Los estudiantes universitarios aún califican la caída de Ydígoras como uno de los grandes logros de su movimiento. Sin embargo, los hechos muestran que el gobernante salió de la presidencia porque perdió el patrocinio del gobierno de Estados Unidos. El cada vez más corrompido régimen había perdido el respaldo de los sectores poderosos de la economía, y no parecía capaz de contener los crecientes movimientos revolucionarios. A esto se debe sumar que existía la posibilidad de que el ex presidente Juan José Arévalo retornara al país para participar en las elecciones generales de 1964.

Este panorama alertó a los norteamericanos, así que por segunda vez, en diez años, el Departamento de Estado usó su influencia dentro del ejército guatemalteco para fomentar un golpe de Estado, dirigido por el hasta entonces Ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. De inmediato, Peralta canceló las elecciones, se valió del estado de sitio para gobernar por medio de decretos, hasta que en 1965 se promulgó la nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente que había sido nombrada "a dedo" por el mando militar.

El Estado de Derecho y los principios democráticos, ya débiles en el país, fueron sustituidos por la Doctrina de Seguridad Nacional y la conformación del esquema contrainsurgente. Esto lo justificaron con la presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes en la Sierra de las Minas, aunque los gobiernos militares nunca limitaron su represión a los insurgentes armados.

A fin de restablecer la apariencia democrática, se llevaron a cabo comicios para elegir presidente en 1966. Durante el proceso electoral la violencia disminuyó, y se respetaron los resultados cuando fue electo Julio César Méndez Montenegro. El nuevo Presidente, además de no ser el candidato militar, fue importante figura estudiantil en 1944 y prometió al electorado construir "El Tercer Gobierno de la Revolución". No obstante, en mayo de ese año y antes de tomar el poder, Méndez firmó un pacto con los militares en el gobierno. Ese pacto prohibía al gobierno civil buscar "treguas ni entendimientos" con la guerrilla (que había apoyado al proceso electoral de ese año) y, según un analista, lo dejó fuera de las decisiones militares y contrainsurgentes, mientras que exoneraba a los altos jefes castrenses de cualquier acción judicial en su contra por hechos cometidos durante su mandato (La Hora: 26 y 27 noviembre 1973; Sagastume 1983: 36).

Los universitarios, después de unos años de poca actividad, encabezaron la respuesta organizada ante las desapariciones. Estudiantes de la Facultad de Derecho y el Bufete Popular (un lugar donde las personas de escasos recursos obtienen la asistencia de un abogado sin costo) interpusieron recursos de exhibición personal a favor de los detenidos y asesoraron a sus familias. Frente a la actitud despreocupada del gobierno, la AEU publicó un informe sobre el caso. En el documento, dos miembros de la policía judicial señalaron la participación de las fuerzas de seguridad en las desapariciones y declararon que los cadáveres se podían encontrar en una finca en Zacapa.⁶ Sin embargo, el gobierno se negó a realizar una investigación o incluso una exhumación (McClintock 1985: 82-83).

Los estudiantes sufrieron en carne propia las consecuencias por salir en defensa de los derechos humanos de los miembros del proscrito partido comunista. En una aparente represalia por su interés, varios dirigentes de la AEU y estudiantes de Derecho, involucrados en el caso, eliminados físicamente durante los siguientes meses. Al mismo tiempo, el ejército y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partido político de la extrema derecha, levantaron una campaña ideológica contra la AEU. Sus líderes fueron públicamente acusados de comunistas y guerrilleros, mientras en la ciudad circulaban volantes en los cuales se les pedía que abandonaran el país.

De esa manera, bajo un gobierno civil, se institucionalizó la desaparición forzosa y el terror estatal en Guatemala. El fenómeno de los escuadrones de la muerte y otros grupos paramilitares permitió la creación de gobiernos terroristas que aparentaban mantener un orden institucional, mientras asumían una postura de ignorancia frente a las ejecuciones extrajudiciales. Por medio de amenazas, asesinatos y desapariciones, los paramilitares atemorizaron al pueblo, evitando que participara en actividades políticas, mucho menos en las que apoyaran al movimiento revolucionario.

Para ocultar la procedencia intelectual y material de los actos terroristas, se introdujo en el discurso gubernamental y periodístico la frase "hombres armados, vestidos de civil". Pero se trataba simplemente de asesinos que operaban con toda libertad y cuyos hechos evidenciaban la dirección oficial. Los escuadrones de la muerte manifestaron una postura "anticomunista". Sin embargo, amenazaron a todo aquél que cuestionara el poder dominante—una coalición formada por militares, empresarios y terratenientes, y que nunca se opusieron al fenómeno del terror paramilitar. En años recientes, participantes en los grupos paramilitares admitieron, como se sospechaba, que fueron parte central de las fuerzas de seguridad (Levenson-Estrada 1994: 44-46; Schirmer 1998: 288).

La desaparición de los 28 dirigentes políticos en marzo de 1966 fue la primera evidencia del inicio de una intensificada campaña contra la insurgencia y contra el movimiento sindical. En el interior del país, el ejército desató una ofensiva que cobró la vida de miles de personas, en su mayoría campesinos no armados del Oriente (la zona de operación de los frentes guerrilleros). En la capital, el terror, tanto revolucionario como contrarrevolucionario, llegó a ser parte de la vida cotidiana de la población. Estaban a la orden del día los secuestros, listas negras de sentenciados a muerte por los escuadrones, desapariciones forzadas a plena luz del día y hallazgos de cuerpos desfigurados por crueles torturas. Con altibajos, la violencia duró desde 1966 hasta 1972, año en el que gobierno anunció la derrota militar de la guerrilla (Aguilera Peralta 1981: 133).

En 1970, el MLN y la extrema derecha aseguraron su control del poder al presentar como candidato oficial para presidente al coronel Carlos Arana Osorio, ex jefe de la zona militar de Zacapa, donde lideró la exitosa campaña castrense contra la guerrilla. Arana, al ganar las elecciones, permitió que el carácter contrainsurgente del Estado se agudizara. Al tomar el poder, Arana restringió la actividad política, declarando un estado de sitio de noviembre de 1970 a febrero de 1972, a pesar de que la presencia rebelde en el país era en ese momento mínima.⁷

La importancia de la autonomía universitaria se hizo sentir en este período, ya que al mismo tiempo que el Estado guatemalteco reprimía a la población, la Universidad de San Carlos se volvía más radical en su ideología y más firme en su apoyo a las clases populares. La Universidad, por su insistencia en denunciar el terror estatal y su proyección social a favor de un cambio político hacia la democracia, pasó a ser uno de los principales blancos de represión en este tiempo.

Después de los movimientos estudiantiles a nivel mundial, en la década de los 60 (principalmente de los acontecidos en París y México en 1968), los estudiantes guatemaltecos, junto con docentes, plantearon una nueva orientación social de la Universidad de San Carlos. Dentro de la Ciudad Universitaria se llevaban a cabo varias reformas a fin "de hacer una universidad más cercana a la realidad nacional".

En la Facultad de Medicina, por ejemplo, en 1969 fue aceptado un nuevo plan de estudios. Esto dio un giro al aprendizaje tradicional (basado en el sistema norteamericano de los años 50). Con un currículum mulitidisciplinario, los futuros médicos estudiarían la salud guatemalteca, no sólo con referencia a lo biológico y lo sicológico, sino en relación con lo social, económico e histórico. Fue "un cambio verdaderamente revolucionario", afirmó Rolando Castillo Montalvo, ex decano de esa Facultad (entrevista).

Dada la escasez de atención médica profesional, en la mayor parte del país, la Facultad se dedicó a formar "doctores en masa", y no especialistas que se quedaran en la capital. Se expandió el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), que en vez de enviar a los practicantes de Odontología y Medicina a hospitales de la capital, los mandó a hacer sus prácticas en hospitales y centros de salud, en el área rural. Pero su misión no fue sólo llevar salud y alivio. Muchos estudiantes compartieron la atención médica con pláticas a la gente sobre las causas histórico-sociales de su pésima situación de salud. Las soluciones que propusieron muchas veces implicaban grandes transformaciones sociales (entrevistas).

Para 1980, el EPS se había extendido al 90 por ciento de los municipios del país, incluyendo las comunidades más apartadas y olvidadas. Pero no sólo la Facultad de Medicina mandó a sus alumnos al campo; también lo hicieron las de Agronomía, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería, Psicología y Trabajo Social.

Para las comunidades, adonde llegaban los estudiantes para hacer su EPS, esa presencia significó un beneficio enorme, más aún en lugares en los que nunca habían existido médicos ni puestos de salud. Para los estudiantes y docentes fue una oportunidad de vivir en la otra Guatemala—lejos de los barrios acomodados de donde la mayoría de ellos provenía—y conocer la de sus compatriotas. La experiencia contribuyó a un proceso de concienciación de gran parte del estudiantado universitario y de sus catedráticos.

En el inicio de la década de los 70, la Universidad de San Carlos estaba llevando a cabo una reevaluación de sí misma que provocaba nuevos cambios. La población estudiantil había crecido vertiginosamente, lo que estaba causando una crisis en el nivel de enseñanza. En respuesta, estallaron movimientos estudiantiles en casi todas las facultades, exigiendo reforma en las mismas. Muchos pensum no habían cambiado por décadas, y por ende, las carreras ya no respondían a la realidad nacional ni a los intereses de los cursantes (entrevista).

La nueva orientación social fue en parte producto de la creciente influencia de las teorías marxistas en la enseñanza y la investigación. El marxismo plantea que la sociedad capitalista está marcada por clases sociales con diferentes intereses y que la lucha de clases ha sido históricamente el camino para liberación del hombre y la mujer. Al igual que otras corrientes de pensamiento dominantes (como el liberalismo o neoliberalismo), el marxismo-leninismo se dio en Guatemala por influencias externas. Con el triunfo de la revolución cubana, el bloque socialista obtenía una base en América Latina y la Unión Soviética empezó a proporcionar textos de Marx y manuales ortodoxos, en español y correspondientes a los distintos campos académicos. Estos textos lograron un fuerte impacto en varios miembros de diferentes facultades de la San Carlos.

A partir de 1968, en un clima de represión y contrainsurgencia, la administración de la Universidad principió a tornarse más comprometida. En 1968 y 1970, las decanaturas en Economía, Medicina, Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Sociales fueron ganadas por representantes de la corriente de la izquierda. En la Facultad de Humanidades se dio un choque entre las fuerzas políticamente conservadoras y las de la izquierda. Al no encontrar una solución a sus diferencias, y con el visto bueno del Rector, el cargo más elevado de la Universidad, en 1975 los programas como Psicología, Historia y Ciencias de la Comunicación se convirtieron en escuelas, con una marcada independencia administrativa. En los años posteriores, estas escuelas se contarían entre las más militantes de la Universidad (Solares 1978: 495).

En 1970, se eligió como rector al abogado Rafael Cuevas del Cid. A decir de un analista castrense, Cuevas del Cid era militante del clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo (Gramajo 1995: 114). Y de hecho, el PGT llegó a tener una fuerte influencia en la administración de la Universidad, esto a pesar de ser proscrito y perseguido en el resto del país.

Después de la derrota militar de las Fuerzas Armadas Rebeldes en el Nororiente, se produjo una ruptura en el Partido. El Comité Central, con mucha influencia en la Universidad, empezó a dedicarse a la lucha de masas, mientras otras fracciones del Partido optaron por la confrontación militar. Y a pesar de que continuaban siendo atacados por el gobierno, algunos militantes se planteaban la legalización del Partido y el acceso al poder por la vía electoral (entrevistas).

Ya para 1970, el PGT logra atraer a sus filas a muchos de los intelectuales de la Universidad y a los dirigentes laborales aglutinados en la Federación Autónoma de Sindicatos Guatemaltecos (FASGUA).⁸ Para los miembros del PGT, en especial los seguidores de la doctrina leninista, tanto dentro como fuera de la casa de estudios superiores, era el movimiento de los trabajadores industriales él que promovería los cambios trascendentales que esperaban.

Fue durante la década de los 70, también, cuando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se convirtió en una entidad estrechamente relacionada con el movimiento obrero. El Bufete Popular de la Universidad, donde muchos estudiantes de Derecho hacían sus prácticas, fue fundado por la Facultad en las postrimerías de la etapa revolucionaria. En la década de los 60 el Bufete dedicó la mayoría de sus investigaciones a casos laborales. Luego, en 1969, la Asociación de Estudiantes "El Derecho" fundó la Escuela de Orientación Sindical, que trabajó estrechamente con la FASGUA, dando asesoría legal a los trabajadores para la formación de sindicatos, algo que según la ley laboral vigente era muy complicado. En 1970, al asumir la decanatura de la Facultad el destacado abogado laboral, Mario López Larrave, la Escuela Sindical se oficializó dentro de la Facultad.

Esta alianza entre los sectores intelectuales y los obreros preocupó a quienes detentaban el poder. El primer paso de éstos fue eliminar a los dirigentes sindicales, para luego atacar a los asesores de ese creciente movimiento. Sin embargo, en la Facultad de Derecho, los primeros embates de la represión que sufrieron los estudiantes, durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, no fueron por esa asesoría laboral, sino por el rol tradicional de la Universidad en el estudio de problemas nacionales.

A partir de la contrarrevolución y durante los gobiernos militares, las opiniones de los universitarios en asuntos sociales y económicos no fueron recibidas con beneplácito. El choque más violento fue cuando la Universidad protestó ante el intento del gobierno aranista de negociar los recursos nacionales no renovables.

Desde la contrarrevolución, bajo presiones del gobierno norteamericano y los organismos internacionales financieros, el Estado guatemalteco había tratado de reformar las leyes sobre inversión extranjera para facilitar la explotación de los recursos naturales. A esos intentos se contraponía la corriente que, desde la Revolución de Octubre, cuestionaba los beneficios que tales inversiones traerían para el país.⁹

En este ambiente, funcionarios del Estado, a veces movidos por intereses personales, buscaban un acuerdo sobre la explotación de las reservas niqueleras en favor de la minera transnacional INCO y su subsidiaria guatemalteca EXMIBAL. En 1965, tal como se había hecho en 1956, el gobierno militar permitió a un técnico de INCO redactar el nuevo Código de Minería.

Miembros de la Universidad de San Carlos vigilaron muy de cerca las estrechas relaciones entre las compañías mineras y los oficiales del Estado. En 1970 la Facultad de Ciencias Económicas sacudió el debate, al publicar un documento que revelaba las concesiones que el gobierno de Méndez Montenegro estaba por extender a EXMIBAL, lo que forzó al mandatario a suspender las negociaciones (Toriello Garrido 1979: 184-88).

En julio de 1970, al asumir el poder, Arana Osorio intentó silenciar el debate público para poder finalizar el contrato multimillonario. Tras varias protestas, apoyadas por estudiantes universitarios, en noviembre el mandatario optó por declarar un estado de sitio que prohibía manifestaciones o reuniones políticas.

La Universidad, por aparte, formó una comisión ad hoc de juristas para investigar aspectos legales del contrato. Los cuatro miembros de dicha comisión fueron amenazados por grupos paramilitares. A pesar de las amenazas, la comisión siguió analizando el caso, algo que llevó a sus integrantes a afrontar las peores consecuencias. El 27 de noviembre de 1970, el catedrático de la Facultad de Derecho, Julio Camey Herrera, falleció al ser ametrallado por desconocidos, a pocos metros de varias radiopatrullas de la Policía Nacional. Dos meses después, el 13 de enero de 1971, las balas alcanzaron también al catedrático de Derecho y diputado de la oposición Adolfo Mijangos López. Fue asesinado en su silla de ruedas a plena luz del día y ante la mirada atónita de numerosos testigos. Por último, a pocas cuadras de un cuartel de la policía, fue baleado y dado por muerto otro profesor en Derecho, Alfonso Bauer Paiz, quien sobrevivió y sigue, hasta nuestros días, como figura clave de la izquierda guatemalteca (Fuentes Mohr 1971: 202-203).

Estos crímenes, para todos evidentemente coordinados por las fuerzas de seguridad, demostraron la nueva táctica gubernamental para contrarrestar a la oposición política. Además dejaron claro que no sólo los estudiantes serían blanco del terror estatal, sino también los profesionales universitarios. Ante esto, la Universidad empleó a menudo la libertad que le daba la autonomía para denunciar la actuación del gobierno en contra de los procesos democráticos y los derechos humanos.

En 1970, días después de la ejecución por un frente urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes del embajador alemán Karl von Spretti, surgió un nuevo escuadrón de la muerte que se autodenominaba "Ojo por Ojo". En los próximos años, concentró sus ataques en contra de la Universidad. En uno de sus primeros comunicados, dicho grupo paramilitar se dirigió al Consejo Superior Universitario y la AEU, burlándose abiertamente de la defensa de los derechos humanos en que se empeñaba la Universidad mientras denunció la presencia de cuadros guerrilleros en la San Carlos:

¿De qué se quejan? ¿de qué lloran? ¿por qué claman por los derechos humanos? ¿quieren que se cumplan los preceptos constitucionales? ¿qué posición tratan de definir? Ante estas preguntas, es sabido por el sufrido pueblo de Guatemala que dentro de las filas del conglomerado universitario se cubren todos los que han importado doctrinas exóticas al país, para eso se han gastado los dineros que el pobre pueblo les da, pues a todas luces es sabido que los dirigentes universitarios mandan a estudiantes a entrenarse en guerrillas y a indoctrinarse como líderes comunistas a los países situados detrás de la cortina de hierro... es por esto que no desperdicien esas lágrimas y esos gritos, ya que pronto les harán falta para regar con ellas a los que están pendientes de ser ajusticiados por nuestra patriótica organización (tomado de Aguilera Peralta 1981: 128-29).

La San Carlos fue considerada por Ojo por Ojo (y por extensión el gobierno militar) como centro de oposición democrática y recinto del movimiento guerrillero. De hecho, la Universidad se convirtió en un espacio político amplio e incluso en foro permanente sobre la estrategia guerrillera. Debido a esos contactos con la izquierda armada, los grupos paramilitares regularmente atacaron a la Universidad en respuesta a las acciones armadas de los rebeldes (entrevistas).

En octubre de 1971, tras la muerte del dirigente estudiantil Manuel de Jesús Cordero Quezada, los estudiantes hicieron un paro general de labores para protestar por los ataques contra el Alma Mater y para exigir el fin del estado de sitio. La Universidad encabezó un Frente Nacional contra la Violencia que contó con el apoyo de varios partidos políticos de oposición, entidades religiosas, organizaciones populares y demás universidades. El gobierno militar respondió con amenazas de terminar con la autonomía universitaria.

Esta amenaza pasó a ser una acción. Fue así como el 27 de noviembre de 1971, 800 soldados del Ejército Nacional ocuparon la nueva Ciudad Universitaria en la zona 12 de la capital. Apoyados con tanques, helicópteros y carros blindados, hicieron un cateo en busca de armas y literatura “subversiva”. Su incursión en el campus resultó inútil, pues no encontraron nada de lo que buscaban (Menton, Goodsell y Jonas 1973: 4).

Para 1972, la violencia generalizada disminuyó, seis años después de su comienzo. Por un lado, los ataques militares y paramilitares contra la Universidad y los grupos populares dieron inicio a un movimiento social en contra de la violencia, lo que obligó al gobierno terminar con el estado de sitio. Por otra parte, el gobierno militar, luego de anunciar la derrota de las fuerzas guerrilleras y de sofocar al movimiento obrero, tuvo la suficiente confianza para restablecer condiciones democráticas, aunque limitadas (Aguilera Peralta 1981: 133).

No obstante, el fin del estado de sitio no marcó el fin de la violencia política en Guatemala. En pocos años, tanto la oposición organizada como la reacción violenta del Estado actuarían con mucha más fuerza.

⁵ Ese 6 de marzo, muchas de las víctimas habían sobrevivido al intento de eliminar el liderazgo del Partido durante la contrarrevolución de 1954. Entre los líderes del PGT que sobrevivieron a las desapariciones de 1966, algunos fueron eliminados seis años después, en septiembre de 1972, durante una matanza en contra de la Comisión Política del PGT. Muchos de estos dirigentes fueron vinculados a la Universidad de San Carlos. Documentos secretos de la CIA, parcialmente revelados en 1997, sugieren que estos dirigentes pudieron haber sido señalados por la inteligencia norteamericana para una campaña de asesinatos que se inició en 1954, y siguió latente muchos años después. Además, en los años posteriores el terror estatal cobró la vida de varias personas, cuyo único crimen parecía haber sido su participación en los gobiernos democráticos de la Revolución de Octubre (Gleisjeses 1991: 89; Doyle 1997).

⁶ Por otro lado, el 15 de julio de 1966 El Gráfico reportó que varios de los secuestrados fueron detenidos en la base militar de Retalhuleu antes de ser tirados al mar.

⁷ La militarización del gobierno no fue total en 1970. Mientras se eligió como Presidente al militar Carlos Arana Osorio, el sociodemócrata Manuel Colom Argueta es electo alcalde de la ciudad capital.

⁸ Fasgua remonta sus inicios a 1954, cuando fue formada como una representación laboral oficial en un intento del gobierno para controlar el movimiento obrero durante la contrarrevolución. Irónicamente, años después, la Fasgua fue copada por la izquierda y el PGT, mientras la Democracia Cristiana controló la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la otra coordinadora principal del movimiento sindical guatemalteco.

⁹ Antes de la Revolución de Octubre, la United Fruit Company empleó su influencia para manipular el sistema político del país, mientras sus operaciones trajeron pocos beneficios a la población (Schlesinger y Kinzer 1999). El apoyo a la Revolución se debió, en buena medida, al anhelo de muchos sectores de retomar el control del país de las empresas extranjeras.