Este informe intenta presentar una historia de los hechos de violencia que sucedieron en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los últimos 45 años. Se sitúa esta violencia en un contexto sociopolítico con la intención no sólo de denunciar la brutalidad del Estado, sino de dar a entender cómo un conflicto, tanto en su expresión armada como social, pudiera cobrar la vida de tantos guatemaltecos, en este caso de la vida académica e intelectual.

El proceso de esclarecimiento histórico que Guatemala está viviendo en estos días nunca va a poder satisfacer por completo a quienes preguntan, "¿Quién hizo qué a quién?". El conflicto armado se desarrolló en la oscuridad, y mucha de la violencia fue planificada para no dejar huella de los ejecutores. El Estado guatemalteco empleó habitualmente métodos ilegales, como los escuadrones de muerte y las masacres rurales no reconocidas. Estos le facilitaron mantener la fachada de un orden institucional, mientras el régimen llevaba a cabo una verdadera guerra sucia.

Ahora, después del fin oficial del conflicto armado, el gobierno civil y el Ejército de Guatemala se han mostrado resistentes a cooperar con el proceso de esclarecimiento histórico, al no entregar archivos y documentos que ayuden a conocer el cómo y el porqué de la violencia. Pero será difícil encubrir los detalles del terror para siempre. Por ejemplo, en mayo de 1999 un archivo secreto, de una unidad aparentemente bajo el control de los servicios de inteligencia militar, apareció en Estados Unidos. El documento revela detalles de las muertes y desapariciones de aproximadamente 180 militantes de la guerrilla, entre ellos más de veinte universitarios, de 1983 a 1985, durante el régimen de facto de Mejía Víctores. Este archivo confirma lo que muchos grupos de derechos humanos han sostenido por años: que las fuerzas oficiales son responsables de la violencia cometida contra la oposición política.²³

Sin embargo, dada su corrupción e incapacidad, existe poca posibilidad de que el Organismo Judicial dé justicia a las víctimas del terror estatal. Por eso, con este informe se trata de hacer un monumento a los universitarios muertos y desaparecidos.

No fue posible ser tan completos como se quisiera. Todavía es imposible conocer a fondo los motivos y prácticas de las fuerzas represivas. Además es difícil esclarecer todos los casos de estudiantes y profesores a quienes se les segó la vida o fueron desaparecidos. Eran tantos, pero sus familias, atemorizadas, no querían denunciar los hechos en contra de sus seres queridos. En los últimos 45 años, la Universidad misma ha sido un buzón de denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero mucha de la información archivada en varias unidades (en las facultades, en las sedes de la AEU y el Sindicato de Trabajadores) fue destruida o robada por las fuerzas de seguridad, durante tantos allanamientos al campus.

Sin embargo, es posible hacer ciertas conclusiones sobre la dinámica de la organización y represión en la Universidad de San Carlos. Los hechos nos demuestran que en Guatemala el Estado ha empleado la fuerza terrorista en contra de la Universidad de San Carlos en forma masiva. A veces la violencia fue conducida por una orientación contrainsurgente. Sin embargo, el Estado, en general, ha atacado cualquier expresión de oposición, aunque ésta fuera pacífica.

En 1956 empezó una serie de actos de violencia en contra de los universitarios activos en la política. Con el asesinato del profesor y asesor sindical Mario López Larrave, en junio de 1977, se abrió la más larga y sistematizada campaña de terror en contra del Alma Máter. Con altibajos, la violencia en contra de los universitarios se mantuvo hasta el inicio de la "democracia tutelada" en 1986. Sin embargo, los siguientes diez años también fueron de actos terroristas en contra de militantes del movimiento estudiantil,en especial la aniquilación de los líderes de la AEU en 1989.

En resumen, la violencia estatal contra la Universidad durante estos años se puede entender como repuesta al poder nacido de la organización política independiente en el Alma Máter. A veces fueron más atacados los que participaban en las luchas sociales que quienes lo hacían en el movimiento político-militar. Por ejemplo, la violencia llegó a su nivel más fuerte entre 1978 y 1981, cuando la Universidad formó parte de una amplia y fuerte oposición urbana al gobierno militar. Al inicio fue en su mayoría un movimiento social que buscaba el poder por medio de la vía legal y pacífica, pero ante la represión muchos de los sobrevivientes optaron por participar en la guerrilla.

Otro factor en el patrón de la violencia fue la actitud de los altos mandos del gobierno. Como ya se dijo, Romeo Lucas García, Presidente de la República durante los peores años de la represión urbana, mantuvo una posición muy antagónica hacia la casa de estudios. Pero cabe decir que todos los gobernantes, desde 1954 a 1996, se mostraron dispuestos a atacar o, permitir que sus fuerzas de seguridad atacaran, casi siempre en forma extrajudicial, a la oposición afincada en la Universidad (Figura 6). Por lo menos 46 universitarios murieron violentamente durante los 17 meses que duró el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Posteriormente, aún más perdieron la vida durante los gobiernos de Oscar Mejía Víctores (militar) y de Vinicio Cerezo (civil). Sin embargo, para todo el país el régimen de Ríos Montt fue responsable de más asesinatos que cualquier otro (Ball, Kobrak and Spirer 1999: Figura 6.1).

Figura 6. Total de asesinatos y desapariciones de universitarios,
por gobierno, de 1954 a 1996

Por otra parte existe la capacidad de respuesta de los estudiantes y demás universitarios organizados frenar la violencia. En varias ocasiones la Universidad participó en campañas para condenar el terror estatal. A veces, en 1971 y quizá en 1985, estas condenas y muestras de organización fueron efectivas para limitar la actuación terrorista del Estado. Pero en muchas otras ocasiones, la Universidad fue atacada precisamente por su activo rol en la defensa de los derechos humanos.

Por consiguiente, el nivel de organización ha sido enlazado con el nivel de represión, tanto como provocador de violencia como límite a ésta. En diferentes momentos del conflicto, aumentos en el nivel de organización ha provocado más violencia o límites a ella, mientras un aumento en la represión ha conducido a más actividad organizativa o ha logrado desmantelar la oposición.

Para dar contexto a estos años de represión, debemos señalar algunos factores internacionales: el rol del gobierno de Estados Unidos y la influencia de la guerra fría en Centro América. Por una parte, desde sus inicios el movimiento revolucionario en Guatemala ha sido influido por el ejemplo y el apoyo de los países socialistas. Por otra parte, mientras las contradicciones económicas y sociales en el país contribuyeron a la polarización, el Estado guatemalteco y la pequeña élite económica solían usar una versión del anticomunismo exportado a Latinoamérica por los norteamericanos, con la que justificaban las medidas represivas y anti democráticas en contra de la oposición a su poder. En Guatemala el anticomunismo ha sido muchas veces más feroz y ciego que en los propios Estados Unidos. Cualquier oposición organizada se podía interpretar oficialmente como "subversiva" y sus militantes merecían la muerte.

Estados Unidos, con su ayuda militar y policial, tiene buena cuota de responsabilidad en la construcción de los aparatos represivos en Guatemala, al haber brindado asesoría, equipo y orientación ideológica a las fuerzas de "seguridad". Existen tantas evidencias de la participación directa e indirecta de los norteamericanos en la represión contra los universitarios y demás sectores, desde la invasión de 1954 dirigida por la CIA hasta la construcción del Pelotón Modelo de la Policía Nacional a finales de los 70. A pesar del retiro de su ayuda militar entre 1978 y 1982, se puede decir que Estados Unidos y sus aliados han sido fiel en equipar y avalar a las fuerzas represivas guatemaltecas.

En explicar el desarrollo de un ambiente que permitió tanta violencia oficial, también hay que notar la criminal despreocupación de los sectores económicamente poderosos que se vieron beneficiados del silenciar las voces de cambio en Guatemala, aun a costo de destruir por completo el sentido de unidad nacional y los procesos democráticos.

²³ El archivo militar está disponible en el internet en las siguientes direcciones: http://www.seas.gwu.edu/nsarchive/ y http://hrdata.aaas.org/gdsd.