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Capitulo
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Capitulo
III
LA RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL
ORGANIZACION SOCIAL
191. En la sociedad guatemalteca ha surgido una rica gama de organizaciones que en distintos momentos sirvieron como vehículos de participación, autogestión, presión y protesta. Frente a una realidad caracterizada por la exclusión estas organizaciones han sido importantes canales para los intentos destinadas a mejorar las condiciones básicas de vida de amplios sectores de la población. Organizaciones de desarrollo y promoción local, cooperativas, asociaciones estudiantiles y de profesionales, sindicatos y asociaciones gremiales, partidos de centro e izquierda, ligas campesinas, entidades de defensa de los derechos humanos, agrupaciones de pobladores o de población desarraigada, asociaciones pro-cultura maya, así como Acción Católica y otras iniciativas promovidas por las iglesias, han constituido parte de este tejido organizativo. En conjunto han conformado un movimiento social que representa y aglutinan esfuerzos y reclamos plurales de participación y transformación. Aunque generalmente ha existido de forma dispersa, en ciertos períodos, especialmente hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta, dicho movimiento logró un grado significativo de coordinación a nivel nacional. 192. A lo largo del enfrentamiento armado, dirigentes y miembros de estas organizaciones fueron reprimidos y estigmatizados por el Estado que, al aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional, los convirtió en su enemigo. No obstante, en medio del control y la represión, durante todo el período de las hostilidades se trató de mantener vivas las organizaciones o fundar otras nuevas, aprovechando y ampliando los estrechos espacios políticos permitidos. El movimiento social hubo de soportar diversos tipos de oleaje en esta época: momentos de reorganización y auge de movilización a los que sucedían etapas de represión y destrucción. Así la represión determinó que el movimiento social tuviera que reconstituirse casi con cada generación durante las últimas cuatro décadas. Esto lo ha dejado fragmentado y con una institucionalidad debilitada a través de los años, limitando las posibilidades de participación democrática y de superación por parte de los sectores que lo conforman. En este sentido, se ha obstaculizado la formación de capital social, es decir, el conjunto de organizaciones, instituciones e interrelaciones que facilitan la gestión de la sociedad, la cooperación y la resolución pacifica de conflictos, componentes esenciales para el desarrollo de cualquier país. 193. A la vez, el intervencionismo de la insurgencia en algunas organizaciones sociales en momentos claves, especialmente a partir de finales de los setenta, limitó su autonomía y las desnaturalizó de hecho, convirtiéndolas en receptoras de las directrices insurgentes. Asimismo, este involucramiento llevó a conflictos intestinos que desembocaron en divisiones que repercutieron en la unidad del movimiento social y propiciaron su fragilidad. Las organizaciones sociales durante el conflicto 194. Luego de las movilizaciones de marzo y abril de 19621 el movimiento social entró en un período de relativa inactividad y recomposición, como consecuencia de la represión vivida durante y después de tales acontecimientos, buscando sortear los espacios cerrados por el Gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia para impedir la participación política y social.2 Este Gobierno mantuvo controladas las actividades de las organizaciones colectivas, incluyendo los sindicatos. De ahí que, cuando se convocaron huelgas como la de los trabajadores del Hospital General, en enero de 1966, la respuesta del régimen a las demandas de aumento salarial fue militarizar las instalaciones de ese centro de salud.3 195. Durante la presidencia de Julio César Méndez Montenegro los espacios para canalizar la participación política se mantuvieron limitados. Sin embargo, varias organizaciones lograron desarrollar en el campo social un trabajo de bajo perfil, que incluía actividades de reorganización, sobre todo en el sector sindical, y algunas acciones reivindicativas de carácter económico. En el área rural la Iglesia Católica emprendió proyectos de desarrollo comunitario como cooperativas, centros de capacitación para catequistas y promotores de salud, programas de radio y otros servicios humanitarios. El partido Democracia Cristiana se vinculó al trabajo comunitario que realizaba la Acción Católica en varios lugares del país. En esta dinámica se inserta la creación en 1968 de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), también de orientación democristiana, que además de aglutinar a los sindicatos urbanos, unió a ligas campesinas y a cooperativas. No obstante, sus acciones reivindicativas no empezaron a sentirse sino hacia de 1974 cuando ya estaba al frente del Gobierno el general Kjell Eugenio Laugerud García. 196. Al mismo tiempo los grupos insurgentes también buscaban su recomposición. El PGT, en concreto, tenía como uno de sus ejes de trabajo el movimiento social. Desarrolló trabajo en la USAC, dentro del movimiento sindical y en el interior del país para ampliar las posibilidades legales de la lucha política. También buscó alianzas con los partidos políticos de centro-izquierda. Asimismo, las FAR promovían el trabajo sindical, así como la organización estudiantil en el nivel secundario y en la Universidad de San Carlos, para ganar base política, así como para el reclutamiento en sus filas. 197. Por su parte, el Gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio vulneró aun más los espacios de participación política para las organizaciones sociales así como el ámbito de los partidos de centro a izquierda, conjurando cualquier tipo de actividad que fortaleciera la oposición a las medidas gubernamentales. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en este régimen llevó a cateos casa por casa y a la implantación del toque de queda en la capital, así como al asesinato o desaparición de importantes líderes políticos, estudiantiles y sindicales, entre ellos Adolfo Mijangos López, Juan Luis Molina Loza4 y Tereso de Jesús Oliva. Fueron también encarcelados dirigentes políticos de renombre como Alberto Fuentes Mohr.5 198. En enero de 1971 cerca de 30 y 40 estudiantes de educación media y universitaria fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad; la mayoría eran dirigentes o miembros de asociaciones estudiantiles, algunos de ellos ligados a la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT). Aunque casi todos fueron consignados a los tribunales de justicia, uno de ellos:
"Julio Ovando Urquizú fue detenido por las Fuerzas de Seguridad y sometido a torturas. El nunca apareció. También como secuela de esto fue muerto a balazos el dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades, Marco Antonio Leoni6 ... Todos los abusos que se cometieron con los detenidos de esos hechos de enero de 1971 constituyen un solo caso ... se trató de un grupo muy grande de personas, principalmente jóvenes".7 199. Estas capturas desbarataron el movimiento estudiantil secundario y universitario a los pocos meses de instalado el Gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, definiendo con claridad su política respecto las organizaciones sociales opositoras, especialmente aquellas que trabajaban en la clandestinidad. 200. Manuel Cordero Quezada fue una de las personas a quienes siempre se persiguió por sus vínculos con el movimiento estudiantil y con el Partido Guatemalteco del Trabajo.
"Fue asesinado el 21 de septiembre de 1971. Siempre que había alguna conmoción tenía que esconderse porque con mucha frecuencia era seguido por agentes de la Policía o su casa era cateada ... Por lo menos una vez tengo presente que se escapó brincando por una pared trasera y por un barranco escapó de policías y elementos del Ejército que lo fueron a buscar a la zona 5. En otra ocasión lo detuvieron en su trabajo en el Ministerio de Economía, en la dirección de Comercio Exterior ... Mantuvo una vida azarosa, siempre escondiéndose cada vez que había alguna cuestión".8 201. Desde el Gobierno se fomentó la estigmatización en general del movimiento social y de los partidos políticos de oposición, a los que se acusaba de ser parte o estar manipulados por el movimiento insurgente. Esta estigmatización consistió no sólo en relacionar a las organizaciones sociales o a sus miembros con la insurgencia, sino en ejercer una vigilancia permanente de sus integrantes y en coyunturas especiales capturarlos. Mario López Larrave, asesor sindical, fue permanentemente perseguido aunque nunca militó con la insurgencia. Un informe de la sección de archivos del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional muestra el seguimiento que se hizo de su persona, así como lo incorrecto de los datos asignados:
Con fecha 24 de junio de 1957. Ref. al movimiento armado contra la base militar del Puerto de San José. Con fecha 8 de enero de 1959. Se informa sobre perro de éste que lo mordió. Con fecha 1 de agosto de 1961. Se comenta su cambio de la directiva del SAME donde es asesor jurídico por haber viajado a Cuba el 26 de junio de 1961. Con fecha 1 de octubre de 1962. Sin antecedentes Con fecha 12 de julio de 1964. Ha viajado tras la cortina de hierro y a Cuba, lista de 219 comunistas. Con fecha 22 de marzo de 1971. Como guerrillero actúa en Gualán.9 202. Asimismo, se trató de descalificar a los dirigentes y a sus organizaciones, desprestigiándolos. En este sentido, se mantuvo a lo largo del conflicto un discurso persuasivo que logró calar en los guatemaltecos. Ser militante de un partido político de oposición o dirigente comunitario, sindical o estudiantil era sinónimo de comunista o guerrillero, términos que a la vez eran sinónimos de terrorista. La constante repetición de este discurso provocó no sólo deserción de las organizaciones sociales, sino que disminuyó la confianza popular en los líderes. 203. En la segunda mitad del gobierno de Kjell Laugerud García se asistió a un despliegue mayor del movimiento social, derivado de una apertura parcial promovida por el régimen, como corolario de la organización y acciones generadas para hacer frente al terremoto que sufrió el país en febrero de 1976. Fue en los cuatro años posteriores al terremoto que el movimiento social alcanzó un auge parecido al que se produjo durante los gobiernos de la Revolución de 1944. 204. Esta apertura no significó que se dejara de culpar a los miembros de las organizaciones sociales de integrar la estrategia para implantar el comunismo en el país. Fueron utilizados escuadrones de la muerte para mantener esta estigmatización.
La amplitud que alcanzó el movimiento social durante el período de Laugerud García incluyó la organización de sectores que tradicionalmente no habían participado en movimientos políticos a escala nacional, sobre todo en el interior del país, donde el movimiento campesino se amplió con el desarrollo de Acción Católica, y el ascenso de ligas campesinas y las cooperativas. De especial importancia fue el surgimiento inicial del movimiento maya al plantear reivindicaciones de no discriminación y el derecho a mantener su cultura. Tal fuerza, más su actitud contestataria, sirvieron de pretexto para que la represión contra el movimiento social llegara a tener características inusitadas durante el siguiente Gobierno, el del general Romeo Lucas García.
"Fue la determinación de una política de Estado, primero se intentó cortar el derecho de utilización de las zonas semaforizadas, el centro de la ciudad que provocó un enfrentamiento en 1974, pero era una política; al movimiento hay que acorralarlo; después vino la represión ya fuerte pero muy selectiva, después fue masiva, ya indiscriminada".10
"Fue una política de Estado ... eran Gobiernos militares, donde el Presidente efectivamente tenía el poder, la autoridad ... entonces nosotros sí creemos que había una decisión de asesinar sistemáticamente a los líderes, porque empezaron por los líderes nacionales, los más conocidos ... pero después continuaron con los líderes locales. Los catequistas, cientos de catequistas fueron asesinados, es decir hubo varias etapas".11
Desarticulación del movimiento social. 206. Entre 1978 y 1983, tras la presión que el movimiento social generaba, dado su crecimiento y la maduración de sus objetivos políticos y sociales, el Estado utilizó la represión para desestructurar cualquier organización social considerada "atentatoria" contra el régimen establecido. Durante estos años las centrales sindicales, las organizaciones de pobladores, los catequistas y miembros de Acción Católica, las asociaciones indígenas, los movimientos campesinos, estudiantiles, la USAC y las organizaciones de profesionales y de otra índole fueron duramente golpeados. La postura de presión que muchos ejercían terminó debido a la muerte, desaparición o exilio de sus líderes y afiliados de base. Muchos de los sobrevivientes evitaron reanudar la actividad con sus organizaciones, otros negaron pertenecer a ellas debido al clima de terror que ya se había generalizado en el país.12 207. Durante este período los partidos políticos de centro e izquierda también se convirtieron en blancos importantes de la represión estatal. Desde la instauración en 1954 de los gobiernos conservadores habían funcionado mecanismos que obstaculizaban la participación de las corrientes políticas de corte socialista o que reivindicaran los valores de los gobiernos de la Revolución de Octubre, así como activaban campañas de persecución contra de sus miembros.13 Sin embargo, los golpes se tornaron más contundentes durante el Gobierno del general Romeo Lucas. 208. Los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr, del Partido Social Demócrata (PSD), en enero de 1979, y de Manuel Colom Argueta, del Frente Unido de la Revolución (FUR), en marzo del mismo año, sacudieron a los medios políticos del país.14 Especialmente en la capital y en otros centros urbanos estas muertes se entendieron como el anuncio de que no se iba a permitir el desarrollo de ninguna oposición político-electoral en el país, aunque operara con respeto al modelo político y ajustada al marco jurídico en vigor. 209. En los meses subsiguientes, decenas de dirigentes medios y de base sufrieron atentados o fueron ejecutados o desaparecidos; otros partieron al exilio.15 Una vez eliminados sus máximos líderes y perseguidos sus militantes, estos partidos se vieron profundamente vulnerados, ya que se encontraban en procesos de estructuración y consolidación que los hacían endebles todavía. Según un dirigente que sobrevivió a ese período, "eso explica también por qué el FUR se destruye; es decir, lo mataron, lo desmantelaron".16 210. En el mismo período muchos líderes medios de la Democracia Cristiana Guatemalteca (PDCG) también fueron asesinados, especialmente en el interior del país. Como consecuencia de la muerte y persecución de los integrantes de los partidos de centro e izquierda, estas organizaciones quedaron diezmadas y, con excepción del PDCG, no han fructificado los intentos por mantenerse como fuerzas políticas en el país. Como secuela, durante casi quince años el espectro político quedó truncado de opciones electorales, y todavía es notoria la falta de líderes de corrientes progresistas que posean experiencia en la práctica parlamentaria y en asuntos del Estado. 211. La Iglesia Católica también fue objeto de la represión. El 30 de junio de 1978 fue brutalmente asesinado el sacerdote guatemalteco Hermógenes López Coarchita, párroco de San José Pinula, Guatemala.17 Días antes del asesinato, el padre Hermógenes denunció públicamente su desacuerdo con un proyecto de abastecimiento de agua que afectaba a la población de San José Pinula y se pronunció en contra de que los jóvenes de su comunidad fueran reclutados a la fuerza por el Ejército para prestar servicio militar. Tras la muerte de Hermógenes se desató una ola de represión contra miembros de la Iglesia Católica que se agudizó durante los años siguientes. 212. La represión contra diversos sectores se hizo sentir cada vez con mayor fuerza durante este período. En efecto, más del 60% de las víctimas identificadas por la CEH como miembros de partidos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas o asociaciones estudiantiles fueron registradas durante los años 1978-83. La organización social en sí, aunque actuara dentro del marco de los derechos ciudadanos que garantizaba la Constitución de la República, se convirtió en un blanco fundamental de las acciones represivas del Estado.
"Toda organización tenía que ser decapitada de acuerdo con las normas de ellos. ¨Por qué, quiénes son ellos? Necesariamente los poderes y no solamente el poder político, sino el poder económico y el militar ... ustedes podrán ver cuántas gentes nos mataron, universitarios, muchos indígenas. ¨Por qué? Porque hay que cortar las cabezas que nos pueden causar problemas ... lo importante era acabar con la organización, [porque] si a algo le han tenido miedo es a la organización ... y entonces, claro que cualquier cosa que huele a organización para ellos es criminal".18
"Creo que el Ejército ... la estrategia militar tendió, no sólo a debilitar al movimiento, sino a destruirlo. Es decir, porque una cosa es que hubiera atacado en determinado momento a elementos que consideraba estaban ligados al movimiento revolucionario y que en principio fue una represión selectiva, a una represión generalizada que tendía al aniquilamiento del movimiento sindical, a un grupo totalmente desarmado y con formas de protesta garantizadas en la Constitución de la República".19 213. También los líderes comunitarios fueron considerados peligrosos para la seguridad nacional y se les eliminó. Un ejemplo lo constituye el caso de Rosalinda Cabrera Muñoz. En una visita del ministro de Gobernación a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, éste preguntó al alcalde quién era la persona en ese lugar con más liderazgo, "capaz de manejar a un pueblo"; y se le contestó que era Rosalinda. Dos meses después ella se convirtió en una nueva víctima al ser asesinada el 12 de agosto de 1980.20 214. Los escuadrones de la muerte siguieron actuando en este período. Constantemente aparecían listados de personas acusadas de ser comunistas y de desestabilizar el régimen, que serían ejecutadas por ellos. Esta práctica de las listas, aunque venía desde la década de los sesenta, mantenía intacto su efecto psicológico en la población y principalmente en los miembros de las organizaciones sociales. A partir del asesinato del líder estudiantil universitario Oliverio Castañeda de León21 el 20 de octubre de 1978, cuyo nombre apareció dos días antes en un comunicado del Ejército Secreto Anticomunista (ESA), los líderes de las organizaciones sociales consideraron que aparecer en los listados era fatídico. Esto produjo el aislamiento de quienes podrían convertirse en víctimas y, por supuesto, de las organizaciones a las que pertenecían. El temor a convertirse en una nueva víctima determinó que muchos decidieran marchar al exilio. 215. A pesar del efecto paralizante del terror y del temor que provocaba la represión en este período, la respuesta del movimiento social fue continuar su movilización con una intensidad extraordinaria, como en un constante desafío. Las protestas por los asesinatos de líderes políticos y sociales, como Manuel Colom Argueta, convirtieron sus entierros en manifestaciones multitudinarias. Igual sucedió después de la masacre acaecida en enero de 1980 en la embajada de España. Cuando se procedió a enterrar a las víctimas, el movimiento social se volcó a participar, aunque se le seguía reprimiendo; en ese mismo acto fueron asesinados los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España. El caso más conocido de secuestro en ese mismo año es el de Lilian Negreros, cuyo cadáver apareció el 20 de marzo junto con el de otras 37 personas en un barranco profundo en las cercanías de San Juan Comalapa, Chimaltenango.22 216. Sin embargo, poco después los efectos más paralizantes del terror fueron calando hondo. Cuando ocurrió desaparición forzada de por los menos 25 sindicalistas de la CNT el 21 de junio de 1980,23 hubo manifestaciones importantes para exigir su reaparición con vida, pero el terror creciente también indujo al alejamiento a muchos sindicalistas pertenecientes a esa central. Los familiares presionaban para que los integrantes de los sindicatos se retiraran, ya que para el Estado, "en esos días ser sindicalista era ser un terrorista".24 217. La Iglesia Católica también sintió los efectos profundos de la represión. En julio de 1980, el obispo de Quiché, Juan Gerardi Conedera, tomó la decisión de cerrar la diócesis luego del asesinato de varios agentes de pastoral. De modo análogo, el movimiento estudiantil se fue replegando, y en la Universidad de San Carlos la escalada de muertes, desapariciones y personas que estaban saliendo al exilio sembraba un profundo temor a participar.
"Conforme fue avanzando el proceso ... [la participación en] los entierros se va reduciendo, al extremo que el entierro del licenciado Figueroa,25 ya fue un entierro muy débil a pesar de la gran popularidad que tenía en la Universidad. Era un profesor muy querido en la Universidad ... pero ya iban los muy amigos, los familiares y de los estudiantes ya iban con capucha".26 218. A partir de 1980 la represión creció en la ciudad y en los centros urbanos del interior del país, y en 1982 se intensificó en el campo hasta alcanzar su máxima expresión. En algunos casos las organizaciones desaparecieron y en otros se vieron obligadas a revisar sus planteamientos de trabajo. Los contados líderes que quedaron debieron trabajar en la clandestinidad para mantener latente el germen de la organización, cuyo desarrollo durante la década anterior había costado tantos esfuerzos asentar. Estas condiciones provocaron también que muchos decidieran engrosar las filas de las organizaciones insurgentes.
"Entonces en realidad lo que pasó es que ellos, al realizar la represión generalizada, realmente lo que hicieron fue crear el monstruo al que le tenían miedo. O sea, empujaron a toda la gente a meterse en la guerrilla, y ahí se masificó la guerrilla, pues la represión original del Gobierno de Lucas García es la responsable de la masificación de la guerrilla, porque la gente decía: o nos vamos o nos organizamos".27 219. Fueron pocos los sindicatos que mantuvieron su organización aun en términos de sobrevivencia y el movimiento estudiantil universitario pasó a desarrollar su trabajo en la clandestinidad. La Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM) prácticamente desapareció. Los partidos políticos de centro e izquierda se vieron forzados a abandonar sus espacios públicos de participación. 220. Es decir, los líderes del movimiento social habían sido borrados del mapa político del país y por lo tanto la experiencia que habían acumulado quedó anulada. El Estado, a través de sus aparatos de represión, logró barrer la organización social que se había fortalecido a finales de la década de los setenta.
"Ahora ya no hay organización ... a la gente ya le quedó la idea de que las organizaciones son malas, traen problemas, la gente ya rechaza las organizaciones".28
En busca de la reorganización 221. En 1984 el movimiento social inició un nuevo esfuerzo de organización con planteamientos y demandas que incluían las reivindicaciones laborales de corte tradicional y otras vinculadas a los efectos sociales del enfrentamiento armado. Comenzaron a notarse algunas acciones sindicales como la actualización de las luchas reivindicativas del sindicato de la Coca-Cola29 y surgieron agrupaciones de defensa de los derechos humanos como el Grupo de Apoyo Mutuo. En este proceso fue importante que con el nombramiento de Próspero Penados del Barrio como arzobispo de Guatemala en 1983, muchas organizaciones sociales encontraron en la Iglesia Católica un respaldo para revivir, abrirse paso y reconquistar espacios de opinión y participación. 222. Asimismo, comenzó a hacerse pública la existencia de los refugiados en México y los grupos que luego se llamarían Comunidades de Población en Resistencia, dibujándose un nuevo cuadro del movimiento social. Sin embargo, tanto las antiguas como las nuevas expresiones de organización social fueron objeto de la represión, ya que seguía vigente la Doctrina de Seguridad Nacional. 223. Dicha represión selectiva abarcó a líderes sindicales, estudiantiles y profesionales. Los porcentajes de víctimas de estos sectores, que habían bajado en 1983, volvieron a aumentar en 1984, significativamente en los sectores sindical y estudiantil. Uno de los casos más contundentes de esta oleada violenta fue la desaparición forzada este año de los integrantes del directorio de la AEU, que operaba en la clandestinidad desde 1978.30 Carlos Ernesto Cuevas, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Castañón Fuentes y Héctor Interiano Ortiz fueron desaparecidos en el mes de mayo y con ello se decapitó la lucha estudiantil. Entre 1985 y 1986 el movimiento estudiantil universitario prácticamente dejó de existir. Este acontecimiento supuso otra quiebra en la continuidad del proceso organizativo estudiantil y en la acumulación de la experiencia. Luego de esto, la recuperación de la AEU discurrió con gran lentitud, y su directiva no volvió a ser completamente pública hasta 1989.31 224. También los líderes sindicales que trataron de reconstituir sus plataformas de acción sufrieron una serie de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, como muestran los casos de Fernando García, del sindicato de CAVISA,32 y Rubén Amílcar Farfán, del sindicato de la Universidad de San Carlos.33 Al mismo tiempo se buscó descalificar a las nuevas expresiones de la sociedad civil, vinculándolas una vez más con las organizaciones insurgentes. El panorama volvió a oscurecerse:
"En ese período [febrero 1984], cuando secuestran a mi esposo ... yo encuentro una situación terrible de desesperación. No hay movimiento sindical, no hay movimiento estudiantil, no hay prácticamente nada en Guatemala, la gente ha salido al exilio, la otra gente está desaparecida, la otra asesinada".34 225. Al instalarse el Gobierno de Cerezo Arévalo en 1986 el movimiento social volvió a levantarse. Fue posible aprovechar la nueva Constitución, que ampliaba la libertad de organización a los trabajadores de entidades públicas, así como la modesta apertura de espacios políticos, que era parte del proceso de transición. En este contexto, la Iglesia Católica emprendió una importante labor pastoral con los refugiados que empezaban a regresar, así como con las Comunidades de Población en Resistencia. Importantes fueron también las diferentes coyunturas marcadas por movilizaciones de protesta por el alza de precios, que dieron lugar a la confluencia de las organizaciones en la formación de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) en 1988. 226. Un año de convulsión social fue 1989, especialmente a partir del intento de golpe de Estado del 9 de mayo.35 Los meses de agosto y septiembre fueron los más difíciles para las organizaciones sociales. En agosto fueron asesinados Danilo Barillas, líder demócrata cristiano, y René Estanislao López, miembro de la juventud de ese mismo partido. También estallaron bombas en diferentes puntos de la ciudad: frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos, en Brigadas de Paz Internacionales (una ONG de acompañamientos internacionales que apoyaba al GAM y otras organizaciones guatemaltecas) y frente a las instalaciones del GAM, donde se encontraba refugiada la familia de María Rumualda Camey, activista de esa institución secuestrada el 16 de agosto.36 227. Entre agosto y septiembre se convirtieron en nuevas víctimas de desapariciones o ejecuciones arbitrarias diez de los dirigentes de la AEU.37 Los líderes que no fueron atacados tuvieron que salir al exilio, y en diciembre de ese mismo año, otro miembro de la coordinadora de la AEU fue asesinado. Este nuevo golpe recordó a la organización estudiantil y al movimiento social en general que no se iba a permitir situarse fuera "del marco de acción definido por el Estado por lo que, desde su óptica, era necesario recurrir a la represión para regresarlos al redil".38 Con estas acciones se volvió nuevamente a la práctica de la represión selectiva del Estado y se redujeron las áreas de participación política que se habían abierto al inicio del Gobierno civil de Cerezo. 228. Ya en los años noventa la participación en el proceso de paz representa el punto principal de la presencia de las organizaciones sociales en la vida política del país. La Asamblea de la Sociedad Civil, que aglutinó a la mayoría de organizaciones del movimiento social existente, así como a sectores eclesiales, políticos y empresariales, fue la instancia a través de la cual se hicieron propuestas al Gobierno y a la guerrilla durante las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Paz. 229. En este sentido, las distintas reuniones que tuvieron en 1990 los partidos políticos, el sector religioso y el sector sindical con la URNG, fueron un factor importante de presión sobre la guerrilla y el Gobierno para situar a ambos en el camino de la negociación. La participación que la sociedad civil tuvo hasta la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, se caracterizó por altas y bajas, pero constituyó una novedosa experiencia de incidencia participativa en el sistema político para estos sectores.
"Yo digo que el aporte más grande es haber contribuido a llegar a una solución política y negociar, en muchas ocasiones al llegar en los centros donde se estaba discutiendo el temario sobre la paz pues, nosotros irrumpimos esos lugares para hacer escuchar todos nuestros planteamientos, no sólo desde el acuerdo de identidad, sino también, como mujeres, digamos, afectadas por la guerra, en el Acuerdo de Reasentamiento, así como para la Comisión del Esclarecimiento Histórico, llegamos hasta Noruega por eso, fuimos a México, fuimos en distintos lugares, para hacer que todas las propuestas pudiesen ser aceptadas".39 230. Esto no implica que la reestructuración que experimentó la sociedad civil a raíz de su participación en el proceso de paz la liberara de la dinámica represiva todavía presente. Mientras por un lado se dio un importante desarrollo de las organizaciones sociales, por el otro continuaba el clima de amenazas, desapariciones o asesinatos de sus líderes. La política de represión continuó a lo largo del enfrentamiento, aunque desde los años noventa fue mucho menos intensa que en las dos décadas anteriores. El Ejército seguía actuando sobre la base de una definición sumamente amplia del enemigo interno, con efectos mortales para sus "blancos". Entre septiembre y octubre de 1990 fueron asesinados la antropóloga Myrna Mack Chang40 y el político y empresario Humberto González Gamarra,41 también el periodista Byron Barrera sufrió un atentado en el que pereció su esposa Refugio Villanueva.42 231. Aunque no se puede decir que el Estado consiguiera la desmovilización en su conjunto, el clima de terror que sembró alrededor del movimiento social desde el inicio del enfrentamiento armado interno provocó el debilitamiento de la sociedad civil, entendido no sólo desde la óptica de la desarticulación de organizaciones, sino también porque logró apagar en muchos el espíritu para participar en acciones abiertamente políticas o reivindicativas.
"Se nota mucho debilitamiento social porque la gente participa muy poco, salvo por reivindicaciones muy inmediatas, muy sentidas, muy directas, y dependiendo de quién también conduzca esa reivindicación. La gente en algunas comunidades se organiza y participa hasta lograr sus objetivos ... [pero] son casos muy excepcionales ... En términos más globales la gente no participa y yo creo que es por miedo ... [Porque] hay un impacto social que no se puede medir con exactitud pero que ha marcado a la gente y la gente en Guatemala se inhibe mucho de participar por miedo".43 232. De esta forma se advierte cómo, a pesar de su constante esfuerzo de reconstrucción, el movimiento social sufre golpes que le hacen retroceder en los momentos claves de ese proceso. El acoso reiterado, durante el enfrentamiento armado interno, no ha permitido a la sociedad civil mantenerse organizada, configurando al final una sociedad civil con "falta de presencia real".44
"Yo siento que ... el Ejército fue el gran ganador de esta guerra. Que logró el objetivo que quería, desmovilizar totalmente a la sociedad civil, desarticularla totalmente y que hoy, prácticamente no hay movimiento social, no existe. No sé si me equivoco pero no lo miro, aquel movimiento que despertaba interés, que salía a las calles, que manifestaba ... Lo otro que yo pienso es que el movimiento social en este momento no sabe cómo reaccionar en tiempos de paz, en que está tratando de rearticularse, de recomponerse, pero finalmente siento que el Ejército no sólo logró dividirnos, polarizarnos, enfrentarnos, sino desarmarnos totalmente, que la gente hoy día no quiere organizarse socialmente, porque tiene temor".45 Efectos de la participación de la insurgencia en las organizaciones sociales 233. Las organizaciones insurgentes tuvieron una incidencia directa en el movimiento social, cuyos efectos se dejaron sentir a lo largo del enfrentamiento armado. Esta participación arranca del hecho que el trabajo de masas fue parte de la estrategia guerrillera para desarrollar su base social y conseguir reclutas.46 Trabajaron dentro de las organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles que surgieron o se desarrollaron en los sesenta y los setenta. Posteriormente, apoyaron o tuvieron presencia en algunas de las organizaciones de derechos humanos que surgieron en la década de los ochenta, presencia que se mantuvo como efecto de la represión hasta el final del enfrentamiento. 234. A finales de la década de los setenta las acciones del movimiento social en búsqueda de conquistas laborales y sociales fueron más intensas, en un contexto de creciente represión. Esta circunstancia, más los acontecimientos que se sucedían en Centroamérica, como el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y los avances de la guerrilla salvadoreña, crearon un estado de efervescencia sobre la probabilidad de un triunfo revolucionario. Esta combinación de factores contribuyó a que tanto algunos líderes como miembros de base de las organizaciones sociales se radicalizaran, adoptando posturas afines a la insurgencia. 235. Al mismo tiempo, el movimiento insurgente continuaba su trabajo de aproximación a estos sectores aprovechando que se agudizaba la lucha social, tanto en el campo como en la ciudad. Esto alimentó la efervescencia ya sentida por los acontecimientos nacionales e internacionales. En 1980 el aislamiento internacional del régimen de Lucas García, por su carácter sistemáticamente represivo, era ya un hecho. Para entonces, las organizaciones sociales habían asumido posturas radicales, arrastradas por la inoperancia del sistema de justicia y de los mecanismos institucionales de participación política, por las propias circunstancias de la represión y por el trabajo de la insurgencia dentro de ellas. 236. En estas circunstancias, durante el desfile de conmemoración del Día del Trabajo, el Primero de mayo de 1980, el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), que aglutinaba a casi todas las organizaciones contestatarias del momento, llamó a derrocar al régimen de Lucas García e instaurar un gobierno revolucionario, democrático y popular. Fue un factor más que se agregó para justificar los planes de desestructuración del movimiento social concebidos por el Estado y que trajeron consecuencias desastrosas para el movimiento sindical en particular.
"Una cuestión que tuvo efectos para el movimiento social fue la del 1o. de mayo del 80 con la consigna, que pasa más allá de las reivindicaciones económico-sociales del momento, por el derrocamiento de Lucas y la construcción del Gobierno revolucionario, popular y democrático. Es decir, ahí se filtra una consigna. No es la base la que saca la consigna, es la dirigencia comprometida con el movimiento revolucionario que lleva a una posición radical".47 237. El manifiesto del CNUS decía que era "un imperativo histórico" volcarse a la lucha "por un Gobierno revolucionario, democrático y popular".48 Al mismo tiempo, durante el desfile fueron lanzados volantes del EGP y las FAR con iguales consignas. Después de esta declaración pública, que concordaba con la postura insurgente, las organizaciones sociales, especialmente el movimiento sindical, fueron reprimidas con gran dureza, registrando la desaparición de 62 sindicalistas o asesores en menos de tres meses;49 el resultado fue el cierre de sus organizaciones como fue el caso de la CNT y el CNUS. 238. Esta represión desmedida no podía ser afrontada por las organizaciones sociales que a lo sumo tenían, como única defensa, comités de orden para guiar las manifestaciones. La insurgencia tampoco tenía la suficiente fuerza para defender a las organizaciones, a las que apresuradamente había conducido a una posición de suyo radical. 239. En el interior del país las organizaciones sociales también fueron afectadas por la presencia de la guerrilla en su seno. En Petén los vínculos con la insurgencia de algunos cooperativistas de El Arbolito provocaron divisiones en la comunidad.
"Varias personas [que] no estábamos de acuerdo a integrarnos al movimiento revolucionario, éramos vistos como agentes distractores dentro de la comunidad ... [un insurgente] que antes comía junto con nosotros, dormía en la comunidad, ya en ese tiempo no nos contestaba ni los saludos".50 240. Luego de la represión del Ejército a la cooperativa El Arbolito la insurgencia, queriendo mantener su base social, hostigó a los antiguos socios que se quedaron y a los nuevos que llegaron apoyados por los militares, perpetrando incluso ejecuciones arbitrarias.
"La guerrilla llegaba a decir a ellos que dejaran esas tierras porque los verdaderos dueños estaban en México. Este grupo de campesinos resistió hasta el retorno de algunos antiguos socios de la cooperativa".51 "El 20 de octubre de 1989 la guerrilla volvió a entrar al pueblo ... a llevarse a dos [nuevos] asociados bien maneados, y a quinientos metros de la orilla de la población acribilló a balazos a los dos ... les destrozó el cráneo".52 241. Estas ejecuciones provocaron el desplazamiento de los socios y un nuevo cierre de la cooperativa, situación que terminó en 1991, cuando éstos retornaron para reestructurar su organización. 242. La estrategia de los insurgentes dividió a las organizaciones sociales por las contradicciones derivadas de la militancia de unos y de la postura de otros de no alinear a sus actividades con las fuerzas rebeldes. Además, las divisiones fueron también producto de las rivalidades existentes entre los grupos insurgentes que buscando tener más organizaciones sociales a su favor, trasladaron sus diferencias al interior de estas últimas. Así, la búsqueda de consensos y unidad se frustró por la persistente lucha por la hegemonía.
"Es decir que el movimiento de masas podía estar vinculado si quería, podía tener comunicación, podían haber líderes militando, pero que el espacio de masas como tal tenía que ser autónomo, ésa siempre fue una reivindicación muy clara, no debía volverse un apéndice, como en algunos momentos se intentó, yo creo que el intento de algunas organizaciones [insurgentes] era de controlar más, y claro en ese control que querían ejercer comprometían al movimiento de masas".53
"Yo diría que la URNG es también responsable de esa división del movimiento, es decir, para mí la URNG nunca tuvo ni como tripartita que fue antes, después cuatripartita y después URNG nunca tuvo objetivos comunes dentro del movimiento social guatemalteco ..., no habían objetivos conjuntos que llevaran al fortalecimiento de este movimiento, a contribuir a su desarrollo, a tener propuestas, a hacer análisis mucho más completos de la situación. Yo creo que eso se vio como números, como gente que valía en la medida que podía ir a la montaña, agarrar un fusil y no como un movimiento social, legal, con características totalmente diferentes al movimiento revolucionario, yo creo que allí estaba en parte la problemática".54 243. A continuación se presenta un análisis específico de tres sectores en los cuales se ejemplifican los procesos de desestructuración que sufrieron como resultado del enfrentamiento armado.
Las organizaciones sindicales 244. El paso de una lucha de orden reivindicativo salarial para incluir otras de tipo político dio un giro a la organización sindical a mediados de la década de los sesenta. Este viraje político alimentó las acciones represivas que, con miras a la desarticulación del movimiento social, se llevaron a cabo en los últimos años de esta década. Desde el asesinato del abogado laboralista Mario López Larrave el 8 de junio de 1977,55 los sindicalistas denunciaron la existencia de un plan represivo en contra de su movimiento. El denunciado plan se hizo real en 1980.
"En la huelga del 80 [en la Costa Sur] ... triunfamos pero fue el comienzo de la represión ... la huelga fue la causa de la destrucción de los sindicatos".56 245. La organización sindical debió enfrentar varios golpes que la desarticularon progresivamente. Durante el primer semestre de 1980 varias acciones estuvieron encaminadas a lograr este propósito: el allanamiento de la sede de la CNT en abril; la captura de 31 sindicalistas durante el desfile del Primero de mayo;57 la desaparición forzada de por lo menos 27 dirigentes sindicales de la CNT el 21 de junio,58 hecho que provocó el cierre de esta institución así como del CNUS, y la desarticulación de varios sindicatos, tanto en la ciudad como en el interior del país. La desaparición forzada, en la Finca Emaús, Escuintla, de 17 sindicalistas y activistas de la Escuela de Orientación Sindical el 24 de agosto, junto con la salida al exilio de varios dirigentes del CNUS, fueron golpes que mermaron la movilización de las organizaciones sindicales durante este período. 246. Aunque el movimiento intentó mantenerse activo durante el año 1981 la muerte o desaparición de 84 dirigentes nacionales entre 1980 y septiembre de 1981, más la desaparición de Rolando Alvarado Arévalo y Gustavo Alberto Urrutia Colindres, dirigentes sindicales del Banco Industrial, y de otros cuatro sindicalistas entre 17 y el 24 de diciembre de 1981,59 fueron golpes que completaron el desmantelamiento del movimiento sindical. Esta ola represiva barrió con una gran cantidad de jóvenes dirigentes, lo que trajo como consecuencia:
"Una ruptura, especialmente en el 80, de continuidad de ese movimiento. Además fue con tanta fuerza que no era sólo eliminar, era quebrar la organización a como diera lugar, pues, ya era considerado un movimiento insurgente".60 247. Con esta ruptura se eliminaron los espacios de participación; se rompió la continuidad; se cambió la acción por el silencio, el valor por el terror. Los sindicatos del interior del país, en particular los de la Costa Sur que participaban en las centrales afectadas, quedaron sin un referente nacional que les permitiera denunciar la represión a que ellos también estaban sometidos, siendo aniquilados entre 1980 y 1983. 248. El vínculo con la guerrilla que se le atribuía a la organización sindical en general, fue uno de los factores para su desarticulación. Aunque ésta era real en algunos casos, muchos dirigentes o miembros de base de los sindicatos no fueron militantes; pero la represión barrió con todos.
"Los dueños de la finca decían en ese entonces que los guerrilleros eran del sindicato y que querían quitar los ingenios ... por eso los mataron a todos ... pero Tomás Chávez decía que el sindicato existía para defender a los trabajadores y ver que hubiera justicia".61 249. La desarticulación de los sindicatos de los ingenios azucareros en la Costa Sur, donde la sindicalización tenía una tradición histórica, ejemplifica cómo se debilitó al movimiento en esa región del país. Veintiocho sindicalistas de los diferentes ingenios fueron asesinados o desaparecidos62 en un período que va desde la huelga de los cañeros en febrero de 1980 a 1983. El temor de perder la vida caló y las vacantes que fueron dejadas por los dirigentes sindicales, asesinados o desaparecidos, no fueron asumidas. Poco a poco la organización como tal fue desapareciendo.
"En el Ingenio El Baúl el sindicato fue destruido en el 80 ... Los finqueros se pusieron de acuerdo para destruir los sindicatos ... Ahora no hay sindicatos".63
"El sindicato del Ingenio Madre Tierra fue destruido en el 80. Los trabajadores organizados fueron despedidos y secuestraron a tres personas". Para ser contratado por la finca los obligaban a renunciar a todas las actividades sociales como el fútbol, la música, etc. Y les prohibían que se juntaran con la plebe ... En esta finca ser sindicalizado era ser hombre muerto ... allí mataron a Chanquín entre el 79 y el 81, cuando recién comenzaba la masacre".64 250. Al desaparecer la organización sindical los patronos implantaron con facilidad nuevas formas de contratación. Se sacó a los rancheros de las fincas y todos pasaron a vivir en colonias de Escuintla, proporcionadas por los patronos a través del solidarismo y con la condición de no formar sindicatos. Sólo los trabajadores que aceptaron las nuevas condiciones de trabajo fueron contratados de nuevo, pero bajo la modalidad de voluntarios temporeros. Sin el sindicato, las condiciones de vida de los trabajadores empeoraron en algunas fincas e ingenios.65
"Como era del sindicato y la empresa no quería sindicatos, por eso lo mataron ... después de su muerte la huelga ya no siguió y sacaron las prestaciones, les quitaron el médico, les quitaron la despensa semanal ... después de eso les quitaron todo".66 251. Lo mismo que en la Costa Sur, en el resto del país la represión produjo temor a organizarse. Las estadísticas muestran que en 1984 menos del 2% de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba sindicalizada; sin embargo, en ese contexto se presentó un nuevo panorama de reconstrucción que igualmente provocó fuerte represión. Amnistía Internacional (AI) calificó este período como uno en el que hubo "... un intento sistemático destinado a socavar la libertad de sindicalización utilizándose el secuestro y el asesinato para amedrentar a los trabajadores e infundir temor a ser muerto por llevar a cabo actividades de sindicalización".67 252. Durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt el sindicalismo fue inexistente y el poco trabajo realizado en este ámbito era clandestino. En mayo de 1983 surgió la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) con nexos gubernamentales. Los espacios que se abrieron a partir de 1986 fueron aprovechados prontamente por el movimiento sindical. Pero la represión selectiva proseguía, en un afán por reactivar la memoria de la represión generalizada que se sufrió durante los regímenes militares. El terror continuaba latente en los trabajadores, por lo que no se logró equiparar los niveles de organización a los de antes. Por otra parte, la discontinuidad que tuvo la organización sindical hizo que personas con poca experiencia tomaran la dirección de las organizaciones, lo cual incidió en que las luchas que se llevaron a cabo durante estos años tuvieran poco éxito, como fue el caso de la huelga de maestros de 1989. 253. Otro factor que ha incidido a lo largo del período fue la actitud profundamente antisindical que ha caracterizado a sectores importantes de la patronal guatemalteca. Su complicidad en la represión en los años más álgidos del enfrentamiento quedó claramente establecido en el caso del Sindicato de la Coca-Cola y en algunos de los ingenios de la Costa Sur.68 Sin embargo, a pesar del debilitamiento del movimiento sindical y la transición hacia la paz, esta actitud ha persistido. 254. A la CEH se presentó un documento elaborado en 1995 por un abogado que fue funcionario del ramo del Trabajo y que asesora a la parte patronal en mecanismos "legales especiales" y medidas para impedir la formación de sindicatos en sus empresas. En él se insiste en la necesidad de "combatir", "desarticular", "neutralizar" y "sofocar" cualquier intento de formación de sindicato o comité ad hoc de trabajadores. Entre las medidas sugeridas se incluye la contratación de informantes que deben integrarse a la fuerza laboral y "ser bien instruidos sobre lo que tienen que hacer, tal como frecuentar a los grupos afines de trabajadores, ya sea en encuentros deportivos, en cantinas bares o restaurantes, en reuniones donde convergan (sic) trabajadores de la Empresa ... para estar bien informados de lo que hacen o pretenden hacer, a efecto que los personeros de la empresa lo sepan y tomen las decisiones pertinentes, obviamente estas decisiones serán el despido inmediato del o los trabajadores que tengan idea de formar un Sindicato..."
Asimismo, recomienda el fraccionamiento de las empresas, la rotación periódica del personal, la consolidación de una fuerza antisindical entre los obreros, el impulso al solidarismo como asociación de laborantes que "siempre estará manejado y controlado por la empresa", y la búsqueda de amistades entre las autoridades de trabajo. Aconseja la no contratación de personas que hayan trabajado en una empresa que "tenga sindicato o que hayan intentado formarlo"; la elaboración de perfiles sobre potenciales dirigentes, que incluye "el control de su cuadro familiar además de tener una información exacta de cómo vive, dónde y sus debilidades y reacciones"; y el despido inmediato de los líderes así como "un intenso trabajo físico y psicológico de cada laborante, explotando su carácter, conducta, ambiciones, debilidades, etc.", para aislar a los líderes. En este mismo sentido, sugiere la utilización de amenazas, intrigas, presiones y personal de seguridad "que infunda temor y respeto ...".69 255. Las consecuencias se manifiestan no sólo en la poca participación de trabajadores en los sindicatos, que es aproximadamente del 5% de la PEA, sino en la desconfianza hacia estas organizaciones y sus dirigentes, que se generalizó en sectores importantes de la sociedad. Estas consecuencias confluyen con efectos de tendencias socioeconómicas globales, dificultando la reestructuración y la participación efectiva y permanente en la vida económica, política y social del país.
La Iglesia Católica 256. Durante los años cincuenta y sesenta la Iglesia Católica emprendió un importante trabajo pastoral en todo el país. En el área rural se crearon centros de capacitación para catequistas y promotores de salud, y se fundaron cooperativas de ahorro y crédito. La pobreza extrema y el abandono en que vivían los campesinos motivó a muchos agentes de pastoral a promover programas de desarrollo comunitario y reflexionar junto a la población sobre las causas de su pobreza a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. Muchos catequistas, principalmente de Acción Católica, acompañaron el análisis de su realidad con la lectura bíblica y ejercieron un importante liderazgo en sus comunidades. 257. Este trabajo pastoral comenzó a ser mermado a partir de los años setenta, cuando la represión contrainsurgente se extendió a muchos miembros de la Iglesia Católica. Como señala un agente pastoral de la diócesis de Quiché:
"Se empezó a seguir sistemáticamente a sus catequistas, directivos de comunidades, sacerdotes, misioneros, religiosas; nadie se sustraía a la sospecha de subversión, todo aquel que era catequista era tachado de subversivo. En muchos lugares la gente comenzó a enterrar todo lo que delatara en su casa que era perteneciente a la Acción Católica: la Biblia, el catecismo, el rosario, las imágenes, de forma que si llegaba el Ejército viera una casa de campesino común donde no había ningún objeto religioso".70 258. El 20 de noviembre de 1976 el sacerdote Maryknoll Guillermo Woods y cuatro personas que lo acompañaban murieron cuando la avioneta en que se dirigían a Ixcán, Quiché, estalló durante el vuelo. El padre Woods fue el fundador de la Cooperativa Ixcán Grande en 1969 y trabajó en varios proyectos de salud y vivienda en dicha región. Su obra y su fuerte personalidad siguen vivos en la mente de quienes lo conocieron:
"Guillermo Woods era un gringo, pero él tenía amor a los pobres, por eso luchó por asegurar la tierra donde estamos ahorita ... En ese tiempo toda la gente era pobre, estábamos todo el día en la Costa, pero gracias al padre Guillermo dejamos al patrón de la Costa Sur y ya trabajamos en nuestro pedazo de tierra".71 259. Aunque la causa del percance no ha sido clarificada del todo, la Conferencia Episcopal incluye al padre Woods dentro de la lista de sus mártires, pues duda de que la explosión de su avioneta fuese un accidente.72 260. La muerte del sacerdote Hérmógenes López, el 30 de junio de 1978, inauguró una cadena de represión contra miembros de la Iglesia que fue aumentando durante los años siguientes. En junio de 1978 fue expulsada del país la religiosa española Raymunda Alonso Queral, que ejercía su apostolado en la diócesis de Las Verapaces. El 19 de diciembre de ese mismo año también fue expulsado el sacerdote Carlos Stetter, quien había tomado el relevo del padre Woods en la zona del Ixcán:
"El Ejército lo detuvo y se lo llevaron. Lo encerraron, lo interrogaron, lo torturaron y le dieron 24 horas para que abandonara el país".73 261. La represión alcanzó tal punto que en julio de 1980 la diócesis de Quiché tuvo que ser cerrada; habían sido asesinados otros dos sacerdotes: José María Gran Cirera, párroco de Chajul, y Faustino Villanueva, párroco de Joyabaj, por lo que su obispo, Juan Gerardi, y todos sus agentes de pastoral se vieron forzados a salir del Quiché como gesto de denuncia pública y única forma de salvar su vida.74 Unos meses más tarde del cierre de la diócesis, algunos agentes de pastoral que permanecieron cerca de la zona decidieron regresar para atender a los católicos de Quiché; sin embargo, inmediatamente recomenzó el ataque contra ellos. El 15 de febrero de 1981 fue asesinado el sacerdote español Juan Alonso Fernández cuando se dirigía en moto al municipio de Cunén para celebrar una misa.
"Hace un rato llegó un camión que viene del mercado de Uspantán. Es de Totonicapán y el chofer es de Acción Católica. Dice que como a las tres de la tarde, cuando llegaron a la Barranca, se encontraron en medio de la carretera a tres o cuatro hombres con las caras tapadas y armados. Uno sujetaba la moto del padre. Otros forcejeaban con él. Al llegar al camino, el padre gritó: Ayúdenme! Soy el padre. Me quieren llevar! Los enmascarados apuntaron con ametralladoras contra los del camión y los obligaron a seguir. Un poco más adelante, al subir la cuesta siguiente, vieron cómo se llevaban al padre Juan, barranco abajo".75
"La moto quedó tirada, todo el mundo lo conocía. Vecinos recogieron su cuerpo y lo llevaron para Santa Cruz del Quiché".76 262. La prelatura de Escuintla también fue golpeada de forma brutal por la violencia. El primero de mayo de 1980, hacia las once de la mañana, fueron detenidos arbitrariamente el sacerdote filipino Conrado de la Cruz, párroco de Tiquisate, y su amigo Herlindo Cifuentes, originario de Tiquisate. Ambos se encontraban a pocos metros del Palacio Nacional en la ciudad capital observando la manifestación popular en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, cuando seis hombres vestidos de particular que se conducían en un jeep color gris los aprehendieron ilegalmente y nunca más aparecieron. Doce días después fue asesinado el sacerdote belga Walter Voordeckers, párroco de Santa Lucía Cotzumalguapa, frente al templo parroquial de la localidad.77 263. En 1981 fueron asesinados el sacerdote guatemalteco Carlos Gálvez Galindo, párroco de Tecpán, Chimaltenango; el sacerdote italiano Tulio Marcelo Maruzzo, de la diócesis de Izabal; el misionero seglar Angel Martínez Rodrigo junto al colaborador laico canadiense, Raúl Leger; Francis Stanley Rother, misionero estadounidense asesinado en Santiago Atitlán;78 y fue secuestrado el sacerdote jesuita Carlos Pérez Alonso. En 1982 fueron asesinados el sacerdote dominico Carlos Morales, Párroco de Rabinal, Baja Verapaz, y el religioso estadounidense de la Congregación La Salle, James Arnold Miller; fueron secuestrados la religiosa betlemita Victoria de la Roca y el voluntario belga Sergio Berten, de la Congregación del Inmaculado Corazón de María.79 264. Los catequistas, animadores de la fe y delegados de la palabra también se convirtieron en blanco de la represión contrainsurgente. En el anexo F del Plan de Campaña Victoria 82 el Ejército afirma que uno de los puntos fuertes de la guerrilla es "la existencia de dirigentes que pertenecieron y pertenecen a una religión dominante en la nación y que lograron la concientización de una buena parte de la población a través de la fe cristiana".80 265. La idea de asociar a los católicos, que son la religión mayoritaria en el país, con los insurgentes significó que las acciones militares debían extenderse a representantes y líderes de la Iglesia en todo el país. La constrainsurgencia utilizó el elemento religioso con fines políticos, estigmatizando a sus activistas. Al señalar a un catequista como comunista, subversivo o guerrillero se le presentaba como ateo, enemigo de Dios y de la patria, por lo que era mejor alejarse de la fe católica. Es por ello que muchos optaron por cambiar de religión e incluso llegaron a denunciar y traicionar a sus vecinos.
"Prueba de la situación de persecución en que se encuentra la Iglesia -decían los obispos guatemaltecos en un comunicado del 13 de junio de 1980- son los numerosos catequistas, delegados de la palabra y otros cristianos que han sido secuestrados, torturados y asesinados. Los agentes de pastoral somos continuamente vigilados, se graban nuestras predicaciones, se controlan todas nuestras actividades. En un pueblo mayoritariamente católico, han sido asesinados recientemente tres sacerdotes, uno secuestrado, varios sacerdotes y religiosos están bajo amenaza de muerte y otros han sido expulsados del país".81 266. La base de datos de la CEH registró un total de 1,169 víctimas de desaparición, tortura y muerte de miembros de la Iglesia, de los cuales 921 eran catequistas, 17 sacerdotes, 27 religiosos, 5 religiosas y 193 feligreses.82 Asimismo, entre 1978 y 1983 la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA) documentó:
"91 sacerdotes y 78 religiosas obligados a abandonar el país por amenazas de muerte, se cerraron 8 casas de formación para religiosas, 2 casas parroquiales y 2 de religiosas fueron ametralladas, 30 centros de capacitación para catequistas y líderes cristianos fueron cerrados, 70 parroquias quedaron sin sacerdote, 2 emisoras de radio cerradas, 8 colegios católicos quedaron sujetos a investigación y control policíaco, se prohibió toda reunión destinada a la evangelización. Innumerables catequistas, delegados de la palabra del Quiché, San Marcos, Costa Sur, Izabal y Huehuetenango habían sido asesinados y perseguidos, comunidades cristianas masacradas, acercarse al oratorio era un peligro inminente de ser fichado de comunista y posteriormente ser asesinado".83 267. La represión progresiva contra la Iglesia Católica fue una señal de que la visión y recomendaciones del documento de Santa Fe sobre las relaciones de Estados Unidos con América Latina estaban siendo cumplidas por el Gobierno de Guatemala:
"La política de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar la teología de la liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculada ... Las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo".84 268. Sin embargo, constantemente la Conferencia Episcopal (CEG) rechazó que la Iglesia estuviera siendo influenciada por tendencias políticas o ideológicas: "Resulta inadmisible que personas interesadas pretendan fijar a la Iglesia los límites de su misión, movidos muchas veces por el deseo de hacerse una Iglesia según sus propias conveniencias y no según la voluntad de Cristo".85 269. Muchos centros de formación y oratorios fueron destruidos, imágenes sagradas fueron quemadas, el Ejército ocupó varios templos, salones parroquiales y conventos para utilizarlos como bodegas de pertrechos de guerra, centros de detención, tortura y muerte:
"La iglesia se quedó abandonada desde el año 81 hasta el 83, porque vinieron los militares a ocupar el convento y ahí ya se sabe que con ellos no hay de otra, el que se opone se va abajo, entonces toda la gente se humilla".86 270. La intromisión y el abuso militar en la vida de la Iglesia fueron palpables en el templo de Chajul, El Quiché, donde el Ejército vistió a las imágenes religiosas con uniformes militares.87 271. En una entrevista hecha a monseñor Juan Gerardi en agosto de 1980, un periodista le preguntó: ¨Quiénes son los promotores y los ejecutores de esta persecución contra la Iglesia en su país? ¨Se sabe con certeza? ¨Está plenamente demostrado quiénes son? Monseñor Gerardi respondió:
"Yo diría que la responsable es la extrema derecha, incluyendo en esa extrema derecha al Gobierno, al Ejército, a bandas paramilitares, a grupos oligárquicos, grupos de poder, es decir, toda la diversidad de fuerzas que allí llamamos extrema derecha".88 272. A pesar del peligro que corrían, muchos sacerdotes y religiosas optaron por no salir de las comunidades donde trabajaban. Se encargaron de atender a las víctimas de la violencia, ofreciéndoles refugio, comida, transporte y consuelo. Su presencia le permitió a los campesinos poder contar su dolor y recibir apoyo. Este servicio humanitario de emergencia se realizaba muchas veces en condiciones de clandestinidad, debido al acoso y persecución contra los agentes de pastoral. Ejemplo de ello es el caso del sacerdote Augusto Ramírez Monasterio, superior de los franciscanos en Antigua Guatemala, quien fue detenido y amarrado por el Ejército durante ocho horas por asistir a un guerrillero que trataba de acogerse a la amnistía entonces vigente. Tras una serie de amenazas, cinco meses después, el 7 de noviembre de 1983 apareció muerto con señales de tortura en la ciudad capital.89 273. Todas estas acciones represivas silenciaron en buena parte a la jerarquia de la Iglesia. Como señala un analista católico:
"Los obispos tenían la impresión de que cada vez que emitían un comunicado o pronunciamiento, inmediatamente les mataban a un sacerdote o a un agente de pastoral".90 274. Era claro que desde los años setenta la Iglesia había orientado su trabajo pastoral de acuerdo a las líneas de los documentos de Medellín (1968) y Puebla (1979). La opción preferencial por los pobres exigía la inmersión en el mundo de los desposeidos y defender sus derechos, sin embargo, la voz de la Iglesia en esta materia fue violentamente callada.
275. A partir del año ochenta se quebró el amplio trabajo social que la Iglesia había desarrollado durante épocas anteriores; entre 1980 y 1983 prácticamente su quehacer se redujo al rito privado de las celebraciones litúrgicas. Las diócesis de Escuintla, Las Verapaces, Izabal y Petén quedaron desarticuladas debido a que muchos de sus agentes de pastoral fueron víctimas de la violencia o tuvieron que salir del país. El abandono pastoral en que quedaron estas comunidades motivó a muchos católicos a cambiar de religión y buscar en las iglesias evangélicas un refugio espiritual donde se sintieran más seguros, ya que los católicos eran tildados de "comunistas" y por tanto objetivos de sospecha y persecución. 276. La conciencia de muchos católicos quedó herida porque fueron obligados por el Ejército a entrar en filas como comisionados militares, patrulleros civiles o soldados y participar en actos violentos que contradecían sus principios morales y religiosos. Como señala un estudioso del tema:
"Sentir que fueron parte de una ejecución o del linchamiento de una persona, son cosas que a la gente le cuesta superar (...) sienten pesar, sienten dolor. Estos hechos vulneran la sabiduría, la dignidad, la conciencia de los pueblos. Ellos se sienten mal".91 277. Aunque parezca contradictorio, una parte importante de la Iglesia no se desalentó por la muerte y persecución de sacerdotes, misioneros, religiosas, catequistas y gran cantidad de laicos. Por el contrario, su testimonio de martirio animó a muchos católicos para practicar su fe con mayor entrega y compromiso. 278. A pesar de haber sido herida por la violencia, la Iglesia apoyó y participó activamente en el proceso de paz. A partir de 1986 orientó su trabajo pastoral hacia los desplazados, los refugiados y las Comunidades de Población en Resistencia. En 1987 la Conferencia Episcopal presidió la Comisión Nacional de Reconciliación a través de monseñor Rodolfo Quezada Toruño, quien desempeñó la función de conciliador en la primera etapa de las negociaciones de paz. En 1990 se creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que ha desempeñado un importante trabajo en la tutela de los derechos humanos en el país. 279. En abril de 1995, como parte de su labor pastoral, la Iglesia emprendió el Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) que durante tres años documentó las violaciones cometidas por el Ejército y la guerrilla durante el enfrentamiento armado, "para dignificar la memoria de los muertos y devolverle la autoestima a sus deudos".92 El informe final fue presentado el 24 de abril de 1998. Dos días después, el director general del proyecto, monseñor Juan Gerardi Conedera, fue brutalmente asesinado.
La Universidad de San Carlos de Guatemala 280. La Universidad de San Carlos (USAC) fue una de las primeras universidades que se crearon en América Latina. Su historia va unida a una tradición de excelencia académica, así como de proyección cultural e intelectual hacia la sociedad guatemalteca. Con la Revolución de Octubre de 1944, las posibilidades de la enseñanza superior cambiaron en el país dado que constitucionalmente se otorgó la autonomía universitaria a la San Carlos, abriéndose el camino para lograr una proyección que trascendiera lo cultural y académico. La participación en la vida social, económica y política del país se potenció a través del análisis de los problemas de Guatemala y la propuesta de soluciones a los mismos. 281. Con los cambios políticos de 1954, sin partidos de izquierda, algunos militantes de las organizaciones revolucionarias buscaron espacios de participación en la Universidad, y fue el estudiantado el sector opositor con mayor peso, en contra del Gobierno, al grado que el 25 de junio de 1956 cinco estudiantes fueron asesinados y muchos de ellos resultaron heridos y apresados en el curso de una manifestación de protesta. Durante las jornadas de marzo y abril de 1962 la postura solidaria de autoridades y estudiantes universitarios evidenció, además del descontento frente a los recurrentes actos de corrupción y fraude del Gobierno de Ydígoras Fuentes, su repudio a la política general del país. 282. A medida que avanzó la década, agrupaciones universitarias como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) manifestaron férreamente su oposición a los Gobiernos de turno, a través de constantes comunicados de prensa y en los desfiles bufos de la Huelga de Dolores. Frente a la desaparición masiva de dirigentes de izquierda, en marzo de 1966,93 esta asociación jugó un papel de apoyo humanitario y jurídico a los familiares de las víctimas. Durante los setenta, y con mayor intensidad después del terremoto en febrero de 1976, grupos de estudiantes universitarios se internaron en el país como parte de sus actividades de formación. Muchas veces también llevaban ideas críticas o radicales a las comunidades y de esa manera incidieron en la creación de un ambiente de mayor apertura hacia los planteamientos de las organizaciones insurgentes. 283. También durante los setenta, el PGT y las otras organizaciones insurgentes habían ampliado su trabajo organizativo en la San Carlos. Para finales de la década, llegaron a ejercer gran influencia en varias agrupaciones de estudiantes, profesionales y trabajadores universitarios. Asimismo, miembros o simpatizantes llegaron a ocupar altos puestos en la administración central y en algunas facultades. Con eso, en la confrontación de los universitarios con el Estado se reflejaban cada vez más los planteamientos insurgentes, la polarización se profundizó y la represión se intensificó hasta alcanzar niveles insospechados. 284. Si bien hasta mediados de los setenta los actos represivos del Estado contra universitarios se habían mantenido en un plano selectivo, a finales de la década se consideró a la institución universitaria en su conjunto como parte del enemigo a combatir. Se intensificaron las acciones, no sólo en contra de aquellos que estaban comprometidos con la insurgencia, sino prácticamente contra todo aquel que fuera universitario. Se inició una campaña de terror reforzada por una fuerte estigmatización y la asfixia económica. 285. Al instaurar una táctica de terror contra de la Universidad de San Carlos el Gobierno desencadenó una campaña de asesinatos y desapariciones enfocada en autoridades, catedráticos y estudiantes. Al tiempo que la acusó repetidamente de ser "un foco de subversión" hizo alejarse de ella a muchos de sus elementos; otros lo hicieron también por no estar de acuerdo con las posturas políticas asumidas por la rectoría. Es de señalar que sólo durante los meses de marzo y abril de 1980, veinticuatro miembros de la comunidad universitaria, algunos de ellos vinculados a la insurgencia y otros no, fueron víctimas de asesinato y desaparición. 286. Dos acciones ejecutadas durante 1980 muestran cómo el Estado no buscaba eliminar únicamente a aquellos miembros de la comunidad universitaria que tenían vinculación con la insurgencia, sino más bien desestructurar la institución. La primera fue el asesinato del licenciado Luis Felipe Mendizabal,94 quien era un antiguo trabajador universitario, director del Departamento de Registro y Estadística y que no mantenía ninguna militancia política. La segunda, el ametrallamiento frente a la rectoría de un grupo de estudiantes que el 14 de julio descendían de un bus urbano. Los ocho estudiantes muertos ese día tampoco tenían vinculación política alguna, determinándose que el objetivo de las autoridades gubernamentales era el terror y la destrucción de la Universidad de San Carlos. 287. En enero de 1981 hubo otra acción contra la universidad que mostró tal intencionalidad. Hombres fuertemente armados irrumpieron en el Paraninfo disparando contra representantes universitarios que en ese momento daban una conferencia de prensa sobre las actividades culturales que se desarrollarían ese año. Durante el ametrallamiento murieron el director del centro cultural universitario, Erwin Golib Colorado, y el jefe del departamento de deportes, Miguel Hernández Varela. Cuando personas allegadas a un profesor universitario secuestrado en mayo de 1981 fueron a entrevistarse con el ministro de Defensa en un intento por establecer su paradero, el funcionario aprovechó para hablar también de la San Carlos:
"Nosotros no vamos a cometer el mismo error de El Salvador, no vamos a ocupar la universidad, sino la vamos a terminar desde adentro".95 288. Este propósito se logró paulatinamente. Tanto los índices de asistencia como los de inscripción de nuevos estudiantes descendieron, al mismo tiempo que la calidad académica así como la postura contestataria se perdieron. Aun así, el Estado siguió la política de controlar la universidad mediante el terror, continuando la violencia contra ella. Logró entonces que la universidad se apartara casi totalmente de la vida política y autocensurara muchas de sus actividades.
"La represión producía una recomposición [porque] lo que podemos llamar fuerza en la universidad, su nivel académico en primer lugar, su interés científico, su interés por los problemas nacionales, el conocimiento de los problemas nacionales, su vinculación con el mundo exterior y todo eso se deterioró con la represión, entonces lo que podemos llamar la fuerza política universitaria se debilitó. Ya no se trataron los problemas nacionales, el nivel académico se vino abajo ... Sí se debilitó la Universidad ... ahora mismo cuesta que la Universidad se pronuncie, incluso en problemas que afectan a millones como la proyectada reforma a la Seguridad Social".96 289. Esta represión también produjo en la sociedad un prejuicio antisancarlista, derivado de la estigmatización de la casa de estudios superiores y de sus integrantes y de las actitudes de las autoridades hacia ella. La utilización recurrente de la frase "la Universidad es un foco de subversión",97 explotada durante el Gobierno de Romeo Lucas García y usada repetidamente por él, cimentó la idea de vincular la Universidad de San Carlos con la subversión. Esta idea venía desde los tiempos de Arana Osorio cuando se decía que la "Universidad es usada por agitadores de extrema izquierda que tienden a propiciar un movimiento subversivo".98 290. La estigmatización también fue una de las armas empleadas para debilitar la imagen de la USAC, factor que sigue presente en la memoria colectiva. Para entonces, otros factores habían ido acumulándose en detrimento del prestigio de la universidad. De estos puede deducirse que la polarización política e ideológica que se produjo en el contexto del enfrentamiento armado contribuyó también a vulnerar la calidad académica y a que algunos catedráticos y estudiantes se alejaran de esta casa de estudios. Recapitulando 291. A lo largo del enfrentamiento armado, la organización social fue un objetivo primordial para el Estado, un objetivo que debía desestructurarse en tanto fuera consideraba una amenaza para la seguridad nacional. De ahí que la represión eliminarse a gran cantidad de líderes así como a cuadros medios y a miembros de base, dejando como saldo la discontinuidad en el trabajo organizativo de las diferentes entidades de la sociedad civil, la pérdida de su experiencia acumulada y el vacío de formadores de futuros dirigentes. 292. El discurso persuasivo usado en las constantes campañas para estigmatizar a las organizaciones del movimiento social las presentaba como el brazo político de la insurgencia, mensaje que fue interiorizado por importantes sectores de la sociedad. Por lo tanto, aparte de la eliminación física de gran cantidad de sus miembros, también se vulneró en la población la confianza hacia las organizaciones sociales y sus miembros. 293. A partir del fin de los Gobiernos militares y la entrada en vigencia de la nueva Constitución en 1986 se abrieron espacios para la participación de la sociedad civil que han sido utilizados para reconstruir las organizaciones sociales desestructuradas, pero ello no significó el cese de la represión. Las ejecuciones de políticos e intelectuales, así como de dirigentes comunitarios, puso en evidencia que aún no existían garantías para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos democráticos. 294. La debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se debe, en buena medida, a la conjugación de los diversos resortes activados por el Estado durante el enfrentamiento armado para destruirlas, mecanismos que continúan presentes en la memoria colectiva. Desconfianza, estigmatización, miedo y sensación de que la firma de la paz no ha cambiado todavía al Estado represivo perviven hoy como obstáculos para la plena participación. 295. La intervención de miembros de la insurgencia en las organizaciones sociales también afectó a éstas, no sólo porque la participación insurgente fue un factor más para que fueran reprimidas, sino también porque en muchos casos provocó divisiones, polarización y fuertes luchas en el seno de las propias organizaciones que al final resultaron muy debilitadas. 296. El verticalismo que la insurgencia llevó a las organizaciones sociales donde tuvo participación, coartó la libertad de éstas para tomar decisiones propias, minando su autonomía y ampliando los efectos de las políticas represivas del Estado, de desestructuración de la oposición social y política del país. 1 Véase Capítulo I. Regrese al Texto 2 El golpe de Estado de Peralta Azurdia, denominado "peraOperOperación Honestidad", fue considerado por los líderes de las protestas de marzo y abril de 1962 como una acción que buscaba romper sus organizaciones y detener las luchas que se habían venido gestando. Véase por ejemplo: Manuel Andrade Roca, "Apuntes para la historia del Movimiento Estudiantil de Educación Media", en Voz Informativa Universitaria, época VI, número 3, año tercero (marzo-abril de 1977), División de Publicidad e Información, Universidad de San Carlos de Guatemala. Regrese al Texto 3 Asociación de Investigación y Estudios sociales, ASIES, Más de 100 años del movimiento obrero en Guatemala. Tomo III, Reorganización, auge y desarticulación del movimiento sindical, 1954-1982, Guatemala (sin fecha), pg. 287. Regrese al Texto 4 C 578. Enero de 1971. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 5 CI 65. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 6 Jefe de la Resistencia Urbana del PGT. Regrese al Texto 7 Testigo CEH. C 964. Enero de 1971. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 8 Testigo (ex presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas) CEH. C 962. Ciudad de Guatemala. Noviembre de 1971. Regrese al Texto 9 Expediente judicial del caso, Mario López Larrave fue asesinado el 7 de junio de 1977. CI 28. Regrese al Texto 10 Testigo (dirigentes de organizaciones sociales y políticas) CEH. (T.C. 391). Regrese al Texto 11 Testigo (ex asesor sindical) CEH. (T.C. 112). Regrese al Texto 12 Véase apartado sobre el terror en este Capítulo. Regrese al Texto 13 Véase Capítulo I. Regrese al Texto 14 CI 65. 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 15 Según un testigo ante la CEH, antiguo dirigente del FUR, sólo en febrero de 1980 fueron asesinados 17 miembros de esa organización, con lo que se elimina casi todas las cabezas del partido en el interior del país. Regrese al Texto 16 Testigo (dirigente del FUR) CEH. Regrese al Texto 17 CI 101. Junio, 1978. San José Pinula. Guatemala. Regrese al Texto 18 Testigo (sacerdote católico) CEH. (T.C. 36). Regrese al Texto 19 Testigo (ex dirigente sindical) CEH. (T.C. 11). Regrese al Texto 20 Testigo CEH. C 7308. Agosto de 1980. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Regrese al Texto 21 CI 45. 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 22 La Nación, 21 de marzo de 1980, pg. 2. Regrese al Texto 23 CI 51. 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 24 Testigo (dirigente sindical) CEH. (T.C. 419). Regrese al Texto 25 Se refiere al Economista Carlos Alberto Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la USAC. Regrese al Texto 26 Testigo (profesor universitario) CEH. (T.C. 6A, 6B). Regrese al Texto 27 Testigo (ex asesor sindical) CEH. (T.C.81). Regrese al Texto 28 Testigo CEH. San Miguel Uspantán, Quiché. Regrese al Texto 29 CI 67. 1977, 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 30 CI 45. 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 31 CI 30. Agosto-Septiembre de 1989. Ciudad de Guatemala, CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 32 Testigo (activista del GAM) CEH. CI 48. 198. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 33 La desaparición de estos dos líderes sindicales así como de otros líderes de la USAC dio como resultado la formación del Grupo de Apoyo Mutuo. Véase Movimiento pro derechos humanos y Lucha contra la Impunidad, en este mismo Capítulo. Regrese al Texto 34 CI 48. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 35 Véase Capítulo I. Regrese al Texto 36 C 42. Agosto, 1989. Escuintla. Regrese al Texto 37 CI 30. 1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 38 Testigo (ex miembro de la junta directiva de la Escuela de Psicología) CEH. (T.C.385). Regrese al Texto 39 Testigo (dirigente de CONAVIGUA) CEH. (T.C.183). Regrese al Texto 40 Véase CI 85. Septiembre de 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 41 Testigo CEH. C 842. Octubre de 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 42 C775. Octubre de 1990. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 43 Testigo (dirigentes de organizaciones sociales y políticas) CEH. (T.C.391). Regrese al Texto 45 Testigo (activista del GAM) CEH. (T.C.84). Regrese al Texto 46 Para mayor información sobre estrategias de la guerrilla y el movimiento social, Véase Capítulo II. Regrese al Texto 47 Testigo (dirigentes de organizaciones sociales y políticas) CEH. (T.C. 391). Regrese al Texto 48 Citado en ASIES, ob.cit., pg. 618. Regrese al Texto 49 Veintiocho desaparecieron durante la manifestación del Primero de Mayo (ASIES, ob.cit, tomo III, pg.618); veintisiete el 21 de junio, de la sede de la CNT (CI 51), y diecisiete el 24 de agosto, de la finca Emaús (CI 51). Regrese al Texto 50 Testigo (cooperativista de El Arbolito, Petén) CEH. (T.C. 384). Regrese al Texto 51 Testimonio colectivo Cooperativa El Arbolito, Petén. Regrese al Texto 52 Testimonio colectivo con desplazados de El Arbolito Petén y Acta 11-89, punto cuarto, libro de actas de la Cooperativa El Arbolito, Petén. Regrese al Texto 53 Testigo (ex asesor sindical) CEH. (T.C. 12). Regrese al Texto 54 Testigo (sindicalista) CEH. (T.C. 10). Regrese al Texto 55 CI 28. Junio 1977. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 56 Testigo (ex sindicalista, Escuintla) CEH. (T.C. 191). Regrese al Texto 57 Fueron 28 los que aparecieron muertos en diferentes puntos de la ciudad, con impactos de bala y señales de tortura según ASIES, ob. cit. pg. 618, 619. Regrese al Texto 58 CI 51 (CNT). Junio de 1980. Ciudad de Guatemala. Regrese al Texto 59 Danilo Rodríguez, El 21 de junio de 1980, Centro de Investigación y Educación Popular, A.C., 1990. Regrese al Texto 60 Testigo (dirigentes de organizaciones sociales y políticas) CEH. (T.C. 391). Regrese al Texto 61 Testigo CEH. C 13092. Octubre de 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Regrese al Texto 62 Desaparecieron o ejecutaron a los miembros de las directivas de los ingenios Palo Gordo y El Salto; del Ingenio Madre Tierra, ocho en total entre ejecutados y desaparecidos; del Ingenio Santa Ana, Finca Cerritos, cuatro entre ejecutados y desaparecidos. Véase CI 109 (Ingenio Pantaleón). Regrese al Texto 63 Testigo (sindicalista, Escuintla) CEH. (T.C.191). Regrese al Texto 64 Testigo CEH. C 13001. Noviembre de 1981. Escuintla. Regrese al Texto 65 CI 109. 1983, 1984. Escuintla. Regrese al Texto 66 C 13324. Julio de 1980. Ingenio El Salto, Escuintla. Regrese al Texto 67 Amnistía Internacional, "Guatemala, Crónica de las Violaciones a los Derechos Humanos, 1985". Regrese al Texto 68 CI 67. 1977, 1980. Ciudad de Guatemala. Guatemala. Regrese al Texto 69 Para proteger la seguridad de su fuente, la CEH omite identificar el documento referido. Regrese al Texto 70 Testigo CEH. (T.C. 835). Regrese al Texto 72 Cfr. Lista de testigos de la fe para la introducción de la causa martirial, presentada por la Conferencia Episcopal de Guatemala a SS Juan Pablo II, en la ciudad de Guatemala el 6 de febrero de 1996. Regrese al Texto 74 Gerardi viajó a Roma para explicar al Vaticano la situación de la diócesis de Quiché. En noviembre de 1980 intentó regresar a Guatemala, pero el Gobierno de Lucas García le prohibió el ingreso. Tuvo que asilarse en Costa Rica. Cfr., Diócesis de Quiché, El Quiché: el pueblo y su Iglesia, Quiché, pg. 147-158, 183. Regrese al Texto 75 Testimonio recibido por CONFREGUA, citado en Mártires de Guatemala, Guatemala, 1988, pg. 137-138. Regrese al Texto 77 CI 56. Mayo, 1980. Escuintla. Regrese al Texto 78 CI 12. 1980, 1982. Santiago Atitlán, Sololá. Regrese al Texto 79 Cfr. CONFREGUA, Mártires, ob.cit., pg. 14-17. Regrese al Texto 80 Plan de campaña Victoria 82. Anexo F, punto 4, inciso a, número 7. Regrese al Texto 81 Comunicado de la CEG, "Crisis profunda de humanismo", 13 de junio de 1980. Regrese al Texto 82 CEH, Base de datos 11-10-98. Estas cifras reflejan minimamente la persecución contra católicos si se considera que la CEH, durante la recepción de testimonios individuales, no preguntó a los entrevistados la religión que profesaban las víctimas, sino sólo la ocupación o actividad que realizaban. Regrese al Texto 83 R. Sarabia y S. Otero, Memoria y profecía, CONFREGUA, Guatemala, 1997, Apéndice V, pg. 334-335. Regrese al Texto 84 L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine y otros, Informe del Comité de Santa Fe, las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de proyección global de Estados Unidos, Estados Unidos, mayo de 1980, pg. 192. Regrese al Texto 85 Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Guatemalteco, "El hombre, su dignidad y Derechos. Misión de la Iglesia y sus miembros en el momento actual", 8 de abril de 1981. Regrese al Texto 86 Testigo CEH. (T.C. 370). CI 37. 1981, 1983. Quiché. Regrese al Texto 87 Cfr. Testigo CEH. (T.C. 24). Regrese al Texto 88 Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), Declaraciones de monseñor Gerardi a la revista española Eclesia, en IGE, enero, 1987. Regrese al Texto 89 C 668. Junio, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 90 Testigo CEH. (T.C. 846). Regrese al Texto 91 Testigo CEH. (T.C. 846). Regrese al Texto 92 REMHI, Guatemala Nunca Más, ob.cit, Palabras preliminares de Próspero Penados del Barrio, Arzobispo de Guatemala. Regrese al Texto 93 CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 94 C 770. Junio 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Regrese al Texto 95 Testigo CEH. C 679. Mayo de 1981. Ciudad de Guatemala. (El profesor secuestrado fue ejecutado posteriormente). Regrese al Texto 96 Testigo (ex autoridad universitaria) CEH. (T.C. 6). Regrese al Texto 97 La Nación, 12 de noviembre de 1978. Regrese al Texto 98 Declaraciones del general Carlos Manuel Arana Osorio, Diario Impacto, 9 de octubre de 1971. 1 94
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