Capítulo 16: Padres e hijos

La violencia de Estado en Guatemala causó un daño severo en las vidas de miles de familias. En lo agudo de una crisis económica, padres de familia, esposas, niños y familiares cercanos debieron enfrentar el proceso de tratar de justificar la muerte o desaparición de un familiar. Situación que pareciera no tener ningún sentido, especialmente cuando las violaciones eran cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, pero que sin duda alguna demuestra los alcances de los efectos causado por la violencia.

La represión no sólo fue una etapa política sino que duró décadas. Esto hizo que las familias temieran enfrentar su sufrimiento públicamente y los obligó a hacerlos de una forma bastante privada. Esto también convirtió a los sobrevivientes en blanco de las sospechas y de futuros abusos del gobierno, además de que eran rechazados por aquellos que, en una sociedad militarizada, no querían relacionarse con quienes eran señalados de "subversivos", aunque fuera un calificativo injustificado (REMHI 1998 I: 171).

En otras palabras el fenómeno de la violencia trasciende los daños ocasionados por la violación en si misma, alcanzando incluso el entorno social de la víctima y la de sus familiares. No fueron pocos los casos en que las familias de una víctima negaron o escondieron su parentesco, en muchos casos ocurrió que la misma víctima paso a ser victimario ya que sus mismos familiares les responsabilizaron de los hechos sucedidos o de los que podrían suceder sobre el resto de la familia.

La figura 16.1 da una idea del impacto demográfico de la violencia en las familias. El terror en Guatemala afectó a personas de todas las edades, tanto a víctimas directas, como a quienes sobrevivieron. De las víctimas identificadas, el sesenta y cinco por ciento oscilan entre las edades de 20 y 49, la edad más frecuente de padres con niños dependientes.

Figura 16.1. Histograma de número de víctimas identificadas de asesinato y desaparición, por edad, de 1959 a 1995

En una primera impresión, la figura 16.1 sugiere que los adultos jóvenes fueron los más golpeados por la violencia, en especial aquellos entre las edades comprendidas de 20 a 24 años. En la siguiente figura, la 16.2, el lado derecho repite la figura 16.1, que representa al grueso de violaciones por cada grupo de edad. En el lado izquierdo, la figura 16.2 toma en cuenta los diferentes tamaños de esos grupos de edad dentro de la población guatemalteca. Esto supone que todos los grupos de edad entre los 20 y 49 años fueron asesinados, esencialmente, en el mismo grado. El lado izquierdo muestra que las personas mayores también fueron asesinadas a gran escala. La proporción de personas ancianas es baja dentro de la población de rápido crecimiento de Guatemala, es por eso que el número absoluto de personas de la tercera edad asesinadas es menor al de otros grupos.

Figura 16.2. Doble histograma de total de asesinatos y desapariciónes, por proporciones absolutas y relativa a la población, por edad, de 1959 a 1995

Las gráficas confirman lo que un estudio, conducido por la Agencia Internacional de Desarrollo de los EEUU (AID) y la división de menores de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, encontró en 1984: el estado de violencia creó una enorme población de niños huérfanos. El informe estima que entre 1980 y 1983, como mínimo 100 mil y máximo 200 mil niños, especialmente en el altiplano occidental, perdieron al menos a uno de sus padres por la violencia y que el 20 por ciento de éstos perdieron a ambos padres (citado en Krueger y Enge 1985: vi). Los sobrevivientes jóvenes de la violencia estatal presentan altos índices de problemas psicológicos y de salud, y tienden a vivir en situaciones precarias (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 1986).

La menor frecuencia de víctimas de asesinato y desaparición corresponde a los grupos de edades más jóvenes. Nótese, de todas formas, que las figuras 16.1 y 16.2 muestran un fuerte subregistro de niños debido a que solamente incluye a las víctimas identificadas. La gran mayoría de víctimas infantiles de la violencia estatal murieron en masacres al principio de los años ochenta por lo que pocos de ellos fueron identificados (véase la figura 11.2). Dentro de las víctimas de asesinatos masivos, los niños son quizá los menos identificados por los sobrevivientes que dieron testimonios, por ser menos conocidos en las comunidades, en comparación con los adultos.

La figura 16.3 muestra el porcentaje de todas las víctimas, de asesinato o desaparición forzada, identificadas y que tenían 14 años de edad o menos al momento de su muerte. De las víctimas no identificadas, en la mayoría de casos nunca se conoce la edad, de tal cuenta que en este análisis solamente se mencionan a los identificados.

Figura 16.3. Porcentaje anual de víctimas de asesinato y desaparicion menores de 15 años, de 1970 a 1995

Excepto por un pico anómalo en 1973, el cual nace del pequeño número de asesinatos y desapariciones que hace a los porcentajes inestables, la gráfica proviene del análisis ya mencionado sobre asesinatos indiscriminados. Los años 1981 y 1982, cuando se registró el mayor número de asesinatos, son también los de mayor proporción de víctimas infantiles. Inmediatamente después, la proporción de ese tipo de víctimas declina a niveles menores. Durante el inicio de los ochenta, el porcentaje de todas la víctimas menores a los 14 años sube arriba del 12 por ciento. Cuando la represión se desarrolló con mayor intensidad, aproximadamente uno de cada ocho víctimas eran niños.

El asesinato masivo de niños es uno de los más inquietantes aspectos del terror estatal de los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt. En testimonios sobre las masacres indiscriminadas, los campesinos se preguntan con regularidad, qué clase de "pecado" cometieron los niños para que se justificaran sus asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho en la concepción de represión del ejercito priva un carácter segregativo y racista en contra de muchas comunidades indígenas, a las cuales daban un trato hostil y que en su retórica describían aun a los niños, como peligrosos "comunistas" que merecían morir.

Resulta difícil tratar de comprender este tipo de comportamiento oficial, o verlo como racional. El gobierno pudo haber asesinado a los niños para no tener que enfrentar un problema de orfandad aún mayor del que ya existía. Otra posible razón pudo haber sido que el Ejército creyó que permitiendo que los niños de villas hostiles vivieran, solamente hubiera llevado al crecimiento de futuras generaciones de guerrilleros que buscaban venganza.

De cualquier forma, la política de los gobiernos al inicio de la década ochenta, de asesinar a niños y niñas desarmados, demuestra el desprecio hacia la vida por parte de esos gobiernos, a los cuales les preocupo poco las consecuencias humanas y sociales que generaron sus políticas "contrainsurgentes". El Estado abusó de la destrucción de comunidades enteras para garantizar su propia sobrevivencia.