Parte V: Conclusión

A principios de los ochenta, los cuerpos de miles de víctimas de la violencia estatal eran enterrados en cementerios clandestinos o expuestos a podrirse en donde sus asesinos les daban muerte. Diez años después, antropólogos forenses y los sobrevivientes de esas masacres comenzaron una serie de exhumaciones a gran escala en la parte rural de Guatemala, con el fin de proveer a los muertos el entierro que merecían, pero también para reunir evidencias para presentar posibles casos judiciales en contra de los agentes del Estado responsables de esos crímenes.

Por un lado, las exhumaciones representan la afirmación del poder de las víctimas y usualmente ocurren en donde se había dado lugar a una organización de los sobrevivientes para pelear por su derechos. Por el otro lado, entre quienes tenían mucho que perder al permitir a los sobrevivientes confrontar el pasado estaba el Ejército y los agentes locales de éste que participaron en las masacres o que se identificaron con la contrainsurgencia. Después de firmar los acuerdos de paz, la represión dirigida a los oponentes del gobierno llegó a ser menos completa que en años previos, pero de ninguna forma ha terminado.

Por ejemplo, en San Andrés Sacabajá, Quiché, miembros del CUC y CONAVIGUA organizaron, en 1997, la exhumación de sus familiares enterrados en la iglesia católica del pueblo. Los fallecidos eran víctimas de una masacre del Ejército en la que los comisionados militares y los patrulleros civiles locales ayudaron a elegir a quienes iban a morir. El Ejército visitó San Andrés muchas veces durante el proceso de exhumación. Supuestamente los militares llegaban a invitar a los jóvenes del pueblo a enlistarse en el Ejército. No obstante, los miembros de CONAVIGUA sintieron que las visitas del Ejército pretendían disuadir a los pobladores de continuar con las excavaciones. CONAVIGUA ha denunciado que ex patrulleros y comisionados militares acosan a las viudas del pueblo, diciéndoles que con la firma de la paz tales investigaciones no son necesarias y advirtiéndoles que la exhumación provocará que la comunidad se polarice y que la violencia retorne (entrevista con las representantes de CONAVIGUA Fermina López y Dina Moscoso; Amnesty International 1998).

Una oposición similar surgió durante los intentos de investigar las masacres cometidas por soldados y patrulleros civiles en Río Negro, Rabinal. En 1993, la exhumación de los 177 asesinados, mujeres y niños, condujo al descubrimiento de los restos de 143 víctimas. Tres líderes de las PAC de Xococ, Rabinal, fueron arrestados y acusados de asesinato. Al año siguiente, mientras el caso comenzaba a avanzar en los tribunales, soldados del Ejército llegaron a Pacux, una aldea en donde viven los sobrevivientes de Río Negro. Los militares exigieron saber quién promovía las exhumaciones y advirtieron a las viudas de la comunidad de no asociarse a la Iglesia o a los grupos de derechos humanos (Russell 1996: 27-9).

A pesar de ello, los sobrevivientes persistieron. Con el apoyo de CALDH, presionaron al Ministerio Público de Cobán para que los patrulleros fueran capturados y llevados a juicio. Después de años de atraso, el 30 de noviembre de 1998, los tres patrulleros—Carlos Chen, Pedro González Gómez y Fermín Lajuj—fueron sentenciados a la pena de muerte por ordenar y llevar a cabo el asesinato de tres de las víctimas de Río Negro que fueron positivamente identificadas.

Esta es la primera persecución judicial que involucra a cualquiera de las masacres cometidas en Guatemala durante el conflicto armado. Pero este es solamente uno de una serie de veredictos culpables en contra de patrulleros de autodefensa civil involucrados en la violencia contrainsurgente. Entre quienes guardan prisión por asesinato se incluyen los patrulleros de Joyabaj, Chajul y San Pedro Jocopilas, todos en Quiché, y de Colotenango, Huehuetenango (Robert F. Kennedy Memorial Center 1999).

De cualquier forma, los patrulleros usualmente cometieron crímenes por órdenes de los militares. En 1982, durante el apogeo de la violencia, más del 80 por ciento de los asesinatos en las cuales las patrullas civiles tomaron parte, fueron cometidos en combinación con el Ejército (figura 19.3). Aun cuando actuaban por sí mismos, los patrulleros eran motivados por sus patrocinadores militares para aterrorizar a sus vecinos. En el caso de Río Negro, los patrulleros de Xococ llevaron a cabo los asesinatos, aunque el tribunal estableció que una patrulla del Ejército estuvo presente durante la masacre, actuando en un papel de supervisor y protector de los patrulleros (información proporcionada por CALDH).

Una vez más, los pobres de Guatemala están pagando el precio más alto por el conflicto armado, no sólo como víctimas, sino que también cargando el castigo por haber desarrollado la campaña de terror del gobierno.

A pesar del grueso número de violaciones de la ley cometidas durante la contrainsurgencia, el alto mando del Ejército, así como los miembros de la clase política guatemalteca y el sector económico, continúan evadiendo la responsabilidad por haber realizado una deliberada y larga política de asesinatos extrajudiciales, aun por la bien planificada campaña de tierra arrasada del Ejército a principios de los ochenta (Washington Office on Latin America 1989; Americas Watch 1991; Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 1991; Amnesty International 1993; 1997a; 1997b; 1997c; 1997d; 1998).

Otra medida de la impunidad es que aquellos que trabajan en el esclarecimiento de la historia aún enfrentan represión. El 24 de abril de 1998, la Iglesia católica presentó el informe del proyecto REMHI sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, en el que se detallan tanto los operativos como los efectos de la violencia. Dos días después, Juan José Gerardi Conedera, el responsable de la Pastoral de Derechos Humanos de la Iglesia, que produjo el informe, fue asesinado dentro del garaje de su parroquia. Los responsables, presumiblemente, objetaban la explícita denuncia del terror que hace el informe.

Existen algunas señales de que la impunidad no va a durar para siempre en Guatemala. Varios grupos de derechos humanos han presentado casos en contra de miembros del Ejército. Mientras los de menor rango son castigados, las oportunidades de que se vuelvan en contra de sus superiores se incrementan. Con todas las desapariciones y las masacres cometidas durante los últimos 36 años, es probable que algunos de los muchos obligados a participar en esos crímenes digan la verdad.

Por ejemplo, varios de los soldados involucrados en la masacre en Dos Erres, Petén, han accedido a dar testimonio ante un juez, a cambio de protección. El 7 de diciembre de 1982, pocos meses después de que rebeldes de las FAR emboscaran a una patrulla militar en el área, con cauda de 18 soldados muertos y recuperado el equipo militar de éstos, 16 kaibiles, la fuerza élite militar, y otros 20 soldados de la base de Santa Elena llegaron a Dos Erres a buscar las armas. Los soldados, vestidos como civiles, dijeron que habían llegado a vacunar a la población, formaron en línea a los aldeanos y realizaron una búsqueda casa por casa. Los militares no encontraron armas ni señal alguna que indicara involucramiento con la guerrilla. Sin embargo, torturaron a los residentes para obtener información sobre la guerrilla y violaron a varias de las mujeres y jóvenes de la comunidad. Entonces, procedieron a vendar los ojos de sus víctimas y a llevarlas, una por una, a un pozo. Allí las aporrearon y las hicieron caer en la improvisada fosa común. Así murió casi toda la población de la aldea. Durante la exhumación en 1995, 162 cadáveres fueron encontrados apilados en el pozo. Otros fueron localizados después de excavar dos cementerios clandestinos distantes del lugar. Los sobrevivientes estiman que 300 personas murieron ese día en Dos Erres (información proporcionada por FAMDEGUA).

El Ministerio Público guatemalteco ha abierto una investigación en el caso de Dos Erres. Dieciséis miembros del Ejército, incluido el entonces presidente Ríos Montt, han sido llamados a testificar. Hasta el momento, todos ellos han exhibido un profundo caso de amnesia histórica colectiva: muchos dicen no recordar ni siquiera quién era su comandante en esa época.

A pesar de las evasiones, este proceso representa una especie de victoria para los sobrevivientes de la violencia gubernamental. Muchos de los oficiales militares lucían visiblemente perturbados durante sus testimonios y algunos no pudieron contener las lágrimas. "Nunca antes un militar había declarado públicamente sobre una masacre o una desaparición", comentó Aura Elena Farfán, antigua líder del GAM y actualmente miembra de FAMDEGUA cuyo hermano Rubén fue desaparecido en 1984. "Como familiares de las víctimas, nos da una satisfacción, aunque sea pequeña, verlos sentados allí, nerviosos y temblando".

Mientras tanto, en Guatemala los líderes de la contrainsurgencia viven tranquila y confortablemente. Como se vio en el capítulo 6, el general Ríos Montt gobernó durante el período de terror más indiscriminado. Más violencia institucional ocurrió durante su régimen que durante cualquier otro (figura 6.1), mientras la cifra mensual de asesinatos fue cuatro veces más grande que para el segundo más violento gobierno (figura 6.3). A pesar de este legado, Ríos Montt continúa ejerciendo y gozando el poder como cabeza del Frente Republicano Guatemalteco.

A medio mundo de distancia, el general Augusto Pinochet enfrenta un proceso de extradición de Inglaterra a España para posiblemente enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante su gobierno en contra de la oposición política chilena. No importa cuál sea el resultado del caso, los defensores de los derechos humanos -y el tema en sí mismo-, han alcanzado una mayor y más global importancia al final del Siglo 20. Los días de privilegio para los agentes y los arquitectos del terror en Guatemala también pueden llegar a su fin. Como Farfán dice, "El hecho de que [Pinochet] está siendo acusado mundialmente como un asesino, como guatemaltecos nos conforta y nos inspira para seguir con nuestra lucha".