Capítulo 5: Los noventa

La figura 5.1 ilustra cómo la violencia estatal declinó sin interrupción en los noventa. Bajo presiones domésticas y luego de los acuerdos de Esquipulas II (que obligaban a los países centroamericanos a buscar la paz negociada con sus adversarios internos), así como por el señalamiento de la comunidad internacional por la masiva violación a los derechos humanos, algunos sectores en el gobierno guatemalteco y el Ejército empezaron a considerar en serio una negociación política para terminar el conflicto.

A pesar de los esfuerzos de los militares y otros sectores de poder y de la derecha política en Guatemala, la idea del respeto a los derechos humanos poco a poco ganó aceptación tanto en los círculos oficiales como dentro de la ciudadanía. El cambio ocurrió, en parte, debido a la persistencia de organizaciones dentro y afuera de Guatemala: grupos internacionales, como Amnistía Internacional, Americas Watch, y the Washington Office on Latin America (WOLA); organizaciones guatemaltecas en el exilio, como el Comité Pro Justicia y Paz y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, que operó en Guatemala a partir de 1994); y grupos en Guatemala, sobre todo las organizaciones del movimiento popular, como el CUC (que apareció en 1978 y sobrevivió en la clandestinidad durante los peores años de represión estatal), el GAM (activo desde 1984) y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), fundada en 1981 y funcionando en el exilio en México hasta 1995. En 1990, el Arzobispado de Guatemala abrió, con años de atraso, su Oficina de Derechos Humanos, la ODHA (Americas Watch 1989: 52).

Figura 5.1. Total de asesinatos y desapariciones por año, de 1990 a 1995

También ocurrieron cambios dentro del gobierno. Al terminar 1989, el Congreso de la República nombró a Ramiro de León Carpio Procurador de los Derechos HumanosHumanos, con el objetivo de cambiar la imagen del Procurador para dar una mayor impresión de respeto a los derechos humanos, especialmente en el interior del país.

A pesar de ello, el gobierno continuó vacilando en su compromiso con tales derechos. Por un lado, funcionarios del gobierno de Jorge Serrano Elías (la segunda administración civil) enfatizaron la importancia del Estado de Derecho en sus discursos y hasta enviaron personal del Ejército y la Policía a cursos sobre derechos humanos; por el otro, Serrano y sus funcionarios atacaron e intentaron delegitimar a los grupos de derechos humanos vinculándolos a la URNG (Americas Watch 1991: 1-3).

La represión en contra de los activistas de derechos humanos fomentada por el gobierno continuó, especialmente en las áreas rurales. A diferencia de las décadas anteriores, ya no fueron las tropas del Ejército las que cometieron la mayoría de los asesinatos y desapariciones, sino patrulleros civiles leales a esta institución, quienes actuaron en contra de sus vecinos que se resistían a la hegemonía del Ejército o al control local de las patrullas (véase capítulo 19).

Mientras tanto, las negociaciones para poner fin al conflicto procedieron paulatinamente. En 1993 Ramiro de León fue designado Presidente de la República por el Congreso, luego de que Serrano Elías intentara, sin éxito, consolidar su poder suspendiendo el la Constitución y disolviendo al Congreso mismo. Aunque De León hizo poco para limitar el poder del Ejército, en 1994 el gobierno y la guerrilla acordaron que una Misión de las Naciones Unidas (MINUGUA) verificará el cumplimiento de los acuerdos entre las partes, fundamentalmente sobre derechos humanos y desmilitarización. Con la presencia de las Naciones Unidas, las fuerzas del Estado, especialmente el Ejército, encontraron nuevos límites en su capacidad de emplear violencia extrajudicial contra la población. Nunca se habían destinado tantos recursos a investigar abusos, hacer estudios y a promover el respeto a los derechos humanos (Amnesty International 1997c: 44; MINUGUA 1995a; 1995b; 1995c; 1996a; 1996b).

El nivel de la violencia política continuó disminuyendo hasta diciembre de 1996, cuando la URNG y el gobierno guatemalteco firmaron un acuerdo final de paz para terminar el conflicto armado. La insurgencia guerrillera, el principal pretexto que el Estado tenía para atacar a la oposición política ya no existía. Lo que quedó fue el proceso para esclarecer los actos de violencia política durante el eenfrentamiento, y la necesidad de que el Estado reconozca su responsabilidad y ponga en práctica un efectivo resarcimiento a las víctimas sobrevivientes. Quedaron también el horror y la angustia vividos por decenas de miles de guatemaltecos, así como la esperanza de comenzar una verdadera conciliación, de manera que este pueblo se reencuentre a sí mismo, a partir de su historia y de la recuperación de la dignidad de todas sus víctimas. Los próximos capítulos fueron escritos para ayudar en ese proceso.