La represión contra comunidades del interior del país cobró mayor fuerza en la década de los 80. De hecho, en la capital el inicio de 1980 fue marcado por la llegada de una comisión de campesinos de Uspantán, Quiché, quienes buscaban llamar la atención nacional e internacional sobre la violencia que sus comunidades sufrían. En agosto y septiembre de 1979 nueve indígenas de las comunidades aledañas a Uspantán habían sido asesinados en lo que significaba el desplazamiento de la represión hacia el Occidente de Guatemala. Para la dictadura luquista, la presencia de un grupo de campesinos indígenas que exigían el respeto a sus derechos humanos era un acto subversivo, más aún cuando los manifestantes estaban asesorados por el Comité de Unidad Campesina (CUC) y estudiantes universitarios del Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), grupos legales pero vinculados al Ejercito Guerrillero de los Pobres.

En un principio los indígenas, por medio del dirigente de FUR Abraham Rubén Ixcamparic, buscaron una audiencia en el Congreso de la República. Pero en respuesta, agentes del gobierno mataron a tiros a Ixcamparic frente al palacio de la Policía Nacional (Guatemala 80: 171). Ante este vil crimen, los campesinos consideraron que era urgente hacer públicas sus demandas. No obstante y tomando en cuenta el alto grado de represión, una marcha pública resultaba arriesgada y por lo tanto imposible.¹³

En tales condiciones, el CUC y el FERG decidieron que lo mejor era tomar una embajada, ya que la extraterritorialidad dificultaría y en el mejor de los casos impediría un ataque por parte del gobierno. Los líderes eligieron la Embajada de España por su ubicación cercana a varias rutas de transporte y por el diseño del edificio que facilitaba la toma. Algunos de los campesinos de Quiché acordaron ir con ellos. El resultado fue uno de los momentos más infames del terror estatal en Guatemala.¹⁴

Siguiendo el plan de ocupación, los participantes salieron del campus universitario en la zona 12, a bordo de buses del servicio urbano hacia la zona 9. Cuando los primeros grupos ingresaron al edificio de la Embajada, rápidamente se dispuso el cierre con candados de las puertas de acceso. Para suerte de los invasores, en el interior de la misión diplomática se encontraban dos altos ex funcionarios del gobierno, quienes fueron tomados de rehenes. Todo iba bien. El grupo fue recibido por el embajador, Máximo Cajal y López, a quien se le pidió su mediación para formar una comisión que verificara la represión en Quiché. Los ocupantes colgaron mantas afuera del edificio y colocaron un equipo de sonido en el balcón para comunicarse con la prensa y las fuerzas de seguridad.

Según el entonces secretario de Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación (y miembro del EGP) Elías Barahona y Barahona, esa mañana y ante la sorpresiva acción de los campesinos, hubo una reunión entre el presidente Lucas García, el ministro de gobernación Donaldo Alvarez Ruiz y el director de la Policía Nacional German Chupina Barahona. Estos decidieron en lugar de dialogar con los ocupantes, coordinar un asalto a la Embajada y desalojar a los invasores. Fue así como fueron enviados varios centenares de agentes para retomar el edificio y acabar con los manifestantes (Blanck y Miranda 1998).

Al llegar, las fuerzas de seguridad cercaron la misión diplomática. Los ocupantes mientras tanto se parapetaban en una habitación del segundo piso del edificio cuando, sin mediar palabra, las fuerzas leales a Lucas tomaron por asalto la embajada. Los policías lanzaron bombas incendiarias contra los campesinos que, en algunos casos, portaban materiales combustibles. Esto provocó pequeños fuegos, por lo que tanto invasores como diplomáticos españoles y funcionarios guatemaltecos eran atrapados por las llamas. La policía impidió el ingreso de los cuerpos de socorro, mientras que la prensa y la muchedumbre aglomerada en las afueras del edificio escuchaban los gritos de auxilio y dolor de quienes morían bajo el fuego de las fuerzas de seguridad. La Embajada de España se convirtió ese día en un infierno en el que murieron 37 personas: rehenes, campesinos y cuatro militantes universitarios (El Gráfico: 1 febrero 1980).

Los sucesos ocurridos en la Embajada de España marcaron el inicio de una nueva fase en las luchas políticas de Guatemala. El gobierno demostró un completo desprecio por el estado de derecho y esto trajo para el país las peores consecuencias del aislamiento internacional, el cual, desde la perspectiva de Lucas García, no era una verguenza, sino una necesidad para desarrollar una guerra sin límites en contra de cualquier expresión de oposición política. Por otra parte, la quema de la misión diplomática fue una clara muestra para los guatemaltecos de los extremos a los que el gobierno estaba dispuesto llegar para acallar las voces desafectas. Ya en la Universidad, esa masacre de campesinos provocó el más grande repudio, así como discusiones y debates en las aulas universitarias sobre la necesidad de buscar nuevos métodos de lucha.

Durante la quema de la embajada, las autoridades capturaron documentos de la planificación de la toma de la Embajada, en la que quedaba clara la participación estudiantil en el hecho. De tal cuenta, la Universidad se encontró nuevamente en el centro de la represión oficial. Esto quedó demostrado cuando el único sobreviviente del infierno vivido en la misión española, el campesino Gregorio Yujá Xoná, fue secuestrado de su cama en el hospital San Juan de Dios. Días después, su cadáver, con evidentes señales de tortura y varios balazos en la cabeza, fue lanzado desde un carro en marcha frente al edificio de la rectoría de la San Carlos, un lugar que se convirtió en uno de los principales depósitos de víctimas de la represión del gobierno.

Ante la amenaza de enfrentamiento que significaba sepultar a Yujá Xoná en un cementerio, como medida de seguridad los militantes del FERG decidieron enterrar el cadáver en el interior de la Universidad, en la recién bautizada "Plaza 31 de Enero". El gobierno calificó ese acto de "provocación a las autoridades" y el Organismo Judicial ordenó la inmediata exhumación del cuerpo. El secretario general de la Universidad acompañó a un juez de paz para desenterrar al campesino, pero un buen número de estudiantes se opusieron a la diligencia judicial, aduciendo que por qué no se ha hecho lo mismo con los miles de cadáveres de campesinos muertos y enterrados ilegalmente por el ejército en las zonas rurales. El cadáver de Yujá Xoná quedó enterrado en la plaza (Noticias de Guatemala 37; 8 marzo 1980; ASIES 1991: 599; entrevistas).

La Universidad también organizó el entierro de 23 de las víctimas del ataque a la Embajada de España, logrando que en medio de un ambiente de repudio, luto y dolor más de 40,000 personas acompañaran el cortejo fúnebre, a pesar del ambiente de represión que vivía la ciudad en estos días.

Minutos antes de la salida del sepelio, un grupo de estudiantes y sindicalistas que caminaban por la 2a. avenida hacia el Paraninfo Universitario fue atacado a tiros por varios agentes del llamado "Comando Seis", el escuadrón contrainsurgente de la Policía Nacional dirigido por Pedro García Arredondo. Algunos de los estudiantes portaban armas de fuego, por lo que repelieron el ataque, provocando una nutrida balacera que segó la vida a dos miembros del FERG y un agente policial.¹⁵ Además, los agentes secuestraron a la estudiante universitaria Liliana Negreros, cuyo cadáver fue hallado seis semanas después en un cementerio clandestino de San Juan Comalapa, Chimaltenango (Prensa Libre: 4 febrero 1980; Amnesty International 1980b: 5; Guatemala 80; AAAS 1986; Payeras 1987: 50; ASIES 1991: 599; entrevistas).

Lejos de desarticular o neutralizar a la oposición política, la represión dio lugar a una mayor militancia. En la Universidad había mayor presencia de revolucionarios: hombres y mujeres armados y enmascarados aparecieron en los buses, en las aulas, y en las calles cercanas a la Universidad, distribuyendo volantes y haciendo mítines para incitar a la lucha para la "toma del poder". Como era imposible realizar manifestaciones masivas o huelgas generales, las acciones "relámpago" se convirtieron en un método eficaz. Los participantes en este tipo de acciones no tenían sus caras descubiertas, como en 1978, sino que vestían en uniforme de "guerra de guerrillas urbana" (gafas, pañuelos, y gorras sobre la cara), oscilando entre la vida civil y la clandestinidad (Levenson-Estrada 1994: 155-57).

Ante la intensidad del terror estatal, la lucha había dejado de ser un movimiento de masas. En su mayoría el sector sindical se había replegado, pues en la ciudad ya no existía seguridad ni condiciones para luchar, aun cubriéndose el rostro. A pesar de ello, la Universidad de San Carlos, por su autonomía y su tradición de lucha, siguió con su fuerte crítica al gobierno.

Pero la autonomía tenía sus límites. A finales de febrero de 1980, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) prometió llevar a cabo un "Marzo Negro" en contra de la Universidad. La base de datos del CIIDH contiene los casos de 19 universitarios que fueron blanco de ese "Marzo Negro" y que pagaron con sus vidas su amor por la lucha. Entre ellos se encuentran estudiantes, trabajadores de la Universidad, asesores laborales y profesores de Derecho, miembros del Consejo Superior Universitario así como altos funcionarios de la rectoría de Saúl Osorio. Ejemplo de esto son Hugo Rolando Melgar y Melgar, quien fungía como representante legal de la Universidad, y Julio Alfonso "Sabanita" Figueroa Gálvez, profesor de Ciencias Económicas y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).

Las muertes de Melgar y después la de Figueroa ilustran la situación que vivía la Universidad en esos días. En el velorio de Melgar, la madrugada del 25 de marzo, Figueroa dijo a sus colegas y discípulos de la Universidad "¿A quién pisados le toca mañana?" en referencia a la gran cantidad de fallecidos que día a día se registraban entre los universitarios.

Desgraciadamente, al día siguiente le tocó a él. El día 26, cuando se dirigía a la Universidad, su automóvil fue interceptado por dos motocicletas y otro vehículo cuyos tripulantes le ametrallaron. Figueroa falleció en el lugar y su esposa, la catedrática de Psicología, Margarita Carrillo, resultó gravemente herida (entrevistas).

Ambos catedráticos habían sido clave en la construcción de la corriente marxista en la Universidad. Melgar, un dirigente estudiantil en los años 60, era al momento de su asesinato asesor del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad (STUSC) y catedrático de la Escuela de Orientación Sindical, donde impartía cursos de marxismo-leninismo a los sindicalistas. Melgar es considerado, por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, como un hombre muy claro en sus ideas revolucionarias y en su militancia. En la Universidad era de conocimiento público su militancia en el PGT.

Mientras que Melgar es recordado como muy serio, su buen amigo Sabanita viene a la memoria de sus compañeros como alguien lleno de vitalidad y quien siempre tenía un chiste o una ocurrencia que les robaba la risa. Aunque no por esto deja de ser considerado un concienzudo trabajador y muy claro ante la necesidad de enfrentar al Estado represor. Sus ex alumnos recuerdan de él el hecho de que, en 1979, al iniciar sus clases cada día, escribía en el pizarrón, "Año del cobarde asesinato de Manuel Andrade Roca". Como tantos otros mártires de la Universidad, el destacado catedrático no tomó las medidas necesarias para su seguridad personal en un tiempo en que los asesinos no desaprovechaban oportunidad para cumplir su sucia misión.

Figueroa daba clases en las facultades de Económicas y Derecho, donde solía criticar a los estudiantes que no sabían nada de economía política. Era un experto en los fundamentos teóricos y metodológicos del marxismo-leninismo, y a diferencia de otros profesores que dependían mucho del dogmatismo de los manuales soviéticos, había estudiado acuciosamente El Capital.

Gracias a ese interés, Sabanita fundó un círculo de lectores que reunía a profesores titulares y auxiliares para estudiar la obra de Karl Marx. Cada sábado por la mañana y durante varios años, él y sus compañeros leyeron la obra del ideólogo del comunismo. A pesar del largo tiempo que funcionó el grupo de lectores, y por lo extenso de los escritos de Marx, las lecturas llegaron apenas a la mitad del Tomo I de El Capital antes de que Figueroa fuera asesinado. Según uno de los participantes del círculo, el grupo siguió estudiando pero ya sin la misma disciplina que había impuesto Sabanita. Como consecuencia del terror estatal, la Universidad iba perdiendo elementos valiosos: no solamente los mejores profesores marxistas sino que los más brillantes pensadores de la Universidad y del país (entrevistas).

En Figura 3 se muestra que después del Marzo Negro los asesinatos siguieron cometiéndose con la misma intensidad. A lo largo de 1980, el Estado había diseñado como estrategia contrainsurgente el uso masivo del terror en contra de los sindicatos, la educación media y la Universidad (véase a Guatemala 80). Mucha de esta gente murió en atentados; otros fueron detenidos y torturados antes de ser asesinados, al final muchos respondieron a las amenazas renunciando a su relación con la Universidad.

La violencia contra la Universidad se había generalizado. Dejó de afectar únicamente a los dirigentes estudiantiles o al profesorado, también incluyó a todos los involucrados en la oposición a la dictadura o que, de alguna manera, representaban a la San Carlos. Por ejemplo, el 17 de junio de 1980 fue asesinado frente a su casa Felipe Mendizábal y Mendizábal, director del registro universitario, quien había trabajado en la Universidad por 27 años, pero tuvo poca participación política.

Los sobrevivientes de estas matanzas tuvieron que hacer una elección entre "alzarse" para trabajar en una organización clandestina, salir al exilio o desvincularse por completo del movimiento para poder permanecer en la ciudad. No pocos se decidieron por la primera opción, la armada, y de éstos, algunos viajaron al interior para integrarse a los frentes de la insurgencia (véase Recuadro IV, al final de este capítulo). La segunda opción planteaba otras formas de seguir en el proceso, pero la vida en el exilio podía traer problemas personales, por lo que varios exiliados pronto regresaron a Guatemala. Otra buena parte se retiró de las organizaciones sindicales y populares o continuó con sus actividades en el movimiento, pero de forma aún más discreta.

Figura 3. Total de asesinatos y despariciones de universitarios,
por mes, de 1978 a 1984

En 1980, dado el terror, había poca distinción entre el movimiento de masas y el movimiento político-militar, lo que facilitaba para el gobierno la represión en contra de ambos.

Con esta situación, el movimiento sindical se convirtió en un pálido reflejo de lo que fue tres años antes. Pero el 1 de mayo de 1980, Día Internacional del Trabajo, hubo una última expresión de las masas en la ciudad de Guatemala. Ese día, la tradicional marcha de los trabajadores fue una vez más el corazón del movimiento popular. Mucha gente, incluso una sorprendente cantidad de campesinos llegados de los departamentos, participó en la marcha. Pero a diferencia de otros años, buena parte de los manifestantes desfilaron con los rostros cubiertos. A pesar del peligro, la protesta se convirtió en una abierta expresión de apoyo a la "revolución" en Guatemala.

El gobierno respondió a esta actividad con toda su fuerza represiva. Dos días antes del feriado, la sede de la Central Nacional de Trabajadores fue allanada por varios policías, vestidos de particular, quienes detuvieron a 20 personas que realizaban los preparativos para la marcha. Tras ser brutalmente golpeadas fueron puestas en libertad, no sin antes ser amenazadas de muerte, si continuaban con los preparativos y sus actividades sindicales.

Ya para el 1 de mayo, Rafael Urcuyo Orozco, estudiante de Psicología y militante del FERG, se convertiría en la primera de las víctimas: fue ametrallado frente el Instituto de Previsión Militar, al concluir la marcha en la Plaza Mayor. Ese mismo día otras 31 personas fueron secuestradas de las calles cercanas a la plaza. Veintiocho de los secuestrados aparecieron muertos, dos días después, entre ellos estudiantes de nivel medio, universitarios y sindicalistas (Guatemala 80: 191; Siete Días en la USAC: 5 y 12 mayo 1980; ASIES 1991: 618).

Dadas las circunstancias, las actividades de la organización popular se redujeron, pero las acciones represivas en la capital tuvieron un alarmante aumento. Tanto en la ciudad como en el campo, la violencia política creció siguiendo el patrón de provocaciones y represalias entre la insurgencia y la contrainsurgencia a cargo de los militares. La Universidad, al igual que muchas comunidades rurales en los años que siguieron, quedó en medio del fuego cruzado, mientras que quienes cometían los actos insurgentes se salvaban gracias a su clandestinidad.

Por ejemplo, el 22 de marzo de 1980, el coronel de la policía Máximo Zepeda Martínez, supuesto jefe del grupo paramilitar Nueva Organización Anticomunista (NOA), fue ametrallado cuando transitaba por la carretera hacia Amatitlán junto a su ayudante. El hecho fue atribuido a la guerrilla. Horas más tarde y como represalia, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) secuestró a los dirigentes de la AEU Julio César del Valle, Marco Tulio Pereira Vásquez e Iván Alfonso Bravo Soto. Los tres estudiantes se habían reunido momentos antes del hecho para recoger y luego distribuir algunos ejemplares del "No Nos Tientes", la publicación satírica de la Huelga de Dolores, que aquel año prometía ser especialmente crítica. Ese mismo día, los cuerpos de los universitarios aparecieron con señales de tortura y varios impactos de bala. Junto a los cadáveres de los estudiantes, fue encontrada una nota en la que el ESA reclamaba la autoría del hecho como represalia por la muerte de Zepeda. La extrema derecha, representada por los escuadrones de la muerte, no podía golpear a la insurgencia, por lo que se ensañó contra el movimiento estudiantil (Siete Días en la USAC: 7 abril 1980; Guatemala 80: 188; Amnesty International 1980b: 2; Cáceres 1980: 174; AAAS 1986: 45; entrevistas).

Recuadro IV: La opción a la lucha armada Muchos universitarios que participaron en las jornadas de lucha en los años 70 y 80 suelen criticar a la nueva generación de estudiantes por su falta de interés en la problemática nacional y por sus pasiones consumistas. Viendo la historia de la San Carlos, lo más impresionante es el alto número de jóvenes (e intelectuales relativamente privilegiados), quienes arriesgaron sus vidas luchando por un cambio social, incluyendo los que apoyaron los movimientos guerrilleros. A los guatemaltecos nunca les han faltado razones para motivar sus participación en un movimiento social de oposición. Quizá el principal factor para explicar tantas décadas de protesta en Guatemala ha sido la existencia de un sistema estatal, caracterizado por la exclusión y corrupción, y dominado por militares y una intransigente elite económica. Al inicio, los manifestantes tendían a luchar mediante mecanismos legales y democráticos. Cuando el Estado, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, fortaleció su capacidad represiva y la empleó en contra de ese movimiento, muchos sobrevivientes optaron por la lucha armada. La opción revolucionaria en la San Carlos también es producto de cambios dentro de la Universidad. Durante los 60 y 70, las reformas a los pensum permitieron la introducción de la teoría marxista-leninista. Para muchos universitarios, las ideas de Karl Marx sobre el conflicto de clases sociales dieron una respuesta clara a las fuertes desigualdades en Guatemala: la revolución de las clases populares era una necesidad. Mientras tanto, los escritos de Vladimir Lenin sobre una vanguardia revolucionaria dieron a los intelectuales un papel histórico en la emancipación de los trabajadores. Los sucesos en la región también alentaban esa opción. El golpe militar en Chile, en 1973, contra el gobierno democrático de Salvador Allende (patrocinado por la CIA a igual que la contrarrevolución en Guatemala) enseñó a las izquierdas en América Latina la dificultad de establecer sus políticas por medio de una lucha electoral y pacífica. Al mismo tiempo, la resolución de la guerra en Vietnam enseñó cómo la movilización del campesinado ("pobres, ignorantes y muertos de hambre", como dice un ex combatiente en Guatemala) podía llevarles a la victoria, a pesar de las intervenciones de una potencia mundial como Estados Unidos. Años después, el triunfo de los sandinistas en Nicaragua fue para los guatemaltecos un ejemplo más cercano de que las insurgencias armadas sí podían tomar el poder. A lo largo del conflicto armado, entre la juventud guatemalteca, especialmente en la capital, se estableció una tradición activa de idealismo político. Esta militancia estudiantil no es de nada sorpresiva, dada la tendencia de los jóvenes en todo el mundo de rebelarse contra las reglas de la sociedad y, en el caso de Guatemala, dada la injusticia de estas reglas. La guerrilla en Guatemala entendió esto, y usaron los estudiantes para regenerar su movimiento en varios momentos del conflicto. En los años 70 los diferentes grupos guerrilleros, facciones muchas veces en competencia, emprendieron un agresivo trabajo de reclutamiento y formación de cuadros en la Universidad. En entrevistas, muchos ex combatientes explicaron que fueron reclutados por "la organización", no cuando llegaron a la Universidad, sino antes, cuando eran estudiantes del nivel medio. A mediados de los años 70, elementos de Juventud Patriótica del Trabajo (del PGT) formaron grupos en los institutos públicos para estudiar el marxismo. Cuando llegaron a la Universidad estaban preparados para seguir su trabajo clandestino. Como en el movimiento sindical, muchos estudiantes politizados se involucraron con los grupos clandestinos aun sin darse cuenta. A veces los únicos miembros de una organización estudiantil, quienes sabían de la relación entre la guerrilla y su movimiento, eran los mismos dirigentes encargados para promover esta conexión. Los rebeldes solían usar grupos legales estudiantiles como una manera más segura de ganar adeptos. La ex dirigente estudiantil Rebeca Alonso recuerda cómo en 1977, el día después de la victoria electoral del FRENTE, un amigo de su hermano mayor le advirtió que su partido estaba vinculado con el proscrito PGT. Alonso no sabía, pero al enterarse de lo que era su partido, fue inexorable su apoyo: "Sí estoy con el PGT, estoy con el PGT". En la Universidad el PGT, el partido comunista, fue "la mamá de todas" las organizaciones rebeldes, aunque el grupo no siempre abogaba la lucha armada. A partir de octubre de 1978, cayeron muchos líderes estudiantiles y un sinnúmero de "cuadros intermediarios" vinculados al PGT, víctimas de la sistemática campaña del gobierno de Lucas en contra del movimiento estudiantil. Muchos de los estudiantes politizados, incluso militantes del FRENTE con incidencia en el PGT, optaron por incorporarse a los grupos más directamente relacionados con la lucha armada, como la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). El PGT, FAR y EGP querían incorporar grandes masas de estudiantes, obreros y pobres urbanos al movimiento. La experiencia de ORPA fue otra. El grupo se formó como un alternativo al PGT a principios de los 70, y la mayor parte de su liderazgo procedía del movimiento estudiantil, aunque ORPA nunca tuvo un perfil alto en la Universidad. Creció invitando estudiantes con conciencia social para participar en círculos de lectores, de contenido menos marxista que los demás grupos revolucionarios, lo que le dio al grupo una reputación de intelectual y "pequeño burgués". Sin embargo, los militantes de ORPA eran entre los más comprometidos de la izquierda guatemalteca, dice un estudiante miembro de este grupo en los 70. Muchas veces dejaron la vida estudiantil y su participación en los grupos de estudio para llevar directamente una vida clandestina de combatiente armado. Un buen número de reclutas de la ORPA fueron a "la montaña" a prepararse para una confrontación rural con el Estado, antes del momento de crisis urbana que provocó la huida de los militantes del EGP y el PGT en 1980. Los estudiantes organizados siempre contaban con el respaldo de sus compañeros. Pero en su decisión de unirse a una lucha identificada con los intereses de los pobres, tenían que enfrentar la resistencia de su familia y del círculo social. Entonces fue, más que todo, cuando las organizaciones guerrilleras desplazaron el grueso de sus operaciones al occidente del país, a las comunidades mayas. Según un ex combatiente de la ORPA, los padres de muchos guerrilleros urbanos se opusieron no sólo al hecho de que estaban arriesgando sus vidas, sino también por quiénes estaban arriesgando sus vidas. En Guatemala, una sociedad fuertemente dividida entre ladinos e indígenas, muchos padres querían saber, "Por qué van a pelear por los indios?" No sólo estudiantes se incorporaron a la guerrilla. Durante el auge de la represión trabajadores, profesores y hasta administradores de la Universidad se unieron a la lucha armada. De tal cuenta, el 3 de septiembre 1980 el decano de la Facultad de Arquitectura, Gilberto Castañeda Sandoval, solicitó al Consejo Superior Universitario licencia para ausentarse de sus labores. Durante un largo discurso ante el Consejo, hizo ver que por los ataques estatales en contra de la Universidad, y a pesar de su posición de clase como pequeño burgués, había decidido pasar a la lucha clandestina. Luego se incorporó al EGP, mientras que la Universidad se empeñaba en usar los medios de comunicación para desmentir públicamente que la posición de Castañeda Sandoval fuera la misma de la San Carlos (El Gráfico: 5 septiembre 1980; Siete Días en la USAC: 15 septiembre 1980; entrevistas). Dentro de pocos años fue evidente la imposibilidad de una inminente victoria de la insurgencia. Sin embargo, y a pesar de una constante represión, la Universidad continuó siendo un centro de reclutamiento para las organizaciones guerrilleras. El ex secretario general de la AEU, Víctor Hugo Gudiel, señala que en los primeros años de los 90, mientras el resto de Guatemala vio a la guerrilla con un temor extremo, en la Universidad, con su autonomía y su tradición de lucha, nuevas generaciones de estudiantes siguieron tomando la opción de la lucha armada, ya quizá sin tener en la mira el derrocamiento del Estado, sino como forma de apoyo al movimiento armado en su consolidación como fuerza política y negociadora.

El gobierno de Lucas García también usó la violencia como reacción a actividades de grupos populares no armados. En enero de 1981, por ejemplo, las fuerzas de seguridad llegaron tarde para reprimir un "mitin relámpago" del Frente Popular "31 de Enero" en conmemoración de la masacre en la Embajada de España un año atrás. Militantes del Frente Popular (lo cual agrupó organizaciones no armadas, pero que apoyaron el proyecto revolucionario del EGP, entre ellos CUC y FERG) levantaron barricadas y quemaron un muñeco frente al Paraninfo Universitario. Cuando los agentes del Estado arribaron momentos después, los manifestantes ya no estaban, entonces entraron al Paraninfo y ametrallaron de forma indiscriminada a una presentación desarrollada por el departamento de la Extensión Universitario. Por tener la más tenue vinculación a la protesta que se llevó a cabo en las afueras de ese recinto, nueve personas murieron, entre ellos dos administradores y seis estudiantes de la San Carlos (Noticias de Guatemala 60, febrero 1981).

En esta guerra de golpe y contragolpe, también las instalaciones de la Universidad fueron blanco de ataques. Durante 1980 la Ciudad Universitaria fue allanada varias veces. Los invasores, obviando todo tipo de procedimiento legal y en clara violación a la autonomía de la San Carlos, destruyeron varias oficinas y salones de los grupos estudiantiles y de las facultades más identificadas con la izquierda.

En Suchitepéquez, la finca "San Julián", propiedad de la Universidad, fue cateada en dos ocasiones. En ambas oportunidades hombres con uniforme militar pintarrajearon las paredes del inmueble y amenazaron de muerte a los trabajadores. (Según unos de sus trabajadores, la San Julián era la única finca que no había sido blanco de los constantes ataques de la guerrilla en esa región del país.) (Siete Días en la USAC: 28 abril 1980; entrevistas).

Pero tal situación fue aún más grave en el segundo campus de la USAC, el Centro Universitario de Occidente (CUNOC). En diciembre de 1979, hombres armados penetraron al edificio administrativo y colocaron bombas incendiarias que destruyeron varias de sus instalaciones. El 22 de mayo de 1980, cuando los estudiantes celebraban el sexagésimo aniversario de la AEU, otra bomba explotó en el CUNOC. Dos meses después, el 17 de julio, sus instalaciones fueron blanco de otro ataque que terminó destruyéndolas por completo (Siete Días en la USAC: 2 junio 1980; Guatemala 80: 207).

Días antes de la destrucción del CUNOC, el Consejo Superior Universitario había hecho un llamado al Presidente de la República para que brindara seguridad a los universitarios, esto ante la violencia que asolaba a la sociedad y, por ende, a la casa de estudios.

El desprecio por la vida que caracterizó el régimen de Lucas fue aún más evidente el 14 de julio. Ese día, los ataques de violencia habían iniciado a las siete de la mañana cuando el coronel Miguel Natareno Salazar, jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, y sus tres guardaespaldas fueron atacados a tiros. Posteriormente, un grupo clandestino autodenominado el Frente Voluntario de la Defensa se atribuyó el hecho; responsabilizaron a Natareno por la muerte de los estudiantes Mariela Aguilar Quiñónez y Luis Pulucó Pichillá la semana anterior. De hecho, la muerte del jefe policial trajo consigo una rápida represalia en contra de la Universidad. A las 8:45, dos vehículos que usaban antenas de transmisión ingresaron al campus universitario. Sus tripulantes, hombres fuertemente armados, se estacionaron en la parada de buses frente a la rectoría. Repentinamente empezaron a circular por la avenida y a disparar en contra de todos los que transitaban por allí, dando muerte a seis estudiantes. Media hora después del ataque, un grupo de sobrevivientes intentaron abandonar el campus en un pickup y cuando viajaban por el Anillo Periférico fueron alcanzados por una panel blanca cuyos ocupantes les dispararon. Allí fallecieron dos universitarios más. En total, ese día, murieron ocho estudiantes y 40 personas resultaron heridas (Prensa Libre: 18 julio 1980; Guatemala 80: 117; AAAS 1986: 49; Siete Días en la USAC: 21 julio 1980).

Estas víctimas no eran dirigentes estudiantiles ni habían sobresalido en la actividad política. El ataque había sido perpetrado en contra de toda la Universidad de San Carlos. Como en tantos otros casos, surgieron pruebas de que los atacantes eran miembros de las fuerzas de seguridad. Raúl Molina Mejía, que ese día asumió como nuevo rector, denunció que en el momento de los hechos había cordones policiales en la Avenida Petapa y en la Calzada Aguilar Batres cerca a la Ciudad Universitaria. Estos agentes no intervinieron ni siquiera para investigar lo sucedido (Siete Días en la USAC: 21 julio 1980).

El carácter violento y no conciliador de Lucas García quedaba una vez más en evidencia. El Presidente no ocultaba su desprecio hacia la Universidad y evitaba referirse a ella. Contrario a gobiernos anteriores, que intentaron al menos construir fachadas de preocupación y condenaban los hechos contra los universitarios, Lucas tomó una actitud que no dejaba lugar a dudas sobre el involucramiento del gobierno en la creación de las listas negras y escuadrones de la muerte.

Un ejemplo de esto había ocurrido en 1978, cuando representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios quisieron dialogar con el Presidente sobre la desaparición de Antonio Ciani, secretario general de la AEU. El mandatario se rehusó y acusó a la Universidad de ser centro de subversión dedicado a derrocar su gobierno. Arguyendo tal excusa, Lucas se oponía a que el Ministerio de Salud trabajara con la Universidad de San Carlos en el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Para Lucas, la presencia de estudiantes en áreas con poco control gubernamental era sospechosa.

El EPS recibió, en lugar del apoyo oficial que necesitaba, la represión estatal. Veinte estudiantes y profesores que participaban en esta práctica fueron desaparecidos o asesinados entre 1978 y 1981. Las acusaciones en contra de la San Carlos y la insistencia de involucrarla con la lucha revolucionaria armada se volvieron asunto de todos los días. En marzo de 1980, al referirse a la oleada de asesinatos que sufría esos días la Universidad, el ministro de gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, dijo que la Universidad de San Carlos y las organizaciones armadas eran "la misma cosa". Con declaraciones como éstas y actitudes como la de Lucas, se desataba una guerra casi abierta en contra del Alma Máter (Amnesty International 1979a: 65; Amnesty International 1980a: 140-41; Castillo Montalvo 1985: 170-73).

Otros sucesos dieron más argumentos al gobierno para pensar que la casa de estudios se había convertido en un centro de apoyo para los insurrectos o que, por lo menos, la administración de esta casa de estudios toleraba la presencia de los que pretendían derrocar el gobierno por medio de las armas. En mayo de 1980, durante las elecciones estudiantiles, el Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" se declaró a favor del derrocamiento del gobierno de Lucas García. Aunque no fue una posición exclusiva del FERG (sino asumida por el CNUS en las manifestaciones del 1 de mayo), los estudiantes la planteaban en mantas y en carteles junto con las fotos de sus candidatos para las elecciones estudiantiles. Para los militantes, la revolución ya era una posibilidad real y próxima y el Estado era, por consiguiente, el enemigo declarado (entrevistas).

Con este planteamiento, para muchos muy radical, el FERG no logró ganar el control de la AEU en 1980 (y de hecho nunca lo ganó). Sin embargo, el grupo llegó a ser apoyado por muchos universitarios, incluso por autoridades de turno y por las decanaturas de Psicología, Arquitectura, Ingeniería y Derecho.

La AEU siguió bajo la conducción de FRENTE y la influencia del PGT y aún quería trabajar dentro del marco institucional. La Asociación siguió luchando por el respeto a los derechos humanos y la apertura de espacios políticos en medio de un ambiente de creciente polarización y terror en su contra. Pero la visión de muchos estudiantes cambiaría. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el inicio de una nueva ofensiva guerrillera en Guatemala dio la pauta para que muchos universitarios se sintieran atraídos por la posición del FERG, que promovía una lucha armada total que calificaba de inevitable.

Mientras FRENTE y el PGT habían construido una fuerte organización social, el punto débil de éste era su escasa capacidad en el campo militar. Cuando la violencia se generalizó en la Universidad, los militantes del Partido del Trabajo se encontraron atrapados en la ciudad sin tener frentes armados a los cuales integrarse. Eso no ocurrió con los miembros del EGP o la ORPA, quienes en 1980, viendo una pronta victoria militar contra el gobierno, emprendieron un agresivo reclutamiento en la capital, en especial en la Universidad.

Según recuerda un militante del FERG, era muy fácil inscribirse e integrarse en la organización, que todavía permanecía en la legalidad. De ahí "sólo había un pasito para que los chavos se incorporaron al EGP". En esos días, cuando el dolor de los golpes represivos se mezclaba con la esperanza por las victorias insurgentes, el FERG se establecía como una plataforma amplia y beligerante que, por la impaciencia de sus miembros en el trabajo revolucionario, no dimensionó las maniobras de su enemigo. El reclutamiento acelerado y masivo permitió la infiltración de muchos "orejas" (espías gubernamentales), quienes fueron piezas clave para denunciar y entregar estudiantes y otros universitarios "organizados" a las fuerzas de seguridad (entrevistas).

Los informantes del gobierno (muchos de ellos soldados que habían recibido el bachillerato por madurez) se movían con libertad dentro de la Universidad. Gracias a sus informes y a las infames torturas a las que sometía la inteligencia militar a los miembros del movimiento popular capturados, lograron conocer los pormenores de las actividades clandestinas en la Universidad, los movimientos cotidianos de los estudiantes y hasta los lugares que solían ocupar dentro de las aulas.

No obstante la infiltración de que fuera objeto el FERG y sus posiciones a favor de la lucha armada, éste no fue el primer grupo en ser reprimido dentro de la Universidad. Los blancos iniciales del terror estatal y paraestatal fueron los dirigentes de FRENTE y sus aliados en el profesorado "democrático". A finales de los años 70 y hasta 1980, el gobierno parecía temer más al poder del movimiento social que al movimiento político-militar. Los catedráticos que fueron asesinados en 1979 y 1980 ilustran este patrón: en su gran mayoría eran intelectuales con conciencia política que apoyaron a los obreros, campesinos u otros grupos populares organizados, o fueron administradores y pedagogos de pensamiento progresista que ayudaron a construir una casa de estudios en la que el gobierno no veía más que un semillero de guerrilleros.

Mientras tanto, los embates represivos en contra del FERG empezaron hasta en 1981. Desde sus orígenes, FERG nunca trabajó tanto a la luz pública como lo hizo el FRENTE y implementó mayores mecanismos para la seguridad de sus miembros. Poseían planes de emergencia para proteger a los dirigentes, no andaban solos, evitaban las rutinas y disfrazaron sus identidades en las acciones populares y paramilitares. Sin embargo, varios integrantes de esta organización perecieron en 1981, cuando las fuerzas de seguridad emboscaron una casa de seguridad del EGP. Poco tiempo después, la Dirección Nacional del EGP, incluso algunos elementos estudiantiles del FERG, se desplazó a áreas de fuerte control del EGP en el sur de Quiché (entrevistas).

En abril de 1980 la AEU impulsó la formación de "comités de autodefensa de la autonomía" en un intento, tal vez tardío, de tratar de contrarrestar el baño de sangre en la Universidad. Ni la autonomía escrita en la ley ni mucho menos "las fuerzas de seguridad" podían garantizar la integridad de los universitarios, así que estos comités pedían a todo sospechoso que aparecía en la Universidad que se identificara. Con esto se logró que los agentes del gobierno vestidos de civil difícilmente ingresaran a la Universidad (Siete Días en la USAC: 21 y 28 abril y 24 junio 1980; entrevistas).

Con el fin de repeler o prevenir ataques, los miembros del FERG y otros grupos empezaron a portar armas en la Ciudad Universitaria. Esta "autodefensa" en cierta forma significó la militarización del campus universitario. Y aunque no siempre evidente, los estudiantes que no compartían los objetivos político-militares del FERG lo notaron. Para ellos, la presencia de gente armada era intimidatoria y representaba el completo establecimiento de las fuerzas guerrilleras en la casa de estudios (entrevistas).

Por cada asesinato de uno de sus compañeros, los estudiantes organizados se sentían más frustrados. A veces su ira explotaba en contra de quienes aparentemente fueron parte de las fuerzas represivas. Los comités de autodefensa, al detectar a un supuesto "oreja", lo desnudaban y lo hacían caminar por el campus hasta expulsarlo del lugar. En algunas ocasiones estos comités ajusticiaron a los capturados. En junio y julio de 1980, varios agentes de las fuerzas de seguridad aparecieron muertos en la Ciudad Universitaria. Estos casos pudieron haber sido parte de la reacción estudiantil o rebelde ante el terror del Estado (Guatemala 80: 196, 202, 204).

Como un ejemplo de esto, se recuerda que el 10 de junio de 1980 Víctor Manuel Valverth, dirigente estudiantil de Ingeniería y miembro del Consejo Superior Universitario, fue atacado a tiros por tres desconocidos en el parqueo de su facultad. Tras el atentado, a las 17:00, varios estudiantes con los rostros cubiertos con capuchas se congregaron para dar con los responsables. Luego, un grupo de 20 estudiantes detuvo a Baldomero Mendoza, quien pasaba por el lugar en una motocicleta. Lo obligaron a bajarse, y al registrarle encontraron una credencial firmada por un jefe de la Guardia de la Hacienda que certificaba que el portador era persona honorable en quien se podía confiar.¹⁶ Los estudiantes empezaron a agredirle, pero Mendoza, quien dijo que era albañil, logró escapar.

El otro que fue detenido, Adán de Jesús Melgar Solares, no tendría la misma suerte. Cuando el grupo de estudiantes pasaba por las cercanías de la rectoría, Melgar Solares, quien esperaba dentro de un carro, supuestamente desenfundó un arma. Los estudiantes lo rodearon y lo atraparon, obligándolo a entregar sus documentos. Como se sospechaba, también cargaba una identificación que señalaba que era un confidencial de la Zona Militar de Jutiapa.

Los estudiantes creyeron haber aprehendido a uno de los agresores de Valverth. Y aunque tal vez no era uno de los directamente implicados en el ataque al líder estudiantil, sus captores vieron en él a un miembro más del aparato represivo militar. Melgar Solares fue desnudado y arrastrado por los corredores de varias facultades, mientras una multitud se aglomeraba a su alrededor. Uno de los captores lo señaló que era responsable del atentado contra Valverth y preguntó qué hacer con él. Muchos se expresaban a favor de matarlo. Melgar Solares pedía ser escuchado, pero la muchedumbre no atendió sus súplicas y optó por llevarlo fuera de la Universidad. En la Avenida Petapa, los estudiantes lo apedrearon. Mientras agonizaba, fue rociado con gasolina y convertido en una antorcha humana. Tras ser rescatado por los bomberos, Melgar Solares murió en el hospital.

A pesar de que muchos de los testigos quedaron afectados, tal actitud fue justificada por quienes sufrían la represión. "Si ellos (los militares) nos queman, nosotros los quemamos también", dijeron algunos. Al siguiente día el grupo que se atribuyó el hecho (las Unidades Secretas de Autodefensa Estudiantil) llamó a los medios de comunicación para decir, "daremos el mismo tratamiento a todos los orejas que capturemos en la Universidad" (Prensa Libre: 11 a 13 junio 1980; Amnesty International 1981a: 153; entrevistas).

La que dos años atrás había sido una lucha social en contra de la política del gobierno era ahora una lucha revolucionaria en contra del Estado. Desde los secuestros y asesinatos ocurridos en la manifestación del 1 de mayo, las organizaciones de la oposición desistieron de realizar manifestaciones públicas. A esto se sumaron los secuestros masivos contra el movimiento sindical y otros sectores, como en la sede de CNT, el 21 de junio de 1980, y en la finca "Emaús" el 24 de agosto del mismo año, donde perecieron, además de los sindicalistas, varios asesores de la Escuela de Orientación Sindical.

Conforme se agudizaba el conflicto, las acciones militares de la oposición se hicieron más frecuentes. Por ejemplo, el domingo 7 de septiembre, la derecha política convocó a una manifestación "anticomunista" y pro gobierno frente al Palacio Nacional. Para contrarrestar este intento oficial de mostrar apoyo popular, la guerrilla colocó una serie de bombas en el centro de la ciudad. Una de éstas explotó frente al Palacio, matando a siete personas. A pesar de esto la manifestación se llevó a cabo con la participación de más de cien mil personas, muchos de ellos trabajadores públicos que habían sido obligados a asistir (Prensa Libre: 6 septiembre 1980; Central American Report: 8 septiembre 1980; entrevistas).

Cada día la ciudad se hundía más en una batalla entre el terror del Estado y las acciones político-militares de la izquierda. La violencia, en especial el terror del Estado, dejó fuertes cicatrices en los sobrevivientes, tanto en las comunidades del interior en las que se aplicó la estrategia "tierra arrasada" como en la ciudad capital donde la represión fue más selectiva. El uso de la violencia generó en la oposición política una cultura de la muerte, ya que ésta nunca estaba lejos. Como expresaba Julio Alfonso Figueroa Gálvez, nadie sabía a quién le iba a tocar mañana.

Ante la inminente muerte, muchos miembros del movimiento estudiantil reaccionaban con humor. Según recuerda Rebeca Alonso, entonces dirigente de la AEU, "Cuando alguien tenía una expresión genial o insólita, siempre repetían `apúntenlo muchá, ésta será la frase para mi lápida'". Otros, previendo su muerte, la querían aprovechar para dar un último mensaje revolucionario. Hugo Melgar, por ejemplo, escribió una carta para ser leída en caso de su muerte, donde criticó la situación social del país y justificó la lucha de la Universidad (Siete Días en la USAC: 7 abril 1980; entrevista).

Aunque las manifestaciones públicas eran casi imposibles, los cortejos fúnebres se convirtieron en una oportunidad para expresar el repudio hacia el Estado. Algunos de éstos se debieron realizar en el interior de la Ciudad Universitaria, por temor a que fueran blanco de ataques de agentes del Estado.

Tras la quema de la Embajada de España, una especie de martirologio llegó a ocupar un lugar importante en el movimiento estudiantil, especialmente entre los del FRENTE y el PGT. Estos siguieron la lucha obviando las medidas de seguridad o el respaldo de frentes armados. El movimiento sindical, por ejemplo, ante una campaña terrorista sistemática en su contra por las fuerzas del Estado, intentó regenerarse ante las bajas que sufría, como única respuesta a una guerra sin límites. La historiadora Deborah Levenson-Estrada lo califica como, "la glorificación de la muerte por asesinato como forma de seguir viviendo" (1994: 159, 170).

Sin duda, muchos de los sobrevivientes de la época del terror aún sufren traumas y heridas. Esa psicosis de persecución trastornó a quienes la sobrevivieron. Un catedrático de la Facultad de Derecho, quien enterró a muchos de sus compañeros de estudio, recuerda cómo "todos nos sentíamos perseguidos y veíamos la cara de un policía judicial en cualquiera". Hay quienes dependían de los tranquilizantes para poder vivir. Otros se desahogaron en el alcoholismo, o les sirvió para adquirir el coraje y poder ir así un día más a la Universidad.

Todo eso fue producto de un sistema de control social basado en "el recurso del miedo" (Figueroa Ibarra 1991). Por ejemplo, el uso oficial de los escuadrones de la muerte negaba la posibilidad de establecer la verdad o vivir en un estado de derecho. Y estos grupos paramilitares no fueron un fenómeno ocasional; en Guatemala desde 1966 han sido empleados con una terrible frecuencia para eliminar los supuestos enemigos del Estado y de la clase económicamente poderosa. Los 40,000 "desaparecidos" en Guatemala superan los 15,000 en Argentina durante la "Guerra Sucia" o el número de víctimas en cualquier otro país latinoamericano en épocas oscuras de represión (Perera 1993: 285; Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999: para. 212).

Para 1981, después de años de violencia en la ciudad, muchos militantes de la oposición se habían retirado de la capital y de la lucha social. De igual manera, las fuerzas contrainsurgentes se desplazaron hacia el Occidente. En el altiplano, al no existir grupos de derechos humanos y con una cultura distinta a la de los poderosos funcionarios de la burocracia de la muerte, la contrainsurgencia fue más abierta e indiscriminada. Aunque la violencia había llegado a niveles escalofriantes en la ciudad, lo que pasó en el campo en 1982 fue aún más atroz.

¹³ En octubre de 1979, un grupo de campesinos de Chimaltenango habían tomado la Iglesia del Calvario en la 18 Calle en el centro de la ciudad para dar a conocer sus demandas, pero fueron capturados y desalojados violentamente, y días después uno de sus líderes fue asesinado.

¹⁴ Mucha de la información sobre la toma de la Embajada de España proviene de la entrevista con uno de los participantes universitarios, un miembro del FERG, quien coordinó las acciones desde afuera de la Embajada.

¹⁵ García Arredondo fue herido pero sobrevivió al incidente (además de numerosos intentos por la guerrilla de eliminarlo). Hoy en día es alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa. En 1999 la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) denunció que se desprendieron serios indicios de la participación de García Arredondo en las operaciones de la banda Los Chuchos que se dedica a extorsiones, secuestros y la "limpieza social" de supuestos criminales (MINUGUA 1999: 21). A pesar de las acusaciones en su contra, García Arredondo busca ser reelecto como candidato del Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG), partido que ha postulado varios militares para diputados en las elecciones de noviembre de 1999.

¹⁶ En aquel tiempo, tales credenciales representaban una medida de seguridad personal ante los controles de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, fueron solicitados por muchos guatemaltecos, aun simpatizantes del movimiento revolucionario (entrevistas).