Capítulo 19: Civil contra civil

Uno de los aspectos más destructivos del terror estatal en Guatemala, fue el uso, por parte del gobierno, de civiles para controlar y atacar a otros civiles. Esta práctica empezó con el sistema de comisionados militares, pero fue llevada a su máxima expresión en 1982 con la imposición, en todo el país, del programa de patrullas civiles.

En 1981, mientras se daba la expansión del movimiento guerrillero en el occidente, el Ejército, bajo las órdenes del nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Benedicto Lucas García, empezó a rastrear las comunidades y a organizar a milicias pro gubernamentales para contrarrestar la organización popular que la guerrilla hacía con sus Fuerzas Irregulares Locales (FIL). Cuando Ríos Montt tomó el poder, expandió los aspectos de acción civil de la contrainsurgencia, incluidas las milicias de campesinos, bajo el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).30

Al forzar a los aldeanos a patrullar o dejar sus pueblos, el Estado estableció un conveniente método para separar al campesinado en poblaciones conformes y "hostiles". Esto también contribuyó a crear una jerarquía de vigilancia y control que le permitió al Ejército salir de las comunidades sospechosas de tener simpatía por la guerrilla. Mientras los soldados se replegaban en sus cuarteles, los aldeanos se enfrentaron unos contra otros (Americas Watch 1986a).

El Ejército decía que las patrullas florecían por el espontáneo deseo de los campesinos de protegerse a sí mismos de la guerrilla (Americas Watch 1989: 7). Ante las posibilidades de represalias, casi ningún aldeano se resistió a las órdenes del Ejército. Una comunidad que sí lo hizo fue Cantel, un pueblo k’iche’ en Quetzaltenango que alberga a una fábrica de textiles y que poseía una larga tradición de organización laboral. En respuesta a la expresión de independencia de los habitantes, las fuerzas del gobierno sistemáticamente eliminaron a muchos de los líderes de la comunidad. Un ejemplo, aún más atroz, de este patrón ocurrió en el parcelamiento Dos Erres, una comunidad ladina en Petén que tardó en aceptar a la patrulla. En diciembre de 1982, fue borrada del mapa por tropas del Ejército, quienes mataron a más de 300 habitantes de la comunidad, entre mujeres, hombres y niños (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 1984; Americas Watch 1986a: 88-97; O’Kane 1996).

Aunque el Ejército presentaba a las PAC como "autodefensa" de los campesinos contra la guerrilla, éstas fueron usadas con frecuencia como una fuerza ofensiva. Algunas de las primeras de esas milicias acompañaron a los soldados durante los asesinatos masivos en comunidades que aún no se encontraban bajo control militar; por ejemplo, la mal recordada patrulla de Xococ, en el caso de las masacres en Rabinal, Baja Verapaz (Equipo de Antropología Forense de Guatemala 1995). Otras sirvieron al Ejército como puestos de avanzada en las áreas hostiles como en las aldeas de la región ixil. Un caso fue La Perla, donde en 1975 el EGP ejecutó al terrateniente Luis Arenas, acusado de explotar y maltratar a los campesinos de la zona. En Chacalté, en la misma región, operaba una patrulla de autodefensa que combatió a la guerrilla y asesinó a varios de sus colaboradores, lo que motivó que una columna del EGP cometiera una masacre (caso cb0001521). Así, también se pretendía enfrentar a la población civil con la guerrilla, que trató de evitarlo, pues era claro que, en general, los patrulleros actuaban forzados por el Ejército. Más adelante, las patrullas fueron obligatorias en todo el altiplano. En las zonas conflictivas, sus miembros ayudaron al Ejército a buscar, y a veces matar, a refugiados que habían huido de sus comunidades. (Americas Watch 1986a: 56; Kobrak 1997).

Con el terror de la "tierra arrasada" y la imposición de las patrullas civiles, el Ejército exitosamente dividió el altiplano en aldeas colaboradoras y territorio enemigo. Seguidamente forzaron a los patrulleros a aceptar esas distinciones. Al hacer esto, el Ejército también aprovechó y explotó las diferencias étnicas.

Por ejemplo, a finales de 1982 y durante 1983, los patrulleros de Chiantla, Aguacatán, Sacapulas, Cunén y Uspantán (un franja de municipios que tan sólo meses atrás habían formado parte del área de expansión del EGP) acompañaron al Ejército al norte de los Cuchumatanes, dentro del área ixil de la región central de Quiché (la base más fuerte de apoyo al EGP). Allí, los patrulleros ladinos, awakatekos, sakapultekos, uspantekos y k’iche’s participaron en asesinatos masivos en las aldeas ixiles en resistencia. También ayudaron a capturar a miembros de las poblaciones desplazadas (REMHI 1998 III: 173).

En la base de datos del CIIDH, la mayoría de asesinatos y desapariciones en las que participaron los patrulleros civiles fueron cometidas conjuntamente con personal regular del Ejército.31 En muy pocas aldeas los patrulleros actuaron solos, y aun en tales casos, normalmente con la presión de los militares para que eliminaran el apoyo a la guerrilla. En otras ocasiones los patrulleros entusiastas actuaron por su propia iniciativa, haciendo más de lo que el Ejército les pedía hacer.

El Ejército se ganó la lealtad de algunos patrulleros al permitirles que se beneficiaran materialmente de su participación en la contrainsurgencia. En 1982, el CUC denunció que los patrulleros no eran más que una nueva banda paramilitar, diciendo que el Ejército ofreció, a quienes se unieran a ellos las tierras, las cosechas, la pertenencias y las mujeres de los campesinos masacrados (citado en Amnesty International 1982: 5). Aun si no fue un pacto entre el Estado y los patrulleros, armar a campesinos en aldeas divididas políticamente, claramente provocó una expansión de la violencia de civiles a civiles.

Participar en las patrullas representaba un castigo denigrante para las víctimas más vulnerables del terror del Estado. Los sobrevivientes eran forzados a realizar servicios sin pago al mismo Ejército que había destruido sus vidas. La situación era aún más difícil para aquellos relacionados con la oposición política, inclusive quienes habían huido del Ejército y eran considerados de alguna forma "culpables" de tener tendencias subversivas. En algunas comunidades, los líderes de las patrullas cobraban dinero a los desplazados que deseaban regresar a sus tierras (Krueger y Enge 1985: 21). Más tarde, en las áreas donde los refugiados organizados retornaban, los patrulleros civiles, quienes nunca se fueron, trataban a los refugiados y a los desplazados con hostilidad (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 1993; Human Rights Watch/Americas 1997b).

Entre las víctimas de los patrulleros se incluían no sólo quienes habían retado el poder del gobierno, sino también quienes se oponían a la autoridad local de las patrullas. Otras de las víctimas fueron simplemente rivales de los comandantes de las patrullas. Viejas disputas sobre tierras o la competencia política se podían convertir en mortales debido a la presencia de las patrullas y las armas del Ejército. En gran parte del altiplano, las patrullas civiles representaron el triunfo del militarismo y el de acudir a soluciones militaristas para resolver conflictos sociales, contribuyendo así, a los altos niveles de "violencia secundaria" (Krueger y Enge 1985: 20).

La figura 19.1 muestra cómo la participación de patrulleros en asesinatos y desapariciones inicia en 1981 y alcanza un repunte en 1982, el año en que las patrullas fueron expandidas por todo Guatemala. Al final de los ochenta, la mayoría del altiplano se encontraba bajo el control gubernamental, el gobierno civil declaró a las patrullas "voluntarias" y la violencia de éstas fue disminuyendo considerablemente.

Figura 19.1. Total de asesinatos y desapariciones en los cuales participaron las patrullas civiles, por año, de 1981 a 1995

La figura 19.2 (en una escala diferente) muestra más claro cómo los asesinatos y las desapariciones crecieron, una vez más, después de 1989, durante el período del poder civil. En muchas comunidades rurales, las patrullas civiles continuaron siendo obligatorias, a pesar de que el conflicto había disminuido. En algunas regiones, en ese tiempo, el resurgimiento de la oposición política, acompañada de un persistente control militar, trajo nuevas tensiones sobre la obligación de patrullar.

Figura 19.2. Total de asesinatos y desapariciones en los cuales participaron las patrullas civiles, de 1984 a 1995

En las comunidades en donde el apoyo al movimiento revolucionario armado había sido fuerte, en especial al sur de Quiché, las organizaciones pro derechos humanos y del movimiento popular empezaron a reclamar su derecho a existir y a oponerse, legalmente, al gobierno. Entre estas organizaciones se incluían CUC, GAM, CONAVIGUA y CERJ (este último un grupo creado específicamente para resistir la obligación de patrullar). El ejército insistió en que esas comunidades patrullaran, para probar su lealtad o su continua sumisión. Así, instruyó a los patrulleros que amenazaran a los activistas como si fueran guerrilleros armados (Americas Watch 1988: 41). Aunque muchos de los líderes de los grupos de derechos humanos y del movimiento popular compartían la estrategia política de la URNG, el Ejército no sólo falló al distinguir entre oposición política y combatientes armados: esa diferencia era conscientemente confundida.

La tesis de Estabilidad Nacional, promovida dentro del Ejército a partir de 1986, clasificó a la oposición tanto política como militar en una sola categoría: "adversarios del Estado". Según esa tesis, estos adversarios todavía serían dominados por métodos violentos, aunque la violencia sería empleada de forma más selectiva y por medio de apoderados, como los patrulleros civiles (Schirmer 1998). El resultado fue que la violencia de civil a civil en el área rural creciera entre 1988 y 1993. Aunque fue cometida por patrulleros civiles, ésta fue promovida por el Estado (Americas Watch 1989a; Americas Watch 1990b; Comité Pro Justicia y Paz 1988; Robert F. Kennedy Memorial Center 1993; Robert F. Kennedy Memorial Center 1995).

Las patrullas civiles ayudaron a sostener un ambiente de violencia aún después de que se apaciguó el conflicto directo entre el gobierno y la guerrilla. En 1993 y 1994, por ejemplo, la mayoría de los abusos registrados por el grupo de derechos humanos Human Rights Watch fue cometido por patrulleros civiles (Human Rights Watch/Americas 1994: 11).

La figura 19.3 demuestra esto gráficamente y distingue entre los asesinatos cometidos por patrulleros civiles, actuando solos, y cuando fueron acompañados por personal del Ejército. Durante los primeros años de las patrullas, en 1981 y 1982, la mayoría de la violencia atribuible a éstas ocurrió como parte de una acción del Ejército. En muchos casos, los patrulleros actuaron como guías de los soldados y no se involucraron directamente en combate.

Figura 19.3. Porcentaje anual de asesinatos y desapariciones cometidos por las patrullas civiles sin la participación de otras organizaciones, de 1981 a 1995

Con el tiempo, el número anual de asesinatos cometidos por los patrulleros descendió, a la vez que la independencia de éstos se incrementó. La figura 19.3 muestra un crecimiento en la proporción de asesinatos cometidos por los patrulleros solos durante el período del gobierno civil, iniciado en 1986. Esto no significa que los patrulleros hayan dejado de ser influenciados y controlados por el Ejército. Mejor dicho, ésto sugiere que, para la última década del conflicto armado, el Estado convirtió a algunas de las patrullas en instrumentos independientes de represión.

Quizá el sistema de patrullas civiles ayudó al gobierno a pacificar el campo, pero también afectó profundamente el tejido social de las comunidades que habían vivido independientes del gobierno. Ya que únicamente fueron permitidas las formas de organización pro militares, los líderes de las patrullas pudieron usar el apoyo del Ejército para tomar ventaja política, económica y hasta sexual de otros miembros de sus aldeas. La participación de civiles en la violencia forzó a muchas de las víctimas del terror estatal a vivir junto a sus victimarios, lo que aumentó los traumas experimentados en la sobrevivencia (REMHI I: 134).

31 El proyecto REMHI encontró un patrón similar de participación en la violencia de las patrullas civiles (REMHI 1998 II: 3).