Capítulo 1: La violencia institucional en Guatemala, de 1960 a 1996

La figura 1.1 presenta, por año, los 34,340 homicidios y desapariciones forzadas registrados en la base de datos del CIIDH y que fueron cometidos por el Estado de Guatemala. Esos crímenes forman parte de una política deliberada de asesinato extrajudicial, ejecutada por los diferentes gobiernos, en los 36 años de conflicto armado.5 La gráfica destaca cómo el nivel del terror estatal llegó a su auge en 1982, año en el que el Ejército Nacional de Guatemala asesinó a miles de civiles en el Occidente del país y diezmó a centenares de comunidades indígenas.

Figura 1.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1960 a 1995

Lo que la escala de la gráfica no permite ver son los altibajos en la intensidad de la violencia institucional, antes y después del período más violento entre 1980 y 1983. El resto de la Parte II presenta los contornos de esta violencia, década por década: los sesenta y el primer período de lucha entre el gobierno y el movimiento revolucionario; la represión de un movimiento popular en ascenso en los setenta, el dominio de los militares y la aniquilación de la oposición política en los ochenta; y la disminución de la contrainsurgencia en los noventa.

La violencia estatal en Guatemala se destaca por haberse cometido con deliberación y porque duró un largo período. A través de los años, el conflicto armado cambió terreno, de la ciudad al campo y de éste a la ciudad y otra vez al campo. El terror del Estado tomó diferentes formas, desde los paramilitares "escuadrones de la muerte", que eliminaron a sus víctimas una por una, hasta las masacres dirigidas en contra de comunidades rurales enteras.

En la Parte III se hace uso de la base de datos del CIIDH para analizar algunas diferencias entre, por ejemplo, la violencia rural y urbana; los asesinatos selectivos y masivos, los diferentes métodos de la represión y la manera en cómo la violencia fue publicada en la prensa nacional y, por consiguiente, cómo fue entendida en su momento en Guatemala. Otro capítulo investiga cómo la intensidad de la violencia varió dependiendo del gobierno que regía el poder. Así, aunque ocurrió un nivel extremo de violencia durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (de 1978 a 1982), los asesinatos y desapariciones mensuales alcanzaron su cifra más alta durante el programa de pacificación política del general José Efraín Ríos Montt.

La Parte IV analiza las características de las víctimas, tanto de quienes fueron blancos de la represión gubernamental como de los que les sobrevivieron y que fueron afectados por esta represión. El Estado atacó, en diferentes momentos y de distintas maneras, a estudiantes, intelectuales, sindicalistas, periodistas, catequistas, sacerdotes, políticos, promotores rurales y campesinos (esta última categoría fue la más grande en los diferentes períodos del conflicto armado). Además tomamos en cuenta a los victimarios, tanto a los miembros de las fuerzas regulares como irregulares del gobierno. Concluimos analizando las patrullas civiles, en las cuales la población civil se vio obligada a formar parte de los aparatos represivos, para así poder destacar el duradero legado de violencia y militarización para muchos sobrevivientes.

5 La figura 1.1 sólo incluye casos de desaparición forzada y asesinato que aparecen en la base de datos del CIIDH con el año conocido. Los datos son del período de 1959 a 1995, para el cual información fue recogida, aunque la narrativa cubre el período de 1960 a 1996. Al agregar los casos de fecha desconocida se aumenta el número de casos a 36,906 (véase Anexo A1). Aun el total más grande presenta sólo una parte de las muertes atribuibles al Estado guatemalteco durante los años del conflicto armado. Fuentes documentales y la información no incluida en esta base de datos (por ejemplo, la que fue trabajada por la oficial Comisión para el Esclarecimiento Histórico o por el proyecto de la Iglesia católica, la Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI) dan la idea de que el gobierno ejecutó extrajudicialmente un número de personas mucho más grande durante el conflicto armado. Sin embargo, con sólo una muestra no probabilística y no hecha al azar, no nos atrevimos hacer estimaciones del total de guatemaltecos asesinados o desaparecidos durante el conflicto.