Capítulo 3: Los setenta

En noviembre de 1970, poco después de asumir la Presidencia, el coronel Arana suspendió las garantías constitucionales, declarando un estado de sitio que llegó a perdurar hasta febrero de 1972. En el área rural, dicho estado permitió que la autoridad fuera transferida de civiles electos por el pueblo a comisionados militares nombrados por el Ejército. Esto subvirtió a la autoridad civil y contribuyó a que las tensiones políticas llegasen a brotar en muchas comunidades durante la década siguiente (Brintnall 1979: 160).

Arana aprovechó una serie de secuestros de la insurgencia como pretexto para declarar el estado de sitio. Otra de sus preocupaciones fue la organización legal en contra de las políticas de su gobierno, en especial el movimiento que surgió para bloquear un contrato multimillonario con la empresa EXMIBAL, subsidiaria de una compañía canadiense minera que pretendía explotar las reservas de níquel del país. Varios intelectuales y políticos de la oposición consideraban el contrato como un negocio turbio destinado a regalar las reservas minerales y una muestra de que la elite político-militar pretendía ejercer, en un grado sin precedente, su control del gobierno.

Para acallar las protestas, Arana empleó la detención masiva y suspendió el derecho de la libre asociación. Al no cesar éstas, el Ejército ocupó la Universidad de San Carlos, el centro de oposición al negocio. Pocas horas después del fin de la ocupación, un escuadrón de la muerte asesinó al profesor en Derecho Julio Camey Herrera. Con este acto, el Estado inició un ataque sistemático en contra de ilustres intelectuales universitarios que cuestionaron el contrato. Entre las víctimas se cuenta al profesor en Derecho y diputado al Congreso, Adolfo Mijangos López, quien fue asesinado en su silla de ruedas en una transitada calle del centro capitalino (Fuentes Mohr 1971: 202-203; Toriello Garrido 1979).

Bajo el estado de sitio, el nivel de violencia política creció a estadios similares a los del período de 1966 a 1968.6 El sociólogo guatemalteco Gabriel Aguilera Peralta, autor de un estudio de la violencia en los sesenta y setenta, escribió que esta nueva oleada de terror estatal fue limitada por la presencia del Frente Nacional Contra la Violencia, un movimiento de masas que luchó a favor de los derechos humanos y por la vigencia del Estado de derecho. El Frente agrupó a partidos políticos de oposición, organizaciones religiosas, grupos sindicales y representantes de las universidades privadas. Fue encabezado por estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos, cuya autonomía constitucional le permitía resistir al gobierno, a pesar de una historia de violencia en contra de sus miembros y repetidas ocupaciones militares de sus instalaciones (Aguilera e Imery 1981: 133; CIIDH y GAM 1999).

El estado de sitio concluyó a finales de 1972. En septiembre de ese año el gobierno consiguió detener a la dirección política del proscrito PGT. Después de torturar a los capturados, se cree que sus cuerpos fueron arrojados, desde un avión, al océano Pacífico (Menton, Goodson y Jonas 1973; Alvarado 1975). Con la disminución de actos de la oposición armada, los militares tuvieron más confianza en su control y permitieron una pequeña apertura política. A pesar de un período de crecimiento económico sostenido, en los años setenta el gobierno no buscó aliviar la extrema desigualdad, pobreza y exclusión política, lo que hizo atractivo un cambio revolucionario (Jonas 1991).

Como se ve en la figura 3.1, los asesinatos paramilitares continuaron en 1973 y 1974, los últimos dos años del régimen de Arana, aunque en menor escala comparado con la primera mitad de su gobierno. En 1974, el ministro de la Defensa de Arana, general Kjell Eugenio Laugerud García, ganó la Presidencia en otra elección fraudulenta. El triunfo electoral correspondía al general José Efraín Ríos Montt, candidato de la Democracia Cristiana, quien años después también sería señalado por los excesos del terror estatal.

Figura 3.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1970 a 1979

Por su falta de legitimidad política, Laugerud fue obligado a iniciar su gobierno no con una oleada de represión, práctica común en Guatemala (capítulo 12), sino con un programa de reformas para disminuir el apoyo de la oposición. Permitió un grado de organización sindical y popular, no visto desde antes de "la Liberación" de 1954, al extremo de que algunos conflictos laborales fueron resueltos por medio de la negociación sin que se usara la violencia en contra de los dirigentes sindicales, como normalmente se hacía desde 1954 (Levenson-Estrada 1994: 105).

Esta apertura estuvo asociada a un bajo nivel de violencia estatal, como se ve en la figura 3.1. Permitió a la oposición construir una organización fuerte, aunque no siempre unida, concentrada en la ciudad. El PGT siguió operando en la clandestinidad y actuando como una organización revolucionaria. Sin embargo, existían tendencias en su interior que planteaban la legalización del Partido y el acceso al poder por la vía electoral (CIIDH y GAM 1999).

El movimiento de masas creció y tomó mayor conciencia, por lo que sus exigencias fueron más fuertes. En la coyuntura del terremoto que asoló al país en febrero de 1976, en las labores de asistencia y reconstrucción, sindicalistas y estudiantes que conformaron brigadas se pusieron en contacto con los damnificados, tanto pobladores de los barrios urbanos como campesinos de las regiones más afectadas, logrando que las demandas sociales se difundieran ampliamente. Y en 1977, en un tiempo de fuerte crecimiento económico, más trabajadores se fueron a la huelga que en cualquier otro año en la historia de Guatemala.

El año 1977 terminó con "La gloriosa marcha de los mineros de Ixtahuacán", una manifestación laboral que se originó en un aislado pueblo mam de Huehuetenango y atrajo a miles de simpatizantes en su camino a la capital. La marcha representó, para muchos, la posible unión de la ciudad y el campo—y de indígenas y ladinos—en la lucha contra un gobierno impopular. Las fuerzas del Estado también notaron la importancia del movimiento: tres estudiantes universitarios de Huehuetenango, sindicalistas que trabajaban con los mineros, fueron asesinados o desaparecidos en 1978 (Amnesty International 1979: 8; Levenson-Estrada 1994: 127-29; CIIDH y GAM 1999).

Esta violencia formó parte de una campaña intensiva de asesinatos selectivos en contra de laboristas y otros militantes. Tan sólo en agosto de 1977, Amnistía Internacional registró 61 homicidios que aparentaban ser obra de los grupos paramilitares. La mayoría de las víctimas eran campesinos, obreros y pobladores de los barrios pobres urbanos (Amnesty International 1978: 123).

Sin embargo, la militancia popular no se detuvo y creció a lo largo de 1978. El conflicto entre el gobierno y la oposición se agudizó cuando el general Romeo Lucas García tomó la Presidencia en julio, para luego liberar los precios de los productos de la canasta básica. Los acontecimientos condujeron, en la ciudad, a la huelga del transporte, de agosto a octubre de 1978. Un amplio movimiento urbano paralizó la ciudad, exigiendo la anulación del aumento en la tarifa del transporte urbano de cinco a diez centavos (en 1978 el quetzal tenía paridad con el dólar estadounidense). Pero el movimiento no limitó sus metas a asuntos económicos inmediatos. Los plantamientos de los manifestantes, tanto en su grafitti como en los discursos de los líderes, mencionaron cada vez más la "revolución", aunque su significado era aún difícil de precisar (Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Populares 1979; Levenson-Estrada 1994).

Después de semanas de conflicto en las calles, el gobierno se rindió y la tarifa volvió a ser de cinco centavos. Mientras el movimiento popular celebraba la victoria, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA)—uno de los principales grupos paramilitares vinculados al gobierno que aterrorizaron la ciudad, desde finales de los setenta—publicó una lista que sentenció a muerte a 38 personas, la mayoría de ellos personajes de la oposición. La primera víctima fue el dinámico secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, quien murió ametrallado momentos después de pronunciar un discurso en el Parque Centenario, durante la celebración del 34 aniversario de la Revolución de Octubre. Aunque decenas de policías presenciaron el ataque, no hicieron nada para detener a los asesinos (Aguilera e Imery 1981: 137; CIIDH y GAM 1999).

La muerte de Castañeda ilustra el terror estatal durante los primeros años del gobierno de Lucas García: un asesinato selectivo cometido por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, realizado a plena luz del día y en un lugar muy transitado y para el cual el gobierno negaría su responsabilidad. Sin embargo, el mensaje fue claro: el gobierno silenciaría a cualquiera que hablara en su contra y lo haría con total impunidad.

Luego sucedió una serie de asesinatos de personas clave en la bien organizada oposición política. Varias de las víctimas habían sido mencionadas en la lista del ESA en octubre de 1978. Entre los mártires de 1979 se incluyen dirigentes políticos como Alberto Fuentes Mohr (líder del Partido Socialista Democrático) y Manuel Colom Argueta (ex alcalde de la ciudad y pre-candidato a la Presidencia de la Republica por el Frente Unido de la Revolución, FUR). En el caso de Colom Argueta, los asesinos hicieron uso de un helicóptero para perseguir a su víctima en la zona 9, de la capital, lo que dejó sin duda la participación de las fuerzas de seguridad (caso ca0000182).

Retrospectivamente, Lucas García parecía decidido a no permitir que en Guatemala sucediera lo mismo que en Nicaragua, donde un amplio movimiento popular en la ciudad se alió con una insurgencia incrustada en el campo para derribar el gobierno somocista.

De hecho, el movimiento insurgente en Guatemala, tras un tiempo de poca actividad, se había restablecido en las áreas rurales. Esta vez los guerrilleros evitaron el oriente del país, una región desilusionada con la rebelión luego de experimentar la contrainsurgencia en los sesenta. Entonces, la guerrilla debió afincar sus bases de operaciones en las montañas y comunidades mayas del altiplano occidental.

Al inicio de los setenta, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) empezó su trabajo organizativo en la selva del norte de Quiché. Poco tiempo después, la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), inició operaciones en la boca costa de San Marcos.

A mediados de los setenta, el occidente del país recibió la primera señal de la fuerte represión que estaba por llegar. El Ejército y los grupos paramilitares desaparecieron o asesinaron en forma selectiva a muchos líderes comunitarios o colaboradores de la guerrilla, especialmente donde operaba el EGP: primero, en 1975, en las aisladas cooperativas de productores en la selva del Ixcán (Falla 1992); luego, durante el resto de la década, en la región ixil, cercana al sur del Ixcán (Davis 1988; Stoll 1993). Esta violencia se refleja en el crecimiento de la figura 3.1 en los últimos años de los setenta.

Pero también había una nueva organización popular en el Occidente, el Comité de Unidad Campesina (CUC), un grupo multiétnico que salió a la luz pública en 1978 con la consigna "Cabeza clara, corazón solidario, puño combativo". En los primeros días de 1980, el CUC llevó la noticia de esta represión a la ciudad capital. Así empieza la década de terror estatal extremo en la historia de Guatemala, los años ochenta.

6 En un informe publicado a finales de 1971, el diario guatemalteco El Gráfico registró 959 asesinatos políticos, 194 desapariciones forzadas y 171 secuestros (Menton, Goodsell y Jonas 1973: 2). Estos números sólo incluyen casos que aparecieron en la prensa. Las cifras reales son probablemente mucho más altas. El Comité de Familiares de los Desaparecidos, uno de los primeros grupos de derechos humanos que funcionó en Guatemala, estimó que 7 mil guatemaltecos se hallaron muertos o fueron desaparecidos en 1970 y 1971. Esta última cifra incluye también violencia institucional de una naturaleza menos política dirigida a delincuentes comunes, otra población atacada por un gobierno que sistemáticamente empleó el terror para mantener su autoridad (Amnesty International 1976: 5, 11).