En 1981 se dio un repliegue de las fuerzas de izquierda en la Universidad. Muchos elementos activos habían perecido en tanto que otros ya se encontraban fuera del país. Entre los que se quedaron había desconfianza hacia las posibilidades de lucha. Los estudiantes y docentes organizados siguieron sus labores clandestinamente, adoptando medidas de seguridad más severas, propias del momento. Muchos de ellos entraban y salían del campus por los barrancos adyacentes y no por los accesos principales. Nadie permanecía en el campus en altas horas de la noche como se solía hacer en los años de lucha social.
Las facultades más progresistas redujeron los horarios de estudio y los exámenes se realizaban en forma "relámpago", para evitar que las fuerzas de seguridad aprovecharan el momento para buscar a sus víctimas. Pintaron los vidrios de las ventanas exteriores de los edificios para dificultar que controlaran a los estudiantes adentro de las aulas. Igualmente fueron modificados los pensum en el área social, a veces solamente cambiando los nombres de los cursos, para no destacar algún contenido marxista (entrevistas).
En la capital la violencia continuaba, pero ya había un marcado silencio ante el terror estatal. La posibilidad de manifestar públicamente desapareció, y muy pocos abogados progresistas quedaron en el país para hacer denuncias o defender los derechos humanos y laborales (Levenson-Estrada 1994: 204). A veces las únicas voces de denuncia salieron de la San Carlos, donde el Consejo Superior y la AEU siguieron criticando al gobierno, aunque sin la misma insistencia de tiempos atrás.
A mediados de 1980, la Universidad se hallaba hundida en el caos. Saúl Osorio Paz, electo para el período de 1978 a 1982, después de constantes amenazas abandonó el país rumbo a México. Intentó administrar desde el vecino país, hasta que fue obligado por el Consejo Superior Universitario a renunciar al cargo en abril de 1980. En su lugar fue nombrado el decano más antiguo de las facultades, Leonel Carrillo Reeves, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Carrillo había sido objeto de amenazas de muerte en 1979 y tan sólo dos meses después de asumir como rector, debió dejar la rectoría. Para el 14 de julio, Raúl Molina Mejía, de Ingeniería, asumía la dirección de la San Carlos. Fue un tiempo de constantes ataques a la Universidad, y el nuevo rector desempeñó su cargo sólo durante un mes. Ante la violencia, muchos estudiantes y profesores desertaron del Alma Máter. Según el Consejo Superior Universitario, la casa de estudios estaba "al borde del colapso" (Siete Días en la USAC: fechas varias 1980).
De ahí en adelante, sólo profesionales no identificados con la izquierda se mostraban dispuestos a dirigir a la San Carlos. Con la ascensión del decano de Derecho, Romeo Alvarado Polanco, como nuevo rector, el carácter político universitario cambió significativamente. Alvarado Polanco, también amenazado de muerte desde 1979, era profesor en la Escuela de Orientación Sindical y considerado de izquierda. Sin embargo, al tomar posesión, redobló los esfuerzos para que la Universidad lograra la "normalización" de relaciones con la administración luquista. Varias administraciones habían buscado el diálogo con el régimen militar, pero Alvarado Polanco hizo más para mostrar su buena voluntad. El órgano oficial Siete Días en la USAC dejó de denunciar los hechos de violencia contra los universitarios y sectores populares. Y a la vez gastaba más tinta criticando las actitudes de estudiantes beligerantes (Amnesty International 1979b: 21; Siete Días en la USAC: fechas varias 1980).
Surgió además un discurso sobre la necesidad de despolitizar el Alma Máter. En una ocasión la administración denunció "la presencia evidente de ciertos grupos políticos (FERG, FRENTE y otros)" y les responsabilizó de haber provocado un reciente allanamiento del campus. En noviembre de 1980 el Consejo Superior Universitario, con la ausencia de varios decanos progresistas electos, solicitó una audiencia con el Presidente de la República. A diferencia de los tiempos de Saúl Osorio Paz, las autoridades universitarias prefirieron tener de interlocutor al Estado y ya no a los estudiantes, provocando así una ruptura entre la administración y el movimiento estudiantil (Siete Días en la USAC: 3 noviembre 1980).
En mayo de 1981, después de dos cambios más en la administración, los universitarios eligieron un nuevo rector para el período 1981 a 1985. Mientras que el FRENTE llamaba votar nulo, elementos de FERG supuestamente intentaron sabotear el proceso democrático. La votación estuvo marcada por las denuncias de coacción en algunos cuerpos electorales estudiantiles, por la quema y robo de urnas así como la anulación de los resultados. No obstante, el ganador de las elecciones a rector fue Mario Dary Rivera, un hombre que se autodenominó "de centroizquierda", mientras que la oposición lo calificaba de "hombre de derecha" (Siete Días en la USAC: 16 marzo 1981; Inforpress Centroamericano: 17 diciembre 1981).
El corto tiempo que el biólogo permaneció en la rectoría fue caracterizado por los más fuertes choques entre los estudiantes y la administración. Militantes de FERG anunciaron su decisión "de continuar la lucha en contra de quien no era legítimo representante de los intereses universitarios". En respuesta, la administración intentó que los grupos de estudiantes más radicales se retiraran. Autoridades de varias facultades denunciaron la presencia de delincuentes comunes en el campus (negando así el carácter político de estos grupos), y la fabricación de cócteles Molotov en la ciudad universitaria (Siete Días en la USAC: 14 septiembre 1981; Inforpress Centroamericano: 17 diciembre 1981).
En septiembre de 1981, Dary se reunió con los ministros de Gobernación y de Educación. De esta cita se plasmó una invitación para que las fuerzas de seguridad combatieran los actos de violencia en la Ciudad Universitaria, incluyendo los de estudiantes y de militantes del movimiento armado. El FERG y la AEU respondieron con diversas acciones de protesta en contra de las negociaciones de Dary, pues para ellos su propuesta vulneraba la autonomía universitaria. El rector advirtió, entonces, que algo podía pasar en la Universidad y no por alguna fuerza represiva ajena, sino por los militantes de FERG, a quienes calificaba de "represivos y psicópatas". El FERG, debilitado, abandonó su trabajo en la casa de estudios y muchos de sus miembros se vincularon totalmente a lucha clandestina del EGP (Inforpress Centroamericana: 17 diciembre 1981; entrevistas).
El 15 de diciembre de 1981 Mario Dary fue asesinado, siendo el primer crimen contra un rector en funciones. El ataque se lo atribuyó el Comité de Resistencia Popular (CRP), vinculado por la prensa a grupos guerrilleros. Quienes reclamaban la autoría del crimen acusaban al rector de haber entregado a las fuerzas represivas a estudiantes y profesores vinculados al movimiento armado. "Matamos a Mario Dary porque era esbirro del gobierno", decía un comunicado que el CRP hizo circular. A diferencia de casi todos los asesinatos políticos contra universitarios, éste no parecía ser parte del plan represivo del gobierno. Investigaciones periodísticas recientes atribuyen el asesinato de Dary a un comando del PGT, organización clandestina que poco tiempo atrás ejercía una fuerte influencia en la administración de la Universidad (Inforpress Centroamericana: 17 de diciembre de 1981; Velásquez, González y Blanck 1997; entrevistas).
El movimiento estudiantil, que había sido fuerte y beligerante pocos meses atrás, estaba en escombros. Muchas asociaciones y grupos estudiantiles desaparecieron, y la AEU perdió su capacidad para movilizar a las masas. De los grupos que permanecieron la gran mayoría evitó tener una proyección política. Además, pocos estudiantes querían hacer sus prácticas en el Bufete Popular o en el Ejercicio Profesional Supervisado, por temor a ser calificados de comunistas. Entre los militantes, la esperanza de hacer cambios trascendentales desapareció. Con el recrudecimiento de la violencia estatal muchos buscaron salvar sus vidas. Quienes habían sido detenidos por el Estado, al ser liberados recibían la desconfianza de sus compañeros de lucha (entrevistas).
A pesar del repliegue de la izquierda, la actitud represiva continuó contra la Universidad. Al parecer, la intención de las autoridades militares no solamente era de neutralizar la San Carlos, sino destruirla sistemáticamente. Por ejemplo, el patrón de violencia parecía ser un plan de atacar a diferentes facultades por determinados períodos, lo que usualmente empezó con el asesinato de un distinguido profesor titular.
En la Facultad de Derecho, el 25 de febrero de 1981 fue muerto a tiros el profesor y ex dirigente estudiantil Mario Arnoldo Castro Pérez, quien al momento de su muerte fungía como asesor jurídico de la rectoría (el fue el segundo catedrático de Derecho en desempeñar tal cargo que moría acribillado en menos de un año). En las tres semanas siguientes fueron asesinados otros cinco profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, incluso el decano en funciones, el politólogo Jorge Romero Imery (véase el anexo).
Los actos de terror al fin tuvieron el efecto que esperaba el régimen, provocando en los estudiantes y profesorado más resignación que resistencia. El 21 de mayo de 1981 el profesor de Medicina Arturo Soto Avendaño fue secuestrado cuando se dirigía al lugar en el que supuestamente su padre había sufrido un accidente de tránsito. Tres días después su cadáver fue arrojado en la entrada de la Ciudad Universitaria, con señales de tortura y cinco balazos en la cabeza. Unas horas más tarde, el decano de la Facultad recibió cartas de más de 50 catedráticos, en las presentaban su renuncia o pedían permiso para ausentarse de sus labores. Casi el 30 por ciento del cuerpo docente se retiraba amedrentado y, en pocos días el mismo decano, Rolando Castillo Montalvo, dejó su cargo. Por lo menos cuatro profesores de la Facultad murieron violentamente ese año (Castillo Montalvo 1984; entrevistas).17
Figura 4. Total de asesinatos y desapariciones de profesionales universitarios y de estudiantes, de 1954 a 1996
En Figura 4 se presenta el ataque contra el profesorado. Entre 1980 y 1983, 80 profesores o administradores universitarios fueron asesinados o desaparecidos en Guatemala, 77 de ellos de la Universidad de San Carlos. Para 1984, la mayoría de los profesionales progresistas estaban muertos o en el exilio; pocos profesionales jóvenes y con compromiso político emergían a tomar sus lugares. Para el resto de la década, las fuerzas represivas volvieron a concentrar sus ataques a la Universidad en contra de los estudiantes.
Hacia 1982 la violencia estatal en la capital y contra la Universidad disminuyó. Por una parte debido al desplazamiento de la insurgencia (y por ende la contrainsurgencia) hacia el altiplano, pero por otro lado, se debía al deseo del gobierno de construir una fachada para poder llevar a cabo elecciones presidenciales tras cuatro años de brutal y constante violencia estatal. No obstante, tras los comicios electorales, un grupo de oficiales jóvenes del ejército dio un golpe de Estado, llevando al poder a una junta militar presidida por el general José Efraín Ríos Montt.
Según el discurso en Siete Días en la USAC, la administración vio los acontecimientos como positivos, aunque representaban una suspensión del proceso constitucional. Romeo Lucas García, quien en ningún momento suspendió la Constitución ni declaró un estado de sitio ni cerró los espacios a la prensa, había logrado aterrorizar a la oposición política durante todo su mando. Con Ríos Montt, la San Carlos esperaba un mejor trato, ya que la Universidad y el movimiento estudiantil lo habían apoyado cuando fue víctima de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1974. Aún mejor, al tomar posesión, Ríos Montt se declaró en contra de las desapariciones forzadas, uno de los principales mecanismos de terror en el área urbana. Asimismo, prometió investigar los miles casos de desapariciones no resueltas.
Al tomar el poder, Ríos Montt suspendió la Constitución, lo que obligó a la Universidad negociar con el nuevo régimen militar. La actitud respetuosa dio resultado. En mayo de 1982, Ríos Montt se declaró a favor de la restitución de la autonomía universitaria, y se mostró dispuesto a discutir la crisis financiera por la que ésta atravesaba. Es más, el sector universitario dejó de ser principal blanco de la violencia oficial por unos meses (Siete Días en la USAC: 24 mayo y 13 septiembre 1982; Amnesty International 1984: 159).18
A los pocos meses de asumir el poder, luego de desintegrar la Junta Militar que lo apoyó, Ríos Montt instauró los Tribunales de Fuero Especial, una especie de jueces sin rostro que procesaban en forma sumarísima a los ciudadanos acusados de delitos comunes, pero en especial a los acusados de "subversión". Aunque esos tribunales representaron la completa militarización del sistema jurídico, fueron en cierto sentido un avance si se comparan con la política de regímenes anteriores de interrogar, torturar y desaparecer a los supuestos insurrectos sin ningún tipo de procedimiento legal. En 1982 y 1983, tiempo que duraron los tribunales y el mismo régimen de Ríos Montt, varios universitarios fueron puestos en libertad tras ser sometidos a juicio en estas cortes (División de Publicidad e Información, USAC 1982-83).
A diferencia de Lucas García, Ríos Montt se mostró interesado en el reconocimiento internacional: para hacer frente a la insurgencia necesitaba de la ayuda militar que le podría ofrecer la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos. De esa cuenta, la presión de varios grupos internacionales de derechos humanos lograron un avance en el respeto de tales derechos. Gracias a esas presiones fue posible la liberación de Juan José Hurtado Vega y Gustavo Castañeda Palacios, dos destacados catedráticos de Medicina acusados de apoyar a la guerrilla.19
A pesar de esa presión internacional en favor de los derechos humanos, el régimen regresó rápidamente a las prácticas del pasado. En julio de 1982 terminó una amnistía ofrecida por Ríos Montt a los supuestos subversivos y el nivel de violencia extrajudicial aumentó en todo el país. Tan sólo de julio a octubre, 22 universitarios fueron desaparecidos.
El gobierno no descansaba en su afán de destruir las bases de oposición en la Universidad, aún silenciadas. Por ejemplo, en esa época la Ciudad Universitaria volvió a ser inundada por drogas ilícitas.
El problema de los narcotraficantes se había recrudecido por primera vez en 1978. En parte se debía a la autonomía de la Universidad y la falta de control policíaco. Pero a decir de muchos, fue un negocio manejado por las fuerzas de seguridad para desacreditar a la Universidad y a la vez autofinanciar la guerra contrainsurgente (luego de que ese año Estados Unidos retirara la ayuda militar al ejército guatemalteco). En ese entonces se dio un fuerte movimiento estudiantil que contrarrestó la presencia de los narcotraficantes (Siete Días en la USAC: fechas varias, 1978; entrevistas).
Para 1982 la situación era diferente y los traficantes regresaron con más fuerza. Su sitio de venta, frente al edificio de Farmacia y Ciencias Químicas, llamado el "Iglú" (por su construcción parecida a las viviendas del Polo Norte) llegó a ser famosa en toda la capital. Mientras varios hombres armados con ametralladoras protegían el lugar, otros se encargaban de vender las bolsitas con marihuana a estudiantes y a personas ajenas a la San Carlos. Las transacciones de la droga se hacían de la forma más abierta y despreocupada, burlándose así de las autoridades universitarias que no permitían el ingreso de las fuerzas de seguridad para evitar que fuera vulnerada la autonomía universitaria. Varios entrevistados opinan que, dado el contexto político y los acontecimientos, los narcotraficantes fueron patrocinados por el Estado como una nueva forma de debilitar y neutralizar a la Universidad.
17 Soto Avendaño pertenecía a los "doce apóstoles", un grupo de profesores que lideró las reformas en la Facultad de Medicina en los años 60. A finales de 1981 otro miembro del colectivo, Guillermo Muñiz Solares, cirujano especialista en manos, fue secuestrado para luego ser encontrado muerto con las manos amputadas (AAAS 1986: 9-10).
18 En el interior del país, en cambio, durante los primeros 100 días del gobierno de Ríos Montt, la violencia estatal extrajudicial llegó a su más alto nivel del conflicto armado (Ball, Kobrak y Spirer 1999).
19 Castañeda Palacios además era padre del martir universitario Oliverio Castañeda de León y se le acusó de poseer literatura subversiva cuando las autoridades le confiscaron los libros de texto de su hijo (Irías 1984; AAAS 1986: 22).
