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Parte I: Introducción
En los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala, el Estado asesinó a cientos de miles de ciudadanos y desplazó a un millón más. La enormidad de las cifras trae consigo el peligro de que el terror en Guatemala, como en la Rusia de Stalin, sea recordado como estadísticas y no como vidas humanas truncadas. Pero si invertimos lo dicho por Stalin, las estadísticas también pueden establecer un patrón de lo que fue tanto una tragedia como un crimen, en este caso, una extensa y deliberada política de asesinatos extrajudiciales cometida por el gobierno de Guatemala. El presente informe combina las estadísticas y un análisis histórico de la violencia estatal en Guatemala. Los números y gráficas ayudan a establecer quiénes fueron las víctimas, cómo y cuándo fueron muertas y quién les dio muerte. El reporte tiene tres objetivos. El primero, hacer públicos los hallazgos del proyecto de la base de datos del CIIDH, iniciado en 1993. Segundo, reconocer el esfuerzo de muchos grupos pro-derechos humanos que durante el tiempo del conflicto y aun a costa de sus vidas, denunciaron las atrocidades cometidas. Y tercero, mostrar la responsabilidad del Estado en la inmensa mayoría de los hechos de violencia política de la historia reciente de Guatemala. Este reporte analiza como ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales durante cada uno de los regímenes presidenciales guatemaltecos desde 1960, cuando empezó el período de insurgencia y contrainsurgencia. A finales de los setenta, la represión estatal se incrementó dramáticamente bajo el mando del general Fernando Romeo Lucas García. La misma alcanzó niveles aún más altos después del golpe de Estado de 1982, cuando la destrucción de comunidades rurales enteras se convirtió en una práctica común durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt. Al tornarse la violencia masiva e indiscriminada, un análisis de la base de datos descubrió que la cobertura de la prensa de esta violencia desapareció casi por completo, permitiendo así al Estado llevar a cabo el terror en silencio. Con los años, el Estado extendió sus acciones contra las víctimas, de asesinatos selectivos de militantes e insurrectos armados en los sesenta, a un cada vez más amplio ataque a los miembros de la oposición política en la década siguiente. A principios de los ochenta, la mayoría de las personas muertas eran campesinos mayas que vivían en el occidente de Guatemala, los que fueron asesinados en grupos grandes que muchas veces incluían un alto número de mujeres y niños pequeños, todas víctimas del plan del gobierno para detener a la insurgencia a través de aterrorizar a la población civil. Este estudio encontró que, en los casos de masacres rurales, es menos probable identificar a las víctimas y es más fácil reconocer a quiénes cometieron esos crímenes. Contrario al uso frecuente de escuadrones de la muerte clandestinos para cometer asesinatos selectivos en la Ciudad de Guatemala—que le permitían al gobierno negar su responsabilidad en tales hechos—, en las comunidades indígenas aisladas, soldados uniformados descaradamente cometían asesinatos extrajudiciales masivos. Una característica del terror estatal en Guatemala fue el uso de patrulleros civiles: aldeanos obligados a servir al Ejército, que ayudaron a realizar muchas de las masacres rurales. Otra fue el largo período que ésta duró. Aún después de que las fuerzas de seguridad "pacificaran" a la mayor parte del territorio del país, a principios de los ochenta, se continuaron cometiendo asesinatos políticos extrajudiciales. Muchas de las víctimas de los últimos años fueron activistas que trataban de restablecer un movimiento político de oposición ante el terror masivo, e inclusive un buen número de personas, tanto en la ciudad como en el campo, que defendían los derechos humanos en la Guatemala militarizada, tanto en la ciudad como en el campo. La defensa de los derechos humanos en Guatemala Por más de treinta años, organizaciones guatemaltecas han denunciado la violencia estatal por medio de acciones legales o informando sobre la situación de los derechos humanos. Esto a pesar de que -en general-, los diferentes gobiernos como respuesta optaron por dirigir sus acciones represivas en contra de los activistas. En 1966, en la Universidad de San Carlos, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) presentó recursos de exhibición personal a favor de miembros de la oposición política que habían sido capturados. El gobierno nunca presentó a los prisioneros. En cambio, atacó a los líderes de la AEU, la cual sufrió una serie de asesinatos en los siguientes años. A principio de los setenta, la AEU formó el Comité de Familiares de los Desaparecidos. Tras años de ser una voz solitaria en la crítica de las prácticas del gobierno del coronel Carlos Arana Osorio, el grupo fue obligado a huir en desbandada, cuando el 10 de marzo de 1974 varios hombres vestidos de civil entraron a sus oficinas y asesinaron a su director, Edmundo Guerra Theilheimer. A finales de los setenta, la violencia se intensificó y varias personas formaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa organización también dejó de funcionar debido a las amenazas del gobierno en contra de sus líderes y el secuestro de su fundadora, la periodista Irma Flaquer (Cáceres 1980: 201; Americas Watch 1989a: 44). A principios de los ochenta, cuando el terror estatal alcanzó su cima, ya ningún grupo de derechos humanos trabajaba dentro de Guatemala. Fue hasta después de la escalada de violencia, que las organizaciones populares poco a poco restablecieron el movimiento a favor de los derechos humanos en el país. Así como este reporte lo establece, esta nueva generación de activistas también fue víctima de la represión por sus esfuerzos para responsabilizar al Estado. El proyecto CIIDH Durante los últimos 20 años, la oposición civil y desarmada de Guatemala se ha generado espacios de confluencia multisectorial que se han identificado como el "movimiento popular." Especialmente desde el repunte del terror estatal, estos sectores sociales han hecho de la defensa de los derechos humanos su principal preocupación. En los noventa, el movimiento popular incluía organizaciones que sobrevivieron a la represión de las primeras décadas, tales como la AEU y el Comité de Unidad Campesina (CUC). También reunió a grupos pro derechos humanos formados en el exilio durante la época más violenta, como la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG). En años recientes, nuevos grupos del movimiento popular se formaron en Guatemala para representar a las víctimas de la violencia estatal, desde el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) hasta el Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junám" (CERJ) y las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). En octubre de 1993, algunas de las organizaciones arriba mencionadas se unieron a otros grupos de derechos humanos para formar la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA). En 1996, las organizaciones de la Coordinadora decidieron conjuntar la información que cada una de tenía sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea fue delegada al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), dada su experiencia en tratar el tema. Así, el Centro fue encomendado para estructurar y analizar la información en una base de datos computarizada. Esta designación se dio en el marco de las definiciones que CONADEHGUA estableció para apoyar el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). La base de datos del CIIDH está formada por casos seleccionados de testimonios directos y de fuentes documentales y periodísticas. Los miembros del CIIDH reunieron más de 10 mil casos al revisar los diarios guatemaltecos por cada día de los 36 años que duró el conflicto armado. Otros 4 mil casos fueron tomados de fuentes documentales, incluidos los archivos de la CDHG y el GAM, así como de las publicaciones del Comité de Justicia y Paz y de la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE). La parte central de la base de datos consiste en más de 5 mil testimonios, algunos de ellos tomados de los archivos de las organizaciones participantes, pero un setenta por ciento fue recogido directamente por el equipo del CIIDH. La primera fase de las entrevistas fue de 1994 a 1995, entre los sobrevivientes de la violencia estatal en las Comunidades de Población en Resistencia al norte de Quiché: los desplazados internos que nunca aceptaron las imposiciones militares. Mientras el control militar del resto de Guatemala disminuía poco a poco, el CIIDH formó equipos regionales para recoger testimonios por todo el país: en la Costa Sur, en las selvas de Petén, en las Verapaces y en el altiplano occidental (Quiché, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Chimaltenango). Entrenados por el CIIDH en técnicas para entrevistar, los miembros del equipo usaron un protocolo de entrevista estandarizado y semi-estructurado. Los equipos trabajaron durante tres años a tiempo completo, entre 1994 y 1996. Dos terceras partes de las entrevistas fueron hechas en los idiomas mayas de los testigos.1 El CIIDH reunió las encuestas, los reportes de prensa y los datos documentales en su oficina de la ciudad de Guatemala. La información fue convertida a códigos y definiciones estándar e ingresada a la base de datos. Por razones de seguridad y porque se trataba del único proyecto de esta naturaleza en Guatemala, se decidió desarrollarlo en forma discreta, sin darlo a conocer públicamente. Por las mismas razones, para el procesamiento de la información desde 1994 se utilizó el sistema PGP de encriptación para proteger toda la información que se tenía en forma electrónica. Los analistas del Centro revisaron los datos para verificar y evitar repeticiones antes de hacer los cálculos estadísticos. Reportes previos del CIIDH usaron la base de datos para analizar tres regiones rurales de Guatemala durante el máximo nivel de la violencia estatal (1996), la práctica gubernamental de la desaparición forzada (1998), la organización popular y la represión estatal en la Universidad de San Carlos (1999). Los datos La base de datos del CIIDH sigue los estándares de diseño de bases de datos de derechos humanos. Un "caso" es definido como la información dada por una sola fuente (un reporte de prensa o una entrevista) relacionado con violaciones que ocurrieron en un tiempo y lugar en particular. "Violaciones" son las instancias de la violencia, incluidos en este rango asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros o heridas. "Víctimas" son las personas que sufrieron las violaciones. Un "caso" de derechos humanos puede ser muy simple (con una víctima que sufrió una violación) o puede ser muy complejo (con muchas víctimas que sufrieron diferentes violaciones). En la mayoría de estadísticas de este informe, la unidad que se cuenta es la violación.2 Las mismas violaciones muchas veces surgen de distintas fuentes. Una masacre puede ser mencionada por varios testigos y en una denuncia de derechos humanos, cada una con diferente información sobre los nombres y el número de víctimas o acerca de las violaciones cometidas a esas víctimas. Estratos adicionales al análisis del caso fueron construidos en el programa de computación de la base de datos para poder encontrar menciones repetidas de la misma víctima o de la misma violación, a fin de evitar contarlas más de una vez. Como en todo proyecto de información de derechos humanos a gran escala, alguna repetición de datos se mantiene. En este caso no excede el dos o tres por ciento de cualquier cantidad dada.3 La mayoría de casos son asesinatos y desapariciones. Esto en parte refleja la naturaleza del terror estatal en Guatemala. En gran parte del conflicto armado, las fuerzas de seguridad prefirieron eliminar físicamente a sus víctimas antes que mantenerlas detenidas ilegalmente o torturarlas antes de liberarlas. Además, los datos de asesinatos y desapariciones son los más confiables. Las fuentes documentales, los equipos de encuestadores y quienes dieron su testimonio son más consistentes en definir un asesinato o una desaparición forzada, en contraste con torturas o las heridas. Asimismo, la mayoría de estadísticas y figuras en este reporte analizan los asesinatos y desapariciones, uniéndolos como violaciones al derecho a la vida.4 Frecuentemente la información para una víctima o violación no está completa. Muchas de las víctimas de asesinatos masivos no son identificadas por nombre en la base de datos, o la información a cerca de su edad o sexo se ha perdido. Aun cuando los sobrevivientes fueron entrevistados colectivamente para obtener de ellos un testimonio colectivo sobre alguna masacre o desaparición masiva, tuvieron problemas para recordar a todas las víctimas. Muchos de los cementerios rurales guatemaltecos, como el fotografiado en la portada, contienen restos de personas identificadas únicamente como "XX", (equis equis), en donde la "X" significa una variable matemática para un nombre que nadie puede relacionar con el cuerpo que yace dentro de la tumba. Hemos tratado de usar la mejor información para cada fin. En la mayor parte del análisis, los datos, tanto de víctimas plenamente identificadas como de las que no, son empleados a fin de considerar el máximo número de víctimas. Cuando se examinan ciertas características, como edad, género y etnia, solamente se incluyen a las personas identificadas en los análisis, y no así las no identificadas, cuya mayoría carece de datos individuales, para que la información sea más confiable. La base de datos del CIIDH no presenta un panorama completo de la violencia en Guatemala. Advertimos al lector que la información puede ser más completa para cuando se revisan los últimos regímenes, en los que los sobrevivientes pueden tener un recuerdo más inmediato y en los que los grupos de derechos humanos estaban mejor desarrollados y pudieron proporcionar una mejor historia documental. Con pocas excepciones, los números de la base de datos siguen los patrones de violencia estatal establecidos en el récord histórico y relatados en la sección narrativa de este informe. Violencia institucional y violencia guerrillera Este es un informe sobre la violencia estatal. Las fuentes consultadas para este proyecto se refieren, casi exclusivamente, a violaciones cometidas por el Ejército, la Policía u otros agentes uniformados del Estado. Entre los perpetradores también se incluyen las fuerzas paramilitares controladas por el Estado (desde patrulleros de autodefensa civil, por un lado, hasta los altamente entrenados cuasi oficiales "escuadrones de la muerte", por el otro). Pocas fuentes, dentro de la base de datos, mencionan violaciones cometidas por la guerrilla (menos del uno por ciento de 37,255 asesinatos y desapariciones documentados son atribuidos a la oposición armada). En la mayoría del análisis se depuraron las violaciones no atribuidas a las fuerzas de gobierno, aunque incluimos algunos casos en los que no se identifica al perpetrador, el contexto sugiere que existe la responsabilidad del Estado. Pese a que reconocemos que las fuerzas rebeldes también cometieron actos de violencia en contra de población civil, dados los resultados obtenidos y por la evidencia que arrojan este y otros estudios, consideramos que no se puede equiparar la responsabilidad de la insurgencia con la del Ejército y la de otras fuerzas de seguridad del Estado. 1 La mayor parte de las personas que trabajaron en los equipos regionales pertenecían a una de las organizaciones del movimiento popular, como AEU, GAM, CERJ, CUC, CONAVIGUA, CONIC (Coordinadora Nacional Indígena y Campesina), CCDA (Comité Campesino del Altiplano), CPR-Sierra (Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra), UCP (Unión Campesina del Petén), UCOSOP (Unión Campesina del Sur Occidente)y UNICAN (Unión Campesina del Norte). 2 Para discusiones sobre el diseño de bases de datos y el manejo de información para proyectos de derechos humanos, véase a Ball et al. 1994 y Ball 1996. 3 Ningún dato que aparece en las fuentes fue tirado durante la construcción y análisis de la base de datos. La base de datos del CIIDH archiva las decisiones tomadas por los analistas. 4 Aunque no hay seguridad de que las víctimas de desaparición forzada estén muertas, este reporte las considera como a las víctimas de asesinato. Ahora que el conflicto se ha terminado, los familiares de los desaparecidos tienen pocas esperanzas de que sus seres queridos hayan sobrevivido al terror estatal (CIIDH 1998). Note que el CIIDH codificó estas dos violaciones exclusivamente. Si una víctima fue codificada como desaparecida en un caso y en otro se sabe que murió asesinada, sólo el asesinato cuenta en las estadísticas.
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