Capítulo 7: La violencia en la prensa

La figura 7.1 enseña cómo la mayoría de la información en la base datos del CIIDH sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas antes de 1977 proviene de fuentes periodísticas.9 La prensa en Guatemala nunca ha reportado el panorama completo sobre la violencia estatal. Sin embargo, en los primeros años del conflicto, los diarios jugaron un papel importante en publicar los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición.

Figura 7.1. Total anual de asesinatos y desapariciones, según fuente, de 1959 a 1995

Por ejemplo, en marzo y abril de 1962, la lucha entre el gobierno de Ydígoras y un movimiento masivo en su contra se desarrolló en los periódicos. Tanto los aliados como los críticos del régimen colocaron campos pagados, en páginas completas en diarios como Prensa Libre y otros, para plantear sus posiciones. Grupos asociados con el sector empresarial y la Iglesia católica conservadora usaron estos anuncios para acusar a la oposición como antipatriótica y manipulada desde Moscú y La Habana. Estas acusaciones dividieron a la oposición y lograron mantener al gobierno, cada vez más militarizado, en el poder. Sin embargo, contrario a años posteriores, la prensa en los sesenta fue una fuente importante de información sobre el conflicto político en Guatemala.

A mitad de los sesenta, el Estado guatemalteco había establecido una campaña de violencia extrajudicial al ordenar a sus escuadrones paramilitares atacar a la oposición política. En vez de atacar a los insurgentes armados con métodos legales, el terror se impuso como una manera principal en la autodefensa del Estado hasta 1996. Una dificultad para reportar la violencia institucional, pues, fue el hecho de que el Estado intentaba tomar una postura de inocencia.

A lo largo del conflicto armado, los gobiernos mintieron sobre las fuentes de la violencia. El gobierno civil de Méndez Montenegro, por ejemplo, sostuvo que el terror fue producto de conflictos entre extremistas de la izquierda y derecha (Aguilera Peralta 1980: 104-5). Entre 1978 y 1980, el jefe de la Policía Germán Chupina Barahona fingió preocupación por el aumento en el terror, mientras el Ejército Secreto Anticomunista, bajo control de su oficina (Dunkerley 1988: 472), asesinaba a dirigentes del movimiento popular (Siete Días en la USAC, fechas varias 1978-1980). En la década de los ochenta, soldados en el campo se presentaron como guerrilleros para cometer secuestros masivos o para chequear la lealtad al gobierno de campesinos que militaban en las patrullas civiles (Americas Watch 1989b: 24). En los noventa, la violencia con una evidente naturaleza política fue disfrazada como actos de la delincuencia común (Amnesty International 1993).

Durante buena parte del período de contrainsurgencia, la prensa reportó represión de protestas, la aparición de cadáveres y otros tipos de violencia institucional, sin atribuirlas a las fuerzas del gobierno. A pesar del rechazo de responsabilidad asumido por el Estado, fuentes documentales y testimonios dan amplia evidencia del involucramiento institucional en la mayoría de violencia política de Guatemala en la época moderna.

La figura 7.1 muestra otra dificultad para darle seguimiento a la violencia política por medio de las publicaciones de prensa para entender la historia del terror estatal en Guatemala. Cuando el nivel de la violencia subió dramáticamente en los últimos años de los sesenta y los primeros años de los ochenta, según la prensa, el número de violaciones no aumentó. De hecho, en 1981, entre los peores años de la violencia estatal, el número cae a cero. El silencio fue completo en el caso de la violencia rural (capítulo 9).

La figura 7.2 presenta los datos sobre asesinatos y desapariciones, por fuente, cometidos por diferentes gobiernos. Los periódicos reportaron menos casos de violencia durante el gobierno de Lucas García que durante el de Kjell Laugerud. Este último fue un período menos represivo, cuando la prensa tuvo mucha más libertad para cubrir tanto las actividades del movimiento popular urbano como la represión del mismo. Notablemente, la prensa reportó aún menos asesinatos y desapariciones durante el régimen de Ríos Montt. Sin embargo, otras fuentes lo catalogan como el período de mayor violencia institucional.

Figura 7.2. Total de asesinatos y desapariciones, desapariciones, por gobierno y fuente, de 1959 a 1995

En parte, la censura oficial explica el silencio. El gobierno de Lucas, como él mismo solía decir, nunca suspendió las garantías constitucionales, ni declaró estado de sitio, ni censuró a la prensa. No obstante, las amenazas y atentados en contra de los periodistas durante su régimen contribuyeron a la autocensura de la prensa, además de los asesinatos de un gran número de periodistas que se atrevieron a hacer reportajes sobre la escalada en la violencia institucional. El sector empresarial ayudó a intimidar a la prensa al retirar su publicidad de medios de comunicación que denunciaban el terror del Estado (Aguilera 1983: 107).10

Con Ríos Montt, la censura de la prensa fue menos complicada. Decretó que la prensa no podía publicar noticias "que puedan causar confusión, pánico o agravar la situación", lo que efectivamente prohibía reportar sobre la violencia política (Americas Watch 1984: 34). Además, los domingos en la noche el general sustituyó la programación televisiva de entretenimiento por una hora o más, en vivo, de sus diatribas morales contra la subversión y la corrupción.

Tras el golpe de Mejía Víctores, las fuerzas de seguridad en la capital llevaron a cabo una campaña de terror, que fue bien documentada, contra miembros de la insurgencia y de la oposición civil. Al aumentar los informes periodísticos de desaparecidos, el entonces coronel Héctor Alejandro Gramajo, comandante de una base militar capitalina, dijo que la cobertura fue producto de la colaboración de los medios de comunicación con las fuerzas subversivas (ibid.: 19).

Los periodistas no fueron únicamente objeto de difamación del gobierno. También fueron víctimas del terror oficial. La URNG afirmó que 49 periodistas "democráticos" fueron silenciados durante los 18 meses previos al 23 de marzo de 1982, cuando tomó el poder Ríos Montt como parte de la Junta Militar. La base de datos del CIIDH detalla los casos de 14 periodistas asesinados o desaparecidos en 1980, y 46 durante todo el conflicto armado; la mayoría de estos casos tuvieron señales de ser obra de fuerzas pro-gubernamentales y en otros se ha denunciado la responsabilidad de la insurgencia. Además, varios periodistas que informaban sobre la represión tuvieron que salir al exilio ante las constantes amenazas. (Amnesty International 1980a: 43-52; Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 1982: 4; Americas Watch 1984: 34-46).

La figura 7.3 presenta, mes por mes, cómo disminuyeron los reportes de la prensa sobre el terror del Estado en Guatemala. Según los datos del CIIDH, la prensa dejó de reportar la violencia a partir de septiembre de 1980. Talvez no es una casualidad que la base de datos liste siete asesinatos de periodistas en julio y agosto de ese año.

Figure 7.3. Total de asesinatos y desapariciones reportados en los periódicos, por mes, de 1979 a 1983

El crecimiento en la figura 7.3 en el año 1982 no significa la reaparición de cobertura significativa de la prensa sobre la violencia. Entre 1980 a 1983 los periódicos documentaron sólo una pequeña fracción de los asesinatos y desapariciones cometidos por el Estado. El total mensual máximo en la gráfica es apenas 60 asesinatos y desapariciones, en un período cuando los asesinatos por mes frecuentemente llegaron a contarse por miles.

Para el período del gobierno civil, a partir de 1986, los informes periodísticos vuelven a ser la fuente principal para la base de datos (figura 7.1). Para ese entonces, la prensa ya reportaba sobre asuntos de derechos humanos e iniciativas judiciales para deducir responsabilidades de abusos cometidos anteriormente. Pero después de un intento de golpe de Estado en mayo de 1988 por oficiales de la llamada línea dura, las libertades de la prensa fueron cortadas otra vez, y medios críticos fueron obligados a cerrar. Los que siguieron funcionando limitaron sus críticas del gobierno a los civiles, evidencia de un persistente miedo de afectar a los militares (Americas Watch 1987: 59; Barry 1989: 88).

Otra causa del silencio de la prensa fue la imposibilidad de los periodistas de la ciudad capital de saber lo que estaba sucediendo en las áreas rurales, el cual es el tema del capítulo 9.

9 10,890 casos fueron analizados de periódicos. 63 por ciento de los casos periodisticos se sacaron de Prensa Libre, 10 por ciento de El Gráfico, 8 por ciento de cada uno de La Hora y El Impacto, y 6 por ciento de El Imparcial. El otro 5 por ciento se compone por ocho periódicos más.

10 Una situación similar ocurrió después de la firma de la paz, en 1998, cuando el presidente Alvaro Arzú Irigoyen presionó a miembros del sector empresarial a retirar sus anuncios de los medios de comunicación más críticos de su gobierno. La campaña tuvo el efecto esperado. En diciembre de 1998, los dueños de la revista Crónica fueron obligados a vender el semanario a inversionistas vinculados al partido oficial.