Capítulo 14: Las víctimas

En el desarrollo del enfrentamiento armado en Guatemala, el Estado atacó a diferentes poblaciones de distintas maneras.

Durante buena parte del conflicto armado, el terror se dirigió a la oposición activa del gobierno, principalmente a aquellas personas comprometidas y que hacían uso de la violencia en la lucha por el cambio político: los insurgentes armados. En pocos casos, la base de datos posee información sobre si la víctima tenía relación o nó con un grupo guerrillero. Mucha de la información obtenida en los testimonios y de los grupos de derechos humanos fue recogida durante el período de lucha armada cuando pocas fuentes eran francas sobre la actividad político-militar de las víctimas. Hoy en día, tras tantos años de terror estatal, muchos, cuando no la mayoría de los guatemaltecos, aún siguen considerando peligroso hablar sobre el movimiento guerrillero.

Sin embargo, los detalles y el contexto en los relatos periodísticos y las fuentes documentales dan la idea de que en los años sesenta gran parte de las víctimas de la represión estaban vinculados a la insurgencia armada.

En los setenta, el Estado amplió su lista de blancos posibles a personas que nunca intentaron romper el orden legal, sino que de alguna forma amenazaban los intereses del gobierno militar, los de grupos de poder de la extrema derecha, o bien a los patrocinadores acomodados de éstos. De tal cuenta, fueron eliminados quienes criticaron la corrupción oficial así como los dirigentes del movimiento popular. Esto ocurrió especialmente durante los gobiernos de Arana Osorio y Lucas García. Al final de la década, este asedio alentaba a miembros de la oposición política no armada a convertirse en colaboradores activos de la insurgencia armada.

Lo mismo hizo el reclutamiento de militantes guerrilleros en el movimiento de masas. Por ejemplo, cada uno de los grupos rebeldes incorporaba miembros en los sindicatos. El PGT y las FAR, en especial, vieron a la clase obrera organizada como su vanguardia revolucionaria. La violencia contra los sindicalistas, en ciertos casos, representó un ataque en contra de individuos comprometidos a derrocar el gobierno por medios violentos. Pero también, la represión sistemática de paros y huelgas, o cualquier otra forma de organización sindical, sirvió para impedir los trabajadores luchar para mejorar sus condiciones de trabajo (Levenson-Estrada 1994).

En otras ocasiones, el Estado asesinó a civiles no armados como una respuesta a los operativos insurgentes. En 1980, la Policía y los grupos paramilitares respondieron a la violencia guerrillera en la capital matando a estudiantes de la Universidad de San Carlos. En el área rural, el Ejército muchas veces reaccionó a una emboscada rebelde atacando aldeas cercanas al lugar del enfrentamiento. Estudiantes universitarios y campesinos no armados, distintos en tantos sentidos, eran similares como objetivos de las represalias gubernamentales.

Durante el auge del terror en 1981 y 1982, la violencia se convirtió en más rural y menos selectiva. En esta época, la mayoría de víctimas de la violencia institucional eran campesinos indígenas no armados que vivían en las zonas de operación guerrillera.

Al inicio de la violencia en el área rural, el Ejército enfocó su represión contra los líderes de la comunidades. Muchas veces se trataba de miembros de organizaciones religiosas, campesinas o cooperativistas que prosperaron en el altiplano occidental del país y en la selva del Ixcán en los sesenta y setenta, y que, por lo tanto, ya no necesitaban "bajar a la costa" a trabajar como mozos en las grandes fincas y plantaciones.

Algunos de estos líderes comunitarios habían adoptado un discurso revolucionario, como aquellos que firmaron la Declaración de Iximché en 1981 (Arias 1990), o quienes se asociaron a organizaciones que compartieron los objetivos del movimiento insurgente, como el Comité de Unidad Campesina (CUC). Sin embargo, el Ejército parece haber eliminado a muchos catequistas, promotores de salud y maestros bilingües por la sencilla razón de que veían en ellos una nueva identidad indígena más propositiva o porque éstos eran promotores de cambios en regiones históricamente reprimidas, justo en el momento cuando los grupos guerrilleros empezaron a concentrar sus esfuerzos en ellas. Es decir, el Estado atacó a los líderes mayas porque podían facilitar la unión de los rebeldes y un campesinado indígena organizado (Carmack 1988b; Le Bot 1995).

La figura 14.1 enseña que la mayoría de las víctimas, que se sabe pertenecieron a alguna organización popular, participaban en grupos campesinos. Buena parte de los datos del CIIDH fueron recogidos a través de organizaciones populares con orientación campesina, sobre todo las Comunidades de Población en Resistencia (capítulo 20). En cambio, el informe del proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, con base en información recogida por medio de la Iglesia católica, enfatiza que muchas de la víctimas eran miembros de organizaciones religiosas, sobre todo los grupos de base católicos (REMHI 1998).

Figura 14.1. Total de asesinatos y desapariciones, por sector organizacional de la víctima, de 1959 a 1995

En los datos del CIIDH, integrantes de grupos religiosos son la segunda categoría en tamaño entre las víctimas de distintas organizaciones. A veces es difícil identificar a una persona por una afiliación en particular. Muchos líderes comunitarios asesinados por el Estado desempeñaron diferentes roles en varias organizaciones al mismo tiempo: como dirigentes de comités locales de desarrollo, miembros de cooperativas de productores o de crédito, de organizaciones mayas, de grupos de Acción Católica y otros tipos de grupos campesinos.20

A principios de 1982, el terror se masificó cuando el gobierno intentó detener la expansión de las fuerzas guerrilleras en el occidente de Guatemala. En algunas áreas, la inteligencia militar clasificó aldeas como "rojas": las que, supuestamente, daban apoyo total a los rebeldes, o suficiente como para que el Ejército recurriera al terror indiscriminado (Davis 1988). En tales zonas, y había muchas de ellas, cualquiera que se cruzara en el camino del Ejército podía convertirse en una víctima. Por ejemplo, en 1981 el EGP comunicó sobre una serie de emboscadas de personal militar en una carretera que atravesaba una región aislada entre los departamentos de Huehuetenango y Quiché (Noticias de Guatemala 1981, 1982, nos. 72-77). En Llano del Coyote, una aldea cercana a donde ocurrió la emboscada, varias personas fueron asesinadas al encontrarse con patrullas del Ejército, no sin antes ser abusadas e intimidadas para que dieran información de los movimientos de la guerrilla (caso cm0001745).

Aún más común fue la ocupación militar de comunidades específicas. Los soldados llegaban con una lista para identificar residentes sospechosos o llevaban un informante encapuchado para que denunciara en el mismo lugar. En las aldeas "rojas", las comunidades enteras fueron objeto de represión. En ellas, el Ejército no hizo distinción alguna entre colaboradores de los insurgentes y entre quienes simplemente vivían en un lugar en el que había un fuerte apoyo para el movimiento revolucionario. Algunas veces los soldados se llevaban a los acusados y nunca se volvía a saber de ellos. En otras ocasiones, eran ejecutados frente a los vecinos, para demostrar lo que pasaba a lo que ellos llamaban "las manzanas podridas".21

Tales acciones sirvieron para destruir el apoyo a la guerrilla, tanto en forma directa, eliminando a los que la apoyaban, como en forma indirecta, aterrorizando a los sobrevivientes. Muchos otros murieron cuando intentaron huir de los ataques indiscriminados de los militares; y, aún más, hubo quienes fueron perseguidos y cazados en sus escondites en las montañas (capítulo 20).

Los campesinos y sus organizaciones locales jugaron un papel importante en la expansión del movimiento guerrillero en el occidente de Guatemala. Sin embargo, una minoría de las víctimas del Ejército en estas comunidades tenía una limitada participación en la oposición armada. Pronto los mismos guerrilleros se dieron cuenta de que no todos sus colaboradores tenían un compromiso profundo con el movimiento armado, o por lo menos no era lo suficientemente profundo para que no desertaran al sentir en carne propia la intensidad de la represión.

Para el Ejército, el "delito" de muchas de sus víctimas era nada más que haber asistido a una reunión guerrillera en su aldea o vivir cerca de donde los insurgentes operaban. Otros fueron falsamente acusados de colaborar con la guerrilla y se convirtieron en víctimas de la creciente militarización del área rural.

20 En la base de datos del CIIDH, como en otras, el sector organizativo con lo cual una víctima fue identificada depende de quién hizo la denuncia y bajo cuáles condiciones. Para los datos del CIIDH, más personas con una afiliación organizativa conocida fueron asesinadas en 1984 y 1985 que en cualquier otro año (buena parte de estas víctimas eran miembros de las CPR). Esto ocurrió después del auge de la violencia en 1981 y 1982, cuando murieron muchas otras personas en organizaciones, pero para las cuales falta información sobre sus afiliaciones. Después del auge de terror, los campesinos en el área rural siguieron organizándose, aunque más en grupos de derechos humanos o del movimiento popular y menos en grupos religiosos, como las organizaciones eclesiásticas de base.

21 Tanto oficiales del Ejército como entusiastas en la patrulla civil usaron la metáfora de “fruta podrida” para justificar la eliminación de supuestos colaboradores de la guerrilla en comunidades bajo control gubernamental para que otros vecinos de la comunidad no “se pudriesen” también (Kobrak 1997; REMHI 1998 II: 123-4).