LOS COSTOS ECONOMICOS

El enfrentamiento armado tuvo, como se ha detallado en la sección anterior, costos sociales y culturales diversos y profundos: pérdida de raíces, desarraigo, ruptura de familias y de comunidades, entre otros. Estas pérdidas han tenido también un impacto en la economía, que va desde el empobrecimiento de las personas y las familias hasta el que se puede percibir en aspectos macroeconómicos como son los de producción y crecimiento. La desaparición de personas, familias y aldeas completas, así como el trastocamiento de las estructuras sociales y organizativas, sobre todo en el nivel comunitario, ha tenido efectos inmediatos en el plano económico, pero éstos también son acumulables y proyectables hacia el futuro. Muchos de los efectos inmediatos y que se proyectan hacia el futuro son, a la vez, medibles; otros no lo son.

El empobrecimiento de las personas y las familias fue con frecuencia perceptible a simple vista. En el caso de las familias que sufrieron las acciones de la política de tierra arrasada y que tuvieron que desplazarse, al empobrecimiento inmediato habrían de sumar las grandes dificultades de recuperación debido a la pérdida completa del patrimonio, a veces acumulado a lo largo de años e incluso de generaciones. Este impacto profundo en el patrimonio y, por ende, en la capacidad de reproducción material y social, acumulado para las miles de familias que lo sufrieron y padecen, se materializó en una importante pérdida de capacidad a nivel nacional.

A la vez, las personas muertas, desaparecidas o desplazadas durante el enfrentamiento armado constituían en muchos casos un importante sostén, si no el único, para sus familias. Su pérdida implicó entonces el empobrecimiento inmediato de la familia. En otro plano, eran estas personas también formaban parte del capital humano nacional, es decir, personas con capacidades creativas y productivas. Si se toma en cuenta que con la desaparición de muchos de estos hombres y mujeres se perdió también el conocimiento técnico-moderno y tradicional-acumulado a lo largo de años, así como la posibilidad de transmitirlo con naturalidad a las nuevas generaciones, puede comenzar a dimensionarse la magnitud del impacto a largo plazo.

Los testimonios presentados a la CEH dan cuenta de estas pérdidas especialmente en el plano familiar, y sugirieron la necesidad de evaluar las consecuencias económicas agregadas del enfrentamiento, a escala nacional, especialmente durante el período más álgido, de 1980 a 1989. De este modo, se ha analizado el impacto económico generado por varios factores, entre ellos: el alejamiento de importantes contingentes de población de sus actividades productivas cotidianas o habituales, la destrucción de bienes de capital, el aumento del gasto militar, la destrucción del capital humano y social (el tejido comunitario, organizaciones, instituciones, etc). Asimismo, se han analizado tanto los impactos geográficos y sectoriales de los costos como las consecuencias macroeconómicas, intentando distinguir entre los costos de origen externo y los generados por la crisis bélica.

A principios de la década de los ochenta, alrededor de 170 mil familias 1 tuvieron que abandonar sus actividades cotidianas, incluyendo las laborales, por causa del enfrentamiento. En estas familias, que aglutinaban a 850 mil personas, hubo unos cien mil muertos y desaparecidos, 600 mil desplazados internos y 150 mil refugiados que salieron en su mayoría hacia México.2 En otras palabras, más del 10% de la población que había en Guatemala a principios de esta épóca fue directamente afectada por el enfrentamiento armado. El abandono o retiro laboral forzoso resultante de muertes, desapariciones y desplazamientos (entre los años 1980 y 1983, sobre todo), así como del reclutamiento, principalmente en las PAC, redujo con un drástico corte el nivel de producción, lo que resultó más grave aun en las áreas de conflicto.

La mayor parte de las casi cien mil desapariciones y ejecuciones arbitrarias se concentraron en la primera mitad de los ochenta. Esto significó que la Población Económicamente Activa (PEA) contó con 20 mil personas menos cada año, en comparación con lo que hubiera ocurrido en producirse el enfrentamiento armado (véase el Cuadro 1, así como el Apéndice 6 para una explicación del método de cálculo). Se trata de un efecto que persiste en la presente década.

En el caso de los cerca de 600 mil desplazados internos, se estima que un 70% había vuelto a sus lugares de origen hacia finales de 1983,3 es decir, después de haber perdido dos cosechas. El resto (180 mil personas, de las que alrededor de 30 mil permanecieron en las montañas, mientras los demás se desplazaban de forma paulatina hacia centros urbanos) prosiguió durante los siguientes años con poca o nula capacidad de generar ingresos. Esta tendencia dio lugar a que, durante ese período, un promedio anual de 53 mil personas ya no formara parte de la PEA, aunque las mayores repercuciones económicas de este abandono forzoso se concentraron entre 1982 y 1984. Con respecto a los aproximadamente 150 mil refugiados, éstos comenzaron a retornar a partir de 1984, aunque la mayor parte continuó en el extranjero hasta bien entrados los años noventa. Así, el promedio ausente de la PEA por efecto del flujo de refugiados llegó a más de 28 mil personas por año, entre 1982 y 1989.

En síntesis, como consecuencia del total de muertos, desplazados y refugiados, la PEA tuvo en torno a 101 mil personas menos cada año que lo que hubiera tenido sin el enfrentamiento armado. Esto representaba del 4.1% de la [CEH1]PEA nacional de 1990, es decir, 4.1% menos de lo que hubiera sido normal.4 Lo expuesto implica que la producción nacional fue menor en un 4.1% (promedio) por cada año del período 1980-89, a resultas del enfrentamiento armado interno.5 Las pérdidas acumuladas del período 1980-89 alcanzarían entonces 3,100 millones de dólares (en dólares de 1990) que representan el 40.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de 1990, o sea, más del total del valor de la producción agrícola e industrial de ese mismo año.6

	Población	PEA
Muertos y desaparecidos	80.2	20.1
Desplazados Internos	210.0	52.5
Refugiados	113.7	28.4
Reclutamiento (adicional) en el Ejército	26.0	26.0
Reclutamiento de las PAC	97.0	97.0
Reclutamiento en la URNG	3.0	3.0
Total	529.9	227.0

Fuentes: Citadas en el texto para cada grupo de población afectada. Para una explicación detallada de cómo se calculó la población afectada y PEA ausente de cada grupo durante la década, Véase Apéndice 6.

A las pérdidas apuntadas se suma el efecto producido por el reclutamiento en el Ejército, en la URNG y en las PAC. En el caso de las tropas regulares, se estima que entre 1980 y 1985 triplicó su número de reclutas hasta llegar a 50 mil en 1985.7 A efectos de producción esto significa que la economía ya no contó, durante cada uno de esos cinco años, con 30 mil hombres en edad de trabajar, además de los 15 mil que ya eran parte del Ejército a fines de la década de los setenta. Aunque el reclutamiento disminuyó entre 1985 y 1989, durante la década en su conjunto el aumento del Ejército tuvo como efecto retirar de la PEA un promedio de 26 mil hombres cada año. Lo que se refiere a las fuerzas insurgentes este efecto fue menor, debido al número significativamente más reducido de sus combatientes. Así, se puede estimar que como resultado de su militancia en las fuerzas insurgentes, cada año, alrededor de tres mil personas ya no integraban la PEA.8

El caso de las PAC fue más significativo, al contar con un millón de miembros en 1982, número que se habría reducido a 600 mil en 1986 y a 270 mil en 1996.9 Aunque más tarde disminuyó el número de integrantes y el grado en que se exigía trabajo no remunerado a sus miembros se estima que este trabajo obligatorio -equivalente a una quinta parte del tiempo potencialmente productivo de los miembros de las PAC-10 representó una ausencia equivalente a 97 mil personas de la PEA anualmente durante los años ochenta.

Así, entre el Ejército, las PAC y la URNG se retiró cada año el equivalente de más de 125 mil personas del trabajo (5.2% de la PEA) durante este período. Ello habría generado pérdidas acumuladas de unos 3,500 millones de dólares (en dólares de 1990), que corresponden a casi el 50% del PIB de 1990.

Uno de los costos materiales más visibles del enfrentamiento armado reflejó en la destrucción de bienes o inversiones individuales y colectivas, públicas y privadas: casas, utensilios domésticos y de trabajo, animales y cosechas de numerosas familias perseguidas. También fueron destruidos equipos, maquinarias y cosechas de empresas cooperativas o de fincas, así como infraestructuras físicas, que abarcan desde puentes hasta centros comunales.

Las mayores pérdidas fueron sufridas por unas 170 mil familias que fueron víctimas de operaciones atribuidas casi en exclusiva al Ejército, y que incluyeron masacres, acciones de tierra arrasada y persecución. En algunos casos, incluyendo a familias en la ciudad de Guatemala, los daños ocasionados por autoridades que perseguían o amenazaban a grupos concretos o a individuos fueron menores en términos relativos que en el interior, ya que en las áreas urbanas grandes se restringían a bienes muebles y no a la liquidación total de bienes inmuebles. En el Norte y Occidente del país, con mayor intensidad, la destrucción abarcó el capital -inmuebles, animales, reservas de alimentos y ropa, utensilios domésticos y herramientas- de comunidades enteras. El cuadro que sigue proporciona datos sobre dos ejemplos representativos de robo y destrucción total en una comunidad de Sololá, de un conjunto de casi 40 familias sobre las cuales se cuenta con informaciones detalladas. En este caso, se pone de manifiesto que las pérdidas han abarcado casi todo el patrimonio material de las familias, aunque el valor monetario más importante estaba representado por las viviendas.

Tomando en cuenta los otros datos estudiados por la CEH relacionadas con este tema, se fijó un costo medio por familia desplazada o refugiada de aproximadamente 2 mil dólares de 1990. Esto significaría que el costo total de las pérdidas de las 170 mil familias afectadas equivaldría a alrededor de 340 millones de dólares de 1990, sin contar las causadas por destrucción de bienes comunitarios, como el caso de iglesias, mercados, escuelas y centros de salud, sobre lo cual no existe bastante información cuantitativa.

Otras pérdidas incluyeron la destrucción de cooperativas relativamente prósperas, especialmente en Ixcán y en el sur de Petén, así como daños, generalmente parciales pero no por ello insignificantes, de fincas en el Occidente y la Costa Sur. Entre las cooperativas destruidas, fenómeno que por regla general fue precedido por masacres atribuidas al Ejército, se contabilizaron más de 20 en Ixcán, que a fines de la década de 1970 integraban a más de 3,300 miembros, así como otras 15 cooperativas en Petén, que también fueron objeto de una estrategia similar en más de la mitad de los casos (Véase el Apéndice 7). En algunas de estas explotaciones se había dado un proceso avanzado de tecnificación productiva y especialización, y muchas de ellas contaban ya con bodegas, tiendas, plantas de energía, secadores, equipo de radio, numerosos repuestos y herramientas, además de centros de salud y escuelas, cultivos con grandes extensiones de cardamomo, café y animales.

A menudo, los costos mayores derivaron de la pérdida completa de cultivos como resultado de acciones de tierra arrasada. Una denuncia de la Cooperativa Selva Reina R.L. en la Unión Cuarto Pueblo, de Ixcán, por ejemplo, reportó pérdidas de más de cien millones de quetzales, por la destrucción de matas de cardamomo, café y achiote.11 Lo anterior pone de manifiesto que, en los casos de tierra arrasada no sólo se perdía la cosecha en el momento de la catástrofe, sino las cosechas futuras, en la medida en que al año siguiente no se alcanzaban los niveles previos de producción. A la pérdida de vidas, la inversión en cultivos permanentes y la cosecha de ese año, se agregaba la destrucción de animales, equipo, edificios, casas e incluso pistas de aterrizaje.

Tomando en cuenta que fueron destruidas más de treinta cooperativas, sólo en Ixcán y Petén (Véase Apéndice 7) es probable que los costos de la destrucción de la inversión física ronde los 45 millones de dólares, sin incluir los cultivos y las cosechas 12 .

Las fincas también fueron objeto de más de 60 ataques, en la mayoría de las casas de los grupos insurgentes, y con mayor intensidad entre 1981 y 1982.13 La destrucción tendió a ser más selectiva que respecto a de las cooperativas, centrándose en objetivos concretos como instalaciones (casa patronal, bodegas y oficinas), equipo (tractores, otro tipo de maquinaria agrícola y vehículos) y productos ya cosechados (café, algodón y azúcar).

Los costos medios por daños denunciados alcanzaron cerca de un millón y medio de quetzales por caso (entre 1981 y 1982), con lo cual puede deducirse que las pérdidas para el total de fincas atacadas alcanzaron con facilidad los cien millones de dólares. A esto habría que agregar los pagos por secuestros y los impuestos de guerra cobrados por las fuerzas insurgentes, sobre lo cual no existen estimaciones confiables.

Finalmente, hubo daños a la infraestructura del país atribuibles a los grupos rebeldes que a principios de la década de los años ochenta incluyeron la destrucción de puentes, edificios municipales y, en menor medida, instalaciones eléctricas. Entre 1983 y 1988 tales estragos disminuyeron significativamente, pero cobraron un nuevo auge a partir de 1989, con la destrucción de objetivos de mayor notoriedad o impacto, como torres eléctricas y puentes. Durante la segunda mitad de los años ochenta se registraron también ataques a instalaciones petroleras, con lo cual puede añadirse un costo adicional, pues, ante el aumento del riesgo, puede suponerse que se postergaron o cancelaron nuevos proyectos de inversión. En total, la información disponible señala que entre 1980 y 1995 se destruyeron 19 puentes y 53 torres eléctricas, además, se registraron algunos ataques a instalaciones petroleras, plantas o subestaciones de energía eléctrica, líneas telefónicas y edificios municipales.14 Aunque se puede afirmar que los daños fueron sensiblemente menores a los ocurridos en El Salvador o Nicaragua, no se cuenta con estimaciones exactas acerca de su magnitud.

El gasto público en Defensa y Seguridad aumentó de forma apreciable durante la década de los ochenta, tanto respecto a la producción nacional (el PIB) como con el presupuesto, en especial entre 1982 y 1986 (Gráfico 1). Este desembolso reportado constituye sólo un mínimo de lo gastado en realidad, puesto que varios rubros no eran reportados como parte del presupuesto militar,15 además de que el Ejército contaba con actividades generadoras de ingresos (Comisariato del Ejército, Instituto de Previsión Militar, por ejemplo). Sin embargo, no se dispone de información sobre estos gastos e ingresos.

Fuente: Ministerio de Finanzas y Memorias del Banco de Guatemala, Los datos de 1985 y 1986 fueron ajustados tomando en cuenta ciertas divergencias entre los datos reportados por el Ministerio y el Banco.

En todo caso, es notable el incremento de lo registrado formalmente como gasto en defensa y seguridad interna (a cargo del Ejército durante buena parte de los años ochenta), como puede observarse en el Gráfico 1. Este aumento fue el resultado de varios factores: a) un aumento inicial de la compra de armas a finales de la década de los setenta y a principios de la siguiente, en que se renovó el equipo del Ejército (el Galil israelí sustituyó al M-1 estadounidense) y se adquirió armamento de diverso tipo de España, Portugal, Hungría y Yugoslavia, entre otros, para enfrentar la insurgencia; b) la ampliación del número de integrantes del Ejército, que de contar entre 11 mil y 14 mil efectivos en la segunda mitad de los setenta, superó los 50 mil en 1984, para luego reducirse a aproximadamente a 42 mil en 1988 y 38 mil en 1994;16 y c) una ampliación e intensificación de actividades (con mayores costos de raciones frías y del uso de helicópteros, por ejemplo) y mayor presencia territorial derivada, en particular, del establecimiento a partir de 1982 de nuevas zonas militares en el interior del país.

Según lo convenido en el Acuerdo sobre Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática, el gasto en defensa debe reducirse al 0.67% del PIB para el año 2000.17 Tomando en cuenta que esta es una meta resultante de los Acuerdos de Paz, se recoge como una cifra que estaría reflejando una Guatemala pacificada. Durante la década de los ochenta el gasto militar adicional (es decir, superior al 0.67% del PIB) aumentó en 1982, alcanzando los valores máximos posteriores en 1984 y en 1988 (Cuadro 4). Este costo, acumulado para el período 1980-89, llegó a los 740 millones de dólares (dólares de 1990), equivalente al 9.7% del PIB de 1990. Se trata de una cifra subvaluada, ya que no toma en cuenta otros gastos militares no reportados.

Gastos militares (Defensa y Seguridad) en exceso del 0.67% del PIB durante la década de los ochenta

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Gasto total en seguridad	103.1	108.2	129.8	119.6	127.4	119.9	91.5	61.4	134.2	130.6
Gasto en seguridad y defensa arriba del 0.67% del PIB	56.1	60.8	84.0	75.1	82.7	75.5	47.1	40.7	86.4	80.9

Fuente: Estimación de la CEH con base en datos del gasto público del Ministerio de Finanzas y del PIB de 1990 de la CEPAL. Los datos de 1986 y 1987 están distorsionados debido al efecto de la fuerte devaluación de 1986.

El desvío de recursos sociales, tanto humanos como materiales, para financiar la guerra tuvo también el efecto de negárselos a sectores prioritarios como la educación y la salud, en el marco de un presupuesto ya de por sí constreñido por la tradicional debilidad tributaria del Estado guatemalteco. A ello se agregó la preeminencia que alcanzó el gasto en Defensa y Seguridad, que, de acuerdo con la información disponible, pasó de representar el 9% del presupuesto ejecutado en 1981 al 17% en 1985, con lo que se redujo aun más la atención a la Educación y la Salud, lo cual tuvo dos manifestaciones.

La primera fue el escaso nivel que mantuvo durante todo el período (1976-90), con el gasto en cada uno de estos sectores por debajo de los recursos asignados a Defensa y Seguridad entre 1981 y 1985 en particular (Gráfico 2). Esta escasa asignación de recursos estuvo acompañada por el empleo de personal mal remunerado y falto de reconocimiento social, junto a sistemas de gerencia centralizados y obsoletos, caracterizados por el clientelismo. Además, ciertos grupos magisteriales fueron víctimas de persecución política y, en numerosos casos, el liderazgo natural de los maestros en las aldeas ubicadas en zonas conflictivas constituyó motivo suficiente para que los asesinaran.18

Importancia del presupuesto ejecutado en Educación, Salud y Defensa en el presupuesto nacional (1976-1990)

Fuente: Información obtenida del Ministerio de Finanzas y Memorias del Banco de Guatemala. Los datos de gastos en Defensa (y Seguridad) fueron ajustados tomando en cuenta ciertas divergencias entre los datos reportados por el Ministerio y el Banco.

La segunda manifestación del desplazamiento del gasto público fue que lo originalmente asignado por el presupuesto nacional no se canalizó de modo efectivo a la Educación y a la Salud: entre 1976 y 1990 el gasto en Educación estuvo por debajo de lo asignado en la mayoría de los años, con la excepción de 1976, 1980, 1986 y 1990, y en el caso de la Salud, con las únicas excepciones de 1980 y 1986 (Gráfico 3). En Defensa y Seguridad, en cambio, el gasto positivamente ejecutado en todos los casos superó el 100% de lo que establecía el presupuesto durante este período; en 1982 casi llegó a duplicar la cifra originalmente programada (73% más) y se elevó a un 20% de lo establecido en el presupuesto entre 1976 y 1994.

Fuente: Información obtenida del Ministerio de Finanzas y Memorias del Banco de Guatemala. Los datos de 1985 y 1986 fueron ajustados tomando en cuenta ciertas divergencias entre los datos reportados por el Ministerio y el Banco.

A la situación de Salud y Educación, que arrastraba una herencia con serias deficiencias de cobertura y calidad, a que se sumaba la continua falta de recursos acentuada por una crisis de origen económico, se agregó la ausencia aun más pronunciada de atención gubernamental al desarrollo social. El conjunto de la sociedad pagó el precio de esta política, reflejada en un aumento del rezago social del país.

Costos indirectos: insuficiencia de recursos públicos y debilidad del Estado de posguerra

El enfrentamiento armado intensificó también la proverbial debilidad tributaria del Estado guatemalteco. La historia de Guatemala recoge numerosos casos de iniciativas fallidas debido a la tradicional resistencia de las organizaciones gremiales del sector privado a las reformas fiscales y a la ausencia de una real autonomía del Estado respecto a tan poderosos intereses.19 Con el enfrentamiento armado aumentó la intransigencia y oposición del sector privado organizado al alza de los impuestos, y se profundizó la incapacidad técnica y política de los gobiernos para formular y ejecutar reformas viables. Ello contrasta con la experiencia de países desarrollados donde la guerra facilitó amplios procesos de movilización de recursos para financiar el aumento del gasto militar.20

Como consecuencia, la carga tributaria disminuyó a un ritmo continuo entre 1978 y 1984, alcanzando en este último año el 7.1%, el nivel más bajo registrado en los últimos 50 años. El gasto total del Gobierno, que en principio (1978-81) aumentó como proporción del PIB y que en años posteriores (de 1982-85) se redujo, se mantuvo siempre por encima de la carga tributaria y generó un déficit fiscal cuya magnitud (superior al 3.3% hasta alcanzar el 7.4%) y larga duración (1980 a 1984) tampoco había sido experimentada por Guatemala en su historia reciente (Cuadro 4).

Aunque en este proceso jugó un papel importante el incremento del gasto público para financiar la construcción (envuelta en acusaciones de corrupción extendida) de obras públicas, como la hidroeléctrica de Chixoy a fines de los setenta y principios de los ochenta, es evidente que la agudización del enfrentamiento armado interno disminuyó la capacidad de obtener recursos y fue el origen de presiones para aumentar el gasto por encima de los recursos disponibles. Con ello se sembró la semilla de desequilibrios macroeconómicos que desencadenaron un caótico proceso inflacionario y una cadena de devaluaciones abruptas y parciales que culminaron en 1986 con una fuerte devaluación del quetzal.

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Carga Tributaria	9.5	8.6	8.4	8.2	7.1	7.8	9.3	10.5	11.2	10.3
Gastos totales	14.2	16.0	13.1	11.5	10.9	9.6	10.8	11.8	12.6	13.2
Déficit fiscal	- 4.7	- 7.4	- 4.7	- 3.3	- 3.8	- 1.8	- 1.5	- 1.3	- 1.3	- 2.9

Fuente: CEPAL, Series macroeconómicas del Istmo Centroamericano, 1950-1996; Naciones Unidas, LC/MEX L343, México DF 22/12/97.

En síntesis, no sólo no se logró aumentar la carga tributaria, para lo cual se había abierto una oportunidad en otros países de América Latina obligados a ajustarse a la crisis desencadenada a fines de los setenta, sino que en Guatemala incluso se redujo entre 1980 y 1985, sin que los posteriores esfuerzos gubernamentales por aumentarla tuvieran éxito. Así, con la reducción de la capacidad tributaria, no sólo se coartó aun más la posibilidad de atender necesidades económicas y sociales de la población, sino que se debilitaron las bases financieras y técnicas del Estado de posguerra.

Costos indirectos intangibles: mayor endeudamiento y sacrificio de oportunidades futuras

Existen casos en los que resulta difícil distinguir los efectos de la crisis del sector externo (reflejado en una presión devaluativa) y los efectos del enfrentamiento armado interno. El aumento de la deuda externa y la reducción del ahorro interno ejemplifican estas situaciones. Así, debido a su incapacidad de incrementar la carga tributaria, a pesar del significativo ascenso del gasto militar mientras se buscaba mantener un tipo de cambio fijo, el Gobierno acudió, durante la primera mitad de los años ochenta, a un creciente endeudamiento externo, especialmente del Banco de Guatemala, con lo que la relación entre deuda externa y PIB aumentó del 9.8% en 1980 al 40.4% en 1985.21 Asimismo creció el crédito interno para el sector público, el cual aumentó entre 1980 y 1984 hasta alcanzar tasas de crecimiento que en algunos años fueron varias veces mayores a las correspondientes al sector privado, lo que obró como un castigo de su inversión.

La necesidad de acudir a la financiación externa también se reforzó con la reducción del ahorro privado, en parte reflejado en fugas de capital, puesto que el ahorro interno como proporción del PIB se redujo de 18.1% durante el período 1976 y 1981 a 9.6% en el período 1981 y 1985, para luego subir levemente a 13% entre 1986 y 1990.22 En síntesis, el enfrentamiento armado arrojó un costo intangible adicional: comprometió el desarrollo futuro como consecuencia de un mayor endeudamiento interno y externo, resultado de una fuerte presión por aumentar el gasto militar en el período 1981 y 1985, y al contribuir a una reducción del ahorro interno privado, base de un proceso sostenido de inversión.

El departamento más afectado por el enfrentamiento armado interno durante la década de los ochenta fue Quiché, pues allí se concentró casi la mitad (43%) de todas las transgresiones registradas por la CEH resultantes de violaciones de derechos humanos y de otros hechos de violencia.23 Más de la mitad de los testimonios consignados tanto por la CEH como por REMHI que se refieren a los desplazamientos de población se verificaron en Quiché. El mayor grado de violencia en este departamento se refleja en que el porcentaje correspondiente a casos en que se denuncian animales muertos o robados y viviendas destruidas es mayor al 60% del total de casos similares registrados por la CEH en el país, y que alcanza hasta un 72% en relación con las acciones de tierra arrasada (véase Cuadro 5).

Un segundo grupo de departamentos seriamente afectados por el enfrentamiento, aunque no en el mismo grado que Quiché, corresponde a Huehuetenango, Chimaltenango y Alta Verapaz. El total de violaciones cuantificadas por la CEH sugiere que alrededor de un 30% de violaciones y una tercera parte del total de muertes vinculadas al enfrentamiento tuvieron lugar en estos departamentos. Además, los casos en que se reportan desplazados cubren cerca de una cuarta parte del total registrado por la CEH y el REMHI, con proporciones ligeramente menores de viviendas destruidas (22%) y animales perdidos (21%).

Desplazados y daños asociados al enfrentamiento armado interno, por departamento

Departamento	Desplazados CEH	Desplazados REHMI	Vivienda destruida	Animales perdidos	Tierra Despojada	Tierra Arrasada
Quiché	53.6	59.7	62.3	62.4	51.5	72.0
Huehuetenango	11.4	11.3	8.4	5.2	3.0	7.8
Chimaltenango	5.7	0.7	9.4	9.5	5.1	6.9
Alta Verapaz	7.7	13.5	4.6	6.7	10.1	6.4
San Marcos	2.9	1.1	2.6	1.6	10.1	0.5
Petén	4.2	4.3	1.9	3.1	5.1	2.8
Guatemala	3.8	0.3	0.7	0.5	3.0	0.0
Escuintla	1.9	0.8	0.2	0.5	3.0	0.0
Izabal	1.8	1.5	1.3	0.5	3.0	0.0
Sololá	1.0	0.1	4.4	3.4	1.0	0.5
Suchitepéquez	1.2	0.1	1.3	1.6	1.0	0.5
Baja Verapaz	1.0	4.1	0.7	2.3	2.0	0.9
Total %	96.2	97.5	97.8	97.3	97.9	98.3

Fuente: Base de Datos de la CEH, con excepción de la segunda columna, que se basa en información proporcionada por REMHI.

Entre el resto de los departamentos destacan como más afectados Baja Verapaz, San Marcos, Petén, Izabal, Guatemala y Sololá. En particular, sobresale el primero por la importante proporción de muertes (alrededor del 6% del total denunciado a la CEH) y desplazados (4% del total del REHMI), así como los porcentajes relativamente altos de viviendas destruidas y de animales perdidos en Sololá, de desplazados internos en el caso del Petén y del departamento de Guatemala, y de tierras despojadas en Izabal. También hay evidencia de desplazamientos en Escuintla o de destrucción de viviendas y animales en Suchitepéquez. En ambos departamentos fue frecuente tanto la destrucción de fincas como el hostigamiento y persecución de comunidades.

Aunque las estadísticas disponibles no consienten una evaluación detallada de los efectos de estos hechos, el análisis de lo ocurrido con productos como el maíz y el café y con el crédito permite algunas inferencias. En lo que se refiere al maíz, la producción de Quiché y Chimaltenango era significativamente menor en 1985 que en 1979;24 en el primero de los departamentos mencionados (que experimentó la mayor reducción absoluta, de casi 400 mil quintales, durante este período) hubo una recuperación tardía y parcial, como resultado de la prolongación del conflicto local en la segunda mitad de los ochenta (Cuadro 6). Ello manifiesta coherencia con una política contrainsurgente de control de alimentos que, de acuerdo con testimonios de la CEH, se concentró en este departamento. Simultáneamente y como contrapartida, el Gobierno estimuló la producción en Escuintla, en Zacapa e, incluso, en San Marcos, donde el enfrentamiento armado no estuvo acompañado por prácticas de tierra arrasada como en Quiché. Esto fue a complementarse con un aumento exponencial de ayuda alimentaria, tanto de Estados Unidos como del Programa Mundial de Alimentos, con un precio superior a los 150 millones de dólares durante la década.25

Fuentes: Censo Agropecuario de 1979, Secretaría General de Planificación Económica y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, "Maíz, Marco Cuantitativo y Análisis" (Informe preliminar), Guatemala 1984, y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, "Plan Nacional de Producción y Comercialización de Alimentos Básicos" Apéndice 7, "Diagnóstico", Guatemala, 1990.

El conjunto de la actividad cafetalera tendió a estancarse durante toda la década de los ochenta, sin que pueda distinguirse nítidamente entre los efectos de la crisis externa y los de la crisis bélica. Sin embargo, llama la atención cómo evoluciona de la producción de café en Quiché, con un nivel relativamente pequeño, que primero se estancó entre 1981 y 1983, y luego sufrió la caída proporcional más drástica de todos los departamentos, al reducirse en 1984 a casi la mitad de la producción en 1983.26 La evolución del crédito por departamentos da una visión algo más completa, ya que se redujo por dos años consecutivos (1981 y 1982) en seis departamentos, entre los que se incluyen Quiché, Huehuetenango y Sololá.27 Además, el crédito descendió a niveles inferiores al 60% del valor que tenían el año anterior en varios departamentos: Chimaltenango (41%), Sololá (42%), Baja Verapaz (57%) y Quiché (59%), entre los más afectados por el conflicto.28

Aparte de la destrucción del capital humano resultante de las muertes y desapariciones provocadas por el enfrentamiento, también hubo un deterioro de las condiciones de Educación y Salud. Las estadísticas nacionales disponibles no reflejan con exactitud este deterioro en comunidades afectadas en primer término por la interrupción de los servicios sociales básicos y más tarde por una reanudación de tales prestaciones, aunque de muy baja calidad. Además, el grave empeoramiento de las condiciones de salud fue particularmente agudo entre los desplazados internos, en especial en las CPR, donde los altos índices de mortalidad afectaron con preferencia a infantes y ancianos.

Un indicador que refleja con dramatismo el efecto del enfrentamiento armado sobre la educación fue la reducción de la matrícula en los cursos de primaria en 1982. Este corte fue particularmente considerable en el área rural en general y en especial en el primer grado (Cuadro 7). En síntesis: más de 30 mil niños perdieron al menos un año de educación como consecuencia del enfrentamiento, sin valorar la posibilidad de que ello haya postergado con carácter indefinido su matrícula, debido a que ya no ingresaron al primer año en el momento en que les correspondía.

	RURAL	RURAL	URBANA	URBANA	PRIMER AÑO	PRIMER AÑO	PRIMER AÑO	PRIMER AÑO
AÑO	PUBLICA	PRIVADA	PUBLICA	PRIVADA	RPU	RPRI	UPU	UPRI
1979	354.6	33.5	287.1	78.6	159.1	17.0	80.6	19.9
1980	385.5	31.8	304.9	82.2	169.6	16.8	84.4	20.1
1981	446.7	39.3	312.8	86.0	196.6	20.7	87.9	20.5
1982	413.1	38.8	310.6	85.6	174.1	19.0	82.7	20.1
1983	474.8	39.3	326.4	89.6	204.7	18.7	87.5	20.4
1984	511.1	39.1	337.2	92.5	212.6	18.3	89.0	21.4

RPU se refiere a Educación Rural Pública, RPRI a Rural Privada, UPU a Urbana Pública, y UPRI a Urbana Privada. Fuente: Academy for Educational Development (AED), Guatemala Education Sector Assessment 1985, Guatemala, 1985 (preparado para USAID).

En el área de la Salud, donde el aumento de la desnutrición y de la mortalidad infantil fueron aún más dramáticos, no existen indicadores disponibles para medir con exactitud los efectos del enfrentamiento armado. Sin embargo, un exponente de la desatención a la salud es que en 1986 había nueve departamentos (Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén e Izabal) en cuyos hospitales públicos y privados la capacidad de encamamiento era menor a la de 1981, siendo también menor el número de camas disponibles a escala nacional (9,910 en 1986 en comparación con 10,099 en 1981).29 Ello refleja, como en la educación, que aunque las poblaciones de las áreas más afectadas sufrieron un deterioro especialmente marcado de sus condiciones de vida, el enfrentamiento también contribuyó a una merma generalizada de los servicios de atención social en todo el país.

Otro costo no cuantificable -pero considerable- del enfrentamiento armado fue la destrucción del capital social de Guatemala, entendido como el conjunto de reglas, instituciones e interrelaciones que facilitan la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. El enfrentamiento armado vulneró seriamente las instituciones políticas y jurídicas del país, así como las organizaciones sociales y comunitarias. El asesinato de líderes nacionales y locales, la destrucción de organizaciones y, en general, la siembra de la desconfianza y del temor, tuvieron múltiples consecuencias, incluidas dos que están vinculadas entre sí: reducir las posibilidades de trabajar de forma sobre principios de confianza y desarticular los mecanismos de resolución de conflictos. Se trata de factores a los que se asigna creciente importancia como ingredientes necesarios para promover el desarrollo y el crecimiento económico. Además del deterioro del grado de confianza y de la capacidad de resolver conflictos en el plano nacional, este proceso también se dio en las áreas locales. De acuerdo con los testimonios de la CEH, los casos de destrucción de organizaciones y autoridades tradicionales tuvieron una cobertura amplia, predominantemente en Quiché, luego en Chimaltenango, Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, Escuintla y Sololá.

Mientras la dislocación de los sistemas tradicionales de autoridad desquebrajó a numerosas comunidades mayas, en los centros urbanos y las grandes fincas, la desarticulación del movimiento sindical derribó uno de los pilares requeridos para facilitar la salida de conflictos los laborales y debilitó las posibilidades de negociaciones que lograran aumentos salariales efectivos y la mejora de las condiciones generales de trabajo.30

Atención especial merece la pérdida de documentos civiles y personales. En los ataques a edificios municipales, los registros civiles de un mínimo de 30 municipalidades y los registros auxiliares en 3 municipios más fueron destruidos parcial o totalmente durante el enfrentamiento armado (Véase Apéndice 10).31 Adicionalmente, por lo menos un registro local de pagos realizados al INTA (en Buenos Aires, Ixcán) desapareció. Estas acciones, perpetradas por la insurgencia como parte de operativos que buscaban golpear el funcionamiento de la autoridad local, afectaron a casi el diez por ciento de las municipalidades del país. Provocaron la pérdida de la documentación jurídica de los vecinos, incluyendo los registros de nacimiento, cédulas, actas de matrimonio y defunción.

Asimismo, con la destrucción de las casas en las operaciones de tierra arrasada, muchos documentos personales fueron quemados o perdidos. Estos incluían registros de nacimiento, cédulas, certificaciones de matrimonio y defunción, copias de inscripción militar, titulación de estudios y de propiedad, recibos por pagos de tierra o por la cancelación de un crédito (con BANDESA, por ejemplo), carnet de pertenencia a una cooperativa, etc.. Para los que lograron huir, la prioridad fue salvar la vida; bajo tal urgencia, ordenar y presentar los papeles no fue posible.

La destrucción de los registros y centros de documentación ha representado costos económicos de reposición, tanto para las personas afectadas como para el Estado.32 A la vez, las grandes dificultades para efectuar nuevas inscripciones, sobre todo de nacimientos, cédulas y defunciones, juntamente con la desaparición física de los archivos municipales ya mencionados, llegaron a vulnerar la capacidad de las personas afectadas para ejercer con plenitud sus derechos ciudadanos y civiles, como votar, reclamar propiedad o pensiones del Estado, heredar, estudiar o casarse.33

La intensificación del enfrentamiento armado en Guatemala entre 1980 y 1983 coincidió con la crisis económica que afectó a América Latina durante los ochenta, lo que dio lugar a que se definiera este período como la "década perdida".34 Entre las causas específicas de esta crisis se cuentan el aumento de los precios del petróleo y la disminución de los de sus principales productos de exportación. Sin embargo, la crisis económica guatemalteca se nutrió de elementos distintivos, debido al propio enfrentamiento. Contrastar el desempeño macroeconómico de Guatemala con el de Costa Rica y Honduras, que en ese momento tenían estructuras económicas similares a las de Guatemala, pero que no sufrieron conflictos similares, permite algunas estimaciones acerca de las pérdidas adicionales provocadas por el enfrentamiento.

Por un lado, la crisis de la economía guatemalteca se vio moderada por una deuda externa pequeña (cuyo valor en 1980 equivalía al 44.1% de las exportaciones totales de bienes y servicios, en contraste con 103.1% de Honduras y 150.4% de Costa Rica) que no hizo necesario un ajuste adicional para pagarla.35 Por otro lado, el conflicto agravó lo que hubiera podido ser una crisis comparativamente menor. Al desplazamiento de mano de obra, la destrucción de capital humano y social, el excesivo gasto militar, y el debilitamiento del Estado, se agregaron dos factores: a) desequilibrios macroeconómicos derivados de presiones sobre el gasto que no fueron compensados con el aumento de los ingresos, y b) la incertidumbre general que caracterizó al país en estos años. Este contexto favoreció la fuga de capitales y propició una reducción continua, en términos reales, de la inversión privada desde 1980 hasta 1985, que comenzó a recuperarse en años posteriores, aunque sólo en 1992 llegara a superar los niveles alcanzados en 1980.

Como consecuencia, la posición de Guatemala respecto a Honduras y Costa Rica se deterioró. En Costa Rica y Honduras también hubo reducciones de la inversión privada, pero en ambos casos ésta recuperó su nivel antes de que finalizara la década. En el caso del consumo total, la recuperación necesitó dos años en Honduras, cinco en Costa Rica y siete en Guatemala. Hacia fines de la década estaba claro el mayor avance de Honduras y Costa Rica respecto a la inversión, el consumo y la producción total (PIB), que eran 110% mayores en estos países (Cuadro 8).

Fuente: Cálculos basados en cifras de CEPAL, Series macroeconómicas..., ob. cit.

El turismo fue uno de los sectores más afectados. Mientras que entre 1975 y 1979 había generado divisas equivalentes a las obtenidas por Costa Rica para el mismo rubro, su monto disminuyó marcadamente en los años que siguieron, cuando la comunidad internacional comenzó a contar con informaciones sobre la masiva violación de derechos humanos en el país. El nivel de divisas provenientes del turismo captadas por Guatemala cayó incluso por debajo del obtenido por Honduras, que en esa época contaba con una industria turística poco desarrollada (Véase Gráfico 4). La inversión extranjera directa en Guatemala, que había aumentado significativamente entre 1976 y 1978, manteniendo un nivel estable hasta 1981, también se redujo de golpe en los años subsiguientes, por debajo de los niveles de Costa Rica, que había recibido flujos menores a la mitad que los obtenidos por Guatemala en los cuatro o cinco años anteriores.36

Fuente: CEPAL, Estudios Económicos, de Guatemala, Honduras y Costa Rica (varios años), sobre la base de cifras oficiales.

Al evaluar el posicionamiento (ranking) resultante de la comparación de la tasa de crecimiento de los diversos sectores económicos de Guatemala con las tasas del conjunto de América Latina (Cuadro 9) durante los años setenta y ochenta, se aprecia que el deterioro económico de Guatemala durante los ochenta fue mayor en los sectores de la construcción, la industria, el comercio y la agricultura. Lo anterior confirma que ese desgaste superó lo que cabría esperar tan sólo de la crisis económica. El rezago de la agricultura y del comercio, generalmente los sectores más afectados en los conflictos bélicos, confirma también que el sector rural fue el con más severidad dañado.

Posicionamiento (ranking) de Guatemala, en comparación con el resto de países de América Latina, tomando en cuenta sus tasas de crecimiento

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Economic and Social Progress in Latin America; 1992 Report, Washington, D.C., 1992.

La diferencia entre países como Honduras y Costa Rica, por un lado, y Guatemala, por otro, responde a que los primeros enfrentaron una crisis económica sin guerra. Esto se reflejó en una menor tasa de crecimiento del PIB de Guatemala, durante la década de los ochenta, que la que hubiera tenido asumiendo sin más una crisis económica. Las tasas de crecimiento del PIB de los países centroamericanos fueron altas durante los sesenta y los setenta, con índices muy cercanos (entre 5.5 y 5.6%) observadas en el caso de Honduras, Costa Rica y Guatemala durante los años setenta (Cuadro 10). Con la crisis, era de esperar que estas tasas se contrajeran, pero la reducción de la tasa de Guatemala a niveles inferiores a la de Costa Rica (2.3%) y de Honduras (2.4%), hasta llegar a un 0.9%, puede atribuirse a la descomposición social y económica asociada al ascenso del enfrentamiento armado.37

Estas pérdidas pueden estimarse al descomponer el menor crecimiento del PIB de Guatemala durante los años ochenta en dos componentes:

Las pérdidas resultantes de la crisis que afectó al conjunto de América Latina. Tomando en cuenta el desempeño de Costa Rica y Honduras podría calcularse como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la década anterior (promedio del 5.6% para los tres países) y la tasa de crecimiento promedio durante la década de los ochenta (2.3%, tomando la tasa menor de Costa Rica como referencia), es decir 3.3 puntos porcentuales; y

Las pérdidas resultantes del enfrentamiento armado interno en Guatemala. Resulta de restarle al crecimiento que hubiera podido darse (2.3%, tomando como referencia a Costa Rica), la tasa de crecimiento que efectivamente se produjo en Guatemala (0.9%), lo cual arroja 1.4 puntos porcentuales del PIB. Lo anterior significa que, durante la década de los ochenta, Guatemala habría perdido al año alrededor de un 1.4% de su PIB, como resultado del enfrentamiento armado interno, lo cual, sumado para el conjunto de la década, alcanzaría unos 1,100 dólares o el 14% del ingreso generado en 1990, equivalente al total de la producción industrial del país de ese año (Cuadro 11).

Los principales costos económicos del enfrentamiento armado interno se concentraron en los años ochenta. No es posible cuantificar todos estos montos, algunos por ausencia de estadísticas y otros porque su naturaleza, por ejemplo, la destrucción de ciertos tipos de capital social, como el asesinato de líderes y la desarticulación de organizaciones, no permitió medirlos. Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que los principales costos económicos cuantificables resultaron de la pérdida de potencial productivo, por la muerte o desaparición, a causa del desplazamiento forzado de personas (dentro de Guatemala o hacia el exterior) que tuvieron que abandonar sus actividades productivas cotidianas o como efecto del reclutamiento en las Patrullas de Autodefensa Civil o en el Ejército (Cuadro 12). Los costos derivados de estos procesos superan el 90% del PIB de 1990.

La destrucción de capital físico, incluyendo las inversiones privadas, comunitarias y públicas, también implicó grandes costos. Esto incluye la destrucción total de capital familiar, en su gran mayoría de familias mayas, en especial en el Norte y Occidente de Guatemala. A escala individual, por la pobreza, estos montos eran relativamente pequeños, pero sumados alrededor de 170 mil familias dan lugar a un volumen considerable de recursos perdidos. A lo anterior se agregan los destrozos en cooperativas y fincas, con proporciones importantes de equipo destruido en ambos casos, así como los daños ocasionados a cultivos permanentes. Como parte del capital corresponde también incluir en este Capítulo la ruina de infraestructura física (puentes y torres eléctricas, en particular) y de infraestructura comunitaria (iglesias, centros de salud, escuelas, mercados). El conjunto de estas pérdidas de capital supera el del 6% del PIB de 1990.

Por otra parte, la comparación del desempeño macroeconómico de Guatemala con otros países -con preferencia Honduras y Costa Rica durante los ochenta- sugiere que a resultas del enfrentamiento armado interno, se perdieron oportunidades de crecimiento económico equivalentes a un 1.4% del PIB cada año. Ello equivaldría, acumulando estas pérdidas, a alrededor del 14% del PIB de 1990. Lo reseñado pone de manifiesto que la sociedad en su conjunto, y no sólo las poblaciones afectadas directamente por el enfrentamiento, tuvieron que asumir altos costos como efecto de la guerra.

Si bien los patrones del gasto público en la historia reciente del país no habían sido efectivos para promover un desarrollo robusto e incluyente la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional llevó a que este gasto se priorizara aún más en función de la lucha contra el enemigo interno. Por eso el gasto militar también originó un costo económico considerable. Por una parte, significó que recursos escasos en extremo -dada la debilidad tributaria del Estado guatemalteco- se destinaran a la destrucción o a usos improductivos. Estos gastos (por encima del equivalente al 0.67% del PIB, aceptado por los Acuerdos de Paz), que aumentaron de forma significativa durante la primera mitad de los ochenta y que después mantuvieron su alto nivel, equivalen -acumulados para la década de los años ochenta- a por lo menos una décima parte de los ingresos totales de todos los guatemaltecos en 1990.

El aumento del gasto militar desplazó a los sectores de Salud y Educación como destino de los recursos públicos, con el consiguiente abandono de la atención al desarrollo social. Esto se agregó al deterioro más directo de las condiciones de salud y educación en las áreas de conflicto. El enfrentamiento armado también exacerbó la debilidad del Estado para formular y efectuar reformas tributarias e intensificó la oposición y la intransigencia del sector privado, organizado frente a éstas. Las consecuencias fueron decisivas: aumentó la brecha existente entre ingresos y gastos, con lo que se generó una serie de desequilibrios macroeconómicos, y se debilitó aún más la capacidad financiera y técnica del Estado para impulsar el desarrollo. Esta debilidad, que incluye una precaria base estadística para dar seguimiento a las variables trascendentales para el desarrollo, continúa manifestándose en la actualidad.

Finalmente, una consecuencia no cuantificable del enfrentamiento armado fue la destrucción del capital social. Con el asesinato de líderes y la destrucción de organizaciones nuevas y tradicionales, nacionales y comunitarias, también se eliminó uno de los ingredientes cada vez más reconocido se reconoce como indispensable para impulsar un desarrollo económico sostenido.

En síntesis, el enfrentamiento armado interno tuvo una serie de costos directos, algunos medibles y equivalentes a dejar de producir durante casi 15 meses en Guatemala (es decir, a 121% del PIB de 1990), y otros costos no cuantificables que, además de las pérdidas económicas directas que de hecho representaron, comprometieron seriamente la evolución futura del Estado y de la sociedad guatemalteca.

1 Esta cifra resulta de dividir 850 mil personas entre 5, el número medio de personas por familia, según el Instituto Nacional de Estadística, X Censo de Población, Guatemala, 1994. Regrese al Texto

2 Las cien mil muertes y desapariciones fueron reportadas en 1990 por la Comisión de Damnificados por la Violencia a la Comisión Nacional de Reconciliación, con base en datos de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. En el mismo informe se reportan estimaciones de entre 30 mil y 50 mil viudas y 200 mil huérfanos (20% de ambos padres). Con respecto a los desplazados internos, las estimaciones presentadas en diversas fuentes varían de unos 500 mil a casi 1.5 millones en el período de mayor afectación. Se ha utilizado una cifra conservadora tomando en cuenta que más de la mitad de los casos que mencionan el desplazamiento provendrían de Quiché, de acuerdo con los datos reportados por la CEH y el REMHI (véase Cuadro 6) y que este departamento tenía 328 mil habitantes en 1981 (de acuerdo con datos del censo de ese año). Por eso se considera poco probable que los desplazados internos pudieran superar los 600 mil. Los datos sobre refugiados (150 mil) son una estimación basada en datos proporcionadas por el ACNUR. La misma parte del hecho de que los 45 mil refugiados oficialmente registrados en México constituyeron soló una parte minoritaria del total de refugiados y que incluyeron una proporción mayor que se desplazó especialmente hacia lugares del sur de México sin establecer campamentos y a la ciudad de México o, en menor grado, a países vecinos como Honduras y Belice. Regrese al Texto

3 AVANCSO, "Política Institucional hacia el Desplazado Interno en Guatemala", Cuadernos de Investigación, No. 6, 1990, pg.19. La estimación es tomada de una entrevista (abril de 1988) con el Ingeniero Rolando Paiz Maselli, director del Comité Nacional de Reconstrucción. Regrese al Texto

4 La población económicamente activa en 1990 fue de 2,491 miles. Regrese al Texto

5 El efecto es en realidad mayor, ya que la PEA era menor al principio de la década, mientras que el número estimado de desplazados de la PEA sería el mismo cada año, de manera que la proporción de la PEA desplazada habría sido mayor al principio de la década y menor posteriormente. Regrese al Texto

6 En 1990 el PIB tuvo un valor de 7,650.1 millones de dólares (a precios constantes de 1990), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Series macroeconómicas del Istmo Centroamericano, 1950-1996, Naciones Unidas, LC/MEX L.343, México, D.F., 22 de diciembre de 1997. Regrese al Texto

7 Según datos proporcionados a la CEH por el Ejército de Guatemala. Regrese al Texto

8 Este fue el número de combatientes sujetos a programas de desmovilización cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996. Regrese al Texto

9 Según datos proporcionados a la CEH por el Ejército de Guatemala. Regrese al Texto

10 Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y Asociación para la Autogestión del Desarrollo Integral (ASADI), Los Comités de Defensa Civil de Guatemala, Guatemala, PDH, 1994, pg. 51. Regrese al Texto

11 Tomado de solicitud a la Presidencia de la República hecha por la Cooperativa, Selva Reina, R.L. La Unión Cuarto Pueblo, municipio de Ixcán-Playa Grande, El Quiché, Guatemala, 23.10.96. Regrese al Texto

12 El costo medio de la destrucción correspondiente a las fincas, incluyendo el valor de las cosechas perdidas, fue de U$S un millón y medio por finca. Multiplicando este valor por 30 cooperativas daría el estimado de U$S 45 millones. Regrese al Texto

13 Información proporcionada a la CEH en mayor parte por la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), Sin paz no hay desarrollo, 1997, Tomos II y III. Esta recopilación fue hecha con base en fuentes periodísticas. Se presenta el listado de hechos en el Apéndice 8. Regrese al Texto

14 Recopilación de la CEH de fuentes periodísticas, se presenta el listado de los hechos en el Apéndice 9. Regrese al Texto

15 Gastos del Ejército no reportados como tales incluyen: los Institutos Adolfo V. Hall, programas de alfabetización de soldados y sistema de becas a oficiales, todo, cobrados al presupuesto de Educación; el Hospital Militar, y algunos gastos de los hospitales de las zonas militares, cobrados al presupuesto de Salud; los caminos, puentes y reparaciones que ejecuta el Cuerpo de Ingenieros, cobrados al presupuesto de Comunicaciones y Obras Públicas. Véase los informes pormenorizados de ejecución presupuestaria de los años correspondientes. Regrese al Texto

16 The International Institute for Strategia Studies (IISS), The Military Balance: 1976-1977, 1978-1979, 1988-1989, London, 1977, 1979 y 1989. Los datos de 1984 y 1994 fueron obtenidos con base en entrevistas de la CEH con funcionarios de alto rango del Ejército. Regrese al Texto

17 Adelantándose al cronograma, el Gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional de 1998 un monto de Q. 797.7 miles, equivalente al 0.67% del PIB estimado para el año. Regrese al Texto

18 Véase, por ejemplo, C7206 en el que la víctima -un maestro y dirigente del magisterio local- fue gravemente herido en un atentado realizado en la misma aula donde enseñaba. Luego, por la seriedad de su situación, fue llevado al Hospital del IGSS en la capital, de donde fue sacado a la fuerza por hombres que cubrían sus caras con pasamontañas; nunca se supo de su paradero. Herido en atentado, 26 de marzo de 1981, Ayutla, San Marcos, y desaparición forzada, 28 de marzo de 1981, Ciudad de Guatemala. Otros casos incluyen: C 545, desaparición forzada de un maestro de primaria, 29 de diciembre de 1981, Tecpán, Chimaltenango; C 8046, desaparición forzada de un maestro de primaria, 12 de noviembre de 1983, Cabricán, Quetzaltenango; C 15639, ejecución arbitraria de un dirigente del magisterio y maestro de primaria, 9 de febrero de 1980, Chiquimula, Chiquimula; desaparición forzada de un dirigente del magisterio y director de escuela, 20 o 21 de enero de 1982, Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto

19 Fernando Valdéz y Mayra Palencia, Los dominios del poder: La encrucijada tributaria, FLACSO, Guatemala, 1998. Regrese al Texto

20 S. Steinmo, Taxation and Democracy, Swedish, British and American Approaches to Financing the Modern State, Yale University Press, New Haven and London, 1993. Regrese al Texto

21 La misma relación se redujo a 31.3 por ciento en 1990, CEPAL, Series Macroeconómicas... ob. cit. Regrese al Texto

22 Sobre la base de cifras oficiales. La reducción de la proporción del ahorro interno no fue el resultado del enfrentamiento armado únicamente, ya que se redujo, por ejemplo, en todos los países centroamericanos, con y sin guerra. La reducción fue mayor en Nicaragua (que experimentó un ahorro negativo durante el período), El Salvador (reducción del 64%) y Guatemala (56%), que en Costa Rica (18%), aunque también fue alta en Honduras (55%), CEPAL, Series macroeconómicas..., ob.cit. y Estudios Económicos (varios años) de los países citados. Regrese al Texto

23 De un total de 61, 648 violaciones registradas en todo el país, 27,536 se dieron en Quiché. Regrese al Texto

24 También se redujo en Izabal, pero hubo una reactivación rápida en este departamento. Hubo reducciones en otros departamentos (Chiquimula, Jutiapa y Jalapa), pero proporcionalmente menores. Regrese al Texto

25 En el caso del Programa Mundial de Alimentos, aumentó la ayuda de menos de cien mil dólares en 1979 a 12 millones en 1990, con un valor acumulado de 78 millones de dólares. Se estima que hubo ventas concesionales por valores similares por parte de Estados Unidos. Regrese al Texto

26 Según datos proporcionados por ANACAFE, la producción se había mantenido en alrededor de 30 mil quintales oro y luego se redujo a 17 mil. Regrese al Texto

27 Los otros fueron: Quetzaltenango, Suchitepéquez y Santa Rosa, existiendo la posibilidad de que los dos primeros también hayan sido afectados por el enfrentamiento. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de Guatemala (varios números). Regrese al Texto

28 Boletín Estadístico del Banco de Guatemala, (varios números). Regrese al Texto

29 Dirección de Estadística, Anuarios Estadísticos de 1981 y de 1986. Regrese al Texto

30 La última huelga amplia en el sector privado de la economía se dio en la Costa Sur en 1980. Regrese al Texto

31 Es probable que el número de edificios municipales que sufrieron daños sea mayor, ya que en algunas localidades hubo ataques a las instalaciones ediles sin que fueran afectados los libros de registro. Regrese al Texto

32 No se ha podido calcular el costo por la escasez de información al respecto. Regrese al Texto

33 Para responder a esta problemática, el Congreso de la República emitió por los menos nueve decretos leyes desde 1983, que establecieron diferentes mecanismos, plazos y poblaciones meta para la reposición de la documentación individual. Regrese al Texto

34 Todos los países de la región tuvieron menores tasas de crecimiento que en el pasado, debido a que se combinó un deterioro de las cuentas externas, con políticas que en muchos casos exacerbaron este deterioro, al intentar compensar un menor dinamismo económico (erróneamente concebido como transitorio) por medio de un mayor gasto público, y crisis de insolvencia, debido a la imposibilidad de pagar el servicio de deudas externas que se habían abultado a finales de los setenta. Regrese al Texto

35 Es más, Guatemala aumentó su endeudamiento externo durante la primera mitad de los ochenta, captando divisas nuevas y evitando una transferencia neta de recursos al exterior. Esto le permitió postergar la devaluación del quetzal, pero dio lugar a una serie de desequilibrios macroeconómicos que se hicieron sentir en la segunda mitad de la década. Fuente: CEPAL, Estudios Económicos de Guatemala, Costa Rica y Honduras (varios años) y CEPAL, Series macroeconómicas..., ob.cit. Regrese al Texto

36 Véase las cifras de balanza de pagos de estos países en CEPAL, Series macroeconómicas..., ob. cit. Regrese al Texto

37 Este deterioro fue aún mayor en la primera mitad de los años ochenta, cuando el crecimiento del PIB de Guatemala fue negativo (-1.1% anualmente), en contraste con tasas reducidas pero aún positivas en Honduras (1.7%) y Costa Rica (0.2%). El menor grado de recuperación de Guatemala durante la segunda mitad de la década (2.9% de crecimiento, en contraste con 3.1 % en Honduras y 4.4 % en Costa Rica) también puede atribuirse a las secuelas del enfrentamiento. No tenemos datos para 1989; se puede usar 1990? 150 204