató de huir y fue asesinado.

133.

     Izabal fue uno de los departamentos del Oriente del país más afectados por la lucha contrainsurgente desarrollada por el Ejército. El 19 de marzo de 1965, Leonardo Salazar y Carlos Humberto Salazar fueron detenidos por un grupo de comisionados militares y miembros del Ejército. Sus cadáveres aparecieron en el hospital de Puerto Barrios, presentando signos de tortura.6 

134.

     Con la llegada al poder de Julio César Méndez Montenegro, se esperaba una cierta apertura política. Durante su campaña electoral se había presentado como líder del "tercer gobierno de la revolución". Sin embargo, continuaron las ejecuciones arbitrarias como método para imponer el terror. Grupos armados clandestinos, bajo el control del Estado o con su tolerancia, empezaron a actuar, preferentemente en la Capital.

135.

     Durante el régimen de Méndez Montenegro operaron también los escuadrones de la muerte en la Capital. En 1968, Gonzalo Acevedo vivía en Zacapa. Militaba en el Partido Revolucionario y fue acusado de guerrillero. La Mano Blanca lo comenzó a perseguir, entonces se trasladó con toda su familia a Ciudad de Guatemala. La Mano Blanca lo continuó persiguiendo y finalmente acabó con su vida en la 8¦ calle y 1¦ avenida de la zona 1, frente al Santuario de Guadalupe en la Capital.7 

     "Bajo la Presidencia del abogado Julio César Méndez, fue donde se organizaron realmente los escuadrones de la muerte como se les conoce y éstos comenzaron a operar entre finales de 66-67 y entonces pasó un tiempo antes de que se conociera el modus operandi, ni siquiera se sabía lo que estaba pasando...".8 

136.

En numerosos casos, una vez efectuadas las ejecuciones arbitrarias, los cuerpos de las víctimas eran utilizados para llevar un mensaje de terror a la población, pues se les abandonaba con señales de tortura, mutilados, con perforaciones de bala, arrojados a las carreteras, ríos y en general en sitios donde podían ser encontrados fácilmente por la población .

     "En Zacapa, en aguas del Río Motagua, en jurisdicción de San Pablo se levantó el cadáver de un hombre acribillado a tiros, con señales de haber sido torturado y con las manos atadas hacia atrás".9  "El cadáver de Faustino Moscoso Ruiz, secuestrado en Chiquimula, fue localizado flotando en las aguas del Río Motagua".10 

137.

     En los casos recogidos por la CEH se observa que las ejecuciones arbitrarias fueron más selectivas entre los años 1960 y 1965. Sin embargo, a partir de 1966, con la intensificación de la lucha contrainsurgente durante el régimen de Méndez Montenegro, las acciones resultaron más indiscriminadas, y afectaron no sólo a miembros, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla sino a la población civil en general. Otras fuentes a las que la CEH tuvo acceso, coinciden en señalar que durante el Gobierno de Méndez Montenegro, las ejecuciones arbitrarias alcanzaron un nivel muy alto, pues arrojó un saldo de miles de víctimas entre 1966 y 1968.11 

138.

     La violencia política que afectó a los habitantes de la capital y algunas cabeceras departamentales, fue diferente a la vivida en el resto del país. La mayoría de las víctimas tenían una filiación política de izquierda que los convirtió en blanco de esta violencia. Por ejemplo, en mayo de 1967, Roberto Alfonso Valle Peña, miembro del PGT fue capturado por miembros del Ejército en la Colonia Landívar de la zona 7 de la ciudad capital. Fue ejecutado y su cadáver fue arrojado en un pozo.12 

139.

     A diferencia de lo que sucedía en el ámbito urbano, en las áreas rurales del oriente del país, la mayor parte de las víctimas no pertenecía a partidos políticos de la izquierda; pero el mero hecho de vivir en una región donde existía presencia guerrillera, atrajo hacia ellos una violencia indiscriminada por parte del Ejército. En 1965 Juan Santiago Agustín Ramos y Leoncio Agustín fueron ejecutados por el Ejército en la aldea Seminola, municipio Los Amates, Izabal, bajo la acusación de ser guerrilleros. "Porque en ese tiempo se buscó la forma fácil de decir que es guerrillero".13 

140.

     En Chiquimula, los comisionados militares fueron señalados como autores de muchos casos de ejecuciones arbitrarias. La actuación de los comisionados militares en el campo se desarrolló de forma autónoma o en combinación con el Ejército. Por numerosos testimonios es posible percatarse de que las víctimas habían sido previamente seleccionadas.

     "En enero de 1967, en la aldea Paternito, Marcos Vásquez Ramos y Gregorio Vásquez Ramos y otra persona fueron capturados, cada uno en su respectiva casa, a las seis de la mañana. La acción fue dirigida por los comisionados militares de la comunidad, quienes estuvieron acompañados por aproximadamente veinticinco soldados. Los hermanos Vásquez Ramos fueron acusados de ser guerrilleros, pero un testigo aseguró que tal aseveración era falsa y que los mataron por celo hacia su tierra o por venganza personal, ya que uno de los hermanos tenía una deuda de diez quetzales con uno de los comisionados militares. Las víctimas fueron llevadas a un lugar cerca de la aldea Cerrón y fueron ejecutadas con tiros en la cabeza".14 

141.

     A partir de los años setenta, el Ejército adquirió mayor protagonismo en la práctica de las ejecuciones arbitrarias. Algunos meses después de asumir el poder, el coronel Carlos Arana Osorio señaló: "...El Gobierno que ustedes eligieron va a cumplir, cueste lo que cueste y pese a quien le pese, aún cuando tenga que recurrir a medidas muy drásticas para salvar al país".15  Efectivamente, durante su Gobierno se consolidó el poder del Ejército en el Oriente a través de la figura de los comisionados militares. Los abundantes testimonios recogidos para la composición de este Informe, permiten asegurar que los comisionados militares fueron los autores de la mayor parte de las ejecuciones arbitrarias que afectaron a la región Ch'orti', destacando entre estos grupos: los Interiano, los Pacheco y los Portillo.

     "En 1973, en la aldea la Cumbre, los comisionados militares acompañados por miembros del Ejército del destacamento de Shalaguá, del municipio de Camotán, capturaron a Esteban Pérez Ramírez. Su cadáver fue comido por los animales".16 

     "En 1974, en la aldea Piedra Amolar, los comisionados militares de dicha aldea y miembros del Ejército capturaron a Jesús Pérez quien fue ejecutado en la aldea El Chupte".17 

142.

     En la capital, una de las primeras olas de violencia de los años setenta -1970 a 1972-, se concentró en las personas de destacados profesionales; entre otros, a los abogados Julio Camey Herrera el 26 de noviembre de 1970 y Adolfo Mijangos López el 13 de enero de 1971.18 

143.

     Bajo el régimen del general Kjell Eugenio Laugerud García (julio 1974- junio 1978) descendió el número de ejecuciones arbitrarias respecto al del régimen anterior, aunque hubo una serie de ejecuciones selectivas en contra de líderes sindicalistas, estudiantiles y políticos. En 1975 un escuadrón de la muerte había advertido: "Si no ayudan al gobierno a resolver los problemas del país, cállense la boca o nosotros se las callaremos para siempre".19  Entre ellas destaca la que tuvo lugar el 11 de abril de 1975, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Felipe Aurelio Zarán Arango, miembro del PGT, se encontraba en su casa, cuando en horas de la noche un carro se parqueó al frente de su residencia. Al salir, fue abatido de forma arbitraria por un grupo de hombres armados.20 

144.

      En el período comprendido entre 1979 y 1985, la ejecuciones arbitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz. (Véase Gráfica 2).

145.

Durante el régimen del general Romeo Lucas García (julio 1978-marzo 1982), continuó en ascenso el número de ejecuciones arbitrarias individuales, principalmente en lo que afecta al derecho a la vida, a través de ejecuciones arbitrarias practicadas tanto selectiva como indiscriminadamente.

     "El Gobierno de Lucas García fue más contra los sectores populares que contra el movimiento insurgente, de hecho ... los ataques de Lucas fueron muy selectivos contra figuras públicas ... a los 23 días de haber entrado el régimen de Lucas entra ya como una avalancha de represión".21 

146.

     En cuanto a las ejecuciones arbitrarias selectivas se encuentran, entre otras, la de Alberto Fuentes Mohr, dirigente del PSD, ejecutado el 25 de enero de 1979;22  Manuel Andrade Roca, abogado y catedrático universitario, asesinado el 14 de febrero de 1979; Manuel Colom Argueta, dirigente del FUR, asesinado el 22 de marzo de 1979.23  Otra víctima fue Manuel Francisco López Balam, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca S.A. STEGSA, ejecutado en abril de 1979.24 

147.

     El 28 de mayo de 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres apareció a la luz pública con la ejecución del Comisionado militar Guillermo Monzón.25  Un mes más tarde, la misma organización guerrillera ajustició a José Luis Arenas conocido como el Tigre de Ixcán en la finca de su propiedad "La Perla" ubicada en el municipio de Chajul, Quiché.26  Tras estos hechos el Ejército desató en la zona de fuerte represión mediante la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de varias personas sospechosas de colaborar con la guerrilla o que se encontraban socialmente organizadas.

148.

     Las ejecuciones arbitrarias en el departamento de San Marcos fueron selectivas y afectaron a la población organizada. El día 22 de febrero de 1979 el PGT tenía prevista una reunión en la aldea El Sitio. Al finalizar, en torno a las 8 de la noche y mientras se retiraban caminando del lugar, llegó un grupo de hombres armados identificados como miembros de la G-2, y se llevaron a Luis Rojas Vera y Bernardo Ramos Barrios. Al día siguiente, sus cadáveres fueron encontrados presentando señales de tortura, en la entrada a la Hacienda el Silencio.

     "En ese tiempo no se podía hacer nada en toda la costa porque los de la G-2 siempre andaban detrás de la gente que estaba organizada con el PGT".27 

149.

     Con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 y la llegada al poder del general Efraín Ríos Montt (marzo 1982-junio 1983), la lucha contrainsurgente se intensificó. La implementación del plan de campaña "Victoria 82" y el desarrollo de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) tuvieron como consecuencia inmediata el número más elevado de ejecuciones arbitrarias individuales y masacres registradas en el área rural desde el inicio del enfrentamiento armado interno.

150.

     Durante 1982 la población del departamento de Quiché, fue objeto de una violencia indiscriminada por parte del Ejército y las PAC. En febrero de 1982, en la comunidad Carrizal del municipio de Chiché, los soldados y las PAC de Chinique capturaron a Tomás Tzoc Tzoc, "...no estaba organizado en el CUC ni en nada, lo encontraron y por eso lo mataron, mataban a todos los que encontraban, ya no importaba quienes fueran". Tomás se hallaba en su casa, lo ahorcaron y en ese estado abandonaron el cadáver en el interior.28 

151.

     Las ejecuciones selectivas se continuaron realizando durante el período y afectaron principalmente a líderes comunitarios, colaboradores, simpatizantes y miembros de organizaciones guerrilleras. En un día de julio de 1982, en la aldea Chejbal del municipio de Jacaltenango, Huehuetenango, Pedro Ros Alonso, quien estaba organizado en el EGP, se encontraba de paso por el camino de vereda de la aldea Q'om cuando fue capturado por miembros de la PAC del lugar. Lo golpearon y cuando vieron que ya no respiraba, lo amarraron de las manos y los pies y lo colgaron de un palo. En cada extremo se pusieron dos patrulleros y lo llevaron así suspendido hacia el destacamento militar de Jacaltenango. En el destacamento, cuando los soldados notaron que había recuperado la respiración lo trasladaron al hospital local donde le dieron tratamiento médico. Una vez recobró el conocimiento se le trasladó al destacamento; allí fue torturado durante dos días hasta que falleció.29 

152.

     Bajo el régimen del general Oscar Mejía Víctores (agosto 1983-enero 1986), el número de ejecuciones arbitrarias disminuyó en comparación con el período 1982-1983. En septiembre de 1984, en la comunidad de Salac I, municipio de Cahabón, Alta Verapaz, el menor Crisanto Bolom, de 15 años de edad, al ver llegar a varios miembros del Ejército, se asustó e intentó huir. Fue abatido por los soldados y durante cuatro días su cadáver permaneció expuesto en el escenario de los hechos hasta que el Ejército autorizó su entierro.30 

153.

     En el período comprendido entre 1986 y 1996, la ejecuciones arbitrarias se dieron con mayor frecuencia en los departamentos de Quiché, Petén, Sololá, San Marcos y Chimaltenango. (Véase Gráfica 3).

154.

     En 1986, el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo fue declarado presidente electo de la República (enero 1986-enero 1991). Durante su Gobierno, la práctica de ejecuciones arbitrarias continuó, aunque su número decreció.

     "Humberto González Gamarra, Secretario General del Partido Unión Revolucionaria Democrática, fue asesinado el 15 de octubre 1990, en la ciudad de Guatemala. Ese día, había salido de su casa en compañía de su hijo y un compañero de éste. Al llegar a la 23 Avenida y Calzada Roosevelt, en la zona 11, un hombre se le acercó y por la ventana le disparó a quemarropa huyendo luego junto con otro hombre en una motocicleta Yamaha color rojo. González Gamarra recibió el impacto de seis proyectiles, por lo que su hijo pidió ayuda a las personas que se encontraban en el lugar quienes solicitaron los servicios de los bomberos. Estos lo recogieron aún con vida pero en camino al hospital Roosevelt falleció".31 

155.

     En el período que corre entre 1990 y 1996, se mantuvo la tendencia apuntada al final de los años 1980, es decir, la realización de ejecuciones arbitrarias selectivas. Las víctimas de este período pertenecían en la mayoría de los casos a organizaciones sociales y partidos políticos.

156.

El 30 de abril de 1991, en la ciudad de Guatemala, fue ejecutada Dinorah Pérez, dirigente del Movimiento Guatemala Unida y activista de derechos humanos.

     "Por la noche nos enteramos de que había sido asesinada frente a la entrada de su casa, al volver del trabajo, por dos hombres en motocicleta que después de acribillarla a tiros, agregando el tiro de gracia, se dieron a la fuga...".32 

157.

     Germán Alfredo de León Pacajá, miembro del PGT y miembro fundador de la Unión de Trabajadores de Quetzatenango, fue capturado alrededor de las 7:30 de la mañana del 1 de junio de 1994, cuando regresaba de haber dejado a su niña en la escuela, en la aldea Patzutzún, municipio de Concepción, Sololá. Tres hombres vestidos con uniformes del Ejército lo golpearon y subieron a un Trooper. A las cinco de la tarde, los habitantes de la aldea Las Trampas, Sololá, oyeron un ruido muy fuerte y llamaron a los bomberos de Sololá, porque se dieron cuenta que un carro había caído en un barranco. En el vehículo fue encontrado el cuerpo de Germán de León, quien según el acta de defunción falleció a causa de asfixia por estrangulamiento y varias fracturas en la tráquea.33 

158.

     Román Ramos Esteban fue ejecutado por hombres enmascarados y vestidos de civil el 22 de abril de 1995, en el camino de San Ignacio, Mundo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos. La víctima, que fue apresada y expulsada por la fuerza de la camionetilla de ruta donde viajaba, junto con otras personas desde Malacatán, venía de regreso de una reunión de la asociación comunitaria Adim de Carisoa, de Quetzaltenango, de la cual era el representante en dicha aldea.34 

159.

     En noviembre de 1996, en el departamento de San Marcos, una patrulla de soldados llegó a la finca donde trabajaba Marcos Ortiz Hernández. Los soldados le pidieron sus documentos y en vista que no los tenía, lo capturaron y acusaron de ser miembro de la guerrilla, para posteriormente ejecutarlo.35

Los autores de las ejecuciones arbitrarias

160.

Durante este período, según los datos registrados por la CEH, el responsable del mayor número de ejecuciones arbitrarias fue el Ejército de Guatemala, seguido de las PAC.

161.

     Según los datos recogidos por la CEH, durante el enfrentamiento armado interno, el Ejército fue responsable del 86% del total de ejecuciones arbitrarias. Las PAC fueron responsables del 21%, los comisionados militares del 11%. Otras Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de Hacienda y otros), del 4%.

Nota: El porcentaje de cada responsable se calcula sobre el total de Ejecuciones Arbitrarias, sin considerar si su actuación fue individual o en colaboración con otro.

162.

Aunque en un buen porcentaje de los casos el Ejército actuó como único responsable de los hechos, la colaboración de las PAC y los Comisionados con el Ejército fue muy frecuente en la realización de las ejecuciones.

163.

     Las ejecuciones arbitrarias realizadas de manera selectiva siguieron un procedimiento que tenía dos etapas: la primera era la designación del objetivo de la ejecución; la segunda consistía en la planificación de la misma. Invariablemente, era la inteligencia militar, como ya se señala en el apartado correspondiente, la encargada de buscar, registrar y analizar la información sobre la eventual víctima.

     "Hay un expediente y un archivo computarizado sobre periodistas, estudiantes, líderes, gente de izquierda, políticos etc. ... El expediente mencionará donde nació la persona el partido político al cual pertenece, los más importantes sucesos de su vida".36 

164.

     En ciertos casos, los agentes del Estado perpetraron ejecuciones arbitrarias en cumplimiento de directrices generales y gozaron de una cierta autonomía para hacerlo;37  en otros, la ejecución de una persona estuvo claramente definida. Las decisión para ejecutar a determinada persona, podía tener dos orígenes.

165.

El primero, las unidades militares recibían las órdenes de una autoridad superior, ya fuera del comandante de la unidad o base militar que tenían un área de jurisdicción o del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

     "Un S-2 local ...puede recibir la orden de su comandante para matar a una gente y lo va a hacer, es decir, porque el S-2 local no va a pensar, no se va a poner a cuestionar si esa orden viene de arriba o está siendo tomada localmente".38 

166.

El segundo, las zonas, bases, fuerzas de tarea, y sus unidades militares desplegadas en el terreno, operaban conforme a las líneas generales programados por sus superiores; pero la decisión específica era tomada por los comandantes de estas unidades.

167.

     No obstante, la decisión de ejecutar a ciertas personas con reconocimiento nacional e incluso internacional, se adoptaba en las más altas instancias. Por ejemplo, un ex miembro de la inteligencia declaró que había participado en la investigación de la G-2 sobre Alberto Fuentes Mohr, pero añadió que la decisión fue tomada a un nivel todavía más alto.39 

168.

En ciertos casos, sectores ajenos al Ejército participaban también en la elección de la víctima para que fuera ejecutada:

     "Por un lado no debemos olvidar el sector más poderoso de este país, que es el sector del poder económico, que en esos aspectos y en esa época también tomaba decisiones y participaba, quizás no a nivel institucional pero sí a nivel de los grupitos que han manejado esa parte política. Al sector privado incluso se le atribuyen grandes decisiones de asesinatos ... el caso de Manuel Colom Argueta, por ejemplo.... Y no creo que haya habido esa interpelación tan estrecha, salvo en casos muy específicos. A nivel político el caso de Manuel Colom Argueta creo que fue una decisión de un grupo pequeño del sector privado utilizando un grupo del Ejército, por supuesto. Entonces la maquinaria ha funcionado así, entrelazada pero separada con compartimentos, porque inteligentemente para no dejar huellas para que no levanten litigio en un caso como este".40 

169.

El mismo declarante agregó:

     "Y sé de una reunión que hubo y yo tuve pruebas de eso, una reunión así como ésta, de la élite del sector privado, cuando Vinicio Cerezo se lanzó a la reforma fiscal hubo alguien que se pasó enojado y dijo, yo doy el dinero para que asesinen a Vinicio Cerezo, yo me encargo. Claro, ahí no se llevó a cabo, pero ese tipo de asesinatos políticos, de violaciones surgieron muchas veces, en ese caso no se llevó a cabo pero en otros, sí, sin dudas. Por ejemplo, para ellos el caso de Fito Mijangos era un enemigo tremendo y no sabían qué hacer con él hasta que lo mataron. ...".41 

170.

     Una vez se tomaba la decisión, procedía a organizarse el operativo para su ejecución. Las circunstancias en las cuales se produjeron muchas de las ejecuciones arbitrarias revelan un alto grado de preparación del operativo, pues los que llevaron a cabo la acción disponían de las informaciones necesarias sobre la víctima. El sargento mayor Noel de Jesús Beteta Alvarez, que fue sentenciado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack declaró: "... Desde temprano se montaba vigilancia ... todo el día ... en la mañana sí, la esperaba en la casa, ... cuando se iba acercando el día de ejecutar la orden ...".42 

Las ejecuciones arbitrarias perpetradas por miembros del Ejército

171.

      El alto porcentaje de ejecuciones arbitrarias atribuidas al Ejército se debe a que recurrió al uso sistemático de las ejecuciones arbitrarias para aniquilar a quienes consideraba enemigos, es decir "... todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido, ... " e incluyó también "... a aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido".43 

Ejecución de personas acusadas de tener vínculos con la guerrilla

172.

A lo largo del enfrentamiento armado interno, el Ejército realizó miles de ejecuciones arbitrarias, muchas de ellas cometidas contra personas que eran acusadas de tener vínculos con la guerrilla.

173.

     En muchos casos, las víctimas fueron ejecutadas por el Ejército sin que previamente se verificará si la acusación de ser activista o colaborador de la guerrilla tuviera fundamento. A partir de 1980, el Ejército instruyó que las aldeas del municipio de Cotzal debían tener una bandera de Guatemala, que proporcionaba el Ejército. La aldea Chisís fue una de las últimas aldeas en recoger su bandera en el destacamento de Cotzal. Al presentarse varios miembros de la comunidad a recoger la bandera, cuatro campesinos fueron acusados de pertenecer a la guerrilla, interrogados sobre sus lazos con los insurgentes y conminados a que devolvieran las armas, pues de lo contrario serían ejecutados. Al parecer, una de las víctimas colaboraba con la guerrilla. Las víctimas fueron conducidas al borde de una fosa, en el interior del destacamento, y ejecutadas de forma que cayeran en ella. La acción se llevó a cabo frente a la mirada de todas las personas de la aldea que habían llegado al destacamento. Al final de la ejecución, el oficial a cargo les dijo a la gente: "Ahora ya pueden llevar su bandera, ya vieron que ya quedaron libres de la guerrilla".44 

174.

     La participación de una persona en una PAC de su comunidad, no descartaba la posibilidad de ser acusado de colaborador de la guerrilla y en consecuencia, de morir ejecutado. Israel Alvarado regresó el 3 de agosto de 1982 después de residir en México. Al día siguiente salió en ronda de vigilancia con los demás patrulleros de Santa Ana. En el camino se encontraron con un grupo de soldados del destacamento de San Antonio o El Tablón que traían a un detenido, acusado de ser guerrillero. Al pasar frente a los patrulleros, el detenido señaló a Israel indicando que colaboraba con el EGP dándoles comida. Los soldados lo detuvieron en ese instante con intenciones de colgarlo. Sus compañeros de patrulla intercedieron por él, asegurando que no colaboraba con la guerrilla. Los soldados se lo llevaron al pueblo, amarrado. Una vez en Santa Ana, el padre de Israel pidió hablar con el oficial, y explicándole que su hijo no colaboraba con el EGP; pero no lo escucharon. Lo ataron a un palo en el parque sin darle comida ni agua durante 48 horas. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, lo llevaron hacia El Tablón, San Antonio, luego a Buxub, Jacaltenango y posteriormente a Nentón. Durante el trayecto la tropa iba reuniendo a la gente de los pueblos por los que pasaban, ordenando a Israel que señalara sus compañeros, a lo que éste se negaba alegando que no era guerrillero. En Nentón lo mantuvieron encerrado en el destacamento durante 15 días, y finalmente lo arrojaron al río Azul, en la frontera entre Nentón y Jacaltenango.45 

175.

     La acusación de colaborar o pertenecer a la guerrilla fue muchas veces la consecuencia de tener conflictos personales con miembros de la propia comunidad o de otras aldeas. Ante inculpación de esta naturaleza, el Ejército no comprobaba previamente la veracidad de los cargos y procedía a ejecutar sumariamente al acusado, aunque estuviera integrado en una PAC o en un comisionado militar.

176.

     Vicente Alvarez Contreras, comisionado militar de la aldea El Pitorreal, en Dolores, Petén, tuvo problemas con su homólogo de una localidad próxima que le acusó de ser guerrillero ante el destacamento de El Chal. Durante la noche del 22 de enero de 1982, soldados del destacamento de El Chal llegaron disparando sus armas contra la casa de Vicente Contreras, entraron en la vivienda y se lo llevaron junto con su esposa y su hija mayor a la morada del comisionado militar autor de la denuncia, a quien también apresaron. Cuatro días después se descubrió el cádaver de Vicente Alvarez Contreras; los cuerpos de su esposa y su hija nunca aparecieron. Días después de la captura, el comandante del destacamento de El Chal fue a la aldea El Pitorreal y dijo a algunas personas que lo ocurrido esa noche había sido un error del informante, no de ellos.46 

177.

     En otros casos, las ejecuciones fueron practicadas a raíz de la información que el propio Ejército poseía. En un día de diciembre de 1982 en la cabecera municipal del municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, miembros del Ejército convocaron a toda la población de la cabecera a una reunión frente al templo católico local. "El oficial me dijo, le espero en el centro ya que el día de hoy vamos a realizar un acto muy importante para el municipio". Cuando se encontraban todos reunidos, el oficial se dirigió a los vecinos y les dijo: "Sabemos que en ésta población hay muchas personas que están comprometidas con el EGP, hoy van a presenciar lo que les sucede a quienes los apoyan. Si insisten en seguir lo mismo, también ustedes correrán la misma suerte". Los soldados habían detenido ese día a Francisco Salucio y a Francisco Ramírez Vargas, dos jóvenes que residían en la cabecera y que por informaciones que obraban en poder de los miembros del Ejército, integraban el grupo guerrillero. "Francisco estaba organizado, pertenecía al EGP y el día que lo capturaron se encontraba en la cabecera con su familia." A los capturados, los amarraron al poste del tablero de la cancha de basquetbol y frente a la población un pelotón se preparó para realizar la ejecución ... "Eran las doce cuando cayeron los dos".47 

178.

     Para el Ejército, los residentes de una región donde era habitual la actividad de la guerrilla, se convertían en miembros o colaboradores de la insurgencia, incluso si se trataba de niños. Pasado algún tiempo desde la masacre de Cunén, en el departamento de Quiché, el 17 de enero de 1982, miembros del Ejército adscritos al destacamento de Chiúl y patrulleros de Cunén tuvieron conocimiento de que en la aldea San José, Cunén existía un campamento de suministro de la guerrilla. En la cabecera municipal de Cunén se formó una patrulla mixta -patrulleros y miembros del Ejército-, llegaron al campamento y aprehendieron a Leonardo Hernández López, a su esposa y sus dos hijos. Los condujeron al centro de la aldea San José donde se estaba celebrando el día del patrón de la localidad y, frente a todas las personas ahí reunidas, colgaron de un árbol a la esposa y los dos hijos de Leonardo. A su esposa e hijos, después de colgarlos, les dispararon y los enterraron en el mismo lugar.48 

Las ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones encubiertas

179.

     En las operaciones militares regulares del Ejército, fueron miembros uniformados de dicha institución quienes cometieron las ejecuciones arbitrarias. En las operaciones encubiertas, las ejecuciones fueron realizadas por soldados vestidos de civil o disfrazados de guerrilleros.

180.

     La utilización que el Ejército hizo de efectivos vestidos de civil tanto en la capital como en el resto del país, facilitó la ejecución arbitraria de muchas personas, sin que se pudieran señalar la autoría material de tales acciones. Entre las áreas del Ejército que frecuentemente actuaron vestidos de civil o disfrazados con indumentaria guerrillera, destaca la sección de inteligencia.

     En el cantón Hamaca, del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango, a media noche de un día de mayo de 1981, un grupo de hombres vestidos de civil, conocido como la G-2 de Huehuetenango, "...entraron a la vivienda de su hermano Marcos Domingo Díaz, a quien se llevaron a puros golpes, empujones y patadas que le propinaran estos hombres; a mitad del camino fueron dándole puñaladas en todo el cuerpo y le privaron la vida de un balazo...".49 

181.

     También se han recogido numerosos testimonios en que los miembros del Ejército actuaron disfrazados de insurgentes. Esto ocurrió sobre todo en las áreas rurales donde había presencia guerrillera. Uno de los objetivos perseguidos mediante esta forma de operar fue crear confusión en la población haciéndola creer que la guerrilla había sido en verdad la responsable de las ejecuciones.

     "Son esos que dicen llamarse escuadrones de la muerte, pero son los mismos del Ejército, son disfrazados de guerrilleros, ropa toda sucia, toda rota, se ponían botas de hule para despistar a que son de la guerrilla y son del Ejército".50 

182.

     Otros de los factores que inspiró esta forma de actuación fue la necesidad de detectar a las personas que pudieran tener simpatía por la guerrilla. Una vez localizadas, eran ejecutadas.

     "Hay ocasiones en que se hacen pasar de guerrilleros, llegaban de noche, usaban la ropa de verde olivo con botas de plástico y con las mochilas que encontraban, ...pues para pasar desapercibido de guerrillero. Entonces ahí la población se confunde, entonces cuando ellos ven que la población está colaborando con ellos la matan".51 

183.

     El 7 de septiembre de 1981, mientras se estaba celebrando la feria en honor a la Virgen del Rosario, en la comunidad El Limonar, del municipio Jacaltenango, Huehuetenango, llegaron unos hombres vestidos de particular gritando consignas a favor del EGP. Dos jóvenes respondieron al llamado de los hombres al igual que otro joven de la comunidad la Laguna. Los hombres montaron en varios carros y se dirigieron a esta localidad. Cuando los vehículos iban en marcha, dos individuos que venían por la carretera fueron forzados a subir a los coches. En su interior, las víctimas vieron a cinco desconocidos que portaban armas como las del Ejército y que no tardaron en identificarse como miembros de esa Institución Armada. Al llegar a la ruta principal, a un kilometro de la Laguna, uno de los vehículos se detuvo y los soldados bajaron a los capturados y comenzaron a golpearlos. Desenfundaron sus armas y empezaron a matarlos uno por uno. Pero uno de los prisioneros logró escapar. Los cadáveres de Antonio Camposeco, Jesús López y Edmundo Cruz fueron arrojados al río en territorio mexicano, y dos de las víctimas nunca aparecieron.52 

Ejecuciones arbitrarias realizadas en acciones de patrullaje

184.

     El patrullaje realizado por el Ejército era una acción táctica de rutina guiada por varios propósitos; a veces buscar información y localizar a la guerrilla, y otras a combatirla. Durante estas patrullas, miembros del Ejército efectuaron numerosas ejecuciones arbitrarias.

     "Salimos patrullando otra vez, verdad, destruyendo las casitas, y quemando las trampas y bueno esporádicamente encontrábamos uno o dos tipos por allí. El oficial ordenaba que los mataran y los dejaran por allí tirados y seguíamos avanzando."

     "Le dije, mi subteniente, le doy parte que encontramos a una señora [de unos 19 años con su bebé de unos 8 meses]. 'Tráiganla', dijo, verdad, en fin, qué está haciendo aquí, le dijo, verdad, usted es guerrillera, le dijo, verdad, no le dijo, bien mátenla, hijue'puta, dije yo, verdad, y el niño, también me dijo, verdad, entonces llamé a otro, a un soldado de primera, soldado, le dije, hágase cargo de la señora, le dije, y es un regalo del subteniente, le dije, enterado, mi cabo, me dijo, verdad. Llamó a los muchachos y dijo, hay carne muchá, dijo, verdad, entonces vinieron agarraron a la muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre todos, otra vez, verdad, la violación masiva. Luego les dije yo que mataran primero a la señora para que no sintiera mucho de que mataran primero al hijo, verdad, entonces, la mataron ... le zamparon tres balazos, y luego al niño...".53 

Ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones de tierra arrasada

185.

     Muchos civiles resultaron muertos a consecuencia de los ataques del Ejército dirigidos contra las comunidades. El 11 de septiembre de 1980, unos 150 soldados que avanzaban desde el destacamento de Uspantán hacia El Desengaño, quemaron en el camino más de noventa casas, destrozaron la cooperativa, robaron bienes y mataron animales. La población salió huyendo y se refugió en el monte. Emiliana Velásquez Zapeta probablemente "pensó que no le iban a hacer nada" y cuando vio llegar a los soldados se puso a barrer la entrada de su casa, llevaba un nene de unos meses a la espalda. Los soldados dispararon y mataron a Emiliana y a su nene. Cuando se retiró el Ejército los vecinos enterraron los cadáveres en el cementerio.54 

Represalias contra la población civil

186.

     El Ejército castigó con frecuencia a la población civil después que algún enfrentamiento con la guerrilla ocasionara bajas en sus filas. En 1980, después de un combate entre miembros del Ejército y del EGP, en el que murieron dos soldados, llegó un pequeño contingente militar a Sacalá, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Al descender de sus vehículos los ocho soldados que integraban el grupo empezaron a hacer preguntas a la gente y apresaron a varias personas. María Valeriana Jacobo Atz salió corriendo de su casa con sus dos nietos, a quienes estaba cuidando. Se escondieron en una casa abandonada, pero los soldados los descubrieron. Procedieron a detenerlos, sacándoles a la fuerza de la casa. A continuación les cortaron la cabeza a los tres. Murieron decapitados, por lo tanto: la abuela María Valeriana y sus dos nietos, Rolando Mutzut Jacobo de seis años y Hilda Mutzut Jacobo de seis años. En el curso de la misma operación de represalia, los soldados mataron también a Víctor Mutzut, de 60 años con un tiro de gracia.55 

Acciones crueles contra la población civil

187.

     También se registraron casos de ejecuciones arbitrarias cometidas con crueldad por el Ejército, donde no solamente se ejecutó a las víctimas sino que además se les hizo sufrir antes de su muerte. En horas de mañana del 26 de marzo de 1982 llegó el Ejército a la comunidad de Lacamá I, del municipio de Chichicastenango, Quiché. Los habitantes lograron huir, poniéndose a salvo entre los barrancos y la montaña. Los soldados quemaron las casas, los enseres domésticos y las cosechas. Cuando los soldados se retiraron, los habitantes volvieron a la aldea, pero la hermana de Pedro Algua Ramos no regresó. Pedro salió a buscarla en compañía de Manuel Méndez Calel, quienes fueron capturados por soldados que los condujeron a una casa desocupada donde los quemaron vivos. De los cuerpos de las dos víctimas sólo se encontraron los pies; el resto de los despojos estaban completamente carbonizados.56 

Ataques indiscriminados

188.

     De acuerdo con las normas del derecho humanitario el Ejército puede atacar legítimamente un campamento de la guerrilla o a sus combatientes. Sin embargo, al hacerlo el Ejército también tiene la obligación de confirmar la existencia de un objetivo militar, con el fin de evitar que los no combatientes sean afectados.

189.

     El 25 de diciembre de 1981, miembros de la comunidad de El Monajil, Santa Ana Huista, Huehuetenango, salieron en un camión a comprar maíz a la comunidad de la Laguna en el municipio de Jacaltenango. Al día siguiente, cuando venían de regreso, en la aldea El Tablón ubicada entre los municipios de Santa Ana Huista y San Antonio Huista, muy cerca de la comunidad de Monajil, el Ejército comenzó a dispararles con fusiles Galil. En ese ataque resultaron gravemente heridas tres personas que tuvieron que ser trasladas de emergencia al hospital de Jacaltenango. Virgilio Morales, Oscar Morales y Jesús Gaspar fallecieron antes que pudieran atenderlos en el hospital. Aparentemente, el ataque del Ejército fue motivado porque momentos antes, la guerrilla intentó emboscar a las tropas y cuando el camión de los militares iba pasando los insurgentes detonaron una bomba que ocasionó varias bajas.57 

Bombardeos indiscriminados

190.

     La Comisión recibió denuncias sobre casos de bombardeos efectuados por el Ejército contra aldeas o comunidades en las cuales murieron hombres, mujeres y niños. 58  En el año 1982, el Ejército bombardeó la aldea Tzalbal en Nebaj. Entre las víctimas del bombardeo murieron Diego Cobo, su madre Juana Cobo, y por lo menos otras dos personas, que fueron enterradas en el cementerio de la comunidad.59 

     "El día 19 de diciembre de 1989, un avión Cessna A-37 B, de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló la comunidad Santa Rosa Xeputul de la CPR de la Sierra ...a las 11 de la mañana la unidad aérea lanzó una bomba de 550 libras (...) murieron cuatro civiles, mujeres. Otros dos fallecieron ese mismo día en Chaxá, aldea cercana a Santa Rosa, a causa de otra bomba arrojada por el avión".60 

Uso de minas

191.

Durante el enfrentamiento armado, el Ejército utilizó minas antipersonales, así como las trampas explosivas conocidas como "cazabobos", que causaron la muerte de muchos civiles.

     "Antes del bombardeo, pero ya en 1993, el Ejército entró a la comunidad de San Francisco Los Angeles. Después del paso del Ejército volvimos al lugar y al levantar un paquete de jabón de un kilo de Doña Blanca que no había sido reventado por el Ejército estalló una bomba. La bomba botó la tapesca y arrojó a la víctima Domingo Pascual Sebastián como a cinco varas. Otro compañero que estaba a media cuerda, una esquirla le raspó el mentón".61 

Las ejecuciones arbitrarias cometidas por las Patrullas de Autodefensa Civil.

192.

     Las PAC, creadas bajo el régimen del general Romeo Lucas García y legalizadas por el régimen del general Ríos Montt, fueron utilizadas como instrumento de contrainsurgencia y de control de la población, cometiendo un alto número de ejecuciones arbitrarias, especialmente en los departamentos de Quiché62 , Alta Verapaz, Baja Verapaz y Huehuetenango.63 

Ejecución arbitraria de personas acusadas de ser guerrilleros

193.

     Los patrulleros también ejecutaron a miembros de su comunidad, sospechosos de ser guerrilleros. El 7 de diciembre de 1981, en la comunidad de Chicoxob, del municipio de San Andrés Sajcabajá, del departamento de Quiché, llegaron dos patrulleros a la casa de Andrés, a quien acusaron de pertenecer a la guerrilla, le preguntaron por los nombres de sus demás compañeros y el lugar donde se escondían. Andrés negó las acusaciones, respondió que él se dedicaba a sus labores agrícolas y que nada tenía que ver con los insurgentes. Los patrulleros insistieron en la acusación, la víctima al ver que se ponían cada vez más violentos en sus expresiones, se asustó y les rogó que lo dejaran porque él era inocente; pero los patrulleros lo ejecutaron en el acto.64 

Ejecución arbitraria de guerrilleros

194.

     La captura y posterior ejecución de miembros de la guerrilla fue una de las tareas asumidas por las PAC durante el enfrentamiento armado. Julia Aguaré Velásquez se enroló como combatiente del EGP en 1980 cuando el Ejército arrasó El Desengaño, incorporándose al frente Ho Chi Minh. Fue capturada en abril o mayo de 1982 por patrulleros de la Zona Reina, que la violaron y torturaron durante tres días; después la ejecutaron.65 

Ejecuciones arbitrarias realizadas durante acciones de patrullaje

195.

     Las PAC también realizaron acciones tácticas de patrullaje, en combinación con el Ejército o por orden del mando militar. Durante estas maniobras cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones arbitrarias. Andrés Chingo era destacado integrante de Acción Católica, "iba por las comunidades y platicaba de la justicia y de la verdad, porque así hacían los de Acción Católica", y fue acusado de colaborar con la guerrilla. En agosto de 1982 efectivos del Ejército y patrulleros de Joyabaj quemaron su casa y sus cultivos, ubicados cerca de la carretera de la comunidad. Tras este hecho, Andrés cesó sus actividades en la Acción Católica. El 30 de noviembre salió al monte a recoger leña, los patrulleros armados de Joyabaj lo capturaron y "le acusaron de ser guerrillero por andar por el monte, pero él no estaba metido en nada ... le dieron golpes con la culata de las armas, le machetearon la cara y la cabeza y le metieron un disparo".66 

Ejecuciones arbitrarias de personas que se negaron a patrullar

196.

     La actividad prioritaria de las PAC, como su nombre indica, era el patrullaje. Algunos patrulleros que se negaron a realizar dicha actividad fueron ejecutados de manera arbitraria.67  El 8 de febrero de 1981, en la comunidad de Chipaj, del municipio de Uspantán, departamento de Quiché, un grupo de patrulleros acudió a la casa de Juan Tum, quien se negaba a realizar el servicio. Le golpearon y dijeron que tenía que cumplir su turno y se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente, sus familiares fueron a la garita de las PAC para averiguar por qué no había regresado a su casa. A la par de la garita encontraron el cadáver de Juan Tum y otros dos cuerpos sin identificar. El patrullero muerto "no quería hacer turno solamente por la necesidad de sus hijos".68 

197.

     La obligación de patrullar afectó con frecuencia a los niños, pues a estos tampoco se les reconoció el derecho de oponerse; y también sufrieron las consecuencias de esta negativa a patrullar. Augusto de la Cruz Yat, de sólo 10 años, rehusaba patrullar cuando fue sacado de su casa por los patrulleros. Una vecina que se encontraba cerca vio cuando lo llevaron de su casa. Sus familiares escucharon que lo habían matado en un barranco, pero por miedo no se atrevieron a comprobarlo.69  198.

     El poder de las PAC queda ilustrado en el siguiente caso de ejecución arbitraria contra dos miembros de una familia. En el caserío El Chorro de Xemal, en el municipio de Colotenango, Huehuetenango, Juan Domingo Sánchez y Santiago Domingo Sánchez se negaron varias veces a patrullar, por lo que fueron amenazados de ser guerrilleros. El 5 de julio de 1992, los patrulleros de Xemal llegaron a la vivienda donde habitaban Juan y Santiago, los abatieron disparando sus armas de fuego, posteriormente les propinaron varios machetazos, dejaron los cadáveres cubiertos con unas chamarras y luego saquearon la casa. Aunque inicialmente impidieron enterrar los cuerpos en el caserío, los familiares los pudieron sepultar en Xemal.70 

Ejecuciones arbitrarias de patrulleros por faltas al reglamento disciplinario

199.

     Los patrulleros debían observar algunas reglas de conducta; en algunos casos la indisciplina fue castigada de forma drástica, llegando al extremo de ejecutar arbitrariamente a alguno de sus integrantes. En 1986 en la aldea la Niyá, San Pedro Necta, Huehuetenango, el patrullero Santos Ramírez bebía licor mientras cumplía su turno de patrulla. El jefe de la patrulla se enojó y ordenó un castigo. A Santos lo amarraron, para depositarlo a continuación en un pozo de agua donde permaneció colgado por un día y una noche. Sufrió mucho porque en esa época hacía mucho frío y hubo lluvia. Cuando lo sacaron del pozo, todavía mojado, lo ataron a un palo. Lo colocaron cerca de la escuela y lo abandonaron allí hasta que murió.71 

Acciones crueles realizadas por las PAC

200.

     En multitud casos, las ejecuciones realizadas por las PAC fueron perpetradas con especial crueldad.72  El 16 de junio de 1982, Pedro Ramírez Ajmac, su esposa e hijos y su hermano salieron de Chacag�ex hacia la aldea Chuahoj, municipio de Sacapulas, Quiché, cuando vieron que por el camino se acercaba un grupo de patrulleros de San Sebastián. Al verlos, Tomás huyó de inmediato, pero Pedro salió corriendo después y le dieron alcance, lo ataron de un pie al vehículo y se lo llevaron arrastrándolo aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a la sede de la patrulla de San Sebastián. Pedro llegó en un estado terrible; aparecía con graves heridas, en especial, en el rostro; su esposa e hijos corrían detrás de él gritando y llorando por lo que le estaban haciendo. Pedro pidió agua a los patrulleros y el jefe de las PAC le ofreció orina; y sin tener compasión de él dijo que iba a distribuir a su tres pequeños hijos entre gente de la aldea que los quisiera adoptar, porque él quería a los más grandes pero que a la pequeña no. A la esposa le dijo que la iba a asesinar. Después los demás patrulleros hicieron una hoguera, quemaron a Pedro, abrieron una fosa dentro del destacamento y lo enterraron.73 

201.

     Se observó también que la participación de las PAC en acciones combinadas con el Ejército se desarrolló con extrema crueldad. El 15 de enero de 1982, el Ejército incursionó en el caserío Xejuyub del municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de Quiché quemando casas y cosechas. Los soldados junto a los jefes de las patrullas que a su vez eran comisionados militares, reunieron en el centro de la comunidad a todos los vecinos, incluyendo niños, mujeres y ancianos; y seleccionaron a cuatro personas. Los jefes de patrulla se dirigieron a la población explicando que su trabajo era realizar una limpieza en la comunidad, y que por esa razón presentaban a esas cuatro personas como agentes contaminantes de las demás por sus ideas comunistas. En seguida los maniataron y ante la mirada de todos, los degollaron, obligando a otros patrulleros a abrir dos fosas en el mismo lugar de ejecución y depositar en cada hoyo dos cadáveres. Más tarde se dirigieron de nuevo al resto de vecinos asegurando que la misma suerte correría quien se involucrara con la guerrilla. Las personas decidieron como mecanismo de sobrevivencia desplazarse a las montañas y barrancos lejanos del caserío.74 

Ejecuciones arbitrarias por motivos personales

202.

     Las PAC eran un instrumento de poder para sus jefes, y en gran número de casos fueron unidades utilizadas para fines ajenos a la lucha contrainsurgente. El año 1983 llegó a la comunidad de Pabaj, del municipio de Jocopilas, departamento de Quiché, un jefe de patrulla evangélico, reunía a los de la comunidad y les decía:

     "Ya logramos sacar a aquellos directivos, catequistas de la Iglesia Católica. Ahora los que acepten el evangelio quedan vivos, aquellos que no quieren aceptar el evangelio quedarán muertos". También hablaba y decía: "al fin logramos destruir a ese demonio ahora destruiremos sus casas". Entonces empezó a destruir los oratorios y a romper a los santos, las ofrendas y los adornos del templo católico con la colaboración de los patrulleros. La comunidad "aceptó el evangelio", en los términos impuestos por aquel jefe de patrulla, a excepción Juan Ordóñez. Un día de mayo de 1983 fueron a capturarlo, él trató de huir, pero finalmente fue atrapado y muerto a machetazos. Su cadáver no fue enterrado y posiblemente se lo comieron los animales. Uno de los patrulleros recuerda que el jefe de la patrulla les daba la orden de pegarle palos en la cabeza y les decía: "Este es el compañero de ustedes, sólo miren lo que le pasó, ahora ustedes deben darle palos en la cabeza, este es su compañero de Cuba, si ustedes quieren que les hagan así entonces quédense en Cuba".75 

Los comisionados militares

203.

     Los Comisonados militares también tuvieron una importante participación en las ejecuciones arbitrarias realizadas durante el enfrentamiento armado. Cuando se creó la figura de comisionado militar en 1938, su tarea principal era la de proporcionar reclutas al Ejército. En la década de los sesenta, los comisionados militares tuvieron un papel importante en la lucha antiguerrillera que se desarrolló en el Oriente:

     "Para el 67 fue la violencia, murieron trece personas inocentes en Cajón del Río, acusados de ser guerrilleros. Fueron los comisionados militares, ellos eran pro-liberacionistas y nosotros no, para ellos había justicia sobre nosotros, para ellos eran gloriosos esos tiempos, ellos tenían el poder".76 

204.

     A lo largo del enfrentamiento armado interno, esta institución fue elemento clave dentro del dispositivo contrainsurgente concebido e impuesto por el Ejército. Sin embargo, los comisionados militares también aprovecharon el poder para cometer ejecuciones por razones privadas.

Ejecuciones arbitrarias de personas acusadas de tener vínculos con la guerrilla

205.

     Los comisionados militares ejecutaron a personas que por las tareas que desempeñaban fueron estigmatizadas como miembros de la guerrilla. Rodolfo Tiño Ramírez era miembro del Comité Pro Mejoramiento de Cucabaj, Santa Cruz del Quiché; en el año 1982, mientras estaba en una fiesta, cuatro hombres armados preguntaron por él. Uno de ellos dijo: "Allí está, éste es mero guerrillero". Seguidamente, los desconocidos abrieron fuego contra él, cuyo cadáver abandonaron en el escenario del tiroteo para subir en los vehículos en que habían llegado y desaparecer. El cuerpo de Tiño fue enterrado en la localidad. Dos vecinos reconocieron a uno de los hombres como comisionado militar de Chiché. También señalaron que los demás eran comisionados y en referencia a Tiño Ramírez: "El no era guerrillero sino que simplemente trabajaba en beneficio de su comunidad".77 

206.

     Fue habitual que los comisionados militares entregaran a los destacamentos del Ejército, listados con nombres de personas sospechosas de ser guerrilleros y por tanto, seleccionadas para que fueran ejecutadas. Un declarante informó a la CEH que entre 1980 y 1981, el comisionado militar le mostró "una lista de nombres de personas que iban a matar. Mi nombre estaba en la lista. Un soldado, cuate mío, estaba de alta en la Zona Militar 19. Era mensajero entre la G-2 y la G-5 y así vio la lista. Le salió mi nombre porque mi nombre es igual al de su padre, pero con el segundo apellido distinto. Me advirtió de irme de una vez. La lista tomaba cinco hojas de personas que iban a matar, todos de Aguacatán".78 

Ejecuciones arbitrarias de guerrilleros

207.

     Tampoco se respetaron las normas humanitarias mínimas a favor de los guerrilleros puestos fuera de combate por cualquier causa. Muchos de ellos, una vez capturados, fueron ejecutados. Un comandante de la guerrilla declaró acerca de la muerte de dos miembros de la ORPA:

     "Se me escapa la fecha correcta, pero fue en 1983, fueron brutalmente asesinados los compañeros, uno de ellos se llamaba Valerio Castro, de la aldea La Fraternidad; ellos iban con un equipo militar hacia Sipacapa, donde teníamos una escuadra de información. Ellos fueron interceptados por comisionados de San Luis Tuimuj y de la aldea Las Delicias. No hicieron uso del armamento sino que trataron de escapar, pero fueron copados por estos comisionados de esta otra aldea y fueron asesinados a golpes y enterrados en el mismo lugar".79 

208.

     Los comisionados militares podían reportar al Ejército la captura de un guerrillero o decidir por si mismos su ejecución. En la aldea del Bongo, municipio de El Estor, Izabal, Lucas Xol tenía fama de ser miembro del EGP. Después de la masacre de la Llorona, en septiembre 1981, los comisionados militares empezaron a visitar con mayor frecuencia la aldea del Bongo. Lucas sintió miedo y huyó al monte. El jefe de los comisionados militares contaba con numerosos informantes en la aldea y siguieron al padre de Lucas cuando iba a dejarle comida a su hijo. El jefe de los comisionados empezó a extorsionar al padre de Lucas, amenazándolo de matar al resto de la familia si su hijo no se entregaba. Entonces, el padre convenció a Lucas para que abandonara su refugio y se presentase a la autoridad, creyendo la palabra del comisionado, quien había prometido que Lucas, simplemente sería castigado. Cuando Lucas bajó, fue a la aldea de Nueva Esperanza para entregarse. El comisionado lo mató y arrojó su cadáver en el lago Izabal.80 

Ejecuciones por motivos personales

209.

     Algunos comisionados militares se aprovecharon de su posición privilegiada y de la impunidad que gozaban para enriquecerse por medio de actividades ilegales y ejecutando a aquellos que constituyeron un obstáculo para conseguir sus propósitos. En el municipio de San Benito, departamento de Petén, José Francisco Ovando Samos, era colaborador del SIPROCI, Sistema de Protección Civil, a cuyos expertos ayudó a detectar sembradíos de marihuana que eran propiedad de los comisionados militares e incluso de algunos militares de San Benito. Dos o tres meses después de haber colaborado con SIPROCI, en mayo 1989, unas personas lo sacaron del hospedaje en donde residía, lo introdujeron en un vehículo y horas después su cadáver es hallado en las afueras de uno de los bares de San Benito. Algunas personas que se encontraban en el lugar en que Ovando Samos fue apresado vieron que uno de los comisionados militares, permanecía escondido en el vehículo donde introdujeron a la víctima antes de ejecutarla.81 

210.

     La posición de comisionado militar otorgaba a su titular el poder de decidir la ejecución de una persona. La CEH recibió abundantes testimonios que informaron acerca de la práctica de comisionados militares que negociaban la vida de personas a cambio de sumas de dinero. El 28 de noviembre de 1982, durante la celebración de la cofradía, en la feria de la aldea Pueblo Nuevo, del municipio de Tajumulco, San Marcos, Mario Ramírez López fue sacado a la fuerza por un comisionado militar que lo entregó al Ejército. Los soldados lo llevaron camino de Tojquián, donde lo ejecutaron el mismo día. El comisionado confeccionaba las listas de personas que habían de ser asesinadas por el Ejército. Para borrar a una persona de la lista cobraba entre Q.250,00 y Q.1000,00. "... mucho pisto ganó... todo lo hizo así para poder borrarlos de las listas...".82 

La Policía Nacional

211.

     La Policía Nacional también fue autora de ejecuciones arbitrarias durante el enfrentamiento armado. Las ejecuciones perpetradas por sus agentes fueron el resultado de acciones ilegales, clandestinas, y donde se hizo uso excesivo de la fuerza. Muchas de las ejecuciones que cometieron los agentes de la policía fueron realizadas a solicitud de la inteligencia militar.83 

212.

     El 22 de agosto de 1979, llegó a Tiquisate, Escuintla, un grupo de "judiciales" que colaboraban con la G-2 del Ejército y atraparon al guerrillero Savelio Melgar Gaytán. Su cadáver apareció tres días después en la finca El Limón y presentaba señales de tortura. Le habían arrancado un dedo de la mano, un dedo del pie y el cuello lo rodeaba el alambre de púas con el que había sido ahorcado.84 

213.

     La forma clandestina en que actuaron los agentes de la policía se caracterizó, especialmente, por el hecho de no identificarse como miembros de dicho cuerpo. El 17 de octubre de 1980, en la comunidad Tierra Linda, del municipio de Santa Lucía Cotzulmaguapa, Escuintla, Eulalio Guzmán Pérez y su familia se disponían a descansar cuando cinco hombre armados con pistolas, escopetas y fusiles irrumpieron en su vivienda y gritaron: "¨Dónde está Eulalio? Queremos hablar con vos ... No te escondás, sabemos que estas aquí". Después de una serie de forcejeos aquellos hombres lograron someter a Eulalio y a la fuerza lo sacaron de su residencia. A uno cinco metros de la casa, uno de los hombres le disparó a corta distancia, quitándole la vida. Se sabe que los autores del crimen fueron agentes policiales pues a consecuencia del forcejeo, uno de los hombres perdió en el lugar de los hechos un documento de identificación de la Policía Nacional.85 

La Guardia de Hacienda

214.

     La Guardia de Hacienda fue otro cuerpo armado estatal que cometió ejecuciones arbitrarias. El 13 de julio de 1981 miembros de la Guardia de Hacienda buscaban al profesor Alipio Bautista, quien se había manifestado en contra de la forma de operar del Ejército y de la Guardia de Hacienda. En su lugar encontraron a Sergio Napoleón Miranda Miranda, quien había sustituido al profesor Bautista. Al profesor Miranda le sacaron de su casa a las diez de la mañana y fue ejecutado en las montañas de la aldea de San Luis. Junto al profesor Miranda, también fue ejecutado arbitrariamente Marco Tulio López, quien trabajaba como maestro en el Municipio de Sibinal.86 

215.

     Las ejecuciones arbitrarias cometidas por los miembros de la Guardia de Hacienda se caracterizaron porque fueron realizadas vistiendo los uniformes de dicho cuerpo, lo que permitió su identificación como autores de numerosas operaciones. En Sayaxché, Petén, el 9 de septiembre de 1980, Miguel Angel Gallardo García se dirigía a su casa luego de haber entregado a su patrón el dinero producto de la venta de algunas mercaderías, cuando fue detenido por un guardia de hacienda al que se conocía como El Látigo del Sur. A los tres días de haber sido capturado, su cadáver fue encontrado en las aguas del Río la Pasión. El cuerpo tenía las marcas de un balazo en la boca y estaba maniatado.87 

216.

     Los miembros de la Guardia de Hacienda, al igual que los comisionados militares, también cometieron ejecuciones arbitrarias por motivos de lucro. El 1 de agosto de 1983 en el municipio de Tacaná, San Marcos, Lázaro Bartolón fue abordado por varios guardias de Hacienda que le exigieron dinero. Al negarse, los guardias le conminaron a que los acompañase, pretextando que su jefe quería hablar con él. Mientras bajaban por una calle, dirigiéndose a las oficinas de la Guardia de Hacienda, Lázaro Bartolón intentó refugiarse en una tienda y uno de los guardias le clavó un cuchillo en su espalda; lo sacaron a un campo abierto, una cuadra más abajo de la tienda, lo desnudaron, le cortaron los testículos, la cara y finalmente lo colgaron empleando su propio cinturón. El cadáver fue descubierto en el mismo lugar donde lo ejecutaron, tirado entre unos rastrojos. La víctima llevaba consigo seiscientos quetzales que poco antes de morir le había entregado su suegro, pero nunca se encontraron.88 

Los escuadrones de la muerte

217.

     Como quedó consignado,89  los escuadrones de la muerte fueron una fachada para las acciones encubiertas del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad. Una de las circunstancias que evidenció lo anterior, fue que los escuadrones pudieron ejecutar a sus víctimas sin temer la intervención de otros agentes del Estado que con harta frecuencia se encontraban presentes en el mismo lugar donde se producían los hechos.

218.

     En las primeras horas del 12 de mayo de 1980, cuatro individuos que portaban gran cantidad de armamento, se situaron simultáneamente frente a la parroquia y delante de la sede de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, con el próposito de secuestrar al padre Walter Voordeckers. Al fallar el intento, dispararon contra el sacerdote, al que alcanzaron varios impactos de bala.90 

219.

     Los escuadrones de la muerte ejecutaron a muchas de las personas que aparecieron en los listados de condenados a muerte distribuidos por organizaciones clandestinas. El 14 de julio de 1980, Francisco Monroy Paredes, director de la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), y su esposa Esperanza Montez de Monroy fueron ametrallados en Quetzaltenango después de que sus nombres aparecieran en la relación de personas amenazadas de muerte por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA).91 

220.

     En algunos casos los escuadrones de la muerte reivindicaron de forma pública las ejecuciones que habían cometido. "El 1 de abril de 1967, el escuadrón de la muerte Nueva Organización Anticomunista (NOA) anunció que había 'ajusticiado' a los 'guerrilleros' Ramón Méndez Linares, Elder Amílcar Minott y Jaime de Jesús Velázquez".92 

221.

     Otra modalidad utilizada para reivindicar el crimen, consistió en abandonar el cadáver de la víctima portando una nota explicativa: "En una ocasión llegó un cadáver asesinado por el grupo la Mano Blanca con la mano en el pecho y una leyenda que decía: "Ejecutado por la 'Mano Blanca'".93 

222.

      Según un matutino del 17 de abril de 1967, "en el kilómetro 36 de la Carretera al Atlántico, fue localizado el cadáver de Maximiliano Román Melgar García. El cadáver presentaba múltiples perforaciones y golpes. En uno de sus bolsillos se encontró un papel que decía MANO".94 

El mensaje de terror provocado por las ejecuciones arbitrarias

223.

Mediante la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, agentes del Estado eliminaron físicamente a sus opositores, buscando a la vez reprimir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a través del terror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

     "Víctima y blanco son ambos el objeto del terror, pero mientras la víctima perece, el blanco reacciona al espectáculo o noticias de la destrucción con diversas formas de acomodación y sumisión o sea en la mencionada reacción de deponer su resistencia o inhibir una potencial resistencia. Debe tomarse nota que cualquiera en el sistema puede ser un blanco, pero el proceso necesita una selección regular de víctimas, que son eliminadas de acuerdo a diversas escalas de destrucción. O sea el objetivo primario del terror no es la destrucción de un grupo social o individuos determinados, sino el control a través de la intimidación de un universo dado, a través de actos de destrucción".95 

En la ciudad capital y algunas cabeceras departamentales.

224.

     De un modo más acusado en Guatemala, y en algunas cabeceras departamentales, desde los años sesenta y a lo largo del enfrentamiento armado, se presentaron amenazas de muerte individuales y colectivas de distintas modalidades. Algunas eran directas como las llamadas telefónicas o las transmitidas con carácter personal; otras indirectas como las notas dejadas en el lugar de trabajo o estudio, los listados distribuidos por los escuadrones de la muerte donde se condenaba a muerte a determinadas personas por ser guerrilleros o comunistas, o los mensajes pintados en las paredes de casas u oficinas.

225.

Las amenazas también fueron complementadas por operativos de vigilancia clandestina o abierta, como ilustra el siguiente hecho:

     Desde noviembre de 1978, Ricardo Adolfo Juárez Gudiel empezó a sufrir hostigamientos y recibir amenazas. En esa fecha le enseñaron un volante que había llegado a la Escuela de Ciencias Políticas, en el cual le decían que había sido sentenciado a muerte por militar en el PGT. A partir de entonces, se percató de que algunos días había varias personas dentro de un vehículo vigilando su casa durante algunas horas. Cuando se dirigía a la Universidad, los desconocidos lo seguían de cerca y le daban pequeños golpes a su auto o se ubicaban con intención de tal forma que él pudiera verlos mientras se burlaban de él. Esta situación se prolongó hasta el año 1981. Tiempo después le llegó un segundo anónimo donde le indicaban que ahora llegaba el turno para su ejecución. El 4 de agosto de 1981 mientras transitaba por la calle se le acercó un desconocido que le disparó, causándole la muerte instantánea.96 

226.

     La aparición de estos listados e índices generó terror no sólo en las personas que allí aparecían mencionadas, sino también en sus familiares y en los grupos o instituciones a los que pertenecían. Aunque estas personas solían tener clara conciencia del peligro que corrían, la aparición de los listados de muerte, hizo el peligro más evidente y el terror más palpable.

227.

     Al cumplirse las amenazas con las primeras ejecuciones arbitrarias de algunas personas cuyos nombres figuraban en un listado que había trascendido públicamente, el sentido de terror se extremó y provocó que algunas probables víctimas tomaran medidas más drásticas, como el exilio, abandonar sus actividades corrientes.97  Otros optaron por la clandestinidad y hubo también casos de suicidios. La ejecución arbitraria como corolario de una amenaza de muerte cumplió la doble función de eliminar físicamente a algunos disidentes mientras disuadía a otros de continuar con las actividades criminalizadas. A veces, los que aparecían en los listados resistían arriesgar su vida por efecto de las amenazas. Luego, cuando fueron conocidas las primeras ejecuciones, comenzó el exilio de gran número de personas. A raíz de la muerte del profesor Mérida Escobar, caso ya glosado en este Informe, algunos catedráticos del Instituto Normal Mixto de Occidente (INMO) se vieron forzados a salir del país. Con el objeto de proteger su vida "pusieron tierra de por medio" porque se sabía que se estaba cumpliendo lo establecido en la lista distribuida por el ESA.98 

228.

     La ejecución arbitraria como un componente de la estrategia del terror tuvo como objetivo prioritario suprimir todo tipo de oposición política, aun pacífica, eliminando físicamente a los miembros de la oposición o provocando su "exilio voluntario".99  La salida al exilio de ciertas personas fue consecuencia de una práctica del terror selectivo que afectó a esos "individuos o pequeños conglomerados de personas considerados como objetivos específicos".100  Estas personas, por su afiliación a alguna organización social o por haber expresado abierta y libremente su crítica de la política del gobierno, temieron algún atentado en contra de su vida.

229.

El temor que causaba en la población la publicación