Capítulo 2: Los sesenta

En Guatemala, el conflicto armado inició, oficialmente, el 13 de noviembre de 1960. Oficiales descontentos del Ejército, muchos de ellos entrenados en Estados Unidos, intentaron llevar a cabo un golpe de Estado en contra del gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes (Moss 1972: 175). Los alzados, después de fracasar, ayudaron a formar el movimiento revolucionario moderno y en reacción a ese movimiento, el Estado se convirtió en contrainsurgente.

No obstante, el inicio del drama político moderno en Guatemala se puede fechar antes, en 1954. En ese año, una invasión dirigida por el coronel Carlos Castillo Armas (aunque organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para defender intereses de empresas norteamericanas en el país) derrocó al gobierno más democrático y popular de la historia de Guatemala. Esta llamada "liberación" otorgó a los militares guatemaltecos un papel protagónico en la política de la nación.

Después de la invasión, el nuevo gobierno se dedicó a destruir las organizaciones sociales. Dirigentes campesinos, sindicalistas e intelectuales fueron detenidos, torturados y a veces eliminados físicamente. El temor obligó a muchos otros a salir al exilio o a retirarse de la vida política.

El anticomunismo se hizo un principio fundamental, no sólo del gobierno, sino también de la élite económica. Fue prohibido el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). En los años siguientes, cualquier expresión de oposición fue condenada -según los que estaban ahora en el poder-, "por tener origen en ideologías comunistas y extranjeras." Sin embargo, la memoria de la democracia social de los años 1944 a 1954 inspiraría a la oposición política, tanto comunista como no comunista (Toriello Garrido 1979).

A partir del triunfo de la Revolución cubana, en el año 1959, varios movimientos de liberación en Latinoamérica consideraron la posibilidad del triunfo, por lo que incrementaron sus luchas. En Guatemala, la instauración en la isla de un gobierno socialista dio esperanzas a la oposición nacionalista derrocada en 1954. A la vez, estos sucesos preocuparon al gobierno y a sus patrocinadores norteamericanos. Para prevenir el retorno de un gobierno popular e independiente, Estados Unidos estableció en Guatemala un "plan piloto" para intervenir militar y políticamente en la cuenca del Caribe. La insistencia de la consigna "no más Cubas" pronto destruiría el sistema político en Guatemala (Jonas 1981).

La figura 2.1 muestra que la violencia estatal en Guatemala aumentó desde 1960 hasta 1968. Al principio, la violencia consistió en la represión policial de algunas expresiones de descontento político. Para 1966, el Ejército se involucró en un amplio ataque al movimiento guerrillero armado y a sus partidarios.

Figura 2.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1960 a 1969

Después del alzamiento militar de noviembre de 1960, la resistencia y la represión tuvieron un inicio a pequeña escala. En abril de 1961, en las calles de la capital, estudiantes y miembros del proscrito partido comunista manifestaron en contra de la participación del gobierno guatemalteco en el entrenamiento de mercenarios cubanos para la invasión de Bahía de Cochinos. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con violencia hacia los manifestantes, resultando muertas tres personas (entrevista hecha por el CIIDH).

Al año siguiente, miles de estudiantes tomaron las calles de la ciudad, formando la protesta más grande en Guatemala desde 1954. Al inicio, los manifestantes únicamente pretendían sacudir al electorado que, complaciente, aceptó un fraude en los comicios para elegir nuevos diputados al Congreso de la República. Sin embargo, las jornadas de marzo de 1962 crecieron cuando grupos sindicales y de las clases medias se unieron a la huelga para exigir la renuncia del presidente Miguel Ydígoras Fuentes.

En este momento, el gobierno no podía aterrorizar a sus oponentes en forma abierta. Entonces, inició un ataque en contra de los manifestantes en los medios de comunicación. Luego, Ydígoras, para conservar el poder, hizo un pacto con el Ejército para obtener apoyo (semanas después cambió su gabinete de ministros civiles por uno de militares) y tanto las protestas y la reacción oficial se volvieron más violentas. Más de 60 personas murieron en enfrentamientos con la Policía en marzo de 1962. En su mayoría eran jóvenes de los barrios populares que ya vivían en un estado insurreccional. En abril, aunque los combates callejeros se habían calmado, un grupo de soldados atacó a una multitud de estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos, que manifestaban de forma pacífica. El resultado fue cuatro estudiantes muertos (Voz Universitaria Informativa 1977; CIIDH y GAM 1999).

Para muchos de los capitalinos, la respuesta violenta del gobierno mostró la insensatez de protestar pública y legalmente. En 1963, al borde de elecciones nacionales, un golpe de Estado efectuado por altos oficiales del Ejército (y otra vez fomentado por el gobierno norteamericano) destruyó, aún más, la fe de los guatemaltecos en las alternativas democráticas. El alto mando militar instaló como Presidente el ex ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. El anuló los comicios e intensificó el control militar sobre los diferentes ministerios del gobierno.

En los años siguientes, ocurrió una serie de intentos de alentar una insurrección guerrillera, según el modelo de la teoría de foco establecido en la Sierra Maestra de Cuba. El primero de estos, el Frente 20 de Octubre, integrado por estudiantes y ex oficiales del Ejército, fue aniquilado durante las jornadas de 1962, cuando se enfrentó a una patrulla militar en Concuá, Baja Verapaz, a unos treinta kilómetros de la ciudad capital. Ese mismo año, oficiales involucrados en el alzamiento de noviembre de 1960 se aliaron con el PGT. Para 1963, distintos frentes guerrilleros se unieron a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), bajo la influencia política del PGT.

El 6 de marzo de 1966, los guatemaltecos fueron a las urnas y eligieron Presidente al abogado y profesor universitario Julio César Méndez Montenegro. Por un momento, la competencia política parecía posible. Méndez recibió, aunque no de manera abierta, el apoyo del PGT y los otros partidos de la oposición. Aun así, los militares respetaron la voluntad ciudadana.

Sin embargo, las elecciones no representaron el triunfo de la democracia o el Estado de derecho. Esa misma semana, las fuerzas de seguridad detuvieron a por lo menos 28 personas, algunos de ellos miembros de la dirección del PGT y de los otros grupos clandestinos, quienes, confiados en los resultados electorales y sus posibles efectos, habían bajado la guardia. Los capturados nunca fueron arrestados ni sometidos a juicio; tampoco fueron liberados y sus cuerpos nunca aparecieron. Simplemente fueron "desaparecidos". Varios estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos decidieron tomar medidas legales para obligar al gobierno a devolver a los detenidos. En respuesta, algunos de ellos también fueron eliminados físicamente. Esa tan sólo era la primera represalia en contra de quienes defendían los derechos humanos de los opositores al gobierno (McClintock 1985: 82-83; CIIDH y GAM 1998).

La elección del régimen civil de Méndez Montenegro en realidad implicó el triunfo del poder militar. Cuando el nuevo presidente se dispuso a tomar el cargo, fue obligado a firmar un pacto con el mando militar, el cual le permitía al Ejército luchar en contra de la guerrilla sin la interferencia del gobierno civil y sin que sus opositores tuvieran que comparecer al sistema jurídico del país.

En sus primeros años, el conflicto armado se consideró una "Guerra de Caballeros", limitada en su ámbito y protagonizada principalmente por miembros de clase media urbana. La reacción del Estado al principio de los sesenta fue mínima en comparación con la reacción de las siguientes dos décadas. La base de datos del CIIDH incluye numerosos casos de este período en los que combatientes rebeldes capturados fueron puestos en libertad.

Esa desaparición masiva de marzo de 1966 marcó la decisión del gobierno de combatir a la oposición por todos los medios necesarios. Los insurgentes también emplearon métodos más violentos. A partir de ese año, ya no sólo atacaron a sus enemigos militares, sino también a sus adversarios civiles y hasta diplomáticos extranjeros, al igual que a los asesores militares de Estados Unidos que habían llegado a Guatemala para dirigir la contrainsurgencia.

Fue en ese año que, dentro de un programa diseñado por estos asesores, el Ejército empezó a atacar a civiles, bombardeando aldeas en los departamentos de Zacapa e Izabal, el área de operación de la guerrilla y una región mayoritariamente ladina (no indígena) del oriente del país. Aunque la figura 2.1 no lo refleja, las fuerzas gubernamentales asesinaron o desaparecieron a miles de civiles durante la intensificación de la contrainsurgencia entre 1966 y 1968. Algunos observadores estiman que entre 2,800 (Melville y Melville 1971) y 8 mil (Jonas 1991) guatemaltecos murieron por la violencia política durante este período.

Con la asesoría norteamericana, el pueblo guatemalteco fue sometido a un aparato militar cada vez más poderoso y exento del control de la autoridad civil. Se organizó una amplia red de contrainsurgencia urbana que, durante 30 años, fue empleada no sólo para combatir a las organizaciones guerrilleras, sino para ejercer control sobre la población civil. Mientras tanto, en el área rural, los asesores estadounidenses (recién llegados del conflicto en Vietnam) promovieron que el Ejército formara a miles de comisionados militares, los cuales se convirtieron en representantes locales y privilegiados de la contrainsurgencia (véase el capítulo 18).

Quizás la característica más negativa de la primera etapa de la contrainsurgencia fue la aparición de grupos clandestinos de terror paramilitar como Ojo por Ojo y la Nueva Organización Anticomunista. La mayor parte de estos "escuadrones de la muerte" fueron integrados por miembros de las fuerzas de seguridad quienes, vestidos de civil, cometían actos represivos; otros grupos representaron intereses más o menos independientes de la extrema derecha.

Los paramilitares convirtieron el asesinato y la desaparición forzada en el teatro político. Muchas veces, estos grupos anunciaron sus acciones por medio de listas de sentenciados a muerte, o colocaron en los cuerpos de sus víctimas notas que denunciaron el comunismo o la delincuencia común. Su naturaleza secreta provocó terror entre la población y, además, permitió al Ejército y a la Policía negar su responsabilidad por las campañas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales (Aguilera e Imery 1981; Black 1984: 46).

Como la figura 2.1 lo demuestra, el nivel de la violencia política disminuyó hacia finales de la década. Los insurgentes en el oriente del país fueron derrotados militarmente y debieron refugiarse en la capital en donde se reagruparon. El descenso en el conflicto armado no fue acompañado por un descenso en el control militar. En 1970, el Ejército presentó como su candidato oficial al arquitecto del terror contrainsurgente en Zacapa, el coronel Carlos Arana Osorio. El poder militar seguía consolidándose.