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Capitulo
II: Volumen 3
LIBERTAD DE EXPRESION 442. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión". 443. Los mismos principios son recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 numeral 2, que establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección". 444. El sistema interamericano también protege la libertad de expresión. Así, la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre de 1948, en su artículo IV sanciona que "Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio." Por otra parte, la Convención americana sobre los derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ratificada por Guatemala en 1978, en su artículo 13, numeral 1 señala que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección." 445. Pese a que los diversos textos constitucionales y cartas de Gobierno que ha tenido Guatemala, en particular los que rigieron durante el período del enfrentamiento armado interno, contemplan la libertad de expresión y aunque contienen similares consideraciones relacionadas con esta materia, las mismas también señalan limitaciones al pleno ejercicio de este derecho. La Carta Fundamental de Gobierno puesta en vigor durante el Gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia, establecía como uno de los derechos ciudadanos la libertad de expresión en el artículo 22 numeral 7ø, al afirmar: "Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura, salvo las limitaciones que imponga la ley". 446. Las limitaciones a que se refiere esta última acepción estaban contempladas en el Decreto Ley número 9, Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, que tipificaba como delitos: la circulación de folletos, panfletos, carteles, discos, grabaciones y toda clase de impresos emanados de cualquier procedencia, que propugnen al establecimiento en Guatemala de entidades de tipo comunista y hacer propaganda comunista por cualquier medio de difusión.1 También tipificaba como delito hacer propaganda comunista en reuniones públicas o en lugares de trabajo, transmitir comunicaciones de carácter o de origen totalitario, pública o clandestinamente, y la proyección de películas cinematográficas de tesis comunista.2 Es evidente que estas disposiciones de carácter legal interno contravenían obligaciones internacionales de Guatemala sobre la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, consagradas en los tratados de derechos humanos. 447. La Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas continuó vigente después de promulgarse la Constitución de 1965, que a su vez ordenó la vigencia de la libre Emisión del Pensamiento. Este conflicto de normas en la práctica mantuvo su vigencia hasta el año 1985, cuando se promulgó la nueva Constitución. 448. La Constitución que entró en vigor en 1985 amparó en el artículo 35 el derecho ciudadano de expresarse sin limitaciones al establecer: "Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición alguna". 449. No obstante que el Estado de Guatemala estaba obligado a respetar el derecho de libre pensamiento, opinión y expresión, por estar garantizados en las Declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos, en la práctica, las autoridades reconocieron vigencia a una norma de menor rango que contravenía tales instrumentos. Así, durante veinte años, de facto, la libertad de expresión estuvo supeditada a lo que las autoridades dispusieran entender como comunista. Durante este período la palabra comunista fue utilizada de forma indiscriminada para atacar a los opositores políticos y deshacerse de ellos. 450. A partir del análisis de los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, vigentes durante el período del enfrentamiento armado, podemos comprobar que el derecho ciudadano de expresarse con libertad fue conculcado de modo reiterado tanto en el ámbito individual como social. Las autoridades estatales se valieron de diferentes medios para lograrlo. Individualmente, ante el estado de terror que se vivió durante este período: los guatemaltecos prefirieron callar sobre cualquier tópico que les afectara por temor a resultar muertos o desaparecidos. 451. La libertad de expresión va íntimamente ligada al libre ejercicio del resto de los derechos políticos. Al cerrarse los espacios para la participación política, se cerraron de forma tácita los espacios necesarios para la libertad de expresión. Una revisión de lo sucedido respecto a este tema durante el período del enfrentamiento armado confirma que en Guatemala el simple hecho de pensar se convirtió en un hecho peligroso y escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó correr el riesgo de ser amenazado o sometido a torturas, desaparición o muerte. En este sentido, la opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poetas, líderes de organizaciones, políticos y periodistas estuvo sujeta a los riesgos que la represión imponía al ejercer el derecho a expresarse. Por sistema fue denegada al pueblo de Guatemala la posibilidad de hacer uso del más elemental de los derechos democráticos. 452. La libertad de expresión se entiende como un ciclo que comprende la libertad de pensamiento a través de la manifestación libre de la opinión personal. También la libertad de expresión corresponde a la libertad de opinión al difundirse el pensamiento a través de los medios de comunicación y, por último, el derecho a informar y ser informado que retroalimenta la libertad de pensamiento en una forma cualitativamente superior.3 Todo el ciclo fue un derecho constantemente violado por los gobiernos que se sucedieron durante el enfrentamiento armado interno.
Las violaciones de la libertad de expresión 453. La sociedad guatemalteca sufrió durante el enfrentamiento armado el silencio provocado por las condiciones de violencia y terror institucionalizados, violándose así el derecho a la libre expresión del pensamiento inherente a todo ser humano. Los testimonios recibidos por la CEH, insisten en subrayar el silencio que la población vivió porque hablar constituía un peligro inminente.
"El precio que se pagó no fue exclusivo del sector Prensa, fue la mayoría de la población, incluso de los que no dijeron. Guatemala es un país silenciado, es un país incomunicado. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de establecer realmente ese acercamiento entre seres humanos porque el derecho a la comunicación nos ha sido vetado todo la vida".4
"Es duro que te digan que no tienes derecho a hablar, que te vas a acostar a las seis de la tarde... es violar nuestros derechos".5 454. La censura penetró en todos los estratos y gremios del país. Esta se impuso mediante las prohibiciones a la circulación de libros que se consideraban comunistas,6 las restricciones a la libertad de cátedra y a la prohibición de periódicos alternativos como la de El Estudiante que se dio a principios de la década de los sesenta y que era el medio de comunicación de los estudiantes universitarios. Tampoco se podía dar a conocer opiniones sobre la condición política del país o sobre situaciones referentes a la vida cotidiana.
"Al profesor Recinos lo enterraron en Malacatán, fue un entierro masivo, y todos con la idea clara de cómo predominaba el Ejército y que no dejaba actuar ni mucho menos decir las verdades, hasta pecado era pensar porque nos venían a buscar".7 455. No se podía hablar de las condiciones de violencia, discriminación, pobreza en que se vivía, fuera a través de la música o del arte, porque se constituía en motivo para que quienes lo hicieran fueran reprimidos. Grupos culturales, teatrales, así como escritores y poetas fueron amenazados, ejecutados arbitrariamente o desaparecidos y otros más partieron al exilio. Un ejemplo es el de escritor Manuel José Arce, quien definió su exilio en estos términos: "Si dejé mi país fue a causa de las amenazas de las que fui objeto, de la hostilidad del régimen contra mi persona y de la imposibilidad de expresarme en tanto que escritor y en tanto que ciudadano".8 En 1979 el Festival Nacional de Teatro llevó el nombre del escritor y periodista Manuel José Arce pero el Gobierno prohibió que durante la celebración del festival se llevaran a escena obras de este autor. 456. La misma suerte habían de soportar quienes mostraban simpatía por los líderes asesinados. Esto motivó que las autoridades tomaran represalias contra los empleados estatales. Por ejemplo, Julia Vela, directora del ballet folklórico, fue despedida por el ministro de Educación, porque había pedido un minuto de silencio en tributo de Manuel Colom Argueta durante un acto oficial.9 457. Esta imagen de violencia se puede ver en todo el período, aunque realizada de distinta manera: en las primeras dos décadas la represión selectiva era la norma y aunque ya se conocen asesinatos de personas que expresaban sus ideas, fue durante los años ochenta cuando sistemáticamente se violó el derecho a la libertad de expresión al reprimir incluso a las organizaciones culturales y teatrales de los barrios populares de la ciudad y del interior del país.
"Nosotros empezamos, bueno, una de las que sería interesante ver es de que el círculo cultural Ixmucané, por su misma evolución cultural y sus mismos actos culturales como canción teatro, el teatro principalmente era, podríamos llamarle teatro popular, que hacía bromas de la realidad indígena para que la gente despertara y viera cuál era la realidad que se estaba viviendo. Como por ejemplo las agarradas al cuartel, cómo regresaban los muchachos a las comunidades".10 Este grupo cultural se desintegró después de que algunos de sus integrantes fueran desaparecidos".
Alberto Rubén Ochoa Ochoa, integrante del conjunto marimbístico Lira Marquense, había gravado varios discos como intérprete de canciones, entre ellos una melodía que se titulaba Maldita Violencia. Fue la época de mayor auge del conjunto, y por lo tanto realizaba giras en todo el país, por lo que cuando el cuerpo de este músico fue encontrado sin vida, hubo un entierro que concentró a una singular cantidad de personas venidas incluso de otros departamentos que se hicieron presentes para darle el último adiós.11 458. Debido a la represión las poblaciones decidieron guardar silencio como una forma de protegerse y no tener entre sus haberes algo que pareciera "comunista".
"Todo el mundo sabía que el Ejército podía venir en cualquier momento y registrar las casas, y como la incultura de los soldados era muy grande y no sabían leer, cualquier libro que encontraban pensaban que era comunista. Por ello optamos por no tener libros, ni música, ni ropa verde en casa".12
Los periodistas y medios de comunicación 459. La puesta en vigor en 1965 de la Ley de Libre Emisión del pensamiento estableció las líneas legales para ejercer este derecho, pero como ya se explicó, otras normas con rango similar determinaron que ejercerlo fuera imposible. Así, tanto durante el Gobierno de facto de Peralta Azurdia, como en el de Julio César Méndez Montenegro, los periodistas debieron estar a la defensiva para no ser blanco de los ataques a la libre expresión. No todos lograron sobrevivir.
"A José Arnoldo Guilló Martínez, se lo llevaron el doce de julio de mil novecientos sesenta y siete... trabajaba en Escuintla en la Radio Sur y en la Radio Palmeras y como voluntario en la Pastoral Radial de Sacerdotes Belgas de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, por ello a través de Radio Sur transmitía dos veces por semana. "A lo largo del programa "La Vida de los Santos", tratábamos de hacer entender a la gente que había persecución e injusticias (...) siempre con un sentido social bastante fuerte".13
El escuadrón de la muerte La Mano Blanca hizo un estrecho seguimiento al periodista del periódico La Hora, Gonzalo Acevedo, obligándolo a trasladarse de Zacapa a esta capital, en donde continuó la persecución hasta darle muerte con ametralladora en la zona 1, frente al Santuario de Guadalupe.14 460. Al iniciarse la década de los setenta los sucesivos estados de sitio cuya vigencia se prolongó por un período de dos años, y decretados por el entonces presidente coronel Carlos Manuel Arana Osorio, obstaculizaban el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos la libertad de expresión. Diferentes documentos revisados por la CEH dan cuenta que el gremio periodístico fue uno de los más afectados en esa época. El Foro Permanente por la Democratización de las Comunicaciones reportó a la Comisión sobre un total de 13 periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos en estos cuatros años y varios atentados contra la vida de periodistas o contra los medios de comunicación. Entre los periodistas asesinados en este período se cuentan: Luis Díaz Pérez, Julio César de la Roca, Enrique Salazar y Humberto González Juárez. Veinte años después, en octubre de 1990, sería asesinado su hijo Humberto González Gamarra, también copropietario de un radio periódico, en parecidas circunstancias. 461. Durante el período de transición del Gobierno de Arana Osorio al de Kjell Laugerud García el panorama político de Guatemala estaba agitado debido al denunciado fraude electoral que dio el triunfo a Laugerud, la resistencia a este fraude era aplacada por las fuerzas estatales mediante la represión. De marzo a julio de ese año fueron también ejecutados arbitrariamente periodistas de diferentes medios de comunicación que dieron su opinión sobre la coyuntura que se vivía. Entre ellos: Mario Monterroso Armas, director de Cartones Radiofónicos y corresponsal de La Voz de las Américas.
"Antes y después de las elecciones del tres de marzo, Monterroso, 37, era uno de los críticos más destacados contra el gobierno, el MLN y la familia Arana. Aunque sobrino del presidente Castillo Armas (1954-57), Monterroso era miembro de un grupo disidente de la DCG, FLOR, y lideró la campaña por el candidato a alcalde del secretario general del FURD, Leonel Ponciano. Se conoció que el Gobierno se ofendió mucho por la crudeza de la crítica de Monterroso. Una de sus emisiones más recientes casi no se podía escuchar por una aparente interferencia".15 462. Este clima de represión fue una de las causas por las cuales en Guatemala no se desarrolló la investigación en el medio periodístico. Si alguno de los reporteros de los medios se atrevía a ir más allá de lo que las instancias gubernamentales permitían, corría sin duda el riesgo de perder su vida.
Venner Roswald Trejo Alvarez "era muy acucioso y dinámico en el campo del periodismo profesional. Jamás participó en política ni en acciones delictivas. En algunas oportunidades trató de desentrañar casos criminales que tendían a quedar en el misterio, sobre todo porque entre el elemento de Prensa había temor (por cierto explicable) de interiorizar esos casos en vista de la brutal represión a que estaban entregados los cancerberos policíacos del régimen castrense para golpear, desarticular y eliminar a los grupos de oposición y a cualesquiera otras personas que hacían estorbo ... Puedo decir en pocas palabras que lo que realmente motivó la captura de Venner Roswald Trejo Alvarez, fue el hecho de que su nombre apareció en un pie de foto en el periódico donde trabajaba como reportero redactor. En la fotografía estaba la figura grotesca de un coronel que a la sazón actuaba como director de la Policía Nacional, el que el primero de mayo (día internacional del trabajo) de 1974, lanzaba bombas lacrimógenas, protegiéndose con máscara antigás, contra los obreros y campesinos participantes en el desfile de aquel día".16 463. Entre 1978 y 1982 se registra el mayor número de periodistas ejecutados arbitrariamente o desaparecidos. La represión contra todos los sectores de la sociedad desatada por el Gobierno del general Romeo Lucas García repercutió también sobre este gremio. El Informe sobre Guatemala para 1981 preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguraba que "si bien es cierto que en Guatemala los periodistas ejercen su profesión en los distintos medios de comunicación social, también lo es que la libertad de pensamiento y expresión se ve constreñida por el clima de temor y amenaza existentes, y que muchos periodistas han sido víctimas de la violencia que conmueve a dicho país. Algunos intelectuales guatemaltecos estiman que la libertad de expresión del pensamiento se encuentra seriamente limitada".17 464. El Foro para la Democratización de las Comunicaciones informó a la CEH sobre un total de 32 casos de periodistas asesinados o desaparecidos en estos años, así como varios atentados contra medios de comunicación y la Asociación de Periodistas de Guatemala. A pesar de la creciente represión que los periodistas sufrían, las autoridades gubernamentales consideraron que "los ataques contra la Prensa provienen de extremistas. El Gobierno y las Fuerzas de Seguridad no tienen ninguna razón para perseguir o atacar a los periodistas".18 465. Sin embargo, las amenazas frecuentes contra los periodistas y los medios de comunicación hacían que la situación de estos desembocara en la autocensura como una forma de sobrevivencia. Poco a poco, de las amenazas se pasó a la intimidación, en especial por parte de algunos funcionarios públicos que no permitían que se les criticara sobre sus actuaciones en el ejercicio del poder o que se informara sobre las violaciones a los derechos humanos que el Gobierno cometía.
"El uno de febrero de 1980 fui llamado con urgencia por el secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia. Al llegar [a su despacho], su secretaria me dijo que no estaba, que me iba a atender el subsecretario. En esa conversación se le intimidó sobre las informaciones que sobre la quema de la embajada de España se habían transmitido en su noticiero. Durante la conversación le amenazó diciéndole que él tenía muy buena puntería y le agregó: "Esto dígaselo a su compinche de la internacional socialista, Marco Antonio Cacao, porque ustedes son los que tratan de desestabilizar al Gobierno con noticias falsas y tendenciosas... ustedes necesitan lecciones para no abusar de la libertad de Prensa". Después agregó: "Tenga mucho cuidado, ande con pies de plomo porque la vida no es cola de garrobo, no retoña".19
"Inconforme por unas declaraciones suyas publicadas en Nuevo Diario, en las que justificaba los golpes de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores ... acompañado de un grupo de guardaespaldas me esperó infructuosamente en el periódico durante tres horas. No recurrió al derecho de aclaración, a sabiendas de que sus opiniones habían sido grabadas, sino que me buscó con desplantes intimidatorios y me dejó dicho con el director que "eso no se iba a quedar así". Ese era el típico proceder de los funcionarios del régimen".20 466. La violencia contra los periodistas llevó a la desaparición del Sindicato de Trabajadores de los Medios de Comunicación (SIMCOS), organización que aglutinaba a buen número de profesionales. El 27 de diciembre de 1978 sus miembros fueron acusados por el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional, de haber puesto una bomba en la sede central de la Policía y acusó a los miembros del SIMCOS de tener en su posesión ametralladoras que habían usado en actos ilegales. Cuando los periodistas quisieron aclarar la situación el coronel Chupina rehusó reunirse con los líderes para discutir los cargos.21 Dos meses antes había acusado a sindicalistas, periodistas y directivos de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, de formar parte de una facción clandestina. 467. Entre 1979 y 1980 "son asesinados José León Castañeda, Marco Antonio Cacao Muñoz y Belte Villatoro, miembros del Comité Ejecutivo del sindicato...el principal dirigente del sindicato fue el periodista Elías Barahona... con su salida del país deja al sindicato en manos de líderes con poco carisma y poder de convocatoria. El SIMCOS pasa a la clandestinidad y luego desaparece".22 468. Marco Antonio Cacao Muñoz, periodista, miembro del Partido Socialista Democrático fue ametrallado por la G-2 el 5 de julio de 1980, acusado de viajar frecuentemente a Costa Rica, según dijo el ministro del Interior;23 éste señaló confidencialmente a su secretario de prensa que Cacao Muñoz era un buen muchacho pero no medía su lengua para hablar mal del Gobierno.24 El crimen se atribuyó al Ejército Secreto Anticomunista. 469. José León Castañeda fue capturado en 1979 "por dos hombres armados que se conducían en un carro Bronco ... Luego del secuestro, José León fue encontrado tirado en una de las calles de la ciudad: se informó que su muerte se debió a un paro cardíaco. Sin embargo, al exigirse el dictamen de la autopsia se reveló que el periodista había muerto por la intensidad y calidad de las torturas que le fueron propinadas: golpes, hemorragia pulmonar y asfixia. El SIMCOS ha comentado que éste es un nuevo método de eliminación utilizado por las fuerzas terroristas, pues no acuden al tiro de gracia".25 Había sido amenazado por el Ejército Secreto Anticomunista y "por dos diputados miembros de la actual legislatura de la República. Las entidades democráticas y populares han interpretado el asesinato de José León Castañeda como un atentado en contra de la libertad de expresión y consideran que dicho crimen forma parte de una agudización de la violencia en contra de los trabajadores de la Prensa".26
"En una de las conversaciones se entró a discutir sobre la muerte del periodista José León Castañeda, quien fue reportero de Noticiero 2,000 y del Sindicato de Medios de Comunicación Social y que había recibido amenazas de organizaciones anticomunistas como La Mano Blanca. [Un diputado] dijo en un momento efusivo que [el secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia] tenía datos sobre José León Castañeda que lo ligaban como alguien que tenía relación con la guerrilla y que en una ocasión se les había fugado por los tejados de la zona 6".27 470. Al igual que fue violentada la libertad de información, lo fue también la libertad de opinión. En muchos casos los periodistas fueron víctimas después de expresar su opinión sobre algún aspecto de la vida política del país.
Edgar Rolando Castillo Rivera, periodista del Radioperiódico América, realizó denuncias contra algunos hechos de violencia en Quetzaltenango, tanto en contra de la guerrilla como del Ejército. El 31 de enero de 1981, luego de haber recibido varias amenazas de muerte, fue ejecutado arbitrariamente en la colonia Molina, Quetzaltenango. Recién había escrito un editorial muy fuerte contra el candidato a la presidencia por el MLN.28 471. La desaparición forzada fue uno de los métodos más utilizados para acallar a los periodistas. De este período se cuenta a más de una decena en esta condición que en ejercicio de su derecho a informar daban a conocer hechos contrarios a la política del gobierno.
Oscar Leonel Mujía Córdoba era locutor, estaba trabajando en la emisora Nuevo Mundo en la ciudad capital desde hacía un año. Se encontraba en Huehuetenango disfrutando de dos días de permiso que había solicitado para asistir a una celebración cuando desapareció, nunca se supo de su paradero.29
Oscar Enrique Ovalle Barrillas era radio operador de la Cruz Roja y trabajaba como cronista deportivo. Además tenía un noticiero en una radio que estaba en la 3¦. Calle y 10 avenida de la zona 2 que transmitía los domingos por la mañana. El 17 de abril de 1980 fue capturado por hombres armados en la esquina de la 3¦. Calle y 9¦. Avenida de la zona 1, Guatemala. Hasta la fecha se desconoce su paradero.30 472. La represión se extendió por todo el país. Los periódicos y revistas de provincia desaparecieron durante los años de mayor violencia al igual que las radios comunitarias, destacando aquellas que difundían programas de carácter educativo y cultural. El Estado mantuvo como cierto que los medios de comunicación del interior del país, y sobre todo las radioemisoras, estaban vinculadas a la insurgencia. Este supuesto las convirtió en blancos de la represión. Durante este período de Gobierno él Ejército vigiló constantemente las radioemisoras que transmitían en lengua indígena "debido a que la denuncia de un prisionero ha alertado sobre la colaboración de muchas de esas emisoras con la insurgencia. Apenas seis semanas después de conocerse esta noticia dos locutores de La voz de Utatlán, estación que transmitía en lengua quiché, aparecieron muertos por arma de fuego".31 473. También la Radio Quiché que transmitía programación religiosa y "hablaban sobre la realidad de las comunidades [que] en la explicación de la palabra llevan ideas progresistas, pero innovadoras. Fue la primera radio que llegó a las comunidades ya que Radio Santa Cruz era de onda corta",32 fue perseguida y muchos de quienes trabajaron en ella fueron asesinados. De acuerdo con los testimonios recibidos por la CEH las víctimas eran perseguidas por los escuadrones de la muerte. Ellos operaban "desapareciéndolos y luego apareciendo el cadáver, a veces sin partes del cuerpo. Hubo uno de la Radio Quiché, al que luego a la esposa le enviaron en una cajita la cabeza".33 474. En este sentido, la Comisión conoció el caso de la Asociación Radiofónica La Voz de Atitlán que funcionaba en Santiago Atitlán, Sololá.34 Esta asociación, que surgió en 1970, y que a través de sus programas radiales transmitía básicamente programas de educación para adultos, de salud, culturales y religiosos fue acusada por el Ejército de colaborar con la guerrilla y sus principales dirigentes fueron desaparecidos. El director, Gaspar Culán Yatás, fue desaparecido el 24 de octubre de 1980. El 29 de octubre de ese mismo año los soldados irrumpieron con lujo de fuerza a la radio, destruyeron el equipo de transmisión y la clausuraron. El 15 de noviembre otros cuatro miembros de la asociación fueron secuestrados en Antigua Guatemala: Esteban Ajtsip Reanda, Nicolás Ratsán Tsiná, Juan Pacay Tucuch y Diego Sosof Alvarado.35 475. Con el golpe de Estado de marzo de 1982 pareció en un primer momento que el ejercicio del periodismo iba a ser más abierto que durante el régimen anterior e incluso se llegó a opinar sobre la situación política del país. Pero ya el 26 de abril el jefe del Estado Mayor del Ejército difundió una nota entre los periodistas en la que solicitaba que colaboraran en la lucha contra la guerrilla, no volviendo a mencionar en las publicaciones el término guerrillero, sino que se les calificara de terroristas o subversivos; que no se mencionara el nombre completo de las organizaciones guerrilleras, y que "no se le dé importancia a las acciones que lleven a cabo esas organizaciones".36 476. Este fue uno de los primeros intentos destinados a coartar la libertad de expresión y de información. El decreto del estado de sitio el 2 de julio de 1982 dispuso en el artículo 14: "Los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación. En consecuencia, se les prohibe publicar toda información de los grupos facciosos". 477. Asimismo, por medio de un comunicado el Gobierno estableció: "Se prohibe la publicación de noticias, comentarios que tengan que ver con acciones subversivas ocurridas en el país, ya sea que estas informaciones se originen en la república o provengan del exterior. Cualquier noticia de esta índole sólo podrá publicarse si proviene de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia. Los directores de los distintos medios de comunicación del país en ejercicio de la autocensura, darán cumplimiento a las anteriores disposiciones bajo su más estricta responsabilidad. En caso de incumplimiento se procederá a imponer la censura previa por el tiempo que sea necesario, bajo las disposiciones que para ese efecto se dicten".37 478. El decreto que se menciona provocó que los periodistas fueran cautelosos en el desempeño de sus labores, es decir, utilizaron de nuevo la autocensura como un medio de protección para salvaguardarse de cualquier interpretación que el Gobierno hiciera sobre lo que éste denominaba publicaciones que "puedan causar confusión o pánico o agravar la situación". Tal proposición y la interpretación que se hiciera de ella, significó la vuelta a trabajar bajo un clima de intimidación a la que los medios y periodistas sucumbieron al autocensurarse. 479. Los diferentes planes de campaña elaborados por el Ejército para contrarrestar a la insurgencia estimaban también el control que sobre los periodistas y los medios de comunicación debía ejercerse. Así, los comandantes de zonas y bases militares, al tomar el control del Gobierno regional como Gobierno militar, asumían el control de los medios de comunicación.38 480. El plan del Ejército denominado plan de campaña Victoria 82, disponía "la censura o suspensión de las transmisiones civiles" y "la vigilancia y control de los aspectos vulnerables de la región, [entre los que se cuenta] el sistema de radioemisoras, antenas y repetidoras".39 481. Los mismos planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83 ordenaban a los comandos militares que se encontraban realizando operaciones contrasubversivas la "prevención de interferencia civil en operaciones militares (...) control sobre reporteros y periodistas",40 con lo que se impedía el libre acceso a las fuentes de información. 482. La radio La Voz de Atitlán comenzó a transmitir de nuevo en mayo de 1982, contando con la autorización del Ejército que ejercía control sobre los socios de la emisora, convocándolos con frecuencia a reuniones. En julio de ese año en una reunión de esa naturaleza que se realizaba en el edificio de la Radio fue capturado el socio Felipe Vásquez Tuiz quien después de cuatro días de estar en la cárcel municipal fue llevado por miembros del Ejército sin que se tengan noticias de él hasta la fecha. 41
En 1976 nace radio Quicoté (alegría) ... la finalidad de la radio era purificar los idiomas. Las amenazas fueron cada vez más serias por parte del Ejército o personas allegadas al mismo ... Un día de 1982 la Policía Nacional (identificados por los uniformes) se llevaron al locutor Agustín Tzaloj Tuist, de 28 años de edad, cuando se dirigía de su aldea a Sololá, a trabajar en la radio. Familiares, vecinos, amigos iniciaron su búsqueda y quince días después encontraron su cadáver "troceado" en un río. Fue identificado por la camisa que vestía... la radio desapareció aquel año y actualmente se está intentando recuperarla.42 483. En 1986 llega al poder el civil Marco Vinicio Cerezo Arévalo, poniéndose en marcha la denominada etapa de transición a la democracia en la que se inicia el retorno de políticos, intelectuales y periodistas en el exilio y se abren nuevos medios de comunicación como el semanario La Epoca, el diario Siglo XXI, la revista Crónica y el telenoticiero Siete Días. El uso de la crítica por parte de la Prensa produjo roces que llevaron a coartar la libertad de expresión. Así, en 1989 el programa radial Radar Informativo, transmitido por La Voz de Huehuetenango, fue amonestado por sus críticas. Por otro lado, una campaña publicitaria del sector privado organizado que criticaba la reforma tributaria del Gobierno fue censurada. Los periodistas Alvaro Contreras Vélez y Mario David García fueron advertidos públicamente por el mandatario sobre los riesgos de ser procesados por cargos de desestabilización atribuidos a sus comentarios.43 484. Las consideraciones que las autoridades gubernamentales tenían sobre la desestabilización que provocaba la Prensa fueron consideradas por el ministro de la Defensa de la siguiente forma: "La Prensa introduce los ingredientes de destrucción de la democracia. Ustedes le dan más relevancia a un boletín de los oficiales de la montaña (grupo clandestino de extrema derecha), que a lo que dice con mucha seriedad y responsabilidad el vocero del Ejército, que soy yo. Ustedes, señores, están desnaturalizando el gran esfuerzo que el Ejército quiere hacer de viabilizar la democracia. Ustedes destruyen la construcción de la democracia. Ustedes quieren que el Ejército regrese a ser un Ejército opresor".44 485. Luego de la intentona de golpe de estado de mayo de 1988, el Gobierno ordenó el cierre de Canal 3, a tan sólo siete días para que finalizara el contrato del noticiero "Aquí el Mundo" con el canal. Por orden judicial se reabrió el canal pero no se renovó el contrato al noticiero debido a la advertencia del Gobierno de una nueva suspensión de este medio u otro si "se vuelven a detectar acciones desestabilizadoras". El noticiero había apoyado en sus emisiones la intentona golpista. 486. Los nuevos medios de comunicación se caracterizaron por desarrollar un periodismo de investigación, profundizando en las informaciones. En junio de 1988 el semanario La Epoca, auspiciado por agencias no gubernamentales europeas sufrió un atentado. Hombres fuertemente armados irrumpieron en sus instalaciones y destruyeron totalmente el equipo. Su jefe de redacción comentó: "La Epoca fue el experimento de insertar un periodismo independiente en la democracia, su expulsión, el precio por tal osadía".45 Previo al atentado se había secuestrado al reportero Julio Godoy y el fotógrafo Omar Martínez fue detenido, acusado de delitos que no había cometido.46 También desapareció el noticiero Siete Días al impedírsele, por presiones gubernamentales, seguir utilizando el espacio en el canal por donde transmitía.
"El 14 de junio amigos de los Barrera en la administración de Cerezo verificaron que miembros de la Inteligencia militar los vigilaban y que oficiales de unidades no identificadas de la Inteligencia militar planeaban secuestrar y asesinar a Byron Barrera para asegurar que La Epoca no fuera reabierta".47 487. La apertura de agencias de noticias de los países socialistas que se dio en estos años duró poco tiempo, las amenazas y atentados en su contra hicieron que estas abandonaran el país. En mayo de 1988 el escuadrón de la muerte La Mano hizo circular un comunicado en que amenazaba de espionaje a las agencias TASS, soviética y Prensa Latina, cubana. La TASS sufrió un atentado dinamitero y su corresponsal, Alejandro Trouchine, junto con Manuel Guerrero, corresponsal de Prensa Latina, fueron obligados a abandonar el país después de recibir numerosas amenazas. 488. En los años de gobierno de Cerezo Arévalo la violencia se tornó selectiva, en particular a finales del año noventa; los periodistas volvieron a ser víctimas de la represión. Byron Barrera Ortiz,48 ex director de La Epoca, sufre un atentado el 26 de octubre de 1990 que le cuesta la vida a su esposa Refugio Villanueva. Días antes el empresario radial Humberto González Gamarra49 había sido asesinado también por hombres desconocidos. 489. El segundo Gobierno civil en el poder, encabezado por Jorge Serrano Elías, fue considerado por las asociaciones internacionales de Prensa, como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), como un período difícil para la libertad de expresión en Guatemala. Serrano prometió en su discurso de toma de posesión "respetar rígidamente los derechos humanos y enjuiciar a los violadores indiscriminadamente, sin tomar en cuenta su estado social o afiliaciones con el Gobierno o con las Fuerzas de Seguridad".50 490. El respeto a la libertad de información tampoco fue respetado durante este período. En agosto de 1991 los periodistas fueron conminados a no informar sobre la evolución que los casos de Michael Devine, Myrna Mack y Byron Barrera llevaban en los tribunales; y varios reporteros, especialmente de radio periódicos, fueron amenazados de muerte por la vía telefónica. 491. Las relaciones entre la Prensa y el Gobierno se fueron haciendo cada vez más tensas. El Presidente acusó a la Prensa de desestabilizadora del sistema y de que los medios de comunicación, especialmente los escritos, eran sobornados por narcotraficantes. Funcionarios del poder ejecutivo llegaron a considerar un posible golpe de Estado fraguado desde el interior de los medios de comunicación. 492. El Informe del Experto Independiente Christian Tomuschat para 1992 exponía que: "Se ha denunciado que la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia logró repartir una circular titulada Límites a las libertades de expresión del pensamiento, de opinión e información. Al respecto la Cámara Guatemalteca de Periodismo consideró que la falta de una legislación adecuada en materia de medios de comunicación favorece la inseguridad de los profesionales de la Prensa".51 493. En las últimas semanas de 1992 se produjo una serie de hechos que fueron calificados por organizaciones de derechos humanos como una agresión sistemática a la libertad de Prensa. Entre estos hubo atentados contra periodistas y medios de comunicación así como la captura ilegal, el 4 de diciembre del periodista Omar Cano Herrera, quien fue sometido a vejaciones por contrabandistas de madera a los que apoyaron elementos militares. Meses después este periodista debió salir al exilio ante las frecuentes amenazas que recibía. 494. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en 1992: "pese a que existe en Guatemala legislación que garantiza la libertad de Prensa y muchos órganos del Estado luchan para defenderla, existe actualmente un clima de atemorización y ataques contra la misma, en que participan agentes del Estado, y que se agrava en sus efectos por la trágica experiencia de períodos anteriores".52 495. El 25 de mayo de 1993 el presidente Serrano Elías rompió con el orden institucional, disolvió varias instituciones e interrumpió con carácter temporal 46 artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 35 que ampara el libre ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento. Envió a los medios de comunicación a contingentes de las Fuerzas de Seguridad para que los cuidaran y censores para que sometieran a revisión las ediciones a publicar. El resultado fue la inmediata protesta de los periodistas que llegaron a las manifestaciones de repudio por el golpe de Estado y por coartar la libertad de expresión. Pocos días después Serrano debió renunciar su mandato y en su lugar el Congreso de la República elige a Ramiro de León Carpio hasta entonces procurador de los Derechos Humanos. 496. En los últimos años del enfrentamiento armado las presiones que se ejercieron contra los periodistas y los medios de comunicación para que no informaran sobre ciertos hechos fue disminuyendo. Sin embargo, en julio de 1994 Jorge Carpio Nicolle, dueño del periódico El Gráfico y primo hermano del presidente, cayó asesinado. En este mismo período fueron asesinados los periodistas Alberto Antoniotti y Vctor Cruz. 497. Hasta la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996 los asesinatos, amenazas y otros tipos de represión dirigidos contra los periodistas continuaron. El 10 de diciembre de 1996, a escasos 19 días de la firma de la paz, el jefe de redacción del semanario Inforpress Centroamericana, Israel Hernández Marroquín, fue asesinado. Las autoridades dijeron que el crimen fue de tipo sentimental pero Marroquín trabajaba en proyectos de investigación sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz. El crimen nunca se esclareció.
La desinformación 498. La desinformación fue una de las normas básicas para distorsionar la opinión pública. Con este recurso se pretendía justificar y hasta legitimar las violaciones a los derechos humanos, haciéndolas aparecer como una reacción normal del Gobierno que se defendía de la agresión foránea, es decir, esgrimiendo el argumento del "costo necesario" para mantener el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. 499. Las recurrentes declaraciones de miembros de los diferentes gabinetes de que la violencia en el país era a causa del enfrentamiento de posturas políticas extremistas o de que el Gobierno del momento era ajeno a los actos de violencia que se efectuaban, constituía un medio de mantener el control de la opinión pública. Los listados que los escuadrones de la muerte hacían circular constantemente fueron utilizados precisamente para desinformar a la ciudadanía. El que en ellos se incluyera a altos personajes del Gobierno de turno era una manera de desorientar e implantar la duda en la población sobre el supuesto de que eran las extremas las que se enfrentaban.
"Durante el tiempo que estuve en el Ministerio del Interior seguí con mucho interés el proyecto contrainsurgente que sugirieron los representantes del Gobierno norteamericano al general Lucas García. El proyecto se denominaba Programa de Pacificación y Erradicación del Comunismo...constaba de una justificación pública del Gobierno por la represión selectiva y luego masiva e indiscriminada, denominada teoría de las extremas, dando la idea de enfrentamiento violento de la izquierda y derecha y luego la guerra civil que está destinada a explicar lo que ocurre en las áreas rurales para dar a entender que los campesinos se enfrentan a la guerrilla dando como resultado la guerra civil...Todo eso lo sé muy bien porque fui consultado por los aspectos propagandísticos de la primera fase al extremo que yo elaboré el primer comunicado del resurgimiento del Ejército Secreto Anticomunista...A ese comunicado se agregó luego una lista con el nombre de 3653 dirigentes de distintos sectores que habían sido "sentenciados a muerte por comunistas". Esta lista se la dio al ministro del Interior el jefe de la Inteligencia militar. El comunicado fue llevado a los periódicos por agentes de la policía secreta, a quien yo se los entregué con instrucciones del ministro del Interior. Esto demuestra que no eran las extremas las que se enfrentaban, sino que era el Gobierno el que planificaba y cometía los asesinatos y secuestros...fui consultado para la implementación de lo que se refiere a la propaganda en los medios de difusión. Había que divulgar reiteradamente que los guerrilleros estaban cometiendo las masacres y que el pueblo se defendía cuando en realidad eran las tropas especiales y los grupos paramilitares los que las cometían utilizando la mayor parte de los recursos que da la teoría de la guerra psicológica".54
"Fui llevado en mi propio carro, semi inconsciente, a Santa Rosita, zona 16 donde me preguntaron que si era del PGT. Les respondí: "Soy de la APG". Luego ya no sentí nada sólo un ardor caliente en las piernas porque me pegaron dos balazos...Logré salir de ese lugar y llegué a mi casa...Estando hospitalizado se presentó el Secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia a decirle a mi esposa que en las declaraciones les dijera a los periodistas que fue delincuencia común. Acepté porque el sentido común decía que era lo que debía hacer".55 500. Más adelante, durante el Gobierno del general Efraín Ríos Mont, se puso en práctica el plan de campaña Victoria 82 que trazaba los lineamientos para la utilización de los medios de comunicación a fin de establecer una campaña masiva contrainsurgente haciendo propaganda específicamente sobre los logros que la amnistía56 daba para los insurgentes que se acogieran a ella. El método consistía en saturar de propaganda los medios de comunicación utilizando para ello los espacios que por ley el Estado puede utilizar para divulgar sus actividades.57 El Anexo F de dicho plan señala: "(Plan de OPSIC) a la orden de operaciones Victoria 82. III. Ejecución...a) Pre-ofensiva. Se decretará la amnistía para los delincuentes subversivos, dándoles saturativa (sic) divulgación por todos los medios de comunicación, reforzada por un mensaje del padre PELLECER FAENA como uno de los primeros y único amnistiado público y mensajes dominicales por el señor presidente de la República. Segunda Fase 3. Durante los últimos ocho días se iniciará una campaña publicitaria en contra del comunismo en todos los medios de comunicación, los cuales se saturarán al finalizar la amnistía". 501. Asimismo, la directriz del gobierno58 plasmada por el Ejército en el plan de campaña Consolidación Nacional 86 ordenaba como imperativo la planificación, ejecución y supervisión de un programa que debía ser aplicado en 1986 que contenía la estrategia militar que haría posible la política de seguridad del Gobierno. Dentro de dicho plan, a través de su Departamento de Información y Divulgación (DIDE) el Ejército implementó el plan de operaciones psicológicas que tenía como uno de sus objetivos la orientación de un enfoque nacional e internacional hacia los medios de Prensa y comunicación popular "para contrarrestar toda acción tendiente a confundir a la opinión pública en contra del prestigio del Ejército y del nuevo Gobierno",59 manipulando de esa forma la información. Testimonios recogidos por la CEH dan cuenta de cómo se utilizaba la desinformación para confundir a la opinión pública incluso ya a finales del enfrentamiento armado.
"Mucho después con ella fuimos presentados, o sea fuimos llevados pues a dar una conferencia de Prensa ... Bueno eso ya fue montado pues por el mismo Ejército, por colaboradores de la Prensa, o sea gente de la Prensa que eran colaboradores cercanos al Ejército, o sea gente que defendía o que estaba a favor pues de lo que el Ejército hacía. Tuve la oportunidad y con honor a la verdad lo estoy diciendo pues vea, ese momento, eso fue a finales de agosto, fue como entre 28, sí fue como el último de agosto porque dimos la conferencia de Prensa en donde nos dijeron. A mí por ejemplo a lo que a mí me respecta me dieron varios documentos en donde yo tenía que estudiarlos para ir preparado qué responder y qué no responder a la hora que me preguntaran ahí. Preguntas desde cómo me sentía estar con el Ejército, porque se suponía que ya ahí yo iba a presentar toda una mentira pues que para el Ejército en ese momento iba a favorecerlo. ¨Por qué? Porque ya fue toda una cuestión montada en donde yo tenía que responder a las preguntas que me hiciera la prensa, porque ahí mismo era donde había gente que colaboraba con el Ejército en ese entonces. Entonces ya había montado todo eso, ya sabían, o sea ellos ya sabían qué me iban a preguntar pues y entonces ya a mi ya me habían preparado qué iba a responder ... Ahora estuve el resto del mes de agosto ahí, en ese lugar, cuando me avisan de que tenía que ir a otra conferencia de Prensa, sólo que ya con una cadena internacional de televisión, ECO. Entonces bueno eso fue lo que me dijeron, hasta aquí no sé que, de dónde sea esa cadena de televisión, en dónde la entrevista, o sea esa conferencia tenía que tardar cinco minutos, donde yo tenía que desprestigiar pues, o seguir hablando ahí en contra de la URNG para, con tal de desprestigiar pues, o sea esto tenía un fin político. Una vez que se realiza la conferencia de Prensa me comunicaron que tenía que quedarme, o sea me tenían que trasladar a donde estaba el cuartel general de la Policía Militar Ambulante, siempre en la zona 6".60 502. En este aspecto el Estado violó el derecho ciudadano de recibir una información veraz sobre lo que acontecía en el país, distorsionando la información y haciéndole creer a la población sobre la existencia de una "guerra fratricida" en la cual el Estado no estaba involucrado.
1 Ley de la Defensa de las Instituciones Democráticas Artículo 4§, incisos 1 y 2. Regrese al Texto 2 Ibid. Artículo 5§., Incisos 1, 2 y 3. Regrese al Texto 3 Luis Rodolfo Ramírez y otros, Justicia Penal y Libertad de Prensa, Informe sobre Guatemala. Ilanud, San José Costa Rica. 1993. pg. 175. Regrese al Texto 4 Testigo CEH. (Periodista). Regrese al Texto 5 C 11415. Ixcán, El Quiché. Regrese al Texto 6 Por ejemplo, durante el Gobierno de Arana Osorio, el ministro de la Defensa, coronel Leonel Vassaux Martínez, informó que durante los cateos que se realizaban en la ciudad, "cualquier persona dueña de libros que a criterio del oficial encargado del cateo se estimara subversivo o literatura "de izquierda" sería capturada y asumió la responsabilidad de no publicar nada sin la autorización del Ejército". Carlos Cáceres, Presencia y Tiempo, Guatemala: ensayo biográfico sobre Huberto Alvarado, México, 1987. pg. 58. Regrese al Texto 7 Testigo CEH (T.C. 451). Regrese al Texto 8 Tribunal Permanente de los Pueblos sesión Guatemala, Madrid, 27 al 31 de enero de 1983. Editorial Iepala Madrid 1984, pg. 166. Regrese al Texto 9 Amnistía Internacional, Guatemala Campaign Circular No. 7, "Repression of Journalists in Guatemala", 1979. Regrese al Texto 10 Testigo CEH (T.C. 5). Regrese al Texto 11 C 7272, San Marcos, octubre de 1980. Regrese al Texto 12 Testigo Directo CEH. Huehuetenango 1982. Regrese al Texto 13 CI 41. Desaparición forzada del locutor José Arnoldo Guilló Martínez. Escuintla, julio de 1967. Regrese al Texto 14 C 654. 1968. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 15 Documento Desclasificado HD17.2. International Security, Monthly Report of incidents, March. 1974. Regrese al Texto 16 C 15385. Mixco, Guatemala, 15 de mayo de 1974. Regrese al Texto 17 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compilación de los informes publicados sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala 1980-1985. Washington, D.C. junio de 1995. Regrese al Texto 18 Diario Impacto, 1 de marzo de 1979. Regrese al Texto 19 C 741, Guatemala, Ciudad. Febrero 1980. Regrese al Texto 20 Byron Barrera Ortiz, El Delito del Búho, Fondo de Cultura Editorial Guatemala 1992. Regrese al Texto 21 Represión a periodistas en Guatemala, Circular No. 7 de Amnistía Internacional 1979. Regrese al Texto 22 Testigo directo CEH. Regrese al Texto 23 Testigo CEH. (T.C. 153). Regrese al Texto 24 Testigo CEH (T.C.153) Regrese al Texto 25 Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Octubre 1981. pg. 25. Regrese al Texto 27 C 741 en referencia a caso de José León Castañeda. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 28 C 8006. Quetzaltenango, enero 1981. Regrese al Texto 29 C 5676. Huehuetenango, 10 de marzo de 1981. Regrese al Texto 30 C 742, Guatemala, ciudad. Abril 1980. Regrese al Texto 31 Luis Rodolfo Ramírez y otros. Ob. cit. pg. 212. Regrese al Texto 32 Testigo de referencia CEH. Regrese al Texto 34 Ver CI 12. Regrese al Texto 35 C 4095. Antigua Guatemala, noviembre 1980. Regrese al Texto 36 Luis Rodolfo Ramírez y otros, Ob. cit. pg. 212. Regrese al Texto 37 Comunicado del Gobierno de la República, julio de 1982. Regrese al Texto 38 Plan de campaña Victoria 82, Anexo G, Apartado III-D-2. Regrese al Texto 39 Plan de campaña Victoria 82, anexo A, apéndice 3 (Contra inteligencia, apartado II-C y I-6). Regrese al Texto 40 Plan de campaña Victoria 82 anexo G (asuntos civiles) apartado 3-A-3. Regrese al Texto 41 C 4245, Santiago Atitlán, Sololá. Julio 1982. Regrese al Texto 42 C 400. Sololá. 1982. Regrese al Texto 43 Alvaro Contreras Vélez director y columnista de Prensa Libre y Mario David García, director y editorialista de Aquí el Mundo. Regrese al Texto 44 Citado en Byron Barrera, Ob. cit. Regrese al Texto 45 Haroldo Shetemul, jefe de Redacción de La Epoca, Intervención en el seminario realizado en Guatemala sobre la Prensa y los derechos humanos, 28 y 29 de junio de 1991. Regrese al Texto 46 Byron Barrera Ortiz. Ob. cit. Regrese al Texto 47 Documento desclasificado pg.12.53 julio 1988. Regrese al Texto 48 Ver C 842. Regrese al Texto 49 C 842. Guatemala, Ciudad. Octubre 1990. Regrese al Texto 50 Robert Carty, "El terror diario. Ataques a la libertad de Expresión y a los derechos de los periodistas en Guatemala", publicado en Democracia y Medios de Comunicación en Centroamérica. Seminario sobre demandas y perspectivas del ejercicio y la capacitación de los periodistas en el istmo centroamericano, Asociación para el Desarrollo de las Comunicaciones Sociales, 1992. Regrese al Texto 51 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos; "Informe del experto independiente, Sr. Christian Tomuschat, sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, preparado de conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1992/78 de la Comisión. pg. 20. Regrese al Texto 52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Secretaría General Organización de los Estados Americanos, Washington D.C.1993. pg. 23. Regrese al Texto 53 Fueron 38 los nombres que aparecieron en esta lista, publicada en los principales periódicos del país. Regrese al Texto 54 Tribunal Permanente de los Pueblos Sesión Guatemala, Madrid 27 al 31 de enero de 1983. Iepala Editorial, Madrid, enero 1984 y Testigo CEH. (T.C.153). Regrese al Texto 55 C 741. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 56 Para más información sobre las amnistías decretadas en este período véase apartado sobre el Desplazamiento Forzado en este capítulo. Regrese al Texto 57 Ver Ley de Radiodifusión Nacional. Regrese al Texto 58 Directiva consolidación nacional 86 No. 3-l-000021. Regrese al Texto 59 Plan de campaña Consolidación Nacional 86. Regrese al Texto 60 Testigo directo CEH. 1992. De acuerdo con los periódicos de la época esta persona fue presentada a la Prensa el día 26 de agosto de 1992. 1 144 |
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