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Capítulo 10: Identificando a las víctimas La base de datos del CIIDH no es un récord completo de la violencia política en Guatemala. Sin embargo, da una idea de cómo fue entendida la violencia institucional cuando se desarrolló, desde un ataque limitado contra una oposición sencilla a una embestida indiscriminada contra civiles que vivían en una área donde la guerrilla intentó fomentar la insurrección. Como un reflejo del entendimiento del terror de las víctimas y los testigos, este capítulo examina la frecuencia con la que las víctimas de asesinato y desaparición forzada aparecen por nombre en la base de datos. La figura 10.1 demuestra que cada año durante los sesenta y hasta mediados de los setenta, la mayoría de las víctimas fue identificada.12 En 1978, el porcentaje cae repentinamente. Los datos de ese año incluyen a las aproximadamente 130 víctimas de la masacre de Panzós, de quienes no aparecen nombres. La proporción de personas identificadas se muestra muy baja en los siguientes años, especialmente en 1981 y 1982 durante el auge del terror rural masivo. En 1982, sólo se incluye la identidad del 13 por ciento del total de víctimas, el año más bajo para todo el conflicto armado. Figura 10.1. Porcentaje anual de víctimas de asesinatos y desapariciones que fueron identificadas, de 1969 a 1995
Durante lo peor de la represión estatal, muchas matanzas sólo fueron denunciadas públicamente meses o años después. En el proyecto del CIIDH, las organizaciones populares participantes recogieron buena parte de los testimonios cuando había transcurrido mucho tiempo desde que fueron cometidas las violaciones y los declarantes recordaban ya pocos pormenores de los casos, como la identidad de las víctimas.13 En muchos casos, hay pocos testigos para relatar la muerte o desaparición de tantas víctimas. Durante la recolección de los testimonios, era usual que un sobreviviente proporcionara el nombre de una o dos víctimas, quizá familiares cercanos, para luego estimar el número de otros miembros de su comunidad, sin especificar sus nombres. La mayor cantidad de víctimas anónimas son personas del área rural e indígenas, mientras que las víctimas identificadas en su mayoría son pobladores urbanos y no indígenas. La situación en el campo contrasta con la de la ciudad, sobre todo en las primeras décadas del conflicto, cuando la violencia urbana fue más selectiva y la respuesta popular al terror más organizada. En junio de 1977, por ejemplo, el movimiento popular en la ciudad fue estremecido cuando un escuadrón de la muerte asesinó a Mario López Larrave, profesor en Derecho y asesor legal de varios sindicatos. La víctima era una figura clave en al representar a varios sectores de la coalición opositora, y su muerte fue ampliamente difundida en la prensa. Seis semanas después, dos jóvenes dirigentes estudiantiles, Aníbal Caballeros y Robin García, fueron secuestrados cuando regresaban de un evento clandestino del EGP en Ciudad Satélite, Mixco, en las afueras de la ciudad capital. El cadáver de Caballeros apareció en la zona 11 de la capital. Después de años de calma relativa, integrantes del movimiento popular se organizaron para oponerse al resurgimiento del terror del Estado. En los días siguientes, los periódicos denunciaron constantemente los secuestros, mientras que estudiantes del nivel medio en todo el país bloqueaban las puertas de instalaciones del gobierno y abarrotaron los parques públicos, proclamando "Queremos vivo a Robin". Una semana después de que desapareció, el cuerpo mutilado de Robin García fue encontrado a la orilla de una carretera en Escuintla. Pero Robin García no fue una más de las víctimas anónimas, como pudiera haberle pasado pocos años después. En cambio, se hizo un mártir público. Su entierro paralizó las actividades de la capital, cuando unas 50 mil personas acompañaron el ataúd. Los miles de dolientes portaban claveles rojos, un símbolo de amistad que los movimientos populares en América Latina convirtieron en un símbolo de lucha (CIIDH y GAM 1999). Pronto serían demasiadas víctimas para que todos fueran mártires, y tanto miedo y muy pocos sobrevivientes para dar a cada uno el entierro que merecían los asesinados. 12 Esta gráfica se refiere a que sí los nombres de las víctimas aparecen en alguno de los casos que menciona una violación a una persona. Si la identidad de la víctima no aparece en ninguna fuente, se codifica como no identificada. Las víctimas no identificadas en esta base de datos pueden aparecer como identificadas en otras bases de datos o fuentes publicadas. Nótese que tanto para víctimas identificadas como para no identificadas, la base de datos fue chequeada repetidas veces para evitar contar la misma persona más de una vez. Sin embargo, algunas duplicaciones se quedan, especialmente en el caso de las víctimas no identificadas cuyos nombres no podían ser chequeados. 13 Una excepción a este patrón es el trabajo puntual de Ricardo Falla sobre la matanza que militares ejecutaron en la finca San Francisco, Nentón, Huehuetenango, en julio de 1982 (Falla 1983). |
