Para 1983, las fuerzas revolucionarias en Guatemala se encontraban en un letargo propiciado por las ofensivas militares y la implantación en todo el país de milicias campesinas antiguerrilleras: las Patrullas de Autodefensa Civil. Estas acciones habían logrado separar a la insurgencia de su base social en el campo. Mientras tanto, en la ciudad el control crecía y hacía imposible cualquier acción armada o encubierta de los revolucionarios. Ante esto, los comandos de la insurgencia pasaron a la clandestinidad y su actuación no se volvió a registrar, sino hasta años más tarde. Los militares habían consolidado su mando y en los años siguientes la militarización de la sociedad sería parte de la forma de vida de los guatemaltecos.

En agosto de 1983, un nuevo golpe de Estado, una vez más gestado por los militares, colocó al general Oscar Humberto Mejía Víctores al frente del poder. Acorde a la situación nacional y de la región, el régimen de Mejía Víctores restableció la institucionalidad y más adelante convocó a elecciones. Esta normalización política, que se extendía por varios países de Latinoamérica, dejó una buena cuota del poder en manos de los militares.

Tras la ascensión de Mejía Víctores, en la capital y en la Universidad de San Carlos los simpatizantes de la oposición vieron la posibilidad de reanudar su actividad política. Sin embargo, el poder militar no estaba dispuesto a ceder ningún espacio a la izquierda revolucionaria organizada ni a la oposición legal. Durante los treinta meses de transición entre el golpe de Estado y la elección de un presidente civil, la persecución en contra de la Universidad mantuvo su dureza.

Después de años de silencio y de operar semiclandestinamente, con dirigentes anónimos, la Asociación de Estudiantes Universitarios intentó restablecer su proyección social. En mayo de 1983 se eligió un nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por la alianza UVE-PRAXIS (en realidad la continuación del FRENTE). Varios de los jóvenes en la planilla tenían experiencia en el movimiento sindical y vínculos con el proscrito Partido Guatemalteco de Trabajo.

En ese momento el Alma Máter atravesaba una profunda crisis financiera, en parte porque la administración de Ríos Montt no completó la entrega del presupuesto y porque año tras año la población estudiantil estaba en constante aumento. La rectoría planteó como solución a esta crisis un aumento en la cuota estudiantil. El Comité Ejecutivo de la AEU respondió en forma beligerante y propuso que el régimen militar redujera el presupuesto del Ministerio de la Defensa e incrementara el de la San Carlos (Siete Días en la USAC: 1983, fechas varias).

Al mismo tiempo, el régimen era estremecido por el resurgimiento de acciones guerrilleras urbanas y una reanudación del movimiento sindical. El 28 de septiembre de 1983, el PGT detonó una bomba planfletera para celebrar su 34 aniversario. Luego las FAR secuestraron a familiares de Ríos Montt y Mejía Víctores, en un infructuoso intento para presionar en favor de la liberación de Yolanda Urízar de Aguilar y otros militantes de su organización. La respuesta del ejército fue la destrucción de varias casas de seguridad de los grupos guerrilleros en la ciudad (Americas Watch 1984: 158; Velásquez, González y Blanck 1997).

Nuevamente la Universidad fue el blanco de la batalla entre la insurgencia y la contrainsurgencia. El 24 de noviembre 1983, llegó al país el Vizconde Colville de Culross, relator de la Organización de las Naciones Unidas, para investigar la situación de los derechos humanos en el país. Al día siguiente, la San Carlos fue conmovida por el asesinato de Leonel Carrillo Reeves, ex decano de Farmacia y Ciencias Químicas y dos veces rector en funciones durante la peor etapa de terror estatal. Aunque no compartía la visión de transformación social de los marxistas en el profesorado y estudiantado, Carrillo Reeves fue uno de los más fuertes críticos del ataque contra la Universidad.

Por un lado, sus familiares acusaron a la guerrilla como responsable de la muerte del profesional. Esto, basados en que Carrillo Reeves era miembro del Consejo Superior Universitario en 1980 y había presionado para que Saúl Osorio Paz renunciara a la rectoría cuando éste se había ausentado del país. De tal cuenta, y aprovechando la presencia del Vizconde Colville en Guatemala, es posible que el PGT haya decidido desprestigiar al régimen con el asesinato de otro universitario que, además, había ayudado a que el PGT saliera de los cuadros administrativos de la San Carlos (Luis Carrillo Ovalle, entrevista; Velásquez, González y Blanck 1997).

Por otro lado, militantes y ex militantes del PGT destacan que desde 1978 Carrillo Reeves era amenazado por grupos paramilitares ultraderechistas. Al ex decano también se le conoció como un acérrimo enemigo de los narcotraficantes, al extremo que llegó a enfrentarse físicamente a éstos que habían hecho del campus su guarida (entrevistas).²⁰

Para finales de 1983 era evidente que los grupos guerrilleros habían aumentado sus acciones urbanas. A principios de 1984 surgió un nuevo grupo armado, el Movimiento "6 de Enero", una fracción disidente del PGT que salió de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT). Mientras el Comité Central del PGT se replegó a México, miembros de la JPT que permanecían en Guatemala querían recuperar la actividad combativa y reorganizar el movimiento popular. Entre los fundadores de este movimiento había dirigentes de la AEU y activistas sindicales (entrevistas).

El 17 de febrero de 1984, los trabajadores de la Embotelladora Coca Cola ocuparon las instalaciones de la empresa en la capital. Esta fue una importante acción laboral que llegó a durar un año y que contó con el apoyo de muchos universitarios.

La reacción del Estado fue inmediata para contrarrestar el posible resurgimiento de movimientos similares o de acciones político-militares. Ese mismo día fue secuestrado el director de la Escuela de Orientación Sindical de la Universidad, Santiago López Aguilar; su cadáver fue encontrado días después con señales de haber sido cruelmente torturado. El catedrático, además de haber sido militante del PGT, fue perseguido por el Estado durante muchos años.

Al siguiente día un nuevo secuestro era realizado. Esta vez se trataba de Edgar Fernando García, asesor de la Escuela de Orientación Sindical y estudiante de Ingeniería, además de ser miembro de la junta directiva del sindicato de trabajadores de la Industria Centroamericana de Vidrio, SA (CAVISA), uno de los más combativos de ese tiempo. García llegó a convertirse en símbolo de lucha del sindicalismo guatemalteco.

Los secuestros no cesaron: el 19 de febrero fueron desaparecidos los esposos Alma Lidia Samayoa Ramírez y Víctor Hugo Quintanilla Ordóñez, ambos ex dirigentes estudiantiles y miembros del PGT. Quintanilla era además asesor de una federación sindical (Albizúres 1985: 96-100; División de Publicidad e Información, USAC; AAAS 1986: 19-20, 29; Amnesty International 1987a: 216).

Más que en cualquier otro momento durante el conflicto armado, bajo el régimen de Mejía Víctores la práctica cruel de la desaparición forzada se convirtió en el método preferido para combatir a la oposición. En total y entre febrero y mayo de 1984 fueron desaparecidos 20 estudiantes y un profesor de la San Carlos (muchos de los cuales posteriormente fueron reportados muertos, según archivos militares), además de tres estudiantes, tres profesores y varios activistas laborales que aparecieron muertos (véase al anexo).

El terror llegó a su auge la semana del 15 de mayo, cuando en el más mortífero ataque contra el movimiento estudiantil hasta la fecha fueron secuestrados, uno tras otro, siete miembros del Comité Ejecutivo de la AEU. Varias de las víctimas eran miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo y ninguno de ellos volvió con vida (véase el anexo).

Esta última oleada de terror urbano condujo a una nueva etapa de organización contra los abusos del Estado. Igual que en 1966 y en 1971, fueron universitarios quienes lideraron la resistencia al terror estatal. Ante la gran cantidad de secuestros y despariciones forzadas, muchos familiares de las víctimas, de diferentes estratos sociales, empezaron a encontrarse durante sus visitas a la Morgue del Organismo Judicial, donde esperaban reconocer a sus desaparecidos. Unidos por un mismo dolor e incertidumbre, amas de casa, obreros, campesinos y universitarios se daban cita todos los días en espera de los cadáveres que llegarían a la morgue. En esos tiempos, llegaban entre 30 y 40 cadáveres diarios, recuerda Mario Guerra, entonces médico forense (entrevista).

Fue en ese lugar en el que coincidieron dos estudiantes universitarias, Nineth Montenegro de García, alumna de la Facultad de Derecho y esposa de Edgar Fernando García, y María del Rosario Godoy de Cuevas, estudiante de Sociología y esposa de Carlos Cuevas Molina (uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la AEU desaparecido el 15 mayo). Montenegro y Godoy fueron dos de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM), la primera organización, surgida tras el auge de la violencia, que se atrevió a exigir al gobierno que se investigara oficialmente la naturaleza de las desapariciones y los grupos paramilitares. Atrajo la atención de la prensa extranjera que buscaba historias sobre la resistencia a la dictadura militar en Guatemala.

El 12 de octubre de 1984, GAM realizó su primera actividad pública con una caminata de 30 kilómetros que concluyó en frente

Al inicio, el GAM se integró con familiares de sindicalistas y universitarios. Luego el grupo creció de forma rápida, involucrándose la gran masa de campesinos y mayas que perdieron familiares durante los años de "tierra arrasada" en el altiplano. El 13 de abril de 1985 se llevó a cabo otra marcha masiva, que en su mayoría eran mujeres indígenas. Fueron acompañadas por universitarios encapuchados, quienes caminaban atrás de la bandera de la Asociación de Estudiantes "El Derecho", organización que luchaba desde 1966 (Simon 1987: 159-61, 197-98).

Para 1985 la insistencia del GAM rindió sus frutos. Mejía Víctores accedió a formar una Comisión Tripartita. No obstante, las desapariciones continuaron y GAM denunciaba públicamente la falta de voluntad oficial para investigar a los ejecutores de los hechos de violencia. La respuesta fue más violencia, esta vez en contra de los defensores de los derechos humanos. El 30 de marzo de 1985 el dirigente del GAM Héctor Gómez Calito fue secuestrado; su cadáver apareció mutilado y torturado. En un emotivo discurso para el entierro de Gómez Calito, Rosario Godoy de Cuevas elogió al asesinado. Esto, al parecer, provocó que la líder corriera la misma suerte. Una semana después, el cuerpo de Godoy de Cuevas apareció en un barranco junto al de su hermano y su hijo de apenas dos años de edad. Aunque la policía sostuvo que la triple muerte era resultado de un accidente de tránsito, los hechos demostraron que fue un acto de terror en contra de quien exigiera el respeto a los derechos humanos. La miembro de GAM tenía mordidas en los senos y las uñas de su bebé habían sido arrancadas (Amnesty International 1987a: 92-93; Amnesty International 1987b: 170-71; Goldman 1995).

La destrucción del Movimiento "6 de Enero" significaba el descenso en la cuestión militar revolucionaria en la ciudad capital. Mientras tanto, el surgimiento del GAM marcaba el inicio del fortalecimiento de la lucha social. Al igual que ocurrió en la primera mitad de los años 70, esto no representaba el fin de la influencia de las organizaciones guerrilleras, sino una nueva forma de lucha.

En 1985, como en 1978, fueron los conflictos económicos los que prendieron el fuego para la realización de grandes manifestaciones. A mediados de ese año, la economía guatemalteca atravesaba una fuerte crisis provocada por la fuga de capitales ante la inseguridad para las inversiones provocada por el conflicto armado y por la creciente corrupción de los altos jefes militares. Los militares, contando con la debilidad de la sociedad civil tras años de represión, intentaron que las clases populares pagaran las consecuencias: los precios fueron liberados y los subsidios a los servicios públicos fueron suspendidos, algo muy parecido a los sucesos de 1978. A finales de agosto 1985, el gobierno propuso una alza en el precio del transporte urbano de 10 a 15 centavos. Esto era tocar de nuevo el tema que más protestas y violencia generaba en la población urbana (Simon 1987: 197).

Ante el alza al pasaje, la oposición no perdió tiempo y se organizó, formando una nueva coordinadora que aglutinó a los sectores populares y el movimiento estudiantil, la Unidad de Sindicatos de Trabajadores de Guatemala, UNSITRAGUA. Esta llamó al pueblo a participar en una huelga general, e incitó a las organizaciones a retomar las manifestaciones masivas como táctica de protesta.

Al principio, las protestas callejeras fueron pacíficas. Pero con la respuesta represiva del Estado, los manifestantes tomaron medidas de hecho, incluso la quema de 25 buses en los que se pretendía cobrar la nueva tarifa. A diferencia de las jornadas de 1962 o 1978, el régimen no vaciló en mandar a las fuerzas de seguridad a la calle. Y en reflejo de la nueva coyuntura, no fue la Policía Nacional la encargada de mantener el orden, sino las tropas del ejército. El régimen recobró el control mediante una masiva campaña de detenciones y violencia, en la cual murieron 12 jóvenes. Sin embargo, la movilización popular obligó al gobierno a dar marcha atrás en el alza de los precios (Simon 1987: 197; Jonás 1991: 180).

Los estudiantes continuaron con manifestaciones pacíficas en contra de la represión.²¹ Fue así como el 3 de septiembre de 1985 una marcha multitudinaria llegó al Palacio Nacional, proveniente del campus universitario. Ya en la Plaza Mayor los manifestantes exigieron la renuncia de Mejía Víctores. Sin embargo, los militares preparaban un claro mensaje a sus opositores de que ellos tenían el poder sobre la ley y sobre las personas.

Esa misma noche ocurrió la violación más grande y abierta en contra de la autonomía universitaria desde 1944. Un tanque de guerra arrancaba de cuajo la puerta de entrada a la Ciudad Universitaria, dando paso a unos 500 soldados que invadieron el campus durante cuatro días. Durante la invasión, la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia llamó a la prensa extranjera a ofrecerle un tour para comprobar la existencia de evidencias de subversión en la Universidad.

Cuando estudiantes y autoridades regresaron a la casa de estudios, se encontraron con destrucción y saqueo, tanto en la rectoría, en las sedes de la AEU y en la oficina del sindicato, como en la mayoría de unidades académicas del área social, incluyendo Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Políticas. Los invasores, demostrando su falta de respecto por el Alma Máter, orinaron en las aulas y pintaron consignas militares en las paredes, así como en los pizarrones, en los que se podía leer "Viva el Ejército". Los soldados se llevaron un sinnúmero de archivos sobre violaciones a los derechos humanos e información sobre los alumnos, que tomaron del sistema de cómputo, aparentemente para actualizar y alimentar los archivos de inteligencia militar (Simon 1987: 197-200; Hey 1996: 106; entrevistas).

La invasión a la Universidad fue totalmente rechazada tanto en Centroamérica como en los círculos académicos estadounidenses y europeos. Todo esto ocurría en medio de un supuesto proceso democratizador y a tan sólo un mes de que la nueva Constitución Política de la República fuera aprobada, asi como a pocas semanas de las elecciones generales para decidir un nuevo presidente civil. El ejército parecía haber cometido una torpeza, pues a partir de ese momento perdió credibilidad ante los guatemaltecos y ante la comunidad internacional que tenía los ojos puestos en el proceso de transición que vivía Guatemala. Sin embargo, el ejército logró su fin con la invasión: dejar claro que, sin importar quién estuviera en la silla presidencial, ellos iban a retener el poder.

En el proceso de la elaboración de la nueva Constitución, por un lado la Universidad nacional logró defenderse, esto a pesar de que la derecha la consideraba centro de subversión. Dado el constante crecimiento en la población estudiantil, los delegados a la Asamblea Constituyente coincidieron en aumentar la asignación presupuestaria del tres al cinco por ciento de los ingresos del Estado.

Sin embargo, durante el proceso hubo más violencia contra la Universidad. El 2 de marzo de 1985 fueron desaparecidos los tres estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC)—Joaquín Rodas Andrade, Rafael Galindo y Ricardo Gramajo—quienes habían participado en manifestaciones en Quetzaltenango contra una propuesta llevada ante la Asamblea Constituyente para limitar la autonomía universitaria (Amnesty International 1987a: 117).

La extensión de la Carolingia en Quetzaltenango había mantenido su espíritu de resistencia ante los militares, esto a pesar de la brutal pacificación que se dio en el Occidente a partir de 1980. Por su identificación con las causas populares el CUNOC ganó el apodo de "Centro Universitario Obrero y Campesino". Así, como la Figura 5 muestra, fue el segundo blanco del ataque estatal contra la intelectualidad del país. En repetidas ocasiones entre 1979 y 1985, el CUNOC fue allanado, y varios de sus profesores y estudiantes fueron asesinados, incluyendo en 1982, al director del Centro, Raúl Rodríguez Arango (Siete Días en la USAC: 27 septiembre 1982; entrevistas).

No obstante la represión que caracterizó a 1985, fue en ese año cuando el movimiento estudiantil y las fuerzas de oposición recuperaron la confianza para continuar promoviendo la lucha y las reivindicaciones sociales. Mediante las jornadas de agosto y septiembre, la izquierda urbana restableció su base organizativa. Mientras que en las elecciones generales la dictadura permitió la participación de, al menos, una parte de la oposición política. De tal cuenta, la centrista Democracia Cristiana consiguió una victoria abrumadora.

Con la llegada a la Presidencia de Marco Vinicio Cerezo Arévalo disminuyó la represión, aunque solamente durante un corto tiempo. El nuevo Presidente prometió durante su campaña política llevar a cabo un proceso de desmilitarización. Sin embargo, al asumir el cargo no hizo nada para investigar las desapariciones y las masacres, o desmantelar las Patrullas de Autodefensa Civil y otros grupos del amplio aparato castrense. Un mes después de iniciar su período, Cerezo se excusó ante la prensa extranjera, diciendo que si llevaba a cabo cambios muy rápido y profundos los periodistas "tendrían que entrevistarme en Miami" (Americas Watch 1986: 9-10).

Cerezo pretendía ser el mandatario de la paz y la reconciliación en Guatemala. En tal búsqueda, realizó viajes a Costa Rica y México durante 1986 para hablar con las comunidades de guatemaltecos en el exilio, a quienes invitó a regresar al país bajo su garantía personal. Pero la línea dura de las fuerzas de seguridad estaban dispuestas a usar el terror contra aquéllos con antecedentes políticos. En marzo de 1987 Edgar Arana Castillo, dirigente estudiantil de Medicina, fue secuestrado al poco tiempo de haber regresado al país, tras un exilio de varios años. Su cadáver fue hallado con evidencias de tortura. En 1988 la violencia en contra del movimiento estudiantil se recrudeció y se ensañó contra otros regresados del exilio. Por ejemplo, la estudiante universitaria Débora Carolina Vásquez Velásquez regresó del exilio y luego fue detenida, torturada y después liberada con vida. En febrero, otro retornado, el estudiante de Agronomía José Albino Grijalva Estévez, fue secuestrado. Al día siguiente su cadáver torturado apareció en el departamento de Santa Rosa (Americas Watch 1988: 28-31).

Figura 5. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,
por universidad, de 1954 a 1996

El campus central de la San Carlos, donde estudiaron o trabajaron la mayor parte de las víctimas, es mucho más grande que cualquier otro campus universitario. En 1980, durante lo más brutal del terror estatal contra la Universidad, 33,312 estudiantes, o 85 por ciento de los 39,421 en todo el sistema, estudiaron en el campus central (datos del Departamento de Registro y Estadística-USAC).

La muerte de Grijalva Estévez era parte de una serie de secuestros y torturas de estudiantes, sindicalistas y otros miembros del movimiento opositor, que fueron perpetrados por la llamada Panel Blanca: un vehículo marca Ford, tipo panel, color blanco y de vidrios polarizados que se se hizo famosa por los múltiples secuestros que cometieron sus ocupantes y por la impunidad con la que operaban. Una marca particular del vehículo que la población llegó a conocer como "la nave de la muerte". Dentro de la lista se encuentran varios estudiantes que después de ser secuestrados, sus cuerpos aparecían torturados y con el tiro de gracia (Amnesty International 1989a: 19, 46).

Ante los constantes secuestros de la Panel Blanca, diferentes sectores exigieron al régimen que se investigara el caso y que se atrapara a los responsables. Meses después el director de la Policía Nacional, coronel Julio Caballeros Signé, capturó a punta de pistola la supuesta Panel Blanca. En su interior viajaban seis guardias de Hacienda. El director de la Guardia de Hacienda, Oscar Díaz Urquizú, dijo que se trataba de un complot de Caballeros y Vinicio Cerezo en su contra e intentó liberar a los capturados. En medio de la tensión, privó la orden presidencial y los guardias de Hacienda fueron consignados a los tribunales. En un recorrido posterior de las autoridades por los parqueos de la policía hacendaria, descubrieron otros dos vehículos similares a la nave de la muerte. Las investigaciones determinaron que los vehículos estaban bajo el control del Estado Mayor Presidencial (formalmente una guardia presidencial militar que, en realidad, funcionó por largos años como una estructura de control militar sobre la Presidencia y que organizó una campaña de violencia extrajudicial en contra de su oposición). Unos 20 guardias y el director de la misma debieron enfrentar un proceso judicial, el cual a lo largo de dos años, estuvo plagado de irregularidades, amenazas en contra de testigos y jueces, al extremo que el juez encargado del caso fue secuestrado. Al final, los acusados salieron libres (Blanck y Velásquez 1997).²²

Este brote de terror contra los estudiantes y los sindicalistas puede entenderse como una reacción estatal a un crecimiento en el poder y la beligerancia de los movimientos popular y estudiantil, a finales de los 80. Durante varios años el miedo provocado por la violencia había contribuido a desanimar la participación de los estudiantes en las organizaciones; además, el propio carácter radical del movimiento los alejaba. No obstante, durante el nuevo régimen civil la AEU y las demás asociaciones resurgieron con efervescencia. Para 1988, la política estudiantil parecía similar a la de una década atrás, con varios grupos en busca de cuotas de poder dentro de la casa de estudios (entrevistas).

El fenómeno de recomposición se dio en todo el sector popular. En diciembre de 1987, nace una nueva coordinadora de las actividades de la oposición de izquierda, la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), de la cual formaron parte importante los estudiantes aglutinados en la AEU. Aunque similar al CNUS de los años 70, UASP poseía un notable carácter de posguerra. Además de cuestiones económicas (como un aumento en los salarios mínimos de los trabajadores), UASP se preocupaba por las investigaciones de los casos de miles de desaparecidos, el retorno de los refugiados en México, el reconocimiento de organizaciones como el Comité de Unidad Campesina y la desmilitarización de la sociedad guatemalteca, sobre todo insistiendo en la supresión de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) (Gramajo 1995: 351).

En enero de 1988 UASP realizó dos grandes manifestaciones en la capital para exigir un diálogo con el gobierno sobre estos y otros puntos. Más adelante, los universitarios apoyaron varias protestas masivas que repudiaban el pretendido aumento en la tarifa de la electricidad. Por medio de conferencias de prensa y campos pagados en los medios de comunicación, los universitarios empezaron a recobrar su papel en la sociedad civil, identificándose con los intereses de las clases populares.

Era un tiempo de mucha confianza en el movimiento estudiantil y quizá por eso también de descuido. Igual que durante el período de 1978 a 1981, los universitarios no pusieron suficiente atención en el carácter terrorista de las fuerzas del orden, permitiendo así filtración de información en las organizaciones y una baja en sus niveles de seguridad. Esto perjudicaba la seguridad de los dirigentes, porque muchos de ellos eran militantes de las organizaciones clandestinas, ya sea de alguno de los cuatro grupos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) o de las expresiones disidentes (entrevistas).

En esa época, la posición de la AEU era de respaldo a la política de la URNG: en favor la negociación para el prolongado conflicto armado. Los estudiantes y los insurrectos coincidían tanto en las cuestiones sociales como en las causas y efectos del enfrentamiento, así como la vía para concluirlo. Aunque la cuestión militar se encontraba en descenso, el movimiento estudiantil ya era, una vez más, una amenaza para los militares. El desequilibrio en la relación poder civil y poder militar favorecía a los últimos, al grado que entre los jefes castrenses se había desarrollado una cultura de prepotencia y de confianza en su dominio. El nuevo concepto de "subversión" para el ejército consistía en que alguien más pudiera tomar parte en la decisión de cuándo y cómo se abrirían los espacios políticos.

Mientras esta fase de reorganización urbana ocurría, Guatemala vivía un tiempo de crecientes tensiones políticas. A mediados de 1988, los autoproclamados "Oficiales de la Montaña", un grupo de supuestos disidentes del ejército, intentaron hacerse del poder por medio de un golpe de Estado. El levantamiento logró ser conjurado después de que tanques ocuparon el centro de la ciudad, una acción que hizo poco para fortalecer el poder civil ante los militares.

Los sectores populares respondieron con manifestaciones de protesta en contra de los golpistas y a favor del poder civil y el estado de derecho. Una vez más el movimiento estudiantil pagó por su beligerancia. Poco antes de la intentona, aparece una circular del Ejército Secreto Anticomunista, amenazando de muerte a sesenta dirigentes estudiantiles. Luego, el 22 de julio, 12 hombres que portaban fusiles de asalto, similares a los del ejército, intentaron secuestrar a Oscar Monterroso, uno de los dirigentes de la AEU cuyo nombre había aparecido en las listas de amenazados. Aunque Monterroso logró escapar, el mismo día fue secuestrado Adrián Guerra Roca, otro miembro del Comité Ejecutivo de la AEU. Cinco días después, apareció su cuerpo sin vida y con señales de haber sido torturado (Americas Watch 1988: 27; Amnesty International 1989: 19).

A pesar de la crueldad de los actos, esta violencia sólo era el preámbulo de lo que ocurriría en 1989. Ese año, el ciclo escolar inició con la detonación en la Ciudad Universitaria de una serie de bombas con volantes y propaganda. Los volantes, firmados por dos nuevos grupos paramilitares, "El Jaguar Justiciero" y "La Dolorosa", amenazaban a los dirigentes estudiantiles a cada uno por su nombre, y se les conminaba a dejar su "intervención subversiva" y a abandonar la AEU (Amnesty International 1990: 105).

Sin embargo, la creciente proyección del movimiento estudiantil continuaba. A finales de 1988 la Unidad Estudiantil (UE) ganó las elecciones para el control de la AEU, desplazando así al partido Avanzada. Ambos grupos se mostraban simpatizantes del proyecto político del movimiento guerrillero. La dirigencia de UE se destacó, además, por su férreo deseo de alcanzar una reforma universitaria, a veces en contra de los intereses de la administración de turno, en quienes recaían acusaciones de malos manejos de las finanzas de la Universidad autónoma (entrevistas).

Simultáneamente, las tensiones políticas y sociales estaban en aumento. A nivel regional, en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inició en noviembre de 1989 la más grande ofensiva en diez años de guerra, obligando al gobierno de Alfredo Cristiani a sentarse a la mesa y negociar una salida. De igual manera, en Guatemala las acciones rebeldes se hicieron más frecuentes a fin de obligar al régimen a aceptar una negociación para terminar con la guerra.

Encima de las tensiones sobre el conflicto armado, en junio de ese año los maestros de la educación pública guatemalteca se declararon en huelga, un movimiento que llegó a ser masivo y duró meses. Al igual que los paros de 1973, la huelga recibió el más fuerte apoyo de los estudiantes de la Universidad.

En agosto de 1989, ya en los últimos días de la huelga magisterial, la violencia reaccionaria explotó. El 1 de ese mes fue asesinado Danilo Barillas, fundador y ex secretario general de la Democracia Cristiana Guatemalteca. Barillas era amigo personal del presidente Vinicio Cerezo, y había organizado las primeras reuniones entre el gobierno y la UNRG. A mediados de ese mismo mes, las instalaciones del Grupo de Apoyo Mutuo y otros grupos de derechos humanos fueron blanco de ataques terroristas (Americas Watch 1990: 28; entrevistas).

Pero sin duda, el sector más golpeado fue el estudiantil. Mientras las amenazas en contra de los dirigentes estudiantiles continuaban, agentes del Estado lograron infiltrarse en la AEU, instalando un "oreja" en la misma dirigencia de la organización: se trataba del especialista del ejército Edgar William Ligorría Hernández (El Periódico: 16 septiembre 1997).

Con la información que Ligorría trasladaba a la inteligencia militar, el 21 de agosto se inició una campaña de secuestros en contra de dirigentes y ex dirigentes estudiantiles. El primer caso se dio cuando fueron raptados los esposos Silvia María Azurdia Utrera y Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, ambos miembros activos de la AEU. En las siguientes 48 horas fueron secuestrados cinco estudiantes más, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo de la AEU y del grupo Unidad Estudiantil (véase el anexo). De los cinco estudiantes, uno de ellos, Van Ernesto González Fuentes, era el representante universitario en el Diálogo Nacional, una comisión convocada por el gobierno que no era vista con beneplácito por el ejército. Mario Arturo de León Méndez, otro de los secuestrados, fue presidente de una comisión sobre la reforma universitaria y su secuestro ocurrió momentos después de participar en una conferencia de prensa en la que denunció la desaparición forzada de sus compañeros (División de Publicidad e Información, USAC; Americas Watch 1990: 16-19; El Periódico: 16 septiembre 1997).

Después de varias semanas aún no se tenía noticias sobre el paradero de los siete estudiantes. En el campus universitario, las mantas en protesta por esos secuestros y en solidaridad con los desaparecidos fueron cada vez más numerosas. No obstante, el 9 de septiembre dos estudiantes más, Carlos Leonel Chutá Camey y Carlos Humberto Cabrera Rivera, fueron secuestrados. Cabrera, de 48 años, además de ser estudiante de Humanidades, era maestro de educación primaria y fue uno de los dirigentes de la huelga magisterial de ese mismo año. Ambos fungieron como dirigentes de Avanzada en el muy activo secretariado de la AEU de 1987-88. Al día siguiente de su secuestro, otro ex dirigente de la AEU, Eduardo Antonio López Palencia, corrió el mismo destino.

El 11 de septiembre, los Bomberos Municipales, después de recibir una llamada anónima, encontraron los cadáveres de cuatro de los estudiantes (Azurdia, Jaramillo, Cabrera y Chutá) junto a una cerca en las proximidades de la entrada a la Ciudad Universitaria. En el caso de Silvia Azurdia, la estudiante había permanecido detenida por casi 20 días, su cadáver presentaba señales de pinchazos de aguja en los brazos y quemaduras de cigarro en todo el cuerpo. Sus uñas estaban dobladas y el informe forense indicó que fue posible localizar residuos de semen, de varios tipos, lo que indicaba que un número de dos o más personas habían abusado sexualmente de ella (El Periódico: 16 septiembre 1997).

Los hechores de este horrendo crimen, a fin de desviar la atención de la campaña de sangre que las fuerzas de seguridad llevaban en contra del movimiento estudiantil, intentaron hacer creer que los asesinatos habían sido producto de una purga interna del movimiento estudiantil. Los cadáveres eran acompañados por una nota que decía, "Por la dignificación de la AEU nos vemos obligados a tomar medidas radicales contra todos aquellos dirigentes que han lucrado con nuestros fondos y entregado nuestra asociación a sectores externos ligados a la violencia estatal y que han atomizado el movimiento estudiantil impidiendo la unidad".

Sin embargo, por el perfil de las víctimas (todas destacadas por su actividad política) queda claro que la intención de la matanza fue neutralizar el movimiento. Los maleantes parecían haber gozado de protección oficial para cometer esos actos: muchos de los secuestros tuvieron lugar en plena luz del día o en lugares muy transitados.

La violencia tuvo efecto. De los sobrevivientes en el Comité Ejecutivo, seis fueron al exilio y muchos más se retiraron del movimiento estudiantil. En los próximos años, la AEU carecería de la proyección social y revolucionaria que sus dirigentes habían desarrollado a lo largo de los años 80. La década terminó de la misma manera como principió: la represión diezmó el movimiento estudiantil.

William Ligorría, por su parte, ya no tenía cargo en la AEU (había sido expulsado por malversación de fondos antes de la matanza). En 1992 reapareció como jefe del Instituto de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, dotado por el Estado Mayor Presidencial con un equipo de guardaespaldas. Según fuentes de la inteligencia militar, la protección la recibió a raíz del rol de delator que cumplió en la entrega de los dirigentes de la AEU (ibid.).

²⁰ En mayo de 1999 el Archivo Nacional de Seguridad, una organización no gubernamental en Estados Unidos, publicó un archivo militar secreto que revela quién asesinó a Carrillo Reeves. El dossier esclarece que las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente dos militantes del PGT, Tomás Vargas Boror y Victoriano Balam Yool, quienes según la inteligencia militar participaron en la muerte de Carrillo Reeves (Archivo militar, 1983-1985).

²¹ La participación de estudiantes de nivel medio en estas protestas obligó a Mejía Víctores a decretar la suspensión del ciclo escolar como medida de evitar un estallido social.

²² En 1996, el caso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Díaz Urquizú, ex director de la Guardia, siguió insistiendo en su inocencia. Según su testimonio, la responsabilidad de los crímenes recaía en Caballeros Signé, a quien se le acusa de haber participado en organizar el "Archivo" (servicio de inteligencia militar) del Estado Mayor Presidencial. En 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico: encontró culpable al Estado de Guatemala por los crímenes cometidos por la Panel Blanca. La decisión de la Corte señala la lentitud de las autoridades y la impunidad con que el Estado cubrió a esos crímenes durante once años (Blanck y Velásquez 1997).