Capítulo 8: Violencia rural y urbana

Este capítulo compara los diferentes patrones de violencia institucional en las áreas urbanas y rurales de Guatemala.11 La figura 8.1 indica cómo la violencia rural se concentra en pocos años a partir de 1980. La violencia urbana se dispersa durante varios años, como lo muestra la figura 8.2. Note las diferentes escalas de las dos gráficas: la escala para la violencia rural llega a su pico en 1982 con 18 mil asesinatos y desapariciones, mientras el valor máximo anual para el área urbana es de 700. El número de homicidios en el campo es mayor a los que sucedieron en la capital en casi todos los años, no sólo durante el auge del terror rural, de 1980 a 1983.

Figura 8.1. Total anual de asesinatos y desapariciones en el área rural, de 1959 a 1995

Los cinco años más violentos en el área rural se registran entre 1980 y 1984. Este fue el período en el que el Ejército concentró sus tropas en el occidente de Guatemala y aterrorizó la potencial base civil de la guerrilla. Durante estos años, el Estado guatemalteco cometió el 82 por ciento de los asesinatos y desapariciones rurales de los 36 años de conflicto armado (véase el Anexo A4).

Figura 8.2. Total anual de asesinatos y desapariciones en el área urbana, de 1959 a 1995

La violencia en la capital tiene varios picos: en 1966, cuando la desaparición masiva fue empleada por primera vez; en 1979 y 1980, cuando el gobierno realizó una campaña de terror contra el movimiento popular urbano; entre 1982 y 1985, cuando las fuerzas de seguridad volvieron a dirigir sus ataques en contra de sus oponentes en la ciudad, tanto combatientes armados como activistas en el incipiente movimiento para la defensa de los derechos humanos y, finalmente, en 1987 a 1990, bajo un gobierno civil, cuando el Estado una vez más trató de callar a un movimiento popular en crecimiento.

La figura 8.3 ilustra cómo la violencia institucional se volcó, más y más, a las zonas rurales. Durante los primeros años del conflicto armado, la mayor parte de asesinatos y desapariciones mencionados en la base de datos ocurrieron en el área metropolitana. En 1966, el Ejército intensificó su ataque contra zonas de operaciones guerrilleras en el oriente de Guatemala. Ese año, el porcentaje de asesinatos cometidos en las áreas rurales subió aproximadamente al 75 por ciento, un nivel que se mantendría para el resto del conflicto. Durante los setenta, el porcentaje rural de violaciones sufrió una leve disminución cuando las fuerzas de seguridad nuevamente ejercieron su violencia en la capital. Fue una década en la que los rebeldes que sobrevivieron a las campañas contrainsurgentes de 1966 a 1968, se replegaron en la ciudad y un movimiento de masas urbano empezó a amenazar el poder del gobierno militar y a los intereses de la élite económica.

Figura 8.3. Porcentaje anual de asesinatos y desapariciones en el área rural, de 1960 a 1995

En 1978, el repentino aumento del porcentaje rural de violencia se debe a la importancia numérica de la matanza hecha por los militares en Panzós, Alta Verapaz en el nororiente del país, el 29 de mayo de ese año (International Work Group for Indigenous Affairs 1978). Esa tragedia originó la política de asesinatos rurales y masivos del Estado, la cual el gobierno volvió a emplear con más regularidad en 1981 y 1982. A principios de los ochenta, y en especial durante todo el gobierno de Ríos Montt, el porcentaje rural supera en aproximadamente el 100 por ciento de la escala de la violencia urbana, a pesar del continuo terror en la ciudad.

La proporción de violencia urbana tuvo un leve crecimiento de 1984 a 1986, durante la transición de un gobierno militar (el de Mejía Víctores) a uno civil (el de Cerezo Arévalo), cuando el Estado intentó reprimir el restablecimiento de un movimiento popular, especialmente en la ciudad. Sin embargo, la figura 8.3 muestra que el nivel de la violencia institucional en el área rural siguió siendo mayor que el de la ciudad, en casi todas las épocas del conflicto, a pesar de las dificultades de reportar sobre la violencia en el campo.

En el transcurso del conflicto armado, la mayoría de las víctimas han sido civiles del área rural, es decir, campesinos de orígenes humildes. Este hecho fue reconocido por grupos de derechos humanos aun cuando la violencia más visible ocurría en la ciudad (para el período 1966 a 1976 véase a CIDC 1980 y Amnesty International 1976; para 1977 y 1978 véase a Amnesty International 1978). En los ochenta, las comunidades campesinas mayas fueron el escenario del mayor despliegue estatal para sostener el poder.