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Capitulo
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Capitulo
III
DEBILITAMIENTO
DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL
108. Del mismo modo que los procesos de terror durante el enfrentamiento armado han dejado secuelas profundas y perdurables en la sociedad guatemalteca, la entronización de la impunidad y la militarización han producido efectos similares en la institucionalidad estatal así como en las actitudes de las personas. Una institucionalidad históricamente débil siguió perdiendo credibilidad respecto a la ciudadanía, condición sine qua non de un Estado consolidado y legítimo. 109. La debilidad del sistema de justicia, ausente en extensas regiones del país antes del enfrentamiento armado, se acentuó durante su desarrollo, pues sus instituciones se encontraron entre las más afectadas por la violencia. Al tolerar o participar directamente en la impunidad que encubría las violaciones de los más elementales derechos humanos, los organismos de justicia se volvieron inoperantes en sus funciones fundamentales de protección del individuo frente al Estado y perdieron toda credibilidad como garante de la legalidad vigente. De esa forma el funcionamiento de un Estado democrático de Derecho que, por definición, requiere de un sistema judicial que garantice una normatividad y reglas de convivencia reconocidas y aplicables a todos, se convirtió en un proyecto imposible. Recuperar la efectividad y credibilidad de estas instituciones necesitará tiempo, conjución de voluntades y nuevas prácticas de todos los actores. 110. La invasión de lo militar en las esferas pública, social y cultural, que posibilitaba en parte la impunidad, quebrantó la institucionalidad del régimen mediante su subordinación a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Al hacerlo, anuló la autonomía de las instituciones, socavando su capacidad de responder a las necesidades de los diversos sectores de la sociedad. Trastocó profundamente la relación entre lo militar y lo civil, lesionando los principios elementales que sostienen un Estado democrático de Derecho.
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