Capítulo 15: Género y violencia

La mayoría de los protagonistas del conflicto armado guatemalteco fueron hombres: desde el alto mando responsable de la contrainsurgencia, a las tropas que llevaron a cabo buena parte del terror, hasta los campesinos forzados a servir la causa del gobierno en las patrullas de autodefensa civil. Aunque los guerrilleros dieron participación a las mujeres en la lucha, tanto como combatientes armadas como en poblaciones de apoyo, el movimiento revolucionario también fue dominado por los hombres.

De igual forma, la mayoría de las víctimas de la violencia institucional fueron hombres. Pero durante la embestida en el Occidente, el terror se tornó masivo e indiscriminado y se incrementó el porcentaje de mujeres entre las víctimas muertas y desaparecidas.

La figura 15.1 demuestra que, a la vez que la violencia llegaba a su apogeo en 1982, los asesinatos de mujeres también alcanzaron su máximo nivel. En 1981 y 1982, el período de la contrainsurgencia caracterizada por asesinatos masivos en el área rural, la proporción de mujeres entre todas las víctimas identificadas llegó al 21 por ciento, su máxima desde la expansión del conflicto en los sesenta. Para todo el conflicto armado, las mujeres representan el 15 por ciento de muertos identificados en la base de datos.

Figura 15.1. Total anual de víctimas identificadas de asesinato y desaparición, por género de la víctima, de 1960 a 1995

La figura 15.2 presenta esta relación de otra manera, con el porcentaje de mujeres entre los asesinados y desaparecidos para cada año después de 1966.22 La tendencia mayor en la figura es que la proporción de las mujeres, entre las víctimas del gobierno, aumenta con la intensificación del conflicto social a partir de mediados de los setenta, llegando a su máximo en 1982 durante las campañas de "tierra arrasada", y cae paulatinamente cuando la violencia vuelve a ser más selectiva. En donde y cuando la contrainsurgencia fue menos discriminada, más mujeres fallecieron.

Figura 15.2. Porcentaje anual de mujeres entre víctimas identificadas de asesinato y desaparición, de 1966 a 1995

En las comunidades campesinas, al parecer, el Estado consideró que los padres de familia eran los principales responsables para la actividad política local, inclusive en el apoyo a la guerrilla. Cuando asediaban a una comunidad, las fuerzas del gobierno habitualmente buscaron primero a los hombres. Cuando los campesinos se dieron cuenta de esta lógica de represión, los hombres, especialmente los más jóvenes, huyeron de sus comunidades a la primera señal de ataque militar. Se sabe de casos en comunidades cuyos hombres dormían entre sus parcelas o en el monte para evitar ser capturados en un ataque, usualmente en la madrugada. Con los hombres ausentes, los militares se ensañaron en contra de cualquiera que lograban capturar, ya fueran mujeres, niños o ancianos.

Un ejemplo de esto ocurrió en mayo de 1982, cuando las fuerzas del regimen de Ríos Montt asediaron a la comunidad de Saquillá II, en Chichicastenango, Quiché. A la llegada de los militares, pocos hombres se encontraban en la aldea, así el Ejército mató a quien pudo. El 8 de mayo, 23 niños, 15 mujeres y 6 hombres murieron en una incursión militar. Diez días después, la fuerza élite del Ejército, los kaibiles, volvieron a Saquillá II y registraron varias casas, asesinando a 25 niños, 15 mujeres (tres de ellas embarazadas) y 3 hombres (Situación de los derechos humanos en Guatemala 1983: 206-7; Amnesty International 1982).

Otro caso más notorio de tal práctica ocurrió meses antes, durante el gobierno de Lucas García, en la aldea de Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz. El 14 de febrero de 1982, el jefe del destacamento militar citó a todos los hombres de esa aldea para que se presentaran a su vecina Xococ, en el mismo municipio. Allí fue asesinada la mayor parte de los hombres de Río Negro. Un mes después, el 13 de marzo, los patrulleros civiles de Xococ, acompañados por el Ejército, volvieron a Río Negro. Al no encontrar hombres en el lugar, masacraron a 70 mujeres y 107 niños (Equipo de Antropología Forense de Guatemala 1995; testimonios proveídos por CALDH).

Muchas otras mujeres se reportan muertas, cuando las tropas del Ejército arrasaron con aldeas enteras, asesinando a los residentes sin selectividad alguna.

La figura 15.3 confirma que las mujeres murieron más en asesinatos masivos. Las víctimas femeninas son el 26 por ciento de las personas identificadas que fueron muertas en grupos de diez o más personas y 29 por ciento en el grupo de dos a nueve. Tan sólo representan el 14 por ciento de asesinatos o desapariciones individuales.

Figura 15.3. Porcentaje de hombres y mujeres entre víctimas identficadas de asesinato, por tamaño de grupo, de 1959 a 1995

Aunque los hombres han sido objeto directo de la violencia política, las consecuencias del terror estatal afectan desproporcionadamente a las sobrevivientes, tanto inmediatamente después de las masacres como a largo plazo.

Por ejemplo, las fuerzas represivas en Guatemala han tratado a las mujeres como un botín más de su triunfo. En muchas comunidades, los soldados violaron a las sobrevivientes después de masacrar a los hombres, mientras que en otras, las mujeres eran violadas antes de ser asesinadas. Con la militarización y el colapso del orden moral, soldados y patrulleros civiles abusaron de las sobrevivientes ya fuera por la capacidad de hacerlo o la oportunidad, por la extrema vulnerabilidad de ellas o porque nadie se los iba a impedir. La violación también sirvió una función contrainsurgente: humillar, dañar y destruir emocionalmente a los sobrevivientes y así desalentar la participación en el movimiento insurgente.23

Las viudas, así como los padres de familia sobrevivientes, tuvieron que enfrentar las consecuencias económicas y afectivas de la violencia. Muchas víctimas en el área rural vivieron cerca de un nivel de subsistencia antes de la llegada del conflicto armado. Con la ausencia de sus esposos, muchas sobrevivientes experimentaron una fuerte baja en su situación económica, esto sin mencionar los problemas psicológicos por la pérdida de sus seres queridos. En muchas comunidades, la situación de las sobrevivientes se agravó con el ostracismo provocado porque un familiar fuera señalado como enemigo del gobierno.

Algunas viudas fueron obligadas a abandonar sus casas y terrenos. Los líderes locales de la contrainsurgencia usaron la supuesta colaboración de sus familiares para justificar el destierro de estas mujeres de comunidades militarizadas pro-gubernamentales, como continúa sucediendo en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango (testimonios de GAM).

En casos extremos, las víctimas de violación tenían que dar a luz embarazos no deseados y criar a los hijos de sus violadores. En comunidades donde la autoridad de la patrulla civil tomó un carácter horrendo, algunas viudas durante años fueron esclavas sexuales de los comandantes de las patrullas.

Sin embargo, sería un error ver a las mujeres sólo como víctimas. El terror del Estado y la experiencia de sobrevivir empujaron a las mujeres para realizar actividades fuera del hogar. Las mujeres han sido líderes en la reconstrucción de Guatemala, especialmente en el desarrollo de un nuevo movimiento en favor de los derechos humanos y la resistencia al dominio militar.

Entre las mujeres destacadas que sobrevivieron a la violencia está la ex dirigente del CUC y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, quien perdió a sus padres y a un hermano por la violencia estatal; así mismo Nineth Montenegro de García del GAM y Rosalina Tuyuc de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), ambas viudas y ahora diputadas al Congreso. Son, además, mujeres las que conforman la mayor parte de la dirigencia y así como la base política del GAM, igual sucede con CONAVIGUA y la organización de mujeres refugiadas "Mamá Maquín". El trabajo de CONAVIGUA ha ido más allá de las preocupaciones inmediatas de las viudas. Esa organización ha realizado una exitosa lucha en contra del reclutamiento militar forzoso y en la exhumación de varios cementerios clandestinos (CONAVIGUA 1992; CONAVIGUA 1994).

Las mujeres activistas han pagado su desafío al gobierno hasta con sus vidas. Por ejemplo, Adelina Caal (Mamá Maquín), dirigente de la tristemente recordada protesta de Panzós en 1978, fue asesinada por tropas del Ejército junto a más de cien manifestantes; Irma Flaquer, periodista y fundadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los años setenta, fue secuestrada y desaparecida en 1980 mientras su hijo era asesinado a tiros en el operativo para capturarla; la dirigente del GAM Rosario Godoy apareció torturada y sin vida en 1985, en un paraje de las afueras de al ciudad capital, junto a su hermano e hijo menor; María Mejía, miembro de CONAVIGUA y franca crítica de las patrullas civiles en la comunidad de Parraxtut, Sacapulas, Quiché, fue muerta a tiros en 1990, por patrulleros en el interior de su vivienda, y la antropóloga Myrna Mack, quien denunció la política estatal hacia las poblaciones desplazadas, murió a consecuencia de puñaladas que le dio un miembro de la guardia presidencial, en una calle del centro de la ciudad (Pacheco y Salazar 1985; Americas Watch 1985c: 41; Americas Watch 1989: 44; Americas Watch y Physicians for Human Rights 1991: 36-50).

Pero las mujeres también han tenido parte importante en otro tipo de acciones, como el dar sus testimonios sobre lo que presenciaron y vivieron de las atrocidades del gobierno. En los ochenta, Rigoberta Menchú hizo giras y escribió un libro (Menchú 1985) para informar al mundo las cosas que pasaban en Guatemala. Y en Guatemala en los noventa, mujeres mayas han dado testimonio clave en juicios contra miembros de las fuerzas de seguridad.24 En la base de datos del CIIDH, aunque las mujeres representan sólo 15 de las víctimas de la violencia institucional, son más del 40 por ciento de quienes proporcionaron sus testimonios.

23 Es difícil establecer la prevalencia de la violación como práctica de la violencia política en Guatemala. El informe del proyecto REMHI nota en su discusión de violencia sexual que, relativa a otras clases de violencia, este acto es poco denunciado, debido al sentido de culpabilidad y vergüenza entre las sobrevivientes (REMHI 1998 I: 210). De igual forma, la base de datos del CIIDH contiene pocas denuncias de violencia sexual.

24 El sistema de justicia en Guatemala tiene una larga historia de discriminación sistemática contra el testimonio de indígenas (Brintnall 1979). Hasta hoy en día, el testimonio de mujeres indígenas es menospreciado por jueces que favorecen a los acusados, como en el caso de Cándido Noriega Estrada, un ex comisionado militar y agente de inteligencia militar, acusado de orquestar varias matanzas en la comunidad de Tuluché, Chiché, Quiché. Noriega fue absuelto en 1997 a pesar del testimonio de 30 testigos oculares, en su mayoría k’iche’s hablantes y viudas de muertos y desaparecidos de la comunidad.