Capítulo 20: Poblaciones en resistencia

No todos los guatemaltecos del área rural aceptaron las imposiciones del Ejército y de las patrullas de autodefensa civil. En 1993, los residentes de Santa Clara, una remota comunidad en la Sierra de Chamá, al norte de Quiché, revelaron sus historias de persecución gubernamental a investigadores del CIIDH. Estas Comunidades de Población en Resistencia (CPR), conformadas por familias de campesinos que abandonaron sus hogares a principios de los ochenta, se cuentan entre las primeras víctimas rurales en denunciar sistemáticamente la represión estatal, aun antes de que la oficial Comisión para el Esclarecimiento Histórico o el proyecto REMHI de la Iglesia católica empezaran a tomar testimonios.

Las CPR son parte de la población guatemalteca desplazada por la violencia del Estado, un grupo humano que a principios de los ochenta alcanzó la cifra de un millón de personas, más del diez por ciento de la población del país en aquel tiempo (Russell 1996: 5). Este desastre humano fue, junto a las masacres, un producto deliberado de la política del gobierno.

Algunos de estos desplazados pertenecían a las aldeas que fueron destruidas, hasta los cimientos, por el Ejército que los acusaba de dar ayuda y apoyo al movimiento guerrillero. Otros eran víctimas de una hostilidad más selectiva del gobierno, a quienes el Ejército efectivamente daba la oportunidad de elegir: quedarse y someterse a su control, o dejar sus aldeas, escapando a regiones menos militarizadas o a hacia las montañas, más allá del alcance militar.

El capítulo 19 de este informe se refiere a quienes aceptaron las directrices del Ejército, incluidos algunos de quienes participaron en la violencia en contra de otros civiles. El presente capítulo, en cambio, trata sobre aquellos quienes nunca cedieron al terror estatal, a quienes, en su resistencia, representaron para el Estado militar guatemalteco su deseo inconcluso de controlar por completo a la población.

A través de los asesinatos masivos y la destrucción de hogares, cultivos y animales, el Ejército bajo el mando de Lucas García y Ríos Montt hizo claras sus intenciones de forzar a cientos de miles de campesinos a dejar sus tierras. El ejército continuó persiguiendo a los desplazados mientras estos huían. Aun quienes escaparon para salvar sus vidas, fueron vistos muchas veces por las fuerzas de seguridad como "culpables" y merecedores de la muerte.

En muchos casos, el objetivo del gobierno fue forzar a quienes se escondían a volver a las áreas bajo el control militar y a un bien elaborado sistema de "aldeas modelo" y campos de adoctrinamiento político (Jorhdal 1987; Centro de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal 1990). No sólo las balas y las bombas, sino también el hambre forzada, fueron empleadas para disciplinar a quienes no se habían rendido. Mientras tanto las guerrillas, en especial el EGP, alentaban a sus seguidores y a quienes habían sido aterrorizados por la violencia estatal a esconderse y resistir. Debido a la persistencia y crueldad del Ejército, muchos de los desplazados se entregaron al Ejército en un corto tiempo, incapaces de soportar las privaciones de la vida en la selva. Pero una considerable minoría resistió.

La historia de la comunidad de Las Majadas, en Aguacatán, Huehuetenango, ubicada en la cumbre de los Cuchumatanes, ilustra las opciones que tuvieron aquellos que eran perseguidos por el Ejército. Los testimonios de algunos sobrevivientes, que están registrados en la base de datos, dan cuenta de cómo el Ejército despobló a ésta aldea de k´iche´parlantes por medio de una serie de asesinatos masivos iniciados en abril de 1982. Los sobrevivientes dicen que pronto todos comprendieron el mensaje del Ejército: "huye o te mataremos".

Muchas familias escaparon a las plantaciones de la costa, a pesar de la escasez de trabajo que había allí a medio año. Algunos de ellos eventualmente emigraron a la ciudad capital. Un pequeño grupo se trasladó a casa de sus familiares en las aldeas cercanas, las cuales el Ejército no trataba tan ferozmente. Otros suplicaron a los pobladores de la cabecera municipal de Aguacatán para que les dieran en dónde quedarse y así una pequeña comunidad k’iche’ se estableció entre los awakatekos viviendo en el valle de abajo. Pero otro grupo de familias, los más identificados con el EGP, escaparon del control del gobierno hasta llegar a lo alto de la montaña, al frío y húmedo bosque colindante con Nebaj.

Al principio, ellos formaron una pequeña comunidad móvil junto a los desplazados que residían en Parraxtut, Sacapulas y en algunas aldeas de Nebaj.

Las Majadas era para entonces un casco de aldea abandonado y quemado. Sin embargo, los habitantes del bosque continuaron cultivando la tierra y teniendo a sus animales en sus parcelas. Pero a mediados de 1983, el Ejército estableció un destacamento en la cima de la montaña y cortó el acceso de los refugiados al mercado del día miércoles en Parraxtut. Los patrulleros civiles de las comunidades cercanas ayudaron al Ejército a capturar y asesinar a un gran número de desplazados. La situación empeoró cuando el Ejército repobló Las Majadas bajo su estricto control. Quienes se escondieron en la montaña se vieron bajo el ataque de sus antiguos vecinos.

Quienes no se entregaron, fueron forzados a replegarse aún más al norte dentro de Quiché, alejándose del control del Ejército y acercándose a los núcleos de apoyo que quedaban de la guerrilla. Ellos se movilizaron despacio, subsistiendo principalmente de hierbas del bosque y evitando al Ejército y a los patrulleros en las aldeas. Eventualmente, éstas personas se unieron a los refugiados ixiles que el Ejército había expulsado de otras zonas de resistencia cercana al Cerro Sumal, en Nebaj. Juntos, continuaron su marcha a pie, hacia el norte. En otras partes del altiplano—al sur de Quiché, Chimaltenango y Alta y Baja Verapaz— los desplazados no tuvieron a dónde ir, por lo que debieron entregarse al Ejército. Pero al norte de Quiché, el aislamiento del bosque y la continua presencia de guerrilleros permitió a algunos resistir y sobrevivir.

En enero de 1984, este grupo multiétnico de desplazados, incluidos los exilados de Las Majadas, llegaron a la pequeña y quemada aldea de Santa Clara, Chajul, en lo profundo del bosque y a pocos días de camino de la carretera más cercana. Los residentes invitaron a los recién llegados a unirse a su comunidad móvil; muchos de ellos eran k’iche’s originarios de Las Majadas que se habían establecido en el bosque durante una colonización de tierra hacía quince años, solamente para que, en 1981 y 1982, sus casas y forma de vida fueran destruidas con la llegada de la campaña de tierra arrasada del Ejército. Ahora Santa Clara estaba sujeta a periódicas incursiones militares de los soldados del destacamento militar instalado en la finca La Perla. Sin embargo, ellos mantuvieron unida a su comunidad en el amplio bosque. Las Comunidades de Población en Resistencia habían nacido.

Poblaciones en resistencia similares crecieron en las cercanías de Cabá y Xeputul, en las montañas cercanas a Santa Clara, y aún más al norte en las cálidas junglas del Ixcán y Petén.

Trasladándose de lugar cada semana, o a veces cada dos o tres días, los desplazados construyeron rudimentarios refugios de hojas de pox, mientras subsistían de hierbas salvajes y raíces comestibles que desenterraban por desesperación. El maíz escaseaba y las tropas del Ejército quemaban cualquier plantación que encontraran. Aun así, según los miembros de las CPR, ellos lograban cosechar un poco de sus cultivos.

Para el resto de la década, los militares mantuvieron el acoso a esas áreas en resistencia. Los soldados trataron de capturar a los refugiados a fin de llevarlos a un campo de reeducación política en Xemamatzé, en Nebaj. Pero los residentes establecieron un sistema para defenderse de las patrullas militares, poniendo estacas en fosas, que disminuyeron los ataques del Ejército. En adición, las CPR contaban con el apoyo armado del EGP. Los rebeldes, al asecho de los militares en lo profundo del bosque, hicieron peligroso, para las fuerzas del gobierno, permanecer en el área en cualquier tiempo, mientras que los patrulleros civiles, de las aldeas cercanas, trataron a los de las CPR con extrema precaución. Uno de los líderes de las CPR cree que murieron más soldados durante este acoso que refugiados y combatientes rebeldes.

En septiembre de 1987, el Ejército movilizó más de sus tropas y su artillería hacia el norte de Quiché para una "ofensiva de fin de año", para así obligar a salir a las CPR y eliminar la presencia guerrillera. Un elemento importante de la estrategia fueron los bombardeos de poblaciones civiles, las que el Ejército negaba, regularmente, que hubieran sucedido (Americas Watch 1988: 93).

Cientos de residentes de las CPR murieron o fueron heridos por las balas y las bombas del gobierno. Durante el terror de los ataques y en los siguientes años, miles se entregaron al Ejército, mientras éste continuaba sus ataques a las poblaciones que resistían. No obstante, la ofensiva no alcanzó del todo su objetivo. En 1993, después de más de una década de represalias militares en Santa Clara, las CPR todavía contaban con 17 mil residentes en la región, una cifra menor a la que llegó a alcanzar en sus inicios: 30 mil personas (Ecumenical Program on Central America 1993: 8, 11).

En 1990, las CPR empezaron a demandar públicamente ser reconocidas como población civil y el fin de las hostilidades del Ejército. El gobierno, lejos de considerar a las CPR víctimas de su sobre reacción a principios de los ochenta, hizo poco por llegar a un acuerdo con los sobrevivientes. En cambio, continuó viéndolas como población enemiga (Mack 1990).

Ya en la nueva década, el gobierno se encontró a sí mismo incapacitado para desarrollar una contrainsurgencia ilimitada. Una combinación de efectividad en la defensa de las CPR por parte del EGP (lo que no habían podido hacer en las aldeas del altiplano), la propia militancia y solidaridad de las CPR y la presión de la comunidad internacional, obligaron al gobierno a finalizar el acoso. Para 1992, los desplazados empezaron a construir casas más estables y a integrarse a la vida económica de la región. Su odisea permanece como un testimonio de la capacidad humana de sobrevivir frente a las implacables atrocidades del gobierno.