Después de los años de conflicto militar, en 1973 se inició un período de luchas económicas y sociales, en las cuales la Universidad de San Carlos tuvo un importante papel.

Ese año, con una exagerada alza en los precios del petróleo, se desató una crisis económica internacional, en especial en los países importadores como era el caso de Guatemala. Esto causó un desmedido aumento en los artículos de primera necesidad. Para los campesinos, los precios de los insumos agrícolas, como abonos y fertilizantes, llegaron a precios imposibles de pagar. Para los asalariados de los centro urbanos, el dinero perdió valor real y su poder de compra disminuyó significativamente.

Los trabajadores y obreros vieron en un aumento salarial la única solución para salir de la crisis. Los primeros en exigirlo públicamente fueron los maestros de educación primaria, muchos de ellos estudiantes universitarios. De tal cuenta la Universidad fue para esta huelga un espacio organizativo. Tras cuatro meses de lucha, los profesores alcanzaron su objetivo con creces. No sólo obtuvieron una aumento salarial, sino el movimiento mismo consolidó su organización. Esto motivó a que huelgas y paros se extendieran al sector público para exigir mejoras salariales. Con el fin de la violencia estatal generalizada, la confianza de los grupos populares iba en aumento.

Para los comicios presidenciales de 1974, se gestó un fraude electoral que permitió la continuidad en el poder del Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático (MLN-PID), con el general Kjell Eugenio Laugerud García. De esa forma fue derrotada una alianza centro-izquierda encabezada por el democratacristiano general José Efraín Ríos Montt y el economista Alberto Fuentes Mohr, posteriormente fundador del Partido Socialista Democrático en Guatemala.

A principio de los 70 la política en la San Carlos aún no estaba dominada por los partidos de la izquierda. De tal forma, la fuerte organización del Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC), vinculado con la Democracia Cristiana, llevó muchos universitarios a apoyar la candidatura de Ríos Montt. Lo mismo pasó en el movimiento sindical, donde la Democracia Cristiana ejercía influencia sobre la Central Nacional de Trabajadores (CNT). En 1974 estudiantes y obreros encabezaron las protestas contra el fraude.

Frente a las protestas populares, Kjell Laugerud se vio obligado a ganar legitimidad aceptando algunas de las reformas políticas y económicas planteadas por los partidos de la oposición. Contrario a las administraciones pasadas, Laugerud no inauguró su mandato con una ola de represión. Aunque de una manera limitada, flexibilizó la posición gubernamental frente a las organizaciones independientes. Incluso buscó solucionar algunos conflictos laborales por medio de la negociación sin recurrir a la violencia en contra de los dirigentes sindicales, como normalmente se hacía desde 1954 (Levenson-Estrada 1994: 105).

Durante esta apertura política, el país fue sacudido por el terremoto de 4 de febrero 1976. Cerca de 30 mil guatemaltecos murieron en el desastre y casi un millón quedaron sin techo. Además de lo dramático, el fenómeno tendría una importancia política. La visible incapacidad y corrupción del Estado frente a la tragedia provocó una toma de conciencia y un brote de organización independiente en el área urbana. En los barrios marginales más afectados por el terremoto, los vecinos formaron varias agrupaciones para rescatar a los sobrevivientes o los fallecidos. Estos grupos enterraron a las víctimas y distribuyeron agua y alimentos, así como materiales para la reconstrucción de los hogares. Además, se integraron comités que daban seguridad durante el descombro y la reconstrucción (Levenson-Estrada 1994: 52, 67, 124).

Los afectados fueron apoyados por brigadas de estudiantes universitarios y del nivel medio, algunos con un interés político en fortalecer los contactos con los grupos populares y así construir un movimiento unitario de oposición al gobierno. Los universitarios crearon enlaces con los barrios pobres, mediante el Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP), y con los institutos de nivel medio a través de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM). La Asociación de Estudiantes Universitarios dejó de ser una agrupación llena de dirigentes. Para 1976, la AEU fue capaz de movilizar grandes masas de estudiantes.

Un ejemplo de esto ocurrió el 25 de junio, cuando frente al Cine Lux, en la 6a. avenida y 11 calle de la zona 1, los estudiantes realizaron el primer mitin fuera de la Universidad en muchos años, esta vez fue para conmemorar el vigésimo aniversario de la masacre de 1956 (El movimiento estudiantil en Guatemala, sin fecha; entrevistas).

Figura 2. Total de asesinatos y desapariciones en la Universidad de
San Carlos, por unidad académica, de 1954 a 1996

Se desconoce la facultad o escuela de otras 117 víctimas, mientras 12 no pertenecían a ninguna facultad en particular. Aunque las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho) y Ciencias Económicas tienen el mayor número de víctimas, también cuentan con el mayor número de estudiantes. Para poder comparar las frecuencias de represión, abajo se presentan los totales de estudiantes inscritos en cada unidad académica de la San Carlos-Campus Central en 1980, año en que la violencia urbana llegó a su auge. Económicas: 9132; Derecho: 5032; Ingeniería: 4393; Medicina: 4290; Arquitectura: 1982; Agronomía: 1943; Farmacia y Ciencias Químicas: 1241; Psicología: 1159; Humanidades: 1062; Trabajo Social: 826; Medicina Veterinaria y Zootécnica: 793; Odonotología: 762; Historia: 300; Ciencias Políticas: 248; Ciencias de la Comunicación: 149 (datos del Departamento de Registro y Estadística-USAC).

Además, después de años de silencio o posiciones defensivas, el movimiento obrero estaba recuperando la fuerza que había perdido en la contrarrevolución. Semanas después del terremoto, los trabajadores de la Embotelladora Coca Cola tomaron la fábrica ante un intento de paro patronal, con el que se pretendía destruir la cada vez más fuerte organización sindical en esa empresa. Como apoyo al sindicato de la Coca Cola y para poder enfrentar al Estado, se fundó el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS). Más que una organización de obreros, el CNUS se convirtió en el cuerpo coordinador de las luchas populares urbanas (Albizures 1985: 29).

Junto con otros abogados laborales, profesores y estudiantes del Derecho asesoraron a los trabajadores, defendiendo el derecho a la libre sindicalización. El resultado fue que en 1977, más que en cualquier otro año de la historia del país, más trabajadores recurrieron a las huelgas como método de lucha. La prensa nacional publicaba uno tras otro reportes favorables sobre las acciones sindicales, y la capital fue estremecida por varias manifestaciones masivas. El año terminó con "la gloriosa marcha de los mineros de Ixtahuacán", cuando éstos, acompañados por miles de simpatizantes, realizaron un marcha a través de la Carretera Panamericana, desde Huehuetenango hasta la capital. Esta multitudinaria manifestación representó la novedosa unión del campo y la ciudad, de los indígenas con ladinos, en una causa común contra el poder del Estado (Levenson-Estrada 1994: 127-29).

Pero esa apertura política tenía sus límites. Con las movilizaciones, el sector patronal y el gobierno se sentían cada vez más amenazados. Como era de esperarse, resurgió la violencia contra el movimiento popular y sus aliados en la Universidad. Después de varios años de respeto a la integridad de la Universidad, en junio de 1977 y en medio de la efervescencia del poder laboral, fue asesinado Mario López Larrave, el máximo vínculo entre la Universidad y el movimiento obrero.

Una nueva oleada de terror brotó con el objeto de cerrar los espacios organizativos. Tan sólo en agosto de 1977, por ejemplo, se registraron 61 asesinatos cuyas ejecuciones tenían las características de ser operaciones de los escuadrones de la muerte (Amnesty International 1978: 123). En su mayoría, las víctimas fueron campesinos, obreros y pobladores. Además, las fuerzas de seguridad dirigieron sus ataques en contra de intelectuales y estudiantes de la clase media que apoyaron las causas populares.

La muerte de López Larrave fue el inicio de un largo ataque contra la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y su proyección social. En el anexo, se presentan los casos de varios estudiantes y catedráticos de Derecho asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado. Del Bufete Popular, entre 1974 y 1981, fueron eliminados varios trabajadores y asesores, como Edmundo Guerra Theilheimer, Johnny Dahinten Castillo, Carlos Recinos Sandoval, Jorge Jiménez Cajas, Carlos Figueroa Aguja, Ranferí Neftalí Paredes, Rodolfo Montoya, Jorge Mancio Ortiz, Carlos Tuch Orellana, Oscar Bonilla de León y Eli Hidalgo Ponce. En la Escuela de Orientación Sindical, según una fuente, el 70 por ciento de los profesores fueron asesinados u obligados a salir al exilio (CITGUA 1989: 62).

No obstante, a finales de los 70 las organizaciones populares contaban con la suficiente capacidad de respuesta ante tales ataques. Para expresar su descontento, organizaron una serie de protestas masivas, muchas veces durante el entierro de una víctima de la violencia estatal (véase el Recuadro III).

Algunas fuentes consultadas insisten en enfatizar que el movimiento social surgió espontáneamente y de diferentes sectores de la ciudad, así como que éste logró tener una coordinación parcial sólo a través de la jornadas de lucha entre 1973 y 1977. Otros analistas destacan el papel de los grupos político-militares en el fomento y desarrollo del movimiento de masas. Esos grupos, según los entrevistados, articularon los vínculos entre los diferentes actores, como estudiantes universitarios y de educación media, o el sector estudiantil y los pobladores de asentamientos (entrevistas).

En todo caso, para 1978 la polarización social estaba en aumento, junto con la represión. En consecuencia, el pueblo de Guatemala sufriría una época de terror nunca antes conocida en la historia de Centroamérica.

 

Recuadro III: Los mártires de 1977 En 1977 fueron brutalmente asesinados dos universitarios: un destacado profesor y un joven de primer ingreso. Representaron la vinculación de la Universidad con los obreros y los estudiantes de nivel medio. Por su actividad política, se convirtieron en los primeros mártires del movimiento urbano durante las jornadas de lucha de 1977 a 1981. Mario López Larrave El miércoles 8 de junio de 1977, el catedrático universitario Mario López Larrave salió de su bufete en la zona 4 capitalina con rumbo a la Universidad de San Carlos. Abordó su vehículo, pero su viaje se vio truncado. Varios hombres que viajaban en un automóvil Datsun, color rojo, le interceptaron el paso y luego de dispararle con ametralladoras se dieron a la fuga. López Larrave fue llevado de emergencia al Hospital Centro Médico, en donde falleció momentos después. La noticia conmovió a toda la Facultad de Derecho. Horas después del asesinato, durante la cátedra de Derecho Penal, el profesor Guillermo Alfonso Monzón Paz lo anunció a los alumnos diciendo: "Compañeros: se suspenden las clases porque acaba de ser ametrallado el licenciado Mario López Larrave" (Cuatro años después, Monzón Paz también caería víctima de un asesino, otro de por lo menos treinta profesores de Derecho asesinados por las fuerzas oficiales durante el conflicto armado). Era imposible negar que ese crimen era en contra de toda la Universidad. Los asesinos habían escogido a uno de los más importantes y más queridos miembros de la comunidad sancarlista. López Larrave era miembro del Consejo Superior Universitario, profesor y ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y se perfilaba como el candidato de la izquierda a la rectoría de la Universidad. Además fue director de la Escuela de Orientación Sindical, y en el momento de su muerte era asesor de más de 100 sindicatos. El CNUS, en un campo pagado, denunció el vil asesinato de quien llamó "El gran maestro de la causa obrera". López Larrave era, quizá, la persona más capacitada para propiciar y fortalecer el vínculo entre la Universidad y la clase trabajadora. Su destacada labor había provocado más de un dolor de cabeza al gobierno, al extremo que mientras asesoraba al sindicato de la Embotelladora Coca Cola, en 1976, fue objeto de constantes amenazas, en las que le exigían abstenerse de continuar apoyando a los trabajadores. Al día siguiente de su muerte, más de 15 mil personas acompañaron su féretro con las manos empuñadas en señal de repudio (en ese año con los rostros todavía descubiertos). De esa forma, los sectores organizados respondieron al terror con una muestra de fuerza organizativa y una activa beligerancia en favor de los derechos laborales. En los siguientes meses la represión recrudecería y, consecuentemente, los cortejos fúnebres se harían más frecuentes y concurridos. Guatemala había empezado otra etapa más de aguda lucha y represión (Prensa Libre: 9 junio 1977; El Gráfico: 9 junio 1977; Boletín de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala: no. 12, junio 1977; Dunkerley 1988: 471; ASIES 1991: 487; entrevistas). Robin García En 1976, las autoridades de seguridad llamaron a 18 dirigentes estudiantiles de los institutos de nivel medio. Se les advirtió que su publicación Pueblo y Estudiante era de tipo comunista y no podía darse en un instituto público. Entre los señalados estaban los amigos y compañeros de estudio de Robin García Dávila y Aníbal Leonel Caballeros Ramírez. En 1977, Robin García pasó a estudiar a la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos. Desde sus años en la educación básica, Robin había participado en un grupo clandestino de jóvenes. En 1976, se incorporó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización rebelde que estaba estableciéndose en el área urbana en ese tiempo. Ya como universitario, García siguió trabajando con los estudiantes del nivel medio, siendo el responsable de Caballeros y de otros dirigentes estudiantiles en la Subcomisión de Organización del Sector de Secundaria. El 28 de julio 1977 en Ciudad Satélite, Mixco, García y Caballeros participaron en la conmemoración del primer aniversario de la caída de tres estudiantes de su organización. Salieron juntos del acto, pero nunca llegaron a casa. Dos días después, el cadáver de Caballeros se halló en la zona 11. Robin García, mientras tanto, seguía desaparecido. La desaparición de García, de 19 años, hizo sentir a los estudiantes la necesidad de dar una respuesta fuerte ante el resurgimiento del terror en contra de su movimiento. En los días siguientes a la desaparición de García, hubo movilizaciones tanto de los estudiantes de nivel medio como de los universitarios. En la capital así como en varias cabeceras departamentales, las protestas tuvieron eco. Hubo manifestaciones frente el Palacio Nacional, paros en los establecimientos y grandes marchas por las calles de la ciudad, bajo la consigna: "Queremos vivo a Robin". Además, por medio de recaudaciones de fondos, varias facultades lograron publicar campos pagados en los que exigían la aparición con vida del estudiante. Una semana después, el 4 de agosto de 1977, el cadáver de Robin García fue encontrado por campesinos en Palín, Escuintla, a la orilla de la carretera. Su cadáver había sido brutalmente golpeado, sus prendas de vestir, pantalón y camisa, habían sido cambiados y no tenía zapatos. Entre sus bolsillos fue posible localizar un carnet de identificación y una nota que atribuía el hecho al Ejército Secreto Anticomunista (ESA), uno de los principales grupos paramilitares. La figura de Robin García llegó a ser más grande en muerte que en vida. El 5 de agosto más de 50,000 personas acompañaron su ataúd en la marcha quizá más grande de duelo en la historia de la Universidad de San Carlos. Los participantes portaban claveles rojos, signo de amistad, que los estudiantes convirtieron en símbolo de lucha. El entierro, a la vez manifestación silenciosa, paralizó el tránsito en la ciudad. En los siguientes días expresiones de repudio ante el asesinato dominaron las noticias. La Asociación de Estudiantes Universitarios y el Consejo Superior Universitario públicamente culparon al gobierno por la muerte de García y por la existencia de nuevos grupos oscurantistas, como el ESA, que se dedicaban a atacar a "los sectores populares y democráticos". Además, aprovecharon la oportunidad para denunciar al sector minoritario capitalista, la "fascistización" de Guatemala, y la "explotación imperialista" de sus recursos naturales. Frente a estas críticas, el presidente Laugerud García adoptó una actitud defensiva, pero a la vez conciliatoria, permitiendo que se realizaran varias protestas en diferentes partes del país. Sin embargo, la muerte de Robin García señalaba el fin de la apertura política y el resurgimiento del terror estatal y paraestatal. García, apenas terminando su adolescencia, se convirtió en uno de los principales mártires del movimiento estudiantil. En 1978 se hizo también símbolo del movimiento revolucionario, cuando su nombre fue adoptado por el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), una nueva e importante agrupación política estudiantil vinculada con el EGP y que llegó a abogar por la lucha armada (El Gráfico: 4 a 10 de agosto 1977; entrevistas).