Capítulo 18: Los victimarios

Durante los últimos 40 años, mucha de la violencia política en Guatemala formaba parte de una bien planificada campaña de terror estatal, dirigida principalmente, aunque no de forma exclusiva, para destruir la insurgencia armada.

Históricamente, el alto mando militar era quien dirigía esta campaña y sus tropas eran las que ejecutaban mucho del terror. No obstante, para llevar a cabo su política de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, el gobierno empleó a miembros de las diferentes fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, oficiales y no oficiales.

Las figuras 18.1 y 18.2 muestra esto gráficamente.28 En la base de datos del CIIDH, para los casos en los cuales el perpetrador es conocido, los testimonios y las fuentes documentales atribuyen la porción más grande de asesinatos y desapariciones a personal del Ejército. Otros tipo de perpetradores gubernamentales son los patrulleros civiles (PAC), comisionados militares, escuadrones de la muerte clandestinos, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda.29 Las violaciones atribuidas a la guerrilla contenidas en la base de datos son relativamente pocas, hace falta profundizar en ésto, por lo que no está incluida en este análisis.

Figura 18.1. Total de asesinatos y desapariciones en el área rural, por tipo de victimario identificado, de 1959 a 1995

La figura 18.1 muestra que el personal del Ejército fue el responsable de la mayor parte del terror en las áreas rurales. Una importante minoría de estos asesinatos fueron cometidos por el Ejército junto a civiles, tanto de las patrullas de autodefensa como los comisionados militares. El 69 por ciento de los casos rurales son atribuidos a un perpetrador identificado, esto, a pesar del generalmente deficiente reporte de la violencia rural, que ya se discutió en el capitulo 9 (ver anexo A6). En el campo, la campaña estatal era realizada usualmente por soldados uniformados, abiertamente involucrados en los asesinatos extrajudiciales.

En la ciudad de Guatemala, los agentes del Estado se veían forzados a operar de forma menos evidente. Solamente el 18 por ciento de los casos urbanos de asesinato o desaparición se atribuye a un perpetrador conocido. La figura 18.2 demuestra que para los pocos casos en el que el hechor es conocido, los asesinatos de la Policía exceden a los del Ejército a lo largo del conflicto armado. Aún así, muchos de los grupos policiales que participaron en la contrainsurgencia, como el Comando 6 de la Policía Nacional (encabezado por Pedro García Arrendondo, actual alcalde de Cuilapa, Santa Rosa) y la Policía Judicial (dirigida por Manuel de Jesús Valiente Téllez), seguían órdenes del Ejército cuando realizaban actos de terror y operativos contrainsurgentes.

Figura 18.2. Total de asesinatos y desapariciones en el área urbana, por tipo de victimario identificado, de 1959 a 1995

Los escuadrones de la muerte también participaron en la campaña del terror gubernamental, especialmente en la ciudad. La cifra de perpetradores identificados presentada en las gráficas, subreporta los asesinatos cometidos por grupos paramilitares. Tal falta de certeza fue exactamente el punto por el que fueron creados los escuadrones: tanto víctimas como testigos eran incapaces de saber, con seguridad, que el gobierno era el responsable del terror.

Los paramilitares nunca pudieron operar sin la bendición del Estado y ahora está claro que diferentes escuadrones de la muerte actuaban bajo el control oficial. Según Mario Sandoval Alarcón, uno de los primeros arquitectos de los escuadrones de la muerte, muchos de los asesinos eran "miembros del Ejército que se hacían pasar por civiles" (REMHI 1998 II: 52-3, 110). Además, oficiales de la inteligencia militar recientemente declararon que su directiva, llamada la G-2, es "un escuadrón de la muerte; un escuadrón que existe para matar", confirmando así lo que muchos críticos del gobierno han mantenido por años (Schirmer 1998: 288).

Por otro lado, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) era coordinado a través de la oficina del jefe de la Policía Germán Chupina Barahona (Dunkerley 1988: 472). En 1982, el jefe de detectives, Valiente Téllez, admitió, después de renunciar a su cargo y abandonar el país, que las fuerzas de seguridad estaban involucradas en muchos asesinatos atribuidos a los escuadrones de la muerte (Amnesty International 1982: 8; Nairn 1986; Dunkerley 1988: 472; REMHI 1998 II: 52-3, 110).

En el área rural, el Ejército desarrolló diferentes clases de organizaciones paramilitares que involucraron a un gran número de civiles de todo el campo guatemalteco: primero fueron una amplia red de comisionados militares, después un bien estructurado sistema de patrullas civiles.

Al principio, los comisionados militares se limitaban a encontrar reclutas para el Ejército y a meter en la cárcel a borrachos escandalosos. Pero en los sesenta, bajo la recomendación de los asesores militares estadounidenses, el Ejército nombró a miles de nuevos comisionados, extendiendo su red a casi cada una de las aldeas, caseríos, zonas y colonias del país. Aunque se decía que no recibían pago oficial por su trabajo, los comisionados fueron adquiriendo poder sustancial en sus comunidades. Estaban autorizados para detener a sospechosos y portar armas, aun ametralladoras. Además, estaban encargados de reportar la presencia de insurgentes así como de organizadores políticos.

Mientras el poder de los comisionados se expandía, los reportes de abusos se multiplicaban. En los sesenta, en el cinturón de plantaciones a lo largo de la costa sur, los comisionados militares actuaban como policías privados de la elite rural. Mientras tanto, en la zona guerrillera de Zacapa, el gobierno armó y apoyó a los grupos de vigilantes para que le ayudaran a pelear contra los insurgentes. En algunos casos, estos grupos actuaron semi-independientes alborotadores o grupos de asesinos que atacaban a quienes organizaban a los campesinos y a los obreros. Estos fueron diferentes tipos de violencia política, pero todo se hizo con la venia del Estado (Amnesty International 1976: 3; Black 1984: 46; McClintock 1985: 65-6).

Durante el repunte de la violencia al principio de los ochenta, los comisionados militares y otros informantes del Ejército, conocidos popularmente como "orejas", proveían un importante servicio de inteligencia rural al Ejército. En muchas comunidades, los comisionados fueron aún más allá de reportar las actividades locales de sus comunidades y se sumaron a la violencia, involucrándose en torturas, asesinatos y desapariciones. Mientras eso sucedía, la guerrilla trataba de cooptar o eliminar a los comisionados, los miembros más expuestos de la jerarquía militar.

La guerrilla tuvo tiempos más difícil al formarse a las patrullas civiles, las milicias en las que casi cada uno de los adultos masculinos de las comunidades asentadas en el campo fue obligado a participar. Como la figura 18.1 sugiere, y como se discute en el próximo capítulo, muchos patrulleros de las aldeas realizaron tareas más allá de lo defensivo y participaron en algunos de los más horribles asesinatos masivos del conflicto armado.

28 El 66 por ciento de los casos de asesinato o desaparición tiene uno o más perpetradores identificados. Para la mayor parte de las violaciones en el área rural los victimarios son conocidos, mientras en el área urbana, la mayor parte los perpetradores no son identificados. Véase el anexo A7.

29 En 1987 y 1988, miembros de la Guardia de la Hacienda rondaban la ciudad en carros tipo panel, color blanco secuestrando, torturando y asesinando a estudiantes y activistas sindicales. Estos crímenes son los tristemente recordados asesinatos de la Panel Blanca (Americas Watch 1988; Amnesty International 1989; Velázquez y Blanck 1997).