Capítulo 4: Los ochenta

En enero de 1980, una comisión de k’iche’s e ixiles del departamento de Quiché viajaron a la capital para denunciar el secuestro y asesinato de nueve campesinos del municipio de Uspantán. Para el gobierno de Lucas García, la presencia de gente indígena en la capital que exigía el respeto de los derechos humanos era un acto subversivo, aun más cuando se supo que los campesinos eran asesorados por miembros del CUC y el grupo estudiantil Frente Estudiantil Revolucionario "Robin García" (FERG), ambas organizaciones influidas por el rebelde EGP. El gobierno no quiso recibirlos. El Congreso negó una audiencia a los manifestantes, mientras que el asesor legal del grupo era asesinado a tiros frente de la dirección general de la Policía (CIIDH y GAM 1999).

La mañana de 31 de enero de 1980 algunos de los manifestantes acordaron ocupar pacificamente la Embajada de España para dar cuenta al mundo de la creciente violencia institucional en Guatemala. Al enterarse de la ocupación, el presidente Lucas García, el jefe de la Policía Germán Chupina Barahona y el ministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz se reunieron en el Palacio Nacional. Después de unas horas, los funcionarios decidieron usar la fuerza para desalojar a los ocupantes, sin negociar con ellos (Blanck y Miranda 1998).7

Con órdenes recibidas desde el Palacio Nacional, la Policía atacó la oficina de la embajada, en donde los manifestantes habían levantado barricadas y retenido sus laborantes, incluido entre ellos al embajador español. Los agentes lanzaron bombas incendiarias que, en combinación con cócteles molotov que los manifestantes llevaban, provocaron un incendio en la Embajada. Mientras los ocupantes gritaban de angustia y pedían auxilio, la Policía se rehusaba a dejar que salieran o que fueran asistidos por los bomberos, quienes debieron esperar a que el incendio se extinguiera por sí solo. Treinta y nueve personas, entre manifestantes y rehenes, murieron quemadas ese día (base de datos CIIDH cmc000274; CIIDH y GAM 1999).

La masacre de la Embajada de España, como se le conoce, demostró que el gobierno guatemalteco actuaría sin límites y sin importar su posición ante la comunidad internacional, para destruir a sus adversarios armados y no armados. La historia entera de la década de los ochenta es ejemplo de ello.

Después de un inicio tan trágico, la violencia sólo pudo aumentar en el resto del año 1980. Como la figura 4.1 ilustra, los asesinatos cometidos por el Estado siguieron en aumento durante 1981 y alcanzaron su mayor auge en 1982, año de violencia sin igual en la historia de Guatemala. La base de datos del CIIDH documenta casi 18 mil homicidios cometidos por el Estado en sólo ese año. La violencia empezó a disminuir en 1983, cuando el país fue casi totalmente militarizado. Y aunque un gobierno civil asumió el poder en 1986, la violencia política no cesó; los asesinatos selectivos continuaron hasta el final de la década.

Al inicio de los ochenta, la ciudad de Guatemala siguió siendo principal escena de la lucha entre el gobierno y la oposición. Después de eliminar a los líderes del movimiento popular en 1978 y 1979, en 1980 el Estado libró un ataque de grandes proporciones en contra de los sindicalistas, estudiantes, intelectuales y todos aquellos que continuaron participando en la oposición. Corrieron mayor riesgo quienes militaban en el PGT u otro grupo revolucionario.

Con una frecuencia alarmante, muchas personas fueron secuestradas de las calles de la ciudad por las fuerzas oficiales y paramilitares. Entre marzo y agosto, casi no hubo un solo día en el que la prensa no reportara alguna desaparición política o el hallazgo de algún cuerpo torturado y mutilado en el área metropolitana. Los sucesos alcanzaron su auge en el desfile del Primero de Mayo, histórico día de los trabajadores, que ese año contó con la participación de manifestantes enmascarados que portaban mantas que abogaban por la revolución. Después de la marcha, las fuerzas de seguridad recorrieron repentinamente el centro de la ciudad y secuestraron a 31 personas. Más tarde fueron localizados los cadáveres torturados de algunos de ellos. El resto pasó a formar parte de la creciente lista de población desaparecida (Guatemala 80 1980: 191; Witzel de Ciudad 1991: 618).

La ciudad capital, lugar en el que se concentraba el poder y en donde, por muchos años, la oposición al gobierno tuvo su enfoque, se convirtió en paraje inseguro para los activistas del movimiento popular. Con el recrudecimiento de la violencia, un buen número de militantes se vio obligado a retirarse de la vida política, para proteger sus vidas y las de sus familias y colaboradores. Otros más lograron escapar de la persecución, saliendo al exilio o escondiéndose dentro del territorio nacional. Un buen número de las personas que abandonaban la política se unieron a la causa armada; hubo quienes lo hicieron por sus convicciones, aunque otros lo hicieron como única forma de sobrevivencia.

Aun cuando los guerrilleros urbanos intentaron mantenerse clandestinos y establecer casas de seguridad, las fuerzas del gobierno emplearon técnicas adoptadas de los gobiernos de Israel y Argentina para detectarlas y destruirlas. En esa época, pocos rebeldes que caían en manos del Estado gozaban de un proceso judicial, y quienes lo hacían eran usados como parte de la guerra psicológica contrainsurgente. Una gran cantidad de guerrilleros urbanos fueron ejecutados al ser capturados o murieron en combates frente a las fuerzas del gobierno (Payeras 1987).

El enfoque del conflicto social en Guatemala empezó a trasladarse al campo, esta vez en las comunidades mayas del altiplano occidental, una región que por muchos años fue ignorada y abandonada por el gobierno y que, además, no era tomada en cuenta por la sociedad urbana en general.

En 1980, los aparatos de represión eran menos desarrollados en el nuevo teatro de operaciones. En febrero, por ejemplo, mientras el movimiento citadino se replegaba, el CUC organizó una huelga laboral en las fincas de la costa sur. Al involucrar tanto a los mozos colonos como a la fuerza de trabajo migrante, el CUC se apuntó un éxito al lograr un aumento al sueldo mínimo. La huelga demostró las posibilidades de hacer una organización masiva en el área rural. En los siguientes meses, varios dirigentes de la huelga fueron asesinados o desaparecidos, lo que también mostró las posibilidades de represión fuera de las urbes (Menchú y CUC 1992).

Los diferentes grupos guerrilleros—EGP, FAR, ORPA y aun el PGT, que tenía su base política en la clase obrera—ampliaron su presencia al interior del país. Mientras tanto, el Ejército los perseguía. El gobierno construyó zonas militares en cada uno de los departamentos y ocupó iglesias y edificios públicos en cientos de comunidades rurales para dar albergue a sus tropas (Krueger y Enge 1985: 21). Instalados en el interior del país, al atacar a sus oponentes las fuerzas del gobierno mostraron menos consideración hacia la población civil, irrespetando por completo los derechos de éstos.

Los rebeldes se presentaron en las comunidades rurales como grupos furtivas de combatientes que se movían por las veredas de la montaña, organizando a los pobladores para el conflicto que, según ellos, pronto empezaría. En algunas zonas, la guerrilla organizó su movimiento revolucionario de forma lenta y cuidadosa. Sin embargo, en 1980 los insurgentes (en especial el EGP) animados por avances guerrilleros en otras partes de Centroamérica, intentaron expandir rápidamente su área de influencia en un territorio muy amplio en donde vivían diferentes grupos etnolingüísticos.

A principios de 1981, la guerrilla ejecutó su ofensiva más grande del conflicto en diferentes partes del Occidente. A finales de ese año, otra ofensiva fue desarrollada en el altiplano y fue apoyada por simpatizantes civiles que obstaculizaron los caminos, según los planes de la insurgencia (Ejército Guerrillero de los Pobres 1983).

El gobierno trató cada vez más a los civiles como participantes de la insurgencia. Pero el EGP sobrestimó su capacidad militar en relación con las fuerzas contrainsurgentes. Cuando el Ejército atacó, la guerrilla no pudo defender a sus comunidades de base (Payeras 1991).

El Ejército, bajo las órdenes de Lucas García, se movilizó para el combate rural, aumentando sus fuerzas por medio del reclutamiento militar masivo y forzoso. Además de las tropas destacadas en las diferentes zonas militares departamentales, esta institución desarrolló un sistema de fuerzas móviles estratégicas que funcionaban bajo control de las brigadas militares.

Con este modelo de "fuerzas de tarea", a medio año, en 1981 el Ejército lanzó ofensivas en contra de la guerrilla en zonas cafetaleras de importancia económica en la región suroccidental. Igual ocurría en el área de San Martín Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, un departamento que era principal productor de alimentos para la población urbana. Esos vastos operativos militares obligaron a miles de residentes a huir de sus hogares o a buscar refugio en las montañas (capítulo 20).

Luego, la institución castrense incursionó en regiones más aisladas que tenían menor inversión agroindustrial, pero la presencia de la guerrilla era más extensa. La destrucción provocada por el gobierno fue mayor y más evidente en donde había menos inversión. Después vino una serie de campañas militares bien planificadas que formaban parte de una estrategia para vencer a la insurgencia por medio de aterrorizar a la población civil.

La "Operación Ceniza" empezó en noviembre de 1981 y continuó en 1982. Su nombre revelaba cómo el Ejército iba a tratar a las aldeas en la zona de actividad guerrillera. En el inicio, esta entidad cometió varias matanzas para que la población huyera y así retomar control de la carretera Panamericana que atraviesa Chimaltenango y el sur de Quiché. En su segunda fase, unos 15 mil militares realizaron una lenta barrida desde Quiché, hacia Huehuetenango, hasta llegar a la frontera con México (Aguilera 1982; Fried et al. 1983).

Los insurgentes armados golpeaban las posiciones de las tropas oficiales y huían para esconderse en las montañas. Los militares, frustrados por estos combates y sin ninguna consideración moral o ética sobre las víctimas, respondieron atacando a la población civil no combatiente.

El terror llegó a su auge en los primeros meses de 1982, cuando los soldados metódicamente masacraron aldeas enteras. Se empezaba a usar la política de "tierra arrasada" diseñada para despoblar las zonas de actividad guerrilla. Además de asesinar a niños, mujeres y ancianos, el Ejército quemó las casas y las siembras y mató a los animales de pobladores (Americas Watch 1982). Lo que poco antes había sido una campaña selectiva en contra de simpatizantes de la insurgencia, se convirtió en una carnicería humana cuyo propósito era eliminar cualquier apoyo o apoyo potencial a los rebeldes. Fue una estrategia que Ríos Montt llamó "Quitar el agua al pez".

El gran número de muertos y desplazados durante las campañas militares en el occidente de Guatemala fue producto de la falta de límites en el comportamiento del Ejército, tanto moral como organizativo, en combinación con la ausencia de una estrategia de la guerrilla para defender las aldeas en donde organizaba a la gente y obtenía apoyo.8

En marzo de 1982, en medio del apogeo de la violencia estatal, un golpe militar reemplazó el régimen de Lucas García con una dictadura encabezada por el general Ríos Montt. Bajo la dirección de este, el Estado desarrolló un carácter obviamente contrainsurgente. Suspendió las garantías constitucionales y estableció los "tribunales de fuero especial" para procesar a supuestos subversivos o delincuentes comunes reincidentes (Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 1983; Schirmer 1997).

El gobierno de Ríos Montt extendió la contrainsurgencia a casi todo el territorio nacional en pocos meses. Para controlar a la población rural, no sólo continuó con las masacres, sino que las combinó con muy eficaces programas de control, como "alimentos por trabajo", "polos de desarrollo" y "aldeas modelo" (poblados militarizados para reeducar a los refugiados desplazados por el terror estatal), además del sistema de "patrullas de autodefensa civil" (mediante las cuales el Ejército obligó a los campesinos a depurar sus propias comunidades de los opositores al gobierno). En palabras de un grupo de derechos humanos, el gobierno militar "creó una desolación y la llamó paz" (Americas Watch 1983).

Los cuatro grupos guerrilleros, aglutinados desde 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), replegaron sus principales fuerzas militares a zonas más apartadas, manteniendo la resistencia en los centros urbanos.

En la capital el terror continuó en 1982, aunque a un nivel menor que en las áreas rurales (capítulo 8). En la segunda mitad de 1983 y en 1984, los aparatos de inteligencia militar volvieron su vista hacia la ciudad. Aniquilaron tanto a las pocas expresiones de apoyo para el movimiento revolucionario que quedaban como a los primeros intentos de recrear un movimiento popular militante (Albizures 1985; Amnesty International 1987).

En agosto de 1983, un nuevo golpe militar colocó a otro general en el Palacio Nacional, Oscar Humberto Mejía Víctores, cuya promesa inmediata fue conducir al país a un gobierno civil. Ya para 1986, Guatemala tenía una nueva Constitución y un presidente civil: el democratacristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Pero el cambio de gobernante de militar a civil tampoco significó el fin de las desapariciones y los asesinatos cometidos por los grupos paramilitares. La violencia extrajudicial era parte de la cultura política del país (Americas Watch y British Parliamentary Human Rights Group: 1987).

Antes de que finalizaran los gobiernos militares, nuevos grupos de derechos humanos empezaron a surgir. Estos representaron a las víctimas y a los sobrevivientes de las campañas militares del Estado. En junio de 1984, en medio de un brote de asesinatos de los escuadrones de la muerte en contra de sindicalistas y estudiantes universitarios, los familiares atemorizados se reunieron en la residencia del arzobispado metropolitano Próspero Penados del Barrio. Allí decidieron formar el Grupo de Apoyo Mutuo para la Aparición con Vida de Nuestros Familiares (GAM), que aglutinó a sobrevivientes urbanos y rurales que desafiaron la práctica estatal de la desaparición forzada. El GAM exigió saber qué pasó con sus familiares que no fueron liberados y de cuyos cuerpos nunca se tuvo noticias. En los años siguientes, otros grupos de derechos humanos, como partes de un "movimiento de sobrevivientes" (Billings 1995), surgirían y la organización popular volvería a funcionar en la ciudad.

El nivel de violencia política fue mucho menor a mediados de los ochenta que en los años anteriores. Como en los primeros años de los setenta, la disminución de la violencia ocurrió al mismo tiempo que el surgimiento de un movimiento a favor de los derechos humanos. Y al igual que el período anterior, no está claro si la reducción de la violencia se debía a las presiones de un movimiento social o a la poca presencia de los insurgentes.

A mitad de los ochenta, este movimiento pro derechos humanos se convirtió, asimismo, en blanco del Estado. Poco después de la formación del GAM, dos de sus fundadores, Héctor Gómez Calito y María del Rosario Godoy de Cuevas, fueron brutalmente torturados y asesinados. Pero contrario a lo sucedido en los setenta, el movimiento de los ochenta sobrevivió a la represión (Americas Watch 1985c; Simon 1987: 159-61, 197-98).

La figura 4.1 muestra una leve disminución en los homicidios para 1986, el primer año del gobierno civil. Por un tiempo, el nuevo gobierno cumplió con lo esperado. Muchas personas retornaron del exilio y la participación política aumentó. Sin embargo, en los últimos años de la década el nivel de la violencia volvió a crecer.

Figura 4.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1980 a 1989

En 1987 el Ejército desató su "Ofensiva de fin del año" en contra de las áreas que se resistían a su control, en la Costa Sur y, especialmente, en el centro y norte del departamento de Quiché. Como ocurrió en 1982, esta última campaña causó muchas bajas entre la población civil que vivía próxima a las fuerzas del EGP, aunque en una escala menor a las ofensivas de principios de la década (capítulo 20).

El año siguiente, una facción del Ejército intentó otro golpe, esta vez contra el gobierno civil y el Ministro de la Defensa. Aunque el presidente Cerezo logró permanecer en el Palacio, tuvo que aceptar la mayoría de las exigencias de la línea dura de la institución armada, como la cancelación del diálogo de paz con la URNG. Después de la intentona, la violencia del Estado aumentó, tanto en la ciudad como en las áreas rurales. Al incrementarse las críticas al control militar y a las políticas económicas del gobierno por parte de las organizaciones populares, los escuadrones de la muerte aumentaron su represión, cerrando espacios a la oposición antes de que ésta creciera. Fue una repetición del patrón de organización y represión de diez años atrás (Americas Watch 1988: 1-5).

La década terminó con una ola de secuestros de dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, en agosto y septiembre de 1989. La AEU en ese momento trataba de reconstruir el movimiento estudiantil y la perspectiva social de la casa de estudios, impulsando un proceso de Reforma Universitaria. Las víctimas incluyeron a dirigentes de la huelga magisterial del mismo año, así como a representantes de varias facultades. Mientras que la mayoría de las víctimas desaparecieron, cuatro aparecieron muertas. Por ejemplo, después de 20 días en la detención, el cadáver de la estudiante de psicología Silvia Azurdia Utrera apareció entre unos matorrales en las afueras de la Universidad. Su cuerpo estaba marcado completamente con pinchazos de agujas y quemaduras de cigarrillos; sus uñas fueron dobladas y había evidencia de varias violaciones sexuales (Americas Watch 1989b; Amnesty International 1989c; El Periódico 1997; CIIDH y GAM 1999).

Al final de los ochenta, como al inicio de la década, el Estado guatemalteco empleaba con regularidad la violencia en contra de la oposición en un intento de cerrar los espacios políticos que no controlaba completamente.

7 Pocos meses antes de la ocupación de la Embajada de España en Guatemala, los rebeldes del Frente Sandinista, en Nicaragua, antes de su victoria final, tomaron el Congreso del país. Ganaron credibilidad tanto en el ámbito internacional como adentro del país con forzar al gobierno de Anastasio Somoza Debayle negociar un canje de rehenes.

8 El capítulo 17 plantea que los patrones de la violencia masiva tuvieron mucho que ver con la etnicidad de las víctimas.