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Capitulo
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AFRONTANDO LA VIOLENCIA MOVIMIENTO PRO DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD 614. La violencia política no sólo generó terror, pasividad y silencio. En paralelo y con altibajos en distintas fases del enfrentamiento armado surgieron organizaciones que contra grandes obstáculos salieron a la defensa de los derechos elementales de la persona. Con una composición mayoritaria de familiares de víctimas, estas entidades se dedicaron a la defensa de la vida, aun cuando esta causa todavía implicaba convivir con la amenaza insoslayable de la muerte. A la vez contribuyeron a reivindicar el ejercicio de los derechos ciudadanos, dentro del propio marco legal del país. Su vocación pacífica, así como una actitud crítica hacia las políticas contrainsurgentes que habían llevado a la muerte o desaparición de sus familiares o amigos, fueron firmes y persistentes en su accionar. 615. Ante el carácter contestatario de estas organizaciones el Ejército y los gobernantes de turno respondieron con acciones intimidatorias que incluían las acusaciones públicas de pertenecer a la guerrilla o, en casos extremos, el asesinato y la desaparición de sus miembros.1 La defensa de la vida y de los derechos humanos estuvieron entre las actividades proscritas de hecho por el Estado. Desde la óptica de la contrainsurgencia y la Doctrina de Seguridad Nacional, los activistas pasaron a formar parte del enemigo interno. Aun en los primeros gobiernos civiles se mantuvo la práctica sistemática de deslegitimar e intimidar o reprimir a estos grupos y a sus dirigentes. 616. Por configurar una respuesta relevante de los sectores de la sociedad ante la violencia, esta Comisión reconoce el trabajo de instancias que trascendieron la inmovilidad y el terror, mediante acciones, gestas e iniciativas reivindicativas por la vida, a lo largo y en el núcleo mismo del conflicto. Se resalta el trabajo del Comité de Familiares de Desaparecidos, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Defensoría Maya, Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y las oficinas de Pastoral Social de diversas diócesis de la Iglesia Católica. Asimismo, el del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), Fundación Myrna Mack, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCP), Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH), Alianza Contra la Impunidad (ACI), Convergencia por la Verdad, Fundación Rigoberta Menchú, Fundación de Antropología Forense de Guatemala (EAFG) y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEGUA), entre otras.
617. En varias de las agrupaciones citadas vale resaltar el decisivo papel jugado por mujeres guatemaltecas que encabezaron los esfuerzos en contra de la impunidad y la militarización, así como en favor de las víctimas y del respeto de los derechos humanos en Guatemala especialmente desde mediados de los años ochenta. 618. En las siguientes páginas se describen las acciones que realizaron estas organizaciones, iniciando con los esfuerzos en favor de los desaparecidos que abrieron espacios para otro tipo de acciones en pro de los derechos humanos como las exhumaciones y las luchas contra la militarización y la impunidad, que en los últimos años del enfrentamiento jugaron un papel central en el resurgir de la organización social y de la lucha por la vida.
Lucha contra la desaparición forzada 619. La creciente práctica de desaparición forzada se convirtió en un eje de la existencia nacional, que demandó respuesta desde sus orígenes, sobre todo por parte de los familiares. En este sentido generó también una respuesta social contraria al terror, mediante la sensibilización de personas y sectores no necesariamente vinculados a organizaciones sociales reivindicativas, exceptuando con la insurgencia. 620. A lo largo del enfrentamiento armado, madres, hermanos, esposos, esposas e hijos, en diversos sitios y tiempos, emprendieron diversas acciones a fin de establecer el paradero y destino de sus seres amados. Estas acciones empezaron en los años sesenta, muy caracterizadas por la valentía de los familiares. Como contrapeso al terror, que alcanzaba dimensiones cada vez mayores, se articularon algunos esfuerzos de solidaridad por parte de las organizaciones estudiantiles que dieron apoyo y continuidad a estos esfuerzos individuales.
"Yo moví cielo, mar y tierra y nos abocamos a la AEU ... cada persona que le desaparecían a sus parientes la llamábamos para que nos uniéramos. Participamos con una manta el Primero de Mayo y nuestra manta decía: 'Familiares de las Víctimas de la Represión' ... yo hablé en la Concha Acústica [del Parque Centenario( ese 1968 y hubiera sido capaz de todo por saber de Pepe. Esos años fueron terribles".2 621. Con el apoyo del Bufete Popular y de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) se conformó el Comité de Familiares de Desaparecidos, a finales de los años sesenta. Integrado por padres y madres de profesionales o estudiantes detenidos y luego desaparecidos, el Comité realizó acciones de búsqueda de sus seres queridos mediante recursos legales que resultaron inútiles. También recurrieron a la confrontación directa con las autoridades, en particular durante los gobiernos de Carlos Manuel Arana Osorio y Kjell Eugenio Laugerud García, entre 1970 y 1978. Fueron los primeros pasos de grupos organizados en defensa del derecho a la libertad y a la vida, amparados por la Constitución institucionalmente vulnerados. 622. Otro temprano reclamo público que se conoció fue el realizado a favor de Juan Luis Molina Loza, desaparecido el 13 de enero de 1971;3 era hijo de una actriz de radionovelas apreciada popularmente y de un servidor público también conocido en los medios capitalinos. El 9 de marzo de 1971 la progenitora se instaló en el Parque Central, frente al Palacio Nacional, con un cartel que decía: "Soy la madre del licenciado infieri Juan Luis Molina Loza, hoy entro en ayuno permanente, hasta que el Gobierno ponga interés en que mi hijo aparezca. Marzo 1971". La respuesta del Gobierno de aquel entonces presidido por Arana Osorio, fue mandar una ambulancia de la Policía Nacional y enviar a la demandante al hospital neurosiquiátrico. En poder de la CEH obra un documento que consigna las acciones emprendidas por la familia, que continuó realizando diversas gestiones a favor de recuperar al hijo desaparecido. Ante la humillación perpetrada por el Gobierno y lo infructuoso de los intento, se siguió sosteniendo una lucha que luego se convirtió en un espacio compartido para muchas madres y esposas.4 623. Durante los años ochenta, una de las activistas del que después sería denominado Grupo de Apoyo Mutuo, inició acciones a título privado para descubrir el paradero de su esposo. Estas acciones lindaban, en muchos casos, con los límites de la seguridad propia.
"Me recibió el de la G-2, cuando yo fui al quinto nivel del Palacio Nacional ... no se podía ni entrar ... y eran como inductos cerrados, oscuros. El estaba con la cara tapada -yo nunca supe quién era él- y me recibió con pistola en mano ... y me dijo: 'Nosotros secuestramos guerrilleros, secuestramos criminales. Pero como dice que su esposo es tal y tal, verdad que no fuimos? No le dije yo. Ellos admitían que eso hacían, por amor a la Nación".5 624. También en el interior del país los familiares y amigos de personas desaparecidas se movilizaron con espontaneidad. Así, en el lugar conocido como Pachaj, municipio de Comalapa, Chimaltenango, el 19 de marzo de 1980 se descubrió un botadero de cadáveres, a raíz de la búsqueda de Nehemías Cúmes, un importante líder comunitario, secuestrado días antes. Un grupo de estudiantes bajó al fondo de la vertiente y descubrió los primeros seis cadáveres y, tras dos días de intensa labor por parte de los bomberos voluntarios, se recuperaron no menos de veintiséis cuerpos. La noticia fue cubierta durante una semana por varios medios informativos, motivando la presencia de decenas de personas del resto del país, en un renovado intento de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos.
"Muchas familias se hicieron presentes, entre ellas las esposas de los hermanos Obregón, secuestrados en San Antonio Suchitepéquez, hace más o menos 16 semanas. Otros llegaron de la capital, otros de Escuintla... También llegaron familiares del señor Oscar Leonel Córdoba, locutor de radio Nuevo Mundo, secuestrado hace unos 12 días en Huehuetenango. Esta persona es hermano del dirigente sindical Mario Mujía Córdoba, asesinado en ese departamento".6 625. Otro caso resaltable es el de varios padres de familia que siguieron de cerca la desaparición de siete jóvenes de la comunidad Natividad de María, municipio de la Reforma, San Marcos, luego de la llegada de tropas procedentes de la zona militar número 18 y del destacamento de Santa Ana Berlín, el 20 de enero de 1982. A partir de ahí, harían innumerables esfuerzos, llegando incluso a hablar con el general Efraín Ríos Montt, quien les dijo, según un testigo, que si sus hijos estaban vivos cuando él entró, entonces estaban vivos; si no, entonces no había nada que hacer.7 Los jóvenes nunca aparecieron. 626. Familiares de personas desaparecidas en la década de los ochenta, coincidieron en diversos lugares en búsqueda de sus parientes, en emergencias de hospitales, morgues, centros de detención, botaderos de cadáveres. Algunos empezaron a convocar el apoyo de instituciones de gran prestigio en el país, como la Iglesia Católica y la USAC. Luego se delineó una de las respuestas colectivas para superar la indefensa pasividad ante el terror.
"A mí me transformaron, yo era una persona muy pacífica, pero el que se hayan llevado a mi hermano me indignó mucho y ya no sentía miedo sino coraje de seguir luchando ... Yo hubiese querido ser mala para poder vengarme, principalmente cuando oía a los militares, especialmente a Mejía Víctores ... Nos habíamos visto en la morgue, en la policía y en diferentes partes pero nunca habíamos hablado; entonces allí, esperando que monseñor nos atendiera, empezamos a platicar. Lo más doloroso era que visitaba las morgues todos los días y veía la forma como dejaban a la gente. En algunos casos pude observar a hombres que les quitaron sus órganos genitales y que los tenían dentro de la boca, otras personas que estaban sin ojos, sin orejas, sin nariz ... (sin embargo(, eso le fortalecía a uno para seguir luchando, seguir adelante y decir basta ya, ya no más secuestros, ya no más asesinatos' ... y es así como yo me involucro a la lucha, a trabajar, para tratar de denunciar, ser el dedo índice para estar señalando tanto secuestro y tanta saña, tanta maldad, no hay temor de Dios, no hay temor de justicia, no hay temor de nada".8
Apoyarse mutuamente 627. Estas y otras voluntades dieron lugar el surgimiento del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Se presentó en público el 4 de junio de 1984, impulsado por un pequeño núcleo de mujeres capitalinas que buscaban a algún pariente desaparecido, entre ellas Nineth Montenegro, María Emilia García, esposa y madre de Edgar Fernando García; María del Rosario Godoy de Cuevas, esposa de Carlos Ernesto Cuevas Molina; Raquel Linares, madre de Sergio Linares, y Aura Elena Farfán, hermana de Rubén Amílcar Farfán.9 Ellas convocaron a familiares de personas desaparecidas en todo el país, así como a aquellas organizaciones humanitarias internacionales que desearan acompañarlas.10 El GAM creció muy pronto con la incorporación de numerosas mujeres mayas de diversos puntos de país.
"Cuando nosotros nos reunimos éramos la misma cosa, éramos todas del área metropolitana y clase media... [fue] una sorpresa para nosotras... cuando de repente... empezamos a recibir visitas de muchísimas mujeres indígenas... (que) nos contaban: ... Qué bueno que ustedes estén organizadas, a mí me secuestraron no sólo a mi esposo, mi hermano, mi hijo, mi yerno, -¨y cuándo fue, en el ochenta y cuatro? 'No en el ochenta.'- ¨Y por qué no lo había denunciado'? -Porque no había a quien denunciarlo, no había organización y teníamos miedo'. Fue sorprendente para nosotros, era la mayoría ... Así fue como la mayoría de mujeres indígenas se fueron incorporando. Iniciamos un grupo de 25 mujeres, todas ladinas, [y] nos sirvió para sensibilizarnos con nosotros mismos los guatemaltecos, porque con esa falta de identidad, verdad, nuestro propio mundo, nuestro trabajo, no nos damos cuenta de la realidad de casos tan dolorosa y dramática, quizá mucho más dolorosa y dramática que la nuestra todavía. Porque además del sufrimiento, del dolor, de la impotencia de estar en el campo y sin un solo centav o... y ver a estas mujeres con un montón de niños, era decir, bueno ... tenemos que conocer nuestra identidad ... ahí descubrimos el tema de las masacres, de genocidios, la política de tierra arrasada...". 11 628. El surgimiento del grupo se dio en condiciones de alto riesgo, con el movimiento social desarticulado por a los altos índices de represión y todos los espacios de reivindicación social cerrados y estigmatizados. En 1984 el Ejército desató una ofensiva para aniquilar lo poco que quedaba de tales organizaciones. La población tuvo que enfrentar de nuevo la violencia y represión, que arrojó día tras día nuevas víctimas pertenecientes al desfallecido movimiento organizado. También se enfrentaron con la actitud de los gobernantes que criminalizaban a sus seres queridos desaparecidos, ensanchando así la herida de la pérdida.
"Estuve entrevistándome también con el general Mejía Víctores, en ese entonces jefe de Estado, él fue tajante también, me dijo: ¨En qué actividades andaba su hermano? -Bueno, trabajaba- pues era el trabajo que hacía en el sindicato, no pensaba yo que anduviera en algo incorrecto. -'Señora, a saber en qué babosadas andaba metido; entonces ... no me arrepiento de lo que se ha hecho con toda esta gente, porque son guerrilleros, son comunistas ... y si mi madre fuera comunista o guerrillera, a ella también la capturo'... así de sencillo ...". 12 629. Tal como se ha evidenciado en párrafos anteriores, las personas que en los años setenta se manifestaron al respecto recibieron, por parte del Estado, la connotación de personas trastornadas mentalmente. En los años ochenta, a la agresión física y psicológica se agregaría la apatía e indiferencia como recurrente respuesta de los representantes del Estado, incluidos los presidentes de sucesivos gabinetes. Ahora, en cambio, los activistas y sus organizaciones eran sindicados por el Ejército de estar manipulados por la guerrilla.
"De repente nos llaman a nosotras de comunistas, subversivas, enemigas del Estado, nosotras, mujeres que antes éramos trabajadoras, madres de familia y que estábamos sufriendo, éramos víctimas de la violencia ... Mejía Víctores nos dijo: 'Miren señoras, ¨ustedes saben qué están haciendo? Están haciendo lo que están haciendo en Argentina las madres de la Plaza de Mayo, y ustedes están haciendo lo mismo, saben qué: ellas son guerrilleras ... ustedes van a arruinar al Estado de Guatemala ...".13 630. Durante sus primeros meses de existencia el GAM recibió escasa cobertura en los medios de comunicación nacionales. Ante la indiferencia y la falta de voluntad estatal se realizó la toma de instituciones importantes por parte de la naciente organización. La ocupación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue una de las acciones más importantes.
"Tenía como objetivo que se incluyera en la nueva Constitución la figura de preso político, porque no se podía construir el futuro desconociendo el pasado'... Cuando nos tomamos la ANC nos quitaron los megáfonos para que no interrumpieran la sesión, pero el chispazo, me fui a comprar pitos a la primer tienda para hacer bulla, éramos 300 las que pitábamos...".14 631. Progresivamente, el movimiento fue cobrando mayor resonancia e hizo visible una de las heridas nacionales más profundas. El GAM adquirió presencia entre las distintas organizaciones sociales, y en un momento dado llegó a brindar refugio a activistas perseguidos pertenecientes a diferentes organizaciones sociales.15 Para algunas personas la búsqueda de sus hijos desaparecidos se convirtió en un hecho cotidiano. Al GAM, que en una primera época agrupó a centenares de mujeres, ladinas y mayas, se sumaron, además, padres y hermanos de desaparecidos. Uno de ellos, el padre de una joven mujer desaparecida, se convirtió en un símbolo público en las manifestaciones y vigilias del grupo.
"El había entrado al GAM para buscarla y había hecho la promesa que se dejaría crecer la barba hasta que apareciera su hija. En las fotos del GAM se le puede ver con la foto de su hija ... y la gran barba blanca ...".16 632. La misma existencia del GAM, sus vigilias y denuncias pusieron al descubierto las acciones violatorias de los derechos humanos. Las reacciones del Estado no se hicieron esperar,17 llegaron contundentes bajo el empleo de los mismos métodos de amedrentamiento y terror. El amor a la vida encontró respuestas violentas: el asesinato de dos activistas del GAM en tiempos del general Mejía Víctores: en primera instancia, Héctor Gómez Calito18 y pocos días después, María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, junto a Mynor René Godoy Aldana y Augusto Rafael Cuevas, hermano (21 años) e hijo (dos años), respectivamente. 633. El día 30 de marzo de 1985, Héctor Gómez Calito fue secuestrado en el trayecto de la capital cuando iba hacia su casa en Amatitlán, luego de una reunión con el GAM. Su cuerpo fue localizado dos días después en el Parque de Las Naciones Unidas, Amatitlán, con evidentes señales de tortura.19 634. Rosario Godoy de Cuevas había tomado la palabra con motivo del entierro de Gómez Calito, habiendo denunciado con anterioridad las amenazas vertidas por el entonces Jefe de Estado. Cuatro días después, luego de recibir constantes amenazas telefónicas, salió de su casa de habitación, haciéndose acompañar de su hermano y su pequeño hijo para realizar unas compras en un centro comercial cercano a su residencia. Los cuerpos de los tres fueron encontrados dentro del vehículo con múltiples golpes y los cráneos destrozados. Rosario presentaba, además, evidencias de violación sexual, y su hijo señales de tortura. El Estado asumió una clara actitud de encubrimiento del hecho. El Secretario de Relaciones Públicas del Gobierno adujo públicamente: "...una vez se agote la investigación, el Gobierno estará en posibilidad de demostrar que se trató de un accidente de tránsito".20 635. En 1986, con el Gobierno civil, se creó la expectativa de poder aclarar la situación de las personas desaparecidas. Sin embargo, la respuesta de éste fue el llamado al perdón y olvido, ante el planteamiento de formar una comisión investigadora por parte del GAM.
"Vinicio, cuando era candidato, va a la catedral, nos dice: Miren, sálganse de la catedral, denme su apoyo y yo les prometo, que yo sé dónde están las cárceles clandestinas, porque muchos de los compañeros están detenidos y desaparecidos y yo sé dónde están, llegando yo a la presidencia, les prometo que les voy a ayudar ... a él lo que le interesaba era tener el apoyo de una organización que en ese momento era muy fuerte como era el GAM ... para hacer impresión y ganar en la cuestión electoral ... después él ... empieza a tener muchas presiones del Ejército ... El inicia una campaña de calumnias, desprestigiando a través del Estado Mayor Presidencial, para aniquilar al GAM, para hacerlo desaparecer, o sea, empieza a olvidar la causa, hacer que la población olvide y para Guatemala es fácil olvidar, aquí todo lo olvidamos pronto... incluso llegan a extremos de vigilar nuestros teléfonos, nuestras familias, en el período extremo ... empieza a aniquilar nuestra vida privada ... Fue otra dimensión, o sea que no lo mataban por las balas, pero sí con la calumnia y el desgaste y ése es más fuerte que el otro ...".21 636. Durante el mandato presidencial de Vinicio Cerezo desapareció otra activista del GAM. María Rumualda Camey el día 15 de Agosto de 1989 fue secuestrada en su casa ubicada en la finca Nueva Concepción, Escuintla. A éste se sumaron otros atentados, como el secuestro y asesinato de Eleodoro Ordón Camey, Aurelio Lorenzo Xicay, Martín Chitay, Eusebio Camey, Victoriano Camey; atentados contra el GAM, con fechas 15 de agosto de 1989, 12 de octubre de 1992, 8 de septiembre de 1993; allanamiento de las instalaciones el 27 y 29 de octubre de 1993; desaparición forzada de Francisco Guarcas Cipriano el 19 de octubre de 1993; secuestro, durante una hora, de Mario Polanco; amenazas de muerte y vigilancia ininterrumpida contra Nineth Montenegro y Mario Polanco, entre otros.22 Aunque estos hechos afectaron a sus activistas, el GAM continuó con sus campañas en favor de los desaparecidos.
Las exhumaciones 637. Hacia finales de los años ochenta, la búsqueda de los desaparecidos entró en una nueva etapa. En junio de 1988 se hizo la primera exhumación de un cementerio clandestino; hasta la fecha de cierre de las investigaciones de la CEH, se habían realizado por lo menos 63 más (Véase Apéndice 11).23 Estas acciones promovidas por diversas organizaciones de derechos humanos han evidenciado no sólo la práctica de la desaparición forzada, sino también han desenterrado las huellas innegables de muchas masacres. 638. La necesidad de realizar exhumaciones de centenares de cementerios clandestinos y ocultos es un planteamiento recurrente en muchos de los testimonios que se presentaron a la CEH y constituye uno de los elementos más importantes del proceso de recuperación de la memoria colectiva. Contribuyen a la reparación del tejido social comunitario y generan variadas expectativas de justicia, así como nuevas pautas socioculturales de comprensión, asimilación e interrelación con la vida y la muerte.24
Estas actividades abren ante nuestros ojos un nuevo panorama, la posibilidad de recuperar las osamentas de nuestros familiares detenidos-desaparecidos... Es una tarea difícil, si tomamos en cuenta los problemas que éstas suscitan; el primero de ellos surge cuando el Ministerio Público resta importancia a este tipo de denuncias, al margen de que las autoridades locales y el gobierno de la República tampoco brindan la colaboración necesaria para poder llevar a cabo este tipo de actividades.
"Por otro lado, el reconocimiento de las osamentas se torna difícil, aunque en muchos casos los familiares conocen perfectamente el sitio donde las víctimas fueron masacradas por el Ejército de Guatemala, y recuerdan la indumentaria que vestían, no es suficiente para hacer legal el reconocimiento de las osamentas. A pesar de esta situación, los familiares sienten la satisfacción de haber encontrado al ser querido que por tantos años han buscado en hospitales, centros de detención, anfiteatros, etc. A lo anterior se suma la sepultura legal que se les brinda a las osamentas encontradas, lo que constituye un rito religioso, un duelo sacrosanto para los familiares, y la satisfacción de encontrar un sitio donde poder rendir el culto correspondiente al ser amado".25 639. La lucha en favor de los desaparecidos articuló varias instancias y líneas de acción interdependientes y complementarias. Como parte de ellas surgió FAMDEGUA el 16 de junio de 1992, que, entre otras actividades, dio un fuerte impulso a las exhumaciones. Se destaca en particular la exhumación de la aldea Dos Erres, en el departamento de Petén, realizada en el mes de julio de 1994 y en los meses de mayo a julio de 1995. Esta exhumación rescató 162 osamentas de quienes habían sido habitantes de dicha aldea, masacradas por el Ejército del 5 al 8 de diciembre de 1982. 640. Con estos esfuerzos se intenta contribuir a esclarecer los casos específicos, rescatar la dignidad de las víctimas y poner de manifiesto la profunda necesidad de resarcir y reparar el daño causado. El siguiente relato es elocuente al respecto; al dar su testimonio, un declarante sacó de su morral unos huesos y parte de la dentadura de una de las víctimas que cargaba consigo y dijo:
"Me duele mucho cargarlos ... como cargar la muerte ... no voy a enterrarlos todavía... Sí quiero que descanse , descansar yo también, pero todavía no puedo ... Son la prueba de mi declaración ... no voy a enterrarlos todavía, quiero un papel que diga a mi: 'lo mataron las patrullas por culpa del Ejército y que no tenía delito, que era inocente ... entonces vamos a descansar".26
Lucha contra la militarización 641. La lucha contra la militarización fue impulsada por muy diversas entidades y logró mayor contundencia especialmente a partir del trabajo de organizaciones conocidas como parte de los sectores surgidos de la represión y la impunidad. Además del GAM, resalta el importante trabajo del CERJ, la Defensoría Maya, CONDEG y CONAVIGUA. Son, en esencia, organizaciones indígenas surgidas para recuperar a sus comunidades del control militar y para asegurar el respeto de los derechos humanos. Con el paso de los años formaron parte del movimiento maya, que posteriormente tuvo incidencia importante en el proceso de paz.27 642. La agudización del enfrentamiento armado interno condujo a la presencia militar en la totalidad del territorio, mediante la instalación de zonas, destacamentos, puestos de mando y de avanzada militar. Esta masiva presencia militar, sus efectos desestructurantes en las comunidades y, especialmente, las violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, generaron asimismo respuestas y reacciones de las comunidades. Estas se dieron a través de variadas formas de organización, movilización y denuncia, adoptando en determinados momentos, acciones de mucha valentía, tanto a nivel individual como comunitario. 643. Las organizaciones que implementaron acciones en contra de la militarización, se caracterizaron desde sus inicios por mantener una lucha en condiciones de alto riesgo, asimismo por un profundo arraigo comunitario, manifestando su rechazo a la participación obligada en las PAC, así como al reclutamiento militar forzoso y su carácter discriminatorio. 644. Una de las respuestas comunitarias más importantes en contra de la presencia del Ejército en las comunidades se dio en Santiago Atitlán, Sololá, durante el mes de diciembre de 1990, luego de la masacre perpetrada por el Ejército destacado en el lugar. Los vecinos de Santiago Atitlán, herederos de una tradición organizativa, habían soportado vejaciones permanentes especialmente desde la instalación del destacamento militar en Panabaj en 1980. Esta misma situación les hizo diseñar formas de respuesta colectiva para auxiliarse cuando se produjeran estos actos. Efectivamente, la madrugada del día 2 de diciembre se habían hecho sonar las campanas de la Iglesia, señal para que la gente saliera a la defensa de quienes pudieran estar sufriendo alguna agresión. Las centenares de personas que respondieron al llamamiento y que después manifestaron su repulsión por los acosos continuos delante del destacamento fueron poco después blanco de las balas de la tropa del destacamento.28 645. Luego de la masacre de 14 personas esa madrugada, los vecinos de Santiago se organizaron y mandaron delegaciones a la capital para denunciar los hechos y buscar apoyo para su decisión de expulsar al Ejército de su municipio. Presentaron un memorial a la Presidencia de la República en el cual consignaban su capacidad de protegerse colectivamente. Con ello, la presencia del Ejército quedó deslegitimada en el municipio. Del mismo modo, diversos sectores de la sociedad que habían guardado silencio respecto a las múltiples violaciones sucedidas durante años en el país, se pronunciaron públicamente contra esta nueva atrocidad. Ante la indignación profunda de los guatemaltecos y la presión internacional, el Gobierno civil, ordenó la retirada del destacamento del lugar. Los elementos castrenses acataron retirarse, pero consignaron que la decisión no era una muestra de tibieza ante los civiles.29 646. La lucha por la desmilitarización del municipio implicó también la salida de la Policía Nacional. De la misma manera, los vecinos manifestaron su repudio a la presencia de fuerzas regulares de la guerrilla que operaban en la zona, demandando que éstas respetaran también la decisión de la población de excluir del municipio cualquier presencia militar de las partes. De este modo, la lucha contra la militarización abarcó todas aquellas manifestaciones, grupos y formas de violencia armada en el municipio, culminando así, una etapa de terror, hostigamiento y arbitrariedad militarizada en contra de la población civil del lugar. 647. En esta manifestación casi inédita de lucha contra la militarización del país, se conjugaron elementos socioculturales y políticos importantes.
"Así hasta que llegó el 2 de diciembre del 90 que nos despertamos. Habíamos soñado que iba a haber una gran fiesta y nosotros ofreceríamos comida y a cambio nos dejan un espacio de tierra. Al escuchar las campanas como que iba a haber fiesta y se levantaron, porque ellos saben el significado de la campana cuando hay algo especial y llegó mucha gente ese día, mucha gente que nunca se habló, se hablaron; enemigos ... se dieron la mano; animaron a muchos y decidieron enfrentar la situación. Ya muchos comenzaron a contar sus sueños, tengamos fe en nuestro trabajo, comenzaron a recordar los nombres de los que les dejaron y cabal sucedió la masacre, pero no importa porque la voz fue escuchada, la sangre fue vista por el mundo y eso nos llamó la atención y nos dio fuerza y nos dio tristeza a la vez, pero al mismo tiempo nos contentamos un rato. Vino mucha gente, hombres, mujeres, GAM... todos en solidaridad con Santiago Atitlán. Ahí es donde sentimos el peso y el valor".30 648. Las acciones de los Tzutujiles de Santiago fueron gestadas mediante la organización, la movilización silenciosa y la fuerte adscripción a su cosmovisión y legado cultural. Fueron factores clave para vencer el miedo, la religiosidad y el milenario conocimiento de los ritmos de la resistencia.
"Esto nos lo han enseñado desde tiempo muy antiguo y que no podemos olvidar ... La gente dice 'Maximón quitó el miedo ... Dios dio una fuerza increíble a la gente que se animó. Dios escuchó a la gente y ya es la hora, el momento que tiene que pasar eso. Se derramó sangre pero no importa porque se logró lo que se quería ... por los nahuales tuvieron el valor de enfrentar ese tipo de situaciones' ... porque los hechos no llegan a su tiempo. El problema llegó a su tiempo y la solución no fue antes porque no llegó su momento. Dios tiene su plan y los mayas tienen su calendario".31 649. La lucha contra la militarización se dirigió también contra la figura del comisionado militar y las Patrullas de Autodefensa Civil, principalmente en las comunidades mayas del país. El rechazo a la participación obligada en las PAC y a los abusos de muchos jefes de las mismas, así como de los comisionados, coincidió en varios lugares con el repudio al reclutamiento militar forzoso y discriminatorio. Aunque las acciones en contra del reclutamiento tienen sus raíces en los años setenta, las luchas contra la militarización comunitaria alcanzaron un nuevo perfil especialmente durante la última década del enfrentamiento armado, en el contexto del largo proceso de la transición política. 650. Estas luchas de resistencia se dieron, por ejemplo, en el marco de la movilización de muchas de las aldeas kaqchikeles de varios municipios de Sololá en 1993. Con un claro planteamiento de la preservación de la integridad comunitaria, buscaron eliminar la figura del comisionado de sus comunidades. A los comisionados que quisieron seguir como tales no se les impidió, pero se les puso condiciones. Un testigo de la CEH recordó la campaña de esta manera:
"[Les decíamos] miren señores a partir de ahora ustedes ya no son comisionados militares ... Unos dijeron, ustedes no pueden sacarme a mí, porque yo estoy voluntariamente con el jefe ... Entonces hicimos una nota en cada cantón, dijimos entonces si ustedes no quieren salir está bien, pero cuando el Ejército diga hay que reclutar jóvenes lleva tu hijo lleva a tu sobrino y cuando el Ejército pida leña lleva a tu señora, a tu hija, a tu sobrina a traer leña al Ejército ... cuidado si vas agarrar un joven ... una señora para hacer tortillas, si agarrás aquí te vamos a expulsar del cantón, esa es la ley que propusimos en toda la región".32 651. El CUC, GAM, CONDEG, CERJ y CONAVIGUA protagonizaron muchos de estos esfuerzos. El trabajo de CONAVIGUA, dirigida por Rosalina Tuyuc, mujer Kaqchikel, fue especialmente novedoso, en gran medida por tratarse de una organización de mujeres mayas que provenían de centenares de aldeas del interior del país. Después de su formación en 1988, mucho de su trabajo se centró en la denuncia y acciones en contra de la militarización comunitaria, así como la situación discriminatoria hacia la mujer indígena.
"Pues lo que para nosotras es un orgullo es que por primera vez en estos cinco siglos que se logra una organización sólida de mujeres indígenas y campesinas y que fuimos nosotras mismas las que entramos a dirigir esa organización, a diseñar propios objetivos y estructura, porque casi siempre eran los hombres los que hablaban por las mujeres, por el dolor, por la discriminación y en esta ocasión fuimos nosotras las que empezamos a hacer esa lucha ... aunque no se dice pero en la práctica es una lucha completa de género...".33 652. A los planteamientos humanitarios e intentos de ejercer los derechos democráticos de estos sectores emergentes producto de la represión y la impunidad, se sumaron otros esfuerzos de organizaciones que se rearticularon en el país a partir de mediados de los años 80. Ante el trabajo de estas organizaciones el Ejército respondió nuevamente con la criminalización. Se dieron señalamientos del ministro de la Defensa y del vocero del Ejército, acusando a sus activistas de seguir lineamientos de la insurgencia, convirtiéndolos en objetos de represión en sus comunidades.34 653. Uno de los hechos que más resaltan es el caso de María Mejía, activista de la aldea Parraxtut, Sacapulas, Quiché, ejecutada extrajudicialmente por patrulleros y comisionados militares el 17 de marzo de 1990, luego de organizarse en CONAVIGUA. Había sido una de las impulsoras de la organización en su comunidad, especialmente en contra de la participación forzada en las PAC.35 654. En el mismo sentido, el 3 de agosto de 1993 se realizó una manifestación masiva en contra de los abusos de las PAC en el municipio de Colotenango, Huehuetenango. Tras el regreso de los manifestantes residentes de las aldeas de Xémal y La Barranca, miembros de las PAC les atacaron indiscriminadamente. En el acto murió Juan Chanay Pablo, anciano de 64 años de edad, y quedaron gravemente heridos Miguel Morales Méndez y Julia Gabriel Simón, de 19 y 16 años de edad, respectivamente.36 Ante este hecho, las organizaciones que convocaron a la manifestación presentaron denuncia del caso a instancias nacionales con el apoyo de la pastoral social de la Iglesia Católica en Huehuetenango. Se emitieron órdenes de captura contra los patrulleros que perpetraron el hecho, pero nunca fueron ejecutadas. Como respuesta a la inoperatividad del sistema judicial nacional, este caso fue llevado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual abrió proceso el 8 de noviembre de 1993. Con esto, el Gobierno negoció una salida amistosa al asunto e indemnizó a las víctimas y familiares de las mismas; hizo igualmente un reconocimiento público de los abusos perpetrados por las PAC del lugar. 655. Otro aspecto importante en la lucha contra las PAC fue el apoyo de instancias de defensa de los derechos humanos no ligadas al movimiento social guatemalteco, que brindaron asesoría jurídica y seguimiento de casos ante los tribunales. Asimismo, con la entrada en vigencia del nuevo marco constitucional en 1985 se crearon instancias gubernamentales dirigidas a la atención de los derechos ciudadanos, como el Procurador de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad. La primera de éstas se sumó a los señalamientos vertidos por organizaciones del movimiento social y la Iglesia Católica en contra de las PAC. 656. En febrero de 1994, el Procurador de los Derechos Humanos presentó una resolución ante el Congreso en la que exigía la derogación de la ley que estableció las patrullas civiles, basándose en la Constitución, las múltiples violaciones de los derechos humanos atribuidos a las PAC y porque las autoridades militares no frenaban esos abusos ni ejercían el control necesario sobre aquellas. Según esta resolución, en vez de contribuir al desarrollo, paz y tranquilidad, -como lo adujo repetidamente el Ejército- las PAC habían servido para sembrar el temor y la zozobra en las comunidades. Con lo anterior quedaron validados los esfuerzos de las comunidades mayas que habían sufrido la violencia y la militarización contrainsurgentes en carne propia. 657. Como producto de estos esfuerzos, así como por los avances en el proceso de negociación de la paz, durante los primeros años de la década de los 90 ya se había logrado la desintegración efectiva de las PAC en algunos lugares. Pero sólo hasta 1996 se llevó a cabo su desmovilización oficial, proceso que inició en Colotenango, Huehuetenango, mediante un acto realizado el 9 de agosto, con el cual el Gobierno intentó resarcir moralmente a esa comunidad, luego de reconocer públicamente las violaciones realizadas por éstas en aquel lugar. En el discurso oficial, la presidenta de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH) recordó "aquél lamentable hecho sucedido en el año 1993 en esta comunidad, cuando fueron atacados varios manifestantes, resultando muerto el señor Juan Chanay Pablo y heridos los señores Julia Gabriel Simón y Miguel Morales Mendoza".37 Para la CEH, la desmovilización de las PAC, el resarcimiento y el reconocimiento público de las violaciones perpetradas por los patrulleros en el lugar son un valioso aporte por parte del Estado para alcanzar la reconciliación nacional.38 658. Los esfuerzos dirigidos hacia la desmilitarización del país también incluyeron acciones en contra del reclutamiento militar. Aun cuando éste tiene un carácter obligatorio dentro de la Constitución guatemalteca, la manera discriminatoria como fue ejercido a lo largo del enfrentamiento armado interno devino en constantes violaciones de los derechos humanos. Por tanto las respuestas más relevantes en contra de éste, surgieron mayoritariamente de las comunidades mayas objetos principales de esta práctica. 659. En Sololá fue el nuevo liderazgo juvenil, asociado a las autoridades tradicionales encarnadas en los ancianos, el que desarrolló una fuerte resistencia al reclutamiento militar discriminatorio forzado, con base en el argumento de su carácter violatorio a la integridad de las comunidades mayas.
"En octubre de 1992 el Ejército se metió al mercado de Sololá a hacer reclutamiento, los padres fueron a la oficina de la Comisión Indígena de Derechos Humanos y las comunidades decidieron enfrentar al Ejército contra el reclutamiento militar forzado... Hicimos una comisión y nos fuimos a la zona militar ... unas cien personas [pidieron hablar con el comandante y dijeron], mire señor comandante todos los que están ahorita aquí son representantes de las comunidades y venimos a entregar un memorial, juntamos 15 mil firmas... Es la petición del pueblo de Sololá y queremos que sea respetado ... un joven es sagrado no puede separarse con su papá, no puede separar de la familia, este joven es la unidad de la familia y el joven es el sustento diario de los padres por la cual no queremos [el reclutamiento militar]; otra razón es que porque dice usted, si la Constitución Política dice todo joven de 18 años es obligado a servicio militar, entonces por qué los ladinos no presentan sus servicios militar pues, sólo nosotros [los indígenas]".39
Lucha contra la impunidad 660. La transición política que dio paso a gobiernos civiles y abrió el diálogo entre gobierno y guerrilla, contempló la conformación de instituciones gubernamentales que debían velar por los derechos humanos, la aplicación del debido proceso legal y la consecución de un Estado democrático de Derecho. Desde la sociedad se empezaron a articular diversas iniciativas para ensanchar los todavía endebles espacios para la actuación ciudadana. Sin embargo, de forma recurrente, las demandas de justicia toparon con la inoperancia de las diferentes instancias del sistema judicial del país, situación que se reveló cada vez más contradictoria en una coyuntura de discurso político de la apertura y la democratización. 661. En este contexto, el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 199040 y los arduos esfuerzos realizados durante dos años y medio para lograr la condena del autor material del crimen, constituyeron el punto de partida en la lucha contra la impunidad. Cobró importancia especial el empeño de Helen Mack, hermana de la profesional ejecutada, desarrollando diversas acciones que abrieron importante brecha en la lucha contra la impunidad en Guatemala. 662. Entre los logros concretos más importantes del caso son la condena del sargento mayor Noel de Jesús Beteta Alvarez y el juicio abierto en contra de sus superiores. En particular, el proceso que llevó a la condena de Beteta Alvarez hizo evidente la participación del Ejército guatemalteco en la perpetración de este tipo de crímenes.
"... salió a luz que sí era posible llegar a sentencias condenatorias, de que iba a ser una lucha difícil ... pero había que hacerlo ...".41 663. La lucha contra la impunidad, que se fue articulando alrededor del caso se dirigió a mover el sistema de justicia que amparaba los diversos mecanismos, acciones y autores de la política contrainsurgente. De esta manera se convirtió en un nuevo esfuerzo colectivo en contra de la militarización del país y a favor de la consecución del Estado democrático de Derecho. Así, la exigencia para que funcionaran los preceptos y procedimientos del cuerpo jurídico contenido en la legislación nacional brindó un complemento fundamental a las acciones de denuncia.
"Marcó una diferencia, no fue la denuncia por la denuncia, sino que al mismo tiempo iba documentada para que la ley se cumpliera tal cual como debió haber sido siempre, o sea lo que veíamos era todo un sistema, leyes que existían que no eran malas, el problema era la aplicación, es decir, la no aplicación por miedo ... pero ya articulado todo un movimiento de apoyo por ejemplo de organizaciones internacionales. Todo ese ánimo se fue contagiando, independientemente de que fueran o no, activistas de los derechos humanos; el solo hecho de que los militares empezaran a recibir un castigo, fueran cuestionados; romper el silencio y el cambio de actitud para aceptar que los militares realmente merecen ser llevados a los tribunales porque casi todos han sufrido su abuso". 42 664. Las acciones contra la impunidad se han desarrollado, no sólo en la ciudad capital, sino también se han emprendido procesos importantes en las comunidades mayas. En estas gestiones se ha buscado la pena judicial en contra de los responsables de masacres, secuestros, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. Entre las acciones más importantes emprendidas en esta dirección cabe señalar la utilización de mecanismos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que los tribunales nacionales se hayan mostrado todavía limitados para impartir justicia. Uno de los casos claves se refiere al proceso llevado en contra de un ex comisionado militar, acusado de innumerables hechos de violencia, entre los que se incluyen múltiples asesinatos y violación sexual, en el departamento de Quiché.
"Un caso que nosotros llevamos, es el juicio en contra de uno de los responsables de tantas masacres en la zona de El Quiché ... Este señor salió absuelto ... En el primer juicio oral hubo una gran discriminación contra muchos de los testigos que son mujeres [mayas]. Ante esto nosotras optamos por llegar a juicios a nivel internacional...".43 665. La firma del Acuerdo de Oslo, en el que se estableció el mandato para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, abrió otra vertiente en el debate social sobre justicia e impunidad. Provocó fuertes discusiones en el seno de organizaciones de la sociedad civil respecto al posible decreto de una amnistía general. Esta se perfilaba en ciertos medios políticos como una medida necesaria para la reconciliación nacional y motivó inconformidad de los sectores que realizaban trabajo en contra de la impunidad en el país. De esas discusiones nació la Alianza Contra la Impunidad, que aglutinó diversas organizaciones buscando consenso respecto a la posición a adoptar frente a los acuerdos que se discutían en ese momento. 666. Este proceso de discusión culminó con la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional, que establece una serie de extinciones de responsabilidad penal con respecto a ciertos delitos cometidos en el enfrentamiento armado. A la vez establece que la "extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala".44
Recapitulando 667. A lo largo del período del enfrentamiento armado surgieron respuestas individuales y colectivas ante los efectos deshumanizantes y denigrantes de la violencia. Los fundamentos esenciales de éstas fueron la solidaridad humana, la defensa del derecho a la vida y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia. En muchos casos requirieron de un cambio de actitud de sujetos expuestos a condiciones de alta fragilidad para que pudiera trascender la inmovilidad producida por el terror y la violencia. Mediante acciones participativas en un contexto de dolor y desesperanza, se crearon mecanismos de soporte y apoyo para las personas y grupos que enfrentaron historias similares. Estas coincidencias les identificaron e impulsaron a realizar esfuerzos más articulados y organizados para seguir defendiendo su dignidad y contribuyendo a forjar nuevas aspiraciones de respeto a los derechos humanos y paz. 668. Las nuevas organizaciones de defensa de los derechos humanos representaban esfuerzos importantes para afirmar nuevos principios de convivencia social y contribuir a la restauración del tejido social. Aunque emergieron desde los sectores más afectados por el enfrentamiento -familiares de víctimas y comunidades sobreviventes-, sus reivindicaciones trascendieron de inmediato a otros sectores más amplios de la sociedad. Aportaron con una nueva conciencia de la necesidad de la justicia, el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de Derecho como requisitos de la democracia. 669. En los últimos años del enfrentamiento armado se hizo evidente que la relación entre la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad reside no sólo en su valoración compartida de la vida y la justicia, sino también en su cuestionamiento de la raíz histórica de la impunidad. Así, en los años 90 muchas instancias confluyeron en la búsqueda de mecanismos y estrategias civiles a fin de arrebatar el espacio de poder y preeminencia del Ejército sobre la vida social guatemalteca en detrimento del Estado democrático de Derecho.
1 CI 48. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 2 CI 41. Junio de 1967. Escuintla. Regrese al Texto 3 C 127. Enero de 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 5 Testigo (activista GAM) CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto 6 La Nación, 22 de marzo de 1980, pg.1, y Prensa Libre, 21 de marzo de 1980, pg.8. CI 16. Julio, 1978. Huehuetenango. Regrese al Texto 7 C 1790. Enero 1982. San Marcos. Regrese al Texto 8 Testigo REMHI. Activista de FAMDEGUA. Regrese al Texto 9 CI 48. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 10 "La Iglesia jugó un papel trascendental para el surgimiento del GAM... Se hacían misas mensualmente en la Catedral de la ciudad de Guatemala, para darles fortalecimiento espiritual a los familiares de los desaparecidos y desaparecidas; fue ahí donde se fueron conociendo distintas familias y personas que posteriormente se unirían en torno a una demanda común: el rescate con vida de los desaparecidos ... Por la misma situación represiva imperante en el país el GAM no contaba con sede propia y Brigadas Internacionales de Paz prestaban su local para planificar sus actividades ... de esta manera Brigadas actuó como cobertura humanitaria, acompañando a los dirigentes del GAM, pensando que sería menos probable que los dirigentes del GAM fueran secuestrados en compañía de extranjeros", citado del GAM, "GAM, 1984-1998", Guatemala, abril de 1998. Regrese al Texto 11 Testigo (activista del GAM) CEH. (T.C. 84) . Regrese al Texto 12 Testigo REMHI. Fundadora del GAM. Regrese al Texto 13 Testigo (activista del GAM) CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto 14 Testigo (fundadora del GAM) CEH. (T.C. 383). Regrese al Texto 15 GAM, ob. cit . Regrese al Texto 16 Testigo (activista de derechos humanos) CEH. (T.C. 232). Regrese al Texto 17 El 2 de febrero de 1985 el jefe de Estado acusa a las miembros del GAM de estar manejadas por subversivos y amenaza con tomar represalias. Cuando un periodista le preguntó respecto a cuáles serían, le contestó: "las conocerás cuando las veas", La Palabra, 22 de marzo de 1985, pg. 15. Regrese al Texto 18 Gómez Calito se había integrado al GAM con el propósito de lograr el aparecimiento con vida de su hermano mayor, René Gómez Calito, quien había sido desaparecido. Era miembro de la directiva y al momento de su muerte se desempeñaba como vocero oficial de la organización. También una hermana de Gómez Calito había sido capturada el 10 de agosto de 1982 y sometida a múltiples torturas y violaciones; posteriormente la liberaron pero fue acosada por sus mismos torturadores durante año y medio, quienes le pedían información y le decían que su "salario era estar con vida". Véase C 29. Agosto de 1982. Regrese al Texto 19 Le habían cortado la lengua y destruido el cráneo; con la muerte de Gómez Calito se cumplía la amenaza hecha días antes por el jefe de Estado. CI 35. Regrese al Texto 20 El Gráfico, 9 de abril de 1985, y CI 35. Abril de 1985. Regrese al Texto 21 Testigo (activista del GAM) CEH. (T.C. 84). Regrese al Texto 22 GAM, ob. cit. Regrese al Texto 23 Aunque las primeras exhumaciones fueron dirigidas por antropólogos forenses extranjeros, la demanda comunitaria ha llevado a la creación de tres equipos de técnicos guatemaltecos, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Proyecto de Exhumaciones de la ODHA y el Equipo de Exhumaciones de CALDH. Regrese al Texto 24 Fernando López, "Reparación del imaginario colectivo", en Azacuán Número 2, año 1, Guatemala, junio de 1998, pg.15. Regrese al Texto 25 Informe de Cementerios Clandestinos, Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala, agosto de 1998. Regrese al Texto 26 Testigo CEH. C 16503. Mayo de 1982. Regrese al Texto 27 Véase apartado sobre el movimiento indígena en este mismo Capítulo. Regrese al Texto 28 Para profundizar en los hechos véase CI 6. Diciembre, 1990. Sololá. Regrese al Texto 29 CI 6. Diciembre, 1990. "De acuerdo a las instrucciones específicas del Señor Presidente ... sin que esto evidencie debilidad o tibieza se efectuará el traslado del Destacamento Militar de Panabaj al lugar que oportunamente se seleccione dentro de la jurisdicción de la Zona Militar 14 de Sololá...". Regrese al Texto 30 Testigo CEH. Diciembre, 1990. Santiago Atitlán, Sololá. Regrese al Texto 31 Testigo CEH. Diciembre de 1990. Santiago Atitlán, Sololá. Regrese al Texto 32 Testigo (líder kaqchikel) CEH. (T.C. 266). Regrese al Texto 33 Testigo (kaqchikel, activista de CONAVIGUA) CEH. (T.C. 111). Regrese al Texto 34 Siglo Veintiuno, 6 de Marzo de 1993. Regrese al Texto 35 Testigo CEH. CI 52. Mayo, 1990. Quiché. Regrese al Texto 36 CI 5. Agosto, 1993. Huehuetenango. Regrese al Texto 37 Transcripción literal del discurso de la presidenta de COPREDEH, contenido en el Informe de la CIDH, párrafo 15, pg. 549. Regrese al Texto 38 CI 5. Agosto de 1993. Regrese al Texto 39 Testigo (líder kaqchikel) CEH.. (T.C. 266). Regrese al Texto 40 CI 85. 1990. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 41 Testigo (activista de Derechos Humanos) CEH. (T.C. 233). Regrese al Texto 43 Testigo (activista CONAVIGUA) CEH. (T.C. 111). Regrese al Texto 44 Artículo 8, Decreto Número 145-96, aprobado por el Congreso de la República el 23 de Diciembre de 1996 y publicado en el diario oficial el 27 de Diciembre de 1998. 208 |
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