MILITARIZACION

DEBILITAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL

MILITARIZACION

148.

En Guatemala la Doctrina de la Seguridad Nacional constituyó el marco teórico y político que sustentó el fenómeno de la militarización mediante el cual se propugnó la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. A lo largo de los años esto produjo la subordinación efectiva del poder civil al poder militar y la invasión por éste último de las diversas esferas de lo público y social, que en una democracia debe ser estricta competencia de civiles. Así configurada la militarización ha sido un factor fundamental y determinante en el grado de debilitamiento de la institucionalidad estatal y por ende del Estado democrático de Derecho. Ha sido un soporte de la impunidad y ha incidido directamente en la falta de confianza que la población en general siente con respecto a las instituciones, pues ésta ha vivido con la certeza de que el Ejército ha detentado el poder real. Es decir, la militarización debilitó el tejido institucional del país, limitó sus posibilidades de pleno funcionamiento y contribuyó a la deslegitimación del mismo.

149.

Desde la perspectiva del Ejército la militarización constituye un proyecto definido, planeado y ejecutado institucionalmente, de acuerdo con sus análisis del contexto social y político nacional, así como del grado de desarrollo de la acción insurgente. Los planes anuales de campaña dieron estructura y contenidos a este proyecto y sistematizaron las adecuaciones requeridas frente a los cambios en la situación del país y en la evolución del enfrentamiento.

150.

Por eso, la militarización ha presentado características diferentes durante los 36 años del período estudiado. Ha pasado de manifestarse en el control político y militar ejercido por Ejército, principalmente a través de las estructuras del poder ejecutivo durante los años sesenta y setenta, a su ejercicio de un poder casi absoluto mediante la penetración en todos los aspectos políticos, sociales e ideológicos del país durante casi media década de los años ochenta, hasta llegar a la etapa final de un control paralelo, semivisible, de bajo perfil pero de alto impacto en la vida nacional. En este sentido la militarización fue uno de los factores causales que en su momento alimentó el enfrentamiento armado al limitar profundamente las posibilidades del ejercicio democrático, para luego ser una de las consecuencias más corrosivas del mismo.

La militarización de creciente intensidad y amplitud

151.

En las dos primeras décadas del enfrentamiento armado, la acción castrense se dirigió con preferencia a lograr el aniquilamiento del enemigo "comunista." Los sucesivos gobiernos militares de este período, fueran electos o productos de un golpe de Estado, se valieron del ejercicio de la presidencia para desde ésta ejercer el control sobre el país. De esa cuenta, hubo oficiales de alto rango del Ejército tanto al frente de varios ministerios como de las gobernaciones departamentales, mientras que la base de relación con la sociedad se ejerció por medio de los comisionados militares. Estos garantizaban que se alcanzaran los cupos del reclutamiento forzoso entre jóvenes indígenas y servían de informantes, desde las comunidades, en todo el país. 152.

Sin embargo, en la medida en que el propio Ejército, por su accionar político, dejó de ser un cuerpo monolítico y estuvo más expuesto a la heterogeneidad en sus filas, al tiempo que el desarrollo de la fuerza insurgente le reclamaba respuestas a más largo plazo, el proceso evolucionó hacia el proyecto estratégico de militarización masiva total. En ese contexto, la militarización del país adquirió características de institucionalidad a partir de 1982, mediante el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo.¹

153.

En 1961 el Ejército contaba con seis zonas militares en todo el país, ubicadas en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Petén y Santa Rosa, así como una que cubría Alta Verapaz e Izabal y otra que abarcaba Huehuetenango y Quiché. En cambio en 1983, con los planes proyectados desde el golpe de Estado del 23 de marzo y en la etapa de mayor envergadura del enfrentamiento armado, el Ejército contó con 23 zonas militares, una por cada departamento del país y dos en Quiché, el enclave de mayor presencia insurgente. Pero además del control estrictamente militar, el proyecto de Gobierno desde la junta militar abarcó todos los campos de la vida nacional. El plan propuesto pretendía resolver desde la dirección todos los problemas que enfrentaba el país, otorgándole a aquella la responsabilidad moral, política y administrativa. Según palabras de uno de los principales asesores civiles del Ejército, quien dedicó una tesis de graduación al estudio de lo que denomina el pretorianismo de la sociedad guatemalteca:

"La meta 'fundamentalista' era crear una sociedad altamente organizada y regimentada, hasta la más pequeña de las unidades de población. Todas bajo el control militar".

"A partir del proceso que desató el golpe de Estado de 1982 se produjo el cambio más notable en la actuación histórica del Ejército de Guatemala. Se diseñó una estrategia nacional que abarcó, además del campo militar, lo económico, social y político. El Ejército se adjudicó el papel de 'constructor del nuevo orden político' al reorientar su eje estratégico para poder atacar las causas que provocaron el apoyo al movimiento insurgente en el área rural del Altiplano. Emprendió el camino de la democracia estratégica. Sin embargo, en el diseño y aplicación del modelo acudió a las raíces corporativistas de la propia institución y produjo un modelo de desarrollo que exigía que 'todos los recursos de la nación' se pusieran a la orden de esta estrategia ... el Ejército impulsó una democracia estratégica como paliativo a su propia intervención directa".²

154.

Desde una óptica política, una revisión de los planes de campaña de 1982 a 1996³ muestra la evolución del proceso al cual se hace referencia en el párrafo anterior. En dichos años el diseño contempló un proyecto a corto, mediano y largo plazos. A partir de los planes de campaña, desde 1984 el objetivo central se encaminó hacia la consecución de la propuesta que requería de una estabilidad institucional sostenible para plasmarse. Así por ejemplo, el plan de campaña de ese año se denominó Reencuentro Institucional 84 y su eje motor fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente y la promulgación de la Carta Magna; el siguiente año, Estabilidad Nacional 85, se centró en los comicios generales; el plan de campaña Consolidación Nacional 86, contempló la toma de posesión de autoridades electas -primer presidente civil en más de 20 años- y la finalización de la fase inicial del proceso de democracia estratégica conducida militarmente. En el concepto estratégico que manejó el Ejército se afirmaba:

"Guatemala promoverá y acometerá a corto y mediano plazo las reformas administrativas, funcionales y jurídicas de la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado, valiéndose de las correspondientes ramas del poder público y coordinará e integrará los planes y programas anti-subversivos en el ámbito de los organismos políticos del país; esta acción será apoyada, asegurando el óptimo funcionamiento de las estructuras y actividades económicas y la atención a los problemas socioeconómicos prioritarios de la población, la conducción de programas destinados a formar y mantener un nacionalismo compatible con las tradiciones del país; la adecuación de la estructura y funcionamiento del Ejército de Guatemala y de los cuerpos de seguridad interna al enfrentamiento del combate eficaz de los movimientos y grupos subversivos; se pondrá en funcionamiento, programas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases desposeídas y finalmente en el campo internacional se buscará el mejoramiento de la imagen de Guatemala, basado en acciones diplomáticas definitivas y agresivas".⁴

155.

Los sucesivos planes Fortaleza 87, Unidad 88 y Fortalecimiento Institucional 89 tomaron en cuenta la necesidad de reforzar la unidad interna del Ejército, debilitada en parte por la conspiración golpista gestada desde 1987 y varios intentos fallidos en 1988 y 1989. A partir del siguiente año los planes tuvieron como eje motor el proceso de paz, Avance 90, Fortaleza por la Paz 91, Consolidación por la Paz 92 y Paz 93. Al final del período del mandato los objetivos institucionales, plasmados en los planes Integración 94, Integración 95 e Integración Nacional 96, consideraron la mimetización del Ejército en el seno de la sociedad. A dichos programas estratégicos correspondieron, siempre, permanentes políticas institucionales dirigidas a lograr los objetivos propuestos. Los mismos que invariablemente representaron y requirieron, según su propio criterio, que el Ejército ejerciera en todos sus ámbitos la conducción de país.

156.

La ruptura de Efraín Ríos Montt con el plan estratégico propuesto, que incluía el estricto cumplimiento del cronograma electoral para el retorno a la institucionalidad civil conducida por el Ejército, dio lugar a su sustitución por el también general Oscar Humberto Mejía Víctores. Resuelta la crisis provocada por las acciones personales de Ríos Montt, Mejía Víctores retomó el proyecto inicial. Se dispuso convocar a la conformación de la Asamblea Constituyente, promulgar una nueva Constitución y llevar

a cabo elecciones generales (Ejecutivo, Legislativo y municipalidades) para concluir con la toma de posesión por las nuevas autoridades.

157.

Se trató de una proyección programática en lo institucional, emanada del Gobierno militar, que impuso la visión castrense de la necesidad de conducir la vida nacional en sus diversos ámbitos. Al erigirse como artífice y ejecutor del llamado retorno a la institucionalidad, quebrantada consecutivamente por él mismo, el Ejército asumió como una responsabilidad natural la conducción de todos los órdenes de la vida social y política guatemalteca, según sus propios planes de campaña.

158.

Ni en los inicios ni después del ejercicio del poder mediante el golpe de Estado, ni siquiera con el tránsito a la institucionalidad por la vía de la promulgación de la Constitución Política y su consecuente adopción e puesta en práctica, el Ejército dejó de tener presencia e influencia fundamentales en la vida nacional, en esferas que trascendían las funciones que le determinaba la Carta Marga. En un principio, el control fue ejercido masivamente por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con efectos institucionales, llamadas Comités Voluntarios de Defensa Civil, las cuales, como se detalla en el capítulo respectivo, fueron organizadas desde la referencia estructural del Ejército. Con la formación de las PAC el Ejército se propuso la organización civil contra los movimientos guerrilleros y el control material y psicológico de la población.

159.

En el interior del país la conformación de las PAC supuso un gran golpe, produciendo cambios profundos en la estructura interna de las comunidades. Las autoridades naturales de éstas, como los Consejos de Ancianos, los alcaldes auxiliares y los mayores, entre otros, dejaron de funcionar o fueron marginadas y su papel fue desempeñado a partir de entonces por los jefes de las PAC, que funcionaban como enlaces de las autoridades gubernamentales.

160.

Desde la óptica del Ejército, el balance inicial del papel desempeñado por las PAC fue positivo en cuanto al cumplimiento de los objetivos asignados. Como resultado de dicha evaluación, tanto oficiales militares como asesores de la Institución Armada otorgaron una alta valoración al impacto alcanzado con la formación de las milicias a cargo del Ejército. Incluso se considera que sin las PAC y su actividad como arma contrainsurgente habría sido prácticamente imposible controlar el avance del movimiento guerrillero entre la población indígena y campesina. En palabras de uno de los asesores civiles del Ejército:

"Por el aporte a la patria, el sacrificio personal y el éxito de la misión cumplida, los patrulleros civiles merecen el reconocimiento de héroes nacionales y 'próceres' de la nueva apertura democrática que venía en camino".⁵

161.

Además del control directo mediante las PAC en la etapa inicial del proceso, se masificó la militarización de la sociedad. Los alcaldes municipales y auxiliares en todo el país eran designados por el Gobierno militar y muchos de los gobernadores departamentales fueron militares. Directores generales de dependencias del Estado, ministros y viceministros incluidos, procedían de la oficialidad castrense.

162.

El entorno institucional del país pasó a tener un rostro militar desde la dirección máxima y se consolidó su presencia en diversas dependencias y agencias gubernamentales. En el Gobierno del general Oscar Mejía Víctores fueron militares los que ocuparon los cargos de ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, el director general de Aduanas, el interventor del Instituto Nacional de Cooperativas, el presidente y el primer vicepresidente del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el director general de Migración. Asimismo, el gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, el jefe de la Contraloría General de Cuentas, el ministro de Minería, el gerente de Ferrocarriles de Guatemala, el presidente del Banco Nacional de la Vivienda o el director general de Transportes.⁶

163.

Destaca, además, la modificación que sufrió el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN), pues de ser un ente de ayuda durante el terremoto de 1976, se convirtió en puntal de los polos de desarrollo. Programa éste que devino en una variante de las llamadas "aldeas estratégicas" de la contrainsurgencia aplicada en Vietnam. Otros cambios que se produjeron fueron los de las llamadas coordinadoras interinstitucionales y la reorganización de las bases militares. Los directores departamentales de la Dirección General de Caminos, de pronto eran oficiales con el rango de capitanes y mayores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

164.

Tan sensible era la presencia física de los oficiales del Ejército en todos los aspectos de la vida nacional, que los funcionarios civiles supeditaban sus actividades al visto bueno o anuencia de un miembro del Ejército. En tal sentido, resulta ilustrativo el extracto de la agenda de un alto responsable civil de una agencia gubernamental en Ixcán.

"8 de julio de 1982: reunión con el coronel Carvallo, comandante de la zona militar, para la creación de una farmacia cooperativa en Playa Grande. La reunión era con él porque ellos debían conocer todo y decidir todo, no se podía mover ni una hoja sin su conocimiento y aprobación".

"15 de julio de 1982: reunión con maestros, INTA, la ONG norteamericana CARE y el coronel para empezar a construir escuelas en las comunidades".

"20 de julio de 1982: reunión en Cantabal de los directivos del consejo de aldeas".

"21 de julio de 1982: reunión con el coronel Carvallo para presentarle el personal de nuevo".

"23 de julio de 1982: se solicita al capitán Serrano 3 camiones para movilizar a 150 jefes de familia".

"25 de julio de 1982: llegada de 1000 efectivos militares a Playa Grande".

"8 de agosto de 1982: de la distribución de alimentos se encargará el Ejército. En el hospital duermen elementos del Ejército y la farmacia es controlada por el Ejército".

"16 de agosto de 1982: consulta y aprobación por el coronel Carvallo del programa de entrega de títulos".

"3 de septiembre de 1982: reunión de UNICOP en la casa presidencial para evaluar el proyecto 520".

"9 de septiembre de 1982: reunión en el destacamento militar con el presidente del INTA".

"1 de octubre de 1982: gente que pide el cese de las patrullas en la FTN por medio de FECOAR. Se plantea quién asume las deudas de las tierras abandonadas".

"4 de octubre de 1982: el INTA bloquea la actividad de FECOAR y se da la petición de dos miembros de la unidad ejecutora de suspender labores".⁷

"Dentro del edificio [de la alcaldía], siempre había un oficial de la zona ... En forma de asesoría te decía lo que debías hacer, pero, realmente no te podías oponer a sus consejos".⁸

"A través de los coordinadores [interinstitucionales] todo se controlaba. El comandante de la zona, pasaba los partes para decidir sobre quienes podían trabajar en las oficinas del Estado y quienes no. Cuando alguien no les parecía, se enviaba una orden para que fuese destituido inmediatamente".⁹

165.

A medida que el proyecto de institucionalización avanzaba, la presencia física masiva del Ejército se fue diluyendo, dando lugar a una red de relaciones mediante la asesoría y la presencia institucional que en algunos casos se justificó legalmente, así como la relación constante con las organizaciones civiles. El Ejército pasó del control abierto, expresado en los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83, a la influencia directa o indirecta según lo determinaban los planes Integración 94, Integración 95 e Integración Nacional 96. En el período intermedio se profundizaron y afianzaron los procesos de infiltración y penetración militar a instancias de instituciones civiles, mediante los mecanismos establecidos y desarrollados, en la mayoría de los casos, por el Estado Mayor de la Defensa Nacional para enfrentar los propósitos contrainsurgentes. Una vez iniciado el camino de penetración de las instituciones civiles, éste ya no fue abandonado por el Ejército; o en todo caso, lo que hizo fue adecuar los mecanismos a cada situación según los planes de campaña de cada año.

166.

Por ejemplo, habiendo entrado en funciones en 1980, el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas¹⁰ llegó a tener manejo total de la estructura informática de dicha cartera. Así las cosas, la Institución Armada, en particular la Dirección de Inteligencia, tuvo bajo su control el registro de las empresas y ciudadanos que declaraban al fisco, la nómina de bienes y propiedades inmuebles, así como toda la información relativa a la recaudación tributaria del Estado.

167.

Otra dependencia del Ministerio de Finanzas, la Dirección General de Aduanas, llegó también a estar bajo control militar. Argumentando la necesidad de vigilar la eventual utilización del recurso de importaciones por parte de los insurgentes, el Ejército mantuvo presencia directa y constante en dicha entidad, manejando el registro de importaciones y exportaciones del país. Esta situación le permitió ejercer estrecho control sobre el comercio nacional, así como el sistema de bodegas y transportes. El nombramiento de oficiales retirados como directores de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla asentó los vínculos del Ejército con el sistema de importación y exportación marítima, de fuerte impacto en la economía nacional, particularmente a raíz del auge de la industria maquiladora y el crecimiento de las exportaciones no tradicionales.

168.

De igual modo, con el pretexto de asumir obligaciones de la Inteligencia Militar, la Dirección General de Correos y Telégrafos tuvo su propia extensión del Ejército. En su informe de 1993 el procurador de los Derechos Humanos señaló la presencia militar en esa entidad mediante una oficina adscrita al Estado Mayor Presidencial (EMP).¹¹ La correspondencia de todo el país fue inspeccionada, clasificada y censurada, de acuerdo con los criterios definidos por el EMP. La confidencialidad en las comunicaciones, tanto de funcionarios gubernamentales como de ciudadanos guatemaltecos particulares, incluyendo a líderes políticos, miembros de organizaciones del movimiento popular y sindical, personalidades de la vida nacional, entre otros, fue persistentemente violada con este procedimiento.

169.

Sobre la militarización ejercida desde las estructuras castrenses se llegó a desarrollar una relación de doble vía con la sociedad. Por una parte, se buscó dirigir y conducir los destinos de la misma. Por la otra, se nutrió de ella para asegurar la continuidad del proyecto y establecer los factores de análisis e información que definían la estrategia. Desde el empleo de censos o encuestas poblacionales hasta el uso de información obtenida de servicios públicos tales como energía eléctrica, consumo de agua potable, etc., se consideró y utilizó como fuente de Inteligencia. Para el Ejército: "El pueblo constituye el grueso de informantes, los cuales dan noticias de actualidad, es preciso organizar la forma en que deberán hacer llegar las noticias que sean obtenidas".¹²

170.

Aunada a otros factores inherentes al desarrollo la militarización ha producido, como consecuencia directa, la debilidad funcional y estructural de las instituciones del Estado en áreas que son vitales para la sociedad. La construcción de caminos y carreteras, responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones Transportes y Obras Públicas, se llevó a cabo en muchas localidades del interior del país, por parte de efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; los servicios de salud, que deben ser competencia del ministerio del ramo, han sido ejercidos en parte por las unidades médicas de las zonas y bases militares; la seguridad ciudadana y la investigación delictiva, funciones que corresponden al Ministerio del Interior, han sido realizadas en aspectos importantes por organismos del Ejército.

171.

A medida que la costumbre se fue asimilando en la sociedad, como resultado de la etapa de hegemonía total de control militar, en la siguiente fase pareció normal la presencia castrense en instancias civiles. Este fenómeno quedó de manifiesto en las campañas de protección ciudadana en las cuales participaban siempre miembros del Ejército, de forma que resultó natural ver patrullas conjuntas desplazarse en vehículos militares o grupos de soldados caminando en las calles de la ciudad cumpliendo funciones de vigilancia que correspondían a las fuerzas de seguridad civil.

172.

Otro caso típico de suplantación de responsabilidades de las instancias civiles lo constituyó, desde principios de los años noventa, la conformación del Comité de Crisis, dependencia del Estado Mayor Presidencial. Con metodología adquirida en estudios militares, este comité analizaba la coyuntura nacional, elaboraba planes de contingencia y llegó a dirigir investigaciones y operaciones antisecuestros,¹³ en sustitución directa de las responsabilidades inherentes a las Fuerzas de Seguridad dependientes del Ministerio de Gobernación.

173.

Precisamente por excesos en sus funciones los diversos informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala han cuestionado la preponderancia del Estado Mayor Presidencial (EMP) en la dirección del país. Los informes de expertos independientes sobre el tema, elaborados por encargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1992 han recomendado eliminar el EMP.¹⁴ No obstante lejos de desaparecer únicamente modifica su presencia adecuándose a las exigencias del momento y ampliando su marco de acción. Ha sido tal la influencia y la dependencia de la estructura militar, ya que en la ley constitutiva del Ejército se adjudica a éste la seguridad de las máximas autoridades del país. Ello da lugar a que, al amparo de la garantía de seguridad como punto focal de acción, todas las actividades del gobernante civil están sujetas, vinculadas, relacionadas, coordinadas y apoyadas por una estructura militar. De esta estructura, a tenor de la garantía de seguridad, depende desde el servicio de protección armada hasta la intendencia y los servicios domésticos básicos para el gobernante.¹⁵ Los intentos por modificar el control de la agenda del Presidente, por parte del EMP, a partir del Gobierno de Jorge Serrano Elías y los siguientes mandatarios, fracasaron ante la hegemonía logística de dicho ente en la Casa Presidencial.

174.

En el ámbito de la estructura social administrativa la Ley de Consejos de Desarrollo establece que en cada municipio se conforma la Unidad Técnica de Planificación (UTP), integrada por representantes de todas las instituciones presentes en la localidad. En tal sentido, fungen como organismo asesor de la corporación municipal, cuerpo básico del ejercicio del poder local. En todas las localidades municipales en donde hay presencia del Ejército por medio de las zonas o bases militares, un oficial asiste en calidad de miembro de la UTP, que a su vez integra el Consejo Municipal de Desarrollo, participando directamente en el análisis de la situación local (municipal o departamental), así como en la toma de decisiones en materia de desarrollo, seguridad e inversiones.

175.

A la par de adecuar estructuras del Estado para permitir la presencia militar directa o planteando argumentos que en apariencia la justifiquen, el Ejército también ha estado presente en organismos y encuentros tales como foros públicos y eventos de análisis. En lo relativo a su presencia directa, dos casos resultan elocuentes al respecto: la Comisión Nacional de Atención a Refugiados, Repatriados y Desplazados (CEAR) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); ambas delegaciones contaron siempre entre sus integrantes con un oficial del Ejército. De allí que, para el caso de la CEAR, y en múltiples ocasiones, problemas específicos de negociación en asuntos relativos a retornados fueran atendidos por el ministro de la Defensa o su representante. Tal situación se dio, por ejemplo, con el retorno de refugiados en 1985 a San Antonio Tzejá, en Ixcán, en la que intervino directamente el titular de Defensa.¹⁶

176.

El círculo del control castrense se selló con tal intensidad que las instituciones naturales del Estado resultaron vulneradas ante la hegemonía del Ejército. El grado de debilitamiento y deslegitimación al que fueron abocadas por la presencia militar sirvió, a la vez, como garantía de la continuidad del sistema, más allá de la retirada física de los militares a los cuarteles.

177.

Mientras esta presencia gestó mecanismos de relación aparentemente naturales entre el Ejército y la sociedad, las secuelas de la militarización masiva y total son perceptibles en la psicología social e individual. En este sentido, la imposición ideológica y de conducta por parte del Ejército de Guatemala y la expansión de su doctrina contrainsurgente provocó un trastorno constante en la cotidianidad comunitaria y de los individuos. Así, por ejemplo, la obligatoriedad de incorporarse a las PAC en la mayor parte de las comunidades del país agudizó aún más la cultura de violencia y autoritarismo, de falta de respeto a la ley, a la vida y a los valores fundamentales. Igualmente, el reclutamiento forzado de jóvenes para el servicio militar, drásticamente adoctrinados, una vez en filas, violentó y añadió radicalismo esta situación, pues al volver a sus comunidades éstos llevaban ideas, valores y comportamientos diferentes que comunicaban a otros jóvenes. Las nuevas relaciones de poder se basaron en la posesión y en el uso de las armas. Esta reeducación en la violencia transformó la mentalidad y la vida de muchos campesinos, especialmente mayas, que en mayor o menor medida fueron influidos por la militarización.

"También aquí mismo, el patrullar nos causó enfermedad. Caminar y caminar sin descansar todas las 24 horas. No sueño y el agua nos causó enfermedad ... también nos cambió por dentro. Nos hizo beber más alcohol. Como salimos a patrullar y se siente frío, entonces con eso nos protegemos un poco. Pero eso afectó bastante directamente. Una destrucción totalmente. Porque antes habían jóvenes que no sabían tomar eso, pero cuando ya están en la patrulla, entonces de todos modos".¹⁷

"La guerra dejó pues muy negativa la mentalidad es decir que en este país ya no hay nada bueno, echar mejor punta y no importa pero eso porque así es la persona y no nació la persona con esa mentalidad sino por la violencia que surge eso. Hay gente que ahorita tiene su actitud agresiva pero tal vez antes no era así. Ahora es así pero por qué, porque la misma violencia ha cambiado las diferentes actitudes que tiene una persona (...) La gente la enseñaron a matar cuánta gente maya que se fue para prestar el servicio que hoy día pues tiene una mentalidad militarista y ¨quién le va a quitar? Ya no le pueden quitar, es rara la gente que puedan lavarse la mente con jabón bien bien".¹⁸

178.

En el estudio citado de Francisco Beltranena, el autor hace referencia a este proceso, desde una perspectiva que no excluye el fenómeno de preponderancia del militarismo.

"La actitud militar de obedecer en los niveles inferiores las órdenes superiores funciona dentro del ámbito de la disciplina militar. Cuando las formas y los ideales del orden militar invaden las áreas sociales extra-militares y la subconsciencia colectiva de la comunidad política, se está ante la confusión del civismo clásico con el patriotismo militarizado. Cuando la actividad política se identifica por instinto con el carisma del caudillo que interviene como el gran árbitro del destino nacional, las instituciones innovadoras que pretenden matizar los conflictos no pueden competir con el peso de la tradición del arbitraje pretoriano y fracasan".¹⁹

179.

En lo social los procedimientos y una cultura militarista, promovidos tanto por el Ejército como por la guerrilla, vulneraron las estructuras organizativas y comunitarias e introdujeron nuevos criterios para el ejercicio del poder y la autoridad. Basado por tradición en valores de servicio y solidaridad, éste fue permeado por una práctica fundada en la arbitrariedad y la fuerza.

180.

Como secuela de la conformación de las PAC, de los comisionados militares y otros modelos de dirección, por parte del Ejército, se aprecia una conducta de obediencia, un ejercicio del liderazgo esencialmente autoritario y un opresivo control de la población. Un ejemplo representativo se produjo en Santa Cruz del Quiché, donde por mucho tiempo los jefes de PAC de la cabecera impusieron a los patrulleros de los cantones una especie de servidumbre personal y exigencias de contribuciones monetarias, así como amenazas personales e incluso asesinatos antes de la firma de la paz en 1996.

181.

Del mismo modo, en aquellas comunidades o localidades donde hubo fuerte presencia de la guerrilla también se aprecia una relación social vertical y centralizada que, al igual que la anterior, resulta excluyente. La crisis producida en el seno de la comunidad de retornados Victoria 20 de Enero, en Ixcán, Quiché, es buen ejemplo de esta situación.²⁰ 182.

De igual forma, como resultado del proceso de militarización, se hace ostensible un alto grado de polarización de algunas comunidades, aglutinadas en torno a uno u otro líder, generalmente representativo de antiguos vínculos, ya sea con el Ejército o con la guerrilla. Esta situación ha sido constante en las comunidades pertenecientes a la Cooperativa Ixcán Grande. Hasta antes de 1995 las directivas de éstas segregaban y discriminaban a grupos disidentes o que no expresaban apoyo a la guerrilla. A partir de mayo de ese año, cuando se produjo el cambio de jefaturas en las juntas y asumieron la dirección los grupos aislados anteriormente, comenzó entonces una política de persecución y hostigamiento contra grupos organizados en la comunidad, a los cuales acusaron de estar relacionados con la guerrilla.²¹ Las directivas han asumido el control absoluto de la vida de los asociados y niegan a éstos el derecho de organizarse, según garantiza la Constitución Política de la República.

183.

Un factor que ha intensificado la polarización consistía en fomentar, con la asesoría de los oficiales encargados de asuntos civiles, de Comités de Paz y Amistad con el Ejército, y en particular en comunidades de retornados. Dichos comités surgen a partir de que el oficial de asuntos civiles de la zona militar correspondiente establece relación con la comunidad y emprende un proceso de acercamiento. Tal es el caso de las ya mencionadas cooperativas integrantes de la Cooperativa Ixcán Grande. Dichos comités se han promovido tanto en Pueblo Nuevo como en Cuarto Pueblo. A diferencia de los grupos de asociaciones de mujeres o comités de derechos humanos, los llamados Comités de Amistad con el Ejército no encontraron obstáculos para su funcionamiento y en ningún momento su constitución resultó cuestionada por las juntas directivas de las cooperativas.

184.

En definitiva, sin ser necesaria la presencia obvia de militares, su influencia no pasó desapercibida, por los mecanismos de control que algunos grupos sociales han desarrollado. Esos mecanismos han conllevado la conculcación de derechos vitales reconocidos por la ley, sin que las autoridades judiciales y de seguridad se preocuparan por sancionar a los responsables de violarlos.

185.

El autoritarismo se ha apoderado de las mentes y de las estructuras sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Sobre todo en el área rural, donde se mantiene la dependencia de la dirección del Ejército en multitud de órdenes de la vida. En algunos casos implica la participación directa, como en el tema de la seguridad, que parte de la debilidad e inoperancia del sistema civil de protección. La costumbre del control, a fuerza de imponerse, mimetizarse y adaptarse, se ha vuelto cotidiana.

1 El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) fue elaborado por un equipo de oficiales designado por la junta militar que ocupó el poder a partir del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Un importante antecedente del mismo fue el estudio y recomendaciones emanadas del Curso de Comando y Estado Mayor, Mayo-Junio de 1981. Dicho documento recogió las preocupaciones de un sector de la oficialidad con respecto al papel desempeñado por el alto mando, al cual cuestionaron por abandonar la conducción estratégica del combate a la insurgencia. Las recomendaciones y propuestas de dicho material, fueron recogidas en el PNSD, tanto dentro de sus objetivos como en las acciones a emprender. Regrese al Texto

2 Francisco Beltranena Falla. Guatemala: Pretorianismo y Democracia Estratégica, tesis de posgrado, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala 1992, pg. 4 y 7. Regrese al Texto

3 Para un análisis integral de los planes de campaña, véase el apartado respectivo del Capítulo II. Regrese al Texto

4 Centro de Estudios Militares, Evaluación Estratégica, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, Guatemala, abril de 1982, pg. 1. Regrese al Texto

5 Francisco Beltranena Falla, ob. cit., Cap. IX, pg. 10. Regrese al Texto

6 Comité Pro Justicia y Paz, Los Derechos Humanos en Guatemala, febrero de 1984, pg. 306-308. Regrese al Texto

7 Testigo CEH. 1982. Regrese al Texto

8 Testigo CEH. C 11411. 1982. Ixcán, Quiché. Regrese al Texto

9 Testigo (ex funcionario municipal) CEH. Regrese al Texto

10 En esa época dependía del despacho del ministro. Regrese al Texto

11 Procurador de los Derechos Humanos, Informe de labores al Congreso de la República, Guatemala, 1993. Regrese al Texto

12 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Guerra Irregular; Guatemala, 1983, pg. 20. Regrese al Texto

13 Ver CI 103. Regrese al Texto

14 Al respecto véase Organización de Naciones Unidas (ONU), Consejo Económico y Social, Informes sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, presentados por los expertos Christian Tomuschat y Mónica Pinto. Regrese al Texto

15 Bajo la dirección del EMP funcionan servicios de limpieza, alimentación, reparaciones menores, fontanería, entre otros, en la Casa Presidencial. Regrese al Texto

16 Para detalles sobre este caso, véase el apartado sobre desplazados y refugiados. Regrese al Texto

17 Testigo CEH. Líder comunitario. San Pedro Jocopilas, Quiché. Regrese al Texto

18 Testigo CEH. Activista CERJ. Chiché, Quiché. Regrese al Texto

19 Beltranena Falla, ob. cit. "Conclusiones", pg. 2. Regrese al Texto

20 Un grupo minoritario de miembros de la comunidad, que ha expresado desacuerdo con el grupo que la dirige fue excluido repetidamente de los sistemas de toma de decisiones. La acumulación de roces y desacuerdos culminó con un enfrentamiento en el cual el grupo minoritario se apoderó de locales y bienes de la comunidad la cual quedó incluso físicamente dividida. El grupo disidente fue acusado de simpatizar con el Ejército y con base en ese hecho resultó aislado de la vida en la comunidad que ahora funciona con dos alcaldes auxiliares y dos comités de desarrollo. Regrese al Texto

21 En el anexo al sexto informe sobre la situación de los derechos humanos de la MINUGUA, publicado en abril de 1997, se hace alusión al hostigamiento de que fueron víctimas las integrantes de la organización de mujeres Mamá Maquín en Pueblo Nuevo, Ixcán Grande. El local de ellas fue destruido y quemado, como resultado de la prohibición de la directiva de la cooperativa para que dicha agrupación existiera. Al igual que Mamá Maquín, también han sido hostigados los miembros de agrupaciones promotoras y defensoras de Derechos Humanos. 64