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Capítulo 11: Asesinatos selectivos y masivos Muchas de las víctimas de la violencia institucional en Guatemala fueron ejecutadas una por una. La figura 11.1 clasifica a las víctimas según el tamaño del grupo en el cual fueron eliminados. Por un lado, se registran más muertes solitarias que asesinatos múltiples en cualquier tamaño de grupo. Por el otro, la mayor parte de las víctimas del gobierno fueron asesinadas en grupos grandes, usualmente en forma indiscriminada. En la base de datos el 29 por ciento de las víctimas fue eliminado individualmente. El 23 por ciento murió en grupos de entre dos y cincuenta personas. Una mayoría, el 51 por ciento, fue asesinada en grupos de más de cincuenta, víctimas de la destrucción estatal de comunidades rurales enteras. Figura 11.1. Total de víctimas de asesinato, según tamaño del grupo en que murieron, de 1959 a 1995
Siguiendo el análisis del capítulo anterior, la figura 11.2 demuestra que las víctimas de matanzas tienden a no ser identificadas en la base de datos. Casi el 80 por ciento de las víctimas de asesinatos selectivos es identificado por nombre en la base de datos; sólo una de cada cien eliminadas en grupos de diez o más son apropiadamente identificadas. Figura 11.2. Porcentaje de víctimas de asesinato que son identificadas, por tamaño de grupo, de 1959 a 1995
La figura 11.3 revela que para cada tamaño de grupo, la mayor parte de violencia ocurrió en el campo (las barras claras) que en la ciudad (la barras oscuras). Viéndolas de la izquierda a la derecha, las barras claras demuestran que en el área rural el gobierno cometió 7 mil asesinatos individuales. Menos habitantes rurales murieron en grupos de dos a nueve. La gran mayoría de víctimas rurales, más de 20 mil personas, murieron en grupos de diez o más. Figura 11.3. Total de asesinatos, por región y tamaño de grupo, de 1959 a 1995
Aunque se efectuaron algunas matanzas de numerosas víctimas en la ciudad capital, las barras oscuras ilustran que el Estado asesinó a la mayor parte de sus víctimas urbanas una por una. En comparación con el terror indiscriminado en el campo, las fuerzas de seguridad ponían más atención en escoger sus blancos en la ciudad. En el área rural así como en la ciudad, la violencia institucional se volvió menos selectiva con la intensificación de la represión. En la capital, a finales de los setenta, la represión empezó con la muerte de grandes figuras de la oposición. En 1980, los asesinatos selectivos se hicieron más frecuentes mientras los asesinatos masivos también empezaban a suceder, iniciando con la masacre de la Embajada de España el 31 de enero. Uno de los principales blancos del terror urbano fue el movimiento sindical, el adversario histórico de los industriales en Guatemala. El 21 de junio de 1980, agentes del Estado desaparecieron a 27 dirigentes de la sede de la CNT (Central Nacional de Trabajadores), la coordinadora principal del movimiento sindical en el país. El terror estatal hizo atender a una reunión sindical casi suicida: el 24 de agosto del mismo año, 17 sindicalistas más fueron desaparecidos de la finca Emaús en Escuintla (Guatemala 80 1980). En la Universidad de San Carlos, en la mañana del 14 de julio, pocos minutos después de que una emboscada guerrillera cobrara la vida del jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, Miguel Natareno Salazar y sus tres guardaespaldas, hombres fuertemente armados que viajaban en varios vehículos ingresaron al campus universitario y abrieron fuego contra estudiantes en la principal parada de buses. En esta época, existían varios núcleos de apoyo a la guerrilla en la Universidad. Sin embargo, pocas de las víctimas de esta masacre participaban de alguna forma en la política. Los paramilitares buscaban vengarse y enviar un mensaje a toda la Universidad con un ataque indiscriminado. A partir de julio de 1980, las expresiones abiertas de oposición en la Universidad se redujeron (CIIDH y GAM 1999). Un ejemplo similar ocurrió en los lugares más afectados del área rural. A mediados de los setenta, la represión militar en las cooperativas del Ixcán en el norte de Quiché consistía en desapariciones, tanto abiertas como secretas, de los dirigentes cooperativistas supuestamente vinculados a las estructuras de la organización revolucionaria EGP. Ya para febrero de 1982, elementos uniformados quemaban comunidades enteras en el Ixcán, dando muerte a personas con poca o ninguna participación en la guerrilla (Manz 1988: 76-8; Iglesia Guatemalteca en el Exilio 1992; Falla 1992). Para el objectivo militar de contener el avance insurgente, los asesinatos selectivos eran menos eficaces que el terror en gran escala. En la capital, los asesinatos individuales a finales de los setenta sólo lograron convencer a los miembros del movimiento popular del peligro de hacer oposición abierta al gobierno. Debido a eso, los grupos guerrilleros rápidamente vieron crecer sus filas en la ciudad (CIIDH y GAM 1999). Similar patrón se produjo en el área rural. En 1979 y 1980, tanto en el corazón de la región k’iche’ cerca de Santa Cruz del Quiché como en la región ixil en el centro de ese departamento, los asesinatos selectivos de líderes comunitarios y militantes del EGP sembraron temor entre la población. Pero estos actos también inspiraron a quienes conocieron a las primeras víctimas, a levantarse en armas en contra del gobierno, no sólo para su protección, sino también para poder vengar las muertes de sus amigos o familiares. La respuesta del gobierno no fue mejorar las relaciones con la población civil, sino por el contrario, acrecentó la violencia. Para finales de 1982, una campaña del Ejército había despoblado a la mayor parte de las comunidades en el norte de Quiché. Junto con la imposición de las patrullas de autodefensa civil, la violencia masiva convenció a gran parte de los sobrevivientes a tomar distancia de los insurgentes. El Ejército detuvo el crecimiento del EGP, pero a un costo de miles de vidas (Carmack 1988b; Stoll 1993). Los casos anteriores sólo son algunos ejemplos de una política a nivel nacional de los asesinatos selectivos versus los masivos. La figura 11.4 ilustra que a partir de 1978, los asesinatos cometidos en grupos de diez o más forman la mayor parte de la violencia institucional. Después de 1982, el porcentaje de asesinatos masivos empieza a disminuir y los selectivos vuelven a ser la táctica principal de la represión estatal. Unas pocas matanzas en los años noventa aumentaron la proporción de asesinatos masivos, cuando el nivel de la violencia ya era muy bajo. Sin embargo, los años de masacres sistemáticas en el área rural habían terminado.14 Figura 11.4. Porcentaje anual de víctimas de asesinato, por tamaño de grupo, de 1960 a 1995
Amnistía Internacional reportó que la violencia institucional se hizo más selectiva bajo el gobierno de Mejía Víctores (1987: 125-6). El terror del Estado continuó durante este período, sobre todo a finales de 1983 y a lo largo de 1984 y 1985, cuando dirigentes estudiantiles, sindicalistas y defensores de derechos humanos se convirtieron en blancos del terror del gobierno. No obstante, este brote de asesinatos selectivos representó una mejora en la situación en Guatemala si ésta se compara con la de pocos años atrás. 14 El patrón de la violencia institucional en el departamento de Sololá ha sido al contrario. Los guerrilleros de ORPA fueron los más activos en esta región y evitaron tratar de organizar comunidades enteras. Durante lo peor de la contrainsurgencia, el Ejército y sus grupos paramilitares se limitaron a cometer asesinatos selectivos, la mayoría entre los líderes comunitarios del municipio de Santiago Atitlán. Sin embargo, entre las matanzas más notorias del conflicto armado está la que ocurrió en Santiago Atitlán, durante los últimos años del conflicto. El 2 de diciembre de 1990, elementos del Ejército abrieron fuego en contra de un grupo de personas no armadas que llegaron al destacamento para exigir el retiro de los militares de su pueblo. Trece manifestantes murieron, entre ellos varios menores de edad. Después de más protestas en Santiago y expresiones de indignación al nivel internacional, el Ejército abandonó al pueblo. La resistencia al Ejército de los residentes de Santiago fue uno de los sucesos clave en la creciente lucha para la desmilitarización en Guatemala (Americas Watch 1988: 11, 92; Americas Watch y Physicians for Human Rights 1991: 53-64; Carlsen 1997). |