Capítulo 17: Los pueblos indígenas

La Parte II de este reporte analiza cómo el escenario de acciones se cambió de la ciudad al campo a principios de los ochenta. Como la figura 1.1 muestra, el nivel de asesinatos tiene un pronunciado repunte en esta época. La escalada de violencia urbana que inicia en 1978 llega a su cúspide en 1980 y se extiende hasta 1981, mientras en el campo se inicia a principios de los años ochenta. De igual manera se da un cambio de accionar de las dinámicas de las fuerzas de seguridad del Estado, ya que en lo urbano prevaleció en gran parte el tipo de violación individual y selectiva mientras que en el campo fue de carácter masiva e indiscriminada, siendo las víctimas en lo urbano en su mayoría ladinas, mientras que en el campo fueron casi en su totalidad indígenas mayas.

La base de datos del CIIDH incluye víctimas de 14 de los 22 grupos lingüísticos mayas del país. Para las víctimas cuya etnia es conocida, el 81 por ciento son identificadas como indígenas.25 Este capítulo reseña cómo las comunidades indígenas sufrieron el costo humano de la represión.

Una explicación para ello es que ya para esa época la mayoría de elementos insurgentes al igual que sus operaciones militares se concentraban en esa área geográfica del país. Bajo la luz de la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y luego de las ofensivas guerrilleras del vecino El Salvador, las aspiraciones rebeldes se vieron estimuladas e incluso, algunos llegaron a visualizar un inminente triunfo. Cabe mencionar que la guerrilla se había estado organizando en el altiplano durante años y su presencia, en ciertas áreas, coincidía con el surgimiento de movimientos locales para la liberación de los indígenas (Le Bot 1995).

Ante la posibilidad de éxito y con el equivocado espíritu triunfalista por parte de algunos insurgentes, las tareas de reclutamiento e incorporación de civiles de una forma que nunca antes se había visto durante el ya largo conflicto armado se acrecentaron, sobre todo en el nor-occidente del país (Payeras 1991).

Como se menciona anteriormente fue la alta concentración de insurgentes así como de sus operaciones militares pero sobre todo las posibilidades de expansión y crecimiento que proporcionaba el occidente del país, las que llamaron la atención del gobierno hacia esa región. Entonces el Estado de Guatemala eligió doblegar a regiones completas del país a fin de expulsar a los insurgentes.

Fue sólo después de un período sostenido de masacres indiscriminadas, en 1981 y principios de 1982, que el Ejército empezó a matizar sus acciones militares con ingredientes sociales, tales como el programa de Alimentos por Trabajo y las patrullas de autodefensa civil, que aunque coercitivos, permitieron que los civiles en las áreas en conflicto tuvieran el derecho a la vida.

El uso de terror masivo en el occidente del país está claramente relacionado con la alta concentración de indígenas en esa región y la posición social de las víctimas involucradas. Para los diferentes gobiernos matar campesinos mayas no representaba ningún costo político. Las élites del país, de las que el régimen dependía, hicieron pocas protestas a la política de "tierra arrasada" llevada a cabo por Lucas García y, en especial, por Ríos Montt.26 Esto ocurrió en parte debido a lo opresivo de esos regímenes militares, pero también como resultado de la histórica ausencia de un sentido humano de los no indígenas hacia los indígenas. En su gran mayoría, las víctimas del gobierno pertenecieron a comunidades cuyos derechos civiles básicos, por más de 500 años, raras veces han sido reconocidos.

En cambio las comunidades mayas han sido vistas por la clase alta del país ya sea como un obstáculo o simplemente como instrumento para la acumulación de riqueza. Mientras se reconocía el grado de explotación al que estaban sometidas, fueron tratadas como una fuente potencial de rebelión que debían ser reprimidas (Martínez Peláez 1971; McCreery 1994). La unión de insurgentes guerrilleros con los pobladores del altiplano hizo revivir históricos temores, dentro de la clase privilegiada, de un levantamiento indígena. Así, la destrucción de cientos de comunidades indígenas, como sucedió a principios de los ochenta, no era inusual en la historia de guatemalteca, sino el producto de un patrón mucho más añejo de autoridad represiva (Castellano Cambranes 1985; Lovell 1988; Smith 1990).

Las divisiones étnicas de Guatemala facilitaron la violencia política en diferentes maneras. El Ejército usó tropas de las regiones ladinas del oriente del país, para ejecutar muchas de las masacres en las comunidades mayas. Ya para 1982, el Ejército también reclutaba, a gran escala, a jóvenes en el altiplano de Occidente. Al igual que otras fuerzas armadas, el Ejército empezó a usar la historia de exclusión social del país para presentarse asimismo como una oportunidad de mejorar en la escala social para los indígenas jóvenes. Además, al reclutar indígenas, el Ejército procuró establecer contactos con la población en áreas conflictivas (Wilson 1991).

Los conflictos entre indígenas pobres y ladinos privilegiados también llevó a las comunidades a un círculo de violencia. Sheldon Annis relata cómo por la fuerza y por medio de trucos legales, el abogado capitalino Horacio Arroyave Paniagua despojó de sus tierras a muchos kaqchikeles de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez. A finales de los setenta, los miembros de la comunidad intentaron defender sus tierras ante un juez, pero fue imposible. Y aunque sus tácticas fueron violentas en ocasiones, nada se compara con la reacción de Arroyave y sus aliados del gobierno. Algunos activistas del CUC y de las guerrillas fueron atraídos por la causa de los pobladores de Aguas Calientes. Pronto un escuadrón de la muerte empezó a matar a los líderes de la comunidad. Entre otras muertes que hubo en el lugar, están las de quienes presuntamente espiaban para Arroyave (Annis 1988).

En la militarizada Guatemala, la violencia estatal también podía provenir de las disputas entre comunidades de indígenas, por tierra entre campesinos o por la tensión interna que provoca la diferencia de clases. A mediados de los setenta, por ejemplo, Sebastián Guzmán, un contratista laboral y líder religioso ixil de Nebaj, Quiché, se acercó al gobierno del coronel Carlos Arana Osorio para pedirle que hiciera frente a la presencia de "comunistas" introduciendo cooperativas y proyectos de Acción Católica en la región (y poniendo en peligro los intereses económicos de Guzmán). En enero de 1976, Guzmán y sus asociados enviaron una lista de los involucrados en el movimiento campesino a la base militar de Santa Cruz del Quiché. Según un autor, la violencia en contra de los que fueron denunciados por Guzmán empezó de inmediato (Arias 1990: 247-8).

Las fuerzas de seguridad también asesinaron a personas no indígenas. En ciertos momentos, tal y como sucedió tiempo después del terremoto de 1976 y durante la huelga del transporte en 1978, así como en regiones como la zona rural agrícola de la costa sur, el gobierno atacó a ladinos pobres que se organizaron por un cambio social. Tampoco la clase media fue inmune al terror. El gobierno seleccionó y asesinó extrajudicialmente a bien conocidos miembros de la oposición política, especialmente a estudiantes y así como a quienes militaban en el movimiento revolucionario.

Pero, al combatir a la insurgencia, las fuerzas estatales usaron el terror indiscriminado casi exclusivamente en las comunidades aisladas de campesinos mayas y ese terror muchas veces fue dirigido a potenciales bases de apoyo a las guerrillas.

La figura 17.1 usa el asesinato de mujeres y niños como medida del grado discriminador de los ataques del gobierno a diferentes grupos étnicos. Las barras claras demuestran que, en casos donde la etnia de la víctima es conocida, un mayor porcentaje de las víctimas indígenas son mujeres en comparación a los casos de no indígenas. Si nosotros asumimos que los hombres eran los principales protagonistas del conflicto armado y que los hombres, cabezas de familia, eran considerados los responsables primarios de la orientación política de sus familiares, entonces el dato sugiere que el gobierno discriminó menos cuando operaba en áreas indígenas.

Figura 17.1. Porcentaje de víctimas de asesinato y desaparicion que fueron mujeres o menores de 15 años, por grupo étnico, de 1959 a 1995

Los datos sobre niños son aún más ejemplificadores. Las barras oscuras en la figura 17.1 representa, por cada una de las categorías étnicas, el porcentaje de niños menores de 14 años asesinados por el Estado. Pocos niños de esa edad tomaron un rol activo en la oposición política o en la insurgencia armada. En el caso de los indígenas, las proporciones de las víctimas muy jóvenes es cuatro veces mayor comparada a la de los no indígenas. El Estado, especialmente durante Lucas García y Ríos Montt, hizo poco para asegurar que sus campañas de violencia política no alcanzaran a quienes no estaban involucrados en el movimiento opositor, especialmente cuando atacaban poblaciones con origen étnico diferente al de los atacantes.27

El capítulo 9 de este reporte sostiene que el gobierno logró salir adelante con esa política, al inhibir la publicidad de los asesinatos masivos. En el capítulo 11, se sugiere que la lógica militar para los asesinatos masivos se debió a la ineficiencia de los primeros asesinatos selectivos en el altiplano, que sólo contribuyó a que muchos de los sobrevivientes vieran en la guerrilla una opción.

Pero el uso de la violencia masiva por parte del gobierno no fue un simple producto de la efectividad de sus resultados. La incapacidad del Estado y su ignorancia también facilitaron los ataques a aldeas enteras. Mientras que la inteligencia militar podía tener conocimiento de la actividad guerrillera en ciertas áreas, una emboscada al personal del Ejército daba, de inmediato, una razón a las tropas para destruir el apoyo cercano hacia las guerrillas. Pero el Ejército muchas veces tenía poco conocimiento de la organización del enemigo. Los asesinatos masivos de civiles pudieron haber sido la forma más fácil para el Ejército de pelear en contra de las evasivas guerrillas.

A principios de 1982, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Benedicto Lucas García, hermano del Presidente, le explicó a un periodista extranjero su entendimiento de la esta situación: "Esa gente [los guerrilleros] son difíciles de distinguir del resto de la población... Es por eso que la población sufre" (Simons 1982).

Tiempo después, durante el gobierno de Ríos Montt, el pensamiento oficial se hizo aún más despiadado. El entonces asesor presidencial (y actual dirigente de la Alianza Evangélica), Francisco Bianchi, en una muy citada declaración dijo al reportero estadounidense, Allan Nairn: "Los guerrilleros han logrado ganarse a muchos colaboradores indígenas. Por lo tanto, los indios son guerrilleros, ¿no? ¿Y cómo hace para luchar en contra de la subversión? Evidentemente, tiene que matar a los indios porque son colaboradores de los guerrilleros. Luego dirán que está matando a gente inocente, pero ellos no son inocentes, se vendieron a la subversión" (Amnesty International 1982: 6-7).

Estas declaraciones sugieren que asesinar indígenas indiscriminadamente pudo haber sido producto de que el gobierno tenía poca idea y poco control de lo que sucedía en las comunidades indígenas, culturalmente distintas y geográficamente aisladas.

Durante el gobierno de Lucas García, el Ejército dependía de su red de comisionados militares para recibir denuncias de personas que colaboraban con la guerrilla en las aldeas. Pero en muchas comunidades indígenas ignoradas por el gobierno durante años, los comisionados locales se unieron a la causa guerrillera. Mientras que en otras, los comisionados usaron su posición para amedrentar y someter a sus vecinos, o entregaban al Ejército a a aquellos con los que tenían problemas o diferencias personales en lugar de denunciar a los lideres locales del movimiento revolucionario (Paul y Demarest 1988). Los jefes de comisionados militares que vivían en los pueblos en el altiplano maya (muchas veces miembros de la elite ladina local) también denunciaban a comunidades indígenas enteras como simpatizantes de los "subversivos".

Con tan dudosa inteligencia, el Ejército en muchas ocasiones asesinó a gente con poca o ninguna relación con la insurgencia, aparentemente con la esperanza de que tal despliegue de poder ilimitado obligara a los pobladores a la sumisión. El Estado demostró poca vacilación para ignorar las consideraciones morales y humanas de su política contrainsurgente.

Los residentes de las comunidades campesinas indígenas fueron las víctimas más vulnerables entre los blancos del terror gubernamental. La exclusión social y la represión del Estado hicieron al movimiento revolucionario una opción atractiva para muchos indígenas. Para los rebeldes involucrados en la organización de bases de apoyo entre las comunidades del Occidente, era lo aislado de las áreas geográficas de las aldeas mayas lo que las hacía atractivas. Los campesinos indígenas que vivían en esas pequeñas aldeas, muchos de ellos analfabetas y sin saber hablar español, eran ignorantes de lo que ocurría más allá de sus comunidades y pocos de ellos sabían lo que había pasado en el conflicto guerrilla-gobierno durante las dos décadas anteriores. A principios de los ochenta, al borde de los asesinatos masivos, la mayoría de indígenas en el altiplano solamente tenían una vaga idea de la represión que estaba por llegar (Kobrak 1997).

Una vez las fuerzas gubernamentales llegaron al área, su falta de movilidad hizo que los aldeanos fueran aún más susceptibles al peligro. Con una vida de subsistencia y atados a sus tierras, tanto económica como culturalmente, muchas familias que enfrentaron los ataques del Ejército sintieron que no tenían a donde ir, por lo que se oponían a escapar (Manz 1988). En el capítulo 20 tratamos sobre algunos de los civiles que sí escaparon, las Comunidades de Población en Resistencia, que por su oposición al control del Ejército, enfrentaron la hostilidad del gobierno aún en la siguiente década.

Otro factor en contra de los pobres, en especial de las poblaciones indígenas, fue la ausencia de aliados a quienes pudieran haber pedido protección o piedad. Durante el conflicto armado, un reducido número de personas de clase media, opositores del gobierno, sobrevivieron a la experiencia de la detención cuando alguno de sus familiares o amigos intervinieron en su favor. En 1962, por ejemplo, Rodrigo Asturias (más tarde conocido como el comandante Gaspar Ilom de ORPA) fue uno de los pocos sobrevivientes del exterminio militar del frente 20 de Octubre, ayudado, sin duda, por el hecho de que su padre era Miguel Angel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura y que su padrino era el general Miguel Ydígoras Fuentes, entonces presidente del país (CIIDH y GAM 1999).

Durante el mandato de Ríos Montt, mientras el gobierno abiertamente asesinó a miles de campesinos indígenas, una bien coordinada campaña de presión en favor de los derechos humanos ayudó a que dos doctores de la Universidad de San Carlos, Juan José Hurtado Vega y Gustavo Castañeda Palacios fueran liberados (American Association for the Advancement of Science 1986). Para muchos detenidos o desaparecidos, lo que hizo la diferencia entre vida y muerte era tener algún tipo de relación con alguien del gobierno (especialmente con los militares), o alguna forma directa de divulgar su caso ante la comunidad internacional.

26 La comunidad internacional tampoco protestó de forma eficaz por la violencia estatal en Guatemala, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, que siempre ha tratado a la región como su “patio trasero”.

27 Tanto Lucas García como Ríos Montt eran de familias ladinas que vivían en regiones mayoritariamente mayas. Lucas García nació en Alta Verapaz y Ríos Montt en Huehuetenango, donde las hostilidades étnicas entre indígenas y ladinos pueden ser más abiertas e inmediatas.