En 1978 la Universidad de San Carlos se convirtió en uno de los sectores de más peso político, llegándose a expresar, de forma muy abierta, en contra del mismo Estado. Ese año el movimiento estudiantil, el profesorado y el Consejo Superior Universitario (integrado por los decanos, dirigentes estudiantiles y representantes de los colegios de profesionales) se unieron en contra del gobierno y en favor de la democracia. Aunque la mayoría de sus miembros provenían de las clases medias de la población, la San Carlos llegó a ser dominada por una corriente de pensamiento que argumentaba que los intelectuales debían estar junto con el pueblo en sus luchas (entrevistas).
Con el fin de ampliar sus contactos con las clases populares, la AEU rehabilitó la Casa del Estudiante en el Callejón Del Fino, 10a. avenida "A" y 5a. calle en el centro de la ciudad. Allí los estudiantes de diferentes facultades ofrecieron sus servicios a precios accesibles para la gran mayoría. En el lugar funcionaban una clínica médica y una dental, así como el Bufete Popular de la AEU. Recibieron y apoyaron a familiares de los desaparecidos y a los pobladores ya concientizados políticamente. Organizaron grupos de trabajadores como los lustradores, voceadores de la prensa y las inquilinas de los mercados. La Casa del Estudiante fue un centro muy activo y reconocido como un lugar en donde los guatemaltecos de escasos recursos podían solucionar problemas. "Si necesitás ayuda, vas a la `U'", solía decirse en aquel tiempo. Pero esta fama atrajo consigo la atención del gobierno, que al percatarse de las actividades sociales de los estudiantes, empezó a controlar la Casa (entrevistas).
Estos cambios no eran casuales. Eran el resultado del trabajo del FRENTE, un nuevo grupo político estudiantil. En 1976, FRENTE se presentó por primera vez a las elecciones estudiantiles, arrasando casi por completo con todos los puestos de elección estudiantiles. De hecho, mantuvo el control de la AEU hasta 1985.
Los dirigentes de FRENTE eran en su mayoría miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), el ala juvenil del clandestino PGT, el partido comunista. A diferencia de otras organizaciones estudiantiles de pensamiento más confrontativo, muchos dirigentes de FRENTE (y una fracción del PGT en ese momento) confiaban en el movimiento de masas para alcanzar el poder por la vía electoral. Lucharon para ganar espacios democráticos y a favor de los derechos humanos y de los inscritos en la Constitución, cuando otros grupos calificaban dicha demanda como una lucha burguesa.
Bajo su control, la Asociación de Estudiantes Universitarios y las asociaciones de diversas facultades redoblaron sus esfuerzos para construir un frente amplio con otros sectores de la sociedad (entrevistas).
Después de esa victoria estudiantil, FRENTE, usando su poder dentro de las asociaciones estudiantiles, inició una campaña política con vistas a las elecciones generales universitarias en 1978. Esta vez, el grupo estudiantil fincaba sus esperanzas en ganar la rectoría y las decanaturas, además de las organizaciones estudiantiles. FRENTE, aliado a los catedráticos de la izquierda agrupados en Vanguardia Universitaria, movilizó a todos los sectores de la casa de estudios en su favor. De tal cuenta, ganaron la secretaría general de la AEU con el estudiante de Ciencias Económicas Oliverio Castañeda de León y la rectoría con Saúl Osorio Paz, un catedrático de esa misma facultad. Además, sindicalistas relacionados al PGT y al FRENTE lograron tomar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUSC).
Saúl Osorio, después de su victoria con el FRENTE, se mostró dispuesto a dar espacio y apoyo al movimiento estudiantil. En lugar de existir conflictos entre la administración y los estudiantes, como suele suceder en otras casas de estudios, las diferentes representaciones se aliaron para construir una universidad de mayor proyección social y de políticas progresistas.
La oposición para el FRENTE provenía de la izquierda radical, representada en ese entonces por el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), una nueva agrupación que había salido a la luz, por primera vez, durante la marcha del Primero de Mayo de 1978. El FERG en cierta forma era el heredero ideológico de organizaciones como PODER (Participación Organizada de Estudiantes Revolucionarios) que dominó la política estudiantil a principios de los años 70. El Frente Robin García coordinó a varios grupos estudiantiles en las diferentes facultades de la San Carlos y en los institutos del Estado. De cierta forma, esta coordinación entre grupos legales provenía del Ejército Guerrillero de los Pobres. Como en otros sectores del movimiento social, gente "orgánica" del EGP trabajaba en el movimiento estudiantil como parte de sus tareas de organización clandestina (entrevistas).
Para el FERG, lo revolucionario era fundamental, y en ese momento la revolución planteaba como meta la construcción del socialismo. Este, aunque no fue propiamente un grupo armado, buscaba la confrontación con el Estado, siendo así considerado por sus miembros como de choque. El FERG dio preeminencia a las medidas de hecho que podían llegar a la violencia de masas y a la actividad paramilitar. A sus miembros no les interesaba trabajar dentro de un marco institucional y nunca pidieron permiso para sus manifestaciones o acciones. "En esa época", recuerdan ex miembros del Frente Robin García, "nos repetíamos antes de cada acción: `la cosa no va a ser suave, sino de cachimbazos'" (entrevistas).
Durante el período de Saúl Osorio existió entre FERG y FRENTE una pugna muy marcada, la cual se expresó en desconfianzas mutuas que llegaron en ocasiones a los enfrentamientos físicos entre sus miembros. FRENTE llegó a controlar la AEU y usó su posición para presentarse como la "izquierda democrática" y voz oficial del sector estudiantil. En reuniones del CNUS (Central Nacional de Unidad Sindical), por ejemplo, no quisieron permitir la presencia de FERG a pesar de su importancia. FERG, por su parte, se distinguía por responder con medidas de hecho, incluso interrumpiendo actividades electorales cuando parecía que FRENTE iba a ganar (Siete Días en la USAC: 18 junio 1979). Sin embargo, en términos generales ambos grupos compartían los fines de rectoría: promover cambios sociales en el país. Las diferencias entre éstos se marcaban en sus métodos y su cronograma político (entrevistas).
Por unos meses, la San Carlos fue una universidad unida y progresista, preparándose para confrontar al Estado. El Consejo Superior Universitario se convirtió en un importante defensor de las luchas del pueblo.
Al iniciar su período, Saúl Osorio fundó el semanario Siete Días en la USAC que, como cualquier órgano oficial, informaba sobre las actividades y trabajos administrativos de la Universidad. No obstante, Siete Días era el único periódico en Guatemala identificado con la oposición, logrando así llenar un vacío en el periodismo guatemalteco, cada vez más amedrentado y silencioso. Entre 1978 y 1981 Siete Días denunció constantemente la violación a los derechos humanos, en especial la represión contra el movimiento popular, además de hacer públicas las luchas sindicales y los movimientos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador. Se diferenció de otros por dedicar amplios espacios a estudios sobre los problemas nacionales y criticar las políticas tanto del gobierno como de las instituciones financieras internacionales.
Fuera de la Universidad la represión estaba generalizándose. El 7 de marzo de 1978, de manera fraudulenta fue electo Presidente de la República el general Fernando Romeo Lucas García, quien fungía como ministro de la Defensa. Con la llegada de este militar, el gobierno volvió a las prácticas del período de Arana Osorio, cuando el régimen actuaba conducido por la lógica contrainsurgente, pero a una escala que nunca se había visto antes.
Al igual que durante otros cambios de gobierno, semanas antes de la toma de poder de Lucas, las fuerzas de seguridad desataron una serie de ataques contra las expresiones de oposición.10 El 29 de mayo de 1978 en la plaza central de Panzós, Alta Verapaz, elementos de la Zona Militar en Zacapa atacaron una manifestación pacífica, matando a más de un centenar de personas. Los masacrados, todos campesinos del lugar, estaban luchando por la legalización de las tierras baldías que ellos habían ocupado desde años atrás. Su lucha los enfrentó directamente con los inversionistas que querían explotar la riqueza mineral del área, en particular las reservas de petróleo y de níquel (International Work Group for Indigenous Affairs 1978).
La masacre causó una gran conmoción en la Universidad, no sólo por el alto número de víctimas, sino también por haber surgido de conflictos sobre la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras. Siete años después de los asesinatos de los catedráticos universitarios que denunciaron el contrato del gobierno con la transnacional EXMIBAL, el asunto minero siguió siendo una de las principales preocupaciones de las fuerzas progresistas de la Universidad, y a su vez, la causa de represión estatal. En 1978 por ejemplo, Saúl Osorio y otros universitarios recibieron amenazas por su abierta oposición a la construcción de un oleoducto interoceánico que cruzaría el país para facilitar la explotación petrolera (Siete Días en la USAC: fuentes varias, 1978)
El 8 de junio, en el primer aniversario del asesinato de Mario López Larrave, la AEU, junto al CNUS, organizó una protesta masiva en el centro de la ciudad, en la cual los oradores denunciaron la masacre en Panzós y expresaron su repudio hacia el régimen militar en términos más contundentes que en otras ocasiones. El campo de batalla estaba desarrollándose.
En julio, Lucas García asumió la Presidencia y luego liberó los precios de la canasta básica, lo que de inmediato le ganó el rechazo popular. Al principio las protestas fueron limitadas. Pero un nuevo aumento a la tarifa del transporte urbano colmó la paciencia de los ciudadanos. Las protestas y el rechazo al Presidente llegaron a dominar el terreno de la lucha social.
Este mismo mes, los choferes de los buses públicos hicieron una serie de paros y luego se fueron a la huelga. Como medida para evitar ser obligados a circular, los conductores decidieron llevar sus unidades a la Universidad de San Carlos, que por su autonomía, era el único lugar fuera de la jurisdicción del Estado en el que podían estar. La nuevamente instalada Ciudad Universitaria servía como un amplio territorio libre para la oposición política.
Para ese entonces, escribe la historiadora Deborah Levenson-Estrada, actuaban diferentes sectores vinculados a organizaciones revolucionarias en la Universidad, y se abrió un debate en cuanto a la acción de los choferes. A los elementos organizados con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) les convenían confrontaciones con el Estado, y estuvieron dispuestos a que los buses se estacionaran en el campus. Por aparte, los del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), establecidos en la rectoría, temieron que la presencia de los buses provocara un allanamiento por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, el rector decidió recibir a los huelguistas y de esa forma empezaron tres meses de interrupciones en el servicio urbano, y la Universidad cada vez más identificada con la oposición al gobierno (Levenson-Estrada 1994: 146).
El 4 de agosto se realizó la primera gran manifestación durante el período de Lucas García. Universitarios y estudiantes de nivel medio acompañaron a los demás sectores del movimiento popular en la conmemoración del primer aniversario de las muertes de Robin García y Aníbal Caballeros.11 El nuevo Ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, declaró que si no existía permiso gubernamental, cualquier manifestación sería reprimida (durante el gobierno de Laugerud, los estudiantes se acostumbraron a hacer manifestaciones sin pedir permiso alguno). El CNUS decidió no pedirlo, al considerar que hacerlo sería un retroceso para un movimiento que "ya había ganado las calles" (entrevistas).
Al inicio de la marcha, el llamado "Pelotón Modelo" de la Policía Nacional, con un nuevo equipo antimotines dotado por el gobierno de Estados Unidos, rodeó a los manifestantes y les lanzó bombas lacrimógenas, por lo que los estudiantes se vieron forzados a refugiarse en el Paraninfo Universitario. Las tácticas del gobierno fueron brutales: de los más de 200 manifestantes que recibieron el auxilio de la Cruz Roja, 31 tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. De esta forma, las manifestaciones pacíficas empezaban a ser cosa del pasado (Amnesty International 1979b: 7; entrevistas).
La masacre de Panzós y la represión de las protestas urbanas llevó a los dirigentes universitarios del FRENTE en la AEU a asumir una actitud más beligerante. Esto, además, se debió a la presencia de grupos más radicales, como el FERG, que estaban tomando la iniciativa en las jornadas. Por sus actos audaces y su abierto desdén por el Estado, el apoyo urbano al FERG y otros grupos aliados al EGP crecía, el FRENTE también principió a apoyar las medidas de hecho (Levenson-Estrada 1994: 132-34; entrevistas).
A pesar de la gran movilización popular, a finales de septiembre de 1978 el Consejo Municipal de la ciudad de Guatemala aprobó una alza en la tarifa del transporte urbano de cinco a diez centavos, para "motivar" a las empresas a aumentar el salario de sus empleados y así solucionar el conflicto laboral. La AEU y el Consejo Superior de la Universidad condenaron el plan del gobierno como un ataque contra los usuarios, en su mayoría personas de escasos recursos.
El viernes 30 de septiembre, día que la nueva tarifa entró en vigencia, jóvenes de diversos barrios populares, como La Carolingia, El Gallito y La Parroquia, reanudaron su histórica protesta al construir barricadas en las principales calles (todos eran sitios importantes en las jornadas de marzo de 1962). El fin de semana siguiente, durante una asamblea general en el CNUS, los grupos del movimiento popular declararon una huelga general para contrarrestar la imposición del aumento. Los empleados estatales paralizaron sus labores y ocuparon sus lugares de trabajo, mientras que los institutos de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por estudiantes que se enfrentaron a la policía (Levenson-Estrada 1994: 148-50).
Los líderes del movimiento popular debatieron las posibles consecuencias por las acciones tomadas y optaron entre ser más beligerantes o replegarse frente a la posibilidad de una movilización del ejército, que pudiera terminar en una matanza general. Pero en realidad, el descontento popular era tan grande que la manifestación pronto cobró tal fuerza que a los dirigentes les era difícil controlarla.
Las protestas se volvieron violentas cuando el gobierno intentó retomar las calles de la capital y los edificios del Estado. En los enfrentamientos los manifestantes utilizaron piedras y cócteles Molotov. Se replegaron cuando la policía y su Pelotón Modelo lanzaba bombas lacrimógenas y golpeaba a los que se quedaban atrás (Jonas 1991: 124).
Pero las protestas finalizaron hasta que se alcanzó el objetivo más importante del momento. El viernes 7 de octubre el Consejo Municipal restauró la tarifa de cinco centavos. Los manifestantes habían logrado su demanda principal, venciendo al gobierno militar a través de la movilización popular, eso sí, a costa de que durante las jornadas el número de muertes fue estimado en cerca de 40 (Levenson-Estrada 1994) a 106 (Cuevas del Cid 1980).
A pesar de la tragedia, el 12 de octubre los activistas de la AEU hicieron una fiesta para celebrar la victoria. Ese día también era cumpleaños del secretario general, Oliverio Castañeda, bajo cuyo liderazgo la asociación estudiantil había adquirido la mayor proyección política de sus 58 años de existencia. La AEU movilizó a los estudiantes para acuerpar las protestas, condujo las manifestaciones y publicó varios campos pagados que constituían unas de las más duras y astutas críticas al gobierno (véase a Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Populares 1978).
La importancia de la movilización de octubre había ido más allá de la cuestión del transporte. En sus lemas y pintas los manifestantes enunciaron una posición revolucionaria, alentados por el sentido de poder popular que estaban expresando. Estaban inspirados además por una insurrección similar que se estaba llevando a cabo en esos mismos días en Nicaragua, y por la misma historia de lucha en Guatemala. Las jornadas de 1944 y 1962, por ejemplo, de igual forma fueron dirigidas en las calles por jóvenes estudiantes y pobladores.
El gobierno de Lucas García estaba en crisis. Existía un amplio movimiento antigubernamental en la capital, cuya confianza iba en crecimiento. Además, había coordinación con elementos de oposición en el campo.12 Al mismo tiempo, en Nicaragua el movimiento urbano de masas estaba uniéndose con el Frente Sandinista. Lucas podía ver la inminente posibilidad que los rebeldes guatemaltecos también aprovecharan la movilización popular en la ciudad. Entonces, mientras que el Estado cedió en el asunto del transporte urbano, estaba estructurando una estrategia para poder detener el avance de la oposición.
Como se verá más adelante, la oleada de terror estatal tenía como fin destruir esa articulación. Hasta entonces la mayoría de víctimas de la represión habían sido obreros, campesinos y pobladores (así como supuestos delincuentes). A partir de octubre 1978 el Estado y la extrema derecha señalaron a los grupos politizados de la pequeña burguesía, entre ellos a los estudiantes e intelectuales de la Universidad, de los que consideraban que pudiera salir el liderazgo político de la oposición (Amnesty International 1979; Levenson-Estrada 1994: 152-53).
Por ejemplo, pocos días después del fin de las protestas, el profesor universitario y dirigente de la Democracia Cristiana René de León Schlotter sufrió un atentado a tiros en el que resultó muerto su chofer. El martes 17 de octubre, Santiago López Aguilar, director de la Escuela de Orientación Sindical, sobrevivió a un nuevo atentado, realizado por hombres armados. Los dos profesores de Derecho eran importantes elementos en la conexión entre la Universidad y el movimiento sindical, y en el caso de De León Schlotter con los partidos políticos de oposición (Nuevo Diario: 23 octubre 1978).
Si las fuerzas regulares del Estado no podían neutralizar abiertamente el movimiento de masas, lo haría la otra cara de la represión, los escuadrones de la muerte. El 18 de octubre, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), un grupo terrorista supuestamente vinculado a la oficina del director de la Policía Nacional, coronel German Chupina Barahona (Dunkerley 1988: 472), publicó una lista negra en la cual amenazó de muerte a 38 personajes clave del movimiento popular. Entre ellos estaban varios universitarios, incluyendo el rector, varios decanos y el secretario general de la AEU, Oliverio Castañeda de León (Black 1984: 45; McClintock 1985: 141).
Oliverio Castañeda, al saberse máximo enemigo del Estado, optó por abandonar la casa de sus padres. A pesar de las constantes amenazas en su contra, el viernes 20 de octubre de 1978, se presentó en el Parque Centenario para dar el discurso de la AEU en ocasión del aniversario de la Revolución de Octubre de 1944. En su esencia, dicha manifestación estuvo dirigida a repudiar el terror estatal.
Oliverio señaló al ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, como responsable de la nueva oleada de terror y cerró su discurso con una consigna visionaria: "Podrán matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución".
Según Rebeca Alonso, dirigente de la AEU, al terminar el acto un grupo de miembros de la AEU caminaba sobre la 6a. avenida hacia la cervecería "El Portal". En ese momento cuatro vehículos convergieron en el cruce de esa avenida y 8a. calle. Oliverio fue alcanzado por las balas de los ocupantes de uno de los vehículos, y cuando intentó regresar a la avenida los ocupantes de otro vehículo, que portaba placas oficiales, nuevamente abrieron fuego, alcanzándolo sobre la acera e hiriendo a cinco personas más. Descendió un tripulante del vehículo, acertándole un tiro de gracia. Oliverio murió en la entrada del Pasaje Rubio, rodeado por sus compañeros (entrevistas).
El hecho solamente podía haber sido ejecutado por las fuerzas del Estado. Varios agentes de la policía vieron el asesinato impasiblemente desde la plaza, sin hacer nada para perseguir a los asesinos. Según testigos oculares, entre ellos se encontraba el director de la Policía Nacional, German Chupina Barahona, quien aparentemente coordinó la emboscada. Esta operación, al mediodía y en pleno centro de la ciudad, demostró la impunidad de los asesinos y el abierto desafío lanzado contra el movimiento popular durante un tradicional día de protestas (Aguilera Peralta 1981: 137; entrevistas).
Oliverio Castañeda de León, uno de los más conocidos dirigentes estudiantiles de la Universidad, no era de ningún barrio popular. Tampoco estudió en institutos públicos, como la mayoría de los dirigentes estudiantiles, sino en el Colegio Americano de Guatemala. Su padre no era un obrero, sino un conocido médico. Con su muerte, Oliverio representó a los universitarios de la clase media que participaron y arriesgaron sus vidas en las luchas a favor de los intereses populares. Además, y eso el tiempo lo demostraría, Castañeda de León no sería el único mártir universitario de tal extracción social.
A tan sólo quince días del asesinato de Oliverio Castañeda, fue desaparecido su sucesor, Antonio Ciani García. Al parecer, el gobierno había tomado como un reto la consigna de Oliverio, Podrán matar a nuestros dirigentes... Por su participación en las movilizaciones de 1978, la AEU se había convertido en el primer blanco de una campaña de terror estatal diseñada para desarticular al movimiento de masas.
En los siguientes 18 meses recibieron amenazas casi todos los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios con vinculaciones políticas (incluso con los partidos legales). A veces la amenaza fue de forma muy sutil e indirecta, transmitida por un conocido, mientras que otras personas fueron abiertamente presionados para salir del país. Esta se convirtió en la forma más simple y eficiente de desarticular el movimiento. Para quienes no hicieron caso y continuaron con sus actividades de protesta, el terrorismo del Estado les destinó a los escuadrones de la muerte.
Al iniciarse el año 1979, los "hombres armados, vestidos de civil" aumentaron su campaña contra la intelectualidad del país, atacando a prestigiosos miembros de la Universidad, de la prensa, abogados, médicos, y dirigentes políticos de la oposición. El 25 de enero de 1979 fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, doctor en Ciencias Económicas, diputado del Congreso y dirigente del Partido Socialista Democrático (PSD). Ese mismo día, a pocas horas, fue acribillado el dirigente estudiantil y sindical Ricardo Martínez Solórzano. El 14 de febrero fue asesinado Manuel Lisandro Andrade Roca, secretario general de la Universidad en el período de Saúl Osorio Paz (y dirigente estudiantil durante las jornadas de 1962). El 22 de marzo fue muerto el ex alcalde de la capital Manuel Colom Argueta, en un operativo en que sus asesinos emplearon un helicóptero para "cazarlo" (Aguilera Peralta y Romero Imery 1981: 137).
Colom había sido director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad (CEUR) y dirigente político del Frente Unido de la Revolución (FUR). Junto a Fuentes Mohr fueron los más destacados miembros de la oposición política legal. Sus muertes cerraron, aún más, el espacio político guatemalteco. Estos asesinatos y amenazas en contra de dirigentes del FUR y el PSD continuaron en 1979 y 1980, y en años posteriores en contra de la Democracia Cristiana. Con esta intensificación del terror, el gobierno señalaba la decisión de no tolerar ninguna especie de oposición organizada, incluso en el corrompido sistema de partidos políticos.
El efecto al interior de la izquierda fue que la lucha armada ganaba más adeptos. Hasta 1979 el Comité Central del clandestino PGT había considerado que el FUR podría convertirse en el instrumento para participar legalmente en el proceso electoral y buscar el poder de esa forma. Ya para esa época, el PGT y demás organizaciones clandestinas intensificaron sus esfuerzos para tomar el Estado por medio de las armas.
En la Universidad, el rector Saúl Osorio Paz, después de los ataques a sus colegas y amenazas contra su persona, empezó a vivir en la rectoría, protegido por brigadas estudiantiles del partido FRENTE. En un caso sin precedentes, el rector dirigió la Universidad desde la clandestinidad por casi dos años, al extremo de ser obligado a salir del país (Aguilera Peralta 1982: 20).
El efecto de la represión estatal y paraestatal era peor en el movimiento estudiantil: la AEU terminó diezmada. Del muy activo secretariado de 1978-79, sus máximos dirigentes, Oliverio Castañeda y Antonio Ciani, habían sido asesinados o desaparecidos. Otros destacados líderes, como Iván Alfonso Bravo Soto, de Medicina, y Julio César Cabrera y Cabrera, de Derecho, fueron señalados por el Estado y posteriormente eliminados. Otros dirigentes del FRENTE, bajo amenaza, salieron del país durante un tiempo prudencial, mientras que el resto se escondió en la capital. A pesar de todo esto, la AEU continuó siendo una organización beligerante durante esta campaña de terror. Para protegerse, la AEU reestructuró su forma organizativa y para que sus dirigentes no fueran tan vulnerables, se abstuvo de revelar los nombres de éstos.
En enero de 1979, llegó a la Universidad una nueva generación de estudiantes de primer ingreso. Muchos de ellos habían sido miembros de la CEEM o las asociaciones estudiantiles en los institutos del Estado y habían participado en las jornadas de octubre de 1978. Fueron ellos quienes ocuparon el liderazgo de la AEU. Pero fue más difícil reemplazar a los docentes caídos o en el exilio.
Lejos de replegarse, la administración universitaria siguió en su militancia. Casi todo el contenido de su órgano oficial, Siete Días en la USAC, fue una constante crítica a un gobierno calificado de "antipopular", "proimperialista" y hasta "fascista". Esta posición fue, a la vez, efecto de la violencia contra la Universidad y provocadora de más represión.
El gobierno fue atemorizado por la unidad y beligerancia de la organización popular. Además, la inteligencia militar estaba bien enterada de la presencia de cuadros guerrilleros en el movimiento de masas: en los sindicatos, en los barrios populares y en diversas facultades de la Universidad de San Carlos. Esto sirvió al gobierno para justificar el terror, no sólo contra los insurgentes, sino en contra del movimiento legal.
Pero la neutralización del movimiento no sería fácil. En 1979 existía un amplio y bien organizado movimiento en contra del gobierno, capaz de movilizar grandes cantidades de personas en manifestaciones (principalmente sepelios), aunque las protestas masivas eran entonces muy difíciles de realizarse. La existencia de este movimiento, y sus logros en 1977 y 1978, habían aumentado las expectativas del pueblo por un cambio en el país. Cuando los espacios políticos fueron cerrados, una buena parte del movimiento actuó en la clandestinidad, para salvarse y seguir la lucha de una forma más adecuada a las condiciones (CITGUA 1989: 6).
No fue una decisión desesperada. La coyuntura centroamericana en 1979 estaba marcada por la creciente radicalización de los movimientos de masas. En Nicaragua, el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista, victoria que en Guatemala se convirtió en una muestra de la viabilidad de la lucha armada. Para los universitarios guatemaltecos, Nicaragua era un ejemplo del importante papel de los estudiantes, profesores y demás intelectuales en una revolución popular. En El Salvador, por aparte, se vivía también una efervescencia que estallaría en la lucha armada. Parecía que el tiempo para actuar había llegado.
Sin embargo, los miembros del movimiento popular no estaban preparados para enfrentarse al Estado por la vía violenta. La organización militar se formaba lentamente y la organización de masas estaba rezagada en el terreno de la autodefensa. Según Wilson Romero, entonces estudiante de Ciencias Económicas y miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, pocos militantes previeron la disposición del gobierno de aniquilar el movimiento. "Se desestimó la capacidad terrorista del Estado. No se percibió la magnitud del enemigo. Mucha gente sobrevaloró el momento" (entrevista).
10 El patrón de un decenso en la violencia previa a los comicios presidenciales y un aumento inmediatamente después, se repitió durante varios de los ciclos electorales durante el conflicto armado en Guatemala (Ball, Kobrak y Spirer 1999: Figura 12.3).
11 A la vez protestaban por el reciente asesinato de Mario Rolando Mujía Córdova, dirigente estudiantil del Centro Universitario del Nor-Occidente (CUNOROC), la extensión de la San Carlos en Huehuetenango, y director de la oficina legal de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en el mismo departamento, de donde había salido la asesoría para los mineros de Ixtahuacán en la huelga del año anterior.
12 En octubre de 1978, el Comité de Unidad Campesina (CUC), organización vinculada con el EGP, puso barricadas al transporte extraurbano en la Carretera Interamericana, a la altura de Los Encuentros, Sololá, para apoyar la huelga general.
